La oposición acusa a la Generalitat de haber ocultado el fallo en las pruebas PISA durante meses

La consellera de Educación, Esther Niubó, ha comparecido este lunes en el Parlament por el fiasco de las pruebas PISA y se ha llevado una dura reprimenda de la oposición, incluidos sus aliados de ERC y Comuns. A las acusaciones de descontrol en la gestión de este test internacional que lleva a cabo la OCDE se le ha sumado otra crítica unánime: la de haber ocultado la información durante meses para hacerla pública a finales de julio, en plenas vacaciones escolares.

Niubó ha reconocido que les comunicaron en marzo, a través del Ministerio de Educación, los problemas con la muestra del alumnado que hizo las pruebas. Entonces, ha añadido, abrieron unas diligencias informativas para esclarecer lo ocurrido que todavía no han concluido.

Sin embargo, no lo dieron a conocer hasta el pasado viernes, 24 de julio. El Departamento de Educación lo obvió incluso durante la presentación de la auditoría encargada a la OCDE para mejorar los resultados del sistema educativo catalán, el pasado 6 de julio.

“Lo sabían desde marzo y han jugado intencionadamente con los tiempos”, he la reprochado Ana Erra, diputada de Junts, que una vez más ha pedido su dimisión como consellera por la “pérdida de confianza” con este error y con la crisis laboral. “¿Por qué lo escondieron? ¿Creían que pasaría desapercibido? ¿Lo querían hacer más pequeño?”, la ha cuestionado.

De forma parecida se han expresado en este punto las diputadas de ERC y de los Comuns, Irene Aragonès y Jéssica Albiach, respectivamente. Ambas le han reprochado además a Niubó que no mencionara esta incidencia durante los encuentros que han mantenido estos meses, uno de ellos para comentar la auditoría de la OCDE directamente con los grupos parlamentarios.

“Es uno de los episodios más graves del sistema educativo catalán en muchos años y siguen sin hacer autocrítica”, ha expresado Aragonès. “Dicen que todo responde a una confusión en la aplicación de los criterios de exención; si es así, donde estaban los mecanismos de supervisión?”, ha inquirido.

Albiach, por su parte, ha calificado la comparecencia de “decepcionante” y también ha acusado a la consellera de difundir la noticia en plenas vacaciones para que pasara más desapercibida. “Cuatro meses deberían ser suficientes para averiguar lo que ha pasado”, ha añadido sobre las diligencias informativas. “El error es exclusivamente suyo”, ha concluido.

Desde PP y Vox han ido más allá y han acusado directamente a Educación de intervenir en la muestra del alumnado para “maquillar” unos supuestos malos resultados en las pruebas de 2025. “Tenían pánico a la foto que iba a devolverles PISA”, ha expresado el diputado popular Manuel Reyes.

Más detalles sobre una hipotética confusión

Durante la comparecencia, Niubó ha reconocido la “gravedad” del error, pero ha insistido en que fue una “incidencia técnica” en la aplicación de las pruebas. “No podemos revertir la incidencia, pero sí trabajar para que no se vuelva a repetir”, ha expresado, al tiempo que defendía que en las pruebas que se han llevado a cabo en 2026 (las catalanas y de la OCDE, la Talis) el porcentaje de exención de alumnado ha sido muy inferior.

En este sentido, Niubó ha insistido en la hipótesis con que trabaja la Generalitat para explicar por qué se excluyó al 23% del alumnado seleccionado, un porcentaje superior al máximo del 5% que permite la OCDE. La consellera ha apuntado a que aquellos días (entre marzo y mayo de 2025) se llevó también a cabo la prueba de competencias básicas de la Generalitat en 4º de la ESO, lo que habría generado confusión en los centros a la hora de dejar fuera alumnado.

“El porcentaje de exenciones es parecido al que no participó en las pruebas catalanas de competencias básicas”, ha revelado la consellera. Esta posibilidad ya la deslizó Educación y generó quejas de las direcciones de los centros, que se sintieron señaladas. Pero Niubó ha añadido que si se confirma que esta fue la causa, no “exime del error” a la Administración.

Más al detalle, ha señalado una deficiencia concreta que aseguran haber corregido: que la aplicación de las evaluaciones no contaba con un protocolo lo suficientemente claro, que definiera “responsabilidades”, “controles”, “umbrales de alerta” y “circuitos de validación de las exenciones”.