La jueza de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha abierto diligencias previas y ha admitido la querella contra el coordinador de presidencia de la Diputación de Sevilla, Demetrio Pérez, por presunto acoso a una trabajadora de la institución provincial.

Según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, la jueza ha citado a la persona denunciante a declarar a final de este mes de abril para “ratificar dicha querella”.

Esta noticia llega menos de un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) inadmitiera a trámite la querella presentada contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez, así como otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por “la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella”.

Según el auto judicial fechado el pasado mes de marzo, el TSJA consideraba que “no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión íntegra de la querella presentada ante esta Sala”.

María José Rosell es cirujana pediátrica en el Hospital Universitario de León. Ejerce como especialista desde julio de 2024 tras concluir “de forma brillante” su formación en Asturias. Antes pasó por Canarias. En concreto, por el Hospital de La Candelaria de Tenerife, que atiende a la población de la capital y de la zona sur de la isla. Ahí vivió una experiencia tormentosa. Entró en mayo de 2019 en un servicio con una alta conflictividad laboral. A finales de año, seis médicos abandonaron la unidad, que quedó bajo mínimos, sustentada solo por dos facultativos y dos residentes. Meses después, Rosell denunció a su jefe por acoso laboral y la dirección del hospital no solo no la protegió, sino que se lo recriminó y forzó su salida. Había un “odioso interés” en que la entonces cirujana en formación “abandonara el servicio de una vez” y dejara de “evidenciar los problemas y conductas” en Cirugía Pediátrica. Todo ello a pesar de valorar “enormemente” sus “altas capacidades” para el desempeño de ese puesto.  

Los entrecomillados del primer párrafo están extraídos de una sentencia dictada el pasado 27 de febrero por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. En un contundente fallo que aún no es firme, la magistrada condena al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar con 35.701,11 euros a la cirujana por los daños patrimoniales y morales que le infligió debido a un grave incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. 

Los antecedentes

La resolución judicial dibuja un escenario de desidia y revictimización. El relato comienza en mayo de 2019, fecha en la que Rosell se incorpora como médica en formación al servicio de Cirugía Pediátrica de La Candelaria. Tan solo cinco meses después, seis especialistas activan el protocolo de acoso laboral contra el entonces jefe del servicio, M.A.G.C. Denuncian un trato “despótico”, de “menosprecio” de conocimientos y habilidades profesionales y una distribución “arbitraria” de funciones, de modo que las intervenciones más complicadas se reservan casi de forma exclusiva para sí mismo y para otro doctor.  

A finales de año, esos seis facultativos renuncian y la unidad queda en manos del jefe denunciado, de otro adjunto y de dos residentes, una de tercer año y Rosell. Las conclusiones del protocolo de acoso llegan en marzo de 2020. La Comisión de Investigación constata que la convivencia es “insostenible” y que hay un evidente riesgo psicosocial por el “estilo de mando autoritario” del jefe del servicio, pero no puede concluir “con certeza” que se trate de un caso de acoso laboral, puesto que la prueba de más peso en la instrucción es la obtenida de las entrevistas y no aprecia acreditación documental suficiente. 

Esa comisión exige dos evaluaciones: sobre la idoneidad del jefe y sobre los riesgos psicosociales. La primera tardaría más de tres años y medio. La segunda se emite en noviembre de 2020 y acredita la existencia de un “riesgo importante” en el servicio. 

La denuncia de las residentes

Tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019, el servicio se mantiene con solo cuatro integrantes y la misma presión asistencial durante un año. A pesar de los resultados académicos positivos de las dos residentes, la escasez de médicos incrementa la exposición de Rosell y de su compañera al “autoritarismo” del jefe. Ambas lo denuncian por acoso laboral el 19 de noviembre de 2020. Y al día siguiente son convocadas a una reunión en la que participan el tutor de las residentes y el director médico del hospital, R.G.P. La conversación queda grabada y es aportada al proceso judicial como prueba, sin que el SCS haya cuestionado su validez. 

En ese audio, el director médico recrimina a las residentes su actitud. Les achaca que en el anterior protocolo de acoso (el abierto por la denuncia de los seis especialistas) no habían declarado nada en contra del jefe y les advierte: “A él no lo vamos a tocar, él tiene plaza aquí dentro, pero a ti te jode la especialidad”. Y añade: “Cuando hubo una denuncia lo defendieron. O sea, que esto se lo tienen ganado, también se los digo. Con toda la mala leche del mundo. Esto que tienen se lo han ganado ustedes mismas (...) Pues a mamarla, compadre. A mamársela. Eso es lo que ustedes han buscado”. 

En los días posteriores se suceden otros episodios. En uno de ellos, según denuncia, Rosell tiene que encerrarse bajo llave y a oscuras por miedo en un despacho mientras su jefe intenta forzar la puerta desde fuera. Incluso llega a llamar a la Policía Nacional pidiendo auxilio. Tras esta escalada de tensión, la dirección médica convoca una nueva reunión y el jefe del servicio causa baja el 30 de noviembre, once días después de la denuncia. 

La gerencia acuerda entonces iniciar el procedimiento para suspender la acreditación docente de Cirugía Pediátrica, al haberse reducido la actividad quirúrgica y disponer el servicio de un solo especialista. Se transfiere la carga asistencial y las guardias al otro centro de referencia de Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Este nuevo escenario obliga a las residentes a salir, a una rotación externa urgente. Rosell tiene que irse a Barcelona durante cuatro meses, de enero a mayo de 2021. 

A su regreso, el jefe sigue de baja. Se reincorpora en septiembre. En ese momento se celebra una nueva reunión en la que se acuerda que no coincidan. No puede tener contacto con las residentes, ni establecer sus rotaciones ni organizar sus guardias. Sin embargo, todo eso se queda en una “mera declaración de intenciones”, según recoge la sentencia. Las médicas en formación siguen bajo “la posible arbitrariedad” del jefe denunciado, quien mantiene su superioridad “al ejercer sus funciones de planificación, organización y distribución del servicio (adjudicación de intervenciones quirúrgicas, pacientes…)” En definitiva, “proyectando influencia directa” en el trabajo de Rosell, cuando “ya era clara la animadversión” hacia la residente que había iniciado el protocolo de acoso. 

Desde ese momento y hasta el 1 de diciembre de 2021, fecha en la que la gerencia comunica de forma oficial al jefe de Cirugía Pediátrica la retirada cautelar de las funciones de organización y planificación, el SCS “mantuvo expuesta a Rosell al riesgo psicosocial, cuando menos de autoritarismo, y de posible acoso, sin medida protectora alguna”. 

En 2022, la subdirección médica asume formalmente la planificación de quirófanos y consultas de Cirugía Pediátrica, aunque el jefe de servicio “sigue intentando organizar parte de la agenda”. En marzo se inicia por fin, dos años después de haber sido solicitado, el procedimiento para evaluar su puesto. Y ese mismo mes, en concreto el día 18, se celebra una nueva reunión entre altos cargos del hospital y las residentes, que vuelven a recibir recriminaciones y reproches. “Que hayamos llegado a este punto de la docencia y que no hayas visto antes que era tu momento de marchar. Me cuesta entenderlo”, se escucha en un momento de esa conversación, que también fue grabada. En otro instante, les advierten de que ningún otro hospital querrá contratarlas por su carácter “problemático”.  

En mayo de 2022, el Ministerio de Sanidad emite la resolución definitiva de desacreditación de la unidad docente de Cirugía Pediátrica del Hospital de La Candelaria. Rosell tiene que irse. Se traslada a Asturias para completar su formación como residente. 

Protocolo de acoso 

La sentencia también se detiene en los “incumplimientos flagrantes” de los plazos y previsiones cautelares del protocolo contra el acoso. El fallo pone de relieve que la primera comisión de investigación para evaluar la denuncia de las residentes se abre en marzo de 2021, tres meses después de presentada, aunque se devuelve de inmediato a la gerencia porque los hechos podían ser constitutivos de acoso por razón de sexo. 

La nueva comisión se constituye en abril de 2022, un año y medio después de la denuncia. Y tras unas “mínimas diligencias” -dar audiencia a Rosell- concluye, “como era esperable”, que no se trataba de acoso por razón de sexo, “puesto que ya habían existido procesos previos promovidos por facultativos varones con origen en el mismo jefe de servicio”, sino de un “posible acoso laboral psicológico cuyo riesgo ya se había apuntado” tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019. El protocolo se archiva en enero de 2023, con Rosell ya en la Península. La afectada decide entonces acudir a los juzgados. 

A finales de ese año, la gerencia del hospital destituye a M.A.G.C. como jefe del servicio de Cirugía Pediátrica por negarse a ser evaluado. 

“Rechazo frontal a la actitud combativa”

La jueza pone de manifiesto en su sentencia el “rechazo frontal” de todos los estamentos jerárquicos del hospital a “la actitud combativa y de denuncia” de Rosell “frente a la tóxica situación mantenida en el tiempo que se daba en el servicio de Cirugía Pediátrica” y que evidenció, por ejemplo, una enfermera que testificó en el juicio y contó que era habitual que el jefe increpara “con alta voz” a especialistas y residentes en medio de las cirugías y que las profesionales salieran llorando del quirófano. 

La magistrada lamenta que la dirección llegara incluso a “la discriminación y a la advertencia directa de las consecuencias negativas indeseadas por tales denuncias, pese a conocer y destacar cada uno de los intervinientes en su día la enorme y particular valía profesional de Rosell como cirujana pediátrica”. Su actitud “inconformista” frente a la lesión a su derecho a la salud en el trabajo “redunda en beneficio de toda la ciudadanía (...), aunque lamentablemente en su día los dirigentes” del Hospital de La Candelaria “no lo supieran ver e intentaran acallar a esta valiosa profesional”, reza el fallo. 

La jueza rechaza las justificaciones dadas por el director médico del complejo, que defendía que se le intentó facilitar “una salida laboral”. “Si el problema está dentro del servicio, las medidas protectoras se deben tomar, lógica e inicialmente, dentro de este servicio, y no facilitando laxamente una salida laboral al trabajador que denuncia distorsiones para que se marche del servicio”, incide la resolución judicial, que aún se puede recurrir. 

La conclusión que alcanza la magistrada es que no había un interés en proteger a las denunciantes o evaluar la idoneidad para el puesto del jefe del servicio y sí había, en cambio, “un odioso interés en que la residente abandonara el servicio de una vez y dejara de evidenciar problemas y conductas que decía haber vivido dentro”. En definitiva, “existe un claro incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales por el SCS”, al “no haberse activado medidas inmediatas para dar solución efectiva a las comunicaciones, peticiones e informes que desde 2020 ha venido remitiendo la trabajadora residente”. 

La indemnización acordada en la sentencia incluye daños morales (30.000 euros); patrimoniales, por el traslado temporal de la residente a Barcelona en la rotación externa urgente, y otros de diversa índole. En total, 35.701,11 euros. 

Para Rosell, la sentencia es una victoria. La especialista incide en que, “lejos de escuchar” a las residentes que habían denunciado a su jefe por acoso laboral, desde el hospital se les tildó de “conflictivas, de problemáticas”, se les “cerró las puertas” y se les intentó “callar y echar”.

Este periódico se ha puesto en contacto con el SCS para recabar su valoración sobre la sentencia y conocer si será recurrida, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

El Parlamento Europeo ha elaborado un informe en el que asegura que tras una investigación, en la que cuenta con “testigos creíbles”, se confirma que la denuncia de un trabajador parlamentario contra el eurodiputado de Junts Toni Comin “podría ser acoso” psicológico y sexual, según ha adelantado el diario Ara.

La Eurocámara afirma que hay “pruebas suficientes” y defiende “la continuación del procedimiento del caso” contra el representante de Junts en los tribunales. Incluso el Parlamento Europeo se ofrece a proporcionar “apoyo financiero” al exasistente que denunció los abusos para sufragarle los costes judiciales y de los abogados. Comín niega las acusaciones y advierte de que “se reserva el derecho de emprender acciones legales contra las personas que están denunciando falsamente con voluntad de difamación”. El eurodiputado de Junts asegura que “nunca ha sido llamado” por el Parlamento Europeo “para explicar la verdad de los hechos”.

La cuestión es que Comín no tiene el acta de eurodiputado con lo que el Parlamento Europeo no puede sancionarlo ni hacer público el informe que ha publicado Ara. En la apertura de cada pleno de la Eurocámara, su presidenta, Roberta Metsola, anuncia el resultado de investigaciones sobre los eurodiputados y las sanciones aplicadas, pero “solo tiene poderes disciplinarios sobre los eurodiputados” de pleno derecho. En el caso de Comín no es posible porque no ocupa escaño.

En enero de 2025 se hizo pública la denuncia de un ex asesor del político contra Toni Comín en la que mencionaban tocamientos, insinuaciones y proposiciones sexuales, además de hostigamiento laboral, broncas sin motivo y amenazas de despido. El exasistente también denunció que “la búsqueda de contacto físico” por parte del exconseller aumentó con el tiempo hasta llegar a “momentos insoportables”.

El informe del Parlamento confirma que Comín podría haber violado tanto el punto que define el acoso psicológico como “cualquier conducta abusiva que sea persistente, repetida o sistemática, que implique comportamientos, palabras, acciones, gestos o comunicaciones escritas intencionales que menoscaben la personalidad, la dignidad o la integridad física o mental de una persona”; así como el acoso sexual, definido como “cualquier conducta de naturaleza sexual que no sea deseada por la persona a la que va dirigida y que tenga por objeto o efecto vulnerar su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto”.

Comín solo podría recurrir las conclusiones de la investigación del Parlamento Europeo si obtiene el acta de eurodiputado, pero no puede ejercer como eurodiputado porque las autoridades españolas le exigen jurar la Constitución presencialmente en Madrid para obtener el acta, por lo que podría ser detenido por la orden que pesa sobre él por el procés. El caso sobre su escaño se encuentra ante la justicia europea, que debe decidir si la Eurocámara le entrega el acta aunque no acate la Carta Magna.

La jefa del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Puertollano, Inés Llerena Gil, recuperará el salario que no percibido tras permanecer suspendida de empleo y sueldo durante seis meses a causa de un expediente disciplinario.

Según ha trasladado la funcionaria a través de un comunicado, Llerena, que fue suspendida de empleo y sueldo el 11 de marzo de 2025 tras abrirle la Junta de Gobierno Local, del PP, un expediente disciplinario en su contra por “hechos muy graves” en relación con sus actuaciones como funcionaria de carrera del Ayuntamiento, recuperará su sueldo tras la resolución de su expediente.

Según asegura la funcionaria, el expediente fue “consecuencia directa de una denuncia” realizada por ella el 7 de marzo de 2025 por acoso laboral contra el “alcalde y los concejales de Urbanismo y de Obras”. El pasado 11 de marzo, transcurrido un año, una nueva Junta de Gobierno Local Extraordinaria resolvió el expediente discuiplinario con un apercibimiento, devolviendo el salario no percibido durante los seis meses de suspensión.

Otras acciones legales

La funcionaria ha señalado que durante el tiempo transcurrido, ha emprendido diversas acciones legales contra el Ayuntamiento. Concretamente, una denuncia en el contencioso-administrativo, así como una denuncia por acoso laboral.

La jefa del Servicio de Urbanismo ha lamentado haber permanecida “totalmente desprotegida” tras su denuncia de acoso laboral por parte de Recursos Humanos y de las organizaciones sindicales. Asimismo, ha señalado que recurrirá ante la vía judicial el expediente disciplinario, y ha asegurado que su denuncia penal por acoso laboral ha sido admitida a trámite.

En enero de 2023, el supuestamente mejor restaurante del mundo –si se cree en listas y distinciones subjetivas– anunció a bombo y platillo su cierre repentino debido a una razón muy peculiar: si pagaba un sueldo a todos sus empleados, incluyendo los estudiantes en prácticas conocidos como stagiers, el negocio no era rentable. Pasado un tiempo razonable, se descubrió que ese punto y final no era tal, ya que Noma se acabó transformado en una especie de restaurante nómada con eventos especiales a 1.500 dólares el cubierto. A priori, la jugada de René Redzepi, el famoso chef de Noma, era maestra: ¿por qué deslomarte a diario en tu propio restaurante cuando hay clientes adinerados por todo el mundo dispuestos a pagar la fiesta?

La madre del cordero se descubrió al resolver la equis de la ecuación. La incógnita que hacía saltar todo por los aires. Sí, Noma era el mejor restaurante del mundo de puertas afuera, pero se convertía en la casa de los horrores de puertas adentro, con vejaciones, castigos y agresiones del chef a su joven equipo. Atrocidades tan salvajes como pinchar con un tenedor a sus empleados por debajo de la cintura durante el servicio porque la cocina abierta a la vista de la clientela no destapara la brutalidad del monstruo.

Con la publicación del reportaje en The New York Times, firmado por la ganadora del premio Pulitzer Julia Moskin con 35 testimonios en primera persona, los acontecimientos se han desencadenado a un ritmo frenético. Extrabajadores se han manifestado en las calles, patrocinadores millonarios han cerrado el grifo, una carta legal de One Fair Wage amenaza con acciones penales por su legado directo vinculado a la esclavitud y, como colofón, René Redzepi se ha visto acorralado y obligado a dar un paso atrás abandonando su puesto de mando en primera línea y pidiendo perdón en un vídeo publicado en redes sociales.

Aquí es de vital importancia el cómo. Las imágenes, con multicámara de alta calidad y con planos cortos de sus trabajadores –¿dónde está el consentimiento?– que presagia un futuro documental de Netflix, muestran un cocinero entonando el mea culpa desde un plural mayestático más que discutible: “Superaremos esto”, se repite hasta tres veces, y una frase en particular resuena en los tímpanos: “No es lo que somos ahora”, dice con el mensaje estudiado al milímetro. El perdón a las víctimas se diluye como un azucarillo y toma fuerza la redención personal para resurgir de las cenizas buscando el aplauso del sujeto arrepentido, del sujeto deconstruido.

Lo sucedido en Noma es tan solo la punta del iceberg que no deja ver en la superficie la raíz de un problema de mayor calibre

Con estos modos discutibles, la disculpa se embarra en un intento desesperado de salvar lo inevitable: Noma está herido de muerte. Es más, Noma ya ha muerto porque Noma no tiene futuro. Noma es –ahora sí– historia de la alta cocina guiada por un cocinero que jugó a ser dios con nuestro beneplácito. Así es como debería convertirse en caso práctico de mala praxis en las escuelas de cocina del mundo para que ningún joven con aspiraciones cometa el mismo error de bulto.

Ahora bien, una vez resumida la trama sería tremendamente lógico pensar que esta historia pertenece a las élites, que no incumbe a la mayoría de mortales que no pueden pagar estas morteradas para sentarse en la mesa, que poco o nada tienen en común el nicho de restaurantes con tres estrellas Michelin, o de la lista The World 50 Best Restaurants, con los restaurantes de gama media y las casas de comida de barrio o de pueblo con menú de mediodía que luchan por sobrevivir. Pues bien, sería tremendamente lógico pensarlo y, a la vez, sería un error flagrante porque lo sucedido en Noma es tan solo la punta del iceberg que no deja ver en la superficie la raíz de un problema de mayor calibre que nos atañe a todos.

La denuncia de malos tratos dentro de una cocina no debería sorprender a nadie porque lo hemos convertido casi en cultura pop. Las audiencias televisivas han aplaudido las nueve temporadas con 116 episodios de 'Pesadilla en la cocina' de Alberto Chicote, entre otros programas

Para empezar, la denuncia de malos tratos dentro de una cocina no debería sorprender a nadie porque lo hemos convertido casi en cultura pop. Las audiencias televisivas millonarias han aplaudido las 24 temporadas con 373 episodios de Gordon Ramsay en La Cocina del Infierno o las nueve temporadas con 116 episodios de Pesadilla en la cocina de Alberto Chicote. Hemos cenado en el sofá del hogar visualizando los puñetazos, los golpes y los gritos que tanto han escandalizado a la opinión pública en el caso de Noma sin que nos produjera acidez en el estómago. Ni antes era ciencia ficción ni ahora es un caso aislado. Incluso el propio René Redzepi había reconocido años atrás que había sido un bully durante gran parte de su carrera y la gente seguía llenando su comedor sin remordimiento alguno.

En segundo lugar, el tema tiene mayor alcance de lo que aparenta porque son muchos los jóvenes que realizan prácticas en restaurantes de renombre. Claro está, nada que no suceda en otros sectores laborales. El matiz que lo cambia todo es que en este tipo de restaurantes que aspiran a todos los premios y el máximo reconocimiento, el servicio no llega a la mesa sin el trabajo de estas jóvenes promesas sin contrato laboral profesional. Es decir, yo mismo hice prácticas en los servicios informativos de una cadena de televisión pública, pero el telediario se emitía sin ningún problema sin mi intervención. Aquí radica el matiz que lo cambia todo. Estos stagiers sienten un extra de presión en el cogote y, además, desean con todas sus fuerzas no fallar a sus ídolos ni entrar en listas negras que les impedirá seguir labrando un futuro prometedor.

En este tipo de restaurantes que aspiran a todos los premios y el máximo reconocimiento, el servicio no llega a la mesa sin el trabajo de estas jóvenes promesas sin contrato laboral profesional

Además, hablamos de perfiles de jóvenes en prácticas durante tres meses que, en muchas ocasiones, han logrado ese puesto con la competencia de centenares de perfiles similares, que han llegado hasta la puerta del restaurante gracias al patrocinio de los ahorros familiares o que desconocen la lengua local e incluso el marco legal ante cualquier zancadilla. Eso los deja automáticamente en una posición extremadamente vulnerable que hay que llenar de cuidados ante posiciones de poder. “Si todo eso es cierto, ¿por qué no se iban?”, ha dicho más de un cocinero de relumbrón. Señores, no se marchan a ninguna parte porque no saben dónde ir, porque no vamos a descubrir ahora el síndrome de Estocolmo y porque poner el acento en la víctima, y no en el acosador, es suspender la asignatura de primero de maltrato en 2026. 

Y en tercer y último lugar, existe un tema menos conocido que se podría definir como doping gubernamental. “El movimiento New Nordic Cuisine no es tan solo un movimiento culinario, sino también estrategia turística estatal con participación política e institucional. Noma y Redzepi no son simplemente una empresa privada sino que se han convertido en infraestructuras equiparables a un Mundial de Fútbol, la Fórmula 1, Eurovisión o el Festival de Cannes; todos ellos acontecimientos privados instrumentalizados por el sector público”, escribe la cocinera María Nicolau. La proyección estratégica de Noma interesaba a los políticos daneses y no debería extrañar el blindaje sistemático de su protegido al que se le inyectaban millones de coronas danesas en promoción indirecta de marca de país. Esto es, criticar a Noma y a René Redzepi era aceptar el fallo de las políticas nacionales. 

La proyección estratégica de Noma interesaba a los políticos daneses y no debería extrañar el blindaje sistemático de su protegido al que se le inyectaban millones de coronas danesas en promoción indirecta de marca de país

Ante este panorama, demoler la figura del chef superestrella no fue, es ni será una tarea sencilla. El genio en la cocina nace del esquema escoffierano de cocinas divididas en partidas replicando el modelo militar, un modelo que se amplificó hasta lo insospechado cuando en Estados Unidos decidieron emular el fenómeno de las estrellas de rock. Militares y rock stars vinculados a un oficio artesanal, discreto y vocacional. Y hay un término medio entre el tópico del pasado del cocinero sucio, grasiento, alcohólico y recién salido de la cárcel que se ocultaba en un cuarto oscuro llamado cocina a deidades intocables por encima del bien y del mal que parece que elaboran un menú degustación de veinte platos por arte de magia. Rellenar de mitología lo humano ha servido para construir algo así como una autopista macabra hasta un cielo inexistente de estrellas apagadas que está dejando a demasiados profesionales valiosos en la cuneta. Porque si incluso los guionistas de Hollywood han descubierto que un cocinero puede ser el personaje más malvado de una película o de una serie (The Bear, The Menu, Boiling Point, etc.) es que algo ha fermentado tan mal que ya es irreconocible. 

“Lo de Noma es inadmisible. Es absolutamente inadmisible. Si el precio a pagar por la excelencia ha de ser este no lo queremos. Si todos lo tenemos claro será muy positivo”, dice Oriol Ivern, cocinero catalán del restaurante Hisop de Barcelona. “Que salga a la luz es ejemplificante para que no se le ocurra hacerlo a ningún otro chef. Y quien tenga problemas psicológicos que se trate antes de que acarree consecuencias en un equipo de trabajo”. Palabras sensatas de un cocinero sensato. Por eso, la solución de Noma no está en Noma, la solución ya no depende de chefs superestrella que todos conocemos. La puerta abierta hacia el gran cambio depende del comensal cuando elige un restaurante y descarta otro, pero sobre todo depende de esos jóvenes que un día fueron stagiers y ahora ya son jefes de cocina o están a punto de abrir su propio restaurante y deciden no replicar el modelo que sufrieron en sus propias carnes. Para que nunca más nadie pueda decir que el maltratado dentro de una cocina del presente es el maltratador de la cocina del futuro en un círculo vicioso que hay que erradicar.

Cinco jornaleras no pueden más con el hostigamiento y acoso laboral al que se ven sometidas a diario según han denunciado ante el juzgado. Cada vez que acuden a su puesto de trabajo en una empresa hortofrutícola de Níjar (Almería), se enfrentan a vejaciones, coacciones y condiciones laborales extenuantes, aseguran. Una realidad que llevan tiempo tratando de denunciar a través del comité de empresa pero que, lejos de resolverse, no deja de agravarse. Por eso, han decidido llevar a la Justicia a los dos empresarios que les dan trabajo.

En concreto, estas cinco jornaleras, cuyas identidades se han preservado por su seguridad, trabajan para Hermanos Gázquez Garrido, una explotación agrícola del municipio almeriense de Níjar. Un lugar en el que el clima de tensión es tan elevado que han denunciado en el juzgado de guardia a los dos empresarios que están al frente de la explotación por someterlas a humillaciones, coacciones y vigilancias durante la jornada laboral. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este medio, las trabajadoras aseguran, entre otras cuestiones, que en la finca sólo existe un baño y que permanece cerrado para ellas, por lo que se ven obligadas a hacer sus necesidades en el exterior del invernadero mientras, según explican, los responsables de la empresa las siguen y las graban con el teléfono móvil.

Mientras los empresarios y sus representantes legales guardan silencio a preguntas de este periódico, los hechos denunciados se habrían producido siempre en su explotación, que está situada en el entorno de Los Albaricoques, en el término municipal de Níjar. En el escrito presentado ante el juzgado, las trabajadoras describen un ambiente de presión constante en el que, aseguran, los empresarios se acercan a escasos centímetros de donde están trabajando, les gritan o zarandean los carros en los que transportan las hortalizas que recogen.

Según el relato de las denunciantes, cuando piden ir al baño la respuesta habitual es negativa. “Los empresarios mantienen el único baño que hay en la finca cerrado, sólo lo pueden utilizar ellos”, recoge la denuncia, avanzada en El Común. Las trabajadoras sostienen que, ante esta situación, se ven obligadas a hacer sus necesidades “en la banda del invernadero o fuera del mismo”. El documento también describe episodios que, a juicio de las denunciantes, vulneran su intimidad. “Cuando vamos a hacer nuestras necesidades nos siguen con el móvil grabando en todo momento”, señalan en el escrito. En algunas ocasiones, añaden, los empresarios “sitúan la cámara del móvil a escasos centímetros de nuestra cara, riendo y profiriendo palabras malsonantes”. Además, se ven obligadas a descansar y comer en una misma estancia en la que se deben disponer en el propio suelo.

Insultos e intimidaciones

Las jornaleras afirman que esta situación se produce de forma habitual durante la jornada laboral. “Es habitual que se pasen toda la mañana a escasos centímetros de donde estamos trabajando”, señalan en la denuncia, en la que también describen gritos, insultos y actitudes intimidatorias. Uno de los episodios relatados en el documento hace referencia a una discusión ocurrida cuando una trabajadora pidió ir al baño antes de terminar una de las líneas de trabajo. Según la denuncia, uno de los empresarios le dijo que no podía hacerlo hasta completar la tarea, mientras gritaba y zarandeaba el carro en el que se transporta el género. Las denunciantes sostienen además que otros trabajadores de la finca han presenciado algunas de estas situaciones.

En todo caso, el conflicto laboral en esta explotación agrícola no es reciente. Meses antes de la denuncia presentada ahora en el juzgado, un grupo de trabajadores había comunicado un preaviso de huelga ante las autoridades laborales para denunciar lo que consideraban incumplimientos de la normativa laboral. En ese documento, presentado en septiembre del pasado año a través del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se señalaban supuestas irregularidades como salarios por debajo del salario mínimo, jornadas prolongadas durante la campaña agrícola o la ausencia de vacaciones.

Los trabajadores sostenían también que las horas extraordinarias no se abonaban y denunciaban deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales, como la falta de equipos de protección individual en determinadas tareas. El SAT respalda ahora públicamente a las jornaleras que han presentado la denuncia y sostiene que las trabajadoras están sufriendo represalias tras reclamar el cumplimiento de la legislación laboral.

“El único baño de la explotación permanece cerrado y sólo lo utilizan los empresarios”, afirma el sindicato en un comunicado, en el que también asegura que las trabajadoras “tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en la banda del invernadero”. La organización sindical sostiene además que las trabajadoras son “seguidas por los empresarios grabando con el teléfono en todo momento, violentando su intimidad”.

Silencio por parte de la empresa

El SAT ha convocado movilizaciones de apoyo a las denunciantes y ha hecho un llamamiento al movimiento feminista y a organizaciones sociales de la provincia para respaldar a las trabajadoras. Este medio ha contactado con los empresarios denunciados a través de su representación legal, pero su abogado ha declinado realizar declaraciones y ha señalado que la respuesta a las acusaciones se producirá en el ámbito judicial. Mientras, desde el SAT afirman que tras la denuncia la situación se ha agravado y a los trabajadores se les impide quedarse en las instalaciones durante su periodo de descanso asignado.

El caso queda ahora en manos del juzgado, que deberá determinar si los hechos relatados en la denuncia constituyen algún tipo de infracción laboral o delito contra los derechos de los trabajadores. Mientras tanto, las jornaleras que han presentado la denuncia continúan trabajando en la explotación agrícola en la que, según relatan, se produjeron los hechos. Confiando en que su lucha, ahora judicial, acabe con el clima de hostigamiento que llevan demasiado tiempo aguantando.

René Redzepi, jefe de cocina y fundador del célebre restaurante danés Noma, ha anunciado este jueves su dimisión tras las denuncias aparecidas en los últimos días de exempleados contra abusos cometidos por él en el pasado. “Después de más de dos décadas construyendo y liderando este restaurante, he decidido retirarme y permitir a nuestros extraordinarios líderes dirigir ahora el restaurante en su siguiente capítulo”, escribió Redzepi en su cuenta en Instagram.

Redzepi había publicado un comunicado hace unos días pidiendo disculpas y asegurando que había trabajado para cambiar, pero ahora ha decidido dar un paso más.

“He trabajado para ser un líder mejor y Noma ha dado grandes pasos para transformar la cultura durante muchos años. Reconozco que estos cambios no reparan el pasado. Una disculpa no es suficiente, asumo la responsabilidad por mis propias acciones”, apuntó este jueves.

Durante las últimas semanas, Jason Ignacio White -exjefe durante tres años del laboratorio de fermentación de Noma- ha reunido en su perfil de instagram decenas de acusaciones de extrabajadores del restaurante que hablan de puñetazos, golpes y gritos cometidos por el chef danés durante años contra sus trabajadores. Las publicaciones han sido vistas y compartidas por cerca de diez millones de personas.

El diario New York Times publicó una investigación que cuenta con el testimonio de 35 trabajadores y que describe un sistemático uso de castigo físicos infligidos por Redzepi y otros responsables del lugar.

No es la primera vez que se habla sobre los abusos cometidos en el Noma. En 2008 el documental Noma at a Boiling Point recogía imágenes con gritos a los empleados de él y en 2015, el chef reconocía que había sido una “bestia” que presionaba e intimidaba a sus empleados.

Redzepi fundó en 2003 Noma en Copenhague junto con el también cocinero danés Claus Meyer con el propósito de hacer comida usando sólo ingredientes procedentes de los países nórdicos.

El Noma, que acaba de abrir un proyecto de tres meses en Los Ángeles (Estados Unidos), fue elegido el mejor restaurante del mundo cinco veces y cuenta con tres estrellas Michelin. 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha inadmitido a trámite la querella presentada por parte de una trabajadora de la institución provincial contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez. La denuncia iba también dirigida contra otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por “la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella”.

En el momento de los hechos, una nota emitida por el partido hacía referencia a que la presunta afectada advertía del trato que supuestamente recibía por Pérez e indicaba que el PSOE de Sevilla “tenía conocimiento de los hechos”.

Según el auto judicial, consultado por Europa Press, el TSJA considera que “no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión íntegra de la querella presentada ante esta Sala”.

“No eres nadie”

Así, según este escrito, adelantado por Diario de Sevilla, la querellante relató que su labor en la Diputación durante cuatro años consistió en “administración y tareas institucionales comunicativas con los diferentes municipios de la provincia”, una tarea que fue “tranquila” hasta que el 27 de noviembre de 2023 fue “objeto de un trato humillante por parte del coordinador del grupo en la Diputación (Demetrio Pérez) que consistió en una reprobación verbal cargada de gritos y descalificaciones hacia la querellante delante de compañeros de trabajo y reducción de sus tareas”. “Quien eres tú para llamar a los municipios, no eres nadie, estás achicharrando a llamadas a los municipios, me está dejando en mal lugar en el partido y cuando yo llame ¿Quién me va a contestar?”, era el contenido de las mencionadas afirmaciones.

Prosigue, “este incidente lo puso en conocimiento del querellado Rafael Recio el cual le contestó que hablarían más adelante”. A consecuencia del mismo estuvo de baja cuatro días, “diagnosticada por un trastorno adaptativo”, tras lo que solicitó el alta voluntaria. Así, posteriormente, “su situación laboral empeoró progresivamente, notando que le reducían las tareas”. Llegó a solicitar que se le encomendasen más, lo que fue rechazado al ser “innecesario”, por lo que advirtió de una “marginación en sus tareas”. Su “malestar”, prosigue, fue trasladado a Recio en una carta, tras lo que se convocó una reunión en la que “no se le dejó hablar, siendo conminada a contestar con un sí o un no a las preguntas que Rafael le hacía”.

Asimismo, asegura que “al día siguiente de la reunión el querellado Demetrio presentó una demanda de conciliación previa a una querella contra la aquí querellante por injurias graves y calumnias”, tras lo que se abrieron unas diligencias. Tras ello, la misma conoció que “Demetrio al comentar la conducta de la querellante hizo referencia a una serie de problemas que ella tiene con su pareja, que había contado a algunas compañeras por confianza y en un ámbito privado y confidencial”, por lo que considera que “al comentarse en público no se ha respetado tal intimidad revelándose secretos de su situación personal que no deben conocerse, dañando su imagen pública y creando en ella un clima de presión y terror”. Los hechos fueron denunciados por el querellante, según el escrito, ante los órganos internos del partido, dando lugar a la apertura de unas diligencias informativas internas que habrían sido resueltas por una resolución dictada por le querellado Recio Fernández, “por el que acordó el archivo por inexistencia de indicios de acoso laboral”.

“No actos sistemáticos de hostilidad y humillación”

Tras analizar la conducta de Recio para “determinar la existencia o no de indicios de comisión de delitos imputados”, el TSJA ha enmarcado que los hechos expuestos respecto a Recio “describen, después de una cierta relación de confianza que resultó fallida, por los motivos que sean, desencuentros y desaprobaciones posteriores, incluso puntuales momentos de tensión, como los que se reflejan en las conversaciones expuestas, pero no actos sistemáticos de hostilidad y humillación”. Detalla que la valoración de los indicios contra el mismo “radicaría exclusivamente en su intervención en parte” de los hechos narrados, mientras que los “insultos y vejaciones” relatados “los habría realizado en exclusiva Demetrio Pérez”.

“Por tanto de la querella se deduce que la única participación que tuvo Rafael Alfonso Recio Fernández queda circunscrita al subjetivo sentimiento de la querellante de que no se le atribuyeron por este querellado las labores, que no precisa, que la querellante solicitaba o de las que era competente para realizar, así como a su actuación en la tramitación de la investigación interna, referida a los requerimientos de concreción en sus respuestas”, apostilla. Por ello, respecto a Demetrio Pérez, aclara que la presente resolución se limita a la persona aforada, en este caso Recio, y “en consecuencia, debe quedar fuera de la presente resolución cualquier actuación realizada por los otros querellados, salvo conexión delictiva entre todos ellos, que desde luego no consta ni puede desprenderse, según lo expuesto, del contenido de la querella y documental aportada con la misma”.

Por todo ello, el tribunal ha procedido a acordar la inadmisión a trámite de la querella presentada, al entender que “los hechos imputados a persona aforada, ni siquiera indiciariamente, presentan caracteres de delito y ello sin necesidad de llevar a cabo otras comprobaciones documentales o acceder a la práctica de la prueba solicitada”. Las costas, por su parte, han sido declaradas de oficio. En conclusión, ha inadmitido a trámite la querella “por no ser los hechos constitutivos de delito atribuible a persona aforada”.

¿Estuvo justificado el despido de la responsable de cumplimiento normativo de TMB —la empresa del metro y el bus de Barcelona—, tras ser denunciada por acoso laboral? ¿O fue un montaje que urdió la compañía para despedirla porque había señalado a varios directivos de la empresa tras investigar otra denuncia de acoso de una empleada?

La rama laboral —hay otro proceso penal abierto— del enfrentamiento entre la exdirectiva de TMB, Carmen Macías, y su antigua compañía ha llegado este martes a juicio, en el que han declarado tanto el empleado que denunció a Macías por acoso laboral como algunos de sus antiguos compañeros de departamento. 

Cuatro antiguos compañeros de Macías han puesto en entredicho su conducta con sus subordinados. La empresa externa que realizó el informe que recomendaba su despido, por su parte, ha defendido su independencia a la hora de elaborar la investigación del caso. 

Tanto el empleado que denunció a Macías como otros tres compañeros han afirmado que la exresponsable de compliance humilló en más de una ocasión al denunciante, hasta el punto de solicitar a los nuevos trabajadores que entraban al departamento que ni siquiera tomaran un café o fueran a comer con el denunciante.

“El malo siempre ha sido A [el denunciante], el resto íbamos pivotando”, ha declarado uno de los antiguos subordinados de Macías. 

El denunciante y los testigos aportados por TMB han asegurado que la exjefa de compliance tenía animadversión contra el empleado que la denunció por acoso laboral y encargaba a subordinados del denunciante que revisaran su trabajo a pesar de tener una categoría inferior. 

Uno de ellos ha descrito gritos, amenazas y “tratos vejatorios” por parte de Macías al denunciante. Los testigos incluso han afirmado que Macías convocaba a todo el equipo en un centro de trabajo distinto para así aislar al trabajador que la acabó denunciando, que ha asegurado que a pesar de ser responsable de la unidad técnica de Buen Gobierno había acabado desempeñando “tareas administrativas”.

El que fuera su empleado ha asegurado que no la denunció antes porque sabía que su queja la iba a tramitar la propia Macías, con lo que esperó a presentar su denuncia que se contratara a esa empresa externa para investigar el caso. También ha señalado que pidió en varias ocasiones a la empresa, desde 2020, que lo cambiaran de departamento pero sus peticiones no fueron atendidas por parte de la dirección de TMB.

Los testigos han sido muy duros con Macías, que la semana pasada aseguró en una rueda de prensa que su despido por acoso laboral fue un montaje urdido por la empresa porque ella concluyó en una investigación interna que dos directivos de TMB habían podido cometer un delito de acoso laboral a otra trabajadora. Buena parte de los sindicatos de la empresa, que tiene 9.000 trabajadores, le dieron apoyo tanto la semana pasada como en el juicio de este martes.

La polémica contratación de una empresa externa para despedir a Macías

La defensa de Macías, que ejercía la acusación contra TMB, ha intentado poner de manifiesto los defectos formales en la investigación que se llevó a cabo contra ella por parte de una empresa externa, también acusada en el procedimiento laboral.

Su letrado ha centrado su intervención en intentar demostrar que el encargo a esta empresa externa, llevado a cabo con un contrato a dedo pocas semanas después de modificar el protocolo interno contra el acoso laboral en TMB, se urdió por parte de la empresa para poderla echar por acoso laboral.

Entre otros aspectos, la defensa de Macías ha puesto de manifiesto que el encargo provino del mismo departamento que se había visto afectado por las investigaciones de la que era responsable de cumplimiento.

Representantes del comité de empresa han declarado que la manera en que se aprobó el nuevo protocolo de acoso en la empresa, que se utilizó para echar a Macías, fue “poco habitual”. Ha añadido que TMB les puso prisas para aprobarlo alegando un supuesto requerimiento de inspección de trabajo que ha resultado no existir.

También han asegurado que se les transmitió que el contrato con la empresa externa que investigaría las denuncias de acoso se haría mediante una licitación pero finalmente se hizo con un contrato menor.

El Ministerio Fiscal solicita un total de 7 años y 3 meses de prisión para un hombre, acusado de aprovecharse de dos mujeres, a una de las cuales tuvo trabajando sin contrato, acosó laboralmente y robó dinero, y a la segunda, también le hurtó dinero y una joya. Está previsto que el juicio se celebre este miércoles, día 11, a partir de las 9,30 horas, en la Audiencia Provincial.

De acuerdo con el escrito de la acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, fue en el año 2024 cuando el acusado L.M.F., dueño de un bar en Logroño, llevó a cabo estos hechos “abusando de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban extranjeros sin permiso de residencia legal y necesitados de encontrar un trabajo para obtener unos ingresos económicos”.

Así, mantuvo durante febrero de 2024 “conversaciones con N.B.H., con autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales sin permiso a trabajar, de nacionalidad marroquí, en situación de vulnerabilidad y con necesidad tanto de obtener unos ingresos económicos como un pre contrato laboral con la finalidad de poder solicitar el permiso de residencia y de trabajo”.

Acordaron que la víctima empezara a trabajar a partir del 1 de marzo de 2024 en el local del acusado “con su compromiso de facilitarle el precontrato que tanto ansiaba N.B.H.”, a quien, además, facilitó una habitación con un coste de 330 euros mensuales.

Sin embargo, una vez que la víctima empezó a trabajar para el acusado, “éste empezó a poner excusas para redactarle el contrato”, “le impuso jornadas de al menos 11 horas diarias y en ocasiones hasta 13 horas” y “no le abonaba cantidad alguna por el trabajo realizado”, pese a haber pactado un salario de 1.330 euros mensuales, de los que se le descontaría el alquiler de la habitación en la que vivía la víctima. Finalmente, “y después de mucho insistirle”, la víctima consiguió que el acusado le firmara su contrato, tras lo cual, “el acusado le dijo que no era necesario que lo llevara a extranjería ya que él no iba a informar favorablemente ni a darle de alta”.

Esta situación laboral se mantuvo “hasta el día 4 de mayo de 2024 donde el acusado le envió un whattssap diciendo a N.B.H., que no volviera a trabajar, sin dar más explicaciones” y pagándole “después de insistirle, por los meses de marzo y abril del 2024, exclusivamente la cantidad de 1.250 euros”.

A ello se suma que en un día sin determinar “entre 6 y el 14 de mayo de 2024”, el acusado “accedió con la llave que tenía al interior de la habitación donde vivía N.B.H., sin el consentimiento de ésta, y, con ánimo de enriquecerse injustamente de los bienes ajenos, cogió un monedero con 100 euros”.

Además, mientras la mujer estuvo trabajando para el acusado “éste, con ánimo de atentar contra la indemnidad sexual, de alterar gravemente el desarrollo de la vida cotidiana ajena y de menoscabar la libertad y sentimiento de seguridad ajeno, le decía multitud de frases” con referencias a su físico y referencias sexuales, aprovechando incluso “para ”tocar“ o ”rozarse“ con ella en cada oportunidad que tenía”.

Por otro lado, “el acusado firmó un contrato en calidad de cocinera con G.B. el día 17 de abril de 2024, dando de alta a dicha trabajadora el día 22 de dicho mes”, de nuevo ofreciéndole una habitación por importe de 330 euros mensuales, a la que esta segunda mujer accedió tras pagar la mensualidad correspondiente más una más de fianza.

Y de nuevo, el día 13 de mayo de 2024, “el acusado, actuando con ánimo de enriquecerse injustamente de los bienes ajenos y con la llave que tenía en la habitación donde vivía G.B., entró en ella, revolvió todo los elementos propiedad de esta, los dejó en otra habitación cercana, cogió 600 euros y una pulsera de oro y abandonó el lugar”.

Según el escrito del Ministerio Fiscal, todos estos hechos suponen tres delitos en el caso de la primera víctima: uno, contra los derechos de los trabajadores; otro, de hurto; y un tercero, de acoso laboral, mientras que, en el caso de la segunda mujer, se contempla otro delito de hurto. De todo ellos, es responsable el acusado sin que concurran circunstancias modificativas de su responsabilidad.

Por ello, en el caso de la primera víctima, la acusación considera que procede imponer a L.M.F. una pena de 4 años de prisión por el delito contra los derechos de los trabajadores; por el de hurto, dos meses de multa con una cuota diaria de 8 euros; y, por el acoso, otros dos años de cárcel. A ello se suma, en el caso de la segunda víctima, una pena de 15 meses de prisión. Además, el acusado deberá indemnizar a N.B.H. con la cantidad de 1.100 euros y a G.B. con la cantidad de 600 euros más el valor que se determine por el coste de la pulsera que presuntamente se llevó de forma ilícita.

Discriminación por razón de sexo, denegación sistemática de medidas de conciliación familiar, acoso, represalias y “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo.

Tres mujeres de la Policía Canaria denunciaron en diciembre ante la Consejería de Seguridad que lidera Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria) “graves vulneraciones” a la ley de igualdad de trato en el seno del cuerpo. Más de dos meses después, una sigue esperando respuesta de la administración y las otras dos han visto cómo las informaciones reservadas que se abrieron para estudiar sus casos se han cerrado sin haber sido citadas a declarar para ofrecer su versión de los hechos, contradecir la de testigos o aportar pruebas. 

Esos tres escritos, a los que ha tenido acceso este periódico, se presentaron el 19 de diciembre. Todos solicitaban la adopción de medidas cautelares, desde el traslado de unidad hasta la petición de que el actual jefe de la Policía Canaria, Antonio Almenara, se abstuviera de mantener contacto directo u operativo con una de ellas. Ninguna petición ha sido atendida. Las denunciantes solo tuvieron conocimiento de la apertura de esas informaciones reservadas tras su archivo. 

El primer archivo

Ambas resoluciones están firmadas por el director general de Seguridad, David del Pino, un subcomisario en excedencia de la Policía Canaria que, a su vez, está inmerso en un protocolo de acoso laboral (con medidas cautelares activas) tras la denuncia que contra él y la consejera presentó el anterior jefe del cuerpo, el comisario principal Luis Santos Jara. 

La primera resolución del director general, que se basa en un informe de la Unidad de Asuntos Internos, está fechada el 29 de enero y resuelve el escrito presentado por una agente de Santa Cruz de Tenerife que denunció que se le había revocado un ascenso (de policía a oficial) cuando estaba de baja médica. A juicio de esta funcionaria, esa actuación constituye una discriminación por razón de enfermedad, máxime cuando a otros compañeros del cuerpo “se les mantuvo en el puesto” mientras estaban en situación de incapacidad temporal, incluso de larga duración, reza el escrito. 

Esta agente también relató dos episodios de “contactos físicos no consentidos” por parte del jefe del cuerpo, Almenara. En concreto, dos palmadas en la espalda que le hicieron “perder el equilibrio” de forma momentánea y un agarrón por la espalda para girarla y cambiar su orientación durante unas prácticas de tiro. La agente destaca en su escrito la importancia del contexto en que se produjeron estos hechos: en el marco de una relación jerárquica directa y con un conflicto administrativo previo entre ambos. 

El director de Seguridad desestimó íntegramente sus pretensiones. Por un lado, justificó el contacto físico, señalando que es “costumbre” y un “gesto frecuente” del comisario dar “suaves palmadas” en la espalda al saludar a sus subordinados, por lo que esta conducta “no puede ser considerada acoso hacia una agente en particular”. “(Esas palmadas) nunca son suficientes para desplazar o desequilibrar a una persona ni causarle dolor”, añadía. 

Además, remarca que la denuncia no hace alusión a que “durante el incidente el comisario le hiciese mención a las reclamaciones (en vía administrativa) que ella tuviese pendientes de resolución o, en su caso, denegadas”. Con respecto al episodio en el campo de tiro, el informe de Asuntos Internos alude a tres testigos que negaron los hechos. Uno es el propio jefe. Otro es un subcomisario de la unidad de régimen interior, un órgano que está bajo la dependencia funcional de la jefatura del cuerpo. El tercero es un policía de su unidad.

La agente había solicitado recuperar las grabaciones de las cámaras de seguridad para demostrar la veracidad de lo denunciado. Sin embargo, la Dirección General de Seguridad contestó que la empresa responsable de su custodia había certificado que era “técnicamente imposible recuperar” esas imágenes en las fechas señaladas.

“Enfermedad o falta de disponibilidad”

En cuanto a la revocación del ascenso, el director general sostiene que esa decisión no se adoptó por la enfermedad de la agente, sino por su “falta de aptitud (disponibilidad)”. 

El artículo 39 de la Ley de la Policía Canaria establece la posibilidad de destinar a un funcionario a un puesto superior (en este caso, de policía a oficial) en casos de urgencia y siempre y cuando esa plaza no se haya podido cubrir a través de los procesos selectivos ordinarios. La denunciante fue ascendida por esta vía y relegada de nuevo (volviendo a su anterior puesto) cuando se encontraba de baja laboral. Durante un tiempo se le siguió pagando como oficial, pero después la administración le reclamó las diferencias salariales. 

La Consejería de Seguridad defiende que esa revocación “no penaliza la enfermedad”, sino que “constata la imposibilidad material” de la agente para desempeñar esa tarea por su “falta de disponibilidad”. La resolución sostiene que se trata de un acto reglado y que estaba “obligada a liberar ese puesto para que otro efectivo pueda cubrir la necesidad real”. 

La denunciante advertía de que a otros funcionarios se les había mantenido el puesto estando de baja. Incluso, en algún caso, de larga duración. A juicio de la Dirección General, este argumento “carece de eficacia jurídica”. “El hecho de que, hipotéticamente, no se haya revocado en tiempo y forma otros nombramientos temporales —por error, omisión o diferencias en la duración de la baja— no genera un derecho subjetivo a la interesada para perpetuarse en una situación irregular”, recoge el escrito.

Y añade: “El principio de igualdad no ampara la reivindicación de mantener un beneficio indebido basándose en que otros pudieron haberlo disfrutado incorrectamente”. Para desmentir ese “trato discriminatorio singularizado”, la Consejería de Seguridad alude a otros dos agentes a quienes también revocó esos ascensos. Se da la circunstancia de que uno de esos casos es el de otra de las denunciantes, a la que aún no han contestado. 

La unidad investigadora de esa información reservada es la de Régimen Interior de la Policía Canaria, que depende jerárquicamente del jefe del cuerpo, señalado en la denuncia. La resolución de archivo incluso llega a acusar a la denunciante de “desviar el foco del procedimiento” (la reclamación por el ascenso revocado y sus consecuencias económicas) “mediante la construcción artificiosa de un escenario de acoso discriminatorio”. 

El archivo de esa información reservada, un procedimiento en el que no ha prestado declaración la denunciante, pone fin a la vía administrativa. 

Conciliación familiar

El segundo archivo es más reciente. Fue dictado por el mismo alto cargo el 28 de febrero, también sobre la base de un informe de Asuntos Internos. En este caso, la denunciante tiene su destino en Tenerife, pero ejerce en Gran Canaria en comisión de servicios por conciliación, para atender a sus dos hijos, ambos menores de edad (es familia monoparental). Entre junio y noviembre de 2025, esta funcionaria solicitó hasta en cuatro ocasiones medidas de conciliación y un cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial) para aprovechar su formación en Criminología y Criminalística Forense. 

En uno de esos escritos argumentaba que la implantación de un turno de nueve horas en esa unidad le obligaba a salir a medianoche en la jornada vespertina, un horario incompatible con el cuidado de sus hijos. La administración rechazó su petición alegando que carecía de documentación acreditativa de sus circunstancias familiares, pese a conocer que esas eran las razones por las que estaba en comisión de servicio en Gran Canaria. Lo único que se le ofreció entonces, según cuenta, fue una reducción de jornada (de nueve a ocho horas), con el consecuente perjuicio económico. Esta opción fue rechazada por la funcionaria.  

Para poder atender a los menores, la agente tuvo que solicitar reiterados cambios de turnos a los compañeros, aunque en ocasiones no fue posible, por lo que hubo noches en que sus hijos tuvieron que quedarse “solos y sin la protección debida”. Cuenta, en concreto, el caso de un fin de semana en que le fue negado el cambio de tarde al de mañana “por razones operativas”. La agente remarcaba en su denuncia que esa misma semana a otros compañeros sí les dieron facilidades, incluso para asistir a eventos sociales. 

La jefatura solo estimó parcialmente su última petición de conciliación (la formulada en noviembre). La administración acordó asignarle turnos fijos en horario de mañana en la misma unidad (Seguridad Ciudadana), denegando su traslado a departamentos más acordes con su formación. A pesar de que ese acuerdo está fechado el 2 de diciembre, no se le notificó a la interesada hasta el 24 de febrero, más de dos meses después. 

La agente sostenía en su denuncia que la “asignación sistemática” a los puntos fijos era una “medida de represalia” por sus constantes peticiones de conciliación. La funcionaria explica en su escrito que esta labor consiste en la “vigilancia estática de instalaciones (Presidencia del Gobierno, juzgados…), sin funciones policiales operativas propias” de la Policía Canaria y que es entendida en el seno del cuerpo como “un destino de castigo”, puesto que supone prestar servicio en solitario, “lo que implica aislamiento del resto de compañeros”. Además, incidía en que ello suponía “un absoluto desperdicio” de su cualificación universitaria. 

Violencia de género y “represalias”

También relataba en su denuncia “un antecedente de represalia” por haber comunicado a un superior jerárquico que había sido testigo de un episodio de violencia de género por parte de otro agente del cuerpo. Según apunta la denunciante, la jefatura le reprochó no haber informado de esos hechos a su superior inmediato, sino a otro alto cargo del cuerpo que era, a su vez, mando de un segundo testigo. 

El agente denunciado por violencia machista admitió los hechos y fue condenado, pero, según la denunciante, sigue prestando servicios en la Policía Canaria, aunque sin arma.  

Segundo archivo

La respuesta a la denunciante llegó el 28 de febrero. Y, al igual que en el primer caso, archiva la información reservada y desestima todas sus alegaciones. El director general de Seguridad sostiene que la jefatura de la Policía Canaria ha facilitado “de forma continua y activa” la conciliación de la vida personal y laboral de esta funcionaria, descartando una discriminación por razón de sexo o por responsabilidades familiares. 

La administración defiende que la agente prestó servicio en turno de mañana en la mayoría de las ocasiones; que el hecho de que entre agosto y noviembre prestara algunos servicios en turno de tarde respondió a que “no adjuntó la documentación acreditativa de sus circunstancias familiares”, o que se le aceptaron numerosos cambios horarios y que cuando se le denegó fue porque “la disponibilidad operativa de la unidad era reducida”. 

Con respecto a la asignación de puntos fijos, señala el director general que es más probable en el turno de mañana, por lo que es “una consecuencia estructural y objetiva de la medida de conciliación adoptada”. También niega “cualquier represalia” por “su participación en un procedimiento administrativo en calidad de testigo”, en relación con su testimonio sobre el caso de violencia de género. “No existen ab initio indicios suficientes para deducir responsabilidad disciplinaria por parte de ningún funcionario policial”, concluye la resolución.

Tampoco aprecia discriminación en la denegación del cambio de unidad (de Seguridad Ciudadana a Policía Judicial). La resolución señala que hay un procedimiento “objetivo y general” de aplicación a todos los funcionarios, “con independencia de su situación personal”. De hecho, acusa a la trabajadora de intentar “instrumentalizar” una solicitud de conciliación familiar para “eludir” ese procedimiento. 

Para tratar de acreditar ese presunto trato discriminatorio, la agente había aludido al caso de dos policías que sí fueron trasladados a esa unidad de Policía Judicial mediante una instrucción. El Gobierno responde que esa comparación “carece de idoneidad”, puesto que esos traslados se produjeron “antes de la primera solicitud de la interesada”. 

La agente se encuentra de baja desde principios de diciembre como consecuencia de estos hechos, que califica de acoso laboral. 

La Consejería “no facilita información a terceros”

Este periódico envió el pasado 26 de febrero (dos días antes del segundo archivo) un cuestionario a la Consejería de Seguridad con preguntas sobre la denuncia de las tres agentes y las medidas adoptadas a raíz del caso de violencia machista del que fue testigo una de ellas.

En una contestación remitida el pasado viernes, fuentes oficiales de este departamento se han limitado a señalar que, a raíz de los escritos presentados por dos agentes, “ambas por vulneración al derecho a conciliar y una de ellas también por revocación del artículo 39 (puesto temporal de superior empleo) y supuesto contacto físico del jefe del cuerpo”, se han tramitado dos procedimientos internos. 

“Una vez abierta la información reservada, se iniciaron las actuaciones y Asuntos Internos emitió el informe de conclusiones. En las resoluciones se da respuesta detallada, en tiempo y forma, de aquellos hechos denunciados de los que son parte interesada y que, por lo tanto, pueden tener conocimiento”, explican desde el área que lidera Nieves Lady Barreto. 

“Al ser procedimientos internos, desde el Cuerpo ni desde la Dirección General se va a facilitar información sobre los mismos a terceros y menos aún ampliar por esta vía el contenido de las notificaciones ya emitidas”, añade. 

Un masaje y otro ascenso revocado

A pesar de haber presentado su escrito en la misma fecha que las otras dos, hay una tercera agente de Gran Canaria que aún no ha recibido ninguna respuesta de la administración. Esta funcionaria también denunció la revocación del ascenso y un contacto físico no consentido por parte del jefe del cuerpo. Siempre según su versión, el comisario Almenara acudió al lugar donde la policía estaba trabajando de espaldas, se acercó a sus hombros y “comenzó a realizarle un masaje”. Ella “se asustó y se dio la vuelta”, momento en que el jefe “se apartó”. En ese momento estaba presente en la base un subinspector. 

Días después de ese “tocamiento”, el comisario manifestó a la agente que “sentía mucho” la nota que había obtenido en un proceso selectivo de promoción interna, que “se había puesto muy nerviosa” y que eso “era normal” debido a “su situación familiar”. “Este incidente constituye un claro ejemplo de acoso laboral, en el que un superior jerárquico realizó un contacto físico no consentido e inapropiado, aprovechándose de su posición de autoridad (...) La conducta descrita se enmarca en un patrón más amplio de comportamiento discriminatorio y de abuso de poder”, sostiene la agente, que también está de baja. 

A esta funcionaria se le denegó la prórroga del ascenso a oficial (por la vía del artículo 39) a principios de junio del año pasado. En abril había causado baja debido a un accidente laboral durante una actividad formativa del cuerpo, aunque se había reincorporado a finales de mayo. De hecho, el informe del jefe de la Policía Canaria que sirvió de base para la posterior revocación de destino está fechado un día después de su regreso al puesto. 

“El criterio de la baja médica aplicado resulta absolutamente arbitrario, toda vez que otros efectivos del cuerpo se encuentran en situación de baja médica y se ha procedido a la renovación de sus destinos temporales, lo que evidencia una aplicación discriminatoria y no justificada de los criterios de revocación”, señala el escrito, que incide en que el estado de salud y el accidente laboral constituyen “causas protegidas” para los trabajadores. 

La administración no ha comunicado a esta agente ni la apertura de una información reservada, ni la adopción de las medidas cautelares solicitadas ni la ha citado a declarar. 

Los asuntos de personal siguen generando conflictos en la Diputación de Valencia. A la nueva estructura que pretende llevar adelante la diputada responsable de Recursos Humanos, Reme Mazzolari, con una nueva relación de puestos de trabajo (RPT) que ha levantado ampollas sobre todo en el área de Cultura, se une ahora una denuncia por acoso laboral contra la propia corporación provincial que gobiernan el PP y Ens Uneix.

La plataforma STAS-Intersindical denunció recientemente irregularidades en la gestión de la plantilla con una estrategia basada, según explicaron, en la colocación de personal externo —afines o “amigos”— procedente de otras administraciones. De este modo, se mostraron muy críticos con la negociación de la nueva RPT y criticaron que el ejecutivo provincial considere que “ninguno de los más de mil funcionarios propios de esta Corporación damos la talla para ocupar ninguna de las cien jefaturas que llevan ya abiertas desde que desembarcaron en la Diputación”. A ellas se sumarán otras nueve jefaturas de nueva creación con coste salarial de  914.695 euros.

Los sindicatos cuestionaron este nuevo organigrama al considerar que se trata de articular una estructura directiva afín al actual Gobierno provincial, máxime si pueden aspirar a estas plazas funcionarios de otras administraciones. Al respecto, UGT ya advirtió de que es “innecesaria esa nueva superestructura, sobre todo si el objetivo es tratar de neutralizar/controlar el trabajo de otros trabajadores y trabajadoras”. Desde CCOO afirmaron que se ha elaborado “de espaldas a la plantilla”.

A todas estas polémicas se una también una denuncia por acoso laboral. Fuentes sindicales han comentado a elDiario.es que la persona afectada es la directora de Deportes, con 29 años de experiencia en la Diputación, periodo en el que siempre ha desempeñado las mismas funciones relacionadas con su especialidad, esto es, planificación de las actividades de la institución en materia de deportes; la organización de actividades y grandes eventos en colaboración con otras administraciones; la colaboración con federaciones o asociaciones deportivas, convocatorias de subvención a entidades deportivas, entre otras.

Precisamente, esta experiencia y el hecho de ser la única titulada superior licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de toda la Diputación, con una plantilla de 1.200 empleados, es lo que llevó al diputado del PP responsable de Turismo y Deportes, Pedro Antonio Cuesta, a encargarle la creación de un nuevo servicio de Deportes independiente, con la idea de potenciar el área, una iniciativa que partía del propio presidente de la Diputación, Vicent Mompó, quien ostenta la misma titulación.

Las mismas fuentes han explicado que la técnico, cuya plaza estaba adscrita al servicio de Deportes encuadrado en Bienestar Social, se traslada a la sede del departamento de Turismo y Deportes ubicada en la calle Avellanas, donde inicia la creación del nuevo servicio, tal y como recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 27 de febrero de 2024.

Todo discurre con normalidad, incluso asumiendo en comisión de servicio durante seis meses la Jefatura del Servicio de Deportes, hasta que en mayo de 2025 llega una nueva jefa de servicio del Ayuntamiento de Bétera, momento en que la técnico vuelve a ocupar su puesto como directora de Deportes. Sin embargo, el 23 de junio de 2025, aprovechando unos días en los que la afectada se encuentra de vacaciones, se le notifica a través de la carpeta de empleado una providencia resolutiva en virtud de la cual se le requiere a que se incorpore al centro de Bienestar Social, según le dicen, para el desempeño de las funciones inherentes a su puesto y se le argumenta la decisión en la necesidad de adecuar el ejercicio de su puesto a la estructura y funcionamiento del servicio al que está supuestamente asignado. Así que, después de 29 años gestionando todo lo relacionado con los asuntos deportivos de la Diputación, se le adscribe al servicio de teleasistencia. También intentan encomendarles otras tareas relacionadas con memoria histórica y otros subcentros dependientes de la corporación.

Fuentes sindicales aseguran, sin embargo, que el servicio de Bienestar Social no tiene asignadas funciones ni competencias en materia de deportes, puesto que estas están asignadas al servicio de Turismo y Deportes y que, por lo tanto, difícilmente se puede adecuar el ejercicio de un puesto de trabajo cuyas funciones nada tienen que ver con las del servicio de Bienestar Social.

Ante la falta de explicaciones por parte de los responsables de la Diputación, solo le queda la vía de la denuncia interna por acoso laboral, tras la que se activó un comité de resolución de conflictos. Allí, ante cuatro personas, expone su caso, le dicen que no se preocupe y sale de la reunión convencida de que se iba a dar una solución. Sin embargo, han pasado cuatro meses de aquella reunión y la denunciante no ha recibido ni un acta por escrito de la reunión, ni un correo, ni una llamada. Nada.

Aunque la denunciante reclama la redistribución de su puesto de Bienestar Social a Deportes y volver a su puesto a desempeñar las funciones propias del mismo, la decisión de la institución ha sido otra: cambiar las funciones del puesto de directora de Deportes, adaptándolas a Bienestar Social. Según las fuentes sindicales consultadas por este diario, “este hecho denotaría que desde recursos humanos habrían hecho dejación de funciones ya que, por toda lógica, la técnica de deportes debería desempeñar su trabajo en Deportes y no en otro servicio”. También se la ha apartado del resto de la unidad a la que pertenece “sin causa aparente, además de dañar su prestigio profesional”, añaden fuentes conocedoras de la denuncia.

Por su parte, fuentes de la Diputación de Valencia han asegurado a elDiario.es que la denunciante “está en Bienestar Social realizando funciones que corresponden a su categoría profesional (se aprobaron en el pleno de febrero) y que la Diputación, a raíz de la denuncia, activó el protocolo pertinente activando una comisión que ya ha cerrado el expediente”, aunque como han remarcado las fuentes consultadas, no se le ha dado ninguna notificación por escrito.

Els assumptes de personal continuen generant conflictes en la Diputació de València. A la nova estructura que pretén portar endavant la diputada responsable de Recursos Humans, Reme Mazzolari, amb una nova relació de llocs de treball (RLT) que ha alçat bambolles sobretot en l’Àrea de Cultura, s’uneix ara una denúncia per assetjament laboral contra la mateixa corporació provincial que governen el PP i Ens Uneix.

La plataforma STAS-Intersindical va denunciar fa poc irregularitats en la gestió de la plantilla amb una estratègia basada, segons van explicar, en la col·locació de personal extern —afins o “amics”— procedent d’altres administracions. D’aquesta manera, es van mostrar molt crítics amb la negociació de la nova RLT i van criticar que l’executiu provincial considere que “cap dels més de mil funcionaris propis d’aquesta Corporació tenim la talla per a ocupar cap de les cent prefectures que han obert ja des que van desembarcar en la Diputació”. S’hi sumaran nou prefectures més de nova creació amb un cost salarial de 914.695 euros.

Els sindicats van qüestionar aquest nou organigrama per considerar que es tracta d’articular una estructura directiva afí a l’actual govern provincial, encara més si poden aspirar a aquestes places funcionaris d’altres administracions. Sobre aquest tema, UGT ja va advertir que és “innecessària aquesta nova superestructura, sobretot si l’objectiu és tractar de neutralitzar/controlar el treball d’altres treballadors i treballadores”. Des de CCOO van afirmar que s’ha elaborat “d’esquena a la plantilla”.

A totes aquestes polèmiques s’uneix també una denúncia per assetjament laboral. Fonts sindicals han comentat a elDiario.es que la persona afectada és la directora d’Esports, amb 29 anys d’experiència en la Diputació, període en què sempre ha exercit les mateixes funcions relacionades amb la seua especialitat, això és, planificació de les activitats de la institució en matèria d’esports; l’organització d’activitats i grans esdeveniments en col·laboració amb altres administracions; la col·laboració amb federacions o associacions esportives, convocatòries de subvenció a entitats esportives, entre altres.

Precisament, aquesta experiència i el fet de ser l’única titulada superior llicenciada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de tota la Diputació, amb una plantilla de 1.200 empleats, és el que va portar el diputat del PP responsable de Turisme i Esports, Pedro Antonio Cuesta, a encarregar-li la creació d’un nou Servei d’Esports independent, amb la idea de potenciar l’àrea, una iniciativa que partia del president mateix de la Diputació, Vicente Mompó, que deté la mateixa titulació.

Les mateixes fonts han explicat que la tècnica, la plaça del qual estava adscrita al Servei d’Esports enquadrat en Benestar Social, es trasllada a la seu del departament de Turisme i Esports situada al carrer de les Avellanes, on inicia la creació del nou Servei, tal com recull el Butlletí Oficial de la Província (BOP) del 27 de febrer de 2024.

Tot discorre amb normalitat, fins i tot assumint en comissió de servei durant sis mesos la Prefectura del Servei d’Esports, fins que el maig del 2025 arriba una nova cap de servei de l’Ajuntament de Bétera, moment en què la tècnica torna a ocupar el seu lloc com a directora d’Esports. No obstant això, el 23 de juny de 2025, aprofitant uns dies en què l’afectada està de vacances, se li notifica a través de la carpeta d’empleat una provisió resolutiva en virtut de la qual se li requereix que s’incorpore al centre de Benestar Social, segons li diuen, per a l’acompliment de les funcions inherents al seu lloc i se li argumenta la decisió en la necessitat d’adequar l’exercici del seu lloc a l’estructura i el funcionament del servei a què està pretesament assignat. Així que, després de 29 anys gestionant tot el relacionat amb els assumptes esportius de la Diputació, se l’adscriu al Servei de Teleassistència. També intenten encomanar-los altres tasques relacionades amb memòria històrica i altres subcentres dependents de la corporació.

Fonts sindicals asseguren, no obstant això, que el Servei de Benestar Social no té assignades funcions ni competències en matèria d’esports, ja que aquestes estan assignades al Servei de Turisme i Esports i que, per tant, difícilment es pot adequar l’exercici d’un lloc de treball les funcions del qual no tenen res a veure amb les del Servei de Benestar Social.

Davant la falta d’explicacions per part dels responsables de la Diputació, només li queda la via de la denúncia interna per assetjament laboral, després de la qual es va activar un comité de resolució de conflictes. Allí, davant quatre persones, exposa el seu cas, li diuen que no se’n preocupe i ix de la reunió convençuda que s’hi donaria una solució. Tanmateix, han passat quatre mesos d’aquella reunió i la denunciant no ha rebut ni una acta per escrit de la reunió, ni un correu, ni una telefonada. No res.

Encara que la denunciant reclama la redistribució del seu lloc de Benestar Social a Esports i tornar al seu lloc a exercir les funcions pròpies d’aquest, la decisió de la institució ha estat una altra: canviar les funcions del lloc de directora d’Esports, adaptant-les a Benestar Social. Segons les fonts sindicals consultades per aquest diari, “aquest fet denotaria que des de Recursos Humans haurien fet desistiment de funcions, ja que, per tota lògica, la tècnica d’esports hauria d’exercir el seu treball en Esports i no en un altre servei”. També l’han apartada de la resta de la unitat a què pertany “sense causa aparent, a més de fer mal al seu prestigi professional”, afigen fonts coneixedores de la denúncia.

Per part seua, fonts de la Diputació de València han assegurat a elDiario.es que la denunciant “està en Benestar Social fent funcions que corresponen a la seua categoria professional (es van aprovar en el ple de febrer) i que la Diputació, arran de la denúncia, va activar el protocol pertinent activant una comissió que ja ha tancat l’expedient”, encara que, com han remarcat les fonts consultades, no se li ha donat cap notificació per escrit.

Arropada por los sindicatos, la que fuera jefa de cumplimiento normativo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y bus en Barcelona, ha decidido explicar los detalles de su despido tras investigar una denuncia de acoso laboral que afectaba a dos altos directivos de la compañía. 

“Sabía que me echarían cuando empecé a investigar el caso, pero no de una manera tan cruel”, ha afirmado en una rueda de prensa este miércoles en la capital catalana.

Carmen Macías fue despedida en octubre de 2024 pocos meses después de concluir en una investigación interna que dos directivos de TMB podían haber cometido un delito de acoso laboral. Su cese se llevó a cabo a pesar de tener el estatus de persona protegida por la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC).

Para echarla, según su versión, la empresa le incoó a ella un procedimiento por acoso laboral que incluyó presuntas irregularidades que ha denunciado ante la Justicia, en una gestión del caso por parte de TMB que ha censurado la propia Oficina Antifraude.

Actualmente tres dirigentes de TMB, incluido el consejero delegado, están imputados por presunto acoso laboral a Macías por su despido. Paralelamente, un juzgado laboral dirimirá a partir de la semana que viene la procedencia de su cese.

Aparte de detallar las diversas injerencias que sufrió cuando empezó a investigar la denuncia de acoso laboral que implicaba a varios directivos —algo que no le ocurrió con las otras denuncias que tramitó—, Macías ha defendido su honorabilidad y ha apuntado a que su despido por acoso laboral fue una estrategia de la empresa para poderla cesar. 

“En 19 años en la empresa nunca tuve ninguna queja, ninguna sanción”, ha señalado Macías, que entre otros cargos de responsabilidad fue directora de recursos humanos del metro durante una década. “Si me nombraron responsable de cumplimiento, un órgano que requiere de la máxima confianza y respeto a la legalidad, era porque confiaban en mí”.

El caso de esta antigua jefa se enmarca en una profunda crisis de reputación de la empresa del transporte público de la capital catalana, con cinco altos directivos investigados por acoso laboral en dos causas distintas y un expediente sancionador que podría suponer una multa millonaria a la empresa por tener al descubierto datos sensibles de empleados. 

También los sindicatos consideran que el despido de Macías fue un montaje, y han reprochado que se modificara el protocolo antiacoso apenas un mes antes de iniciar un proceso contra ella. Además, se encargó la investigación de su caso con un contrato a dedo a una empresa externa, que llevó a cabo las pesquisas cuando ni siquiera se había formalizado su relación con TMB.

“Si a una responsable de cumplimiento como yo le hacen lo que me han hecho a mí, ¿qué puede pensar un empleado que quiere denunciar una irregularidad?”, se ha preguntado Macías. “Volvería a hacer lo mismo, por principios y por paz interna”.

La exdirectiva de TMB ha asegurado que la empresa le ha propuesto reconocer la improcedencia de su despido e indemnizarla debidamente, pero ella lo que quiere es volver a su puesto. “Quiero volver a mi puesto, creo en el cumplimiento normativo, mi honor e integridad no se compra con dinero y a mí me gustaba el trabajo que hacía”.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades solicitará mañana viernes en el Patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que proceda al cese del nuevo gerente de la institución, José Manuel Bernabé, tras las informaciones sobre un caso de acoso publicadas por el diario ABC. Tras conocer el “presunto caso de acoso” en el centro, el ministerio “condena de forma rotunda” lo que consideran “unos hechos impropios de una institución como el CNIO”.

Esta decisión se produce tras conocerse la queja formal que Laura Muñoz, entonces secretaria general del CNIO y empleada desde hacía doce años, contra el nuevo gerente, que había llegado al centro para poner orden tras la crisis y contaba con un amplio respaldo entre la plantilla y la confianza del ministerio. El anuncio del cese coincide con una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción que investiga presuntas irregularidades en contratos por valor de 25 millones de euros. En dicha trama, el denunciante cargaba contra el anterior gerente, Juan Arroyo, y situaba a Muñoz como una de sus personas de confianza.

Mensajes personales por Whatsapp

El escrito de Laura Muñoz, presentado ante el área de Recursos Humanos, buscaba amparo legal ante posibles represalias frente a la insostenible situación laboral que vivía con Bernabé, desde su toma de posesión en el cargo el 1 de septiembre de ese mismo año. La denunciante detalla un patrón de acoso que se intensificó rápidamente, cuando el nuevo gerente comenzó a someterla a un trato excesivamente personal. Según Muñoz, Bernabé le enviaba información íntima a través de WhatsApp desde el gimnasio y alardeaba de su vida amorosa y sexual con frases como: “Este año llevo catorce”.

“A medida que mi labor profesional mermaba, aumentaba la comunicación de temas personales, incluso cuando iba a su despacho por algún motivo”, relata la denunciante. “Esta cuestión me ha producido confusión, ansiedad y un clima de incertidumbre constante. En una ocasión, el Gerente compartió conmigo por WhatsApp información íntima que me hizo sentir muy incómoda”.

Dos semanas después de oficializar su queja por acoso y poner los hechos en conocimiento del Patronato del CNIO, Laura Muñoz fue despedida, según ABC. Varios investigadores del CNIO han expresado a elDiario.es su malestar ante esta situación, dado que el nuevo gerente estaba avanzando y colaborando con la justicia para aclarar el entramado de irregularidades del que se acusa al exgerente Juan Arroyo. Con esta denuncia y su destitución, la tarea queda de nuevo en el aire.

Una jueza de Barcelona investiga a otros dos directivos de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en la capital catalana, por acoso laboral a una empleada. Con este caso son ya cinco los dirigentes de la compañía investigados en dos juzgados. En la primera de las causas, tres directivos ya declararon como imputados.

La querella, admitida a trámite hace un año, se dirige contra Joaquim Balsera, exalcalde socialista de Gavà (Barcelona) y actual director de marketing de TMB, y contra la directora de servicios corporativos de la empresa. 

La denunciante, una ingeniera con veinte años de trayectoria y un puesto de responsabilidad en TMB, les acusa, entre otros aspectos, de haberla relegado a un puesto sin funciones, asignarle tareas administrativas e incluso tenerla durante meses en su domicilio sin trabajar.

“No podemos continuar moviendo a la gente como si de un mueble se tratara”, escribió en junio de 2023 el jefe del servicio de personal en un correo adjuntado a la querella, en referencia a los continuos cambios de puesto que sufría la denunciante.

Tanto Balsera como la otra directiva no están citados todavía para comparecer como investigados. La denunciante ya declaró ante la jueza, los testigos lo harán el próximo jueves y se prevé que después lo hagan los dos querellados. 

Diversos informes médicos aportados en la querella achacan a una “victimización por acoso laboral de largo recorrido” los problemas de salud mental de la denunciante, así como un sangrado cerebral que la tuvo hospitalizada y cuyas secuelas sigue padeciendo a día de hoy. 

Una investigación interna de TMB, obtenida por elDiario.es, concluyó, tras entrevistar a 21 testigos y analizar la documentación aportada, que había indicios de un delito de acoso laboral contra la denunciante. Otro informe de un bufete de abogados externo que también participó en la investigación lo descartó.

El informe de TMB recomendaba buscarle a la víctima un puesto acorde a su formación, trasladar el caso a Fiscalía y adoptar “medidas correctivas” hacia los presuntos acosadores, así como mantener las medidas de apoyo psicológico a la denunciante, que a día de hoy sigue de baja médica.

La Fiscalía no apreció un delito en el caso, al considerar que las actuaciones denunciadas no fueron “objetiva y potencialmente hostiles y humillantes” ni “dirigidas maliciosamente” a “vejar la denunciante” ni “perjudicar su salud”.

El Ministerio Público, sin embargo, sí considera acreditado que la víctima “no fue adscrita de forma permanente a puesto de trabajo alguno” y desarrolló una “escasísima actividad laboral” pese a recibir la “retribución económica correspondiente”, una situación que considera “evidentemente anómala”.

La Oficina Antifraude de Catalunya concluyó, tras una investigación, que la denunciante sufrió una “falta de ocupación efectiva” desde 2021 y reprochó a TMB una “falta de actuación” ante “la situación de acoso laboral”, según la resolución a la que ha accedido esta redacción. 

Antifraude reprocha que no se actuó contra los presuntos acosadores ni se reubicó a la denunciante tras la investigación interna de TMB. “Resulta sorprendente que en todo este tiempo no se haya encontrado un encaje para la trabajadora en una empresa de las dimensiones de TMB”, afirma en sus conclusiones.

La directiva que redactó el informe de TMB que apuntaba indicios de acoso fue despedida a los pocos meses, denunciada también por acoso laboral. Ella considera esta acusación una represalia por su investigación interna y presentó una querella contra tres altos directivos de TMB, incluido el consejero delegado, que ya declararon como imputados.

Los seis sindicatos del Comité de Empresa de TMB decidieron en octubre retirarse de las comisiones de investigación de casos de acoso porque se habían convertido en un “instrumento” para “acusar a quienes la dirección considera incómodos”, según un comunicado, en el que pedían la dimisión de la cúpula de la empresa.

“En ningún caso estamos usando los protocolos para actuar contra empleados”, responde una fuente oficial de TMB. Añade que la empresa “todavía no sabe por qué” los representantes de los trabajadores han decidido no participar en estas reuniones.

Sobre la querella presentada, la misma fuente destaca la “predisposición” de TMB para “esclarecer los hechos” y recuerda que fue la empresa quien llevó el caso ante Fiscalía. “Respetamos el derecho de la trabajadora a presentar una querella”, remacha. “Tenemos el convencimiento de que en ningún caso se produjo una situación de acoso laboral”.

“Sin funciones” desde julio de 2021

La denunciante sostiene que asumió entre mayo de 2020 y julio de 2021 las funciones de su superior, ocupó su despacho y dirigió el área de internacional sin que la empresa reconociera ni su categoría ni el salario correspondientes, pese a haberlo reclamado reiteradamente. 

Cuando el departamento fue reorganizado y se designó a una nueva responsable, ella fue apartada de su puesto, perdió el despacho y se quedó sin funciones concretas. No la convocaban a reuniones, no le asignaban proyectos… Según la querella, le asignaron tareas administrativas impropias de su perfil de ingeniera, primero de manera provisional y después definitiva. 

Ese cambio forzado derivó en un grave deterioro de su salud, en noviembre de 2021, con una baja médica por una grave depresión, con tratamiento psicológico y psiquiátrico, a la que se sumó un sangrado cerebral en marzo de 2023 con secuelas físicas persistentes y riesgo vital a día de hoy.

Al reincorporarse, siempre según su versión, no se le ofreció ningún puesto acorde a su trayectoria: solo trabajos de apoyo, como por ejemplo gestionar caterings, que rechazó. 

Durante ocho meses afirma que permaneció sin ninguna tarea asignada, primero en su domicilio y después en las oficinas de la Zona Franca, en la que se le asigna una mesa pero ningún trabajo concreto. “Todos la ven en una mesa, mano sobre mano y sin nada que hacer”, abunda la querella. 

Tras reclamar de nuevo una solución a sus superiores, le respondieron que no podían hacer nada al respecto. Poco después, en septiembre de 2023, desaparecieron todos sus correos electrónicos del buzón corporativo.

La denunciante siguió durante meses sin trabajo asignado, con la excepción de una colaboración puntual con el departamento de Accesibilidad, a cuyo responsable le trasladaron que “le dé algo de trabajo, cualquier cosa” a la denunciante. El responsable lo pidió por escrito ante las dudas sobre la legalidad de las instrucciones, afirma la querella.

La víctima, que pese a lo ocurrido admitió ante Fiscalía que nunca recibió comentarios humillantes o vejatorios por parte de los querellados, siguió sin apenas trabajo hasta febrero de 2024, cuando presentó la denuncia interna por acoso laboral y volvió a causar baja porque se agravan sus problemas de salud. Los médicos la alertaron del riesgo vital si se producía otro sangrado cerebral.

Los datos de la víctima, al descubierto

En enero de 2025, los empleados de TMB descubrieron una brecha de seguridad en la intranet de la compañía que dejaba al descubierto datos sensibles de algunos trabajadores, a los que podía acceder cualquiera miembro de la plantilla que tecleara su nombre.

El expediente de la denunciante era uno de los que estaba al descubierto. Cualquier de los 9.000 empleados de TMB podía leer todos sus informes médicos y psiquiátricos, escuchar sesiones con psicólogos, acceder a sus bajas laborales, correos electrónicos, documentos judiciales, declaraciones de testigos por su denuncia de acoso…

Un compañero avisó a la víctima de que toda su información estaba al descubierto. La madrugada del 23 de enero, estando de baja, accedió a la intranet para comprobarlo y, según su versión, verificó si su expediente era accesible para el resto de empleados. TMB la acusa de haber descargado más de 80 ficheros, pero ella lo niega. 

La víctima puso el caso en conocimiento de Antifraude y de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, que ha abierto un expediente a TMB que podría acabar en una multa millonaria para la empresa.

La reacción de TMB fue intentar despedirla abriendo un expediente a la víctima por haberse descargado ficheros de la intranet, imputándole una falta “muy grave” por “apropiación de los bienes de la empresa”.

TMB finalmente acabó archivando el expediente después de que Antifraude recordara a la empresa que la mujer tenía el estatus de persona protegida y no podía ser cesada.

El grupo de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado la comparecencia de la primera teniente de alcalde y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, para que dé explicaciones sobre las denuncias por acoso laboral contra la cúpula de la empresa pública de transportes desveladas por elDiario.es.

En su petición, el concejal de Barcelona en Comú en el consistorio, Marc Serra, para que responda a las preguntas de los grupos sobre los “casos de acoso laboral, la existencia de un procedimiento judicial que investiga la actuación de diversas directivos de la empresa pública y posibles irregularidades cometidas en la protección de datos personales de trabajadores y trabajadoras de TMB”.

El consejero delegado de TMB, Xavier Flores, negó la semana pasada ante la jueza que el despido de la responsable de investigar irregularidades internas en 2024 fuera una “represalia” por el expediente que abrió para indagar sobre una denuncia por acoso contra varios directivos que interpuso una trabajadora.

También defendió el despedido de la exjefa de compliance cuando contaba con protección de la Oficina Antifraude porque, según mantuvo, nada impedía echarla tras el caso “muy grave” de acoso laboral por el que fue denunciada, que sin embargo la Fiscalía archivó. Además de la causa penal, en las próximas semanas se celebrará un juicio para determinar si el despido fue improcedente.

Flores y los otros dos investigados también remarcaron que, tal y como les obliga la ley, informaron tanto de la suspensión cautelar como del despido de la exjefa a Antifraude, quien no obstante concluyó que el cese de la encargada de investigar internamente “manda un mensaje peligroso” sobre el cumplimiento de la normativa de buen gobierno en TMB.

En suma, a falta que declaren más testigos sobre el caso, la magistrada ya ha oído las dos versiones sobre el caso: acoso laboral denunciado por la exjefa de compliance y absoluto respeto a la legalidad alegado por los directivos de TMB. Ahora será el turno del gobierno municipal para que responda a las preguntas de la oposición.

El consejero delegado de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Xavier Flores, ha negado ante la jueza que el despido de la responsable de investigar irregularidades internas en 2024 fuera una “represalia” por el expediente que abrió para indagar sobre una denuncia por acoso contra varios directivos que interpuso una trabajadora.

Ante la magistrada del juzgado de instrucción 10 de Barcelona han declarado como imputados por acoso laboral Flores, la jefa de recursos humanos y el jefe del área jurídica a raíz de la querella de la exjefa de compliance, despedida tras investigar una denuncia por acoso de una trabajadora.

Los tres, representados por el abogado Rafael Entrena, han negado con contundencia ante la jueza las acusaciones de la exjefa, y han defendido que no se la vacío de competencias ni se interfirió en sus pesquisas, han informado fuentes jurídicas.

También han defendido el despedido de la exjefa de compliance cuando contaba con protección de la Oficina Antifraude porque, según han mantenido, nada impedía echarla tras el caso “muy grave” de acoso laboral por el que fue denunciada, que sin embargo la Fiscalía archivó. Además de la causa penal, en las próximas semanas se celebrará un juicio para determinar si el despido fue improcedente.

En suma, a falta que declaren más testigos sobre el caso, la magistrada ya ha oído las dos versiones sobre el caso: acoso laboral denunciado por la exjefa de compliance y absoluto respeto a la legalidad alegado por los directivos de TMB.

Según las mismas fuentes, los investigados también han remarcado que, tal y como les obliga la ley, informaron tanto de la suspensión cautelar como del despido de la exjefa a Antifraude, quien no obstante concluyó que el cese de la encargada de investigar internamente “manda un mensaje peligroso” sobre el cumplimiento de la normativa de buen gobierno en TMB.

En su dictamen, Antifraude realizó un cronograma de los hechos: en febrero de 2024, la ex jefa de compliance empezó a investigar la denuncia por acoso de una trabajadora de TMB contra tres directivos. El expediente, que motivó un conflicto entre la ex directiva y otros miembros de la cúpula, se derivó a la Fiscalía en mayo de 2024. En agosto del mismo año, se crea un nuevo protocolo antiacoso de TMB. Un mes después, la ex jefa de compliance recibe una denuncia por acoso, se la aparta temporalmente de sus funciones y en octubre TMB la despide.

En su declaración judicial, según las mismas fuentes, Flores también ha desmentido alguno de los extremos del dictamen de Antifraude. La OAC concluye que la exjefa de compliance recibió el correo que la apartaba el 13 de septiembre, catorce días antes de que TMB formalizara el contrato con la empresa externa que investigó la denuncia contra la ex jefa de compliance. Lo hizo a través de un contrato menor de 7.490 euros, un método que a Antifraude le resulta contradictorio con una “necesidad permanente” de la empresa, como es disponer de una asistencia externa, como determina el protocolo de antiacoso de TMB.

La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) ha censurado que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la empresa pública del metro y el servicio de autobús de la capital catalana, despidiera a su jefa de cumplimiento normativo tras investigar una denuncia por acoso laboral de una trabajadora contra directivos de la sociedad.

El informe de la OAC, al que ha tenido acceso elDiario.es, concluye que el cese de la responsable de investigar las denuncias en TMB “poco después” de tramitar un expediente que afectaba a tres directivos “manda un mensaje peligroso” sobre la “efectividad de los canales internos de acuerdo con lo que prevé la ley [de protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción]”.

Consultadas por este diario, fuentes de TMB han indicado que las conclusiones de la OAC se basan “exclusivamente” en la versión de Macías. Si bien han admitido que el dictamen incorpora documentación que TMB envió a la OAC, desde la empresa han remarcado que no han sido consultados (por ejemplo, con entrevistas a los directivos) sobre los hechos a los que se hace referencia en el informe.

“TMB no ha podido decir nada sobre las suposiciones, conjeturas, inexactitudes y omisiones de hechos importantes que contiene este informe”, han agregado desde la empresa.

En su dictamen, Antifraude realiza un cronograma de los hechos: en febrero de 2024, la ex jefa de compliance empezó a investigar la denuncia por acoso de una trabajadora de TMB contra tres directivos. El expediente, que motivó un conflicto entre la ex directiva y otros miembros de la cúpula, se derivó a la Fiscalía en mayo de 2024. En agosto del mismo año, se crea un nuevo protocolo antiacoso de TMB. Un mes después, la ex jefa de compliance recibe una denuncia por acoso, se la aparta temporalmente de sus funciones y en octubre TMB la despide.

Antifraude también valora como “graves deficiencias en el funcionamiento” de TMB el hecho de que el expediente abierto a la ex jefa estuviera disponible para los 9.000 trabajadores de la plantilla de la empresa debido a una brecha de seguridad informática en 2025, desvelada por esta redacción. El fallo, sostiene la OAC, generó “un daño reputacional y profesional evidente” a la ex jefa de compliance.

El dictamen del ente autonómico de prevención de la corrupción, fechado en septiembre de 2025, forma parte del sumario de la causa judicial por acoso laboral abierta al consejero delegado de TMB, Xavier Flores, y a otros dos altos directivos de la empresa pública, a raíz de la denuncia de la ex jefa de compliance de TMB, despedida en 2024.

Denunciante y empresa mantienen versiones opuestas sobre los aspectos clave del caso. La magistrada tendrá que determinar si el despido de la ex jefa de compliance fue una represalia por su investigación de una denuncia por acoso a otra trabajadora, si TMB empleó como pretexto para echarla una denuncia “falsa” y si, además, creó un protocolo antiacoso ad hoc en contra de ella. Así lo cree la denunciante.

Desde que este diario destapó el caso, TMB ha negado “rotundamente” que se acosara a la ex jefa de compliance, ha defendido la inocencia de sus directivos y ha mantenido que en el despido se aplicó el protocolo antiacoso de la compañía, que determina que la investigación corre a cargo de una empresa externa y no del responsable de cumplimiento normativo de la empresa.

Ante la negativa de TMB de que el despido de la ex directiva fuera una venganza a sus investigaciones, Antifraude considera que la discrepancia entre empresa y ex empleada se tendrá que resolver en vía judicial.

La OAC ya advirtió a TMB antes de la formalización del cese de que cualquier decisión tenía que tener el “máximo rigor jurídico”, al tratarse de la persona encargada del buen gobierno en la sociedad, a lo que la empresa respondió que el despido se había tomado “en el marco de las potestades organizativas propias” y que no existía “ningún tipo de conflicto de interés”.

Con todo, tras analizar la petición de amparo como informante de corrupción (que le fue concedida) y la respuesta de TMB a varios requerimientos, la OAC tilda de “punto claro de inflexión” en el conflicto que terminó con el despido de la ex directiva el hecho de que empezara a tramitar el expediente por una denuncia de una trabajadora por acoso laboral contra tres miembros de la cúpula de TMB.

“Precipitación” en el protocolo

La OAC se detiene en analizar el procedimiento seguido por TMB para echar a la ex jefa de compliance, que en 20 años en la empresa no había recibido una denuncia hasta que investigó el caso de acoso a una trabajadora por parte de la cúpula. En pleno agosto de 2024, TMB aprobó la creación de una nueva comisión para supervisar los protocolos antiacoso. “Se observa cierta precipitación en la aprobación del protocolo”, constata Antifraude.

La nueva normativa interna contemplaba que las pesquisas las realizaran empresas externas y “trasladar la resolución” de los casos a la directora de recursos humanos, que mantenía un enfrentamiento con la ex jefa de compliance desde que esta investigara la denuncia por acoso laboral de una trabajadora. De hecho, la jefa de recursos humanos había cuestionado la medida de apoyo psicológico para la empleada que habían propuesto tanto la ex jefa de compliance como un despacho externo que evaluó el caso.

Apenas un mes después de la creación de la nueva comisión, el 13 de septiembre de 2024, cuando ya tenía protección de Antifraude como alertadora de corrupción, la mujer recibió dos correos electrónicos.

En el primero, una empresa externa a TMB le comunicaba que había recibido una denuncia por acoso. Pese a ello, no le entregaba copia de la denuncia y se limitaba a indicar que si acudía a testificar “voluntariamente” se le facilitarían los “cargos”. En el segundo, la jefa de recursos humanos de TMB le informaba que había “recibido comunicación” de la recién creada comisión de acoso laboral donde se la “instaba a tomar medidas cautelares” tras acordar la admisión de denuncia por acoso laboral contra ella. Resultado: se la suspendía de funciones.

Es más, Antifraude ha puesto de manifiesto que, pese a recibir el correo el 13 de septiembre, TMB no formalizó el contrato con la empresa externa que investigó la denuncia contra la ex jefa de compliance hasta 14 días después. Lo hizo a través de un contrato menor de 7.490 euros, un método que a Antifraude le resulta contradictorio con una “necesidad permanente” de la empresa, como es disponer de una asistencia externa, como determina el protocolo de antiacoso de TMB.

Antifraude advierte de que la medida cautelar contra la ex jefa de compliance “parece desproporcionada y no se motivó de forma adecuada”. La OAC resalta que TMB ha admitido que, en los últimos diez años, en ninguno de los ocho expedientes abiertos a trabajadores por toxicomanía o violencia no se adoptó una medida cautelar como la que se impuso a la ex directiva, que terminó despedida en octubre de 2024.

Por otro lado, la OAC se muestra crítica con el hecho de que el consejero delegado, Xavier Flores, comunicara a la ex jefa de compliance que la apartaba del cargo de responsable del sistema interno de información y que pasara a depender del jefe de la asesoría jurídica cuando estaba investigando una denuncia por acoso laboral contra otros directivos. TMB terminó enviando ese expediente a la Fiscalía, que archivó el caso, aunque la trabajadora lo ha denunciado en los juzgados.

“El hecho de comunicar un nuevo modelo de gobernanza mientras se estaba tramitando una denuncia supone, en sí mismo, una posible injerencia en la resolución final del expediente y se puede considerar una vulneración de la autonomía e independencia” del cargo de compliance, concluye Antifraude.

Además, ese modelo nuevo de gobernanza se decidió en contra de lo que habían asesorado despachos externos a TMB. “La gran mayoría de autoridades y estándares en la materia plantean dudas sobre la eficacia de poner como responsable del sistema interno de información al director de la asesoría jurídica”, rezaba uno de los dictámenes.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha asegurado este sábado que “hay quien decide qué es acoso y qué no lo es”, después de días de críticas y polémica en torno a la denuncia por acoso contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por parte de una concejala del mismo partido, y de las declaraciones del partido.

Durante ocho meses, la concejala había denunciado, por carta, a Ayuso, y, en reuniones, a su dirección que sufría represalias del alcalde por no plegarse a sus deseos sexuales. Le pidieron callar y el PP nacional cerró el expediente tras escuchar solo al regidor. Ahora, el PP de Madrid amenaza con llevar a los tribunales a la exconcejala, tal y como adelantó el viernes el mismo Alfonso Serrano en rueda de prensa.

Esta mañana, durante un acto organizado por Nuevas Generaciones del partido, Serrano ha dicho en su intervención: “Hay quien decide qué es una familia correcta; qué es un hombre, qué es una mujer; qué palabras están permitidas; qué bromas son delito y cuáles no; qué libros sobran; qué convenciones culturales se pueden hacer o cuáles no; qué tradiciones molestan y cuáles no; qué historia hay que borrar; qué es acoso y qué no lo es; quién es creíble y quién no lo es simplemente por su condición. Y a todo eso lo llaman progreso”.

El secretario general del PSOE madrileño, Óscar López, ha criticado sus palabras en X: “El ataque y la persecución que el PP de Madrid está haciendo a la víctima está siendo lamentable y asqueroso”:

“Cuando alguien se sale del guion llega el castigo, el señalamiento, la etiqueta, el linchamiento digital o la muerte civil. Y sé de lo que hablo y si no, os remito a lo que estamos viviendo en los últimos días, como sabéis todos vosotros, que no van a dejar de intentarlo”, ha continuado el político madrileño en el acto con jóvenes en San Lorenzo de El Escorial.

El secretario del PP de Madrid fue criticado también este viernes por sus palabras a un periodista en la rueda de prensa, que le preguntaba por un posible “abuso de poder” del alcalde de Móstoles hacia la exconcejala: “¿Y tú cómo ligas? Pregunto”, dijo.