“Todas las informaciones parten de una denuncia falsa. No hay demanda contra mí, así que todo cae por su propio peso”. Yolanda Estrada se ha zafado así de las preguntas y reproches de la oposición en un tenso pleno de la Junta de Chamartín, en el que Más Madrid, PSOE y Vox habían solicitado una comparecencia de la concejala presidenta del distrito que versara específicamente sobre las acusaciones por acoso laboral.

“La oposición se ha puesto de acuerdo para que yo aclare lo que un medio ha publicado. Algo absurdo, pues solo el medio podrá aclararlo. Me piden explicaciones por lo que se ha publicado rayando la difamación”, sostiene Estrada en su primera explicación pública sobre este asunto, después de que Somos Madrid informara el pasado 22 de abril acerca de dos denuncias por acoso laboral a las que este periódico ha tenido acceso.

Una se presentó el 23 de marzo ante los Juzgados de lo Social, dirigida contra la coordinadora del distrito Alicia Gregorio, y otra once días antes en la Inspección de Trabajo, en ese caso contra Estrada, Gregorio y el director general de Función Pública del Ayuntamiento, Juan José Blázquez (en su caso por “dejación de funciones”). Ambas describen un ambiente “hostil” con “hostigamiento”, “trato vejatorio”, “episodios de llantos” o “ceses indiscriminados”.

Para Estrada, en cambio, son ella y Gregorio las víctimas de una “campaña de difamación”: “Esto es un acoso económico y social. La víctimas somos esta persona [señalando a su coordinadora] y yo. En un estado de derecho, quien acusa tiene la obligación legal de demostrarlo. En una democracia, el honor es un derecho fundamental que nadie debe amenazar por intereses personales. Todas las informaciones publicadas por ese medio parten de una denuncia falsa. No hay demanda contra mí, así que todo lo demás cae por su propio peso. Le dan el pábulo de quien pretende enriquecerse desde un anonimato corrupto”.

La edil ha enumerado diversos documentos que, afirma, acreditan que no ha recibido requermiento judicial alguno. No ha aclarado si la Junta tiene constancia de la denuncia elevada a la Inspección de Trabajo, ni si Gregorio (sentada a su izquierda durante toda la sesión) tampoco ha sido notificada acerca del procedimiento judicial. Tampoco ha apuntado que la notificación podría producirse una vez sea admitida a trámite.

Ha llegado a comparar su situación con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “ha sido demandado por acoso laboral y prácticas irregulares por la exresponsable de la Internacional Socialista”. Para Estrada, el líder del Ejecutivo “es libre para tomar la decisión que considere oportuna ante esa acción, que ha sido callarse”. Por contra, dice, en su caso “el periodista publica una noticia falsa y sin la demanda estoy expuesta con indefensión a una exposición mediática”. Adelanta además que no volverá a ofrecer explicacionens públicas sobre este asunto.

“A pesar de ello hemos respondido en el Ayuntamiento y a pesar de ello han continuado con el hostigamiento. Con una demanda, yo podría defenderme y presentar una querella por denuncia falsa. Pero como no existe entramos en un terreno diferente al de la Justicia. Estamos ante una bazofia moral y ética, un terreno en el que Mar Barberán y Enma López se sienten cómodas”. Estrada ha pasado entonces a una espiral de descalificaciones y ataques rescatados de la hemeroteca hacia las portavoces en Chamartín de Más Madrid y PSOE, respectivamente. También contra Vox, al que ha afeado “ponerse del lado de los comunistas”.

Un repaso a la actualidad y la hemeroteca de la oposición para eludir las acusaciones

“Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde, defendemos una mayor transparencia”, afirma Estrada. “Es el PP quien garantiza la normalidad institucional frente a un Gobierno que en una legislatura no tramita unos Presupuestos, que según el Tribunal de Cuentas ha desviado dinero de fondos europeos a gastos corrientes [maniobra amparada por la Comisión Europea], que hace política exterior en función del despacho del presidente o que tiene a su mujer imputada por cuatro delitos”, ha enumerado la concejala. Ha reprochado a López que no condene las palabras de María Jesús Montero, que calificó de “accidente laboral” la muerte de dos guardias civiles mientras perseguían unas narcolanchas. “Nosotros defendemos a todos los empleados públicos, también esos guardias civiles o los jueces que el PSOE ataca”, ha aseverado, mientras la bancada socialista le echaba en cara usar el dolor de los fallecidos en servicio.

Estrada ha pasado luego a atacar a Más Madrid, no sin antes sugerir que si López “ha recibido algún sobre haría bien en reconocerlo”. En sus ataques al principal partido de la oposición, la edil se ha retrotaído al juicio contra Rita Maestre por su protesta en una iglesia para indicar que aunque finalmente no fue condenada el juez tachó su actuación de “irrespetuosa”. Estrada ha pasado después a arremeter contra sus “amigos de Bildu, que se defienden matando” e incluso contra Mónica Oltra. Finalmente, ha reprendido a Vox por “enfrentarse a todo el mundo: al PP, a la Iglesia católica y hasta entre ellos”.

La concejala, en las listas de Almeida aunque integrante la pasada legislatura del grupo del PP en la Asamblea de Madrid que lidera Isabel Díaz Ayuso, ha dedicado especial atención a dos puntos de las informaciones que han causado en ella un especial enfado. En primer lugar, su tortuosa relación con los vecinos del entorno del Santiago Bernabéu: “He mantenido 15 reuniones con vecinos, convocadas por mí o por terceros. Dejando mi número o llamando puerta a puerta, como hago con cualquier sector de Chamartín”.

Pero sobre todo se ha mostrado molesta con un aspecto recogido en una de las denuncias: el cese de la persona que precedió a Alicia Gregorio cuando el afectado por la destitución padecía una situación oncológica. “La falseded de algo tan vil demuestra que esa orquesta de difamadores quiere retratarme como un monstruo, destruir mi imagen pública y moral”.

“Me asquea el uso de la salud y del cáncer para acabar conmigo. Yo he padecido dos cánceres, mi madre falleció de ello y mi padre también. ¿En qué momento un desaprensivo ha podido afirmar algo tan grave contra mí? Ser paciente oncológica no me exlcuye de ninguna responsabilidad, pero es repugnante lo que ha ocurrido. La gentuza detrás de esta cacería usa el cáncer para hacerme daño. No me conocen si piensan que su fango va a anularme. Intentan ensuciar mi ética y mi imagen público y personal. Esto demuestra quienes somos las personas acosadas”, ha rematado.

Hasta ahora, la edil no se había pronunciado sobre las acusaciones. Tan solo las había negado al Ayuntamiento, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz después de que estallara el caso. Sanz también detalló que el Consistorio no ha recibido denuncias o informaciones sobre el caso a través de los protocolos laborales municipales establecidos para ello. Pese a ello la denuncia contra la Inspección de Trabajo también se dirige contra Juan José Blázquez, director de Función Pública en el Gobierno de Almeida, por una presunta falta de actuación.

Este periódico ha recopilado testimonios de personas que han estado o están vinculadas laboralmente a la Junta y corroboran las actitudes descritas en las denuncias. “Está jodiendo vidas”, asegura una persona sobre el día a día con Estrada. “Yo he sufrido acoso”, reconocía otra. Todo ello mientras las plazas vacantes han aumentado en Chamartín y un programa educativo distrital de apoyo al alumnado con necesidades especiales no ha sido renovado.

La oposición, unida contra Estrada: “No vamos a institucionalizar la violencia”

Estrada trató de reconvertir la peticion de la oposición de un pleno extraordinario en uno más genérico sobre politicas de personal, aunque finalmente no logró hacer prevalecer su propuesta en la Junta de Portavoces. Enma López ha destacado que la edil “ha conseguido algo imposible en estos tiempos: unanimidad, ante unas informaciones tan graves como las que hemos conocido, por las cuales no podemos mantener la normalidad”.

“Todo el respeto a la presunción de inocencia, pero nada nos importa más que conocer la verdad. Leyendo las informaciones no nos extrañan por la violencia institucional que vivimos cada día en estos plenos y en el distrito. Si eso hace en público, ¿qué no hará en privado? Hay asociaciones que han dejado de venir ante sus faltas de respeto. Me duele y me pregunto si no deberíamos haber dicho basta a sus formas mucho antes. Espero todas las explicaiones, si las acusaciones son ciertas, si lo sabía y lo ocultó, si las condiciones de los empleados públicos son las adecuadas. Queremos respuestas y responsabilidades. Estamos defendiendo el respeto de esta Junta y este Ayuntamiento porque son dos instituciones que merecen estar a la altura”, ha dicho López en una encendida intervención que ha acabado con aplausos (y con Estrada recordando que no está permitido aplaudir en los plenos).

Mar Barberán ha cuestionado que Estrada intentase imponer un debate sobre plazas vacantes, aunque a este respecto ha apuntado que “diez ceses sin explicaciones en tres años son demasiados”. Tras ello, ha apuntado que “si algo permite la excelencia en el trabajo es un buen cima laboral, cosa que sé de primera mano porque he trabajado diez años en recursos humanos”. “Hay funcionarios que han dicho cosas muy fuertes, que hablan de un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil. De trato vejatorio, humillaciones y faltas de respeto. Que como chilla, te encoge. Son cosas ante las que no se puede poner de perfil y ante las que debe al menos pedir perdón. No vamos a normalizar el insulto, sería institucionar la violencia”.

Estrada ha contestado esas aseveraciones manteniendo que la oposición “ha venido al espectáculo” y a plantear una acusaciones que, a su juicio, impiden debatir “otros asuntos que interesan más a los vecinos”. Todo ello después de fundar su defensa en alusiones a la política nacional o a sucesos ocurridos hace décadas. Para la vocal vecina del PSOE Carolina Sánchez ha sido la propia concejala presidenta quien ha quedado en evidencia: “Se ha hecho usted un Florentino Pérez”, ha zanjado.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) vulneró el derecho fundamental a la integridad moral de una de sus trabajadoras al mantenerla durante años en una situación de “falta de ocupación efectiva” y de vaciado de funciones propias de su categoría profesional.

La Sala de lo Social del TSJC en su sede de Las Palmas ha estimado parcialmente el recurso de la trabajadora, una periodista de la Oficina de Prensa, y ha reconocido que la empleada, que presta servicios en el organismo del Servicio Canario de la Salud (SCS) desde 1994 como personal laboral fijo, quedó reducida desde su reincorporación tras una baja médica a una actividad meramente residual: “Sólo ha conservado la función de elaborar notas de prensa (cuatro a la semana)”.

Según la resolución, que revoca parcialmente un fallo de un juzgado, esa situación no puede explicarse únicamente por cambios organizativos internos. El tribunal subraya que “los cambios estructurales no pueden suponer que una técnico periodista pase a realizar solo cuatro notas de prensa a la semana”, y considera acreditado que existió una inactividad prolongada incompatible con el contenido ordinario de su puesto.

La sentencia recuerda que la trabajadora era la única persona del organismo con categoría profesional de periodista y destaca que fue apartada progresivamente de cometidos propios de comunicación, mientras esas tareas pasaban a otras personas trabajadoras sin esa misma categoría profesional. Para la Sala, no se trató de un problema de distribución razonable de tareas, sino de una “postergación” profesional sostenida en el tiempo.

Lesión inconstitucional

En ese contexto, el TSJC aprecia una lesión del artículo 15 de la Constitución y concluye que concurren los elementos del acoso laboral en su vertiente de marginación profesional. La resolución afirma que en la trabajadora “convergen decisiones y conductas” que, aunque pudieran aparecer de forma aislada como formalmente legítimas, acabaron provocando “un claro menosprecio y ofensa a la dignidad” de la empleada.

El fallo declara la nulidad de las decisiones que determinaron ese vaciado funcional y reconoce el derecho de la demandante a ocupar su jornada en labores propias de su categoría profesional de periodista.

Además, condena al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia al abono de una indemnización de 25.001 euros por los daños morales causados. La Sala sitúa el núcleo del caso en la falta de ocupación efectiva y en el apartamiento de la trabajadora de sus funciones esenciales, no en discrepancias sobre clasificación profesional o sobre antiguos puestos de responsabilidad. En esa línea, recalca que “es el vaciado de funciones propias de la categoría de periodista el que comporta la lesión de los derechos fundamentales” denunciada en este procedimiento.

Yolanda Estrada se pronunciará por primera vez sobre las denuncias por acoso laboral en la Junta de Chamartín el próximo miércoles 13 de mayo. Será en el pleno mensual de la entidad distrital que preside, después de que este jueves hayan presentado una petición de comparecencia los tres partidos de la oposición: Más Madrid, PSOE y Vox.

La Junta de Portavoces de Chamartín se reunía este 7 de mayo para abordar el orden del día del pleno venidero. Los representantes de las tres formaciones que lo integran al margen del PP habían acordado previamente forzar una sesión monográfica en la que rendir cuentas a Estrada tras las acusaciones de “humillaciones”, “trato vejatorio” o “ceses indiscriminados” recopiladas en dos denuncias. También sobre los efectos de esta dinámica en el funcionamiento de los servicios municipales.

Hasta el momento, ha sido la vicealcaldesa Inmaculada Sanz quien ha hablado por boca de la concejala, para afirmar que Estrada les ha negado los hechos. Sanz también trasladó a los medios que el Consistorio no ha tenido constancia de actitudes de esta índole a través de los cauces establecidos para la prevención de riesgos laborales.

Una de las denuncias se dirige contra la Inspección de Trabajo y apunta a Estrada; a su mano derecha, la coordinadora del distrito Alicia Gregorio y al director general de Función Pública del Ayuntamiento, Juan José Blázquez, en este último caso por la no adopción de “medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”. Tres altos cargos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida señalados en un duro escrito que recoge “epidodios de llantos en el trabajo”, así como bajas o traslados indiscriminados. La otra denuncia, presentada ante los Juzgados de lo Social de Madrid, centra el relato de los hechos en Gregorio.

Según trasladan a Somos Madrid fuentes cercanas a la Junta de Chamartín, Estrada ha intentado atajar la propuesta de la oposicón registrando una propuesta alternativa para un pleno focalizado en políticas de personal, sin concretarlo en las denuncias de acoso laboral (reforzadas con otros testimonios a este medio que hablan de una actitud que “está jodiendo vidas”). Finalmente, después de la negativa de los tres grupos fuera del Ejecutivo, ha cedido y se pronunciará específicamente sobre este asunto.

El pleno arrancará con una comparecencia de siete minutos por parte de la concejala de Almeida, a la que seguirá una comparecencia de cinco minutos por grupo de la oposición, que Estrada volverá a replicar durante un máximo de cinco minutos. A continuación, un vocal de grupo volverá a tomar la palabra tres minutos, para una posterior respuesta de la edil que podrá alargarse hasta 21 minutos. El último tramo de la sesión se cerrará con cinco comparecencias de cinco minutos cada: una por grupo político (en este caso también el PP) y por último la de la propia Estrada. Está previsto que arranque a las 17.00 y se extienda hasta alrededor de las 19.00

Más Madrid apunta al alcalde: “Tendría que tomar cartas en el asunto”

“Por muchas trabas que ponga y por mucho que se empeña Yolanda Estrada, va a tener que dar explicaciones en el pleno del próximo dia 13”, avisa en declaraciones a este periódico Mar Barberán, concejala de Más Madrid. “Las vecinas y vecinos de Chamartín y las concejalas de la oposición sufrimos pleno tras pleno sus insultos, su trato humillante y sus arranques de ira. Su agresividad y malas formas son, lamentablemente, reflejo del Gobierno de Almeida”, lamenta.

“Si su comportamiento en público es este, no quiero ni imaginarme lo que puede llegar a humiillar y hostigar a las personas que trabajan para ella. Esta situación de intimidación que describen los funcionarios afectados va más allá del ámbito de salud laboral: tiene un impacto directo sobre los servicios que presta el distrito, y, por tanto, trasciende las medidas que se puedan considerar desde el departamento de recursos humanos”, expone. Todo ello después de que en los últimes meses hayan aumentado las vacantes de personal en el distrito y se haya dejado de prestar un servicio de refuerzo educativo que no había decaído previamente en ningún otro distrito.

“Cuando hay gente que describe situaciones de acoso afecta al servicio y cuando no se cubren las vacantes también, por lo que el propio alcalde tendría que tomar cartas en el asunto”, reprocha Barberán. “No es el momento de atrincherarse y esperar a que pase la tormenta o victimizarse, excusándose en que no hay un dictamen o no les ha llegado la denuncia. Hay distintos testimonios que coinciden con el talante y la actitud que la presidenta de la Junta muestra en cada pleno. Hay que poner pie en pared exigiendo que se tomen medidas contundentes, que acaben con el ambiente de hostilidad que parece ser habitual en este distrito”, concluye la edil.

La portavoz adjunta del PSOE en el Ayuntamiento, Enma López, recuerda que “las informaciones conocidas son gravísimas, por tanto los grupos hemos entendido que no podemos mantener una normalidad institucional hasta que se sepa qué ha pasado”. Pide “explicaciones” a Estrada, ya que las denuncias “se suman al maltrato institucional a los grupos o a los vecinos que asisten al pleno”.

“No puede suceder que los empleados públicos desarrollen su actividad en condiciones que no sean las dignas, las justas y las legales. Nos hemos unido para que dé explicaciones. Nada más importa hasta que sepamos qué ha ocurrido realmente y si de verdad ha habido un delito”, completa la concejala socialista.

“Es uno de los restauradores que se está haciendo con todo”. Así describe un veterano comerciante del mercado de La Boqueria a Elharrar Mardochee, propietario de la empresa Restaurante Egipto SL, actualmente demandada por varias empleadas por presunto acoso laboral y amenazas, y por servir comida en mal estado.

Otros vendedores consultados por elDiario.es —que prefieren mantener el anonimato— emplean expresiones similares para describir su irrupción en la Boqueria. Sin apenas hacer ruido, este hostelero, conocido como El Maki, ha adquirido en los últimos años numerosos negocios dentro del mercado más cotizado y concurrido de Barcelona, hasta convertirse en un símbolo de la entrega al negocio turístico del que fue un mercado referente en producto fresco y de calidad. 

Con cerca de 80 empleados, en función del ejercicio, Mardochee opera a día de hoy 15 licencias de establecimientos dentro del mercado: once de ellas, que incluyen cuatro bares, están a nombre de su empresa principal, Restaurante Egipto. Fundada en 1985, en su último ejercicio disponible –el de 2023 en Insight View– facturó 7,3 millones de euros con unos beneficios de 1,3 millones. 

Además, cuenta con otros tres puestos con un establecimiento en el mercado junto con un socio, según confirma el Ayuntamiento de Barcelona, y hay al menos otro que está a nombre de su encargada, Dunia M., también acusada de abusos laborales. 

elDiario.es ha tratado de contactar al empresario para recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta. El Ayuntamiento de Barcelona, responsable de la gestión del equipamiento municipal, aseguró que la supervisión laboral no es de su competencia y ha optado por no valorar el auge de Mardochee en el recinto. Añaden fuentes municipales que la normativa permite acaparar hasta el 50% de los puestos (la Boqueria tiene 178 activos).

Originario de Marruecos y afincado en Barcelona desde hace décadas, Mardochee aterrizó en La Boqueria en 2013. Lo hizo desde muy cerca, puesto que su principal negocio entonces era un restaurante ubicado a escasos metros, en La Rambla. Se llamaba Egipto y luego lo bautizó como Maccabi, especializado en comida kosher, ya que él es judío, según refieren algunos de sus empleados. Actualmente, el local está cerrado. 

Ese año, 2013, Mardochee se hizo con uno de los once bares ubicados dentro de La Boqueria: el Central. En este mercado municipal, que recibe más de 40.000 visitantes al día, prácticamente todos turistas, los puestos de hostelería son la gallina de los huevos de oro en cuanto a facturación. Un traspaso de una licencia de bar, señalan fuentes de comerciantes, puede superar de largo el millón de euros.

Con esa operación, algunos vendedores, los que defienden el modelo de mercado alimentario tradicional, ya vieron cuáles eran sus intenciones. “Los antiguos dueños compraban todo el producto dentro del mercado, pero él ya decidió comprar lo mínimo, y esto simboliza una deriva”, reflexiona. 

El conflicto del Pinotxo y la venta a turistas

Desde entonces, ha ido sumando, además de licencias de bares, puestos de venta de pollo, pescado, especias, jamón… Y a veces los ha ido ampliando, a base de comprar licencias de establecimientos contiguos. La mayoría de ellos, como ocurre con mucha frecuencia en la Boqueria, se dedican principalmente a la venta de degustación para turistas, no al fresco. 

El último ejemplo, a través de la empresa Hernando Boqueria, de la que es accionista, fue el del antiguo local Avinova. Pollería especializada en aves criadas al aire libre (pintadas, pichones, coquelets…), puesto de referencia para los mejores chefs de Barcelona, El Maki la adquirió con un socio hace unos años. Ahora se llama The Boqueria Chicken y despacha básicamente raciones de pollo y de patatas fritas para llevar.

La expansión de este empresario demandado por acoso dejó de ser discreta en 2023. Aunque apenas trascendió su nombre, sí lo hizo el de su empresa cuando se supo que había comprado el puesto más famoso del lugar: el bar Pinotxo del emblemático Juanito. 

Cerrado durante unas semanas por obras en el mercado, al reabrir lo hizo ya en propiedad de Mardochee, con numerosos rumores de traspaso millonario y con una disputa familiar que todavía colea en los juzgados. La intención del nuevo dueño era mantener la marca, para aprovechar su tirón, pero un juez le prohibió usarla, y ahora se denomina Mític Bar. 

Las suspicacias que despierta su crecimiento en el recinto tienen que ver también con la buena relación que mantiene con su directora, Concepción Blanco. Desayunan o toman un café juntos habitualmente, según fuentes presentes. Algunos comerciantes creen que le facilitan los traspasos de negocios en venta, pero otras fuentes atribuyen su auge a sus habilidades y capacidad económica. El consistorio ha declinado valorar este detalle.

Su papel dentro del mercado alcanza también la Asociación de Comerciantes de la Boqueria. Es uno de los integrantes de su Junta, dedicada a coordinar a los vendedores y organizar la asamblea anual. Este diario ha preguntado a la entidad si conocía las denuncias de acoso y cómo valoran la irrupción del Maki en el mercado, pero no ha obtenido respuesta. 

Pasear por la Boqueria consiste en esquivar riadas de turistas que sacan fotos del género expuesto en los establecimientos y deambulan mientras consumen zumos de frutas, cucuruchos de jamón o empanadas o sticks de pollo frito. Los comerciantes tradicionales, con producto orientado a los barceloneses, son desde hace años una minoría en peligro de extinción.

La normativa fija que como mínimo el 50% de lo que se ofrece debe ser producto tradicional, por otro 50% como máximo de producto “elaborado”. Pero algunos vendedores dicen que no se cumple. “Esto refleja lo que ha permitido la dirección, pero también la demanda que hay: si la gente pidiera manzanas y naranjas, las venderíamos, porque es más fácil, pero nos hemos complicado la vida para vender esta basura por culpa del turismo”, concluye un vendedor.

La Comisión de Estudio de la situación de violencia interna en el trabajo de Castilla y León descarta que los problemas que hay en el CEPA San Jorge de Palencia, ubicado en la cárcel de Dueñas, se puedan catalogar como acoso labora, aunque sí ve un “conflicto organizacional y de intereses”. Así lo ha decidido en un escrito firmado solo dos días después de las entrevistas a los docentes denunciantes y a la coordinadora denunciada.

Los docentes, de baja por ansiedad, denuncian que la coordinadora desde 2025 aplica modos “intimidatorios”, ha entrevistado a sus alumnos del módulo 9 —los presos de régimen cerrado— para fiscalizar su labor docente a sus espaldas, les ha obligado a abrir sus armarios y que se había producido una “marginación profesional” después de que se notificara que una docente sufría “comentarios vejatorios y de carácter sexual” por parte del anterior coordinador, que ya no está en el centro,

El informe no especifica cuáles exactamente, pero aprecia “actitudes inapropiadas” como “la deficiente definición de la organización y funciones”, lo que ha generado “conflictos, desavenencias y desacuerdos”. La comisión también reconoce que las conductas analizadas en el caso “han tenido un impacto moderado en la salud laboral del centro y en el clima organizativo”.

Según su escrito de conclusiones, la comisión ha revisado la documentación aportada y ha entrevistado a las partes implicados, ha analizado el entorno organizativo y funcional para evaluar los riesgos psicosociales relacionados.

Recomendaciones

Ante esta situación, la Comisión pide que se concreten las competencias organizativas, funcionales y laborales del 'docente coordinador' de la unidad educativa de la cárcel y que se establezca un protocolo de comunicación a superiores directos de los docentes.

También se informará de los protocolos de prevención de riesgos vigetes y propondrá que el personal docente realice cursos de formación, sensibilización y refuerzo de los canales de comunicación, además de la elaboración de un estudio psicosocial.

En última instancia, se realizará un seguimiento por parte del equipo directivo del CEPA y de la Dirección Provincial de Educación para ver si las medidas han sido eficaces.

El Mercado de la Boqueria de Barcelona, reconocido como el mejor del mundo, recibe cada año 23 millones de visitantes, la mayoría turistas. Algunos solo sacan fotos, mientras que otros compran comida, cada vez menos local, o almuerzan en la barra de alguno de sus bares. Ninguno de ellos sabe, sin embargo, que numerosos empleados trabajan presuntamente en condiciones límite, bajo coacciones e insultos, y con la salud al borde del colapso.

Así lo describen una decena de trabajadores de la empresa Restaurante Egipto SL, que en los últimos años ha conseguido licencias para regentar al menos cuatro bares y numerosos de establecimientos comerciales dentro del codiciado recinto municipal. 

Su dueño es Elharrar Mardochee, conocido como El Maki. Hostelero de perfil poco conocido, tanto él como una de sus encargadas, Dunia M., figuran en al menos seis demandas laborales, obtenidas por este periódico, cuyos juicios se celebrarán entre julio y mayo de 2027. 

El relato de los trabajadores, que también han acudido a la Inspección de Trabajo, incluye horas extra obligatorias e impagadas, sobrecarga de tareas durante los turnos, acoso laboral, represalias por afiliación sindical, insultos racistas, amenazas y presiones continuadas para no coger la baja médica. Todo ello dentro de un clima laboral que describen como “hostil” y “humillante”, y que se agravó en 2025 al promover varios de ellos unas elecciones sindicales. 

La mayoría de las empleadas son además mujeres inmigrantes, sobre todo latinoamericanas, pero también italianas o filipinas. Varias son madres solteras. “Todas tienen miedo de perder el trabajo”, resume una de ellas, actualmente de baja. 

Las seis demandantes piden al juez que condene a Mardochee, a Dunia M. y a la empresa a una indemnización de 40.001 euros para cada una por daños morales derivados de lo que consideran una vulneración de sus derechos fundamentales. Piden además el “cese inmediato de la conducta de acoso”. 

El conflicto laboral, del que informó en primer lugar Crónica Global, ha ocasionado al menos seis bajas laborales vinculadas a estrés y ansiedad, además de despidos y renuncias, según afirman los trabajadores. 

Además de estas demandas, ha habido otras dos, que ha podido comprobar este diario, y que ascienden la cifra a ocho. Una de ellas, presentada por una trabajadora que denunció que no le renovaron el contrato mientras estaba de baja por un cáncer de mama, se resolvió con un acuerdo entre las partes. Otra de ellas, con diez años de antigüedad como camarera, describe presiones para trabajar enferma e incluso para servir –a sabiendas– comidas en mal estado.

La situación es conocida en el mercado, afirman las fuentes consultadas. Sin embargo, Ayuntamiento de Barcelona, del que cuelga el Instituto Municipal de Mercados que gestiona la Boqueria, asegura desconocer las quejas más allá de lo aparecido en prensa. “La relación con los comerciantes no implica directamente el control de las condiciones laborales de las personas empleadas”, afirman fuentes del consistorio, que insistir en que no tienen “competencias” para actuar sobre este conflicto aunque el equipamiento sea municipal. 

elDiario.es se puso en contacto también con Mardochee y su encargada, Dunia M., a través de la empresa, para recabar su versión sobre las acusaciones. Pero no han respondido a las preguntas trasladadas por correo electrónico ni a las llamadas telefónicas. 

Mardochee, que antes de desembarcar en La Boqueria regentó un restaurante en La Rambla, se ha erigido durante la última década en uno de los empresarios con mayor cuota de licencias dentro del conocido mercado. “Coge puestos con idiosincrasia y tradición y los vacía de personalidad”, relata un paradista con varias décadas de trayectoria. 

En el mercado hay once bares, los locales que generan mayor facturación, y cuatro pertenecen a este hostelero. Entre ellos está el antiguo y conocido Pinotxo, ahora llamado Mític Bar tras una resolución judicial que le impide usar la marca original.

Además, controla al menos diez puestos más —tres de ellos con otra empresa— dedicados a la venta de jamón, especias, pollo o pescado, en su mayoría orientados a comida para llevar. Incluso Dunia M. posee también una licencia de establecimiento, según fuentes municipales.

“No se aceptan bajas”

Cuando Glenda, venezolana llegada a Barcelona con su hija en 2014, entró a trabajar en La Boqueria, lo vio como una oportunidad. “Quería aprender algo nuevo”, recuerda. Aunque la contrataron como personal de limpieza, sobre el papel las condiciones eran mejores de lo habitual en la hostelería: turnos de mañana o de tarde-noche, y los domingos libres, porque el mercado está cerrado. 

Pero los primeros días, a principios de 2023, fueron un preludio de lo que vendría: la jornada se alargaba más de lo estipulado porque tenía que lavar los platos de todos los bares de la empresa dentro del mercado. Al poco tiempo le añadieron más tareas: atender la barra, cobrar, preparar fritos… Y hasta cocinar a veces paellas sin tener ningún tipo de experiencia, asegura. “Una vez se me quemó toda, me salió negra, y la entregaron igual”, relata. 

Como ella, otras corroboran que a pesar de su categoría laboral, de limpieza o de ayudante de camarero, les exigieron cocinar arroces y despachar mesas. La sobrecarga de trabajo era tal, explica Glenda, que a menudo le daban ataques de ansiedad.

Sin embargo, una decena de trabajadores que han pasado por la empresa coinciden en señalar las presiones que recibían para evitar bajas médicas. Se trata de una suerte de política de la encargada, Dunia M., amparada por el dueño, afirman.

Glenda lo comprobó cuando le dio un ataque de asma: la conminaron a medicarse sin acudir al ambulatorio, asegura en la demanda. “No se aceptan bajas”, fue la premisa que dice que le trasladaron. Tras lesionarse una vez la muñeca, al cabo de unos días la dejaron ausentarse para ir al médico bajo la “expresa indicación” de no solicitar la baja: le dieron un día de descanso y se lo descontaron de sus vacaciones. 

Los relatos sobre esta práctica son numerosos. Dos camareras distintas afirman haberse cortado abriendo ostras y que no las dejaron irse. “A pesar de que sangraba, Dunia me dijo que me pusiera otro guante y siguiera”, señala K., que pasó por la Boqueria entre 2019 y 2022. Acudió al médico seis horas después, dice, y ya no pudieron coserle la herida. “La peor empresa en la que he trabajado, unos explotadores”, resume. 

Otras mujeres señalan cómo sus encargados les insistieron para acudir a sus puestos con fiebre, dolores de estómago o gastroenteritis. También otros accidentes laborales, como el de Tatiana, a la que se le cayó una viga de hierro encima y la tumbó en plena parada. “Tómate un paracetamol y ya está”, asegura que le dijeron. Hoy arrastra secuelas, afirma. 

Las llamadas y mensajes fuera de horario laboral, a veces en plenas pruebas médicas o de baja, figuran también dentro de las quejas. Cristina (nombre falso), que optó por no denunciar, explica cómo los encargados la presionaban mientras estaba ingresada de urgencias con vértigo. “Fueron 20 días de acoso”, afirma sobre los mensajes recibidos durante la posterior baja.

Al poco de regresar al trabajo, y tras informar de que estaba pendiente de visita al hematólogo, no le renovaron el contrato. Era noviembre de 2023; dos meses después, le diagnosticaron leucemia. 

Varias trabajadoras describen trabas para los permisos de cuidados de familiares. Parejas enfermas, operaciones de progenitores… La empresa siempre ponía pegas, afirman. Una de ellas denuncia que le denegaron el permiso incluso para ausentarse a asistir a su hija, que estaba en casa y había sufrido quemaduras en la cocina. 

Ana (también nombre ficticio) relata en su demanda el día en que la llamaron de la guardería de su hija, que estaba a 39 de fiebre. Asegura que fue “acorralada” por Dunia M. y otro encargado para que firmara un documento si quería ausentarse para ir a buscarla. Entre llantos, añade, acabó estampando su firma en un papel que la degradaba de categoría profesional a “lavaplatos”. 

Esto, esgrime su abogada en la demanda, forma parte del “hostigamiento” al que aseguran que se sometió a varios de los empleados que decidieron sindicarse. 

Regalos a los jefes y comida dañada

Las demandas y diversas entrevistas mantenidas con este diario también relatan insultos, a veces racistas, como “india pocahontas”, que habría proferido Dunia M. a una subordinada, o “¿cuándo has visto a un negro en libertad?”, de Mardochee, a otra. 

Las demandas detallan también que la empresa les pedía renunciar a las cuantías de varios días de propinas para hacer regalos a los jefes así como deficiencias de salubridad de los locales. “Cada local tenía la obligación de comprar regalos de lujo para la cena de empresa de cada fin de año para el jefe, la directora [Dunia] y el director (Dunia pedía expresamente marcas como Carolina Herrera)”, desgrana una de las denuncias

Algunos empleados denuncian suciedad y presencia de ratas y cucarachas de manera habitual. Una empleada asegura en su demanda que le empujaron a servir a consciencia comida dañada. “Me obligaron a servir un lenguado que olía mal a un niño”, explica. “Hay ratas comiendo género (mordisquean pulpos hervidos, bolsas de arroz, nadan en la olla de las albóndigas) y no se tira nada”, describe en la denuncia. 

Las trabajadoras aseguran que han contactado también con el Departamento de Salud de la Generalitat para alertar de ello. Fuentes de Salud señalan sin embargo que las inspecciones de sanidad son competencia del Ayuntamiento, que a su vez se limita a responder que su Agencia de Salud Pública “vigila periódicamente las instalaciones del mercado”.

El salto a las presuntas amenazas

Actualmente, seis de los demandantes están de baja. A principios de 2025, cuando comenzaron a organizarse como plantilla y a canalizar sus reclamaciones mediante la convocatoria de elecciones sindicales, estaban en activo. Sin embargo, aseguran que ese proceso derivó en una mayor presión por parte de sus jefes y algunos compañeros, con presuntas coacciones, amenazas y situaciones de aislamiento.

En ese contexto, Glenda relata que, tras una reunión previa a las elecciones, Mardochee la apartó y le dijo: “Niña, te voy a dar un consejo, más vale ofender a la persona, matarla y que se vaya al cielo, que ofenderla y dejarla viva”, una expresión que figura en la denuncia como “grave amenaza velada”. No es habitual que saliera de la boca de Mardochee, señalan las distintas fuentes consultadas, que añaden que el presunto trato vejatorio directo solía dispensarlo Dunia M.

Antes y durante el proceso electoral sindical, la empresa maniobró presuntamente con otros empleados para aumentar la presión sobre los empleados críticos. Lo confirma incluso una de las trabajadoras que reconoce que en el chat de WhatsApp de la empresa, que comparten jefes y empleados, defendió a la dirección por miedo y por petición expresa de Dunia M.

Esta mujer, Laura (nombre ficticio), afirma que recibió órdenes para sobrecargar a una de esas compañeras y fue reprendida por saludarlas. La orden, dice, era “hacerlas sentir que están solas”. 

Una empleada reconoce que, fruto de lo que enmarcan como acoso antisindical de esos días, llegó a perseguir por el mercado a Dunia para golpearla. “No soy así, pero me bloqueé”, afirma. Ese día le habían abierto un parte por mala conducta, algo que asegura que fue una represalia por su reclamación de derechos laborales.

La candidatura crítica y a la que pertenecen las demandantes, afiliada a UGT, perdió –por dos representantes a tres– contra otra vinculada a CCOO, y que estas empleadas aseguran que fue impulsada por la propia empresa. Desde ese proceso electoral, en julio de 2025, hasta hoy, varios de los afiliados a UGT han ido causando baja por motivos relacionados con el clima laboral. 

Laura, la que afirma que fue empujada a pronunciarse contra sus colegas, acudió de Urgencias en agosto con un cuadro de “arritmia” y “paranoia social” debido al “estrés laboral extremo”. Aun así, afirma que la siguieron llamando para ir a trabajar.

La Junta de Castilla y León investiga el supuesto “acoso y hostigamiento laboral” que han denunciado dos profesores de la cárcel de Dueñas, en Palencia, según unos escritos de la Dirección Provincial de Educación fechados a 30 de marzo a los que ha tenido acceso elDiario.es. La situación ha llegado a tal punto que han tenido que cogerse la baja médica por ansiedad. Los docentes presentaron en febrero dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Educación. Denuncias que han sido ampliadas en cinco ocasiones: protestan por una situación límite en la que domina la imposición, se les ha prohibido el uso de teléfonos móviles, inspeccionado sus armarios, desautorizado y despreciado en público y frente a los presos e interrogado a sus alumnos sobre su rendimiento, entre otros.

Estos profesores de la cárcel cargan contra la Inspección educativa, a la que acusan de no haber actuado con suficiente agilidad. También han pedido amparo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que evalúen “el entorno laboral existente”. Tras las denuncias, el 6 de abril se ha constituido la Comisión de Estudio y Análisis de Violencia Interna en el Trabajo. Instituciones Penitenciarias se ha abstenido de hacer comentarios porque es una competencia de Educación.

Los docentes denuncian que el inspector de Educación, R. P., ha encubrierto la situación desde hace años. Recientemente acudió a la unidad y amenazó explícitamente con abrir un expediente disciplinario ante cualquier nueva queja: “Mi paciencia tiene un límite. Hoy se ha terminado. Cualquier queja que tenga, alguien que me denuncie lo que sea, lo siguiente va a ser un expediente disciplinario”, manifestó el inspector de Educación ante los docentes, según ha podido comprobar elDiario.es.

Un inspector cuestionado

Ahora, temen que la Administración tome represalias, puesto que su proyecto de continuidad podría suspenderse o no renovarse dada la actitud del inspector de Educación, que insinuó que lo que movía a los profesores era la “frustración”, algo que ellos niegan. “Yo entiendo que haya gente que tenga alguna frustración, lo puedo respetar porque esperaba algo y no lo ha obtenido. Puedo aguantar la negativa a la autoridad que hay de determinadas personas, pero aquí se viene a trabajar, a cumplir las normas y se ha acabado y no hay más discusiones. Y cuando no hay consenso, porque no hay forma de ponerse nadie de acuerdo, las decisiones las tomaré yo”, expresó el inspector de Educación, que el año pasado presidió la Comisión de Evaluación que decidía la renovación de la directora del CEIP El Cruce de Castilla, en Venta de Baños. El juez ve indicios de que se hayan cometido unos delitos de falsedad documental y usurpación de funciones públicas, por lo que ha entregado el caso al Juzgado de lo Penal.

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha anulado la resolución del centro venteño y ha resuelto que la denegación de la renovación no fue conforme a derecho. El juez también ha considerado que el inspector trató de “manipular” a los miembros del Consejo Escolar y “mediatizar lo que se aprobase”. Este trabajador público actuó e intervino en sesiones a pesar de que había sido formalmente recusado días antes.

“Metemierda y manipulador”

En septiembre de 2025 entró una nueva directora, que empezó a aplicar modos “intimidatorios” e incluso les advirtió que podía apartarlos del centro. A principios de este año, la coordinadora llegó a insultar a uno de los profesores —“metemierda y manipulador”—, según consta en las denuncias. Al día siguiente, obligó a este mismo profesor a vaciar su armario personal mientras profería acusaciones como que 'nadie le quería' o que le despedían “de todos los sitios”. “Lejos de reconducir la situación, el gestor académico justificó la actuación de la coordinadora y se dirigió posteriormente a una compañera y a mí, reprochándonos que ”no podíamos estar así“, pese a que no habíamos generado conflicto alguno y nos encontrábamos en ese momento impartiendo clase en un aula de la planta baja con alumnado”, señala la denuncia ante Inspección.

Otra docente denuncia también que la coordinadora ha entrevistado a sus alumnos del módulo 9 —el de los presos de régimen cerrado— para fiscalizar su labor docente a sus espaldas y ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil porque la coordinadora intentó quitarle el móvil durante una reunión.

El equipo docente de la prisión cuenta con cinco trabajadores, además del coordinador. Aunque no de manera jerárquica, la directora de la cárcel también es una figura importante. La denuncia ante Inspección señala que la directora de la cárcel reconoció que había “problemas existentes” desde hacía varios meses, pero que se habían “pasado por alto”, lo que había sido un “craso error”.

Denuncia por comentarios vejatorios, sin respuesta

Una de las profesoras informó a Inspección en noviembre de 2024 de que había sufrido “comentarios vejatorios y de connotación sexual” del anterior coordinador del centro, incluso amenazas, pero no recibió ninguna respuesta concreta sobre el protocolo de prevención de riesgos psicosociales ni se abrió una investigación formal ni se evaluó su riesgo. Tampoco se adoptaron medidas preventivas, según denuncia la víctima, que dice haber sufrido un “señalamiento” dentro del centro.

El profesor que denuncia ahora a Inspección señala que cuando vio que una compañera suya estaba siendo “víctima de una situación de acoso continuado” por el excoordinador. “Se me trasladó desde el primer momento que existía una compañera ”problemática“ y que el profesorado debía unirse para apartarla del centro. Tras más de un mes de convivencia profesional, pude constatar que ella estaba siendo víctima de una situación de acoso continuado por parte del entonces coordinador de la unidad, que se prolongaba desde hacía más de dos años”, señala en su escrito.

“Marginación profesional”

Independientemente de esta situación, los dos estaban trabajando para presentarse al equipo directivo del CEPA San Jorge de Palencia —al que está adscrita la unidad educativa de la cárcel de Dueñas—, hasta que, durante el verano, se les sugirió que iban a quedarse fuera del proyecto. Denuncian que esta exclusión se ejecutó “sin comunicación previa, sin notificación formal y sin ninguna justificación o explicación por escrito”. A pesar de sus escritos, nunca obtuvieron una respuesta formal ante lo que consideran una “marginación profesional”.

“Su objetivo fundamental es que Chamartín no se pare. Que Chamartín siga avanzando”. Con esa aseveración concluía la nota de prensa que presentaba a Yolanda Estrada como nueva concejala presidenta del distrito del norte de Madrid en 2023. Menos de tres años después hay cosas que se han detenido, como los conciertos y las obras de los parkings del Santiago Bernabéu que los vecinos llevaron a la Justicia. Como un programa de refuerzo educativo promovido desde la Junta para el alumnado con necesidades especiales. Y como, según cuentan testimonios de personas que han estado vinculadas al organismo municipal, se está ralentizando la actividad ordinaria de la entidad debido a un ambiente “hostil” que ha desembocado en una denuncia por acoso laboral contra Estrada y otros dos altos cargos del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio y degradante” en la Junta de Chamartín. La edil ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en las instancias municipales habilitadas para este tipo de cuestiones.

En cualquier caso, no es esta la primera polémica de Estrada (Hannover, Alemania, 1974) desde su llegada a Chamartín, todo un caladero de votos para el Partido Popular por el carácter conservador y acomodado de su población (con excepciones en zonas como el barrio de Prosperidad): la formación aglutinó el 61% de los sufragios en las últimas elecciones municipales. En los más recientes comicios celebrados hasta la fecha en la capital, las europeas de junio de 2024, los populares superaron el 69% y el 66% de los votos en las dos secciones censales correspondientes a las viviendas más afectadas por las molestias sonoras del Bernabéu. Pero las acusaciones de acoso laboral sí suponen la controversia que le afecta de manera más directa, al menos en la más reciente etapa de una trayectoria política originada en un entorno tan agitado como el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón y en pleno estallido de la trama Gürtel.

De dimitir por su imputación en la Gürtel a ser repescada por Ayuso

Estrada pasó de la noche a la mañana de funcionaria interina en el Área de Urbanismo del municipio madrileño, puesto al que llegó en 2001, a concejala de Obras y Servicios entre 2003 y 2008. Eran los años de la burbuja inmobiliaria en una localidad de la periferia madrileña, por lo que las oportunidades de negocio parecían infinitas. También para los consistorios. Estrada ascendía mientras lo hacía la economía, hasta que todo colapsó a finales de 2007 y comienzos de 2008. Ese año se convirtió en teniente de alcalde.

Dicho regidor era Jesús Sepúlveda, condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel. Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades en las adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama.

Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen nueve años desde 2010, cuando dimitió de sus cargos en el Ayuntamiento de Pozuelo y el PP la expulsó del grupo municipal al ser imputada por el Juzgado Número 3 de Pozuelo debido a los incrementos del presupuesto para construir un parque. Finalmente, la causa acabó sobreseída.

En 2019, fue repescada por un Partido Popular de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura. La por entonces candidata a presidir la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, la incorporó a sus listas para unas elecciones autonómicas en las que los populares consiguieron formar gobierno con la colaboración de Ciudadanos y Vox. Además de diputada autonómica, ejerció de coordinadora territorial del grupo parlamentario del PP en la Asamblea y estuvo al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda que también está protagonizando una agitada legislatura con los vecinos y su propio personal), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

Estrada, señalada por los vecinos del Bernabéu

En los comicios de mayo de 2023, Estrada pasó de las listas de Ayuso a las de Almeida, donde ocupó el puesto 21 (el PP consiguió 29 ediles). Su gestión en la Junta Municipal de Chamartín, a cuya presidencia le destinó el alcalde, ha estado marcada por los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos frenaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías. Un suflé que en las últimas semanas parece haberse rebajado, después de marcar toda la legislatura de Almeida, ya que el Consistorio no ha recurrido las más recientes decisiones de los tribunales (sí el Real Madrid) y se abre a dejar el proyecto de dos aparcamientos en uno solo.

Los residentes también se han movilizado contra el proyecto del Ministerio de Defensa, en un principio apoyado por el Ayuntamiento de Madrid, para edificar una torre de 18 plantas y 60 metros de altura junto a la colonia El Viso (otro entorno con una elevada renta media). Finalmente, el área de Urbanismo trasladó a este diario que no se aprobará la construcción, después de numerosas alegaciones que aludían a la protección del terreno o molestias por tráfico y contaminación.

Estrada también se ha inmiscuido en controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Aunque sin duda la más comentada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Así lo expone en declaraciones a este periódico la edil de Más Madrid Mar Barberán: “El hecho de que haya distintos testimonios acusando a la concejala de vivir un ambiente asfixiante, hostil, nocivo y vejatorio es reflejo de lo que vivimos y soportamos en cada pleno de distrito. Parapetándose en su presidencia dirige la junta y los plenos como si Chamartín fuera su cortijo, insultándonos y descalificándonos constantemente. Las concejalas de la oposición y los vocales vecinos sufrimos faltas de respeto continuas, sus malos modos, su agresividad y sus provocaciones, como si de un hooligan se tratara”.

El clima de Chamartín según la denuncia: “Ansiedad, crisis nerviosas y llantos”

“Si todo esto lo hace en un espacio público como el pleno —donde hay cámaras y actas—, nos podemos imaginar cómo amedrenta y hostiga a las personas que trabajan para ella y de puertas para adentro”, teme Barberán. La documentación a la que ha accedido Somos Madrid acredita que la denuncia por acoso laboral a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, tras la “inacción” de la entidad de control laboral.

Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”. 20 páginas que desarrollan un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” tras la llegada de Estrada a la Junta de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se han generado “consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. También han proliferado las bajas laborales, cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según un denunciante que obra “con reserva de identidad” por “temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”, escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en 2024. El documento atribuye a Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas en reuniones o en presencia de otros empleados”. La lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar estas situaciones. La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras “se encontraba en enfermedad oncológica”.

“En realidad, el comportamiento de Yolanda Estrada representa muy bien lo que es el Gobierno de Almeida”, lamenta Barberán. “No podemos normalizar el insulto, el amedrentamiento o la vejación a representantes políticos ni a funcionarias. Deberíamos poder ejercer nuestro trabajo como servidores públicos mediante la escucha, no con gritos y humillaciones, generando confianza, no imponiendo e intimidando. Desde Más Madrid apoyamos a las funcionarias y funcionarios que levantan este Ayuntamiento cada día y exigimos a Almeida que puedan realizar su trabajo en un ambiente adecuado. Por nuestra parte vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo posible”, remata.

Más puestos sin cubrir y un programa educativo no renovado

En paralelo, las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026 (un 30% más), según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aseguró la semana pasada que las diputadas de la Asamblea tiene “cauces más que habituales” para denunciar situaciones de acoso. Esas fueron sus palabras después de que elDiario.es preguntara por un supuesto caso de acoso sexual que una diputada de Vox habría denunciado ante Ayuso, según recoge el periodista David Fernández en su libro. Tras estas declaraciones, el PSOE de Madrid denuncia ahora que estos “cauces más que habituales” se quedan cortos: “Llevan diez años sin aplicar correctamente el protocolo”.

El protocolo antiacoso de la Asamblea de Madrid lleva diez años sin actualizarse: se publicó en 2016 y, desde entonces, no se ha modificado, a pesar de que en los últimos años han aparecido nuevas formas de acoso, especialmente aquellas enfocadas a las redes sociales o entornos digitales. Pero en caso de acoso sexual o laboral, ¿quién puede acogerse a este protocolo?

Según el propio texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, y según indican desde la propia Asamblea, el protocolo aplica solo para los propios trabajadores y trabajadoras del órgano público. Es decir, tanto las diputadas como las trabajadoras de empresas externas, como el servicio de limpieza o la cafetería, quedan fuera del protocolo. Estas últimas deben ir a su propia empresa si quieren denunciar un caso de acoso.

En cuanto a las diputadas, “no tienen relación laboral con el Parlamento, por lo que los protocolos no resultarían de aplicación directa”, explican. “Una vía alternativa podría ser su resolución en el ámbito del Grupo Parlamentario y, en su caso, ante la Mesa de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado o la Mesa de la Asamblea, si se está ante un supuesto de los recogidos” en el Reglamento.

Sin embargo, el PSOE de Madrid asegura que las diputadas de la Asamblea están “desprotegidas” porque, en caso de acoso sexual o laboral, se ven obligadas a recurrir a vías por las que es probable que su caso acabe viendo la luz, lo que podría llevar a que no quieran denunciar.

“Estas son las consecuencias de tener a una presidenta negacionista de la violencia de género, el desamparo total a las mujeres”, lamentan desde el PSOE madrileño. “Tenemos un protocolo contra el acoso sexual en la Asamblea controlada por el PP, que no se actualiza aunque la ley les obligue a incluir el acoso en el ámbito digital”, critican. “Tomemos nota las madrileñas”.

Y en caso de que una trabajadora quiera denunciar, ¿cómo puede hacerlo?

Según se explica en el protocolo, será la Secretaría General la encargada de recibir y tramitar las denuncias. Esta “deberá disponer de una lista de personas que hayan recibido formación específica en materia de género o que, sin tenerla, esté dispuesta a recibirla”. Este listado se deberá publicar “en el plazo de 5 días hábiles” desde que se publica el protocolo de 2016, entonces esos nombres se harán públicos a través de la Intranet.

Esto es lo que se denomina como “asesores confidenciales”, una figura que puede ser habitual en estos casos y que en la Asamblea debe tramitar “directamente la denuncia de acoso sexual, acoso por razón de sexo”, por lo que serán los encargados de “gestionar y tramitar” las denuncias, así como asistir e informar a la víctima. “Su identidad y la forma en que se podrá contactar con ellas se dará a conocer a todo el personal a través de la intranet”, recoge el documento.

A raíz de la respuesta del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que aseguraba que las diputadas tenían “cauces más que habituales” para denunciar los supuestos casos de abuso, el PSOE de Madrid investigó en la intranet, a la que solo tienen acceso los trabajadores y trabajadoras del órgano regional. Preguntaron por el listado de asesores confidenciales, pero, según relatan a este diario, no encontraron ningún documento, a pesar de que así lo recoge el protocolo aprobado hace diez años.

Tal y como denuncian y como se aprecia en los metadatos del archivo, el mismo día en que preguntan por qué estas figuras no aparecen en la Intranet, es el día en el que suben el archivo con el listado de nombres.

Este periódico ha preguntado a la Asamblea de Madrid, teniendo en cuenta que los nombres de los asesores confidenciales fueron publicados ese mismo jueves, de qué otra forma podían las trabajadoras denunciar situaciones de acoso. “La denuncia por parte del personal de la Cámara de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo y discriminatorio nunca se realiza ante los asesores confidenciales, la única vía es a través de la Secretaría General”, explican.

Además, aseguran que “la solicitud de voluntarios para desempeñar” esta figura “fue realizada mediante escrito de la Secretaría” en 2016. Y ese mismo año la “Dirección de Gestión Administrativa remitió listado de las personas que se presentaron voluntariamente”, aunque la Asamblea no se ha referido en sus respuestas a por qué el listado con los nombres de los asesores fue publicado en la intranet hace solo unos días, solo con los nombres y apellidos de los mismos.

Las citadas fuentes del PSOE madrileño critican que si una persona es víctima de este tipo de acoso, no acudirá a la Secretaría General para denunciarlo porque la “Asamblea es un ámbito muy pequeño” y se conocería lo sucedido.

A preguntas remitidas por este medio, la Asamblea de Madrid responde que los protocolos no se han actualizado desde que se publicaron porque “no se ha requerido desde la representación de personal unos nuevos protocolos, ni ha habido ninguna razón de oportunidad o legalidad”. Por ahora, según indican, “no hay casos registrados de acoso sexual y acoso por razón de sexo y discriminatorio en el seno de la Asamblea de Madrid”.

La semana que viene el grupo socialista activará una petición de comparecencia con la consejera sobre acoso sexual, donde tratarán sobre los protocolos antiacoso sexual en la Comunidad de Madrid y la Asamblea. “Si Ayuso no vela por el personal de la Asamblea, ¿qué le importamos las demás? Lo mismo que su compañera de Móstoles y aquella diputada de Vox”, añaden en declaraciones a elDiario.es.

Las plazas de personal municipal sin cubrir en la Junta de Chamartín han ido aumentando a lo largo del actual mandato, en medio de un clima laboral que algunos trabajadores califican de “entorno insostenible” y que ha derivado en una denuncia por acoso laboral contra su concejala presidenta, Yolanda Estrada. Las vacantes llegaban a 37 en marzo de 2023 (última relación de puestos de trabajo previa al aterrizaje de la edil) y pasaron a 48 en marzo de 2026, según los documentos a los que ha accedido Somos Madrid a partir del portal de datos del Ayuntamiento de Madrid. Estas vacantes son mayores que las de distritos con una plantilla similar, como Salamanca o Centro.

La falta de un 30% más de trabajadores es especialmente llamativa al excluir los polideportivos, que operan con mayor autonomía respecto a la Junta de distrito y donde además se ha llevado a cabo un proceso de estabilización para cubrir puestos. En ellos, las vacantes se han reducido desde las 13 de hace tres años a las siete con fecha del pasado 31 de marzo. Dejando a un lado estas unidades deportivas, las plazas sin ocupar se han disparado con Yolanda Estrada al frente de Chamartín, de 24 hasta alcanzar las 41 en marzo de 2026 (un 70% más).

Las áreas con mayor deterioro son el servicio de Medio Ambiente y Escena Urbana, que pasa de siete a once vacantes, y la secretaría de Distrito Chamartín, con plazas sin cubrir que se duplican, de dos a cuatro (y con una mayoritaria proporción de interinos en las que están ocupadas). Los ceses en los departamentos citados están recogidos en la denuncia por acoso laboral a la que ha tenido acceso este periódico, cuyos detalles se publicaron hace unos días.

“Menos y peores servicios”

Esta falta de personal se traduce en “menos y peores servicios”, opina el portavoz de Más Madrid en la Junta de Chamartín, David Penado. De hecho, la propia denuncia contra Estrada y los otros dos altos cargos del Gobierno de Almeida presentada ante la Inspección de Trabajo recoge el “deterioro del servicio público” como uno de los motivos del requerimiento, además del “acoso laboral institucional” y los “riesgos psicosociales”.

Los testimonios recopilados por este medio sugieren que la situación de Chamartín afecta a los recursos humanos de la Junta y, con ello, a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, expone una persona que ha estado laboralmente vinculada al organismo distrital.

El primer distrito en el que decae el servicio de refuerzo escolar

Desde 2015, la Junta de Distrito Chamartín ofrecía un programa de refuerzo educativo enfocado al alumnado con dificultades de aprendizaje; estudiantes de Educación Infantil y Educación Primaria del distrito que no cumplen los requisitos para que se les considere como de necesidades especiales, pero con dificultades que interfieren en su proceso educativo. Sin embargo, este curso 2025-2026 el servicio se interrumpió “sin previo aviso a las familias que lo utilizaban y a pesar de que en junio se les dijo que las actividades se reanudarían en octubre”, traslada Penado en declaraciones a este diario.

“En el pleno de marzo, desde Más Madrid pedimos que la Junta de Distrito de Chamartín tomase las medidas necesarias para que se volviese a prestar con la mayor brevedad posible, asegurando la continuidad del mismo; pero el PP votó que no”. En dicho pleno, Penado contaba cómo las familias no han podido ni siquiera consultar o recuperar los informes de quienes prestaban ese servicio, ya que el teléfono de contacto municipal habilitado para estas comunicaciones quedó inoperativo.

En la actualidad, solo cuatro de los 21 distritos de Madrid no ofrecen este servicio, alguno análogo o actividades de carácter similar. De esos cuatro, Chamartín es el único en el que ha decaído después de ponerse previamente en marcha. La última licitación se produjo en 2021, con Sonia Cea como concejala presidenta de Chamartín y ya dentro de un Gobierno de Almeida. Se hizo mediante una adjudicación prorrogable en 2023, la cual recibió luz verde ya con Estrada en la Junta. Esta prórroga concluyó en julio, sin que el servicio fuese renovado o sacado de nuevo a concurso.

Este periódico ha consultado fuentes municipales para conocer los motivos por los que no promovió la renovación o la posible incidencia en ello del aumento de plazas vacantes entre el personal, sin recibir respuesta por el momento. En el citado pleno la portavoz adjunta del PP en Chamartín, Ana Ballesteros, argumentaba que “las competencias municipales en materia educativa son limitadas y complementarias a las de la Comunidad de Madrid, que tiene competencias plenas y ha implementado medidas especializadas de diagnóstico, recuperación y tratamiento en todos los centros del distrito”. Y añadió: “Hemos pasado de una ayuda concentrada en dos centros a establecer un sistema que se puede prestar en todos los del distrito”. Penado contestó a esta afirmación con una pregunta: “¿Si han mejorado el servicio con esta reforma como es posible que familias que lo recibían ahora lo hayan dejado de recibir?”.

Una denuncia que recoge “trato vejatorio”

La denuncia presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid presenta “un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil” en la Junta de Chamartín. Está dirigida contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada (que llegó a estar imputada en la trama Gürtel por su etapa como concejala en Pozuelo de Alarcón), y otros dos altos cargos del Ayuntamiento. La concejala ha negado los hechos, según trasladó la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que afirma además que el Ejecutivo de Cibeles no tiene constancia documental alguna de la denuncia, ni se han elevado escritos similares en los organismos municipales habilitados para este tipo de cuestiones.

La documentación a la que ha tenido acceso este periódico acredita que la denuncia a Inspección de Trabajo derivó en una segunda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, ante la “inacción” de la entidad de control laboral. Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo. Solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante unos hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”.

La denuncia desarrolla a lo largo de veinte páginas un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” que se remonta a la llegada de Estrada a la Junta Municipal de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se ha generado “un entorno insostenible, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”.

Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. A ello hay que sumar las bajas laborales (la más reciente data del 13 de febrero según la denuncia), cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según el denunciante (que obra “con reserva de identidad” por “un temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”), escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en septiembre de 2024. El documento atribuye a Alicia Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. Pero la lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones.

La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras este “se encontraba en situación de enfermedad oncológica”. Aunque para entonces la situación era ya difícil y se habían producido destituciones, según el denunciante fue esta sustitución la que elevó el acoso a “extremos absolutamente insostenibles” y a ambiente generalizado de “miedo, presión y sumisión entre los trabajadores”. Por ello, solicita como medidas cautelares y urgentes “el cese inmediato de las conductas descritas”, “la limitación o suspensión de funciones de supervisión directa de Alicia Gregorio” o “requerir al Ayuntamiento de Madrid para que de forma inmediata evalúe los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín”.

Esta instancia llega después de una primera remisión del caso ante la Inspección de Trabajo de Madrid, con un documento al que también ha podido acceder este periódico. La escalada tiene lugar porque “no se ha personado ningún Inspector de Trabajo ni consta la apertura de actuaciones inspectoras”, circunstancias que hacen “necesaria” la “intervención judicial urgente”.

Este primer requerimiento cita expresamente diez posibles testigos entre el personal y concreta que las conductas han desembocado en “episodios reiterados de estrés laboral grave, crisis emocionales en el puesto, bajas médicas por ansiedad o agotamiento psicológico”. Pero es especialmente reseñable que incluye una tercera persona identificada como “responsable”, además de Estrada y Gregorio, que da cuenta de cómo el caso habría llegado previamente a manos del Ejecutivo municipal.

Se trata de Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento. Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Fuentes del área liderada por Hidalgo afirman que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”. “Si hablamos de acoso laboral, lo habitual en el Ayuntamiento es solicitar la activación del protocolo aspecto que tampoco se ha producido. Tampoco consta que se haya planteado ninguna solicitud de intervención por parte de la Unidad de Conflictos en ese ámbito. Estos dos últimos supuestos son las vías que se utilizan cuando se detecta un problema de existencia de conflictos o acoso”, informan.

Testimonios que corroboran las aptitudes: “Yo he sufrido acoso”

Con este diario han conversado personas que han estado vinculadas laboralmente a la Junta de Chamartín y corroboran el “trato vejatorio” por parte de Yolanda Estrada, así como las actitudes previamente descritas. “Lo primero que preguntó era a quién podía cesar o rebajar”, asegura una de ellas. “Yo he sufrido acoso. Ha hecho polvo mi carrera y mi dedicación”, cuenta. Añade que si no lo ha denunciado es por su falta de confianza en las garantías del proceso: “Sé que a nivel interno estas cosas no van a ningún sitio, pero esta persona conmigo se ha ensañado”. En su caso centra ese “acoso” en la propia Estrada, aunque precisa que Alicia Gregorio “ejecuta las órdenes”.

Otra persona que atiende a este medio coincide en este deterioro del ambiente provocado por Estrada: “Todo le parece mal sin conocer nada ni saber nada. Tuerce el gesto y solo busca cosas negativas, sin escuchar, sobre todo si te pone la cruz por cosas tan subjetivas como que no le guste cómo miras”, expone. “En un momento dado empezó a puentearme, preguntaba cosas personales sobre mí a administrativos que estaban bajo mi responsabilidad. Al final me cesaron sin valorar mi gestión. El argumento es que había quejas sobre mí, cuando pude comprobar en el sistema de reclamaciones que eso no es así. También fue una cuestión de edadismo”.

Miembros de la plantilla cesados, los que podían serlo al ocupar plazas singularizadas, han acabado en puestos que en muchos casos comportan una menor retribución económica. A otros “les ha degradado del cargo, les ha recortado el complemento de productividad o directamente se lo ha quitado”. “Está jodiendo vidas”, lamenta sobre la situación en la Junta Municipal desde la llegada de Estrada. Todo ello ya antes de que asumiera la coordinación del distrito Alicia Gregorio, a la que tacha de “alma gemela” de la concejala: “Es la voz de su amo. Ya era horrible e indigno solo con Estrada, ahora con dos mucho peor”. Precisa además que el cese del coordinador anterior fue “completamente arbitrario” y se debió a “algo que no gustó a la concejala en una reunión con vendedores de los puestos alrededor del Bernabéu”.

Además de los ceses, los traslados y las bajas médicas, este testimonio da cuenta de situaciones especialmente delicadas entre quienes continúan trabajando en la Junta, como la de una mujer “humillada día tras día que está aguantando hasta su jubilación”. Las “faltas de respeto” se repiten incluso “con sus propios asesores”, sobre todo con los que le atribuye el Partido Popular. Cada concejal de distrito suele contar con uno que designa personalmente y otro que coloca el partido. Por este segundo puesto habrían pasado “tres personas en tres años”. “Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge”, concluye, antes de alertar sobre la dejadez del resto del Ejecutivo de Almeida: “Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue”.

“El sistema no funciona para protegernos. Es anónimo, pero si señalas cosas acaban llegando a ti”, apostilla una de las fuentes que conversa con Somos Madrid, todas ellas de manera anónima ante el temor a represalias. “Al final es tu palabra contra la de la otra persona y ante el acosador quien tiene más que perder es el trabajador”. Y a veces también los ciudadanos.

El Ayuntamiento de Madrid afirma que no tenía constancia de los hechos recogidos en la denuncia por acoso laboral contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, y otros dos altos cargos del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha indicado que Estrada “niega cualquier tipo de acoso” después de que el Consistorio le haya consultado al respecto.

“Se han producido movimientos y ceses de personal como en muchos lugares”, ha informado Sanz a partir de la respuesta que les ha trasladado la edil y después de una pregunta de la Cadena Ser. En contestación a una consulta de Somos Madrid sobre este mismo asunto, la vicealcaldesa ha incidido en los argumentos esgrimidos desde el área de Economía, Hacienda e Innovación: “Inspección de Trabajo no ha requerido nada y tampoco ha habido traslado a Prevención de Riesgos Laborales, que es lo habitual para que se activen los protocolos”. “Lo estudiaremos”, ha afirmado en último término sobre el caso, antes de concluir que “nos hemos enterado por elDiario”.

La noticia, adelantada en exclusiva por este medio, recoge las “humillaciones”, “descalificaciones” y “trato vejatorio” que el personal de la Junta Municipal del distrito ha sufrido en los últimos tiempos, según un escrito elevado a los Juzgados de lo Social de Madrid. Varios testimonios recogidos por Somos Madrid apuntan en la misma línea: “Yo he sufrido acoso. Conmigo se ha ensañado”, cuenta una persona que ha estado vinculada laboralmente al órgano de gobierno de Chamartín.

Maroto, contra el Gobierno de Almeida: “Creen que la administración es su cortijo”

En paralelo, comienzan las reacciones políticas a la denuncia. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha lamentado los hechos denunciados en un mensaje publicado en X: “Así son, creen que la administración es su cortijo particular. Así gestionan el día a día, con miedo y humillación hacia los trabajadores”, opina en referencia a la gestión del Ejecutivo de Almeida.

“Todo mi reconocimiento a los empleados públicos que sostienen esta ciudad con profesionalidad frente a entornos que, según denuncian, son intolerables. Se deben asumir responsabilidades ya”, ha rematado la líder de los socialistas madrileños.

Por su parte la portavoz adjunta de PSOE en el Consistorio, Enma López, ha trasladado su “cariño” a los trabajadores denunciados y a todos los empleados públicos del Ayuntamiento. Llama a “esclarecer lo que ha pasado”, por mucho que deba “respetarse la presunción de inocencia”. Y añade: “Nosotros no somos como ellos, así que no voy a decir que Almeida lo conocía y lo tapó, pero sí voy a exigirle que se implique personalmente. Debe hacerlo porque Estrada forma parte de su grupo municipal, es concejala del PP y porque la Ley de Capitalidad determina que el alcalde es el máximo responsable en materia de personal en el Ayuntamiento.”.

“Nos gustaría decir que nos ha extrañado esta noticia pero, por desgracia, no es así. Hemos visto en Chamartín pleno tras pleno como esta concejala se dirige en tono insultante, bronco, a toda la oposición. Ahora nos apena comprobar que da la sensación de que ese trato denigrante también forma parte del día a día de la Junta de Distrito. No podemos tolerar esta clase de hechos. Hay que dirimir responsabilidades tanto penales como administrativas y el Grupo Municipal Socialista va a estar muy atento”, concluye López.

“Un entorno intimidatorio”

Este periódico ha tenido acceso a dos denuncias anonimizadas, la de carácter judicial (que pide “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”) y una anterior dirigida a la Inspección de Trabajo de Madrid. Ambas describen un “entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”. Testimonios recopilados por este diario contrastan esas actitudes y señalan que desde la llegada de Estrada a Chamartín en 2023 se han producido once ceses y cinco bajas de larga duración, mientras que 16 personas se han marchado de la Junta voluntariamente. “Está jodiendo vidas”, afirma una de estas fuentes.

La segunda denuncia achaca la responsabilidad a Estrada y otros dos altos cargos municipales. Por un lado su coordinadora general en Chamartín, Alicia Gregorio, a la que acusa de “gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. También de “amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones”.

Por último, el documento señala a Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento.Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Desde el área liderada por Hidalgo, después de consultar a la Dirección General de Función Pública, aseguran que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector nos lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”.

“Un entorno laboral intimidatorio, degradante y hostil”. Es lo que recoge una denuncia por acoso laboral institucional, riesgos psicosociales y deterioro del servicio público presentada el pasado 12 de marzo en la Inspección Provincial de Trabajo de Madrid. Está dirigida contra la concejala presidenta del distrito de Chamartín, Yolanda Estrada, y otros dos altos cargos del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida.

Un proceso que once días después, el 23 de marzo, derivó en una segunda denuncia en los Juzgados de lo Social de Madrid, según la documentación al que ha tenido acceso Somos Madrid. Este último escrito incorpora el sello oficial de la Junta de Chamartín y centra las acusaciones en la coordinadora general del distrito, Alicia Gregorio Arroyo. En último término, solicita “medidas cautelares urgentes” para “evitar la continuidad del daño y la agravación de sus consecuencias”, ante unos hechos que “vulneran derechos fundamentales como la integridad moral, la dignidad en el trabajo o la salud laboral”.

A lo largo de varias páginas, la denuncia desarrolla un “deterioro progresivo y grave del clima laboral” que se remonta a la llegada de Estrada a la Junta Municipal de Chamartín, en junio de 2023. Desde entonces, se ha generado “un entorno insostenible, con consecuencias graves para la salud de los trabajadores como episodios de ansiedad, crisis nerviosas y llantos en los puestos de trabajo”.

Además, Estrada ha ejecutado “nueve ceses de funcionarios” en menos de tres años (el último de ellos en febrero), una cifra que fuentes consultadas por este diario elevan a once. A ello hay que sumar las bajas laborales (la más reciente data del 13 de febrero según la denuncia), cinco de ellas de larga duración, y al menos cuatro solicitudes de reasignación en otros puestos fuera del distrito. Esta última cantidad se refiere a las especificadas en el escrito judicial, aunque las mencionadas fuentes sostienen que hasta “16 personas se han ido voluntariamente”.

Dichas peticiones de traslado buscarían, según el denunciante (que obra “con reserva de identidad” por “un temor real, fundado y objetivable a represalias laborales”), escapar de “conductas constitutivas de acoso laboral” que se habrían recrudecido desde el nombramiento de una nueva coordinadora del distrito en septiembre de 2024. El documento atribuye a Alicia Gregorio, mano derecha de Estrada, “humillaciones, trato vejatorio, gritos y descalificaciones públicas del trabajo de funcionarios en reuniones o en presencia de otros empleados”. Pero la lista de acusaciones es extensa: amenazas sobre el mantenimiento del puesto, restricciones de permisos con efectos en la conciliación, coacciones para firmar documentos administrativos para no sufrir represalias profesionales, vigilancia fuera del horario laboral o prohibición de comunicar fuera de la Junta de Chamartín todas estas situaciones.

La denuncia apunta asimismo que el nombramiento de Gregorio estuvo precedido por el cese del anterior coordinador del distrito mientras este “se encontraba en situación de enfermedad oncológica”. Aunque para entonces la situación era ya difícil y se habían producido destituciones, según el denunciante fue esta sustitución la que elevó el acoso a “extremos absolutamente insostenibles” y a ambiente generalizado de “miedo, presión y sumisión entre los trabajadores”.

Por ello, solicita como medidas cautelares y urgentes “el cese inmediato de las conductas descritas”, “la limitación o suspensión de funciones de supervisión directa de Alicia Gregorio” o “requerir al Ayuntamiento de Madrid para que de forma inmediata evalúe los riesgos psicosociales en la Junta de Chamartín”. A preguntas de este diario, el Consistorio no ofrece hasta la fecha valoraciones de la Junta sobre la denuncia o los comportamientos abusivos recopilados a lo largo de este artículo.

Vía judicial ante la “inacción” de la Inspección de Trabajo y el Ayuntamiento

La denuncia en los tribunales llega después de una primera remisión del caso ante la Inspección de Trabajo de Madrid, con un documento al que también ha podido acceder este periódico. La escalada tiene lugar porque “no se ha personado ningún Inspector de Trabajo ni consta la apertura de actuaciones inspectoras”, circunstancias que hacen “necesaria” la “intervención judicial urgente”.

Este primer requerimiento cita expresamente diez posibles testigos entre el personal y concreta que las conductas han desembocado en “episodios reiterados de estrés laboral grave, crisis emocionales en el puesto, bajas médicas por ansiedad o agotamiento psicológico”. Pero es especialmente reseñable que incluye una tercera persona identificada como “responsable”, además de Estrada y Gregorio, que da cuenta de cómo el caso habría llegado previamente a manos del Ejecutivo municipal.

Se trata de Juan José Blázquez, director general de Función Pública del Ayuntamiento. Un alto cargo en el Gobierno de Almeida que depende directamente de la concejala de Economía, Hacienda e Innovación, Engracia Hidalgo. La denuncia a la Inspección de Trabajo le achaca que, “en su condición de responsable de la función pública municipal”, tenía “conocimiento de los hechos denunciados y los ceses producidos”. Todo ello “sin que conste la adopción de medidas eficaces para prevenir o corregir la situación”.

Fuentes del área liderada por Hidalgo, después de consultar a la Dirección General de Función Pública, afirman que “la Inspección de trabajo no ha requerido nada al Ayuntamiento de Madrid relacionado con un supuesto caso de acoso laboral de la concejala de Chamartín a un empleado público”. Puntualizan que “cuando hay una denuncia de la Inspección, el inspector nos lo comunica y se le dan las explicaciones pertinentes tras recabar la información”. Apostillan que “tampoco en Prevención de Riesgos Laborales ni en el Comité de Seguridad y Salud consta nada relacionado con este asunto”.

“Si hablamos de acoso laboral, lo habitual en el Ayuntamiento de Madrid es solicitar la activación del protocolo aspecto que tampoco se ha producido. Tampoco consta que se haya planteado ninguna solicitud de intervención por parte de la Unidad de Conflictos en ese ámbito. Estos dos últimos supuestos son las vías que se utilizan cuando se detecta un problema de existencia de conflictos o acoso”, informan.

Testimonios refuerzan la denuncia: “Conmigo se ha ensañado”

Este periódico ha conversado con personas que han estado vinculadas laboralmente a la Junta de Chamartín y corroboran el “trato vejatorio” por parte de Yolanda Estrada, así como las actitudes previamente descritas. “Lo primero que preguntó era a quién podía cesar o rebajar”, asegura una de ellas. “Yo he sufrido acoso. Ha hecho polvo mi carrera y mi dedicación”, cuenta. Añade que si no lo ha denunciado es por su falta de confianza en las garantías del proceso: “Sé que a nivel interno estas cosas no van a ningún sitio, pero esta persona conmigo se ha ensañado”. En su caso centra ese “acoso” en la propia Estrada, aunque precisa que Alicia Gregorio “ejecuta las órdenes”.

Otra persona que conversa con este medio coincide en este deterioro del ambiente provocado por Estrada: “Todo le parece mal sin conocer nada ni saber nada. Tuerce el gesto y solo busca cosas negativas, sin escuchar, sobre todo si te pone la cruz por cosas tan subjetivas como que no le guste cómo miras”, expone. “En un momento dado empezó a puentearme, preguntaba cosas personales sobre mí a administrativos que estaban bajo mi responsabilidad. Al final me cesaron sin valorar mi gestión. El argumento es que había quejas sobre mí, cuando pude comprobar en el sistema de reclamaciones que eso no es así. También fue una cuestión de edadismo”.

Miembros de la plantilla cesados, los que podían serlo al ocupar plazas singularizadas, han acabado en puestos que en muchos casos comportan una menor retribución económica. A otros “les ha degradado del cargo, les ha recortado el complemento de productividad o directamente se lo ha quitado”. “Está jodiendo vidas”, lamenta sobre la situación en la Junta Municipal desde la llegada de Estrada. Todo ello ya antes de que asumiera la coordinación del distrito Alicia Gregorio, a la que tacha de “alma gemela” de la concejala: “Es la voz de su amo. Ya era horrible e indigno solo con Estrada, ahora con dos mucho peor”. Precisa además que el cese del coordinador anterior fue “completamente arbitrario” y se debió a “algo que no gustó a la concejala en una reunión con vendedores de los puestos alrededor del Bernabéu”.

Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge. Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue

Además de los ceses, los traslados y las bajas médicas, este testimonio da cuenta de situaciones especialmente delicadas entre quienes continúan trabajando en la Junta, como la de una mujer “humillada día tras día que está aguantando hasta su jubilación”. Las “faltas de respeto” se repiten incluso “con sus propios asesores”, sobre todo con los que le atribuye el Partido Popular. Cada concejal de distrito suele contar con uno que designa personalmente y otro que coloca el partido. Por este segundo puesto habrían pasado “tres personas en tres años”. “Estrada es lo peor que me he encontrado en la administración. Es muy zafia, pero como chilla te encoge”, concluye antes de alertar sobre la dejadez del resto del Ejecutivo de Almeida: “Lo sabe todo el Ayuntamiento y toda la corporación, pero ahí sigue”.

“El sistema no funciona para protegernos. Es anónimo, pero si señalas cosas acaban llegando a ti”, apostilla una de las fuentes que conversa con Somos Madrid, todas ellas de manera anónima ante el temor a represalias. “Al final es tu palabra contra la de la otra persona y el trabajador tiene más que perder que el que acosador”.

Esta misma semana Comisiones Obreras denunciaba en un comunicado las “quejas de la plantilla de la Junta Municipal de Hortaleza”, presidida por el polémico concejal aguafiestas David Pérez, relativas a “un ambiente de trabajo hostil con repercusiones muy graves en el desarrollo de la actividad cotidiana”. El documento, difundido por la Coordinadora de Hortaleza a través de redes sociales, protesta por un “cuestionamiento permanente de los trabajadores” o “la retirada de complementos”. Un contexto de “hostigamiento” que ha derivado en dos demandas interpuestas ante los tribunales de lo contencioso-administrativo, ambas ganadas en primera instancia por el sindicato.

Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo componen gente sin experiencia. Es alguien que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni nos ha conocido

La coyuntura en Chamartín es tan dramática que ya afecta a los recursos humanos de la Junta o a la efectividad de los servicios que debe acometer: “No hay personal funcionario que quiera venir a Chamartín, salvo la gente que tenga mucha necesidad. Se ha corrido la voz. Están quedando plazas desiertas, cubiertas por interinos de otras administraciones o gente de la Oficina para el Empleo. Eso provoca que las cosas tarden más en hacerse, que haya que estar pendientes constantemente para arreglar y corregir”.

“Antes de Estrada éramos un equipo supercoordinado, ahora cada vez más lo compone gente nueva y sin experiencia. Es alguien que va arrasando, que no entiende que estamos para servir al ciudadano. Lo hacíamos bien, simplemente no le hemos caído bien. Aunque ni siquiera nos ha conocido”, remata.

Estrada, de la cercanía con la Gürtel al roce con los vecinos del Bernabéu

Almeida incorporó en sus listas a Estrada después de los comicios municipales de 2023. Hasta entonces, era la coordinadora territorial del grupo parlamentario del Partido Popular que Isabel Díaz Ayuso presidía en la Asamblea de Madrid, además de estar al frente de la Comisión de Vivienda y Administración Local. Así, como David Pérez (exconsejero autonómico de Transportes y Vivienda), acabó en el equipo de Almeida procedente del círculo de poder ayusista.

El mayor quebradero de cabeza para la gestión de Estrada han sido sin duda los frustrados conciertos y parkings alrededor del Santiago Bernabéu, que los vecinos tumbaron en la Justicia. La edil, acusada de rechazar peticiones y reuniones con las asociaciones de afectados, trató por contra de concertar encuentros privados con las comunidades de residentes instando a su equipo a entregar notas manuscritas en las porterías.

Estrada también ha protagonizado controversias de carácter puramente ideológico, como cuando incluyó referencias religiosas mezcladas con proclamas políticas (“La Venezuela libre está en Madrid”) en un programa de fiestas de Chamartín. Pero sin duda la más sonada fue el envío por parte de la Junta Municipal de una felicitación navideña dirigida a los más pequeños en la que un hombre con la cara pintada de negro encarnaba a Baltasar. Todos estos conflictos han derivado en plenos distritales extremadamente broncos, aunque fuentes de los grupos políticos trasladan que “las malas formas y las faltas de respeto” por parte de Estrada han sido “la tónica habitual” durante toda la legislatura.

Antes de su etapa como diputada autonómica, su carrera política estuvo ligada al Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, donde encadenó los cargos de concejala de Obras, de Presidencia y teniente de alcalde entre 2003 y 2010. Llegó a ese Consistorio de la mano de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo condenado a 14 años y ocho meses de prisión por la trama Gürtel.

Según acreditó la Audiencia Nacional, Sepúlveda recibió dinero negro y regalos “por las irregularidades adjudicaciones públicas que favoreció”. Además de metálico, la trama le obsequió con “viajes y servicios turísticos”, “eventos familiares” o “servicios prestados para su campaña electoral como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Pozuelo”. El tribunal condenó a su exmujer, Ana Mato (exministra de Sanidad en el Gobierno de Mariano Rajoy), como responsable civil a título lucrativo por beneficiarse de los regalos que su entonces esposo obtuvo de la trama. Los juicios se desarrollaron mientras Estrada estaba fuera de la política activa, de la que se mantuvo al margen desde 2010 hasta 2019, cuando fue repescada para un PP de Madrid que trató de ofrecer una imagen de renovación y frescura.

La Universidad de La Laguna (ULL) ha defendido este miércoles que su actuación en el caso de la profesora expedientada por presunto acoso laboral se ha llevado a cabo “conforme a derecho”, siguiendo los protocolos establecidos y respetando las garantías procesales.

Según ha indicado la institución académica a EFE, tras la denuncia presentada por la docente por presunto acoso laboral, se activó el protocolo correspondiente y, a partir de un peritaje externo, se incoaron expedientes disciplinarios a las personas señaladas.

No obstante, el proceso concluyó con una propuesta de archivo “al no encontrarse indicios de responsabilidad en los denunciados”, ha precisado la universidad.

Posteriormente, y tras recibir un conjunto de denuncias por presunto incumplimiento de las obligaciones docentes —entre ellas un paro académico de la totalidad del alumnado de la titulación en la que impartía clase—, la ULL decidió incoar un expediente disciplinario a la profesora.

La universidad ha señalado que dicho expediente se encuentra actualmente en suspensión, dado que la docente no está en activo en estos momentos.

Estas declaraciones se producen después de que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) denunciara públicamente la actuación de la institución en este caso, al considerar que no se ha protegido adecuadamente a la trabajadora.

Un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles (Madrid) ha admitido a trámite la querella que una exconcejala del PP de esa localidad presentó por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y contra el Partido Popular como persona jurídica. En un auto adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Eloísa Márquez de Prado afirma que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos” y acuerda abrir diligencias previas. 

En la resolución, fechada el 15 de abril, la magistrada también acuerda citar a la exedil el próximo 29 de junio para que preste declaración. Asimismo, ordena que la médico forense adscrita al juzgado haga un reconocimiento a la denunciante para “determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados”. Asimismo, dispone que se dé traslado de la querella a los denunciados, el alcalde y el Partido Popular “a través de carta certificada con acuse de recibo”.

La exdil presentó la querella el pasado 16 de febrero. Casi un mes después, el 9 de marzo, la Fiscalía reclamó que se diera “un impulso procesal” dado que hasta la fecha no se había avanzado nada en el asunto. El Ministerio Público reclamó que se dictara una resolución para abrir esa investigación, como finalmente ha ocurrido.

La exconcejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

Según informó el diario El País, el letrado de la denunciante solicitó en la querella la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por el momento, la jueza no ha dado curso a esas peticiones. Como es habitual, ha citado primero a la denunciante para que ratifique la querella.

Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, afirma que ante la “notoria existencia” de presuntos indicios de criminalidad, la resolución judicial no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial en averiguación de los hechos denunciados.  

La fiscal de la Sección de Violencia contra la Mujer del Área Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado al juez que investigue al alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista por la querella presentada por una exconcejala de ese municipio en la que denunciaba delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y descubrimiento y revelación de secretos. Pide que, dado que hasta la fecha no se ha avanzado nada en este asunto, se dé “un impulso procesal” y, por tanto, se dicte una resolución para abrir esa investigación y que el Ministerio Fiscal pueda informar al respecto.

En un sucinto escrito con fecha de 9 de marzo, avanzado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía recuerda que la querella iba tanto contra el alcalde como contra el PP. Fue en febrero cuando trascendió que esa exconcejala, que pidió auxilio a la cúpula del partido en la región por el acoso laboral y sexual que supuestamente sufrió en 2024 a manos del alcalde, había presentado una querella en los juzgados. Desde entonces ya han pasado dos meses sin que el juzgado haya movido ficha.

Según relataba Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, se trata de “un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima”.

La concejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral, según reveló El País. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán, imputada por corrupción, amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

Según informaba el diario El País, el letrado de la víctima ha solicitado la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

“Nutrido soporte probatorio”

En un comunicado, el despacho Suárez-Valdés, afirma que la querella se sustenta “en un nutrido soporte probatorio”. Con ello se buscará, primero, acreditar la existencia de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la exconcejala por parte del regidor. Y, después, la existencia de “un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad” ante el rechazo a sus pretensiones. 

Según el letrado, “la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular” han obligado a su representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente.

“El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización. La ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones, según tipifica nuestro código penal”, sostiene el comunicado.

La jueza de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha abierto diligencias previas y ha admitido la querella contra el coordinador de presidencia de la Diputación de Sevilla, Demetrio Pérez, por presunto acoso a una trabajadora de la institución provincial.

Según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, la jueza ha citado a la persona denunciante a declarar a final de este mes de abril para “ratificar dicha querella”.

Esta noticia llega menos de un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) inadmitiera a trámite la querella presentada contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez, así como otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por “la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella”.

Según el auto judicial fechado el pasado mes de marzo, el TSJA consideraba que “no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión íntegra de la querella presentada ante esta Sala”.

María José Rosell es cirujana pediátrica en el Hospital Universitario de León. Ejerce como especialista desde julio de 2024 tras concluir “de forma brillante” su formación en Asturias. Antes pasó por Canarias. En concreto, por el Hospital de La Candelaria de Tenerife, que atiende a la población de la capital y de la zona sur de la isla. Ahí vivió una experiencia tormentosa. Entró en mayo de 2019 en un servicio con una alta conflictividad laboral. A finales de año, seis médicos abandonaron la unidad, que quedó bajo mínimos, sustentada solo por dos facultativos y dos residentes. Meses después, Rosell denunció a su jefe por acoso laboral y la dirección del hospital no solo no la protegió, sino que se lo recriminó y forzó su salida. Había un “odioso interés” en que la entonces cirujana en formación “abandonara el servicio de una vez” y dejara de “evidenciar los problemas y conductas” en Cirugía Pediátrica. Todo ello a pesar de valorar “enormemente” sus “altas capacidades” para el desempeño de ese puesto.  

Los entrecomillados del primer párrafo están extraídos de una sentencia dictada el pasado 27 de febrero por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. En un contundente fallo que aún no es firme, la magistrada condena al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar con 35.701,11 euros a la cirujana por los daños patrimoniales y morales que le infligió debido a un grave incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. 

Los antecedentes

La resolución judicial dibuja un escenario de desidia y revictimización. El relato comienza en mayo de 2019, fecha en la que Rosell se incorpora como médica en formación al servicio de Cirugía Pediátrica de La Candelaria. Tan solo cinco meses después, seis especialistas activan el protocolo de acoso laboral contra el entonces jefe del servicio, M.A.G.C. Denuncian un trato “despótico”, de “menosprecio” de conocimientos y habilidades profesionales y una distribución “arbitraria” de funciones, de modo que las intervenciones más complicadas se reservan casi de forma exclusiva para sí mismo y para otro doctor.  

A finales de año, esos seis facultativos renuncian y la unidad queda en manos del jefe denunciado, de otro adjunto y de dos residentes, una de tercer año y Rosell. Las conclusiones del protocolo de acoso llegan en marzo de 2020. La Comisión de Investigación constata que la convivencia es “insostenible” y que hay un evidente riesgo psicosocial por el “estilo de mando autoritario” del jefe del servicio, pero no puede concluir “con certeza” que se trate de un caso de acoso laboral, puesto que la prueba de más peso en la instrucción es la obtenida de las entrevistas y no aprecia acreditación documental suficiente. 

Esa comisión exige dos evaluaciones: sobre la idoneidad del jefe y sobre los riesgos psicosociales. La primera tardaría más de tres años y medio. La segunda se emite en noviembre de 2020 y acredita la existencia de un “riesgo importante” en el servicio. 

La denuncia de las residentes

Tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019, el servicio se mantiene con solo cuatro integrantes y la misma presión asistencial durante un año. A pesar de los resultados académicos positivos de las dos residentes, la escasez de médicos incrementa la exposición de Rosell y de su compañera al “autoritarismo” del jefe. Ambas lo denuncian por acoso laboral el 19 de noviembre de 2020. Y al día siguiente son convocadas a una reunión en la que participan el tutor de las residentes y el director médico del hospital, R.G.P. La conversación queda grabada y es aportada al proceso judicial como prueba, sin que el SCS haya cuestionado su validez. 

En ese audio, el director médico recrimina a las residentes su actitud. Les achaca que en el anterior protocolo de acoso (el abierto por la denuncia de los seis especialistas) no habían declarado nada en contra del jefe y les advierte: “A él no lo vamos a tocar, él tiene plaza aquí dentro, pero a ti te jode la especialidad”. Y añade: “Cuando hubo una denuncia lo defendieron. O sea, que esto se lo tienen ganado, también se los digo. Con toda la mala leche del mundo. Esto que tienen se lo han ganado ustedes mismas (...) Pues a mamarla, compadre. A mamársela. Eso es lo que ustedes han buscado”. 

En los días posteriores se suceden otros episodios. En uno de ellos, según denuncia, Rosell tiene que encerrarse bajo llave y a oscuras por miedo en un despacho mientras su jefe intenta forzar la puerta desde fuera. Incluso llega a llamar a la Policía Nacional pidiendo auxilio. Tras esta escalada de tensión, la dirección médica convoca una nueva reunión y el jefe del servicio causa baja el 30 de noviembre, once días después de la denuncia. 

La gerencia acuerda entonces iniciar el procedimiento para suspender la acreditación docente de Cirugía Pediátrica, al haberse reducido la actividad quirúrgica y disponer el servicio de un solo especialista. Se transfiere la carga asistencial y las guardias al otro centro de referencia de Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Este nuevo escenario obliga a las residentes a salir, a una rotación externa urgente. Rosell tiene que irse a Barcelona durante cuatro meses, de enero a mayo de 2021. 

A su regreso, el jefe sigue de baja. Se reincorpora en septiembre. En ese momento se celebra una nueva reunión en la que se acuerda que no coincidan. No puede tener contacto con las residentes, ni establecer sus rotaciones ni organizar sus guardias. Sin embargo, todo eso se queda en una “mera declaración de intenciones”, según recoge la sentencia. Las médicas en formación siguen bajo “la posible arbitrariedad” del jefe denunciado, quien mantiene su superioridad “al ejercer sus funciones de planificación, organización y distribución del servicio (adjudicación de intervenciones quirúrgicas, pacientes…)” En definitiva, “proyectando influencia directa” en el trabajo de Rosell, cuando “ya era clara la animadversión” hacia la residente que había iniciado el protocolo de acoso. 

Desde ese momento y hasta el 1 de diciembre de 2021, fecha en la que la gerencia comunica de forma oficial al jefe de Cirugía Pediátrica la retirada cautelar de las funciones de organización y planificación, el SCS “mantuvo expuesta a Rosell al riesgo psicosocial, cuando menos de autoritarismo, y de posible acoso, sin medida protectora alguna”. 

En 2022, la subdirección médica asume formalmente la planificación de quirófanos y consultas de Cirugía Pediátrica, aunque el jefe de servicio “sigue intentando organizar parte de la agenda”. En marzo se inicia por fin, dos años después de haber sido solicitado, el procedimiento para evaluar su puesto. Y ese mismo mes, en concreto el día 18, se celebra una nueva reunión entre altos cargos del hospital y las residentes, que vuelven a recibir recriminaciones y reproches. “Que hayamos llegado a este punto de la docencia y que no hayas visto antes que era tu momento de marchar. Me cuesta entenderlo”, se escucha en un momento de esa conversación, que también fue grabada. En otro instante, les advierten de que ningún otro hospital querrá contratarlas por su carácter “problemático”.  

En mayo de 2022, el Ministerio de Sanidad emite la resolución definitiva de desacreditación de la unidad docente de Cirugía Pediátrica del Hospital de La Candelaria. Rosell tiene que irse. Se traslada a Asturias para completar su formación como residente. 

Protocolo de acoso 

La sentencia también se detiene en los “incumplimientos flagrantes” de los plazos y previsiones cautelares del protocolo contra el acoso. El fallo pone de relieve que la primera comisión de investigación para evaluar la denuncia de las residentes se abre en marzo de 2021, tres meses después de presentada, aunque se devuelve de inmediato a la gerencia porque los hechos podían ser constitutivos de acoso por razón de sexo. 

La nueva comisión se constituye en abril de 2022, un año y medio después de la denuncia. Y tras unas “mínimas diligencias” -dar audiencia a Rosell- concluye, “como era esperable”, que no se trataba de acoso por razón de sexo, “puesto que ya habían existido procesos previos promovidos por facultativos varones con origen en el mismo jefe de servicio”, sino de un “posible acoso laboral psicológico cuyo riesgo ya se había apuntado” tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019. El protocolo se archiva en enero de 2023, con Rosell ya en la Península. La afectada decide entonces acudir a los juzgados. 

A finales de ese año, la gerencia del hospital destituye a M.A.G.C. como jefe del servicio de Cirugía Pediátrica por negarse a ser evaluado. 

“Rechazo frontal a la actitud combativa”

La jueza pone de manifiesto en su sentencia el “rechazo frontal” de todos los estamentos jerárquicos del hospital a “la actitud combativa y de denuncia” de Rosell “frente a la tóxica situación mantenida en el tiempo que se daba en el servicio de Cirugía Pediátrica” y que evidenció, por ejemplo, una enfermera que testificó en el juicio y contó que era habitual que el jefe increpara “con alta voz” a especialistas y residentes en medio de las cirugías y que las profesionales salieran llorando del quirófano. 

La magistrada lamenta que la dirección llegara incluso a “la discriminación y a la advertencia directa de las consecuencias negativas indeseadas por tales denuncias, pese a conocer y destacar cada uno de los intervinientes en su día la enorme y particular valía profesional de Rosell como cirujana pediátrica”. Su actitud “inconformista” frente a la lesión a su derecho a la salud en el trabajo “redunda en beneficio de toda la ciudadanía (...), aunque lamentablemente en su día los dirigentes” del Hospital de La Candelaria “no lo supieran ver e intentaran acallar a esta valiosa profesional”, reza el fallo. 

La jueza rechaza las justificaciones dadas por el director médico del complejo, que defendía que se le intentó facilitar “una salida laboral”. “Si el problema está dentro del servicio, las medidas protectoras se deben tomar, lógica e inicialmente, dentro de este servicio, y no facilitando laxamente una salida laboral al trabajador que denuncia distorsiones para que se marche del servicio”, incide la resolución judicial, que aún se puede recurrir. 

La conclusión que alcanza la magistrada es que no había un interés en proteger a las denunciantes o evaluar la idoneidad para el puesto del jefe del servicio y sí había, en cambio, “un odioso interés en que la residente abandonara el servicio de una vez y dejara de evidenciar problemas y conductas que decía haber vivido dentro”. En definitiva, “existe un claro incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales por el SCS”, al “no haberse activado medidas inmediatas para dar solución efectiva a las comunicaciones, peticiones e informes que desde 2020 ha venido remitiendo la trabajadora residente”. 

La indemnización acordada en la sentencia incluye daños morales (30.000 euros); patrimoniales, por el traslado temporal de la residente a Barcelona en la rotación externa urgente, y otros de diversa índole. En total, 35.701,11 euros. 

Para Rosell, la sentencia es una victoria. La especialista incide en que, “lejos de escuchar” a las residentes que habían denunciado a su jefe por acoso laboral, desde el hospital se les tildó de “conflictivas, de problemáticas”, se les “cerró las puertas” y se les intentó “callar y echar”.

Este periódico se ha puesto en contacto con el SCS para recabar su valoración sobre la sentencia y conocer si será recurrida, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

El Parlamento Europeo ha elaborado un informe en el que asegura que tras una investigación, en la que cuenta con “testigos creíbles”, se confirma que la denuncia de un trabajador parlamentario contra el eurodiputado de Junts Toni Comin “podría ser acoso” psicológico y sexual, según ha adelantado el diario Ara.

La Eurocámara afirma que hay “pruebas suficientes” y defiende “la continuación del procedimiento del caso” contra el representante de Junts en los tribunales. Incluso el Parlamento Europeo se ofrece a proporcionar “apoyo financiero” al exasistente que denunció los abusos para sufragarle los costes judiciales y de los abogados. Comín niega las acusaciones y advierte de que “se reserva el derecho de emprender acciones legales contra las personas que están denunciando falsamente con voluntad de difamación”. El eurodiputado de Junts asegura que “nunca ha sido llamado” por el Parlamento Europeo “para explicar la verdad de los hechos”.

La cuestión es que Comín no tiene el acta de eurodiputado con lo que el Parlamento Europeo no puede sancionarlo ni hacer público el informe que ha publicado Ara. En la apertura de cada pleno de la Eurocámara, su presidenta, Roberta Metsola, anuncia el resultado de investigaciones sobre los eurodiputados y las sanciones aplicadas, pero “solo tiene poderes disciplinarios sobre los eurodiputados” de pleno derecho. En el caso de Comín no es posible porque no ocupa escaño.

En enero de 2025 se hizo pública la denuncia de un ex asesor del político contra Toni Comín en la que mencionaban tocamientos, insinuaciones y proposiciones sexuales, además de hostigamiento laboral, broncas sin motivo y amenazas de despido. El exasistente también denunció que “la búsqueda de contacto físico” por parte del exconseller aumentó con el tiempo hasta llegar a “momentos insoportables”.

El informe del Parlamento confirma que Comín podría haber violado tanto el punto que define el acoso psicológico como “cualquier conducta abusiva que sea persistente, repetida o sistemática, que implique comportamientos, palabras, acciones, gestos o comunicaciones escritas intencionales que menoscaben la personalidad, la dignidad o la integridad física o mental de una persona”; así como el acoso sexual, definido como “cualquier conducta de naturaleza sexual que no sea deseada por la persona a la que va dirigida y que tenga por objeto o efecto vulnerar su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto”.

Comín solo podría recurrir las conclusiones de la investigación del Parlamento Europeo si obtiene el acta de eurodiputado, pero no puede ejercer como eurodiputado porque las autoridades españolas le exigen jurar la Constitución presencialmente en Madrid para obtener el acta, por lo que podría ser detenido por la orden que pesa sobre él por el procés. El caso sobre su escaño se encuentra ante la justicia europea, que debe decidir si la Eurocámara le entrega el acta aunque no acate la Carta Magna.

La jefa del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Puertollano, Inés Llerena Gil, recuperará el salario que no percibido tras permanecer suspendida de empleo y sueldo durante seis meses a causa de un expediente disciplinario.

Según ha trasladado la funcionaria a través de un comunicado, Llerena, que fue suspendida de empleo y sueldo el 11 de marzo de 2025 tras abrirle la Junta de Gobierno Local, del PP, un expediente disciplinario en su contra por “hechos muy graves” en relación con sus actuaciones como funcionaria de carrera del Ayuntamiento, recuperará su sueldo tras la resolución de su expediente.

Según asegura la funcionaria, el expediente fue “consecuencia directa de una denuncia” realizada por ella el 7 de marzo de 2025 por acoso laboral contra el “alcalde y los concejales de Urbanismo y de Obras”. El pasado 11 de marzo, transcurrido un año, una nueva Junta de Gobierno Local Extraordinaria resolvió el expediente discuiplinario con un apercibimiento, devolviendo el salario no percibido durante los seis meses de suspensión.

Otras acciones legales

La funcionaria ha señalado que durante el tiempo transcurrido, ha emprendido diversas acciones legales contra el Ayuntamiento. Concretamente, una denuncia en el contencioso-administrativo, así como una denuncia por acoso laboral.

La jefa del Servicio de Urbanismo ha lamentado haber permanecida “totalmente desprotegida” tras su denuncia de acoso laboral por parte de Recursos Humanos y de las organizaciones sindicales. Asimismo, ha señalado que recurrirá ante la vía judicial el expediente disciplinario, y ha asegurado que su denuncia penal por acoso laboral ha sido admitida a trámite.

En enero de 2023, el supuestamente mejor restaurante del mundo –si se cree en listas y distinciones subjetivas– anunció a bombo y platillo su cierre repentino debido a una razón muy peculiar: si pagaba un sueldo a todos sus empleados, incluyendo los estudiantes en prácticas conocidos como stagiers, el negocio no era rentable. Pasado un tiempo razonable, se descubrió que ese punto y final no era tal, ya que Noma se acabó transformado en una especie de restaurante nómada con eventos especiales a 1.500 dólares el cubierto. A priori, la jugada de René Redzepi, el famoso chef de Noma, era maestra: ¿por qué deslomarte a diario en tu propio restaurante cuando hay clientes adinerados por todo el mundo dispuestos a pagar la fiesta?

La madre del cordero se descubrió al resolver la equis de la ecuación. La incógnita que hacía saltar todo por los aires. Sí, Noma era el mejor restaurante del mundo de puertas afuera, pero se convertía en la casa de los horrores de puertas adentro, con vejaciones, castigos y agresiones del chef a su joven equipo. Atrocidades tan salvajes como pinchar con un tenedor a sus empleados por debajo de la cintura durante el servicio porque la cocina abierta a la vista de la clientela no destapara la brutalidad del monstruo.

Con la publicación del reportaje en The New York Times, firmado por la ganadora del premio Pulitzer Julia Moskin con 35 testimonios en primera persona, los acontecimientos se han desencadenado a un ritmo frenético. Extrabajadores se han manifestado en las calles, patrocinadores millonarios han cerrado el grifo, una carta legal de One Fair Wage amenaza con acciones penales por su legado directo vinculado a la esclavitud y, como colofón, René Redzepi se ha visto acorralado y obligado a dar un paso atrás abandonando su puesto de mando en primera línea y pidiendo perdón en un vídeo publicado en redes sociales.

Aquí es de vital importancia el cómo. Las imágenes, con multicámara de alta calidad y con planos cortos de sus trabajadores –¿dónde está el consentimiento?– que presagia un futuro documental de Netflix, muestran un cocinero entonando el mea culpa desde un plural mayestático más que discutible: “Superaremos esto”, se repite hasta tres veces, y una frase en particular resuena en los tímpanos: “No es lo que somos ahora”, dice con el mensaje estudiado al milímetro. El perdón a las víctimas se diluye como un azucarillo y toma fuerza la redención personal para resurgir de las cenizas buscando el aplauso del sujeto arrepentido, del sujeto deconstruido.

Lo sucedido en Noma es tan solo la punta del iceberg que no deja ver en la superficie la raíz de un problema de mayor calibre

Con estos modos discutibles, la disculpa se embarra en un intento desesperado de salvar lo inevitable: Noma está herido de muerte. Es más, Noma ya ha muerto porque Noma no tiene futuro. Noma es –ahora sí– historia de la alta cocina guiada por un cocinero que jugó a ser dios con nuestro beneplácito. Así es como debería convertirse en caso práctico de mala praxis en las escuelas de cocina del mundo para que ningún joven con aspiraciones cometa el mismo error de bulto.

Ahora bien, una vez resumida la trama sería tremendamente lógico pensar que esta historia pertenece a las élites, que no incumbe a la mayoría de mortales que no pueden pagar estas morteradas para sentarse en la mesa, que poco o nada tienen en común el nicho de restaurantes con tres estrellas Michelin, o de la lista The World 50 Best Restaurants, con los restaurantes de gama media y las casas de comida de barrio o de pueblo con menú de mediodía que luchan por sobrevivir. Pues bien, sería tremendamente lógico pensarlo y, a la vez, sería un error flagrante porque lo sucedido en Noma es tan solo la punta del iceberg que no deja ver en la superficie la raíz de un problema de mayor calibre que nos atañe a todos.

La denuncia de malos tratos dentro de una cocina no debería sorprender a nadie porque lo hemos convertido casi en cultura pop. Las audiencias televisivas han aplaudido las nueve temporadas con 116 episodios de 'Pesadilla en la cocina' de Alberto Chicote, entre otros programas

Para empezar, la denuncia de malos tratos dentro de una cocina no debería sorprender a nadie porque lo hemos convertido casi en cultura pop. Las audiencias televisivas millonarias han aplaudido las 24 temporadas con 373 episodios de Gordon Ramsay en La Cocina del Infierno o las nueve temporadas con 116 episodios de Pesadilla en la cocina de Alberto Chicote. Hemos cenado en el sofá del hogar visualizando los puñetazos, los golpes y los gritos que tanto han escandalizado a la opinión pública en el caso de Noma sin que nos produjera acidez en el estómago. Ni antes era ciencia ficción ni ahora es un caso aislado. Incluso el propio René Redzepi había reconocido años atrás que había sido un bully durante gran parte de su carrera y la gente seguía llenando su comedor sin remordimiento alguno.

En segundo lugar, el tema tiene mayor alcance de lo que aparenta porque son muchos los jóvenes que realizan prácticas en restaurantes de renombre. Claro está, nada que no suceda en otros sectores laborales. El matiz que lo cambia todo es que en este tipo de restaurantes que aspiran a todos los premios y el máximo reconocimiento, el servicio no llega a la mesa sin el trabajo de estas jóvenes promesas sin contrato laboral profesional. Es decir, yo mismo hice prácticas en los servicios informativos de una cadena de televisión pública, pero el telediario se emitía sin ningún problema sin mi intervención. Aquí radica el matiz que lo cambia todo. Estos stagiers sienten un extra de presión en el cogote y, además, desean con todas sus fuerzas no fallar a sus ídolos ni entrar en listas negras que les impedirá seguir labrando un futuro prometedor.

En este tipo de restaurantes que aspiran a todos los premios y el máximo reconocimiento, el servicio no llega a la mesa sin el trabajo de estas jóvenes promesas sin contrato laboral profesional

Además, hablamos de perfiles de jóvenes en prácticas durante tres meses que, en muchas ocasiones, han logrado ese puesto con la competencia de centenares de perfiles similares, que han llegado hasta la puerta del restaurante gracias al patrocinio de los ahorros familiares o que desconocen la lengua local e incluso el marco legal ante cualquier zancadilla. Eso los deja automáticamente en una posición extremadamente vulnerable que hay que llenar de cuidados ante posiciones de poder. “Si todo eso es cierto, ¿por qué no se iban?”, ha dicho más de un cocinero de relumbrón. Señores, no se marchan a ninguna parte porque no saben dónde ir, porque no vamos a descubrir ahora el síndrome de Estocolmo y porque poner el acento en la víctima, y no en el acosador, es suspender la asignatura de primero de maltrato en 2026. 

Y en tercer y último lugar, existe un tema menos conocido que se podría definir como doping gubernamental. “El movimiento New Nordic Cuisine no es tan solo un movimiento culinario, sino también estrategia turística estatal con participación política e institucional. Noma y Redzepi no son simplemente una empresa privada sino que se han convertido en infraestructuras equiparables a un Mundial de Fútbol, la Fórmula 1, Eurovisión o el Festival de Cannes; todos ellos acontecimientos privados instrumentalizados por el sector público”, escribe la cocinera María Nicolau. La proyección estratégica de Noma interesaba a los políticos daneses y no debería extrañar el blindaje sistemático de su protegido al que se le inyectaban millones de coronas danesas en promoción indirecta de marca de país. Esto es, criticar a Noma y a René Redzepi era aceptar el fallo de las políticas nacionales. 

La proyección estratégica de Noma interesaba a los políticos daneses y no debería extrañar el blindaje sistemático de su protegido al que se le inyectaban millones de coronas danesas en promoción indirecta de marca de país

Ante este panorama, demoler la figura del chef superestrella no fue, es ni será una tarea sencilla. El genio en la cocina nace del esquema escoffierano de cocinas divididas en partidas replicando el modelo militar, un modelo que se amplificó hasta lo insospechado cuando en Estados Unidos decidieron emular el fenómeno de las estrellas de rock. Militares y rock stars vinculados a un oficio artesanal, discreto y vocacional. Y hay un término medio entre el tópico del pasado del cocinero sucio, grasiento, alcohólico y recién salido de la cárcel que se ocultaba en un cuarto oscuro llamado cocina a deidades intocables por encima del bien y del mal que parece que elaboran un menú degustación de veinte platos por arte de magia. Rellenar de mitología lo humano ha servido para construir algo así como una autopista macabra hasta un cielo inexistente de estrellas apagadas que está dejando a demasiados profesionales valiosos en la cuneta. Porque si incluso los guionistas de Hollywood han descubierto que un cocinero puede ser el personaje más malvado de una película o de una serie (The Bear, The Menu, Boiling Point, etc.) es que algo ha fermentado tan mal que ya es irreconocible. 

“Lo de Noma es inadmisible. Es absolutamente inadmisible. Si el precio a pagar por la excelencia ha de ser este no lo queremos. Si todos lo tenemos claro será muy positivo”, dice Oriol Ivern, cocinero catalán del restaurante Hisop de Barcelona. “Que salga a la luz es ejemplificante para que no se le ocurra hacerlo a ningún otro chef. Y quien tenga problemas psicológicos que se trate antes de que acarree consecuencias en un equipo de trabajo”. Palabras sensatas de un cocinero sensato. Por eso, la solución de Noma no está en Noma, la solución ya no depende de chefs superestrella que todos conocemos. La puerta abierta hacia el gran cambio depende del comensal cuando elige un restaurante y descarta otro, pero sobre todo depende de esos jóvenes que un día fueron stagiers y ahora ya son jefes de cocina o están a punto de abrir su propio restaurante y deciden no replicar el modelo que sufrieron en sus propias carnes. Para que nunca más nadie pueda decir que el maltratado dentro de una cocina del presente es el maltratador de la cocina del futuro en un círculo vicioso que hay que erradicar.