Angi, repartidora desde hace tres años en varias plataformas de reparto a domicilio, ha desarrollado en este tiempo toda una serie de estrategias plenamente orientadas a mostrarse lo más imperceptible posible para evitar situaciones de acoso. Intenta llevar un perfil bajo y, en algunos casos, ser escurridiza: no acude a los puntos de encuentro en los que se reúnen el resto de riders, busca activamente llevar ropa que pase lo más desapercibida posible, y tiene ya estudiado en qué casos puede tener una actitud relajada con el cliente en cuestión, y en cuáles debe, prácticamente, no mediar palabra con él. “Como ven ya en la foto que es una mujer la que va a venir, obviamente ya algunos clientes te abren la puerta de otra manera, y pueden llegar a hacerlo sin ropa”. Asegura que decenas de hombres le han recibido semidesnudos, en calzoncillos.

“Cuando te reciben sin ropa o con ese tipo de actitud, no les digo absolutamente nada. Marco mi distancia, les doy su pedido, y enseguida me marcho. Trato de ni mirarlos. Es muy fuerte trabajar como rider siendo a la vez migrante y mujer, sobre todo cuando tratas con este tipo de gente que te quiere humillar”. Asevera que sabe de muchos casos que le han contado compañeras en los que la cuenta de alguna de ellas se encontraba 'alquilada' por un chico —'alquilarle' una cuenta a alguien cuya situación en el país está regularizada es la forma en la que muchos trabajadores que no lo están consiguen trabajar en estas plataformas—.

En esta clase de ocasiones muchas veces al cliente le aparece la foto de la persona que alquila la cuenta (por ejemplo, una mujer), pero quien llega al domicilio es un hombre: “Entonces hay clientes que salen de esa forma insinuante, pero cuando ven que quien te va a entregar el pedido es un chico, se cortan y cambian de actitud. Eso pasa muchas veces”, asegura.

Nuria Soto también estuvo trabajando como rider para diversas plataformas del sector. Tras sus experiencias, fundó la cooperativa Mensakas —que potencia un modelo de reparto “dentro de la economía social y solidaria”–. Afirma que “estos casos no son tan aislados como se pueda pensar. Toda mujer rider o casi toda puede contar alguna situación así”. Al no acceder a su insinuación, explica Soto, a veces les ponen una mala puntuación en la plataforma para “castigarles” por ello. En la cooperativa han creado una comisión de género para poder abordar estos temas.

Una vez fui a entregar y estaban unos chicos fumando marihuana, todos en ropa interior, y me dijeron que tenía que servirles la comida en la mesa, que tenía que entrar.

Yuly, rider

A Yuly, exrepartidora, también le ha ocurrido. “Hay hombres muy abusadores. Una vez fui a entregar y estaban unos chicos fumando marihuana, todos en ropa interior, y me dijeron que tenía que servirles la comida en la mesa, que tenía que entrar. Yo les dije: 'simplemente pagadme y os entrego vuestra comida'”, relata. En otra ocasión un cliente le recibió completamente desnudo.

También se dan ocasiones en las que el cliente comienza a escribirles por la plataforma: “Tú los llamas para avisarles de que vas a entregarles el pedido, y entonces te empiezan a escribir y a decirte cosas como: 'Eres linda, me interesas, vamos a salir'”, afirma.

Los “puntos de encuentro”, lugares potencialmente hostiles

Pero las situaciones desagradables no acaban al salir de las zonas residenciales, sino que continúan en los lugares donde los y las riders se encuentran para esperar a recibir los pedidos —generalmente suelen ser zonas de alta demanda—. Por eso Angi, explica, intenta no rodearse de nadie. “Siempre estoy sola. Trato de evitar las multitudes de riders. Lo hago a propósito para evitar estas cosas porque si tú llegas a un restaurante y están ahí todos reunidos, sientes que ya se te quedan mirando o empiezan a hablar entre ellos mirándote”.

“Hay situaciones que se dan con los propios compañeros”, explica Nuria, que afirma que ha llegado a sentirse “desamparada”.

Ante las actitudes de acoso por parte de los compañeros, como no estás en un centro de trabajo y ellos no están considerados oficialmente como compañeros, no hay oportunidad de empezar ningún proceso. Eso te deja un poco indefensa

Nuria Soto — Rider y una de las fundadoras de la cooperativa Mensakas

Sin embargo, no perciben que se las proteja. “Se han dado situaciones con algunos compañeros que igual no están muy bien de la cabeza. Actitudes tan incómodas que, por ejemplo, una compañera y yo nos tuvimos que ver obligadas a bloquear a otro compañero porque se obsesionaba u otro que cuando le ibas a dar dos besos te giraba la cara”, afirma. “Ante estas actitudes, como no estás en un centro de trabajo y ellos no están considerados oficialmente como compañeros, no hay oportunidad de empezar ningún proceso. Eso te deja un poco indefensa en este sentido”, denuncia.

Otras zonas del espacio público también se tornan hostiles, como señala la repartidora, que relata cómo muchas veces los coches las atosigan en la carretera mediante el acoso, la intimidación, los gritos, o con escupitajos, y, afirma, casi en el 100% de los casos estas actitudes se dan por parte de hombres. En toda su trayectoria, solamente una mujer ha mostrado actitudes hostiles hacia ella en la carretera: “Estamos hablando de que estamos en un sector hipermasculinizado y hacemos una actividad propiamente considerada mayoritariamente de hombres, ocupando durante todo el día el espacio público. Todo esto convierte nuestra actividad en algo más dificil por todos los tipos de comentarios que te puedas encontrar, desde los más fuertes hasta los más paternalistas”.

De las cuatro repartidoras a las que elDiario.es ha preguntado, una, Sara (nombre ficticio debido a que quiere conservar el anonimato), afirma que no ha notado “una diferencia en el trato debido al género por parte de los clientes”, aunque explica que esta percepción se podría llegar a atribuir al hecho de que ella suele trabajar mediante cuentas alquiladas, generalmente de chicos, por lo que aparece la foto de perfil de ellos.

Desamparadas ante la inexistencia de protocolos

“El hecho de no disponer de un centro de trabajo, un plan de igualdad, un protocolo antiacoso, o una serie de cosas que corresponden al reconocimiento de la relación laboral, esto nos afecta más a las trabajadoras”, denuncia la fundadora de Mensakas.

Uno de los principales inconvenientes en la economía de plataformas, aseguran todas ellas, es el de no tener a quién dirigirse para los problemas que puedan ir sucediendo. “El soporte nunca responde”. Si no se empieza por abordar la 'punta del iceberg' visible del problema que son, opinan, las malas condiciones laborales, no se puede resolver todo lo que hay debajo, explican, y defienden que una medida sencilla que se podría ir aplicando para conseguir reducir el número de casos de acoso sería la de dejar de mostrar la foto de perfil o el género de los y las riders ya que, sostienen, “no es tan importante”.

Según el informe realizado en 2020 por Comisiones Obreras Cataluña, Repartidors i repartidores de plataforma digital: Condicions laborals, necessitats, demandes i perspectives, el 61% de las personas 'riders' entrevistadas (de las cuales 6 de cada 10 eran hombres) estaban de acuerdo en que ellas sufrían situaciones de discriminación o sexismo por el simple hecho de ser mujeres.

El Tribunal Supremo británico rechazó este martes que los repartidores (o 'riders') de la compañía de entrega de comida a domicilio Deliveroo puedan estar representados por un sindicato para negociar de manera colectiva sus condiciones laborales y salariales.

Se trata de la última decisión judicial dentro de una larga disputa que mantienen esos empleados con la compañía, y que surgió a raíz de que el Sindicato de Trabajadores Independientes del Reino Unido (IWGB) quisiera representar a ese colectivo en el norte de Londres para negociar con la dirección varios asuntos relacionados con sus sueldos, sus horas de trabajo y sus vacaciones.

El citado grupo sindical perdió en 2017 un recurso presentado ante un Tribunal especial para obtener el permiso para que esos 'riders' accedieran a la negociación colectiva a fin de mejorar sus condiciones, con el argumento de que no eran considerados “trabajadores” de la empresa, por lo que no estaban sujetos a los términos de la legislación que regula las relaciones laborales.

Tras ese fracaso, el sindicato llevó el caso ante el Tribunal Superior y ante la Corte de Apelaciones y, el pasado abril, el IWGB lo trasladó ante el Supremo, la máxima instancia judicial de este país. En un veredicto unánime, cinco jueces de esa corte rechazaron la apelación.

En su dictamen, los magistrados se mostraron de acuerdo con las decisiones previas que avalaban que los 'riders' no mantienen “una relación laboral” con Deliveroo y, por ello, no tienen derecho a negociar de manera colectiva sus derechos laborales y salariales.

Los jueces argumentaron que varios factores, como el hecho de que esos repartidores sean libres para rechazar ofertas de trabajo y para trabajar para otros competidores, son “fundamentalmente inconsistentes” con esa relación laboral.

Por su parte, el sindicato ha tildado la decisión judicial de “decepción”. “Como sindicato, no podemos aceptar que miles de 'riders' deban trabajar sin protecciones clave como el derecho a la negociación colectiva”, apuntó hoy el grupo sindical.

El dictamen se percibe como una victoria significativa para Deliveroo en la batalla entre los trabajadores de la llamada “economía bajo demanda” (o 'gig economy') y las empresas y supone, por otro lado, un varapalo para esos empleados que no podrán beneficiarse de la influencia y el poder que otorgan los sindicatos en las negociaciones colectivas.

El Tribunal Constitucional ha dado su aval definitivo a la norma puesta en marcha para combatir el abuso de la figura del falso autónomo en plataformas de reparto a domicilio. El pleno ha rechazado el recurso del Partido Popular contra la 'ley rider' avalando su tramitación como real decreto-ley: la crisis de COVID, afirma, “generó la necesidad de definir políticas públicas de respuesta inmediata ante los nuevos problemas, entre ellas la de las condiciones de radical precariedad en la que prestaban sus servicios los repartidores de empresas de plataformas digitales”.

La norma, recurrida ante el Constitucional sin éxito tanto por el PP como por Vox, fue aprobada a mediados de 2021 con el objetivo, según expuso el ejecutivo central, de combatir el abuso sistemático de la figura laboral del falso autónomo por parte de empresas de reparto a domicilio con plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats. Para entonces ya varios tribunales de todo el país habían dejado por escrito en sus sentencias que los riders, tal y como lo planteaban esas empresas, estaban siendo usados de forma fraudulenta como falsos autónomos.

El recurso del PP atacaba los mismos aspectos que el recurso de Vox: la tramitación de esta norma por el trámite de urgencia, como real decreto-ley. Una “operación de márketing político usurpando al Parlamento la función que constitucionalmente le es propia”, denunciaba en su recurso el partido de Santiago Abascal. El partido de Alberto Núñez Feijóo también negaba la “urgente necesidad” del proceso.

El tribunal, con la abstención de Juan Carlos Campo y el voto en contra de cuatro magistrados conservadores, avala que se usara la vía del decreto-ley: “El Gobierno ofreció una justificación explícita y razonada de la necesidad urgente de responder a la problemática de los repartidores”, explica la sentencia. La pandemia, añade, “planteó una situación de emergencia inédita e imprevisible, que dio lugar a la declaración de dos estados de alarma de ámbito nacional sucesivos y que provocó una ruptura de la normalidad social, económica y política que afectó también al sistema de producción legislativa”.

Una de esas necesidades, dice, fue controlar la “radical precariedad” de los riders. Destaca también el diálogo social “entre gobierno, sindicatos y asociaciones empresariales”. Hace unas semanas las deliberaciones del Tribunal Constitucional apuntaban al rechazo de los recursos. El ponente encargado de resolver el recurso de Vox apostaba por dar la razón al menos parcialmente al partido ultra y ante la falta de apoyo retiró su borrador de sentencia a la espera de las deliberaciones sobre el recurso del Partido Popular.

Miles de falsos autónomos

La normativa que ahora avala el Tribunal Constitucional entró en vigor en 2021 y pasó a considerar que los repartidores de este tipo de plataformas son trabajadores por cuenta ajena y no autónomos. Introducía, además, una obligación de transparencia para todas las empresas que usaran algún tipo de algoritmo para calcular el rendimiento de los trabajadores o los encargos que se les debían hacer.

Para cuando se aprobó la norma, la Inspección de Trabajo ya había detectado casi 18.000 falsos autónomos en estas empresas. Expedientes que rozaban los 26 millones de euros mientras decenas de sentencias, incluyendo al Tribunal Supremo, sancionaban por la jurisdicción social que las empresas de reparto abusaran de la figura del falso autónomo para reducir la carga económica que les suponía tener a su servicio a cientos de estos 'riders'.

Cuatro magistrados en contra

La sentencia ha salido adelante con el voto en contra de cuatro magistrados del sector conservador del tribunal: Enrique Arnaldo, Ricardo Enríquez, César Tolosa y Concepción Espejel. Entienden que las circunstancias alegadas por el ejecutivo para tramitar la ley como un real decreto-ley, de urgencia, no existían: “Las plataformas digitales de reparto no son una realidad ”nueva“, como dice el decreto-ley, sino que era conocida por la administración y el gobierno al menos desde el año 2015”, reprochan los cuatro magistrados disidentes.

El Tribunal Supremo, recuerdan, sentó su doctrina sobre este asunto ya en 2020 pero no generó un “vacío normativo” sino que “consolidó la jurisprudencia de los tribunales del orden social que desde 2018 venían considerando ”trabajadores“ a los falsos autónomos que operan bajo el control de las plataformas digitales”. Finalmente, critican que si existía una urgencia legislativa el Gobierno abriera una mesa de negociación con los agentes sociales.

“La protección de los trabajadores y de las personas en situación de vulnerabilidad económica que persigue el decreto-ley es un objetivo loable y un imperativo constitucional”, recuerdan estos magistrados, pero debe canalizarse “a través de los cauces previstos en la Constitución, no al margen de ellos”, explican.

El Tribunal Constitucional ha rechazado declarar inconstitucional la conocida como ley Rider a petición de Vox. La mayoría progresista del pleno ha desestimado el borrador de sentencia del conservador Ricardo Enríquez, que planteaba según ha adelantado El Periódico de Cataluña dar la razón al partido de Santiago Abascal, y deja las deliberaciones para más adelante, teniendo pendiente todavía otro recurso contra la norma interpuesto por el PP.

La norma recurrida por las derechas fue aprobada por el Gobierno en 2021 para hacer frente al abuso sistemático de la figura del falso autónomo por parte de empresas de reparto a domicilio con plataformas como Glovo, Deliveroo o Uber Eats.

El recurso de Vox se centraba, sobre todo, en la tramitación de la norma como un real decreto-ley. “No tiene sentido que se haya utilizado la figura del real decreto-ley sobre una materia tan sensible, sin un debate entre todos los grupos representados en las Cortes y todos los afectados”, lamentaba Vox en su escrito de más de 20 folios. El partido ultraderechista también calificaba de “operación de marketing político” la puesta en marcha de la ley, “usurpando al Parlamento la función que constitucionalmente le es propia”, zanjaba.

El recurso del PP, según anunció el propio partido, también atacaba su proceso de tramitación. “No hay extraordinaria y urgente necesidad”, dijo entonces Cuca Gamarra cuando en julio de 2021 interpusieron el recurso. El ponente de esta segunda sentencia será el progresista Ramón Sáez.

“Imagina abrir un día la ventana y encontrarte chimeneas enormes conectadas a decenas de extractores operativos día y noche. Imagina que, al salir de casa, hay cada día centenares de patinetes, bicis y motos que entorpecen el paso”. Ese es el futuro que imaginó Verónica Soto, vecina de Sant Martí, (Barcelona) cuando empezaron a sonar campanas de que en su barrio se iba a construir una macrococina, también conocidas como 'dark kitchen' o cocinas fantasma.

Si bien en Barcelona ya había algún negocio de este tipo, todos eran pequeños, pero vecinas como Soto sabían de la experiencia de otras ciudades como Madrid, en las que ya contaban con establecimientos industriales con decenas de fogones y no estaban dispuestos a dejar que eso pasara en su barrio.

Así que una mañana de febrero de 2021, cuando una grúa llegó para empezar a descargar el material de obra para una 'dark kitchen', bajaron en pijama y zapatillas para protestar y no permitir que las obras empezaran. “En eso se convirtió nuestra vida, en hacer guardia cada día a partir de las cinco de la mañana, con sillas, pitos y cacerolas”, recuerda Soto, que hoy es portavoz de la Vecinos Afectados por las Cocinas Fantasma.

La oposición de los vecinos de este barrio y del de Les Corts, donde también se quería construir una macrococina, hizo que el Ayuntamiento tomara medidas y aplicara una moratoria de un año para pedir licencias de actividad. Durante este tiempo, el consistorio debía examinar los efectos de estos negocios sobre la ciudad y, finalmente, a principios de 2023, anunció que a partir del 15 de febrero, se prohíbe la actividad de las cocinas y supermercados fantasma en Barcelona y sólo se permitirá su instalación en la Zona Franca, un barrio industrial que queda en el límite de la ciudad.

Esta es una decisión que ha sido calificada como “pionera y valiente” por parte de los vecinos. “Era algo que sí o sí se tenía que hacer, porque allá donde se quería instalar una macrococina, se iniciaban protestas de inmediato. El rechazo a estos negocios es algo unánime”, explica Joan Maria Soler, vicepresidente de la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (FAVB).

Los horarios maratonianos que provocan un crisol de olores provenientes de diversos tipos de cocina en esos fogones fantasma se suman a decenas y decenas de 'riders' esperando su pedido. Todo ello, sin contar “la competencia desleal” para los bares y restaurantes tradicionales. “No podemos poner una alfombra roja a estas empresas que no aportan valor al barrio. Estas cocinas no pueden estar en el centro de las ciudades y, si el pedido tarda más o la comida llega fría, pues es lo que hay”, sentencia Soler.

¿Cómo funciona una cocina fantasma?

Las 'dark kitchen' son un modelo de negocio que empezó a aparecer hace años en grandes ciudades y creció exponencialmente a raíz de la pandemia. Se trata de una especie de 'coworking', en el que diversas marcas comparten un espacio pensado únicamente para cocinar pedidos que serán entregados a domicilio. Son “restaurantes sin mesas ni camareros”, tal como los define Josep Maria Català, profesor de Economía en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

“Se dedican sólo a servir al consumidor, sin el coste derivado de alquilar un local propio y tener servicio”, dice Català. De hecho, el alquiler de una zona de cocina en estas 'dark kitchen' oscila entre los 1.500 y los 2.500 euros al mes, una cifra irrisoria comparada con lo que paga de alquiler cualquier restaurante en una capital española. “Es una muy buena opción para el momento en que estamos”, opina el profesor, que apunta que el modelo 'coworking' puede ser una buena idea para un pequeño restaurador que quiere probar si su idea funciona en el mercado antes de enzarzarse en alquileres, contrataciones y préstamos.

El problema empieza cuando este modelo de negocio ya no contempla sólo espacios en los que hay cuatro o cinco marcas, sino que se transforman en cocinas industriales de 400 metros cuadrados con capacidad para centenares de fogones, como el que se quería abrir en Sant Martí. “Aquí ya no encontramos pequeños negocios ni emprendedores, sino que todo son inversores extranjeros que no buscan aportar valor añadido”, añade Català.

Cocinas en un limbo legal

Andreu Bertrand es un cocinero que trabajó para una de las primeras macrococinas que se instalaron en Barcelona, en 2019. Él era el encargado de diseñar las marcas propias que nacerían, ex profeso, para operar en ese negocio, propiedad de Glovo. “Cuando empieza a crecer la demanda de delivery, muchos restaurantes se dan cuenta de que no pueden absorber los pedidos y seguir atendiendo en el local y, por eso, nacen las cocinas fantasma”, explica este joven.

Ahora bien, asegura que es un modelo que, per se, no es sostenible. “Necesitas unos 1.500 pedidos para que sea rentable, así que las marcas que solo operan con delivery no tienen demasiado futuro”, explica. Por eso, los pequeños negocios se fueron echando a un lado y dejaron paso a marcas propias de grandes empresas como Glovo o Uber. “Por eso se empiezan a montar cocinas industriales en medio de las ciudades, para que los pedidos lleguen a tiempo a cualquier lugar. Pero son zonas que no están preparadas para esta intensidad de actividad”, opina Bertrand.

Para conseguir que el negocio se acerque a la rentabilidad, estas empresas jugaban con la alegalidad. Las cocinas fantasma no cuentan con una regulación específica y se adscriben a diferentes licencias, según las necesidades que tenga cada negocio. Las de obrador o catering serían las más adecuadas, pero son mucho más caras que las de restaurantes y, además, implican obras de aislamiento de ruido y salidas de humos que no todas las cocinas cumplen.

Además, la falta de una licencia específica hace que los horarios en los que está permitida su actividad no estén delimitados, así que “abren y cierran cuando quieren, de tal manera que muchas están operativas las 24 horas”, explica Català. Estos comportamientos han derivado, en algunos casos, en denuncias por parte de los vecinos. “Pero esto no es un problema para ellos. Hablamos de empresas tan grandes que les sale más a cuenta ir pagando multas”, apunta el economista.

¿Será la regulación el fin de las 'dark kitchen'?

“Me parece lo más normal del mundo que las hayan prohibido”, asegura Bertrand, que insiste en que las macrococinas son un modelo “que no aporta nada de valor al tejido de la ciudad”. Aparte de los problemas ambientales que suponen –por la constante salida de humos de chimeneas de hasta 20 metros de alto, la multiplicación de residuos en las calles o la huella de carbono de los 'riders'– cabe destacar la presión que ejercen sobre el comercio local. “Una marca de cocina fantasma no vende la experiencia, solo la comida. Así que tiene precios mucho más bajos y, seguramente, menor calidad de producto”, resume Català.

Ser barato, rápido y cómodo –o, al menos, más que un restaurante convencional– es la apuesta a futuro de empresas como Glovo, que todavía sigue cerrando ejercicios en números rojos. “La rentabilidad de estos modelos sólo llegará si dejamos de ir a restaurantes y centramos toda nuestra experiencia gastronómica en el delivery. Con la pandemia parecía que iba a ser así, pero el tiempo ha corregido la dinámica y ha demostrado que seguimos siendo humanos”, asegura Bertrand, que augura que seguiremos prefiriendo salir y socializar a comer en el sofá de nuestra casa.

De ser así, la apuesta a futuro de estas empresas no llegará a buen puerto, sobre todo teniendo en cuenta cambios de normativa como los que ha llevado a cabo Barcelona. Trasladando estas cocinas a las afueras de las ciudades, se hace “casi imposible” que los pedidos lleguen calientes y en buen estado a los hogares. “Si mi hamburguesa llega revenida o me tengo que calentar yo la pasta porque llega fría, ¿Qué valor tiene?”, se pregunta Català, quien pone en duda la subsistencia de las 'dark kitchen' en Barcelona y da casi por finiquitada la de los supermercados fantasma, que tendrán muchas dificultades para cumplir con la promesa de llevar la compra a casa en menos de media hora.

Ahora bien, “hecha la ley, hecha la trampa”, advierte Joan Maria Soler. Desde la FAVB alertan de que, como no tienen licencias específicas, es muy probable que estos supermercados y cocinas fantasma sigan proliferando “a escondidas” en Barcelona y sólo se las pueda parar si los vecinos las detectan. Por eso están llevando a cabo una campaña para cambiar la legislación. “Hay muchos intereses detrás de estos negocios. Era necesario prohibirlas, pero estas grandes empresas no se irán de ciudades como Barcelona sin pelear o hacer trampas”, asegura Soler, que todavía se muestra reticente a celebrar la victoria.  

Las empresas que reiteradamente recurran a fórmulas ajenas al contrato de trabajo de manera ilícita se exponen a penas de prisión de hasta seis años.

En 2017 se publicó en el New York Times un artículo que describía el modo en que Uber gestionaba lo que ellos llamaban “la nueva economía del trabajo independiente” y lo que en España conocemos como empresas cuya fuerza laboral son los falsos autónomos. Uber explicaba que, como sus trabajadores no tenían contrato laboral, no podían exigirles que estuvieran en un lugar y hora determinados ni que cumplieran con los objetivos de la empresa. Sin embargo, hallaron el modo de hacerlo a través de trucos similares a los que usan las plataformas de streaming para que te des un atracón de series (pasar automáticamente a otro capítulo o aconsejarte una película similar antes de que acaben los títulos de crédito de la que has visto). Los algoritmos de la empresa hacían posible, a través de un sistema de videojuegos, gráficos y recompensas no vinculadas al salario, que los conductores trabajaran más y con mayor rapidez y, lo que resulta aún más perverso, tuvieran mayor vinculación con la empresa a bajo coste. Todas las ventajas del contrato laboral sin ninguna de las protecciones para el trabajador y sin las obligaciones fiscales de los contratos de trabajo.

Era el momento de expansión de la gig economy, la economía de las pequeñas tareas. Vinculada a trabajos puntuales por periodos temporales cortos bajo demanda del cliente, precisan de las plataformas online, que ejercen de intermediarios entre la empresa proveedora de servicios y el cliente o consumidor. Su expansión y eficacia esta vinculada al desarrollo de inteligencia artificial y la gestión de los datos. Los conductores, los riders que se ocupan de los repartos a domicilio de bienes de consumo, son el ejemplo más frecuente y citado, pero este sistema de falsos autónomos afecta, y cada vez más, a periodistas, profesores, enfermeras, cuidadores, administrativos, traductores y cualquiera que pueda realizar tareas individualizables, aunque continuas, para una empresa y cuyo salario depende casi en su totalidad de esa compañía.

El punto débil de esta cadena entre empresas y clientes es el trabajador, por cuenta propia a su pesar, aparentemente autónomo, sin vínculo laboral ni protecciones sociales o derecho a pensión contributiva, pero dependiente de las empresas propietarias de esas plataformas, que son las que asignan las entregas o tareas. En Europa, con una tradición y una legislación claramente favorables a la protección del trabajador, la gig economy siempre ha supuesto un reto tanto tecnológico como social. Resultó evidente desde el principio que estas compañías, casi siempre multinacionales, tendían a evadir cualquier marco regulatorio, y especialmente aquel que les obligara a tener un vinculo laboral con sus trabajadores.

La llamada Ley Rider, aprobada en agosto de 2021, vino a poner las cosas en su sitio y a confirmar lo que dictaminó el Tribunal Supremo: los falsos autónomos son trabajadores de pleno derecho. Empresas como Deliveroo optaron por abandonar España mientras otras se han adaptado a la legislación y algunas incumplen sistemáticamente la ley y las sentencias judiciales, aunque tengan que pagar multas millonarias.

El pasado viernes, a través de una enmienda en el Congreso del artículo 311 del Código Penal, presentada por PSOE y Unidas Podemos, se dio un paso más en la protección de los derechos laborales de los llamados falsos autónomos. Esta reforma afectará especialmente a las plataformas digitales de reparto como Glovo o Uber Eats, donde se han producido numerosos casos de vulneración de la Ley Rider, pero también a cualquier empresa que base su rentabilidad en incumplir la legislación laboral. Una reforma que parece, pues, necesaria. Al Gobierno le queda resolver y fortalecer los sistemas de inspección de trabajo que vigilarán el cumplimiento de la norma, y que ahora necesitan más personal y mejores herramientas.

Y, como sociedad, como consumidores, nos toca plantearnos si somos capaces de asumir el coste que suponga que estas empresas cumplan con la legislación laboral. Si somos capaces de consumir de manera ética. Ese es el gran reto.

Deliveroo sigue erre que erre. La empresa Roofoods Spain SL, la filial con la que opera Deliveroo en España, ha perdido dos recursos contenciosos contra sendas resoluciones de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que obligaba a la firma a dar de alta a los riders (como se conoce a los repartidores) al no considerarlos trabajadores por cuenta ajena, a pesar de las numerosas sentencias que así lo determinan.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha desestimado las demandas de la empresa contra sendas resoluciones de la dirección provincial de Castelló de la TGSS —del 3 de diciembre del 2020 y del 13 de enero del 20212— y le ha impuesto el pago de las costas.

En el recurso, la compañía aducía que no concurre la obligación de afiliación, alta y cotización, al no considerar a los riders como trabajadores por cuenta ajena. Se trata, según la empresa, de “colaboradores”, sin que la Seguridad Social tenga la competencia para “declarar la relación laboral”, argumenta Roofoods Spain SL.

Así, “los riders no están obligados a cumplir ninguna jornada o ningún horario de trabajo, pueden conectarse a distintas plataformas simultáneamente si así lo deciden, al igual que pueden prestar servicios para otros clientes en cualquier momento, pueden subcontratar la prestación de servicios, tienen plena libertad para prestar o no el servicio aún estando conectados a la aplicación y rechazar o aceptar los pedidos, pudiendo incluso después de haberlo aceptado, abandonarlo”, argumenta la representación jurídica de la firma.

La filial de la sociedad británica Roofoods LTD sostiene que “no cabe un alta continuada” en la Seguridad Social sino las “altas y bajas correspondientes a los periodos efectivos de prestación de servicios” y acusa a la Inspección de Trabajo de dar por hecho que los riders trabajan “todos los días del mes”.

La TGSS, por el contrario, considera que los repartidores “sí que reúnen los requisitos necesarios” para ser considerado trabajadores por cuenta ajena y alude a las “ya numerosas” sentencias dictadas en procedimientos de oficio en los que Roofoods Spain SL ha sido parte y que han determinado que la relación de los riders con Deliveroo es de carácter laboral.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV establece claramente lo que numerosas sentencias ya han señalado: “Estamos ante una relación de carácter laboral en la que los trabajadores afectados prestan sus servicios por cuenta ajena al concurrir los requisitos de dependencia y ajeneidad”.

Las dos sentencias, que no son firmes y contra las que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo o ante la misma Sala del TSJ-CV, imponen la condena en costas a Roofoods Spain SL.

Primera condena por lo penal por el fraude laboral en la economía de plataformas en Francia. La multinacional británica de reparto de comida a domicilio Deliveroo ha sido condenada este martes 19 de abril por el tribunal penal de París a pagar la multa máxima de 375.000 euros por su abuso de falsos autónomos, como había pedido la Fiscalía, informan varios medios franceses. El tribunal también ha condenado a ex tres directivos de la multinacional en Francia a penas de prisión, desde un año a cuatro meses (que no se ejecutan salvo reincidencia), y a multas económicas.

En concreto, los directivos condenados son dos antiguos directores generales de Deliveroo en Francia, a los que se imponen penas de doce años de prisión y una multa de 30.000 euros. Un tercer ejecutivo fue declarado culpable de “complicidad” en el fraude de falsos autónomos, delito que ha conllevado una pena de cuatro meses de prisión y una multa de 10.000 euros. Los ejecutivos no tendrán que entran en prisión, ya que la pena se suspende, salvo que reincidan y acumulen otras condenas.

Además de la multa de 375.000 euros, Deliveroo ha sido condenada a pagar otros 50.000 euros por daños morales a cinco sindicatos (CGT, Union Solidaires, Sud commerces et services, Sud commerces et services Ile-de-France y Syndicat des transports légers).

Un fraude laboral para reducir costes

En su dictamen, el tribunal subrayó que la multinacional británica tejió “un camuflaje jurídico ficticio”, recoge la agencia EFE. El tribunal afirmó que había “una relación jerárquica permanente” entre la empresa y los empleados, a los que presionaba para realizar entregas más rápidas y que eran objeto de vigilancia. El periodo analizado en este proceso judicial abarca desde 2015 a 2017.

El tribunal de París siguió íntegramente las exigencias de la Fiscalía, destaca el diario Le Monde, en el primer caso en el que la justicia francesa juzga por la vía penal los abusos laborales de lo que denominan en el país galo como “l’ubérisation” y que en España se suele llamar “economía de plataformas”, gig economy en inglés.

La sentencia francesa reconoce la existencia de fraude laboral al simular Deliveroo el trabajo autónomo de sus repartidores (o riders), cuando en realidad deberían haber estado contratados como asalariados por existir una relación laboral entre las partes. El Tribunal Supremo en España también falló en este sentido, en una condena de la justicia social, no penal como en este caso. Deliveroo abandonó España el pasado noviembre, un mercado en el que había perdido posiciones frente a otros competidores y donde se veía obligado a contratar laboralmente a los mensajeros tras la aprobación de la llamada Ley Rider.

La Comisión Europea ha propuesto laboralizar a miles de trabajadores en plataformas digitales en la UE, muchos de ellos riders pero también de otros modelos de negocio que ahora son falsos autónomos.

Deliveroo ha apuntado en un comunicado que “impugna categóricamente” el contenido de la sentencia del tribunal francés y que está estudiando si apelar la resolución judicial, recoge Reuters.

Además, la multinacional ha añadido que mantendrá sus operaciones en el mercado francés y ha destacado que la sentencia afecta al funcionamiento de Deliveroo en el pasado, no al actual. Este argumento era continuo por parte de la empresa en España tras cada condena por uso de falsos autónomos. La empresa, antes de abandonar el país, reconoció el estatus laboral de los trabajadores para aplicar un despido colectivo del personal.

Como apuntó la Fiscalía francesa, la justicia considera que el objetivo del “fraude” pretendía emplear a los repartidores “al menor coste”. La fiscal Céline Ducournau recordó en el juicio el pasado marzo que la justicia estaba valorando el abuso laboral de Deliveroo de la figura de los falsos autónomos y que no importaba si algunos de los mensajeros estaban “satisfechos” con esta condición o “se sentían libres”, como argumentó la multinacional en su defensa.

La Comisión Europea calcula que hasta 4,1 millones de autónomos podrían reclasificarse como trabajadores gracias a la directiva europea que ha propuesto. Y un estudio de la Confederación Europea de Sindicatos (CES, ETUC con sus siglas en inglés) evidencia que cinco de las empresas de plataforma más grandes de Europa no superan los requisitos fundamentales de la propuesta de directiva de trabajo de plataforma presentada en diciembre por el Ejecutivo comunitario. Es decir, suspenden la mayoría de los puntos establecidos para determinar si su personal es realmente autónomo, según el análisis de ETUC.

La directiva propuesta “pretende garantizar que a las personas que trabajan a través de plataformas digitales se les reconozca la situación laboral que corresponde a su modalidad de trabajo real. Proporciona una lista de criterios de control para determinar si la plataforma es un 'empleador”, afirma el Ejecutivo comunitario.

Si la plataforma cumple al menos dos de esos criterios, se presume, desde un punto de vista jurídico, que es un empleador. Por tanto, las personas que trabajan a través de la plataforma en cuestión disfrutarían de los derechos laborales y sociales que conlleva la condición de “trabajador”.

Un portavoz de Delivery Platforms Europe responde: “Es prematuro e inapropiado especular sobre cómo la propuesta de la Comisión impactaría en los diferentes modelos comerciales, sobre todo porque hay un margen significativo para el cambio entre lo que está sobre la mesa hoy y la transposición final por parte de los Estados miembros. El objetivo de la Comisión de mejorar las condiciones de trabajo en las plataformas de trabajo cuenta con el apoyo unánime de nuestros miembros, y ahora es fundamental que los legisladores de la UE se aseguren de que la propuesta produzca el resultado deseado. Esto debe incluir criterios claros que brinden seguridad jurídica a los cientos de miles de personas que quieren acceder al trabajo flexible, al tiempo que permite que las plataformas ofrezcan mejores protecciones sin riesgo de reclasificación”.

Las personas que sean reclasificadas como trabajadores, tendrían derecho a percibir un salario mínimo (cuando exista), a la negociación colectiva, a la regulación de la jornada laboral y a la protección de la salud, así como derecho a disfrutar de vacaciones retribuidas o de un mejor acceso a la protección en caso de accidente de trabajo, a las prestaciones por desempleo y enfermedad y a las pensiones contributivas de jubilación.

Según el texto, las plataformas tendrán derecho a impugnar o “refutar” esta clasificación, pero deberán demostrar que no existe una relación laboral

“Estos criterios podrían anular el punto de la 'presunción de empleador' por la Comisión Europea”, dice, sin embargo, ETUC, “y abrir nuevas lagunas que las empresas de plataformas podrían utilizar para seguir eludiendo sus obligaciones. Pero eso no significa que las plataformas lo vayan a tener fácil. Nuestro análisis ha encontrado que Uber y Deliveroo se encuentran entre las empresas que se clasificarían como empleadoras”.

El secretario confederal de UTEC, Ludovic Voet, explica: “Las empresas de plataformas trabajarán gastarán mucho dinero para tratar de hacer trampa mantener su modelo de negocio basado en la explotación. Pero si parece un pato, nada como un pato y grazna como un pato, entonces probablemente sea un pato. Lo mismo ocurre con los empleadores. No podría ser más claro que las empresas de plataformas más grandes de Europa deberían considerarse empleadores”.

Uber

Según relata ETUC, Uber fija el nivel de remuneración de sus trabajadores. El pasajero paga la tarifa a Uber, y Uber paga a los trabajadores semanal o diariamente el monto total ganado por los viajes realizados. Se deduce de la tarifa un importe del 25% en concepto de gastos de servicio. “Si bien el cliente y los trabajadores pueden acordar mutuamente tomar una ruta diferente a la propuesta por la aplicación y esto puede tener un impacto en la tarifa, no se trata de una negociación libre entre el pasajero y los trabajadores”, dice el estudio: “Uber decide unilateralmente sobre una posible solución en caso de quejas de los clientes, incluido el ajuste de la tarifa acordada. El trabajador puede oponerse a esto, pero la decisión final recae en Uber”.

“Los trabajadores deben aceptar las condiciones establecidas por Uber para ser admitidos en su plataforma. Las condiciones bajo las cuales pueden comenzar a usar la aplicación de Uber no son negociables: deben aceptar completamente todas las condiciones para poder ofrecer viajes a través de la aplicación”, explica el estudio.

Uber, por tanto, “determina unilateralmente los términos bajo los cuales trabajan los conductores, que Uber también puede cambiar unilateralmente, y los trabajadores no pueden rechazar estos cambios si quieren continuar conduciendo a través de la aplicación Uber”.

Los trabajadores reciben una calificación a través de la aplicación y, por lo tanto, son evaluados, lo que puede afectar al acceso a la plataforma Uber y los viajes ofrecidos. “Una calificación media baja puede suponer la eliminación de la plataforma, mientras que una calificación media alta es importante para un status mayor, lo que genera beneficios financieros para el conductor”, afirma la Confederación Europea de Sindicatos: “Uber verifica explícitamente, mediante un selfie que deben tomar los trabajadores, si el trabajo se realiza en persona”.

El algoritmo de la aplicación de Uber determina cómo se asignan y priorizan los viajes, sobre la base de un sistema establecido por la empresa. Cuando se ofrece un viaje, “Uber proporciona una cantidad limitada de datos, por lo que el conductor no puede aceptar solo los viajes más ventajosos para él”, dice el estudio: “El algoritmo de Uber actúa como un incentivo financiero y tiene un efecto disciplinario e instructivo, independientemente de que los trabajadores tengan cierta libertad, hasta cierto punto, para rechazar un viaje, determinar sus propios horarios y usar diferentes aplicaciones u otros sistemas de reserva en al mismo tiempo. Una vez que utilizan la aplicación de Uber y se registran para este fin, están sujetos al funcionamiento de su algoritmo”.

“La frecuente cancelación de viajes por parte de los trabajadores conduce a la exclusión del uso de la aplicación Uber. Rechazar un viaje ofrecido tres veces también significa que el conductor se desconecta del sistema y, por lo tanto, ya no se le ofrecen viajes hasta que vuelva a iniciar sesión”, concluye el examen de Uber.

Glovo

El análisis de la Confederación Europea de Sindicatos explica que “para tratar de evitar la aplicación de la conocida en España como Ley Rider, Glovo cambió la forma en que se determina la retribución de un sistema fijo gestionado exclusivamente por la empresa a un sistema de subasta de retribución en el que los trabajadores ofrecen los precios más bajos para conseguir los trabajos. Este modelo no justifica eximir a la empresa del control de precios, en tanto que la subasta es controlada por la empresa y en realidad no ofrece ninguna posibilidad a los trabajadores de obtener mayores remuneraciones”.

Glovo especifica cómo se debe realizar el trabajo y el servicio. “La empresa controla el cumplimiento de las instrucciones a través de la aplicación. Se establece que el repartidor debía realizar el servicio dentro del tiempo máximo de trabajo pactado; también se especifica cómo deben dirigirse los trabajadores al usuario final; se prohíbe a los trabajadores el uso de distintivos corporativos como camisetas, gorras, etc”, dice el informe de ETUC.

“La empresa ha establecido un sistema de puntuación que, entre otros factores, se basa en la valoración del cliente final”, dice el estudio: “El establecimiento de sistemas de control de la actividad productiva basados ​​en las valoraciones de los clientes debe entenderse como un indicio favorable de la existencia de un contrato de trabajo. Asimismo, los trabajadores de Glovo están sujetos a un sistema de control permanente durante la prestación del servicio mediante un sistema de geolocalización GPS”.

El sistema de calificación de los trabajadores “determina su libertad de elección de horarios ya que si no están disponibles para prestar servicios en las franjas horarias de mayor demanda, su calificación disminuye y con ello la posibilidad de que se les asignen más servicios en el futuro”, prosigue la Confederación Europea de Sindicatos: “Esto equivale a perder oportunidades de empleo y remuneración. Además, la empresa sanciona a los repartidores no asignándoles trabajos cuando no estén operando en las franjas horarias reservadas, salvo causa justificada debidamente comunicada y acreditada”.

ETUC concluye: “Los trabajadores de Glovo no tienen ninguna implicación en los acuerdos establecidos entre Glovo y las tiendas y restaurantes, ni en la relación entre Glovo y los clientes a los que sirven los pedidos. Los trabajadores no cierran contratos con ninguno de ellos, limitándose a prestar los servicios en las condiciones impuestas por Glovo. Es la empresa la que acuerda con los distintos establecimientos los precios que pagan y fija unilateralmente las tarifas que recibe el repartidor por el trabajo realizado”.

Cuideo

“La plataforma laboral digital española Cuideo controla un sistema de competencia a la baja entre sus trabajadores en los precios por los servicios de cuidados ofrecidos. La empresa tiene pleno control sobre las ofertas realizadas por los trabajadores”, explica el análisis de ETUC: “La plataforma establece diferentes requisitos para que los trabajadores accedan a las ofertas de trabajo, en ocasiones adaptados a las necesidades específicas de cada cliente. Estos requisitos se cumplen a través de la participación en cursos organizados por la plataforma (previo pago por parte de los trabajadores para asistir a ellos) y la lectura de diferentes manuales de capacitación”.

Este seguimiento “se realiza a través del sistema de calificación de la plataforma, que es controlado por la compañía y al que los empleados no pueden oponerse en caso de resultados negativos. Los trabajadores reciben penalizaciones por la no aceptación de ofertas en forma de menos oportunidades laborales futuras e incluso desconexión permanente de la plataforma”.

Deliveroo

“No solo la plataforma determina la remuneración, sino que los trabajadores no conocen el nivel de remuneración antes de aceptar los viajes, ya que la información sobre la duración (y por lo tanto el pago) no se divulga. El rechazo de un viaje después de su aceptación conlleva una penalización para los trabajadores”, explica la Confederación Europea de Sindicatos: “Las calificaciones de los clientes se utilizan para asignar trabajo en el futuro, por lo que se establece un sistema de control y disciplina basado en la revisión de los clientes que los trabajadores pueden corregir pero bajo el control de la plataforma. Los trabajadores deberán utilizar bolsas aisladas proporcionadas por Deliveroo (previo pago) con los logos de la plataforma laboral digital. El rendimiento se basa en el sistema de revisión de clientes”.

Así, “los trabajadores son sancionados por la denegación de puestos de trabajo al otorgarles menos oportunidades o incluso la desconexión de la plataforma. Al respecto, hay constancia de que trabajadores de Deliveroo que se encontraban de vacaciones fueron desconectados de la plataforma por falta de disponibilidad para el trabajo”, afirma el estudio: “Otro elemento de restricción de la libertad está nuevamente conectado a las calificaciones de reputación, que son específicas de la plataforma y, por lo tanto, dan como resultado efectos de ”bloqueo“ para los trabajadores en esa plataforma en particular. Al igual que ocurre con plataformas laborales digitales similares, los trabajadores no participan en los términos y condiciones de los acuerdos cerrados con los proveedores y los clientes, simplemente entregan la comida en las condiciones estipuladas por Deliveroo”.

Amazon Mechanical Turk

Según el informe de ETUC, “los trabajadores no tienen voz en el establecimiento de los límites máximos de remuneración por sus puestos de trabajo. Mientras que en principio esto lo determinaría el cliente, en la práctica las cantidades no varían dentro de las diferentes categorías de trabajo realizadas. Aún hay más: Amazon Mechanical Turk se reserva el derecho de deshabilitar, complementar o modificar las opciones de remuneración en cualquier momento”.

“También se debe considerar que el pago del trabajo realizado puede ser rechazado si el cliente o la plataforma laboral digital lo fundamentan en una 'buena causa'. Amazon Mechanical Turk podrá incluso rescindir el contrato y el futuro acceso a la plataforma del trabajador sin previo aviso por cualquier motivo”, dice el informe: “Además, Amazon Mechanical Turk solicita a sus trabajadores que se comporten con los clientes 'de manera profesional y cortés, y proporcionen la información razonablemente solicitada en relación con el desempeño de sus tareas'. Además, exige que los trabajadores realicen sus tareas ”de manera competente y profesional“ y se les impide utilizar cualquier método automatizado para respaldar su trabajo. La plataforma puede solicitar a los trabajadores que completen una prueba de calificación a solicitud de los clientes”.

De acuerdo con el análisis de la Confederación Europea de Sindicatos, “la plataforma podrá aplicar mecanismos para el seguimiento de las tareas realizadas por los trabajadores y el desempeño de los trabajos, que también está sujeto a calificación. También recopila esas calificaciones y las publica en el sitio. A los clientes se les otorga el poder de rechazar los trabajos terminados antes de pagar por ellos. Los trabajadores de Amazon Mechanical Turk no pueden realizar trabajos a través de otros medios que no sean la plataforma, lo que prácticamente impide que los trabajadores construyan una base de clientes o se comuniquen con los clientes por cualquier otro medio”.

El secretario confederal de la CES, Ludovic Voet, concluye: “Los eurodiputados y los Gobiernos deben cerrar las lagunas en el proyecto de ley para garantizar que las plataformas no puedan seguir engañando a los trabajadores y que las empresas cumplan las reglas. Lo mejor que podrían hacer las plataformas es sentarse finalmente a la mesa con los sindicatos y negociar salarios y condiciones decentes para sus trabajadores”.

Deliveroo dejará de operar en España el próximo 29 de noviembre. La multinacional británica de reparto de comida a domicilio ha comunicado este jueves su marcha, ya adelantada en verano, tras acabar el proceso de consulta interna entre sus empleados, explica. La decisión alcanza a unos “3.800 empleados”, alrededor de 100 personas de estructura y el resto, repartidores (riders). Los trabajadores han sido incluidos en un procedimiento de despido colectivo, explican fuentes conocedoras del ERE.

La empresa anunció su intención de salir del país el pasado verano, poco antes de la entrada en vigor de la llamada Ley Rider, que obliga a contratar laboralmente a los repartidores. Su salida se explica también por una cuestión de competencia en un mercado en el que estaba en desventaja respecto a otras compañías, como Glovo y Uber Eats, entre otras. Para alcanzar y mantener una posición de mercado de primer nivel en España, explicó Deliveoo, se requeriría un nivel de inversión “muy elevado” con un rendimiento potencial “muy incierto” a largo plazo que podría afectar a la viabilidad económica del mercado para la compañía.

Un ERE con una comisión 'ad hoc'

“Estamos muy agradecidos por el talento de nuestros empleados y queremos darles las gracias por su compromiso con la empresa, y nos complace haber acordado paquetes de compensación adecuados tanto para ellos como para los riders”, ha subrayado Deliveroo en su comunicado de salida del país, en referencia a las compensaciones pactadas en el ERE.

Según fuentes conocedoras del procedimiento de despido colectivo, las indemnizaciones pactadas ascienden a “45 días de salario por año trabajado, con una cuantía mínima de 1.000 euros”.

Los trabajadores que negociaron el ERE formaban parte de una comisión 'ad hoc', es decir, un grupo representativo de trabajadores dado que no existía comité de empresa previamente (los riders, recordamos, tenían contratos de autónomos). Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han ejercido como asesores de esta comisión, pero no han formado parte de ella formalmente. En la comisión de trabajadores había algunos representantes de organizaciones de riders que defienden el modelo de autónomos, apuntan a este medio.

Una trayectoria de falsos autónomos

Deliveroo ha estado funcionando todos estos años en España con un modelo de riders con contratos autónomos, que ha sido impugnado en numerosos tribunales, hasta el Supremo. La empresa acumuló un gran número de demandas de la Seguridad Social –gracias a la vigilancia de la Inspección de Trabajo– que exigían a la empresa cuantiosas cantidades por cotizaciones sociales impagadas.

La entrada en vigor de la Ley Rider en agosto implicaba que las empresas de reparto tendrían que contar con riders con contratos laborales. Deliveroo ya había anunciado su intención de salir del país y, de hecho, siguió funcionando con repartidores autónomos una vez la ley había desplegados sus efectos, en lo que se leía como una manera de aprovechar sus últimos coletazos en el país.

Desde entonces, la empresa fue dando de alta progresivamente a sus repartidores, pero por otro motivo: para tramitar el despido colectivo dada su salida del país. La multinacional optó por abandonar España con la regularización de su plantilla de riders, pese a que en estos años de actividad ha estado litigando sin cesar contra las actuaciones de la Inspección de Trabajo que concluían que abusaba de la figura de los falsos autónomos.

“La empresa se enorgullece de haber contado con algunos de los mejores restaurantes de España como socios y de haber colaborado con miles de riders (repartidores) que han trabajado duro para llevar a los españoles millones de deliciosas comidas desde 2015, incluso de haber sido una tabla de salvación para muchos de ellos durante la pandemia”, dice la multinacional en su comunicado.

Colectivos uberizados de varios países europeos han llevado sus reivindicaciones a Bruselas. Primero, en el II Foro Transnacional de Alternativas a la Uberización, una jornada organizada por La Izquierda en el Parlamento Europeo, con presencia también de representantes políticos, y, después, ante el comisario europeo de Trabajo, en una reunión dentro de la Eurocámara. El comisario, Nicolas Schmit, ha reconocido el peligro de que el modelo de desprotección laboral de las plataformas se extienda al resto de sectores, según ha informado posteriormente Podemos.

“Es el propio trabajador el que lleva el látigo encima”, dijo un rider en la reunión: “Queremos saber con qué empresas y lobbies se ha reunido la Comisión”. Las Kellys, por su parte, afirmaron: “Los algoritmos están entrando en los hoteles. Además de ser mujeres precarias, ahora tenemos un móvil que nos dice el tiempo que podemos estar en cada habitación. Exigimos que se controlen los algoritmos para que no entren en todos los sectores de la sociedad”. Por su parte, un representante de Correos en Lucha señaló: “Sin derechos no puede haber democracia, sin estabilidad laboral no puede haber democracia. Van a venir a por todos los sectores para seguir sacando beneficios. Es hora de legislar para la mayoría y no para una minoría”. Y Tito Álvarez, de Élite Taxi, señaló: “Si la directiva que prepara la Comisión no le para los pies a las plataformas, estamos preparados para hacerlo nosotros en la calle. Queremos abrir la caja negra de los algoritmos y ver qué hay dentro”.

Actualmente, la Comisión Europea prepara una directiva sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras de plataformas. La propuesta se conocerá a finales de año. El Parlamento Europeo ha exigido que reciban la misma protección social y laboral que el resto de sectores, que se combata la figura del falso autónomo y que la gestión de los algoritmos sea transparente. Según datos de la propia Comisión, 24 millones de personas −el 10% de la fuerza de trabajo europea− ha participado en algún momento en la gig economy.

Idoia Villanueva, eurodiputada de Podemos y responsable de Internacional del partido, dijo tras la reunión con el comisario Schmit: “Salimos de una reunión que hemos tenido con más de 50 representantes de distintos colectivos y distintos países. Una reunión muy útil porque el comisario ha podido escuchar al único lobby que importa de verdad, el lobby de los trabajadores y trabajadoras. Hemos podido ver que está de acuerdo en que actualmente hay una relación de subordinación que hace muy difícil poder defenderse frente a estas plataformas, y que comparte también que la solución de un tercer estatuto no sería una solución con derechos y garantías para los trabajadores”.

De acuerdo con lo que ha comentado Villanueva, “a las preguntas de los colectivos sobre qué les ha pedido Uber, Deliveroo o los lobbys de estas plataformas, el comisario. desgraciadamente, no ha dado respuesta. En este momento quedan todavía muchas dudas que resolver, y la nueva directiva que proteja a estos trabajadores de plataformas tiene que tener en cuenta no solo la transparencia de los algoritmos, sino también la lucha contra los paraísos fiscales, de los cuales estas plataformas, estos fondos buitre, se benefician”.

En el encuentro previo en un local de Bruselas que habitualmente acoge reuniones de colectivos sociales, La Tricoterie, se han sucedido los testimonios de personas uberizadas, según recoge Brave New Europe. Odile Chagny, de Shares & Workers en Francia, dijo que la directiva europea solo iba a abrir una nueva fase de lucha: “Nada nos asegura que los derechos en los que nos vamos a apoyar van a ser efectivos”.

Por su parte, Mafalda Brilhante, activista feminista y miembro de Precárixs Inflexíveis en Portugal, dijo, de acuerdo con Brave New Europe: “Hemos pedido que se desarrolle una legislación específica para proteger a esos trabajadores, para permitir una relación laboral. Las plataformas han decidido dejar de trabajar con los intermediarios, como una forma de presionar a los partidos de izquierda”. Martin Willems, de United Freelancers, de Bélgica, un sindicato de trabajadores autónomos, señaló: “La mayoría de los repartidores, ¿qué quieren? Que se paguen los tiempos de espera, que tengan un salario mínimo garantizado, que tengan seguro de trabajo, diálogo social para abordar los problemas. Quieren tener los mismos derechos que los demás trabajadores. Esa sería la solución. Las plataformas utilizan el argumento de la libertad para negar la protección social. Existe esta estafa de decir que le damos libertad a cambio de que no tiene derechos. No, queremos ambos. Queremos derechos para esos trabajadores, pero también queremos más autonomía y menos subordinación”.

Y Nuria Soto, de RidersXDerechos, afirmó, prosigue Brave New Europe: “Las plataformas están usando cualquier elemento para decir que somos nuestro propio jefe. Muchos ciclistas dicen que son autónomos, pero cuando les preguntas si quieren las cotizaciones a la Seguridad Social de un asalariado, responden 'sí'. Entonces, ¿qué quiere el rider, una cosa u otra? La lucha sindical es clave. Podemos crear alternativas basadas en el colectivo, no solo en el individuo personal. El sindicalismo y el cooperativismo van de la mano”.

“Lo que se está discutiendo no es solo cuál es la situación de los riders o de los conductores, sino del intento de imponer un nuevo modelo de relaciones laborales al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Esto no es un problema de los colectivos que hoy ya están afectados, sino que es una amenaza al conjunto de la clase trabajadora”, ha señalado el diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral en su intervención en el foro: “Con la Ley Rider española tanto los inspectores de trabajo como los representantes de los trabajadores van a tener la capacidad de abrir la 'caja negra' del algoritmo y acceder a eso que, en realidad, son las condiciones de trabajo que antes se recogían en un contrato. Este es el camino, necesitamos que los inspectores de trabajo se tecnifiquen y necesitamos tecnificar también la acción sindical, abrir las 'cajas negras' y poner los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el centro”.

La empresa alemana Delivery Hero, dueña del 37% de la española Glovo, acaba de adquirir un 5,09% de la plataforma británica Deliveroo, un movimiento que muestra que la firma teutona se encuentra en una fase expansiva que parece no tener fin y que llega tras no pocos sufrimientos.

En 2018, Delivery Hero vendió a la competencia por cerca de 1.000 millones de euros su firmas Lieferheld, Pizza.de y Foodora en Alemania. La compradora fue la holandesa Takeaway. Eran años de pérdidas para la compañía germana, que en ese ejercicio registró unos números rojos de 242 millones. En 2019, fueron de 648 millones y, en 2020, sólo en la primera mitad se estimó un quebranto por valor de 352 millones. Para este año, y tras el impulso que la crisis sanitaria ha dado al negocio del reparto a domicilio, acaba de elevar su previsión de facturación hasta un máximo de 6.700 millones.

La empresa, fundada en 2011 con el sueco Niklas Östberg al frente, parece no haber tenido nunca problemas para financiarse. El concepto que más defienden en Delivery Hero no es comercio electrónico al uso, sino algo así como “comercio electrónico rápido”, en el que los pedidos se entregan entre diez y quince minutos después de haber realizado la compra. Como en su participada española Glovo, no sólo pueden ser comidas, sino también productos de supermercado y hasta medicamentos. Se quiere así ser una suerte de Amazon ultrarrápido.

“Todo esto suena tan excitante e innovador que muchos inversores se fijan en Delivery Hero”, señalaba el especialista en asuntos bursátiles Christoph Scherbaum en el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ese diario conservador ha llamado “patito feo” de la bolsa a la firma de Östberg, en vista de las dificultades que pasaba antes de la pandemia la plataforma alemana.

Ahora, y tras la crisis sanitaria, Delivery Hero goza de números que muchos ven como indicadores de solidez. Basta mirar el precio de las acciones de la compañía germana. En 2017, cuando salió a bolsa, sus títulos estaban en 26,90 euros y su valor bursátil rondaba los 5.000 millones. Ahora se pagan a 114,80 euros el título y su capitalización supera los 28.500 millones.

En el Ibex alemán vía Wirecard

La plataforma de Östberg se aupó en la gran tormenta provocada en el sector de las empresas tecnológicas por el escándalo Wirecard. Ese fraude contable –Wirecard fingió tener en sus cuentas 1.900 millones de euros para atraer inversores– supuso hace justo un año la caída de la plataforma de pagos electrónicos del DAX, el índice bursátil de las grandes empresas equivalente al Ibex español. A Wirecard la sustituyó en ese selecto grupo de compañías Delivery Hero, pese a las pérdidas de ejercicios anteriores.

De acuerdo con las reglas que rigen el DAX, las empresas que quieran entrar en él han de llegar con un Ebitda (beneficio bruto operativo) positivo en los últimos dos ejercicios. No era el caso de Delivery Hero, empresa convertida por lo visto en 2020 en la excepción que confirma la regla. De ahí que el año pasado mucho del ruido mediático que generara entonces esta empresa tuviera que ver con explicar “por qué una compañía sin un céntimo de beneficios puede entrar en el DAX”, según recogía el diario berlinés Der Tagesspiegel.

El motivo fundamental de esa entrada seguramente tenga que ver con la proyección que parece mostrar la compañía, presente en medio centenar de países, en los que da trabajo a unas 25.000 personas, con unas condiciones laborales que, como es norma en el sector, generan polémica.

El año pasado, el Der Tagesspiegel recordaba cómo la plataforma alemana se marchó de Canadá después de que sus repartidores allí quisieran organizar un sindicato. “En muchos países, por ejemplo, en Colombia, hubo protestas por las malas condiciones de trabajo y las bajas remuneraciones”, escribía el periodista económico Thorsten Mumme en el Der Tagesspiegel. 

Una cuestión que no parece preocupar a Östberg, que ha dicho que en el mercado de las entregas de comida a domicilio hay mucho margen de mejora. Pero no tanto en sus condiciones laborales, como en la calidad del servicio.

“No sé cómo son sus experiencias, pero yo cuando pido comida, siempre tarda una hora o hora y media y luego recibo un miserable recipiente con papel de aluminio cuyo contenido se ha desbordado y...puh”, decía en una entrevista publicada en mayo en las páginas económicas del Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Con operaciones en cerca de 50 países, Delivery Hero está especialmente presente en Asia y el mundo árabe, aunque también tiene importantes negocios en Latinoamérica y en varias naciones europeas, como Suecia, Países Bajos, Reino Unido o España, a través de Glovo, en cuyo capital entró en 2018.

El grupo adquirió en octubre un 7,5% de Glovo a AmRest (dueño de marcas de restauración como La Tagliatella) por 76,15 millones de euros y el pasado abril, se reforzó en una ampliación de capital en la que suscribió más de la mitad del importe de la operación, 229 millones. Aumentó así hasta el 37% su participación en Glovo, que estos días es noticia en España por el nuevo sistema de pago con precios a la baja para sus repartidores que ha puesto en marcha esta multinacional tras la entrada en vigor de a Ley Rider.

Desde este mes, trabaja en Berlín para Delivery Hero la empresa de envío de comidas a domicilio Foodpanda. La pandemia ha animado a Östberg y compañía a volver al mercado alemán, donde se libra un auténtico todos contra todos. En Berlín, por ejemplo, las start-ups Gorillas y Flink ocupan parte del mercado. La firma turca Getir promete envíos en 10 minutos y además están presentes en la capital teutona la estadounidense Uber Eats y la finlandesa Wolt.

La presencia de tantos actores en el sector demuestra que este “mercado es muy, muy atractivo”, declaraba al semanario económico WirtschaftsWoche Artur Schreiber, responsable de Foodpanda y hombre de confianza de Östberg en Delivery Hero.

El Partido Popular vuelve a pedir ayudas a las empresas como Glovo y Deliveroo, condenadas por usar falsos autónomos, a propósito de la entrada en vigor de la llamada 'Ley Rider'. El partido dirigido por Pablo Casado ha pedido al Ministerio de Trabajo que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz ayudas para las empresas “afectadas” por la implantación de la norma.

Así lo ha difundido el diputado José Ignacio Echániz en sus redes sociales. El parlamentario ha registrado una batería de preguntas en el Congreso, junto al portavoz del PP de Trabajo, Diego Movellán, y a Javier Bas, recoge la agencia Europa Press.

Las preguntas plantean la posibilidad de impulsar compensaciones económicas a las empresas afectadas por posibles pérdidas en la actividad y facturación derivadas de la entrada en vigor de la nueva 'Ley Rider', así como un subsidio o prestación a los trabajadores que dejen de ser contratados por las plataformas digitales, indica la agencia. Echániz solo destaca en Twitter las ayudas para las compañías.

Mientras, desde que entró la ley en vigor el pasado 12 de agosto, se han organizado varias protestas de repartidores de Glovo que denuncian que la multinacional les hace competir con precios a la baja en el nuevo modelo “inédito” de autónomos que ha lanzado y con el que se resiste a contratar a los mensajeros.

Hay que recordar que el PP recurrió ante el Constitucional la legislación que pretende acabar con el abuso de los falsos autónomos en estas plataformas digitales de reparto, que afirman que se excede en el uso del decreto-ley. El recurso fue presentado después del anunciado por Vox, en el mismo sentido.

El PP pidió una amnistía millonaria para las empresas

No es la primera vez que el PP solicita un apoyo económico a las empresas digitales de reparto, cuya historia laboral en España está protagonizada por años de persecución de la Inspección de Trabajo por el abuso de falsos autónomos, que ha acabado en los tribunales con sentencias hasta del Supremo (en caso de Glovo y Deliveroo) que reconocen la laboralidad de los mensajeros.

Durante la tramitación parlamentaria de la Ley Rider, el PP y el PdeCAT presentaron una enmienda en la que se pretendía sacar adelante una amnistía millonaria para las empresas, a las que se quería perdonar el dinero adeudado en cotizaciones sociales impagadas a la Seguridad Social. Cuando se aprobó la norma alcanzaba en torno a los 26 millones de euros. La enmienda no salió adelante, como informó El Periódico.

Además de las nuevas preguntas presentadas por el partido, el PP ha registrado la solicitud de comparecencia de la vicepresidenta de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en el Congreso para dar cuenta del impacto de la entrada en vigor de esta regulación. El partido también quiere saber qué actuaciones está llevando la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para dar cumplimiento a esta norma.

El PP pide también explicaciones a la vicepresidenta Díaz por la pérdida de “más de 4.000 empleos” que, asegura, supondrá el cese de la actividad de la compañía Deliveroo en España, recoge Europa Press. Deliveroo mientras apura sus últimos pasos en España. La compañía afirmó a elDiario.es que seguiría funcionando con su modelo invalidado por los tribunales por usar falsos autónomos pese a la entrada en vigor de la nueva legislación. En septiembre tiene previsto iniciar las consultas para salir del país, para lo que dará de alta a los trabajadores y parece que pretende acometer un ERE, según fuentes del sector.

Llegó el día. 12 de agosto. Entra en vigor la llamada 'Ley Rider' que el Gobierno aprobó para combatir el fraude de falsos autónomos en las plataformas digitales de reparto, que durante años han acumulado infracciones de la Inspección de Trabajo y condenas en los tribunales. La regulación supone la presunción de laboralidad de los mensajeros, en un intento del Ministerio de Trabajo de reforzar el estatus laboral de estos trabajadores. Aunque hay compañías que han adaptado sus modelos de negocio, muchos riders seguirán trabajando como autónomos este jueves pese al despliegue de la regulación. Deliveroo, que planea irse de España, afirma que continuará operando como hasta el momento y Glovo mantendrá a un 80% de sus repartidores también como autónomos, aunque con un modelo renovado que, asegura, cumple con la legislación.

La entrada en vigor de la Ley Rider se esperaba como un día decisivo para descifrar el futuro del sector. El Ejecutivo aprobó la regulación en mayo, pero dio tres meses a las empresas para que adaptaran sus negocios al nuevo estatus laboral de los trabajadores. En este tiempo, las compañías más destacadas del llamado 'delivery' han guardado cautela, sin desvelar al público –ni a sus competidoras– cómo se reconvertirían para cumplir con la nueva legislación, respaldada por la mayoría del Congreso y recurrida ante el Constitucional por Vox y más tarde también el PP.

Uber Eats y Stuart, dos de las compañías perseguidas por la Inspección de Trabajo por el uso de falsos autónomos, han apostado por virar hacia un modelo laboral, aunque con diferencias. Uber Eats ha comunicado a sus mensajeros que no podrán seguir operando como autónomos a partir de este jueves y los redirige a terceras empresas si quieren seguir repartiendo, por lo que parece que se basará al completo en subcontratación. A preguntas de este medio, en Uber Eats apuntan que la empresa está comprometida “con ser un socio a largo plazo para España”, par lo que han adaptado el negocio “a la nueva normativa en el plazo indicado a tal efecto”. “Confiamos en que el Gobierno asegure que todas las plataformas del sector cumplan con la ley”, añaden.

“Stuart ya ha empezado un proceso de contratación directa de una parte importante de su flota. Al mismo tiempo, y como contempla la nueva normativa, también contaremos con repartidores que provengan de flotas profesionales”, responden en esta otra compañía, con menos presencia en España. Stuart apunta que “está haciendo los máximos esfuerzos para que la mayor parte de su flota sea contratada directamente” y que, por el momento, “tiene más de 300 'drivers' empleados”.

Deliveroo apura hasta el último momento

Deliveroo y Glovo son las únicas empresas destacadas del sector que reconocen que continuarán operando con autónomos a partir de este jueves pese a la nueva legislación. “Los riders continuarán con su actual modalidad de prestación de servicios como autónomos y las operaciones continuarán en la práctica tal y como se han llevado a cabo hasta ahora”, explican desde Deliveroo a elDiario.es.

La multinacional británica iniciará en septiembre el proceso de consulta entre sus trabajadores para su salida del país, que en el sector dan por segura. Por el momento y pese a la nueva regulación, en Deliveroo indican que mantendrán su actividad con el modelo que han invalidado los tribunales, incluido el Supremo.

Por otro lado, la multinacional afirma también que está dando de alta como trabajadores por cuenta ajena a sus mensajeros. “Los riders están recibiendo el alta en la Seguridad Social con el fin de participar en el próximo proceso de consulta sobre la propuesta de salida de Deliveroo de España. El objetivo es asegurar que los riders estén representados durante el proceso de consulta”, afirman desde la compañía. elDiario.es ha preguntado a Deliveroo cómo va a mantener funcionando su modelo de autónomos con repartidores que está dando de alta como asalariados, pero no ha recibido una respuesta.

La operación de Glovo para seguir con autónomos

La postura de Deliveroo es interpretada como una maniobra de salida, en la que la empresa no se ha molestado en adaptar su modelo en sus últimos coletazos en el país. La estrategia de Glovo es diferente y ha renovado su modelo con vistas al futuro. La multinacional fundada en Barcelona sigue apostando por funcionar con una amplia mayoría de repartidores autónomos, un 80%, según las cifras que ha facilitado la propia empresa. A estos se sumarán unos “2.000 riders” contratados laboralmente por Glovo, anunció la compañía.

En la presentación de su nuevo modelo, Glovo anunció que se había rodeado de bufetes de abogados (como Sagardoy y Roca Junyent) para modificar algunos elementos de su actual sistema y que, así, se adaptara a la legislación laboral en España.

Los cambios más destacados consisten en que la empresa no asigna franjas horarias, sino que los repartidores pueden conectarse a cualquier hora para trabajar (como ocurría en Uber Eats), y que los mensajeros pueden modificar un poco –por encima y por debajo– el precio que reciben por pedido, sobre una base que sigue fijando la multinacional. “No tenemos ninguna capacidad de fijar precios con el restaurante ni con el cliente. Aunque dicen que no, pensamos que Glovo va a priorizar en los repartos a los riders más baratos”, explica un repartidor.

“El plan de transición de Glovo se ha iniciado, incluyendo los procesos de contratación y el lanzamiento de la nueva app para el modelo inédito, que sigue los criterios establecidos por la sentencia del Tribunal Supremo y el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, sostienen desde Glovo a este medio. La empresa no responde sobre si este nuevo sistema estará operativo en todas las ciudades desde este jueves, una duda que asaltaba en grupos de repartidores a unas horas de la entrada en vigor de la norma.

Por otro lado, Just Eat mantiene su modelo de repartidores con contratos laborales, sobre todo, basado en la subcontratación. La multinacional anunció que también estaba iniciando contrataciones directas de repartidores, pero aún no ha desvelado a cuántas personas afecta y ha dado el paso de iniciar la primera negociación con sindicatos de un convenio colectivo en el sector.

Y, aunque el 'delivery' asiste a la salida de Deliveroo, este verano ha desembarcado en España la empresa alemana Gorillas, dedicada sobre todo al envío de “alimentos y productos para el hogar en menos de 10 minutos” con “bicis ecológicas”, indican desde la empresa, que apuesta por la contratación laboral directa de todo su personal. “No tuvimos que hacer ningún ajuste especial para el mercado de España porque diseñamos nuestra relación laboral de esta manera para todo Gorillas a nivel mundial”. “Todo el material que necesiten nuestros trabajadores para realizar sus labores es proporcionado por la empresa: desde los uniformes, equipo de protección personal, chubasqueros, cascos, botellas de agua reutilizables...”, explican en Gorillas a este medio.

La conflictividad continúa

Una de las primeras conclusiones del despliegue de la Ley Rider es que ha motivado cambios en la política laboral del sector. Puede parecer obvio, pero no lo es tanto. En el mundo del derecho laboral hay voces que consideran que la regulación es innecesaria, porque con el Estatuto de los Trabajadores en la mano estos repartidores ya estaban siendo considerados falsos autónomos. Sin embargo, las multinacionales de reparto han mantenido su actividad pese a las condenas y las resoluciones de la Inspección de Trabajo y solo han comenzado los cambios una vez se ha aprobado este refuerzo de la laboralidad.

Pero otra conclusión clara es que la entrada en vigor de la norma no ha acabado con la conflictividad. No solo contra los falsos autónomos, sino también sobre posibles cesiones ilegales de plantilla. El uso de autónomos por parte de Glovo ya está siendo analizado por los sindicatos CCOO y UGT, a e consideran que burla la legislación y han pedido al Gobierno que haga cumplir la norma. CCOO en Catalunya ha anunciado una denuncia del nuevo modelo de Glovo ante la Inspección de Trabajo.

“Las empresas lo que están haciendo es intentar seguir saltándose la legislación. Glovo va a cambiar cuatro cosas de la aplicación y va a seguir con autónomos; y Uber Eats va a cambiar a los autónomos por subcontratas, que es una cesión ilegal de trabajadores”, considera Daniel Gutiérrez, miembro de RidersxDerechos. En el colectivo que lideró la lucha contra los repartidores falsos autónomos en España consideran que “el Ministerio de Trabajo debe ponerse serio” tras el plazo que dio a las empresas para que se adaptaran a la regulación. “Y si las denuncias tienen que ir por lo penal, ya que se están saltando la legislación continuamente, es una opción que está ahí”, considera Gutiérrez.

En la Asociación Unificada de Riders (AUR) indican que varios repartidores van a demandar a Uber Eats por despido y por cesión ilegal de trabajadores, de la mano del bufete de abogados SBO, que ganó en el Supremo a Glovo. “Nos estamos quedando muchos repartidores en la calle. Nos están mandado a las subcontratas que ofrecen unas condiciones de precariedad absoluta y no tienen en cuenta nuestra antigüedad. Hay gente que lleva años repartiendo con Uber Eats. La compensación que dan por la gasolina no cubre la actividad, es una miseria”, lamenta su portavoz, Fernando Roan.

Iba a explicarles la impresión que me produjo ayer que, en un ascensor, alguien me pusiera bajo las narices un reloj horrible, kitschs, inasumible y que girándolo, para que viera la corona del cierre, me dijo: 360.000 euros. No era mal tema el del parvenu, arrancado de la miseria, que no duda en dilapidar lo que ingresa en lujos extraños que le vuelven el hazmerreir. No obstante en términos sociales, resulta aún más inescrutable, más obsceno, esa corriente que pretende convencernos del grave daño social que supone deshacernos de los jetas que se quieren forrar a base de pisotear los derechos que durante años se lucharon y se pelearon.

No sé, tal vez pueda comprender mejor al rapero muestrario que al economista neoliberal que nos echa la bronca por poner coto a lo inadmisible.

Las nuevas tecnologías han sido un terreno abonado para que algunos hicieran de su capa un sayo. El emprendedor que lo emprenda buen emprendedor será. Saltarse las reglas del juego no es buena idea. Un buen montón de gente ha pretendido forrarse a base de inventar modelos de negocio, aparentemente novedosos y modernos, pero que no suponían sino el intento vía aplicación, de saltarse todo aquello que los empresarios convencionales están obligados a respetar. Así, claro, todo vale. Fíjense que cualquier negocio que imaginen en el que los costes de personal queden reducidos por la inoperancia de los derechos incrementa de forma exponencial sus posibilidades de rentabilidad. ¿Las plantaciones de algodón en las que campaba Escarlata O’Hara hubieran sido factibles con agricultores asalariados y con derechos occidentales? No hay más preguntas.

Primero ha sido el llanto por la marcha de Deliveroo. Se van porque Glovo y los demás les han comido la tostada, eso para empezar, pero si su defección es debida a la ley que aplica a los riders (llamar a los repartidores esclavizados con un nombre guay forma parte del sistema) los derechos comunes a todos los trabajadores, sólo queda sacar el pañuelo y despedir el duelo. Inventarse un modelo de negocio en el que uno soslaya todos los derechos de los trabajadores es tan fácil como convertirse en un negrero. No lloren por una escabechina que nunca fue. No hay trabajadores que se queden en la calle: precisamente la empresa lleva meses peleando en los tribunales que no son sus trabajadores. No son los peligrosos comunistas los que les impiden aceptar lo inaceptable sino el propio Tribunal Supremo. En esto consiste parte del escudo de protección que nos hemos dado, en protegernos incluso de nosotros mismos impidiendo que la necesidad nos lleve a aceptar lo socialmente inaceptable. No aceptamos ser esclavos, no aceptamos vender órganos, no aceptamos renunciar a lo que nos es debido. El Estado de Derecho nos lo impide y con razón.

La misma genialidad, la de hacer negocio y forrarse explotando o vulnerando derechos, ha tenido varios reveses más estos días. Vean los pisos turísticos, por ejemplo. La novedosa idea era inventar una aplicación que permitiera crear un mercado turístico paralelo exento de las obligaciones e impuestos a los que vienen obligado el mercado general. Una competencia desleal con visos de modernidad y con un grave perjuicio para vecinos, barrios y ciudades. Ahora se quejan porque hicieron inversiones para forrarse con la especulación de alquilar sus pisos como si fueran hoteles pero sin las obligaciones de estos. Afortunadamente hasta los alcaldes del PP se han dado cuenta del daño irreparable y de la supina injusticia que suponía el afán de lucro de algunos sumado a la jeta inveterada de los que creen que una aplicación o una página web sirven para saltarse décadas de regulación. A Carmena la pusieron a caldo por pedir que los pisos turísticos en Madrid sólo pudieran ser aquellos que tuvieran una entrada independiente que no molestara ni deteriorara la vida de los vecinos habituales. Lo cierto es que fue o demasiado considerada o torpe porque puso una condición imposible. Almeida ahora lo deja claro, y le tengo que aplaudir, o eres un primero o un bajo o no puedes instalar un piso turístico. Espero que además los controlen y les cobren los impuestos pertinentes y les apliquen la misma normativa que al resto. ¿Saben, qué? Que probablemente con esta igualdad de trato no traiga cuenta pillarse uno de estos y sea más eficiente acudir a un hotel. Los jetas que emprenden por encima de la ley.

Las cocinas fantasma. No saben la pesadilla que las grandes ciudades han sufrido con el auge de la comida a domicilio. Es como una bola en papilla. Primero se inventan la app que explota repartidores y luego nos damos cuenta de que los sitios están muy lejos a veces de los consumidores y los explotados tienen que rular mucho, así que nos sacamos de la manga las cocinas fantasma en medio de la urbe para entregar aún más rápido. Colegios con tiros de chimeneas industriales junto al recreo, vecinos cuyos patios han visto crecer infames monstruos metálicos para arrojar humo y olores, calles saturadas de motos y bicis de repartidores… Les van a hacer una pasada por las normas. Una vida inhumana a cambio de que los listos que se inventan modelos inviables puedan hacer de las suyas.

Me gusta cuando les espeto a los absurdos teóricos neoliberales que sí, que el empresario es una figura necesaria socialmente, pero que sólo cuando consigue levantar un negocio rentable sobre los pilares de los derechos de los trabajadores y el Estado de Derecho. Lo otro, lo otro es querer convertir la esclavitud en un estado cool en las redes y, afortunadamente, aún quedamos muchos que estamos dispuestos a impedirlo.

Los Rolex del dinero fácil son muy horteras. Sólo por eso es para pensarse tener uno. Otro día les cuento lo del rapero. 

El Tribunal Supremo ha confirmado una condena a Deliveroo por despido nulo a nueve repartidores a los que echó tras protagonizar protestas y movilizaciones en Barcelona en 2017 para reclamar mejoras laborales. El Alto Tribunal rechaza el recurso que presentó la multinacional británica de reparto y declara así la fijeza de la sentencia, que condenó a la compañía a readmitir a los riders en sus puestos, a abonarles los salarios dejados de percibir desde su despido (dos años), las vacaciones adeudadas y, además, a pagar una indemnización de 6.251 euros a cada uno por vulneración de derechos fundamentales.

RidersxDerechos, colectivo al que pertenecen demandantes de este proceso judicial, han informado de la victoria judicial en redes sociales. “Después de cuatro años de lucha lo hemos conseguido”, han destacado en su perfil de Twitter. Contra el auto del Supremo ya no cabe recurso, por lo que fuentes de RidersxDerechos afirman a elDiario.es que esperan que la multinacionalidad pague con prontitud todas las cantidades que adeuda a estos mensajeros.

La sentencia que condenó en primera instancia a la compañía, del juzgado de lo social número 31 de Barcelona, fue la primera que concluía que un grupo de varios riders eran falsos autónomos. Esa fue una conclusión de partida del magistrado, antes de entrar a valorar las circunstancias del despido que denunciaban los afectados. Los mensajeros consideraban que Deliveroo les había “echado” –rescindido sus contratos mercantiles para poder repartir– como consecuencia de las movilizaciones de trabajadores que reclamaban poco antes mejoras en sus condiciones a la empresa.

El juez concluyó, salvo para un denunciante, que existía despido nulo en el caso de nueve de los afectados. Deliveroo “despidió” a los riders justificando en la mayoría de casos que estos no se habían adherido a unos nuevos contratos de colaboración, pero el juez resuelve que en realidad existen indicios de que se trata de una represalia de la compañía por las protestas laborales de los mensajeros. Dado que la empresa no desmontó estos indicios, el magistrado considera que los despidos fueron nulos y que Deliveroo vulneró los derechos fundamentales de los mensajeros.

En el caso concreto de uno de los afectados, Deliveroo alegó su despido por “una embriaguez durante la prestación del servicio”, imputación que “ni ha acreditado ni ha intentado acreditar de modo alguno”, desmontó el juez. En este caso, el magistrado señaló que “los indicios de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad, del derecho a la libertad sindical y del derecho de huelga son sobrados: en las semanas previas a la extinción el 25.04.2017 el señalado demandante había enviado la carta en la que se reclamaba de la empresa una mejora en las condiciones de su relación con la empresa, había participado en las movilizaciones frente a la política empresarial y se había destacado como persona que se designaba para ser miembro del comité de huelga, acudiendo a la mediación en nombre del mismo”.

“Los repartidores, como todo trabajador, debían tener garantizado que la circunstancia de mandar una carta a la empresa reivindicando mejoras, salir en prensa denunciando que son falsos autónomos, concentrarse ante la empresa, o convocar una huelga, no daría lugar a un 'rediseño' que implicara que o aceptaban unas condiciones unilateralmente impuestas o se ponía fin a la relación. Al no haberse garantizado esa indemnidad, sino todo lo contrario, es procedente la calificación de nulidad”, resolvió el juez sobre la mayoría de afectados.

La nulidad del despido implica la condena a la empresa a readmitir a los denunciantes en sus puestos, con las mismas condiciones previas al despido, así como a abonarles los salarios dejados de percibir hasta la fecha de la sentencia. En total, casi dos años.

El fallo también condenó a Deliveroo a abonar a los demandantes “cantidades en concepto de liquidación de vacaciones”, incrementándose todas ellas en el interés moratorio del 10% anual. Las cuantías van de los 124 a los 628 euros.

Por último, condenó a la compañía a abonar a los afectados por los despidos nulos “la suma de 6.251 euros en concepto de indemnización por vulneración de derechos fundamentales”.

El Tribunal Supremo respalda la laboralidad de los riders por segunda vez. El alto tribunal ha inadmitido el recurso planteado por Deliveroo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid que consideró falsos autónomos a más de 500 repartidores de la multinacional en Madrid. “El Supremo no aprecia interés casacional”, ha celebrado el bufete Colectivo Ronda, que defiende a mensajeros. El Supremo rechaza en su auto las pretensiones de Deliveroo al considerar que ya ha fallado sobre esta cuestión en su famosa primera sentencia sobre estos repartidores de plataformas digitales, en la que consideró que un ex mensajero de Glovo era falso autónomo.

El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, establece que “la falta de contenido casacional es clara conforme a lo expuesto en la presente resolución al haberse pronunciado esta Sala Cuarta sobre la cuestión”.

El Supremo se remite así a su sentencia del pasado 25 de septiembre, que analizó por primera vez el trabajo de reparto en plataformas digitales y que concluyó que el demandante Isaac Cuende, un ex repartidor de Glovo, era falso autónomo. Aunque la sentencia se refería a un solo repartidor, el Supremo ya desgranó en este fallo conclusiones mucho más generales, que señalaban que los riders son trabajadores y que la empresa (Glovo) no era “una mera intermediaria”.

Sentencia firme para 500 mensajeros en Madrid

Los magistrados del alto tribunal, con Juan Molins García-Atance como ponente, firman este importante auto, ahora referido a otra plataforma digital de reparto (Deliveroo) y a un amplio número de repartidores.

El Supremo recuerda que, conforme a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, puede inadmitir recursos “por falta de contenido casacional” cuando estos “se interpongan contra sentencias cuyas decisiones sean coincidentes con la doctrina sentada por esta Sala del Tribunal Supremo”. De esta manera, los jueces estiman que la sentencia del TSJ de Madrid que hacía laborales a más de 500 repartidores de Deliveroo en Madrid –tras la actuación de la Inspección de Trabajo– es “coincidente” con la doctrina del Supremo del pasado septiembre sobre Glovo.

El auto recuerda que la sentencia del TSJ de Madrid estableció que había dependencia de los trabajadores respecto a Deliveroo, por ejemplo mediante el control de que “el repartidor realiza correctamente su actividad”, para lo que está localizado “mediante GPS”. “Los repartidores se encuentran incardinados en el ámbito rector, organizativo y de dirección de la empresa, pues los medios puestos por el repartidor (moto o bicicleta, y teléfono móvil) son muy poco significativos, en comparación con la importante organización estructural necesaria para la actividad”, recoge el texto.

El tribunal de suplicación también detectó “ajenidad”, otro elemento que inclina la relación de las partes como laboral y no autónoma, “porque es la empresa la que asume el riesgo y ventura de la operación y, la que responde frente a los clientes”.

El Supremo acaba así con las pretensiones de la multinacional británica, que quería tumbar este pronunciamiento con el argumento de que era contrario a la doctrina de una sentencia del TSJ de Cantabria. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre este medio millar de repartidores de Deliveroo ya es firme, por tanto. El procedimiento judicial fue iniciado por la Tesorería General de la Seguridad Social que reclamaba a Deliveroo “algo más de 1,2 millones de euros” por las cotizaciones sociales impagadas por sus trabajadores.

Deliveroo ha difundido un comunicado sobre este veredicto. “Respetamos pero no compartimos la decisión del Tribunal Supremo de no analizar nuestro caso, tal y como expresamos en nuestro recurso”. La multinacional afirma que el auto “hace referencia a un modelo de colaboración del pasado y no refleja la forma en la que los riders colaboran con Deliveroo hoy en día”.

El pronunciamiento del Supremo llega cuando está a punto de llegar al Congreso de los Diputados la llamada Ley Rider, que refuerza la laboralidad de los repartidores de plataformas digitales, después de años de infracciones por usar falsos autónomos en empresas como Glovo, Deliveroo y Uber Eats, entre otras. Las asociaciones afines a las empresas, que defienden el modelo de autónomos, se están movilizando en estos días para intentar tumbar la nueva regulación. Entre muchos repartidores hay una gran inquietud sobre qué harán las multinacionales de reparto para adecuarse a la legalidad en los próximos tres meses y sobre si los cambios repercutirán en un empeoramiento de sus condiciones laborales.

Desde Deliveroo insisten en que la empresa “lleva mucho tiempo defendiendo el derecho de los riders a trabajar de forma flexible”, que asegura que es “lo que desean por encima de todo”. La empresa destaca las manifestaciones de repartidores convocadas por las asociaciones afines –a las que Glovo recomendó uniser para protestar contra la legislación– “defendiendo su deseo de mantenerse como autónomos y buscaremos una forma de trabajar que responda a esas peticiones”.

“Lo que hay que hacer es troncharles las piernas con el parachoques”. “Ten cuidado con insultar, a ver si voy a ir a tu casa (...)”. “Te estás cavando tu propia tumba”. “Ojalá le paren y le metan una paliza a este HIJO DE PUTA”. “¡Que parezca un accidente!”. Estos son solo algunos de los ataques y llamadas a la violencia dirigidos contra repartidores conocidos por sus denuncias públicas del modelo de falsos autónomos de empresas como Glovo, Deliveroo y Uber Eats. Los mensajes sobre todo señalan a Fernando García, vinculado a UGT, y también a Nuria Soto, una de las caras más conocidas de RidersxDerechos. Los comentarios citados están recogidos en varios chats controlados por asociaciones de repartidores afines a las multinacionales y favorables al modelo de autónomos, como AAR, Repartidores Unidos, APRA y AUR. En muchos casos, los ataques no han sido borrados por los líderes de las organizaciones. Tampoco reprochados ni criticados. “Es un acoso que ha ido escalando más y más. Ya es insostenible”, explica a elDiario.es el principal afectado, Fernando García.

El repartidor muestra a este medio varios de los ataques que ha sufrido en estos últimos meses en los chats de WhatsApp y Telegram de las asociaciones y que tiene recopilados en una denuncia en la Policía Nacional por acoso, que ha podido consultar elDiario.es.

“Hace dos meses, en marzo, estaba esperando un pedido de Glovo y me pegaron en la calle. No fue muy grave, me pegó otro repartidor y me hizo un esguince en la mano, así que también uní esto a los hechos denunciados a la Policía previamente. Con la aprobación de la Ley Rider, las amenazas y los insultos están siendo continuos. Es demasiado”, cuenta Fernando García sobre por qué ha decidido denunciar públicamente el acoso. Fuentes de Glovo indican que la empresa “atiende a cualquier requerimiento de información realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el marco de cualquier investigación abierta”. Sobre este caso añaden que se trata de “un procedimiento confidencial que no estamos autorizados a compartir”.

Hay varios grupos en los que existen mensajes de este tono violento, que son administrados y gestionados por los líderes de las organizaciones a favor del modelo de autónomos y afines a las plataformas: ya sea por Badr Eddine Hilali, conocido como Naruto, presidente de AAR; Jordi Mateo, portavoz de APRA; Gustavo Gaviria, fundador de Repartidores Unidos, y Fernando Roan, presidente de AUR.

Estas asociaciones han sido impulsadas desde las propias empresas. Glovo llamó a sus repartidores a que se movilizaran contra la Ley Rider y recomendó estos colectivos porque ya tenían voz en los medios de comunicación y sus acciones lograban ser escuchadas en la prensa. Deliveroo, por poner otro ejemplo, ha difundido entre sus riders correos para que afilien a AAR y recauda las cuotas de los socios de la organización, como confirmó en su día Naruto a elDiario.es y recoge el Acuerdo de Interés Profesional firmado el octubre pasado entre las partes.

Fernando García relata que ya no ha trabajado en la última semana, en la que se aprobó la conocida como Ley Rider, por temor a una agresión. “No puedo estar así, sin trabajar, sin ganar dinero. Tengo compañeros y amigos que me dicen 'Fernando no salgas, no sabes lo que dicen por ahí de ti'... Esto va a peor y a peor, porque se ven impunes. Dicen estas amenazas en los grupos de las asociaciones, ponen montajes con fotos personales mías, mi dirección... y no pasa nada, no hacen nada”, critica el repartidor.

Además, esta semana se ha hecho viral en las redes sociales un vídeo del pasado mes de marzo, en el que Fernando García dice que Gustavo Gaviria es un “directivo de Glovo”, algo que no es cierto, lo que ha incrementado los ataques contra el rider. “Dije directivo, pero me refería a que él había sido mi jefe, era coordinador, encargado o como se quiera decir de Glovo. Gustavo Gaviria coordinaba a los repartidores de la flota de madrugada, que éramos 30 y pico en ese momento en Madrid. Era el encargado de esa flota, sacaba y metía a gente... Era mi jefe, eso quería decir”, explica el mensajero.

Nuria Soto, una de las portavoces de RidersxDerechos más activas, también ha sufrido más ataques en estos grupos en la última semana. Dos días después de que el Gobierno aprobase la regulación para laboralizar a los repartidores de plataformas digitales, uno de los participantes más activos del grupo de Repartidores Unidos colgó su teléfono y animó al resto de participantes a llenar el móvil de “sms”. “He recibido muchas llamadas y cuelgo rápido cuando veo de qué van. Me dicen que ojalá me vaya al paro, que soy una hija de puta, etc. También me mandan mensajes por privado... Que si 'puta' y cosas así. No es la primera vez, también pasaron por el grupo mi currículum y eso se permite, que es lo importante, los grupos de las asociaciones lo permiten”, destaca Soto a elDiario.es.

Más que insultos: mensajes que incitan la violencia

Este medio ha podido comprobar la existencia de varios comentarios que incitan a la violencia contra García y Soto, en específico, y más en general contra los repartidores movilizados en RidersxDerechos contra el modelo de autónomos. A continuación se reproducen algunos ejemplos:

“Vamos a robar a este gilipollas cuando lo veamos por la calle. Vamos a robarlo y darle una coñaza”. “Lo que hay es que troncharles las piernas con el parachoques. Sobre todo al Fer ese” “+1. No lo he dicho antes por si me tachaban de asesino”. (Mensajes en el grupo público de Repartidores Unidos, con Gustavo Gaviria como propietario con varios administradores, como Jordi Matero de Apra).

“Ten cuidado con insultar. A ver si voy a ir a tu casa...”. (Grupo privado gestionado por AUR).

“Tú mismo te estás cavando tu propia tumba Fernandito. (...) Alguno que vea que no puede alimentar a sus hijos llegado el caso podría llegar a lincharte si te viera por la calle...” (Grupo gestionado por Naruto, de AAR).

En el caso de Fernando García, en varios grupos –sobre todo en AUR– se han difundido montajes y fotografías privadas del repartidor, descargadas de su perfil de Grindr. “Ya no uso la aplicación, porque no me puedo ni fiar de nadie con el que pueda interactuar después de lo que ha pasado. Han mandado en grupos de trabajo fotos mías porno o montajes. En chats de trabajo o en estos grupos de repartidores. Pueden ser fotos que yo haya compartido libremente en Grindr, pero no para que hagan esto con ellas. Es mi intimidad”, afirma el repartidor. Uno de los líderes de estas asociaciones, Naruto (AAR), ha utilizado memes con fotos de índole privada de García, de Grindr, según ha podido comprobar este medio.

Fernando García y Nuria Soto destacan además que en estos grupos se han difundido datos personales suyos, incluso el domicilio, lo que les señala y les pone en “el punto de mira”.

Los líderes de las asociaciones rechazan responsabilidad

elDiario.es ha contactado con los cuatro líderes de las asociaciones de repartidores mencionadas, que rechazan tener responsabilidad sobre los mensajes que se difunden en sus grupos. Aunque hay diferencias.

Por un lado, Naruto (AAR) y Fernando Roan (AUR) defienden que no tienen por qué rechazar este tipo de mensajes en los chats que administran. “No hice nada a nadie y, si fuera el caso, que vaya a denunciar. Está en su derecho. Como sé que soy una figura pública ni me molesto de esas chorradas”, responde Naruto. “Yo respondo por mí, no por lo que dice el vecino”, añade. Por su parte, Roan afirma que en su chat hay una un bot que “banea ciertas conductas” irrespetuosas, pero rechaza su responsabilidad en esta tarea. “No soy el padre de nadie, la libertad y automoderación son los pilares fundamentales del grupo”.

Fernando Roan destaca que “Fernando García en mi grupo solo entra para insultar”, sobre lo que manda varios mensajes en los que el repartidor de UGT escribe que el grupo es un “estercolero” y en el que duda de que exista algún trabajador “honrado”. “Frases las cuales no ayudan para una correcta relación entre compañeros, los compañeros estamos muy cansados de sus mentiras que difunde por grupos”, destaca Roan.

Jordi Mateo, de APRA, justifica la “crispación”. “La crispación es del todo comprensible cuando está en juego tu futuro laboral, pero los insultos nunca son la forma. Desgraciadamente, es un recurso que puntualmente se usa tanto entre los grupos pro-contrato como los pro-autónomos. Desde APRA siempre hemos condenado ambas y lo seguiremos haciendo”, responde.

Por otro lado, Gustavo Gaviria de Repartidores Unidos condena los comentarios violentos, como aquellos en los que “le enviaron la foto de Benito Mussolini” muerto, así como los mensajes homófobos, que “hacen burla” de sus fotos de Grindr. Gaviria asegura que en su grupo no se permiten, para lo que hay un código de moderación, por el que se regula que se deben eliminar y las personas que los profieran pueden ser expulsados. “Aun así, es tal el volumen de mensajes que a veces puede colarse alguno, en este sentido estamos reforzando la lista y eficiencia de los administradores. Yo mismo he llegado a borrar auténticas barbaridades”, responde.

Sin embargo, elDiario.es ha comprobado multitud de mensajes que incitan a la violencia en el chat de Repartidores Unidos, varios de ellos de participantes del grupo muy activos, con los que Gustavo Gaviria interactúa con normalidad sobre otras cuestiones, así como Jordi Mateo. Muchos permanecen sin borrar.

Gaviria también destaca la actitud de Fernando García, que considera que genera crispación a menudo en los grupos. “Aunque es cierto que Fer es muy provocador (responde a la gente con ”blablablabla“, ”mafiosos“, ”sapitos de la oficina“ y cosas así), lo que no puede ser es que la gente responda con amenazas y cosas así”, sostiene. El líder de Repartidores Unidos critica que García ha proferido muchas “mentiras” sobre él que también le han causado “un daño importante tanto en imagen como a nivel personal”. Esta última semana, Gaviria señaló a García por el comentario sobre que era un “directivo” de Glovo (incorrecto) y anunció una demanda contra él, que aún no ha presentado, según explica a este medio.

“Normalizan los ataques”

UGT publicó hace unos días un informe en el que llama la atención sobre estas prácticas y mensajes violentos en los chats de las asociaciones afines a las empresas. “Al igual que con las plataformas y su modo de burlar la ley sistemáticamente, se fue generando una sensación de impunidad entre los miembros más fanatizados de las asociaciones. Lo que llevó a que los comportamientos se agravaran de modo progresivo. Se hicieron frecuentes, entonces, los ataques más despreciables, dando paso a un todo vale realmente lamentable”, recoge el estudio.

Nuria Soto, de RidersxDerechos, destaca esta idea del informe del sindicato: “Las asociaciones lograron convencer a los repartidores de que las plataformas no eran las culpables de lo que estaba sucediendo, así que comenzaron los acosos constantes en todo tipo de medios”. Soto subraya que estas asociaciones han puesto en la diana a RidersxDerechos y a los repartidores activos en la denuncia de los falsos autónomos, como ella y Fernando García. “Lo que buscan es que todo el odio que haya cuando las empresas precaricen a los trabajadores o no les den trabajo no vaya dirigido a las empresas, que son las que lo hacen, sino que se vuelva contra nosotros. Dicen que la culpa es de RiderxDerechos y listo. Es un plan maravilloso”, critica la repartidora.

Fernando García y Nuria Soto esperan que el “acoso” que reciban disminuya después de la denuncia pública. “Queremos desenmascarar a los presidentes de las asociaciones, que no hacen nada mientras todo esto pasa. O incluso lo fomentan, cuando nos señalan y nos culpan de todo lo que suceda tras la Ley Rider”, subraya Soto. García confía en volver a trabajar pronto y destaca que no quiere dejar la primera línea de denuncia de los abusos de las empresas. “No quiero, ahí sí que me deprimo. Ellos ganan y no puede ser, no estoy haciendo nada malo”, destaca.

Rechazó unos “10.000” euros de Deliveroo a cambio de dejarlo estar, de no litigar contra la multinacional su condición de trabajador. Pero dijo no. Víctor Sánchez fue el primer repartidor de plataformas digitales, también conocidos como riders, que llevó a una de las grandes empresas del sector ante la justicia en España. Y ganó. A esa primera sentencia, de junio de 2018, le han seguido casi 50 más y una larga lista de actuaciones de la Inspección de Trabajo que han concluido lo mismo: los mensajeros autónomos de las grandes empresas de reparto de comida a domicilio como Glovo, Deliveroo y Uber Eats no son tal. Son falsos autónomos. Este martes, el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la llamada 'Ley Rider' promovida desde el Ministerio de Trabajo para acabar con este abuso.

La legislación presume que los repartidores de plataformas digitales son trabajadores por cuenta ajena y, además, introduce una obligación de transparencia de todas las empresas que utilicen algoritmos en lo que afecte a las relaciones laborales. “España se convierte en la vanguardia de la legislación internacional en esta materia”, ha destacado este martes la ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, tras la aprobación de la norma.

España se coloca hoy como el primer país en regular el deber de información de las empresas sobre sus algoritmos a la representación de los trabajadores. En cuanto a la regulación de los riders, España no es el primer estado en legislar al respecto, por ejemplo lo ha hecho Italia, aunque sí está a la vanguardia al definir la relación como laboral. El estado de California reguló esta materia, pero su decisión fue anulada más tarde.

La legislación que refuerza la laboralidad de estos trabajadores llega seis años después de la irrupción de Deliveroo en España y de la fundación de Glovo en Barcelona en 2015. Las plataformas digitales de reparto de comida a domicilio congregan a numerosos restaurantes en una misma app (aplicación), que ponen a disposición de los clientes a un clic. “Ya vamos nosotros”, es uno de los eslóganes más conocidos de Glovo. Ese “nosotros”, en cambio, no lo forman trabajadores de Glovo. La empresa no tiene contratados laboralmente a sus mensajeros, sino que estos tienen que ser autónomos para repartir para la multinacional. Lo mismo ocurre la mayor parte de las grandes empresas del sector (Glovo, Deliveroo, Uber Eats y Stuart), excepto Just Eat, que tiene un modelo laboral sobre todo basado en la subcontratación.

Estas grandes plataformas de reparto se multiplicaron por las principales ciudades españolas e impusieron su modelo de autónomos. Con el tiempo, los repartidores empezaron a movilizarse, con especial actividad en Barcelona y después otras grandes ciudades, para reclamar más derechos a las empresas. Era 2017, el germen de RidersxDerechos, movimiento de mensajeros que ha liderado las movilizaciones contra el abuso de los falsos autónomos en estas compañías, de la mano al principio de sindicatos minoritarios como IAC e Intersindical y más tarde de organizaciones más grandes, como UGT.

De la primera acta de Inspección a la sentencia del Supremo

En diciembre de 2017 llegó la primera acta de la Inspección de Trabajo que concluía que los repartidores de Deliveroo en Valencia eran falsos autónomos. Tras esta, se sumaron muchas más denuncias y la autoridad laboral llevó a cabo una amplia investigación del modelo de contratación de las grandes empresas del sector (Deliveroo, Glovo, Uber Eats, Stuart y Amazon) en numerosas ciudades españolas. Su conclusión era la misma: los repartidores eran falsos autónomos. En consecuencia, exigieron a las multinacionales el dinero impagado a la Seguridad Social por las cotizaciones sociales de los trabajadores.

La Inspección de Trabajo ha destapado en estos años al menos 18.000 falsos autónomos en estas empresas. En concreto, 17.957 personas dadas de alta como asalariadas hasta el mes de enero, según fuentes conocedoras de las investigaciones. Los expedientes liquidatorios, por las cuotas dejadas de ingresar a la Seguridad Social, sumaban entonces un total de casi 26 millones de euros (25.987.401).

En paralelo, los tribunales comenzaron a resolver multitud de denuncias de repartidores y los recursos de las empresas a las actas de la Inspección de Trabajo. Tras ese primer juicio de Víctor Sánchez en Valencia, una larga lista de sentencias concluyó que los mensajeros debían estar contratados como asalariados. Al menos “47 sentencias”, apuntan desde RidersxDerechos, del listado que han ido haciendo en todos estos años. Los magistrados sostenían que los riders no eran independientes. El algoritmo que asigna el trabajo a los repartidores se destapó como la “mano invisible” de la empresa, que organizaba, dirigía e incluso penalizaba a los trabajadores. Eran falsos autónomos.

Así lo indicó finalmente el Tribunal Supremo. El órgano que sienta jurisprudencia en España se posicionó sobre el modelo laboral de los riders en septiembre de 2020, por la denuncia de un ex repartidor de Glovo, un momento muy esperado dado que había algunas sentencias que habían respaldado a las plataformas en instancias inferiores. El Alto Tribunal analizaba el modelo laboral de la empresa, muy similar al de sus competidoras, y rechazaba la relación de autónomos y de las empresas como meras intermediarias.

Estos años permitieron también visibilizar las situaciones más precarias que albergan estas empresas, como los accidentes sin ninguna protección social y la vulnerabilidad de los mensajeros que alquilan cuentas, a menudo migrantes o demandantes de asilo sin permiso de trabajo. Una realidad que se conocía como bastante extendida entre los repartidores, que no solían denunciarla para no poner en el foco a este eslabón más precario, pero que las empresas negaban. Hasta la muerte de Pujan, un joven nepalí que falleció en mayo de 2019 mientras repartía en Barcelona. Glovo acabó reconociendo que no estaba registrado y podía estar repartiendo con una cuenta alquilada.

Pese a todas las resoluciones judiciales existentes y las actas de la Inspección de Trabajo (que las compañías recurren y demoran en el tiempo), las multinacionales como Glovo y Deliveroo han seguido funcionando con su modelo de autónomos. Glovo terminó saliéndose de la patronal CEOE por acordar la Ley Rider y está formando una asociación empresarial con otras compañías sancionadas por usar falsos autónomos. En estos meses, la multinacional dirigida por Oscar Pierre pidió a las organizaciones de repartidores afines a las empresas (Asoriders, APRA, AAR y Repartidores Unidos) que se movilizaran contra la nueva legislación, que en Glovo y estas multinacionales siempre han ligado con una pérdida de puestos de trabajo y de salario de los mensajeros. Este 11 de mayo, se han celebrado protestas de repartidores de estas asociaciones pro plataformas, convocadas en nueve ciudades.

El Ministerio de Trabajo acordó una legislación específica

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció desde el inicio de su mandato la voluntad de legislar sobre esta materia, para impedir el abuso de falsos autónomos en plataformas digitales. La sentencia del Supremo sirvió al Ministerio de respaldo en las negociaciones con los agentes sociales, que se demoraron mucho más de lo esperado. Seis meses después de comenzar, en un contexto de pandemia, Trabajo cerró un acuerdo con los sindicatos y las patronales mayoritarias en marzo para regular expresamente el estatus laboral de los repartidores de estas plataformas digitales de reparto.

¿Qué dice la norma? La compone un único articulo, con dos apartados. Uno de ellos establece que se presumirá como trabajadores por cuenta ajena en el Estatuto de los Trabajadores “la actividad de las personas que presten servicios retribuidos consistentes en el reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía, por parte de empleadoras que ejercen las facultades empresariales de organización, dirección y control de forma directa, indirecta o implícita, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital”.

En el camino, con una negociación difícil en la que también hubo obstáculos dentro del Gobierno, la legislación se fue moldeando. En un inicio, Trabajo quería plantear una regulación más amplia, que afectara a trabajadores de plataformas de distintos ámbitos, pero al final se acordó acotarla (de momento) solo al reparto. Los empresarios retrasaron la negociación sumidos en la incertidumbre, ya que representaban a compañías y patronales con intereses opuestos. Finalmente, la CEOE respaldó el refuerzo de la laboralidad de los trabajadores en este sector específico, sobre el que se había pronunciado el Supremo.

Los sindicatos CCOO y UGT cedieron en la limitación de la ley solo a los riders, que confían ampliar en un futuro, pero también consiguieron un punto decisivo para ellos. Como se apuntaba, la legislación reconoce el derecho de información a los representantes de los trabajadores sobre cómo funcionan los algoritmos en lo que respecta a las condiciones laborales. Se trata del otro apartado de la norma.

Este martes, tras dos meses del acuerdo con los agentes sociales, el Consejo de Ministros firmará por fin la llamada Ley Rider. El Ministerio de Trabajo confía en enterrar con ella el abuso de los falsos autónomos sobre dos ruedas y mochila a espalda. El Ejecutivo da tres meses a las empresas, hasta el 12 de agosto, para adaptarse a la nueva legislación. Está por ver cómo responderán las grandes compañías de reparto.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado que existe una relación laboral entre la empresa “Roodfoods Spain S.L.” (Deliveroo) y los repartidores de la misma. El procedimiento judicial parte de la demanda presentada por la Tesoreria General de la Seguridad Social (TGSS) contra la empresa “Roofoods Spain S.L.”, por la situación laboral de los repartidores de la empresa. La sentencia dictada por el juzgado de lo Social nº2 de Zaragoza estimó la demanda promovida por la TGSS, donde fueron también parte los repartidores de la empresa y sindicato UGT.

Ahora, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha desestimado el recurso interpuesto por la empresa contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 2 de Zaragoza el pasado 27 de abril de 2020, resolución que confirma íntegramente.

Sobre los argumentos esgrimidos por la defensa, la sentencia afirma que la empresa “se limita a indicar que el vínculo contractual entre ella y las personas a las que se refiere la demanda como trabajadores a su cargo podría enmarcarse, en algunos casos, en la tipología no laboral por cuenta ajena que prevé nuestro ordenamiento jurídico: trabajadores autónomos económicamente dependientes (TRADE)”, sin embargo expresan los magistrados “no aclara ni a qué personas se puede referir ni porqué habría que aplicarles esa calificación”.

Los magistrados inciden y reiteran en su resolución que los repartidores, con su trabajo, no participaban en la estructura organizativa de la actividad de reparto ni tampoco en la parte directiva referida a la selección de empresas de hostelería y de clientes receptores de sus productos. Abundan en esta cuestión argumentando que “los repartidores no promovían ni concertaban personalmente ninguna relación comercial con los proveedores ni con los clientes, sino que era la empresa quien gestionaba el servicio prestado”, y añaden que “es evidente que la propia naturaleza del servicio prestado requiere una complejidad organizativa de tal entidad que escapa por completo a la decisión de cualquiera de sus repartidores”

Por todo ello concluyen que “en definitiva, no existe el riesgo ni el lucro que caracteriza a la actividad empresarial ni al desempeño de profesiones por cuenta propia” que argumentaba la empresa en sus alegaciones.

Contra esta sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón cabe recurso de casación para unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo, que se ha de presentar ante la Sala en el plazo de diez días desde la notificación de esta sentencia.