El titular de la Plaza de Instrucción n.º 4 del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado transformar en procedimiento abreviado las diligencias que se siguen contra la portavoz de VOX en el Parlamento de Cantabria, Leticia Díaz, al encontrar indicios de delito de acoso laboral en su actuación hacia una trabajadora de su Grupo Parlamentario.

En un auto notificado este martes y contra el que cabe recurso de reforma y apelación, el magistrado instructor acuerda además sobreseer la causa frente a VOX, ya que, “pese a la insuficiencia del mecanismo de control y prevención”, el delito presuntamente cometido no lo ha sido “en beneficio de la entidad”, uno de los elementos que se requieren para la comisión del delito por una persona jurídica.

El magistrado también acuerda continuar las actuaciones contra la portavoz y contra un informático por un presunto delito contra la intimidad, por la grabación y posterior utilización de mensajes de correo electrónico y WhatsApp de la trabajadora perjudicada con terceras personas.

Con este auto se da por finalizada la instrucción de la causa, por lo que ahora las acusaciones personadas deberán presentar sus escritos de calificación. Cuando lo hagan, si efectivamente se mantienen las acusaciones el magistrado dictará el auto de juicio oral y solicitará a las defensas que presenten sus oportunos escritos, paso previo al enjuiciamiento.

“Estrategia de aislamiento, acoso, humillación y descrédito personal”

El auto relata cómo, presuntamente, la portavoz parlamentaria de VOX “ha venido sometiendo a la responsable de asesoría jurídica del citado grupo parlamentario a una estrategia de aislamiento, acoso, humillación y descrédito personal”, lo que hizo que esta trabajadora terminara solicitando la baja laboral por lesiones psíquicas.

Explica que la investigada, “abusando de sus funciones de dirección, la obligaba a realizar tareas de secretaria personal y auxiliar administrativa”, y que “el trato era en todo momento despreciativo” hacia esta trabajadora, a quien “humillaba, cuestionando su capacidad profesional”.

Los hechos tuvieron lugar desde la llegada de la investigada a la portavocía del Grupo Parlamentario en mayo de 2023 hasta enero de 2024, cuando sucedió un episodio en el que, según explica el auto, “el nivel de presión al que sometió indebidamente a la trabajadora fue tan alto que esta apagó el teléfono móvil”.

“Sintiendo opresión en el pecho, temblores y lloro incontrolado, su marido tuvo que llamar de urgencia a un amigo médico”, quien le proporcionó una medicación, y días después cogió la baja con un diagnóstico de “trastorno de pánico”.

Para el magistrado, de las declaraciones realizadas en instrucción por distintos testigos -la perjudicada y trabajadores y diputados del Grupo Parlamentario- “se puede entender indiciariamente justificado el acoso denunciado”.

Las mismas “se caracterizan por una absoluta contraposición de versiones, en función de si provienen de personas que ya estaban en el grupo parlamentario en el 2019 o ingresan en el 2023”.

“Pero la contundencia de las primeras no puede ser obviada, como tampoco lo puede ser la existencia de una clínica en la perjudicada que determina su baja laboral”, añade.

En definitiva, “con lo practicado no podemos afirmar que la denuncia sea irreal, inveraz o no plausible como para determinar un sobreseimiento, debiéndose continuar las actuaciones frente a la investigada por el delito de acoso”.

Infracción laboral

Por otro lado, explica el auto que el Grupo Parlamentario VOX no dispuso hasta noviembre de 2024 “de organización de los recursos preventivos que haya elaborado un plan de prevención de riesgos laborales y una evaluación de los riesgos psicosociales”.

“Tal conducta empresarial constituye infracción laboral, habiéndose propuesto para sanción por la Inspección de Trabajo”, señala la resolución, que añade: “No obstante, no ha quedado acreditado que los hechos constitutivos de acoso laboral que han podido ser cometidos por la diputada se hayan cometido en beneficio directo o indirecto del partido político”.

“Antes al contrario -razona le magistrado-, la actuación de la investigada ha causado daño al Gupo Parlamentario y al partido al que servía, pues la generación de un ambiente hostil o humillante para la trabajadora constituye un evidente perjuicio, tanto desde el punto de vista organizativo, por el ambiente laboral que se genera, como por el daño reputacional”.

Delito contra la intimidad

Junto al delito de acoso laboral, el instructor acuerda seguir el procedimiento contra la portavoz parlamentaria de VOX por la presunta comisión de un delito contra la intimidad, y también lo hace contra un informático al que, presuntamente, aquella “pidió que grabara el ordenador” de la perjudicada.

Según recoge el auto, esa grabación se produjo “para apropiarse” de los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp entre la trabajadora perjudicada y el anterior portavoz del Grupo. “Dichas conversaciones confidenciales fueron cedidas por el informático a la portavoz, que presenta las mismas en el recurso de reposición que interpone frente a la sanción impuesta” por su partido en el expediente abierto por su actuación con la trabajadora.

La portavoz explicó, durante la instrucción, que esas comunicaciones llegaron a su poder porque se produce un borrado masivo externo del ordenador de la trabajadora y entonces pide al informático que haga acopio de pruebas del citado borrado.

Sin embargo, de las pruebas periciales solicitadas se desprende que, indiciariamente, “no hubo borrado masivo, sino borrado selectivo”, que “no se ha podido determinar la identidad” de quien lo hizo, y que fue en remoto.

En cualquier caso, el magistrado concluye que “la grabación de la sesión remota por parte del informático puede entenderse como un acto de apoderamiento, sobre todo teniendo en cuenta el uso que posteriormente se hace de la información así obtenida”, información que traslada a la portavoz parlamentaria y esta presenta en su descargo en el proceso disciplinario.

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real), Miguel Ángel Ruiz, ha asegurado que la investigación judicial abierta por un presunto acoso laboral a una funcionaria del área de Urbanismo no condicionará su intención de presentarse como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo de 2027. Ha señalado que asiste “con total tranquilidad y serenidad” a las diligencias del juzgado y ha defendido que su forma de actuar con los empleados municipales responde a un nivel de “exigencia” y “rigor” que, ha dicho, aplica a todos los funcionarios públicos.

Así lo ha manifestado este martes en una rueda de prensa en la que ha respondido a las preguntas de los medios sobre la citación judicial del próximo 25 de noviembre y sobre la polémica por el vehículo del concejal de Deportes, Javier Trujillo, aparcado en dependencias municipales.

“Estoy muy tranquilo y también el partido”

Preguntado por si el recorrido judicial del asunto puede afectar a su decisión de cara a la precampaña o generar recelos en su partido, Ruiz ha dicho desconocer “los derroteros” que tomará el procedimiento, pero se ha mostrado convencido de que ni él ni el Partido Popular están preocupados. “Estoy muy tranquilo, el partido está tranquilo”, ha afirmado.

Sobre las diligencias judiciales, el regidor ha subrayado que se trata de “una denuncia que pone un particular, una funcionaria, a una persona que ejerce un cargo político”, y que surge, a su juicio, “de la forma de actuar, del rigor o de la forma que tiene de actuar un político”. Ha defendido que el asunto debe “aparcarse” y que “cuando haya una sentencia judicial, si es que llega a haberla, y el juez decida lo que decida, entonces será el momento de hablar y de tomar decisiones”.

Sobre su candidatura, ha sido claro: “Tengo muy claro que en mayo de 2027, en principio si no hay ningún cambio, yo seré el candidato a la Alcaldía por parte del Partido Popular”. Ha matizado que sería así “salvo que el partido decida traer otro candidato que considere que está más preparado que el actual alcalde”, algo que, ha precisado, “a día de hoy no se plantea en el Partido Popular”.

Tengo muy claro que en mayo de 2027, en principio si no hay ningún cambio, yo seré el candidato a la Alcaldía por parte del Partido Popular

“Una cosa es acoso y otra, exigencia”

Ruiz ha rechazado de plano las acusaciones de acoso laboral y ha vinculado su comportamiento con la funcionaria al nivel de exigencia que, según ha explicado, aplica a toda la plantilla municipal. “Una cosa es la palabra o el término acoso y otra es exigencia, rigor a la hora de ser profesionales cada uno en su trabajo; son términos totalmente diferentes”, ha afirmado.

“Por mi parte no ha habido acoso laboral a ningún trabajador de esta casa, se puede demostrar y así lo haremos cuando nos llame a declarar el juez”, ha añadido.

El alcalde ha asegurado que su forma de actuar va a ser siempre la que “viene realizando” desde que tomó el cargo de la Alcaldía: “Con responsabilidad, actuando con el rigor que tienen que ostentar los cargos públicos”.

Ha explicado que exige a cualquier funcionario que proteja los intereses de los ciudadanos y los intereses municipales“, algo que, ha dicho, ”se llama proteger el dinero público, proteger la atención al ciudadano“.

En ese sentido, ha afirmado que será “igual de exigente” con el resto de empleados públicos, “que al final son funcionarios que pagamos todos los ciudadanos y que se deben un respeto a los ciudadanos y sobre todo a la defensa de los intereses municipales”.

Cita para declarar el 25 de noviembre

Respecto a la citación para declarar el 25 de noviembre, Ruiz ha asegurado que el equipo de gobierno está “totalmente tranquilo, sereno” y que “lo único que ha cambiado de hace unos meses a la fecha es que nos ha llegado una citación para que vayamos al juzgado a declarar”.

No obstante, ha calificado de “sorprendente” que los afectados se enteraran “por la prensa” días antes de que llegue la citación. Según ha relatado, la notificación les llegó el lunes “en torno a las once de la mañana, cuando ya estaba en todos los medios nacionales”. “Evidentemente, alguien tiene mucho interés en que se haga un debate político y público de esta citación”, ha sostenido.

“Si otros quieren usar esto para hacer política, allá ellos; no es la forma que tenemos nosotros de hacer política y lo nuestro es trabajar, es gestión, es quitar la deuda y, con ese dinero, seguir invirtiendo en nuestra ciudad trayendo oportunidades para nuestros jóvenes, empresas, trabajo, dinamismo..., en definitiva, la ciudad del futuro que queremos para nuestros vecinos”, ha declarado.

Da por “zanjado” el caso del coche de un concejal

En la misma comparecencia, y a preguntas de los periodistas, el alcalde ha dado por “zanjada” la polémica por el coche de un concejal de Deportes, Javier Trujillo, aparcado en dependencias municipales, a pesar de que “sigan saliendo fotografías”. A su juicio, el asunto quedó cerrado en el Pleno y, posteriormente, el viernes con las disculpas del edil.

Ruiz ha reiterado lo que dijo en el Pleno. “Este alcalde no había dado autorización a ningún concejal para usar como parking privado ninguna instalación pública, y lo vuelvo a reiterar: nadie tiene autorización”, ha repetido.

También ha recordado que el propio concejal admitió públicamente que hizo “un uso indebido de esa instalación”, y ha considerado que “ha quedado así demostrado”. “El que quiera seguir sacando fotografías, seguir utilizándolas en las redes para intentar políticamente cambiar algo de esta ciudad, que siga adelante, pero nosotros tenemos que estar centrados en trabajar”, ha añadido.

Preguntado por la petición de responsabilidades y por las informaciones que apuntan a que el vehículo habría sido utilizado también por una persona con relación familiar directa con el concejal, Ruiz ha admitido que “hay que exigir responsabilidades”, pero ha rechazado que el caso justifique una dimisión. “De ahí a que tenga que dimitir por el uso indebido de una instalación, considero que no es una actitud para dimitir, ni un caso para dimitir, y lo digo abiertamente”, ha afirmado. Ha precisado que, si hubiera habido “otras negligencias” en su labor como concejal, será “el primero que hubiera obligado a que dimitiera”.

Considero que no es una actitud para dimitir, ni un caso para dimitir, y lo digo abiertamente

Ruiz también ha replicado al secretario general del PSOE, que había hablado de una “escalada en la gravedad” del asunto. El alcalde ha pedido a los socialistas que “cada vez que den una rueda de prensa no mientan a los ciudadanos con falsas verdades”, y les ha acusado de “coger noticias o frases aisladas y crear su propio discurso”.

Ha negado haber admitido en el Pleno que el concejal usara la instalación para uso particular, y ha sostenido que sus declaraciones acreditan “quién dice la verdad cuando coge un micrófono y quién falta a la verdad”. “No voy a perder más tiempo en el secretario general del PSOE, que está utilizando la misma política que vemos a nivel nacional”, ha concluido.

El PSOE pregunta a Paco Núñez si pedirá su dimisión

Sobre este tema ha hablado hoy en Toledo el secretario de Formación del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio García-Navas, quien se ha dirigido al presidente regional del PP, Paco Núñez, para saber “si va a pedir explicaciones y a exigir la dimisión del alcalde de Puertollano” o bien, decía, “va a callar por temor a que Génova convoque finalmente el congreso del PP y le muevan el sillón”.

El también diputado ha reclamado al líder del PP castellanomanchego que se pronuncie y le ha recordado otros casos en su partido sobre los que le ha afeado que no hable. Quiere saber “si le parecen bien las expresiones machistas y vejatorias de otros alcaldes de su partido, la apología del franquismo que han hecho algunos de sus concejales o que, por ejemplo, un concejal de Villarrobledo convocara una oposición y se presentara él mismo”, ha expuesto.

García-Navas ha asegurado que la “cobardía política” de Núñez en realidad esconde también “una doble moral”, porque los ‘populares’, ha lamentado, “no ven la viga en su ojo y ven la paja en el ojo ajeno”.

Paco Núñez reafirma al alcalde como candidato

Paco Núñez ha evitado pronunciarse sobre la imputación del alcalde de Puertollano, apuntando que “siempre he mantenido por costumbre y de manera coherente no pronunciarme sobre procedimientos judiciales en curso”, según recoge Europa Press.

Por el contrario, ha trasladado su confianza en Ruiz, y su apoyo a que sea nuevamente candidato a la alcaldía, asegurando que “va a gobernar Puertollano con mayoría absoluta en la siguiente legislatura”.

El alcalde de Puertollano (Ciudad Real) y dos de sus concejales, todos ellos del PP, declararán como investigados por presunto acoso laboral tras una denuncia presentada por una funcionaria municipal.

El juez titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Puertollano (Ciudad Real) ha citado a declarar el 25 de noviembre al alcalde de Puertollano, Miguel Ángel Ruiz; al concejal de Urbanismo, José Antonio Barba; y al de Deportes, Javier Trujillo, en el marco de las diligencias procesales tras la denuncia penal por presunto acoso laboral presentada por una funcionaria municipal.

Precisamente, Trujillo también estuvo en el foco de la polémica la semana pasada cuando trascendió que había estado utilizando una instalación municipal para aparcar dentro su vehículo particular, para un fin que nada tenía que ver con su condición de edil.

El regidor Miguel Ángel Ruiz, del PP, ha negado los hechos y ha defendido que la actuación municipal responde a la “normal exigencia de rigor” propia de la Administración.

El alcalde y los concejales siempre han defendido su inocencia y han recalcado que todo se debe a discrepancias en momentos de tensión derivados de la propia gestión, en un contexto de normalidad del día a día administrativo, según recoge Europa Press.

“Hostigamiento brutal” contra la trabajadora

En declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, María Manzano, abogada de la denunciante, del despacho Alarcos 8, asegura que la trabajadora, funcionaria de carrera y que lleva trabajando en el Ayuntamiento desde el año 2000, lleva sufriendo “un hostigamiento brutal” por parte del equipo de Gobierno desde que tomase las riendas del consistorio en 2023.

La abogada explica las situaciones que la denunciante, que ejercía desde 2017 como jefa del servicio de la sección de Urbanismo del Ayuntamiento y que no había tenido durante toda su trayectoria ningún conflicto laboral con otra corporación municipal, ha estado sufriendo desde la toma de posesión de Miguel Ángel Ruiz.

“Se le desacredita profesionalmente, se utilizan continuamente hacia ella expresiones vejatorias; hay una injerencia brutal, sobre todo del alcalde, en las funciones que ella desarrollaba; una serie de decisiones que le corresponden a ella y que toma el alcalde en su nombre. Estos episodios se producen reiteradamente desde 2023”, señala Manzano.

En el último año ha emprendido vías legales contra el Ayuntamiento, entre ellas un recurso contencioso-administrativo contra la que calificó como “desproporcionada” suspensión de sus funciones tras la apertura de un expediente, así como la denuncia penal por acoso laboral contra los tres cargos municipales.

“Nosotros pensamos que la intención del Ayuntamiento es quitarse del medio a Inés, que es una persona incómoda, en el sentido que cumple tajantemente sus funciones”, señala la abogada, quien sospecha que “lo que realmente pretenden” es poner en el puesto de la denunciante “a una persona de su confianza”.

El pasado mes de marzo, tras concluir la vía disciplinaria, la Junta de Gobierno Local resolvió el expediente con un simple apercibimiento al no haber probado los hechos que se le atribuían a la funcionaria, lo que obligó al Ayuntamiento a abonarle el salario correspondiente a los seis meses en que estuvo suspendida de empleo.

Por su parte, el alcalde de Puertollano ha negado el acoso contra la funcionaria y ha defendido que la actuación municipal responde a la “normal exigencia de rigor” propia de la Administración.

El alcalde y los concejales siempre han defendido su inocencia y han recalcado que todo se debe a discrepancias en momentos de tensión derivados de la propia gestión, en un contexto de normalidad del día a día administrativo.

El PSOE habla de “abuso de poder” del alcalde

Esta noticia ha sido valorada este lunes por el secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel González Caballero, que ha asegurado que la gestión de Miguel Ángel Ruiz se define por “el abuso de poder”.

“Puertollano no se merece un gobierno que mienta, que use las instalaciones de todos campando a sus anchas como si fuera su cortijo, ni que abuse de las personas que trabajan para toda la ciudadanía”, ha concluido.

UGT Serveis Públics del País Valencià ha concedido a Nevenka Fernández el premio “Avançant en Igualtat”, un galardón con el que el sindicato reconoce públicamente a aquellas personas o entidades que han destacado por su promoción, defensa o impulso de iniciativas para alcanzar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La entrega del premio tendrá lugar el próximo viernes, 2 de octubre, a las 11:00 horas, en el salón de actos de la Casa del Pueblo de UGT en València.

La comisión ejecutiva nacional de UGT SP PV ha decidido que la XIX edición del premio recaiga en Nevenka Fernández por su valentía y por haber abierto el camino a otras mujeres al enfrentarse al poder. Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y máster en Auditoría, Fernández fue nombrada concejala de Hacienda en el Ayuntamiento de Ponferrada en 1999. Allí, hace más de 25 años, su caso marcó un antes y un después en nuestro país al convertirse en la primera mujer en lograr una condena por acoso sexual a un cargo político, el entonces alcalde Ismael Álvarez. Con su paso al frente, Fernández allanó el camino judicial y social para las denuncias en el ámbito de la política y firmó el principio del fin de la impunidad. Sin embargo, a pesar de lograr la victoria en los tribunales, tuvo que enfrentarse a una injusta reprobación social y a un altísimo coste personal que la obligó a exiliarse. Por ello, con este galardón, UGT Serveis Públics del País Valencià quiere realizar también un necesario acto de reparación pública hacia su figura.

Para UGT Serveis Públics, en el contexto actual de extrema polarización y discursos de odio hacia el feminismo y el avance de derechos conseguidos por las mujeres, resulta oportuno conceder el galardón a una mujer que, en su momento, careció del apoyo colectivo imprescindible y cuya causa sigue vigente.

Además, UGT Serveis Públics entregará en ese mismo acto su reconocimiento interno a la labor en pro de la igualdad a Alicia Herreras, graduada en Arquitectura Técnica y oficial de mantenimiento y logística del Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón. Se trata de una profesional valiente que, con su trabajo diario, ha roto moldes y barreras al abrirse paso en una profesión históricamente masculinizada. El acto, que contará con la presencia de autoridades y representantes del mundo de la política, el sindicalismo, el feminismo y la sociedad civil, incluirá la actuación musical de Soc Esther y un coloquio posterior con las premiadas.

Con Nevenka Fernández, el premio “Avançant en Igualtat” suma ya 19 reconocimientos a mujeres referentes y entidades comprometidas con la igualdad, al tiempo que redobla el compromiso de UGT Serveis Públics con el feminismo. En su primera edición (2008), el premio fue concedido a la presidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, mientras que la entrega de la pasada edición recayó en la cineasta y activista Mabel Lozano. Asimismo, han sido premiadas la asociación de juristas Themis, la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, la filósofa Adela Cortina, Unifem y la Comisión de Mujeres por una Paz en Palestina-Israel. De igual modo, la socióloga María Ángeles Durán, la escritora Almudena Grandes, la antropóloga Marcela Lagarde, las exministras Carmen Alborch y Matilde Fernández o las periodistas Àngels Barceló y Pepa Bueno forman parte de esta lista de premiadas.

Prop d'una quinzena de càrrecs han abandonat els seus llocs al principal hospital públic de les Balears des que la seva gerent, Cristina Granados, assumís el càrrec el setembre de 2023, coincidint amb la recentment estrenada legislatura del PP. Mentre diverses persones que van formar part de l'equip de Son Espases descriuen un deteriorament del clima intern -“no dormíem perquè la inquietud era constant”, relata una d'elles en conversa amb elDiario.es-, els sindicats fa mesos que denuncien pressió assistencial, falta d'infermeres i llevadores i problemes de saturació. A això se suma el testimoni d'una antiga responsable de Comunicació, que assegura haver patit nombroses situacions d'assetjament i humiliació durant la seva etapa a l'hospital. “Vaig començar molt feliç i vaig acabar molt malament”, assenyala en declaracions a aquest diari.

L'última a sortir del centre hospitalari va ser la directora d'Infermeria, Natalia Vallés, a principis de setembre. Amb prou feines unes setmanes abans havia dimitit José Antonio Visedo, director de Gestió i Serveis Generals, qui, al seu torn, havia arribat al càrrec després de la sortida del seu antecessor, Alfonso Macías. L'any passat van marxar, en tot just uns mesos, quatre responsables del Servei d'Atenció a l'Usuari, mentre que subdirectors de diferents àrees ja no figuren en aquests llocs. Malgrat això, i reivindicant tant la seva trajectòria professional com els resultats de la seva gestió, el PP, que governa les Balears amb Marga Prohens al capdavant, tanca files entorn de la gerent que va aterrar fa tres anys a Son Espases de la mà de la consellera de Salut, Manuela García.

La seva arribada a les Balears va arribar precedida de polèmica: a l'hospital de Móstoles va ser durament qüestionada per representants sindicals i, sota la seva gerència, fins a 18 facultatius van presentar la seva dimissió; en el de Toledo, al qual va accedir per lliure designació en plena etapa de retallades de María Dolores de Cospedal, va ordenar el fulminant cessament del coordinador d'Urgències després que aquest es negués, segons els treballadors, a “amagar els pacients als passadissos” per ocultar la saturació del servei -segons va defensar Granados, va ser aquell qui va presentar la seva dimissió-; en el de Salamanca, fins a sis sindicats van denunciar “maltractament professional”, canvis continus d'unitats i problemes en les llistes d'espera, mentre la Junta de Personal va arribar a acusar-la de portar l'hospital “a la deriva”.

Granados dimitia de l'hospital salmantí el febrer de 2019 al·legant “motius personals” i, posteriorment, passaria a assumir la gerència de l'Hospital de Torrejón (un hospital públic gestionat per Ribera Salud), on va romandre fins al 2020, abans d'incorporar-se a Quirónsalud com a directora territorial d'Hospitals a Madrid. Va ser després d'aquesta última etapa quan va desembarcar a Balears per assumir la gerència de Son Espases.

Tot just unes setmanes després del seu nomenament a l'hospital de referència de les illes, els dubtes sobre la seva elecció, alimentats per la controvèrsia que havia acompanyat el seu pas per altres hospitals, van arribar al Parlament balear. El Grup Socialista va reclamar la seva compareixença per donar compte de la seva trajectòria, mentre una diputada de Vox registrava diverses preguntes per escrit per conèixer si l'elecció de Granados havia respost a un “criteri polític o professional” i si la Conselleria de Salut era conscient que la nova gerent venia “precedida d'una gran polèmica” i si hi havia hagut altres candidats al lloc.

Al novembre de 2023 -dos mesos després de la seva designació-, Granados compareixia en comissió parlamentària per defensar la seva idoneïtat: “Crec que tinc suficient currículum per poder estar dirigint un hospital com Son Espases”, proclamava. Mentrestant, el Govern responia mesos després a la petició de Vox destacant la seva “dilatada i òptima trajectòria professional” i assegurant que s'havien valorat “diferents perfils professionals”, sense especificar quins.

Una cadena de sortides a la cúpula

En les darreres setmanes, el nom de Granados ha ressorgit amb força arran de les recents sortides i la denúncia pública efectuada per Sabrina Vidal, periodista que des del novembre de 2024 dirigia el gabinet de premsa de l'hospital. A través d'un escrit publicat en xarxes socials, Vidal arriba a definir-se com “una supervivent de la gerència de Son Espases”. “Ni tan sols sé com he arribat fins aquí”, asseverava. El Govern, tanmateix, manté ferm el seu suport a Granados. “La seva gestió l'avala”, asseverava dimarts passat, durant el ple del Parlament, la consellera Manuela García.

Mentrestant, la persona que va treballar en l'estructura directiva de l'hospital amb la qual aquest diari ha contactat -i qui sol·licita mantenir-se en l'anonimat- descriu un clima de desconfiança en el qual els responsables del centre van deixar de sentir-se recolzats i van començar a treballar amb major cautela. El seu testimoni resumeix fins a quin punt va anar degradant-se l'ambient intern durant la seva etapa al centre hospitalari. “Les reunions es van convertir en enfrontaments”, assegura, asseverant que les propostes dels diferents departaments eren qüestionades de manera constant.

Recorda, així mateix, que va arribar a viure les reunions de direcció amb una tensió que, segons el seu relat, transcendia les discrepàncies professionals: “Anaves a treballar pensant: 'A veure quin detonant ens espera avui perquè ens esbronquin'”. També sosté que es va produir una creixent concentració de les decisions en la gerència. “Es qüestionava constantment la nostra competència”, assegura, recordant que cada vegada resultava més difícil mantenir autonomia en les àrees que estaven sota responsabilitat dels diferents directius.

Les reunions es van convertir en enfrontaments i es qüestionava constantment la nostra competència

Exdirectiva de Son Espases

Presumptes humiliacions, exclusió i pressió

La seva descripció de l'ambient intern és especialment contundent: “Els que sobreviuen ho fan amb el despatx tancat per no assabentar-se de res”. Tanmateix, distingeix entre el funcionament assistencial de l'hospital i la situació de la direcció. “Son Espases és una meravella. Té una gent meravellosa”, afirma. El problema, sosté, es trobaria en l'estructura de comandament, que segons la seva opinió ha quedat “a la deriva” després de la successió de sortides i canvis en llocs de responsabilitat.

elDiario.es ha intentat contrastar aquestes informacions amb Granados a través de diferents departaments del Govern, però assenyalen que prefereix no fer declaracions sobre aquest assumpte. Sí que va defensar la seva gestió durant la compareixença que, a petició de l'oposició, va efectuar al Parlament el passat 10 de juny, mesos abans, per tant, que esclatés amb major intensitat la polèmica actual sobre les sortides de directius.

El relat de la periodista Sabrina Vidal afegeix una altra dimensió a la polèmica que envolta la gerència. La que va ser responsable de Comunicació de Son Espases va fer públic el seu testimoni sobre episodis que descriu com a humiliacions, exclusió i pressió durant la seva etapa a l'hospital. Vidal sosté que el deteriorament de la relació amb la gerència va acabar afectant la seva salut i que va arribar a necessitar atenció psicològica i una baixa mèdica abans de sol·licitar un canvi de destí i abandonar finalment l'IB-Salut. El seu relat no identifica expressament Cristina Granados com a responsable de cadascun dels episodis que descriu, però situa el conflicte en l'entorn de la gerència.

La que va ser responsable de Comunicació de Son Espases, Sabrina Vidal, va fer públic el seu testimoni sobre episodis que descriu com a humiliacions, exclusió i pressió durant la seva etapa a Son Espases

“Vaig començar molt feliç i vaig acabar molt malament”

En declaracions a elDiario.es, Vidal descriu una organització travessada per conflictes interns i decisions que, segons la seva percepció, s'adoptaven en un clima de desconfiança. També assegura que les tensions afectaven diferents nivells de l'estructura directiva i que alguns professionals optaven per aïllar-se per protegir-se. El seu relat inclou referències a enfrontaments entre responsables, a la sortida de membres de l'equip i a la dificultat de conèixer què passava realment dins de la gerència.

L'exresponsable de Comunicació també considera que el principal problema de l'hospital no és la falta de professionals capaços, sinó la manera com s'exerceix el poder dins de l'organització. En la seva opinió, Son Espases compta amb equips i treballadors de gran valor, però la successió de conflictes i sortides ha acabat danyant la seva estabilitat interna.

El passat 7 de setembre, la Junta de Personal de Son Espases va abordar la denúncia pública de la periodista després que el Sindicat d'Infermeria SATSE reclamés una reunió extraordinària i demanés explicacions a la gerència. Els representants dels treballadors van rebutjar elaborar un escrit de condemna pel suposat assetjament denunciat per Vidal en no assolir la proposta la majoria necessària. Granados no va acudir a la reunió i l'IB-Salut va argumentar que no constaven denúncies pels canals reglamentaris i que Vidal ja no treballava al centre. SATSE va reclamar llavors revisar els protocols contra l'assetjament i investigar si l'antiga responsable de Comunicació havia traslladat les seves queixes per correu electrònic als seus superiors.

Fonts del Govern, en ser preguntades per elDiario.es sobre si s'ha obert cap tipus d'investigació interna entorn del cas de Vidal i la situació d'altres càrrecs, defensen que no han rebut denúncies formals per assetjament a través dels seus canals interns i remeten a les declaracions públiques ja efectuades per diversos responsables de l'Executiu autonòmic, entre ells el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, qui ha reduït el conflicte conegut per l'Administració a “desavinences tècniques a nivell professional” i ha defensat públicament la continuïtat de Granados.

Davant d'això, Vidal matisa que no va existir una denúncia formal, però sí “repetides peticions d'ajuda”. “Des del minut zero coneixien la meva situació i la dels altres afectats a mesura que han anat caient”, incideix la periodista, qui assegura, a més, que hi ha constància de tot això per escrit.

D'altra banda, les resolucions oficials consultades per aquest mitjà mostren una renovació constant de llocs de comandament i supervisió a Son Espases. Entre els procediments utilitzats figura la lliure designació, una fórmula prevista per a determinats llocs i que no implica per si mateixa cap irregularitat. El 2024, per exemple, es van convocar mitjançant aquest sistema diverses places de responsabilitat, entre elles llocs de supervisió i encarregats de torn; posteriorment es van produir noves convocatòries i adjudicacions en àrees com Farmàcia Hospitalària, Hemoteràpia, Admissió o Convalescència. La documentació disponible permet seguir els canvis en l'estructura directiva, encara que no permet establir per si sola que aquestes reorganitzacions responguin a un determinat criteri polític o personal.

Son Espases defensa la gestió de Granados

Les informacions sobre una pèrdua de suport intern de Granados havien aparegut fins i tot abans que Vidal fes públic el seu testimoni. Al juny, fonts del mateix hospital consultades per la Cadena SER van descriure un “clima de tensió insostenible”, amb “faltes de respecte” i ordres “directes i unidireccionals”. “Hi ha moltíssimes fissures internes i té un equip unit contra ella. Hi ha un ambient tens i hostil”, asseveraven les mateixes fonts.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb el gabinet de comunicació de Son Espases, des d'on lamenten que el focus sobre les sortides i els conflictes interns estigui deixant en segon pla l'activitat assistencial de l'hospital i posen l'accent en la dimensió del centre, amb uns 6.000 professionals. Sostenen que, davant l'atenció mediàtica que han rebut les sortides d'alguns càrrecs, durant aquests anys s'han posat en marxa i millorat diversos serveis i prestacions. Entre els exemples que citen figuren l'ampliació de l'atenció a pacients amb ictus, l'activitat del servei d'Al·lergologia i la renovació de vuit quiròfans, a més de la incorporació d'un de nou i la previsió de reformar-ne tres més.

Des de l'hospital de Son Espases defensen que, davant l'atenció mediàtica que han rebut les sortides d'alguns càrrecs, durant aquests anys s'han posat en marxa o millorat diferents serveis i prestacions

Des de l'hospital situen així la resposta a les crítiques en els resultats de gestió i assistencials més que en les polèmiques sobre el funcionament de la cúpula. La posició traslladada és que no s'està produint una situació excepcional a Son Espases respecte d'altres etapes i que l'hospital continua funcionant amb normalitat malgrat l'atenció sobre els canvis en el seu equip directiu. És la mateixa postura que manté el Govern, que en els últims dies ha reforçat públicament el seu suport a Granados.

La pressió assistencial entra en conflicte

Les crítiques a la gerència no es limiten al funcionament de l'estructura directiva. SATSE ha vinculat la seva petició de cessament a problemes assistencials que, denuncia el sindicat, s'han agreujat durant l'estiu: falta d'infermeres, sobrecàrrega de treball i pressió en serveis com Urgències i Neonatologia. El sindicat considera especialment significativa la sortida de Natalia Vallés per produir-se després d'un període d'elevada pressió assistencial.

L'entitat sosté que en determinades ocasions s'hauria obviat el criteri de Vallés en decisions relacionades amb l'atenció als pacients. Per a SATSE, Son Espases “no pot continuar ocupant titulars de dimissions, conflictes interns, acusacions públiques de suposats tractes vexatoris i un seguit de problemes de gestió i assistencials que només aconsegueixen desprestigiar la imatge de l'hospital de referència de les Balears i, la qual cosa és més greu, danyar la confiança dels seus professionals”.

Per a SATSE, Son Espases "no pot continuar ocupant titulars de dimissions, conflictes interns, acusacions públiques de suposats tractes vexatoris i una retahíla de problemes de gestió i assistencials que només “aconsegueixen desprestigiar la imatge de l'hospital de referència de Balears"

La sortida de la directora d'Infermeria és, segons el sindicat, “la gota que ha fet vessar el got” després d'un estiu marcat per “una successió de problemes que evidencien la falta de previsió i de capacitat de gestió de la gerència”. SATSE situa entre ells la falta d'infermeres i matrones i la saturació de les Urgències, on, segons denuncia, s'han arribat a acumular desenes de pacients pendents d'ingrés.

Especialment crítica, sosté l'organització sindical, va ser la situació de Neonatologia: “16 nadons per a una unitat de 12 places i infermeres atenent fins a tres pacients”. “No es pot gestionar un hospital de referència a costa de sobrecarregar els seus professionals i posar al límit la seguretat dels pacients”, denunciava SATSE en un comunicat difós el passat 10 de setembre.

Dos dies abans, el Govern havia difós un comunicat sobre l'increment de recursos humans de Son Espases: la Conselleria de Salut va assegurar que l'hospital havia augmentat la seva plantilla un 8% des de 2023, amb 441 professionals més, entre ells 320 incorporacions d'infermeres i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE) i 78 metges especialistes. Segons les dades facilitades per l'Executiu, la plantilla de l'hospital de referència de les Balears ascendeix actualment a 5.822 treballadors.

“Peonades premium”

El mateix sindicat va denunciar al juny les denominades “peonades premium”, unes jornades extraordinàries la despesa de les quals hauria augmentat un 60% mentre l'activitat quirúrgica descendia un 11%. També s'hi va afegir la polèmica per la participació de Granados en una manifestació a Madrid en suport dels metges en vaga i la del seu director mèdic, Vicente Torres, en les mobilitzacions celebrades davant Son Espases, precisament mentre l'hospital afrontava problemes de llistes d'espera i saturació a Urgències. Per al sindicat, aquestes decisions reflecteixen una falta de prioritats: “És difícil entendre aquestes prioritats quan l'hospital té problemes que requereixen solucions urgents i és una mostra més de la dubtosa capacitat de la gerent per fer front a la gestió de Son Espases”.

Davant les crítiques abocades a nivell sindical, la Conselleria ha defensat públicament les decisions adoptades per l'hospital i ha desvinculat els complements salarials de l'evolució de les llistes d'espera. La titular d'aquest departament, Manuela García, va sostenir al juny que el fet que determinats professionals cobressin complements diferents no implicava que haguessin de deixar de treballar i va afirmar que “ells fan la seva feina”. La mateixa Granados, en la compareixença parlamentària que va realitzar aquest mateix mes, va defensar els complements quirúrgics com una eina per realitzar intervencions complexes fora de l'horari ordinari i va negar que s'estiguessin retenint pacients, endarrerint altes o tancant les Urgències.

En una entrevista a Onda Cero, la màxima responsable de Son Espases va admetre ser “molt exigent”, va rebutjar l'etiqueta d'autoritària i va atribuir el deteriorament de les llistes d'espera a la vaga mèdica, defensant que la demora màxima quirúrgica havia baixat de 1.200 a 643 dies i la mitjana de 125 a 107.

La Conselleria de Salut ha defensat públicament les decisions adoptades per l'hospital i dona suport a la gerent

Controvèrsia en altres hospitals

Granados va arribar a Son Espases procedent de Quirónsalud, on ocupava la direcció territorial d'Hospitals de Madrid després d'haver passat per la gerència de diversos hospitals públics i privats. El seu ampli currículum en gestió sanitària va ser precisament un dels principals arguments esgrimits per l'Executiu de Prohens per justificar la seva elecció. Tanmateix, la seva trajectòria al capdavant de diferents centres sanitaris també va estar acompanyada d'episodis de conflictivitat i crítiques al seu model de gestió.

El seu pas per l'Hospital Virgen de la Salud de Toledo, que va dirigir entre agost de 2014 i 2015 (amb Cospedal al capdavant de la presidència de Castella-la Manxa), va estar marcat per les denúncies de saturació de les Urgències i pel conflicte amb part de la plantilla. El novembre de 2014, el coordinador d'Urgències va ser cessat després d'un enfrontament amb Granados: treballadors del centre van atribuir el cessament a la seva negativa a ocultar de la vista els pacients hospitalitzats als passadissos, com van recollir llavors diversos mitjans de comunicació, entre ells elDiario.es, mentre la pròpia gerència negava que existís un col·lapse extraordinari i defensava que el funcionament d'Urgències era similar al d'anys anteriors.

Mesos després, a l'abril del 2015, les auxiliars d'Infermeria dels quiròfans van presentar davant la Inspecció de Treball una denúncia contra la gerent per sobrecàrrega laboral. Segons el sindicat CSIF, les professionals feia anys que reclamaven reforços i eren obligades a assumir, dins de la seva jornada ordinària, les urgències de cirurgia cardíaca, les extraccions d'òrgans i els trasplantaments renals, a més de les seves funcions habituals, com va informar en el seu moment la Cadena SER. El sindicat sostenia que aquesta situació es produïa de forma constant i que les treballadores es trobaven “al límit de rendiment i possibilitats”. Aquella mateixa tardor, la supervisora d'Infermeria d'Urgències dimitia després de reclamar més personal davant l'obertura de nous boxes. El Servei de Salut de Castella-la Manxa (SESCAM) va al·legar en nota de premsa que la dimissió d'aquesta professional es devia “a motius personals”.

Durant la seva etapa al capdavant del Complex Assistencial Universitari de Salamanca, entre 2015 i 2018, Granados va rebre crítiques sindicals per la seva gestió, especialment per les llistes d'espera, el tancament de llits i les relacions amb els representants dels treballadors. El 2015, SATSE va arribar a qualificar de “dictatorial” la seva actitud i va sostenir que la seva trajectòria prèvia a Guadalajara i Toledo estava marcada per una “nul·la predisposició a negociar” amb els representants sindicals.

Granados va arribar a Son Espases procedent de Quirónsalud i després d'haver passat per la gerència de diversos hospitals. La seva trajectòria ha estat acompanyada d'episodis de conflictivitat i crítiques al seu model de gestió

En plena polèmica per la seva gestió, Granados defensava públicament la seva actuació en una entrevista amb la Cadena SER en la qual va abordar les llistes d'espera i el tancament de llits, dos dels principals focus de crítiques a la seva gestió a Salamanca. L'aleshores gerent assegurava que havia arribat a l'hospital amb la intenció d'“obrir un temps de diàleg” i afirmava que es reunia cada mes amb sindicats, caps de servei i supervisors per conèixer els problemes del centre.

Un dels episodis que va aixecar la polseguera al seu pas pel centre hospitalari va ser la instal·lació d'una estructura exterior -popularment batejada com la “jaima”- per realitzar ressonàncies magnètiques mentre l'hospital renovava el seu únic equip. La mesura va ser durament qüestionada per les condicions en les quals els pacients havien d'accedir a una prova diagnòstica dins d'una instal·lació provisional en un context de crítiques a la gestió del complex i a la reorganització d'espais.

Només uns mesos després, al desembre del 2016, sis sindicats -CCOO, CGT, CSIF, SATSE, UGT i USAE- van exigir públicament la seva dimissió i van convocar una protesta a la qual van assistir un centenar de professionals d'Infermeria arran d'unes declaracions de Granados sobre les infermeres que van ser considerades com una falta de respecte i un “maltractament professional”. Les organitzacions sindicals van denunciar “canvis continus d'unitats” i “llargues llistes d'espera quirúrgiques i de consultes”.

Per la seva banda, l'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de Salamanca va qüestionar a l'agost d'aquell any el nomenament de Granados i va arribar a plantejar si la seva arribada a la província constituïa un “premi” o un “desterrament” després de la seva sortida de Castella-la Manxa. En un text especialment crític amb la política sanitària de l'Executiu del PP, l'associació afirmava: “Sembla que el Partit Popular premia els que en la seva gestió han estat fidels als dictats del partit encara que la seva actuació hagi estat dolenta i en contra de l'opinió de la majoria de la població”. Un any després, una Marea Blanca va reclamar públicament el seu cessament.

L'Associació per a la Defensa de la Sanitat Pública de Salamanca va afirmar: 'Sembla que el Partit Popular premia als que en la seva gestió han estat fidels als dictats del partit encara que la seva actuació hagi estat dolenta i en contra de l'opinió de la majoria de la població'

Al febrer del 2019, Granados abandonava la gerència del complex hospitalari salmantí al·legant “motius personals” per passar a assumir, tot just uns dies després, la direcció de l'Hospital Universitari de Torrejón. Va romandre al capdavant del centre madrileny fins al 2020, quan va fer el salt a Quirónsalud com a directora territorial d'Hospitals a Madrid. Després d'aquesta etapa en la sanitat privada, va tornar al sistema públic per assumir, el setembre del 2023, la gerència de Son Espases.

Un model de direcció sota escrutini

Al novembre, tot just dos mesos després del seu nomenament, Granados compareixia davant el Parlament després que així ho sol·licités una cinquena part dels diputats de la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, adscrits al Grup Socialista, amb l'objectiu exprés d'“avaluar la seva idoneïtat” per dirigir l'hospital. El diari de sessions de la Cambra permet reconstruir les preguntes que va rebre Granados i les explicacions que va oferir llavors sobre la seva trajectòria, la seva arribada a les Balears i el seu projecte per al principal hospital públic de les illes.

Granados va dedicar bona part de la seva intervenció inicial a defensar la seva trajectòria professional. Va explicar que havia començat “des de baix”, com a metgessa, i que havia passat per llocs de cap de servei, subdirectora, directora mèdica i gerent. Va enumerar la seva experiència a Móstoles, Guadalajara, Toledo i Salamanca, a més de la seva etapa posterior a l'Hospital de Torrejón i a Quirón. El seu argument central per justificar la seva idoneïtat va ser precisament l'experiència acumulada en hospitals de diferents mides i la seva capacitat per introduir canvis.

Tanmateix, la compareixença va adquirir especial interès quan el socialista Carles Bona va confrontar aquesta trajectòria amb les informacions publicades sobre el seu pas per altres hospitals. Li va preguntar per les crítiques rebudes a Móstoles, Toledo, Salamanca i Torrejón i va arribar a llegir literalment titulars i acusacions de sindicats i professionals. Entre elles, una d'UGT que qualificava el seu estil de direcció a Móstoles de “no dialogant i dictatorial” i vinculava la seva gestió a la sortida de 18 facultatius d'Urgències. La gerent va arribar a assenyalar que una de les representants sindicals que figurava en les informacions crítiques va acabar sent amiga seva i que conservava fins i tot “un regal del comitè de personal de l'hospital”.

Sobre Toledo, li va preguntar per les informacions que asseguraven que havia cessat el coordinador d'Urgències per negar-se a “amagar” pacients als passadissos. Sobre aquest tema, Granados va explicar que va arribar a aquest centre hospitalari per abordar un problema greu d'organització d'Urgències, després que s'haguessin produït “esdeveniments adversos importants” que, segons la seva explicació, estaven relacionats amb la mala organització del servei. Sobre l'episodi del coordinador d'Urgències, va negar haver-lo cessat: va sostenir que “ell va presentar la seva dimissió” perquè no estava d'acord amb les mesures que estava aplicant la direcció.

Sobre Salamanca, va defensar que va ser triada per la seva experiència en projectes de construcció i reorganització hospitalària. El seu relat es va centrar en la fusió de dos hospitals, la reorganització dels serveis, el nomenament de direccions úniques i el replantejament del projecte del nou hospital, el pla funcional del qual havia quedat obsolet. Quan Bona li va plantejar les crítiques pels canvis d'espais i la polèmica de la unitat mòbil de ressonàncies instal·lada a l'exterior, Granados va respondre que els canvis eren necessaris per organitzar el nou hospital i va explicar que l'hospital només tenia una ressonància, que en van aconseguir comprar una altra i que, durant el període de transició, van haver d'instal·lar una unitat externa coberta. Ho va justificar al·legant que era necessari cobrir l'estructura “perquè els pacients no estiguessin despullats fent-se una ressonància”.

“Tindré un equip magnífic a Son Espases”

També va respondre directament als dubtes sobre la seva arribada a Balears. Quan li van preguntar si coneixia prèviament la consellera Manuela García i per què havia estat triada, va contestar que no la coneixia “de res”, assegurant que la consellera havia demanat “gent experta i tècnica” per dirigir Son Espases. Va afegir: “Crec que tinc prou currículum per poder estar dirigint un hospital com Son Espases”. Sobre les informacions que parlaven de malestar al PP pel seu nomenament, va afirmar: “I al PP ningú m'ha traslladat cap inconvenient”.

Crec que tinc prou currículum per poder estar dirigint un hospital com Son Espases

Cristina Granados — Gerent de Son Espases, dos mesos després del seu nomenament

En aquella compareixença, Granados va defensar que una de les seves prioritats era precisament estabilitzar els professionals i reduir l'estrès mitjançant una millor organització de la feina. Va dir que no tenia sentit que una persona estigués canviant contínuament de lloc i va afirmar: “Cal estabilitzar el lloc de treball i estabilitzar la formació”. També va sostenir que els canvis s'havien de fer “sempre parlant amb els professionals que estan implicats”.

En explicar com pensava formar el seu equip a Son Espases, Granados va dir que volia comptar fonamentalment amb persones de dins de l'hospital. “El més important d'un projecte és un equip”, va afirmar, i va afegir que havia tingut l'oportunitat d'entrevistar professionals i que comptava amb “tres directors amb experiència” que l'ajudarien. Fins i tot va assegurar: “No em cap el menor dubte que tindré un equip magnífic. No em cap el menor dubte”.

Cerca de una quincena de cargos han abandonado sus puestos en el principal hospital público de Balears desde que su gerente, Cristina Granados, asumiese el cargo en septiembre de 2023, coincidiendo con la recién estrenada legislatura del PP. Mientras varias personas que formaron parte del equipo de Son Espases describen un deterioro del clima interno -“no dormíamos porque la inquietud era constante”, relata una de ellas en conversación con elDiario.es-, los sindicatos llevan meses denunciando presión asistencial, falta de enfermeras y matronas y problemas de saturación. A ello se suma el testimonio de una antigua responsable de Comunicación, quien asegura haber sufrido numerosas situaciones de acoso y humillación durante su etapa en el hospital. “Empecé muy feliz y terminé muy mal”, señala en declaraciones a este periódico.

La última en salir del centro hospitalario fue la directora de Enfermería, Natalia Vallés, a principios de septiembre. Apenas unas semanas antes había dimitido José Antonio Visedo, director de Gestión y Servicios Generales, quien, a su vez, había llegado al cargo tras la salida de su antecesor, Alfonso Macías. El año pasado se marcharon, en apenas unos meses, cuatro responsables del Servicio de Atención al Usuario, mientras que subdirectores de distintas áreas ya no figuran en esos puestos. Pese a ello, y reivindicando tanto su trayectoria profesional como los resultados de su gestión, el PP, que gobierna Balears con Marga Prohens al frente, cierra filas en torno a la gerente que aterrizó hace tres años en Son Espases de la mano de la consellera de Salud, Manuela García.

Su llegada a Balears llegó precedida de polémica: en el hospital de Móstoles fue duramente cuestionada por representantes sindicales y, bajo su gerencia, hasta 18 facultativos presentaron su dimisión; en el de Toledo, al que accedió por libre designación en plena etapa de recortes de María Dolores de Cospedal, ordenó el fulminante cese del coordinador de Urgencias después de que este se negara, según los trabajadores, a “esconder a los pacientes en los pasillos” para ocultar la saturación del servicio -según defendió Granados, fue aquél quien presentó su dimisión-; en el de Salamanca, hasta seis sindicatos denunciaron “maltrato profesional”, cambios continuos de unidades y problemas en las listas de espera, mientras la Junta de Personal llegó a acusarla de llevar el hospital “a la deriva”.

Granados dimitía del hospital salmantino en febrero de 2019 alegando “motivos personales” y, desde ahí, pasaría a asumir la gerencia del Hospital de Torrejón (un hospital público gestionado por Ribera Salud), donde permaneció hasta 2020, antes de incorporarse a Quirónsalud como directora territorial de Hospitales en Madrid. Fue tras esta última etapa cuando desembarcó en Balears para asumir la gerencia de Son Espases.

Apenas unas semanas después de su nombramiento en el hospital de referencia de las islas, las dudas sobre su elección, alimentadas por la controversia que había acompañado su paso por otros hospitales, llegaron al Parlament balear. El Grupo Socialista reclamó su comparecencia para dar cuenta de su trayectoria, mientras una diputada de Vox registraba varias preguntas por escrito para conocer si la elección de Granados había respondido a un “criterio político o profesional” y si la Conselleria de Salud era consciente de que la recién nombrada venía “precedida de una gran polémica” y si había habido otros candidatos al puesto.

En noviembre de 2023 -dos meses después de su designación-, Granados comparecía en comisión parlamentaria para defender su idoneidad: “Creo que tengo suficiente currículum para poder estar dirigiendo un hospital como Son Espases”, proclamaba. Mientras tanto, el Govern respondía meses después a la petición de Vox destacando su “dilatada y óptima trayectoria profesional” y asegurando que se habían valorado “diferentes perfiles profesionales”, sin especificar cuáles.

Una cadena de salidas en la cúpula

En las últimas semanas, el nombre de Granados ha resurgido con fuerza a tenor de las recientes salidas y la denuncia pública efectuada por Sabrina Vidal, periodista que desde noviembre de 2024 dirigía el gabinete de prensa del hospital. A través de un escrito publicado en redes sociales, Vidal llega a definirse como “una superviviente de la gerencia de Son Espases”. “Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí”, aseveraba. El Govern, sin embargo, mantiene firme su respaldo a Granados. “Su gestión la avala”, aseveraba el pasado martes, durante el pleno del Parlament, la consellera Manuela García.

Mientras tanto, la persona que trabajó en la estructura directiva del hospital con la que este periódico ha contactado -y quien solicita mantenerse en el anonimato- describe un clima de desconfianza en el que los responsables del centro dejaron de sentirse respaldados y comenzaron a trabajar con mayor cautela. Su testimonio resume hasta qué punto fue degradándose el ambiente interno durante su etapa en el centro hospitalario. “Las reuniones se convirtieron en enfrentamientos”, asegura, aseverando que las propuestas de los distintos departamentos eran cuestionadas de manera constante.

Recuerda, asimismo, que llegó a vivir las reuniones de dirección con una tensión que, según su relato, trascendía las discrepancias profesionales: “Ibas a trabajar pensando: 'A ver qué detonante nos espera hoy para que nos echen una bronca'”. También sostiene que se produjo una creciente concentración de las decisiones en la gerencia. “Se cuestionaba constantemente nuestra competencia”, asegura, recordando que cada vez resultaba más difícil mantener autonomía en las áreas que estaban bajo responsabilidad de los distintos directivos.

Las reuniones se convirtieron en enfrentamientos y se cuestionaba constantemente nuestra competencia

Exdirectiva de Son Espases

Presuntas humillaciones, exclusión y presión

Su descripción del ambiente interno es especialmente contundente: “Los que sobreviven lo hacen con el despacho cerrado para no enterarse de nada”. Sin embargo, distingue entre el funcionamiento asistencial del hospital y la situación de la dirección. “Son Espases es una maravilla. Tiene una gente maravillosa”, afirma. El problema, sostiene, se encontraría en la estructura de mando, que en su opinión ha quedado “a la deriva” después de la sucesión de salidas y cambios en puestos de responsabilidad.

elDiario.es ha intentado contrastar estas informaciones con Granados a través de distintos departamentos del Govern, pero señalan que prefiere no hacer declaraciones sobre este asunto. Sí defendió su gestión durante la comparecencia que, a petición de la oposición, efectuó en el Parlament el pasado 10 de junio, meses antes, por tanto, de que estallara con mayor intensidad la polémica actual sobre las salidas de directivos.

El relato de la periodista Sabrina Vidal añade otra dimensión a la polémica que rodea a la gerencia. La que fuera responsable de Comunicación de Son Espases hizo público su testimonio sobre episodios que describe como humillaciones, exclusión y presión durante su etapa en el hospital. Vidal sostiene que el deterioro de la relación con la gerencia terminó afectando a su salud y que llegó a necesitar atención psicológica y una baja médica antes de solicitar un cambio de destino y abandonar finalmente el IB-Salut. Su relato no identifica expresamente a Cristina Granados como responsable de cada uno de los episodios que describe, pero sitúa el conflicto en el entorno de la gerencia.

La que fuera responsable de Comunicación de Son Espases, Sabrina Vidal, hizo público su testimonio sobre episodios que describe como humillaciones, exclusión y presión durante su etapa en Son Espases

“Empecé muy feliz y terminé muy mal”

En declaraciones a elDiario.es, Vidal describe una organización atravesada por conflictos internos y decisiones que, según su percepción, se adoptaban en un clima de desconfianza. También asegura que las tensiones afectaban a distintos niveles de la estructura directiva y que algunos profesionales optaban por aislarse para protegerse. Su relato incluye referencias a enfrentamientos entre responsables, a la salida de miembros del equipo y a la dificultad de conocer qué ocurría realmente dentro de la gerencia.

La exresponsable de Comunicación también considera que el principal problema del hospital no es la falta de profesionales capaces, sino el modo en que se ejerce el poder dentro de la organización. En su opinión, Son Espases cuenta con equipos y trabajadores de gran valor, pero la sucesión de conflictos y salidas ha terminado dañando su estabilidad interna.

El pasado 7 de septiembre, la Junta de Personal de Son Espases abordó la denuncia pública de la periodista después de que el Sindicato de Enfermería-SATSE reclamara una reunión extraordinaria y pidiera explicaciones a la gerencia. Los representantes de los trabajadores rechazaron elaborar un escrito de condena por el supuesto acoso denunciado por Vidal al no alcanzar la propuesta la mayoría necesaria. Granados no acudió a la reunión y el IB-Salut argumentó que no constaban denuncias por los cauces reglamentarios y que Vidal ya no trabajaba en el centro. SATSE reclamó entonces revisar los protocolos contra el acoso e investigar si la antigua responsable de Comunicación había trasladado sus quejas por correo electrónico a sus superiores.

Fuentes del Govern, al ser preguntadas por elDiario.es sobre si se ha abierto algún tipo de investigación interna en torno al caso de Vidal y la situación de otros cargos, defienden que no han recibido denuncias formales por acoso a través de sus canales internos y remiten a las declaraciones públicas ya efectuadas por varios responsables del Ejecutivo autonómico, entre ellos el director general del Servei de Salut, Javier Ureña, quien ha reducido el conflicto conocido por la Administración a “desavenencias técnicas a nivel profesional” y ha defendido públicamente la continuidad de Granados.

Frente a ello, Vidal matiza que no existió una denuncia formal, pero sí “repetidas peticiones de ayuda”. “Desde el minuto cero conocían mi situación y la de los demás afectados a medida que han ido cayendo”, incide la periodista, quien asevera, además, que hay constancia de todo ello por escrito.

Por otro lado, las resoluciones oficiales consultadas por este medio muestran una continua renovación de puestos de mando y supervisión en Son Espases. Entre los procedimientos utilizados figura la libre designación, una fórmula prevista para determinados puestos y que no implica por sí misma ninguna irregularidad. En 2024, por ejemplo, se convocaron mediante este sistema varias plazas de responsabilidad, entre ellas puestos de supervisión y encargados de turno; posteriormente se produjeron nuevas convocatorias y adjudicaciones en áreas como Farmacia Hospitalaria, Hemoterapia, Admisión o Convalecencia. La documentación disponible permite seguir los cambios en la estructura directiva, aunque no permite establecer por sí sola que estas reorganizaciones respondan a un determinado criterio político o personal.

Son Espases defiende la gestión de Granados

Las informaciones acerca de una pérdida de apoyo interno de Granados habían aparecido incluso antes de que Vidal hiciera público su testimonio. En junio, fuentes del propio hospital consultadas por la Cadena SER describieron un “clima de tensión insostenible”, con “faltas de respeto” y órdenes “directas y unidireccionales”. “Hay muchísimas fisuras internas y tiene un equipo unido contra ella. Hay un ambiente tenso y hostil”, aseveraban las mismas fuentes.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el gabinete de comunicación de Son Espases, desde donde lamentan que el foco sobre las salidas y los conflictos internos esté dejando en segundo plano la actividad asistencial del hospital y ponen el acento en la dimensión del centro, con unos 6.000 profesionales. Sostienen que, frente a la atención mediática que han recibido las salidas de algunos cargos, durante estos años se han puesto en marcha y mejorado distintos servicios y prestaciones. Entre los ejemplos que citan figuran la ampliación de la atención a pacientes con ictus, la actividad del servicio de Alergología y la renovación de ocho quirófanos, además de la incorporación de uno nuevo y la previsión de reformar otros tres.

Desde el hospital de Son Espases defienden que, frente a la atención mediática que han recibido las salidas de algunos cargos, durante estos años se han puesto en marcha o mejorado distintos servicios y prestaciones

Desde el hospital sitúan así la respuesta a las críticas en los resultados de gestión y asistenciales más que en las polémicas sobre el funcionamiento de la cúpula. La posición trasladada es que no se está produciendo una situación excepcional en Son Espases respecto a otras etapas y que el hospital continúa funcionando con normalidad pese a la atención sobre los cambios en su equipo directivo. Es la misma postura que mantiene el Govern, que en los últimos días ha reforzado públicamente su respaldo a Granados.

La presión asistencial entra en conflicto

Las críticas a la gerencia no se limitan al funcionamiento de la estructura directiva. SATSE ha vinculado su petición de cese a problemas asistenciales que, denuncia el sindicato, se han agravado durante el verano: falta de enfermeras, sobrecarga de trabajo y presión en servicios como Urgencias y Neonatología. El sindicato considera especialmente significativa la salida de Natalia Vallés por producirse después de un periodo de elevada presión asistencial.

La entidad sostiene que en determinadas ocasiones se habría obviado el criterio de Vallés en decisiones relacionadas con la atención a los pacientes. Para SATSE, Son Espases “no puede seguir ocupando titulares de dimisiones, conflictos internos, acusaciones públicas de supuestos tratos vejatorios y una retahíla de problemas de gestión y asistenciales que solo consiguen desprestigiar la imagen del hospital de referencia de Balears y, lo que es más grave, dañar la confianza de sus profesionales”.

Para SATSE, Son Espases "no puede seguir ocupando titulares de dimisiones, conflictos internos, acusaciones públicas de supuestos tratos vejatorios y una retahíla de problemas de gestión y asistenciales que solo “consiguen desprestigiar la imagen del hospital de referencia de Balears"

La salida de la directora de Enfermería es, según el sindicato, “la gota que ha colmado el vaso” tras un verano marcado por “una sucesión de problemas que evidencian la falta de previsión y de capacidad de gestión de la gerencia”. SATSE sitúa entre ellos la falta de enfermeras y matronas y la saturación de las Urgencias, donde, según denuncia, se han llegado a acumular decenas de pacientes pendientes de ingreso.

Especialmente crítica, sostiene la organización sindical, fue la situación de Neonatología: “16 bebés para una unidad de 12 plazas y enfermeras atendiendo hasta tres pacientes”. “No se puede gestionar un hospital de referencia a costa de sobrecargar a sus profesionales y poner al límite la seguridad de los pacientes”, denunciaba SATSE en un comunicado difundido el pasado 10 de septiembre.

Dos días antes, el Govern había difundido un comunicado acerca del incremento de recursos humanos de Son Espases: la Conselleria de Salud aseguró que el hospital había aumentado su plantilla un 8% desde 2023, con 441 profesionales más, entre ellos 320 incorporaciones de enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 78 médicos especialistas. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, la plantilla del hospital de referencia de Balears asciende actualmente a 5.822 trabajadores.

“Peonadas premium”

El mismo sindicato denunció en junio las denominadas “peonadas premium”, unas jornadas extraordinarias cuyo gasto habría aumentado un 60% mientras la actividad quirúrgica descendía un 11%. También se añadió la polémica por la participación de Granados en una manifestación en Madrid en apoyo de los médicos en huelga y la de su director médico, Vicente Torres, en las movilizaciones celebradas ante Son Espases, precisamente mientras el hospital afrontaba problemas de listas de espera y saturación en Urgencias. Para el sindicato, estas decisiones reflejan una falta de prioridades: “Es difícil entender estas prioridades cuando el hospital tiene problemas que requieren soluciones urgentes y es una muestra más de la dudosa capacidad de la gerente para hacer frente a la gestión de Son Espases”.

Frente a las críticas vertidas a nivel sindical, la Conselleria ha defendido públicamente las decisiones adoptadas por el hospital y ha desvinculado los complementos salariales de la evolución de las listas de espera. La titular de este departamento, Manuela García, sostuvo en junio que el hecho de que determinados profesionales cobrasen complementos distintos no implicaba que fueran a dejar de trabajar y afirmó que “ellos hacen su trabajo”. La propia Granados, en la comparecencia parlamentaria que realizó ese mismo mes, defendió los complementos quirúrgicos como una herramienta para realizar intervenciones complejas fuera del horario ordinario y negó que se estuvieran reteniendo pacientes, retrasando altas o cerrando las Urgencias.

En una entrevista en Onda Cero, la máxima responsable de Son Espases admitió ser “muy exigente”, rechazó la etiqueta de autoritaria y achacó el deterioro de las listas de espera a la huelga médica, defendiendo que la demora máxima quirúrgica había bajado de 1.200 a 643 días y la media de 125 a 107.

La Conselleria de Salud ha defendido públicamente las decisiones adoptadas por el hospital y respalda a la gerente

Controversia en otros hospitales

Granados llegó a Son Espases procedente de Quirónsalud, donde ocupaba la dirección territorial de Hospitales de Madrid tras haber pasado por la gerencia de varios hospitales públicos y privados. Su amplio currículo en gestión sanitaria fue precisamente uno de los principales argumentos esgrimidos por el Ejecutivo de Prohens para justificar su elección. Sin embargo, su trayectoria al frente de distintos centros sanitarios también estuvo acompañada de episodios de conflictividad y críticas a su modelo de gestión.

Su paso por el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, que dirigió entre agosto de 2014 y 2015 (con Cospedal al frente de la presidencia de Castilla-La Mancha, estuvo marcado por las denuncias de saturación de las Urgencias y por el conflicto con parte de la plantilla. En noviembre de 2014, el coordinador de Urgencias fue cesado después de un enfrentamiento con Granados: trabajadores del centro atribuyeron el cese a su negativa a ocultar de la vista a los pacientes hospitalizados en los pasillos, como recogieron entonces varios medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, mientras la propia gerencia negaba que existiera un colapso extraordinario y defendía que el funcionamiento de Urgencias era similar al de años anteriores.

Meses después, en abril de 2015, las auxiliares de Enfermería de los quirófanos presentaron ante la Inspección de Trabajo una denuncia contra la gerente por sobrecarga laboral. Según el sindicato CSIF, las profesionales llevaban años reclamando refuerzos y eran obligadas a asumir, dentro de su jornada ordinaria, las urgencias de cirugía cardíaca, las extracciones de órganos y los trasplantes renales, además de sus funciones habituales, como informó en su momento la Cadena SER. El sindicato sostenía que esta situación se producía de forma constante y que las trabajadoras se encontraban “al límite de rendimiento y posibilidades”. Ese mismo otoño, la supervisora de Enfermería de Urgencias dimitía después de reclamar más personal ante la apertura de nuevos boxes. El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) alegó en nota de prensa que la dimisión de esta profesional se debía “a motivos personales”.

Durante su etapa al frente del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, entre 2015 y 2018, Granados recibió críticas sindicales por su gestión, especialmente por las listas de espera, el cierre de camas y las relaciones con los representantes de los trabajadores. En 2015, SATSE llegó a calificar de “dictatorial” su actitud y sostuvo que su trayectoria previa en Guadalajara y Toledo estaba marcada por una “nula predisposición a negociar” con los representantes sindicales.

Granados llegó a Son Espases procedente de Quirónsalud y tras haber pasado por la gerencia de varios hospitales. Su trayectoria ha estado acompañada de episodios de conflictividad y críticas a su modelo de gestión

En plena polémica por su gestión, Granados defendía públicamente su actuación en una entrevista con la Cadena SER en la que abordó las listas de espera y el cierre de camas, dos de los principales focos de críticas a su gestión en Salamanca. La entonces gerente aseguraba que había llegado al hospital con la intención de “abrir un tiempo de diálogo” y afirmaba que se reunía cada mes con sindicatos, jefes de servicio y supervisores para conocer los problemas del centro.

Uno de los episodios que levantó la polvareda a su paso por el centro hospitalario fue la instalación de una estructura exterior -popularmente bautizada como la “jaima”- para realizar resonancias magnéticas mientras el hospital renovaba su único equipo. La medida fue duramente cuestionada por las condiciones en las que los pacientes debían acceder a una prueba diagnóstica dentro de una instalación provisional en un contexto de críticas a la gestión del complejo y a la reorganización de espacios.

Solo unos meses después, en diciembre de 2016, seis sindicatos -CCOO, CGT, CSIF, SATSE, UGT y USAE- exigieron públicamente su dimisión y convocaron una protesta a la que asistieron un centenar de profesionales de Enfermería a raíz de unas declaraciones de Granados sobre las enfermeras que fueron consideradas como una falta de respeto y un “maltrato profesional”. Las organizaciones sindicales denunciaron “cambios continuos de unidades” y “largas listas de espera quirúrgicas y de consultas”.

Por su parte, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca cuestionó en agosto de ese año el nombramiento de Granados y llegó a plantear si su llegada a la provincia constituía un “premio” o un “destierro” tras su salida de Castilla-La Mancha. En un texto especialmente crítico con la política sanitaria del Ejecutivo del PP, la asociación afirmaba: “Parece que el Partido Popular premia a los que en su gestión han sido fieles a los dictados del partido aunque su actuación haya sido mala y en contra de la opinión de la mayoría de la población”. Un año después, una Marea Blanca reclamó públicamente su cese.

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Salamanca afirmó: 'Parece que el Partido Popular premia a los que en su gestión han sido fieles a los dictados del partido aunque su actuación haya sido mala y en contra de la opinión de la mayoría de la población'

En febrero de 2019, Granados abandonaba la gerencia del complejo hospitalario salmantino alegando “motivos personales” para pasar a asumir, apenas unos días después, la dirección del Hospital Universitario de Torrejón. Permaneció al frente del centro madrileño hasta 2020, cuando dio el salto a Quirónsalud como directora territorial de Hospitales en Madrid. Tras esta etapa en la sanidad privada, regresó al sistema público para asumir, en septiembre de 2023, la gerencia de Son Espases.

Un modelo de dirección bajo escrutinio

En noviembre, apenas dos meses después de su nombramiento, Granados comparecía ante el Parlament tras así solicitarlo una quinta parte de los diputados de la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales, adscritos al Grupo Socialista, con el objetivo expreso de “evaluar su idoneidad” para dirigir el hospital. El diario de sesiones de la Cámara permite reconstruir las preguntas que recibió Granados y las explicaciones que ofreció entonces sobre su trayectoria, su llegada a Balears y su proyecto para el principal hospital público de las islas.

Granados dedicó buena parte de su intervención inicial a defender su trayectoria profesional. Explicó que había comenzado “desde abajo”, como médica, y que había pasado por puestos de jefa de servicio, subdirectora, directora médica y gerente. Enumeró su experiencia en Móstoles, Guadalajara, Toledo y Salamanca, además de su etapa posterior en el Hospital de Torrejón y en Quirón. Su argumento central para justificar su idoneidad fue precisamente la experiencia acumulada en hospitales de distintos tamaños y su capacidad para introducir cambios.

Sin embargo, la comparecencia adquirió especial interés cuando el socialista Carles Bona confrontó esa trayectoria con las informaciones publicadas sobre su paso por otros hospitales. Le preguntó por las críticas recibidas en Móstoles, Toledo, Salamanca y Torrejón y llegó a leer literalmente titulares y acusaciones de sindicatos y profesionales. Entre ellas, una de UGT que calificaba su estilo de dirección en Móstoles de “no dialogante y dictatorial” y vinculaba su gestión a la salida de 18 facultativos de Urgencias. La gerente llegó a señalar que una de las representantes sindicales que figuraba en las informaciones críticas terminó siendo amiga suya y que conservaba incluso “un regalo del comité de personal del hospital”.

Sobre Toledo, le preguntó por las informaciones que aseguraban que había cesado al coordinador de Urgencias por negarse a “esconder” a pacientes en los pasillos. Al respecto, Granados explicó que llegó a este centro hospitalario para abordar un problema grave de organización de Urgencias, después de que se hubieran producido “eventos adversos importantes” que, según su explicación, estaban relacionados con la mala organización del servicio. Sobre el episodio del coordinador de Urgencias, negó haberlo cesado: sostuvo que “él presentó su dimisión” porque no estaba de acuerdo con las medidas que estaba aplicando la dirección.

Acerca de Salamanca, defendió que fue elegida por su experiencia en proyectos de construcción y reorganización hospitalaria. Su relato se centró en la fusión de dos hospitales, la reorganización de los servicios, el nombramiento de jefaturas únicas y el replanteamiento del proyecto del nuevo hospital, cuyo plan funcional había quedado obsoleto. Cuando Bona le planteó las críticas por los cambios de espacios y la polémica de la unidad móvil de resonancias instalada en el exterior, Granados respondió que los cambios eran necesarios para organizar el nuevo hospital y explicó que el hospital solo tenía una resonancia, que consiguieron comprar otra y que, durante el periodo de transición, tuvieron que instalar una unidad externa cubierta. Lo justificó alegando que era necesario cubrir la estructura “para que los pacientes no estuvieran desnudos haciéndose una resonancia”.

“Voy a tener un equipo magnífico en Son Espases”

También respondió directamente a las dudas sobre su llegada a Balears. Cuando le preguntaron si conocía previamente a la consellera Manuela García y por qué había sido elegida, contestó que no la conocía “de nada”, asegurando que la consellera había pedido “gente experta y técnica” para dirigir Son Espases. Añadió: “Creo que tengo suficiente currículum para poder estar dirigiendo un hospital como Son Espases”. Sobre las informaciones que hablaban de malestar en el PP por su nombramiento, afirmó: “Y en el PP nadie me ha trasladado ningún inconveniente”.

Creo que tengo suficiente currículum para poder estar dirigiendo un hospital como Son Espases

Cristina Granados — Gerente de Son Espases, dos meses después de su nombramiento

En aquella comparecencia, Granados defendió que una de sus prioridades era precisamente estabilizar a los profesionales y reducir el estrés mediante una mejor organización del trabajo. Dijo que no tenía sentido que una persona estuviera cambiando continuamente de puesto y afirmó: “Hay que estabilizar el puesto de trabajo y estabilizar la formación”. También sostuvo que los cambios debían hacerse “siempre hablando con los profesionales que están implicados”.

Al explicar cómo pensaba formar su equipo en Son Espases, Granados dijo que quería contar fundamentalmente con personas de dentro del hospital. “Lo más importante de un proyecto es un equipo”, afirmó, y añadió que había tenido la oportunidad de entrevistar a profesionales y que contaba con “tres directores con experiencia” que le ayudarían. Incluso aseguró: “No me cabe la menor duda que voy a tener un equipo magnífico. No me cabe la menor duda”.

La consellera balear de Salut, Manuela García, ha expressat aquest dimarts al Parlament el seu suport a la gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, Cristina Granados, en plena polèmica per la successió de sortides en la cúpula del centre i la denúncia pública d'una extreballadora, qui assegura haver patit situacions d'assetjament i humiliació durant la seva etapa a l'hospital.

García s'ha remès a les declaracions realitzades divendres passat pel vicepresident primer i portaveu del Govern, Antoni Costa, en defensa de la responsable de l'hospital de referència de les Balears. “Li dono suport i ho subscric paraula per paraula. L'avala la seva gestió”, ha asseverat García,

La consellera ha respost a la diputada socialista Amanda Fernández, qui ha reclamat el cessament de Granados i ha advertit que el clima laboral a Son Espases és “insostenible i irresponsable”. Segons la parlamentària del PSIB, aquesta situació afecta tant els professionals com els pacients i respon a un servei “desmantellat”.

Fernández ha al·ludit a la sortida continuada d'alts càrrecs de l'hospital durant l'etapa de Granados, que ha xifrat en una dotzena en mig any. “Hem sabut que hi ha hagut humiliacions i maltractament”, ha assenyalat, en referència també a la recent marxa de la directora d'Infermeria.

García ha atribuït aquesta última sortida a “estrictes motius personals” i ha defensat la gestió de la gerent. Com a exemples, ha citat la posada en marxa d'un servei d'Al·lergologia, la millora de l'atenció als pacients amb ictus, la creació d'un servei de cures pal·liatives pediàtriques disponible les 24 hores durant tot l'any i la inversió de més de 20 milions d'euros en l'àrea quirúrgica.

“Estaven bloquejant les UCI i les reanimacions. Els pacients d'ictus estan molt millor cuidats. Cures pal·liatives pediàtriques 365 dies i 24 hores tampoc n'hi havia. S'han invertit més de 20 milions en l'àrea quirúrgica. Tot això s'ha fet sota aquesta gestió. Per tant, l'avala la gestió i li ho torno a repetir”, ha conclòs la consellera.

A principis de setembre, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, va rebutjar el cessament de Granados, assegurant que “en cap moment” s'ha plantejat la possibilitat d'apartar-la del càrrec. Preguntat pels mitjans, va defensar la trajectòria de la gerent així com la seva experiència al capdavant de diferents hospitals. “Tenim una gerent amb molt de coneixement i experiència, ha treballat en molts hospitals”, va incidir.

La consellera balear de Salud, Manuela García, ha expresado este martes en el Parlament su apoyo a la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, en plena polémica por la sucesión de salidas en la cúpula del centro y la denuncia pública de una extrabajadora, quien asegura haber sufrido situaciones de acoso y humillación durante su etapa en el hospital.

García se ha remitido a las declaraciones realizadas el pasado viernes por el vicepresidente primero y portavoz del Govern, Antoni Costa, en defensa de la responsable del hospital de referencia de Balears. “Lo apoyo y lo suscribo palabra por palabra. Le avala su gestión”, ha aseverado García,

La consellera ha respondido a la diputada socialista Amanda Fernández, quien ha reclamado el cese de Granados y ha advertido de que el clima laboral en Son Espases es “insostenible e irresponsable”. Según la parlamentaria del PSIB, esta situación afecta tanto a los profesionales como a los pacientes y responde a un servicio “desmantelado”.

Fernández ha aludido a la salida continuada de altos cargos del hospital durante la etapa de Granados, que ha cifrado en una docena en medio año. “Hemos sabido que ha habido humillaciones y maltrato”, ha señalado, en referencia también a la reciente marcha de la directora de Enfermería.

García ha atribuido esta última salida a “estrictos motivos personales” y ha defendido la gestión de la gerente. Como ejemplos, ha citado la puesta en marcha de un servicio de Alergología, la mejora de la atención a los pacientes con ictus, la creación de un servicio de cuidados paliativos pediátricos disponible las 24 horas durante todo el año y la inversión de más de 20 millones de euros en el área quirúrgica.

“Estaban bloqueando las UCI y las reanimaciones. Los pacientes de ictus están mucho mejor cuidados. Cuidados paliativos pediátricos 365 días y 24 horas tampoco había. Se han invertido más de 20 millones en el área quirúrgica. Todo eso se ha hecho bajo esta gestión. Por lo tanto, la avala la gestión y se lo vuelvo a repetir”, ha concluido la consellera.

A principios de septiembre, el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, rechazó el cese de Granados, asegurando que “en ningún momento” se ha planteado la posibilidad de apartarla del cargo. Preguntado por los medios, defendió la trayectoria de la gerente así como su experiencia al frente de distintos hospitales. “Tenemos una gerente con mucho conocimiento y experiencia, ha trabajado en muchos hospitales”, incidió.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por un trabajador del Sergas que denunció acoso laboral, y ha condenado a la administración pública a indemnizarle con casi 38.500 euros por haber vulnerado su derecho fundamental a la integridad física y moral.

Según informa Europa Press, este trabajador desempeñaba su labor en Vigo atendiendo tareas administrativas en las áreas de Recursos Humanos y Dirección de Atención Primaria. A partir de enero de 2021, a raíz de una serie de discrepancias e incidencias, sus funciones fueron modificadas para que tuviera menos relación con Recursos Humanos y, en momentos posteriores, también se fueron cambiando y adaptando sus tareas.

Estos cambios motivaron que el trabajador dejara de tener acceso a ciertas aplicaciones, necesarias para llevar a cabo algunas funciones, y aunque se reajustó su acceso, necesitaba solicitar información a mayores al departamento de Recursos Humanos para ciertas tareas.

El empleado estuvo de baja por ansiedad, y trasladó en diversas ocasiones que estaba siendo objeto de acoso por algunas personas, llegando incluso a celebrarse una reunión con el gerente del área sanitaria. En julio de 2023, el trabajador solicitó que se activase el procedimiento por situaciones de acoso, aunque dicho procedimiento concluyó con un archivo en enero de 2024, al no considerarse probado ni el acoso laboral ni ninguna clase de trato discriminatorio.

A partir de ahí, presentó denuncia en un juzgado de lo Social, que desestimó su demanda, pero ahora el TSXG ha estimado en parte sus argumentos y, aunque considera que el Sergas adoptó medidas para adaptar su puesto de trabajo, reajustando sus funciones y alejándolo de las personas con las que existía un conflicto, señala que dichas medidas “apuntan en la dirección correcta pero son tardías y no responden a una iniciativa preventiva, sino que van dirigidas a la corrección y resolución de un problema ya manifestado”.

Al respecto, el TSXG apunta que el Sergas era conocedor de la existencia de esos problemas desde 2021, y no activó inmediatamente los mecanismos de protección. Asimismo, expone que en el trámite de evaluación de riesgos laborales realizado en 2019 y verificado en 2024 no se identificó ningún riesgo psicosocial. Tampoco se llevó a cabo un estudio de esos riesgos cuando este trabajador comunicó esos problemas, que le llevaron a estar de baja en varias ocasiones.

“Es decir, los superiores del actor se han limitado a adoptar, de forma sucesiva, unas adaptaciones de las condiciones del trabajo del actor, que no podemos negar que fueran bienintencionadas, pero carentes de todo rigor y estudio técnico, y que no han servido para resolver la problemática, generando problemas a la salud psíquica del actor, cuando estaban informados de la versión de los hechos facilitada por el actor, en diversas ocasiones. Es decir, le han proporcionado una protección ineficaz, desprotegiendo su salud”, señala el alto tribunal gallego.

Por ello, considera que este modo de actuar ha incidido en la salud del trabajador y se ha vulnerado un derecho fundamental en lo que respecta a la integridad física y moral, y condena al Sergas a pagarle 38.497,80 euros.

También declara el TSXG que el Sergas ha incumplido sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos laborales y que tiene la obligación de llevar a cabo la oportuna evaluación de los riesgos psicosociales del trabajador en el puesto que desempeña.

Recurso del Sergas

Por su parte, el Sergas ha traslado su “absoluto respeto” por la decisión del TSXG, y ha recordado que, “en ningún momento” hubo inacción por parte de la gerencia del área sanitaria, sino que se ejecutaron los procedimientos previstos en el sistema de prevención de riesgos laborales (PRL).

Así, el Sergas dispone de un sistema de PRL integrado por una serie de mecanismos que son “públicos y fácil acceso para el personal” y que, una vez activados, “se ponen en marcha las medidas necesarias, adaptadas a la situación correspondiente”.

Como el juzgado de primera instancia dio la razón al Sergas, tras esta sentencia del TSXG revocando esa primera sentencia, el área sanitaria de Vigo ya presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, ha descartat aquest dimecres cessar la gerent de l'Hospital Universitari Son Espases, Cristina Granados, malgrat l'acumulació de sortides en l'equip directiu del principal centre hospitalari públic de l'arxipèlag i la recent denúncia pública d'una extreballadora, que assegura haver patit situacions d'assetjament i humiliació durant la seva etapa a l'hospital.

Després de la presentació d'un nou conveni amb la Universitat de les Illes Balears (UIB), i preguntat per un eventual relleu de Granados, Ureña ha tancat files al voltant de la gerent, assegurant que “en cap moment” s'ha plantejat la possibilitat d'apartar-la del càrrec. El màxim responsable de l'IB-Salut ha defensat la trajectòria de Granados, així com la seva experiència al capdavant de diferents hospitals. “Tenim una gerent amb molt de coneixement i experiència, ha treballat en molts hospitals”, ha incidit.

En aquesta línia, ha posat en valor que, quan viatgen a altres comunitats autònomes, antics companys o subordinats de Granados s'acosten a parlar d'ella “amb un ànim molt constructiu, amb molt bons records i amb la sensació que han après molt al seu costat”.

La defensa pública de Granados arriba en un moment de creixent controvèrsia entorn de la gestió de l'hospital. La setmana passada, el director de Gestió i Serveis Generals, José Antonio Visedo, va comunicar la seva voluntat de dimitir després d'aproximadament un any i mig en el càrrec. La seva marxa se suma a una cadena de baixes en l'estructura de Son Espases, tant en l'equip directiu de Granados com en la gerència, des de l'arribada de l'actual gerent el setembre de 2023, coincidint amb l'arrencada de l'actual legislatura del PP.

Respecte a això, Ureña ha reconegut que a Son Espases “hi ha hagut algunes sortides”, encara que ha tractat de relativitzar-ne l'abast en assenyalar que es tracta del centre amb “l'equip directiu més gran” i que algunes de les persones la marxa de les quals s'ha publicat “formalment no són directius”.

“Hi ha hagut sortides, algunes proposades per la direcció i altres atribuïbles completament a circumstàncies personals que evidentment respectem”, ha assenyalat. Ureña ha afegit que, en tractar-se d'un centre de treball amb més de 6.000 professionals, un elevat pressupost i nombrosos serveis, “hi pot haver situacions de tensió”.

La denúncia d'“una supervivent de la gerència de Son Espases”

Ureña s'ha pronunciat, així mateix, sobre la denúncia pública efectuada aquest dimarts per Sabrina Vidal, periodista que des de novembre de 2024 dirigia el gabinet de comunicació de Son Espases. En un escrit publicat a les seves xarxes socials, Vidal arriba a definir-se com “una supervivent de la gerència de Son Espases”. “Ni tan sols sé com he arribat fins aquí, encara que reconec que amb aquesta estratègia sí va aconseguir callar-me, apagar-me”, confessa en al·lusió a la gerència.

L'extreballadora relata una sèrie d'episodis que, segons el seu testimoni, es van produir durant l'any i mig que va treballar a l'hospital, com el fet que, en diverses reunions setmanals de la direcció i davant d'unes 15 persones, rebés en diferents ocasions la frase “tu calla que no tens ni idea”. També assenyala que durant el Nadal va ser apartada de la fotografia de família de la direcció amb l'expressió “tu no, tu vés-te'n”.

Vidal, que no identifica expressament Cristina Granados però sí que al·ludeix a la “gerència”, assegura que la persona a qui atribueix aquests comportaments acudia “sovint” als seus superiors per dir que ella “no li servia”, volia que li demanés perdó per millorar la relació i pretenia controlar “cada moviment” que feia. La veterana periodista assegura així mateix que va ser apartada de reunions, reprès públicament en cadenes de correus i desautoritzada professionalment. “Em va pont, em va renyar en fils de mails davant de nou públic, em va dir que feia malament la meva feina sense llegir els meus informes...”, recorda.

“Vaig aprendre a sobreviure”, escriu, abans d'explicar que va arribar a presentar projectes a través de companys per evitar enfrontaments. L'exresponsable de Comunicació afirma que va recopilar proves durant mesos amb la intenció de denunciar la situació i assegura que se li va indicar que el procediment adequat passava per crear un grup d'investigació. Segons el seu relat, la persona que havia de dirigir-lo o designar-lo era la pròpia gerent. També afirma que va sol·licitar un canvi de centre que finalment li va ser concedit.

La situació va acabar afectant la seva salut: relata que va acudir a tres psicòlogues, va patir atacs d'ansietat, va romandre dos mesos de baixa i va sol·licitar un trasllat de lloc. Finalment va abandonar l'IB-Salut. La connexió amb Granados deriva del fet que el gabinet de Comunicació depenia directament de la gerència de l'hospital.

L'IB-Salut assegura que no coneixia el cas

Respecte a això, el director general ha afirmat que no van rebre cap comunicació sobre el presumpte assetjament ni a través del Servei de Prevenció de Riscos Laborals ni mitjançant el canal intern de denúncies de l'organització. Ureña ha destacat que aquest canal ha rebut enguany unes 2.800 denúncies, avisos o reclamacions.

L'alt càrrec ha rebaixat l'abast del conflicte i ha assegurat que el que sí que havia detectat l'IB-Salut eren “desavinences tècniques a nivell professional”, una explicació que contrasta amb el relat de la comunicadora. Segons Ureña, es va oferir a Vidal la possibilitat de canviar de centre de treball. “Aquesta persona va canviar d'hospital i estava allà exercint quan va deixar l'IB-Salut”, ha assenyalat. El màxim responsable de l'IB-Salut ha agraït els seus serveis i li ha desitjat una prompta recuperació, alhora que ha situat “el benestar dels professionals” entre les seves “màximes preocupacions”.

Per la seva banda, el sindicat d'infermeria SATSE ha reclamat l'obertura extraordinària del Comitè de Seguretat i Salut i d'una Junta de Personal per abordar la situació denunciada per Vidal i determinar, si escau, l'obertura d'un expedient per assetjament laboral. Així mateix, ha sol·licitat la presència de Cristina Granados perquè doni explicacions no només sobre la denúncia de l'antiga responsable de Comunicació, sinó també sobre la successió de dimissions i cessaments que s'han produït en l'estructura directiva de l'hospital.

La Junta de Personal està cridada a abordar la situació mentre l'IB-Salut manté el seu suport a Granados i descarta ara com ara qualsevol relleu.

Cristina Granados va arribar a Son Espases el setembre de 2023 amb un ampli currículum en gestió hospitalària. Metgessa especialista en Admissió i Documentació Clínica, ha desenvolupat bona part de la seva carrera en llocs de responsabilitat en hospitals públics i privats de diferents comunitats autònomes, entre ells els de Móstoles, Guadalajara, Toledo i Salamanca, a més de l'Hospital Universitari de Torrejón. Abans d'incorporar-se a l'IB-Salut també va ocupar responsabilitats directives a Quirónsalud. El Govern de Marga Prohens va destacar precisament la seva experiència en nomenar-la gerent del principal hospital de Balears, en substitució de Josep Pomar.

Els altres conflictes de Son Espases

La polèmica se suma a altres conflictes recents a Son Espases, entre ells les denúncies sindicals sobre la situació recurrent de col·lapse en el servei d'Urgències. En aquest sentit, USAE denunciava el passat mes d'abril “la insostenible situació que es viu diàriament en aquest servei”, assegurant que havien arribat a concentrar-se fins a 70 pacients pendents d'ingrés que acumulaven fins a 118 hores d'espera. USAE va criticar que la gerència de l'hospital “continués sense adoptar un protocol d'actuació” davant les seves sistemàtiques denúncies i la “nefasta gestió que s'està fent d'aquest servei d'urgències”.

Així mateix, SATSE va acusar a l'agost l'IB-Salut de “posar en risc” la seguretat d'infermeres i nadons a Neonatologia de Son Espases per la manca de professionals. El sindicat va alertar que la unitat, amb 12 places, havia arribat a atendre 16 pacients sense augmentar la plantilla, cosa que havia obligat en múltiples ocasions una infermera a atendre tres pacients d'UCI neonatal, enfront de la ràtio habitual de dos.

SATSE va denunciar, a més, torns sense cobrir, acumulació d'hores extraordinàries i un “esgotament” de les professionals, així com nou places de llevadora sense cobrir a l'àrea maternoinfantil. El sindicat va assegurar haver comunicat el risc al Comitè de Seguretat i Salut i va amenaçar amb traslladar l'assumpte a altres òrgans, inclosos els judicials.

Dos dies abans, el Govern havia posat el focus en l'increment de recursos humans de Son Espases. En un comunicat, la Conselleria de Salut va assegurar que l'hospital havia augmentat la seva plantilla un 8% des del 2023, amb 441 professionals més, entre ells 320 incorporacions d'infermeres i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE) i 78 metges especialistes. Segons les dades facilitades per l'Executiu, la plantilla de l'hospital de referència de Balears ascendeix actualment a 5.822 treballadors.

El mateix Executiu havia difós el 29 de juliol una informació específica sobre la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP) de Neonatologia, centrada en la incorporació de 27 butaques ergonòmiques destinades a millorar el benestar dels pacients i les seves famílies. La comunicació, tanmateix, no feia referència a les ràtios d'infermeria ni a la cobertura dels torns a Neonatologia, que són precisament alguns dels aspectes sobre els quals SATSE va alertar posteriorment en denunciar la manca de professionals a la unitat.

L'octubre de 2025, la presidenta de l'Executiu balear, Marga Prohens, va clausurar a Son Espases l'acte pel 15è aniversari de l'hospital i va destacar davant els seus treballadors la seva “implicació, feina i esforç”. La gerent també va participar en la jornada i va posar en valor els avenços del centre, atribuint les fites sanitàries assolides a la feina dels seus professionals i assegurant que “cadascun de vosaltres és necessari”. La consellera de Salut, Manuela García, va definir per la seva part Son Espases com un “hospital més humà” gràcies al compromís dels seus treballadors i va situar els professionals com “el valor més important” del centre.

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Javier Ureña, ha descartado este miércoles cesar a la gerente del Hospital Universitario Son Espases, Cristina Granados, pese a la acumulación de salidas en el equipo directivo del principal centro hospitalario público del archipiélago y a la reciente denuncia pública de una extrabajadora, quien asegura haber sufrido situaciones de acoso y humillación durante su etapa en el hospital.

Tras la presentación de un nuevo convenio con la Universitat de les Illes Balears (UIB), y preguntado por un eventual relevo de Granados, Ureña ha cerrado filas en torno a la gerente, asegurando que “en ningún momento” se ha planteado la posibilidad de apartarla del cargo. El máximo responsable del IB-Salut ha defendido la trayectoria de Granados así como su experiencia al frente de distintos hospitales. “Tenemos una gerente con mucho conocimiento y experiencia, ha trabajado en muchos hospitales”, ha incidido.

En esta línea, ha puesto en valor que, cuando viajan a otras comunidades autónomas, antiguos compañeros o subordinados de Granados se acercan a hablar de ella “con un ánimo muy constructivo, con muy buenos recuerdos y con la sensación de que han aprendido mucho a su lado”.

La defensa pública de Granados llega en un momento de creciente controversia en torno a la gestión del hospital. La semana pasada, el director de Gestión y Servicios Generales, José Antonio Visedo, comunicó su voluntad de dimitir tras aproximadamente un año y medio en el cargo. Su marcha se suma a una cadena de bajas en la estructura de Son Espases -tanto equipo en el equipo directivo de Granados como en la gerencia- desde la llegada de la actual gerente en septiembre de 2023, coincidiendo con el arranque de la actual legislatura del PP.

Al respecto, Ureña ha reconocido que en Son Espases “ha habido algunas salidas”, aunque ha tratado de relativizar su alcance al señalar que se trata del centro con “el equipo directivo más grande” y que algunas de las personas cuya marcha se ha publicado “formalmente no son directivos”.

“Ha habido salidas, algunas propuestas por la dirección y otras atribuibles completamente a circunstancias personales que evidentemente respetamos”, ha señalado. Ureña ha añadido que, al tratarse de un centro de trabajo con más de 6.000 profesionales, un elevado presupuesto y numerosos servicios, “puede haber situaciones de tensión”.

La denuncia de “una superviviente de la gerencia de Son Espases”

Ureña se ha pronunciado, asimismo, sobre la denuncia pública efectuada este martes por Sabrina Vidal, periodista que desde noviembre de 2024 dirigía el gabinete de comunicación de Son Espases, un escrito en el que llega a definirse como “una superviviente de la gerencia de Son Espases”. Ni siquiera sé cómo he llegado hasta aquí, aunque reconozco que con esta estrategia sí logró callarme, apagarme“, confiesa en alusión a la gerencia.

La extrabajadora relata una serie de episodios que, según su testimonio, se produjeron durante el año y medio que trabajó en el hospital, como el hecho de que, en varias reuniones semanales de la dirección y delante de unas 15 personas, recibiese en distintas ocasiones la frase “tú cállate que no tienes ni idea”. También señala que durante la Navidad fue apartada de la fotografía de familia de la dirección con la expresión “tú no, tú vete”.

Vidal, quien no identifica expresamente a Cristina Granados pero sí alude a la “gerencia”, asegura que la persona a la que atribuye estos comportamientos acudía “a menudo” a sus superiores para decir que ella “no le servía”, quería que le pidiera perdón para mejorar la relación y pretendía controlar “cada movimiento” que hacía. La veterana periodista asegura asimismo que fue apartada de reuniones, reprendida públicamente en cadenas de correos y desautorizada profesionalmente. “Me puenteó, me regañó en hilos de mails frente a nuevo público, me dijo que hacía mal mi trabajo sin leer mis informes…”, recuerda.

“Aprendí a sobrevivir”, escribe, antes de explicar que llegó a presentar proyectos a través de compañeros para evitar enfrentamientos. La exresponsable de Comunicación afirma que recopiló pruebas durante meses con la intención de denunciar la situación y asegura que se le indicó que el procedimiento adecuado pasaba por crear un grupo de investigación. Según su versión, la persona que debía dirigirlo o designarlo era la propia gerente. También afirma que solicitó un cambio de centro que finalmente le fue concedido.

La situación terminó afectando a su salud: relata que acudió a tres psicólogas, sufrió ataques de ansiedad, permaneció dos meses de baja y solicitó un traslado de puesto. Finalmente abandonó el IB-Salut. La conexión con Granados deriva de que el gabinete de Comunicación dependía directamente de la gerencia del hospital.

El IB-Salut asegura que no conocía el caso

Al respecto, el director general ha afirmado que no recibieron ninguna comunicación sobre el supuesto acoso ni a través del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ni mediante el canal interno de denuncias de la organización. Ureña ha destacado que ese canal ha recibido este año unas 2.800 denuncias, avisos o reclamaciones.

El alto cargo ha rebajado el alcance del conflicto, señalando que lo que sí había detectado el IB-Salut eran “desavenencias técnicas a nivel profesional”, una lectura que contrasta con lo relatado por la comunicadora. Según la versión de Ureña, se ofreció a Vidal la posibilidad de cambiar de centro de trabajo. “Esta persona cambió de hospital y estaba ahí ejerciendo cuando dejó el IB-Salut”, ha señalado. El máximo responsable del IB-Salut ha agradecido sus servicios y le ha deseado una pronta recuperación, al tiempo que ha situado “el bienestar de los profesionales” entre sus “máximas preocupaciones”.

Por su parte, el sindicato de enfermería SATSE ha reclamado la apertura extraordinaria del Comité de Seguridad y Salud y de una Junta de Personal para abordar la situación denunciada por Vidal y determinar, si procede, la apertura de un expediente por acoso laboral. Asimismo, ha solicitado la presencia de Cristina Granados para que dé explicaciones no solo sobre la denuncia de la antigua responsable de Comunicación, sino también sobre la sucesión de dimisiones y ceses que se han producido en la estructura directiva del hospital.

La Junta de Personal está llamada a abordar la situación mientras el IB-Salut mantiene su respaldo a Granados y descarta por ahora cualquier relevo.

Cristina Granados llegó a Son Espases en septiembre de 2023 con un amplio currículum en gestión hospitalaria. Médica especialista en Admisión y Documentación Clínica, ha desarrollado buena parte de su carrera en puestos de responsabilidad en hospitales públicos y privados de distintas comunidades autónomas, entre ellos los de Móstoles, Guadalajara, Toledo y Salamanca, además del Hospital Universitario de Torrejón. Antes de incorporarse al IB-Salut también ocupó responsabilidades directivas en Quirónsalud. El Govern de Marga Prohens destacó precisamente su experiencia al nombrarla gerente del principal hospital de Balears en sustitución de Josep Pomar.

Los otros conflictos de Son Espases

La polémica se suma a otros conflictos recientes en Son Espases, entre ellos las denuncias sindicales sobre la situación recurrente de colapso en el servicio de Urgencias. En este sentido, USAE denunciaba el pasado mes de abril “la insostenible situación que se vive diariamente en este servicio”, aseverando que habían llegado a concentrarse hasta 70 pacientes pendientes de ingreso que acumulaban hasta 118 horas de espera. USAE criticó que la gerencia del Hospital “continuase sin adoptar un protocolo de actuación” ante sus sistemáticas denuncias y la “nefasta gestión que se está haciendo de este servicio de urgencias”.

Asimismo, SATSE acusó en agosto al IB-Salut de “poner en riesgo” la seguridad de enfermeras y recién nacidos en Neonatología de Son Espases por la falta de profesionales. El sindicato alertó de que la unidad, con 12 plazas, había llegado a atender a 16 pacientes sin aumentar la plantilla, lo que había obligado en múltiples ocasiones a una enfermera a atender a tres pacientes de UCI neonatal, frente a la ratio habitual de dos.

SATSE denunció además turnos sin cubrir, acumulación de horas extraordinarias y un “agotamiento” de las profesionales, así como nueve plazas de matrona sin cubrir en el área materno-infantil. La entidad aseguró haber comunicado el riesgo al Comité de Seguridad y Salud y amenazó con trasladar el asunto a otros órganos, incluidos los judiciales.

Dos días antes, el Govern había puesto el foco en el incremento de recursos humanos de Son Espases. En un comunicado, la Conselleria de Salud aseguró que el hospital había aumentado su plantilla un 8% desde 2023, con 441 profesionales más, entre ellos 320 incorporaciones de enfermeras y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) y 78 médicos especialistas. Según los datos facilitados por el Ejecutivo, la plantilla del hospital de referencia de Balears asciende actualmente a 5.822 trabajadores.

El propio Ejecutivo había difundido el 29 de julio una información específica sobre la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) de Neonatología, centrada en la incorporación de 27 sillones ergonómicos destinados a mejorar el bienestar de los pacientes y sus familias. La comunicación, sin embargo, no hacía referencia a las ratios de enfermería ni a la cobertura de los turnos en Neonatología, que son precisamente algunos de los aspectos sobre los que SATSE alertó posteriormente al denunciar la falta de profesionales en la unidad.

En octubre de 2025, la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, clausuró en Son Espases el acto por el 15º aniversario del hospital y destacó ante sus trabajadores su “implicación, trabajo y esfuerzo”. La gerente participó también en la jornada y puso en valor los avances del centro, atribuyendo los hitos sanitarios alcanzados al trabajo de sus profesionales y asegurando que “cada uno de vosotros es necesario”. La consellera de Salud, Manuela García, definió por su parte Son Espases como un “hospital más humano” gracias al compromiso de sus trabajadores y situó a los profesionales como “el valor más importante” del centro.

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de suplicación interpuesto por una empresa de Ferrol y ha confirmado que ésta deberá indemnizar por los daños morales derivados del retraso en la tramitación del protocolo antiacoso.

Según se recoge en la sentencia, una sentencia del Juzgado de Social 1 de Ferrol declaró extinguida la relación laboral entre la trabajadora y la empresa, y acordó que la mujer sería indemnizada en 38.081 euros por despido improcedente, y en otros 3.750 euros por daños y perjuicios (cantidad que fue recurrida por la compañía), por la tardanza en tramitar el protocolo antiacoso.

El TSXG considera acreditado que la compañía incumplió de forma reiterada y prolongada su propio protocolo de prevención del acoso, al demorar la constitución de la comisión investigadora y la tramitación de la denuncia presentada por la trabajadora a través de su canal ético.

Así, expone que “la empresa ha incumplido un elemento fundamental de su protocolo antiacoso, como es la urgencia, cometiendo una acción u omisión culposa o negligente, constitutiva de una vulneración de derechos fundamentales, con una doble dimensión: individual, sobre la salud laboral de la propia trabajadora, así como colectiva, dado que, desde la perspectiva del personal de la propia empresa, ese incumplimiento despertará razonables sospechas con respecto al cumplimiento del protocolo”.

De hecho, apunta que, además de producirse un incumpliento de la legalidad ordinaria en materia de prevención de riesgos laborales, los hechos están vinculados con el derecho a la integridad moral reconocido en la Constitución.

El TSXG estima que se ha producido un daño moral, “con independencia de la situación de la incapacidad temporal de la trabajadora demandante”. “La circunstancia de estar la trabajadora fuera de la empresa durante la tramitación del expediente no excluye un daño moral derivado de la tardanza en la tramitación del protocolo antiacoso, que es independiente de si la trabajadora está trabajando o fuera de la empresa”, advierten los magistrados.

Además, subrayan que la cuantía de 3.750 euros fijada en la sentencia de primera instancia resulta proporcionada, al tiempo que recuerdan que es habitual tomar como referencia orientativa las sanciones previstas para las infracciones muy graves por vulneración empresarial de derechos fundamentales de las personas trabajadoras.

Por todo ello, el TSXG desestima íntegramente el recurso de la empresa, aunque la sentencia no es firme y contra ella cabe presentar recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado el despido disciplinario a un trabajador de un establecimiento comercial de una multinacional, con sede en Barakaldo (Bizkaia), por “acoso sexual” a sus compañeros, a los que sometía a “tocamientos indeseados” en partes íntimas y les había hecho “comentarios de índole sexual”. En una sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el TSJPV desestima el recurso de suplicación interpuesto por el despedido contra la resolución de instancia que ha confirmado. En ella se considera probado que el 21 de febrero de 2025 una empleada denunció ante la dirección un asunto que consideraba “urgente” por el “comportamiento inapropiado” por parte de otro trabajador que, en su opinión, había vulnerado el Código de Conducta establecido por la empresa, al “tocar indebidamente, sin consentimiento y en repetidas ocasiones, a varios compañeros del equipo”. Estos, según su relato, le habían mostrado su “incomodidad” y le habían pedido que dejara de hacerlo.

Tal como explicó, la actitud de este empleado, además de “infringir las normas de convivencia dentro de la empresa”, había generado “un ambiente incómodo y preocupante” para sus compañeros. Según relató uno de ellos al resto del equipo, mientras cargaba mercancía en una máquina de carga, el denunciado se le acercó por detrás y le sometió a “tocamientos que quedaban completamente fuera de lugar y que fueron realmente incómodos” para él. Además, en varias ocasiones, según otros trabajadores, con la excusa de que eran hombres, “intentaba e incluso llegaba a tocarles zonas íntimas”, por lo que le habían pedido que dejara de hacerlo.

La denunciante afirmó ante la empresa que ella se había sentido “incómoda” al compartir espacio de trabajo con el denunciado porque tenía “tendencia a invadir el espacio personal y acercarse en exceso con el torso pegado” a su espalda cuando pasaba por detrás de ella. Esta queja la había trasladado a sus managers, al servicio médico, a responsables de Prevención de Riesgos Laborales y Recursos Humanos de la multinacional, y había solicitado que se adoptasen “las medidas convenientes para resolver esta situación, conforme a las políticas y procedimientos internos establecidos por la empresa”.

La responsable de Vigilancia de Salud de la empresa convocó a una reunión al trabajador demandado, que admitió haber realizado “tocamientos” a compañeros varones, pero aseguró que se trataba de “bromas”. Esta representante de la empresa también habló con los empleados citados en la denuncia y con otros afectados a través de la plataforma 'Teams'.

Por ello, el 17 de marzo de 2025, la comisión instructora de situaciones de acoso emitió informe en el que concluyó que los hechos investigados constituían “acoso sexual”. Ante ello, el denunciado hizo constar su disconformidad y presentó el 1 de abril alegaciones escritas en las que aseguró que no había cometido ningún acto que “pueda dañar física ni moralmente a sus compañeros, y mucho menos ningún delito”. A su vez, acusó al personal de la empresa de someterle a “acoso continuado”.

Por su parte, la empresa remitió al trabajador carta de despido disciplinario fechada el 2 de abril, con efectos al mismo día, en la que les trasladaba que las conclusiones del informe contra él eran “contundentes” y se consideraba que era responsable de “inferir en una situación absolutamente inapropiada e intolerable, con comentarios y acciones sexistas, constitutivos de acoso sexual conforme al protocolo existente en la compañía”.

También le comunicaba que “muchos de sus compañeros” habían confirmado con sus declaraciones que, “en horario laboral y en el centro de trabajo”, había incurrido en “realizar tocamientos indeseados” en las partes íntimas a otros empleados varones “sin su consentimiento”, además de hacer “comentarios de índole sexual”, y “roces y toques” con el cuerpo. Verbalmente dijo a uno de los trabajadores: “no te agaches, nene, que no sabes cómo me pones”, y en otras ocasiones le efectuó tocamientos en los genitales mientras reponía mercancía, llegando en alguna ocasión a actuar “de forma violenta, zarandeándole” para hacerle tocamientos.

A otra empleada le puso “los testículos en la cara cuando se levantaba a recoger un papel”, y otra vez le dio “un abrazo no consentido de contenido sexual”, intentando repetirlo en días posteriores. Cuando iba al baño, le hacía proposiciones preguntándole si “necesitaba ayuda”. Durante una fiesta de empresa en 2024, tal como relató otro compañero de trabajo, “le tocó el culo de manera reiterada y sorpresiva, sin su consentimiento”, por lo que otra trabajadora le tuvo que retirar la mano y exigirle que no volviera a hacerle tocamientos. A ese mismo empleado, le hacía habitualmente preguntas personales de contenido sexual y de manera reiterada. Por ello, la plaza número 9 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Bilbao desestimó la demanda contra la empresa planteada por el acusado y declaró procedente el despido impugnado.

El despedido presentó recurso de suplicación en el que alegó que se había producido infracción de normas o garantías del procedimiento que le habían provocado “indefensión”, solicitó la revisión de los hechos probados, y la nulidad de las actuaciones, para retrotraerlas al momento anterior a la infracción, entre otras, la omisión de prueba de reproducción videográfica. Subsidiariamente, reclamaba que se anulara su despido o se declarara su improcedencia.

En concreto, argumentó que se había omitido la reproducción videográfica de uno de los episodios que se consideró “acoso sexual”, prueba a la que la empresa renunció al considerar que no iba a aportar nada a la investigación por la calidad de la grabación y porque la posición de la cámara “no iba a mostrar, por sí sola, el lugar donde se produjeron los tocamientos”. Además, el demandante en su momento no protestó porque no se practicara esta prueba. También impugnó la sentencia de instancia al considerar que la prueba testifical de uno de los afectados fue “dirigida por el juez”, ya que este, al ser migrante, no conocía el idioma y se limitó a contestar afirmativamente cuando el magistrado le preguntó si le había tocado el acusado sus partes íntimas.

El TSJPV rechaza las pretensiones del acusado y asegura que no se ha producido “indefensión”. De hecho, estima que durante el acto de juicio oral se practicaron todas las pruebas propuestas, y la sentencia “no contiene declaraciones fácticas oscuras, incompletas o contradictorias”. Por el contrario, cree que la resolución judicial mantiene un relato histórico de los hechos probados, “con toda precisión y detalle que requiere el reflejo de la realidad” deducible de los medios de prueba aportados. También recuerda que solo es posible modificar el relato de hechos probados a través de la prueba documental o pericial, y en ningún caso testifical, en caso de constatarse “un error claro y evidente” del juzgador. El acusado también pretendía esta revisión de hechos probados porque la empresa no otorgó audiencia previa al delegado sindical antes de acordar el despido disciplinario.

El PSOE ha archivado la denuncia que dos exconcejalas socialistas de A Coruña, Esther Fontán y Eva Martínez Acón, presentaron contra la alcaldesa, Inés Rey, y el portavoz del gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, por supuesto acoso laboral.

La denuncia se formalizó el pasado año y en relación con una situación que vinculaban al anterior mandato. Ahora, según informa Europa Press, una de las denunciantes, Eva Martínez Acón, ha trasladado que el partido archiva el expediente informativo, algo que les han notificado en esta jornada.

Ambas recurrieron al canal de acoso del PSOE federal, pero, finalmente, la denuncia derivó a la Ejecutiva provincial, que les notificó, inicialmente, la apertura de un expediente informativo y ahora que el mismo se archiva.

“Consideramos que este expediente informativo adolece de algunas lagunas”, ha manifestado Martínez Acón, que considera que se ha cerrado con mucha celeridad y “sin acopio de más pruebas”. Están, añade, valorando si recurrir al comité federal de ética y garantías.

La denuncia fue presentada en el canal interno del partido a finales de 2025 y se refería a hechos ocurridos en 2020. Martínez Acón manifestó que había tomado la decisión de denunciar varios años después al ver que estaban saliendo otros casos en el partido que la hicieron consciente de la “gravedad” de la situación. La alcaldesa emitió entonces, en diciembre del año pasado, un comunicado en el que atribuía la denuncia a “un ajuste de cuentas por no haber repetido [las exconcejalas] en las listas” y las acusaba de hacer un mal uso del canal interno.

“Me siento amenazada y observada. Me tienen desquiciada. Trabajo con pánico”, cuenta una trabajadora del Hospital de la Axarquía, el centro sanitario público de referencia en la comarca oriental de Málaga. “Somos basura, y como tal quieren sacarnos a la calle”, cuenta otra. “Vienen a mi sitio y hacen como que escupen. ¿Tú crees que yo tengo que soportar esto?”, se pregunta mientras saca de bolso el arsenal de pastillas para controlar la ansiedad, incluyendo un blíster de píldoras de rescate.

Ella fue advertida de una posible suspensión de empleo y sueldo después de que varias compañeras la denunciaran por grabarlas con su móvil, algo que ella niega. Tras declarar, todo quedó en nada. La otra denuncia que está asignada al banco de sangre, un servicio de máxima sensibilidad en el que tiene menos experiencia, en una situación de máxima presión en la que no recibe ayuda.

Ambas han solicitado permanecer en el anonimato para este reportaje, pero ya han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo que están siendo denigradas a la vista de todo el mundo desde que el sindicato CSIF revelara públicamente que, con el impulso de cargos intermedios, personal del laboratorio del hospital había usado reactivos caducados o que habían perdido estabilidad para realizar análisis clínicos de forma reiterada y deliberada, lo que comprometería la fiabilidad de miles de resultados. El objetivo de esta presunta práctica sería ahorrar en consumibles que vienen en envases que rara vez se agotan antes de caducarse, con el fin de acceder a generosos complementos de productividad.

Antes de dar el paso de la denuncia pública, el sindicato acudió a primeros de enero ante el gerente del hospital, Miguel Moreno Verdugo, que archivó la investigación interna en poco más de un mes sin motivar la decisión. En ese periodo, CSIF la hizo pública, y ante el archivo, la amplió y la presentó ante Fiscalía, que la investiga desde finales de abril.

Poco después, este medio desveló la existencia de mensajes (“Los que estén caducados no los tiréis, yo los aprovecharé en rutina”; “Pueden seguir utilizándose, simplemente leyendo el código del reactivo y cambiando la fecha de caducidad”) y fotografías donde se ven botes con etiquetas no originales o envueltos en film donde se lee “caducado” o “arreglado. Uso” escrito a rotulador.

Este material ha sido incorporado a la denuncia ante Fiscalía, que cuenta también con cuatro testimonios de trabajadores o extrabajadores grabados en vídeo, y ofrece la posibilidad de interrogar a varios más supuestamente dispuestos a corroborar el empleo de esta práctica desde 2020.

El SAS no ha respondido a las preguntas formuladas por este medio, con la petición de que fueran trasladadas al gerente y la coordinadora y la jefa de servicio responsables del laboratorio, y ha remitido en su lugar la misma respuesta que ya dio en su día: no hay “constancia” de que se haya utilizado el material caducado o sin estabilidad, y se ha constatado “con los responsables y el equipo del laboratorio” la “falsedad de estas afirmaciones”.

La coordinadora y la jefa de servicio han reclamado 20.000 euros al sindicato y dos de sus responsables en un acto de conciliación previo a una posible querella por injurias y atentado contra su honor, que terminó sin acuerdo. El sindicato no ha recibido aún ninguna querella.

Denuncia ante la Inspección de Trabajo

“Yo he visto pipetear agitar y rellenar con cuatro botes de distintos colores, no se escondían”, cuenta una de las personas ahora señaladas, quien explica que algunos testigos son reticentes a hablar por el temor a verse salpicados también ellos: “Eso lo ha visto todo el mundo. ¿No les da vergüenza haber engañado a gente con tumores? ¿De qué somos culpables? ¿De decir la verdad? ¿De defender a los pacientes?”.

En este contexto, un grupo de trabajadores y trabajadoras del laboratorio estaría tomando represalias contra varios compañeros y, con especial saña, contra dos, a quienes responsabilizan de haber expuesto al sindicato las presuntas irregularidades que han acabado llegando a la opinión pública y al fiscal. Ambas rondan los veinte años de experiencia laboral en el SAS.

El sindicato CSIF (el que tiene mayor representatividad en el hospital) ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo en la que da cuenta de la situación de “hostigamiento sistemático y documentado”, que estaría “amparado jerárquicamente” por la coordinadora y la jefa de servicio y, en última instancia, por la gerencia.

Desde que estalló el escándalo, la mayoría de las compañeras no les habla, quien se atreve lo hace a escondidas y ellas prefieren desayunar en un parque cercano ajenas a la mirada de otros compañeros en la cafetería, según relatan. Durante el encuentro con el periodista piden cambiar la ubicación en dos ocasiones. Este medio ha podido constatar la existencia de alguna imagen de perfil en redes en la que quienes las atosigan se autodescriben como “las Vengadoras de Laboratorio”.

Las conductas relacionadas por el sindicato incluyen el “aislamiento social deliberado” y su señalamiento como “chivatas”; “insultos habituales y reiterados” por parte de la coordinadora (“basura” y “escoria”); la adscripción de una de las afectadas al área de banco de sangre, donde tiene menos experiencia “para provocar errores imputables a la misma”, y “humillaciones públicas reiteradas y conductas de menosprecio en el entorno laboral cotidiano”.

Informes de la Unidad de Salud Mental y un posible expediente

En los últimos meses han necesitado atención sanitaria por esta situación. Una de ellas ha acudido en dos ocasiones a Urgencias por sendas crisis de ansiedad, según los partes consultados por este medio. Las dos han acudido recientemente a la Unidad de Salud Mental, que en ambos casos ha diagnosticado depresión y ansiedad de origen laboral.

Esta situación se estaría produciendo sin que los responsables del servicio o del hospital hayan tomado medida alguna para evitarla. Al contrario, la gerencia habría contribuido a elevar la presión, según CSIF. La denuncia del sindicato recoge que, una vez archivada la investigación interna, el gerente anunció durante una reunión con los representantes sindicales que expedientaría a las trabajadoras que habrían contribuido a desvelar la práctica presuntamente irregular del laboratorio. Esto supone instrumentalizar el procedimiento disciplinario con una finalidad represora, según el sindicato.

Ambas están convencidas de que buscan cualquier excusa para expedientarlas. Una de ellas explica que responden a sus cuestiones laborales con un “búscate la vida”, que su situación es de máxima presión y que un error en el banco de sangre puede tener repercusiones graves para los pacientes.

La otra ya ha sufrido una investigación interna reciente. Según relata, a mediados de junio recibió un aviso por un cauce no reglado de que acudiera a una cita para una “información reservada” que podía desembocar con una sanción de suspensión de empleo y sueldo. Sólo al día siguiente, el abogado del hospital, encargado habitualmente de instruir los expedientes de información reservada, le aclaró el motivo: seis compañeras la acusaban de sacar su móvil para grabar o fotografiarlas el día en que celebraron en el recinto del hospital el archivo de la investigación de la gerencia por el uso de los reactivos caducados. El instructor preguntó si era cierto que había grabado y qué hacía con el móvil, y le avisó que trasladaría las respuestas al gerente.

Ella asegura que sostenía el móvil en alto porque sus problemas de visión le impiden leer de otra manera. La investigación, de la que no le dieron ni un papel, se archivó, según le informaron desde el sindicato, pero durante dos semanas la mujer vivió angustiada por la posibilidad de quedarse durante meses sin el único sueldo estable que entra en su hogar, con hipoteca y dos hijos. “Yo me quería morir”, recuerda: “No lo perdonaré en la vida, han jugado con el pan de mi casa”. Para entonces, mucha gente sabía de un posible expediente que, por definición, es reservado.

Refuerzo de las responsables de laboratorio

Mientras tanto, las dos personas señaladas en la denuncia ante Fiscalía pueden quedar reforzadas internamente. Por un lado, el Gerente ha asignado a la jefa de servicio de Laboratorio también la jefatura de Anatomía Patológica. Y por otro, ha decidido cubrir la plaza de coordinador/a del Laboratorio lanzando un concurso de méritos, publicado en BOJA el 9 de julio.

Esto es un hito. La publicación y nombramiento de estas plazas en el SAS es una vieja reivindicación sindical, porque hasta ahora estos puestos de coordinadores de técnicos medios o superiores se cubrían con designaciones informales. Este sería el primer nombramiento de este tipo, según CSIF, y tendría el efecto de blindar a quien ganase la plaza. CSIF tiene la sospecha de que la candidata con casi todas las papeletas es la actual coordinadora.

Los movimientos ocurren mientras la Fiscalía investiga el funcionamiento del laboratorio y en mitad del verano, lo que acrecienta algunas sospechas. “Nos parece muy inoportuno. Lanzan una convocatoria para nombrar la primera coordinadora de técnicos del SAS, que va a formar parte del organigrama, ¿y no ponen sobre la mesa que hay una denuncia sin resolver ante Fiscalía por quien es la principal candidata a presentarse? ¿No es más prudente esperar?”, se pregunta una fuente sindical.

La novedosa convocatoria se produce también en plena reorganización de los equipos directivos en el SAS, que incluye el nombramiento de una nueva gerente para la Sanidad andaluza, María de los Ángeles García Rescalvo. Es la quinta gerente del SAS desde que Juan Manuel Moreno alcanzara la presidencia de la Junta de Andalucía. El primero fue, precisamente, Moreno Verdugo, ahora gerente del Hospital de La Axarquía y su área sanitaria.

El gobierno de Granadilla de Abona (CC, Vox y uno de los dos ediles electos del PP tras la censura al PSOE de marzo de 2025) cerró en septiembre de 2025 la investigación interna abierta por un supuesto caso de acoso sexual y laboral del jefe de la Policía Local a una agente del cuerpo, al considerar que no había pruebas contra él. Sin embargo, dos meses después un juzgado de este municipio del sur de Tenerife incoó unas diligencias que aún permanecen abiertas. Esta circunstancia no ha sido obstáculo para que el Ayuntamiento haya decidido contar con este mando policial en una mesa de coordinación contra la violencia de género celebrada este miércoles.

La presencia del jefe de la Policía Local junto al alcalde, Domingo Regalado (Coalición Canaria), ha sorprendido y dolido sobremanera a la denunciante, según remarca su entorno, que agrega que la agente quiere volver al trabajo (permanece de baja), pero los turnos no se organizan de forma que se garantice que no coincidirá con su jefe en una etapa en la que, según denuncia la oposición, faltan agentes por bajas o plazas insuficientes, con los lógicos perjuicios para un servicio adecuado en un municipio de grandes dimensiones. En Granadilla hay unos 65.000 habitantes, el aeropuerto Tenerife Sur, núcleos costeros como El Médano o Los Abrigos, grandes concentraciones urbanas como las de San Isidro y un puerto industrial, aunque con una actividad mucho menor de la prometida en su día.

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona resaltó este miércoles en redes como Facebook que había celebrado “la Mesa de Coordinación Policial del Protocolo VioGén, convocada por la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife”. En esa reunión participaron “representantes de la Guardia Civil, del IASS, de la Unidad de Violencia sobre la Mujer y del propio Ayuntamiento, junto a la Policía Local, para analizar la situación en el municipio y hacer seguimiento del funcionamiento del Protocolo VioGén 2”. Además, se subrayó que citas como esta “permiten que todas las administraciones trabajen coordinadas con un único objetivo: proteger a las víctimas y seguir mejorando la respuesta ante la violencia de género en Granadilla de Abona”.

El gobierno local ya indicó el pasado mayo a este periódico que espera a que se resuelva el proceso judicial para pronunciarse y, al igual que este jueves, declinó responder sobre el caso o sobre la decisión de que el jefe policial participara en la mesa sobre violencia de género.

Declaraciones y testimonios

El juzgado de esta localidad ya tomó declaración al policía denunciado por presunto abuso sexual y laboral el pasado 26 de marzo, así como a diversos testigos. Lo hizo después de que, en septiembre de 2025, el consistorio cerrase su indagación interna al aplicarse el protocolo tras las primeras quejas de esta policía, que se encuentra en tratamiento psicológico por sintomatología ansioso-depresiva.

Esta agente denunció la situación que dice sufrir poco antes de marzo de 2025, cuando se produjo la censura de CC, un edil del PP (la otra siguió fiel al pacto con el PSOE, por lo que se le mantuvo el expediente) y Vox contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda, que cogobernaba con los conservadores desde junio de 2023. Se activó el protocolo antiacoso, pero, con el cambio de gobierno, el caso ya se abordó en la nueva etapa. Tras las pertinentes declaraciones de testigos, de las distintas partes y la investigación interna abierta, en septiembre pasado se decidió cerrar este proceso dentro del ayuntamiento al no llegarse a conclusiones definitivas ni hallarse pruebas suficientes, siempre según la versión del gobierno local.

Por el contrario, el juzgado sí actuó tras la denuncia de la agente y abrió una causa, que sigue en ese momento procesal. La policía argumenta que los supuestos abusos se cometieron durante años en el marco de una relación marcada por la superioridad jerárquica. La agente lamenta que el proceso abierto por el consistorio se cerrase sin determinar responsabilidades ni adoptarse medidas de protección efectivas orientadas a evitar su contacto profesional con su jefe, algo que continúa produciéndose, si bien confía ahora en la vía judicial abierta.

Supuestos abusos durante “diez años”

Según consta en la documentación médica de su denuncia, el supuesto acoso laboral se ha dado desde hace unos diez años, “con insultos y menosprecio de tipo personal”, con castigos por tratarse de ella. Entre otros efectos, refiere taquicardia, nervios, dolor de abdomen, miedo, insomnio, apatía, abulia e inestabilidad general, por lo que recibe terapia. Por supuesto, la versión dada por el jefe durante la investigación interna y en su declaración es totalmente contraria.

Los presuntos abusos e insinuaciones sexuales que denuncia e investiga la justicia quedaron reflejados también en un parte médico de abril de 2024. Asimismo, consta documentación que demuestra que recibe “atención integral psicológica, jurídica y social” desde noviembre de 2015 de la Asociación Solidaria Mundo Nuevo, que ofrece un servicio insular de atención especializada para víctimas de violencia de género, en el municipio tinerfeño de Candelaria, entre el área metropolitana y la comarca sureña.

Según traslada a Canarias Ahora, esa “ausencia de medidas organizativas o preventivas para evitar el contacto profesional con el jefe habría derivado” en su baja médica por ansiedad, por lo que sigue apartada de su puesto de trabajo y afronta “consecuencias personales, profesionales y económicas generadas por esta situación”. Y eso que ha querido reincorporarse, pero sin que le garanticen que no coincidirá en algún turno con el jefe al que ha denunciado.

A su juicio, y como en otros casos similares, lo que está viviendo “pone sobre la mesa el debate acerca de los mecanismos de protección que deben activarse en las administraciones públicas cuando existen denuncias de presunto acoso laboral o sexual y procedimientos judiciales en marcha. A ello se añade la peculiaridad de las relaciones de dependencia profesional propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde la estructura jerárquica puede generar especiales dificultades a la hora de denunciar hechos de esta naturaleza y continuar desempeñando sus funciones con normalidad, de ahí la especial importancia del respaldo y la protección por parte de la administración”.

“Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita” bajo la “presión sexual” de él y el “miedo absoluto que le tenía”. Dos testigos han ratificado este martes ante el juez la “obsesión” que el exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, sentía hacia la reportera que lo ha denunciado por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral.

Se trata de una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del entonces CEO de la productora, y de una amiga a la que reveló las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron. Según fuentes presentes en el interrogatorio, las dos han confirmado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla tener conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Ambas han coincidido también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la reportera con el estado de “miedo” y “ansiedad” que atravesó durante su etapa en ADM.

Tras las dos testigos propuestas por la víctima, ha declarado el propio Fuentes, quien llegó a los juzgados de violencia contra la mujer cuatro horas antes de la hora a la que estaba citado a declarar (12.15) en calidad de imputado por agresión sexual y acoso sexual. El abogado de la denunciante había solicitado al juez que citase a las testigos y al acusado en días distintos, para evitar que se cruzasen en el juzgado, pero el magistrado rechazó la petición. Como Gustavo Fuentes se adelantó tanto a la hora de su citación, ya se encontraba en la sala de espera, contigua al juzgado número 5, cuando las testigos llegaron por separado para declarar antes que él.

Después de responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, Fuentes abandonó el edificio poco antes de las 14:00. Lo hizo en coche directamente desde el garaje, evitando así enfrentarse a los medios que aguardaban en la puerta principal y a los miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del sindicato SPA y del comité intercentros de Canal Sur, que se concentraron frente al juzgado para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima y animar a denunciar situaciones de acoso sexual y laboral como la que hoy pesa sobre el exdirector general de ADM.

Interrogatorio acotado a los hechos investigados

La expectación mediática que ha generado esta citación judicial se debe a que el productor acusado de delitos sexuales no era un ejecutivo al uso, y tampoco la compañía que dirigía. ADM es una empresa semipública, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía (al 48%), asociada a la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y principal proveedora de contenidos de Canal Sur, cuyo buque insignia es uno de sus programas en antena desde hace 26 años (Andalucía Directo).

Según fuentes presentes en la sala, durante las declaraciones de las testigos se ha escuchado reiteradamente la palabra “improcedente” por parte del juez Francisco José de Córdoba, que, siendo garantista, trató de acotar el interrogatorio para ceñirse a los hechos concretos que se investigan. El magistrado interrumpió así en varias ocasiones, tanto las preguntas de la acusación como las repuestas de las testigos, cuando entendía que se alejaban del objeto de la causa para adentrarse en el contexto laboral o en la “posición de poder” del acusado.

Cabe recordar que el magistrado dejó fuera del procedimiento el delito de acoso laboral que también denunciaba la reportera, al considerar que excedía de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

Tres agresiones denunciadas

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

El juez ha sido muy específico en sus interrogantes y ha preguntado a las testigos por fechas exactas. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa también ha llevado un documento extenso con páginas de WhatsApp impresas.

“Basta de acoso en los medios”

Mientras Gustavo Fuentes declaraba ante el juez, decenas de profesionales del sector audiovisual se concentraron a las puertas de los juzgados, al grito de “No al acoso, sexual o laboral” y “Basta de acoso en los medios”. Con estos lemas trasladaron su respaldo y “solidaridad” a la reportera que denunció al exCEO de ADM, poniendo fin a años de silencio y “sometimiento”.

En el manifiesto leído durante la concentración, el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión ha advertido de que “no podemos permanecer impasibles ante situaciones de abuso y agresión como las descritas por la compañera denunciante, menos aún cuando quien las sufre trabaja en una empresa con participación pública cuyo principal cliente es Canal Sur”, como apunta el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza.

Los convocantes han vinculado ese silencio al temor a las represalias en un sector tan atomizado como el audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”. Ese “miedo a no volver a trabajar en una empresa audiovisual en Andalucía” hace que muchas personas permanezcan “calladas” ante situaciones de acoso sexual o laboral, han señalado durante la lectura del manifiesto.

Precisamente por ello, la concentración —respaldada también por las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)— ha querido lanzar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares para que no se sientan solas y se animen a denunciar. “No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo”, sostiene el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha reclamado “erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural”, como “caldo de cultivo que alimenta los abusos”.

La protesta ha contado con el respaldo de formaciones políticas con representación parlamentaria como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde Adelante avanzan que van a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de estrecha confianza de Fuentes, así como que se aborde la cuestión de la denuncia directamente en la comisión de RTVA. La portavoz de Igualdad de Adelante, Leticia Blanco, considera “horrible” que no exista plan de igualdad en cualquier subcontrata, “pero que no lo haya en una empresa con participación pública es inaceptable”, añade en declaraciones a elDiario.es

La violencia laboral es un fenómeno habitual que afirman haber sufrido un 16,7% de los trabajadores y presenciado un 14% más, hasta un total de un 30,7% que la han vivido directa o indirectamente. Un informe publicado este martes por la Fundación Primero de Mayo, vinculada a Comisiones Obreras, advierte que el porcentaje de víctimas casi se duplica entre los menores de 24 años.

En la franja de los 18 a los 24 años, el 26,7% de los encuestados dicen haber sufrido violencia laboral, un porcentaje que baja casi a la mitad entre la franja inmediatamente posterior, la de los que tienen de 25 a 34 años, mientras que un 16,5% de la población entre 35 y 44 años y un 17,7% de los 45 a los 54 años dicen haberla sufrido. Por último, un 15,1% de los mayores de 55 señalan haberla vivido directamente.

El abogado Eduardo Fernández, del gabinete jurídico de Comisiones Obreras, señala que los jóvenes “tienen menor experiencia ante estos casos”, mientras que el abogado de la cooperativa Era Eloi Orihuela alerta además de que “son más víctimas de la precariedad”, lo cual puede propiciar esta hostilidad.

El estudio apunta además que un 40% de las víctimas o testigos no lo han reportado ni en la empresa ni fuera de ella. Los expertos coinciden en que aunque la violencia laboral tiene unos protocolos que la hacen objetivable, “se tiende a pensar que depende de la subjetividad”, apunta Fernández.

“No hay una definición muy precisa sobre lo que es la violencia laboral”, reconoce Fernández, que apunta a la ley 15-2022 que versa sobre la discriminación y el acoso. “Esta ley debería ser revisada porque en 2023 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) introduce el concepto de violencia laboral como algo mucho más amplio hacia cualquier práctica que considere inaceptable y que no es necesario que sea contínua en el tiempo o que tenga intencionalidad de discriminación”, apunta.

La ley trata de garantizar la igualdad a los ciudadanos en diferentes momentos, también en el laboral, y protegerlos contra la discriminación.“La continuidad en el tiempo o la intencionalidad pueden hacer que la violencia sea más grave, pero no es indispensable. Incluso la amenaza de acoso puede ser constitutiva de violencia”, aclara Fernández.

El abogado Orihuela apunta a que existen a veces “violencias estructurales en trabajos con pocos márgenes que presionan mucho al trabajador” y apunta a sectores como el transporte o los teleoperadores como algunos con casos frecuentes.

“El entorno laboral se ha vuelto más hostil. Acabo de tener una llamada con una clienta que me explicaba que le habían prometido una serie de aumentos y responsabilidades y al final, al revés, le han ido quitando responsabilidades mientras van diciendo a la plantilla que son todos unos inútiles”, relata Orihuela.

El estudio de la Fundación Primero de Mayo también segmenta por sectores: con un 39%, el sanitario y de atención social es el más afectado, por encima del comercio minorista y hotelería con un 38% y de la educación con un 36%. Algo detrás están la administración y atención al público y transporte, que concentran un 31,5% de denuncias, y el sector industrial, con un 29,5% de casos. El resto de sectores suman el 25,8% restante de los casos.

“En ocasiones, la violencia laboral o el acoso se practican con la finalidad concreta de que el trabajador se vaya y ahorrarse un despido” señala Orihuela, que cree que “a veces cuesta detectar la intencionalidad” del acoso o de la violencia. “A veces el humor puede esconder un tipo de violencia y no se suele tener en cuenta cómo recibe el trabajador cada comentario o acción”, desarrolla.

Otra forma de esconder la violencia, apunta, es “con objetivos imposibles de realizar” que pueden costarle muy caro a la salud laboral del empleado. “Existe una falta de formación en liderazgo o una mala forma de comunicarse que en ocasiones es tan dañino como algo intencional”, añade Orihuela, que recuerda que él trabaja con casos particulares y que los colectivos “suelen ir más por la vía sindical y es lo correcto”.

Violencia en pymes y grandes empresas

Con todo y con eso, el 40% de las víctimas y testigos no han reportado en sus empresas que han sufrido o presenciado esta violencia. Según Fernández, de CC.OO, “en las empresas más pequeñas puede ser más difícil de denunciar”, porque el perpetrador de la violencia puede ser el propio dueño de la empresa y porque hay menos canales como por ejemplo comités de empresa.

El estudio, sin embargo, señala que hay más exposición a la violencia laboral en empresas mayores: un 35,9% de los trabajadores la ha sufrido o visto allí, por un 31,3% en las medianas y un 25,6% en las pequeñas.

En las empresas de mayor tamaño, “la dirección puede no saber o no querer enterarse de la violencia laboral” y en ese caso “son responsables ante los tribunales por no haber corregido” estas situaciones. “El acoso es una actitud más continuada en el tiempo y la violencia incluye insultos, comentarios despectivos que no tienen por qué repetirse”, aclara Fernández.

Sea individual o colectiva, la violencia laboral siempre se estudia “de manera individual, aunque canalizada”. “El titular de los derechos que se violentan es la persona trabajadora y se tiene que defender”, observa Fernández. “Siempre tiene que haber puesto en conocimiento a la empresa que existe esta situación y, para ello, la representación sindical es fundamental”, aporta.

El informe apunta a que las mujeres sufren más violencia laboral que los hombres, un 18,3% frente a un 14,8% los hombres. Y entre las violencias sufridas por las mujeres, el 38,8% acredita haber sufrido violencia sexual, lo cual representa un 7% sobre el total de asalariadas. Si atendemos a los micromachismos, la cifra se dispara a un 78,1% de las trabajadoras que lo ha detectado.

El 63,4% de las personas que denuncian haber sido víctimas de violencia laboral perciben efectos graves en su salud mental, mientras que el 94,6% perciben su continuidad en el puesto vinculada a esta situación.

En cuanto al tipo de violencia sufrida, la más común son amenazas, humillaciones, insultos, abusos verbales, gritos o descalificaciones, en un 80,9%. En un 79,6% de los casos había miradas intimidantes o lenguaje corporal hostil. La exclusión u omisión en las comunicaciones alcanza al 78% de las víctimas de violencia laboral. Las agresiones físicas llegaron a ocurrir en un 23,9% de los casos.

La jueza del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha imputado al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, del PP, denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral. Según ha adelantado El País, Bautista tendrá que comparecer ante el juzgado el próximo 9 de octubre, día en el que también tendrán que declarar cinco testigos.

La imputación llega días después de que la jueza rechazara archivar la causa tal y como pedía el regidor del PP. La magistrada entiende que las acusaciones que pesan sobre él son “claramente constitutivos de ilícito penal” a falta de una investigación completa. Además la exconcejala acudió recientemente al juzgado que estudia el caso para ratificar su querella contra Bautista.

La antigua edil del PP en la localidad madrileña de Móstoles abandonó la formación y su puesto en el consistorio en octubre de 2024. Según denunció en los juzgados un año después, fue sometida a acoso laboral por parte del alcalde después de rechazar mantener una relación íntima con él, un acoso sexual que según su relato se convirtió en acoso laboral hasta su salida de la corporación y del partido.

En esos meses también intentó hacer llegar la situación hasta Isabel Díaz Ayuso pero se encontró con que sus colaboradores, tal y como demuestran distintas grabaciones, contestaron con acusaciones de haber filtrado información del caso al PSOE.

Un juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles aceptó investigar el caso y su primera diligencia fue llamar a declarar a la exconcejala y solicitar que ratificara su querella, algo que hizo durante unas tres horas. En paralelo, la defensa de Manuel Bautista presentó un recurso contra la admisión a trámite y la apertura de diligencias penales contra él, algo que se encontró el pasado 1 de julio con la decisión del juzgado de seguir adelante con el caso para “determinar las responsabilidades y perjuicios ocasionados”.

Tras conocer que se mantenía la investigación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió mantener su apoyo cerrado a Bautista. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, dijo, ese mismo 1 de julio.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la jueza que confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra él por una exedil del PP por un presunto caso de acoso sexual y laboral al considerar que la resolución carece de la motivación suficiente y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa solicita la nulidad del auto que desestimó el recurso de reforma y pide que se deje sin efecto la admisión de la querella al entender que la resolución no concreta qué hechos pueden atribuirse al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento.

El abogado sostiene que el juzgado se limita a realizar afirmaciones genéricas sobre la posible relevancia penal de los hechos denunciados, sin explicar de qué manera concurren los elementos de los delitos investigados ni el razonamiento jurídico que conduce a mantener abierta la investigación. A su juicio, esto provoca una situación de indefensión y supone una vulneración de los artículos 24 y 120 de la Constitución, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El recurso también cuestiona que el juzgado apreciara la existencia de indicios suficientes para continuar con la instrucción. La defensa afirma que no se especifican los hechos concretos que se imputan a Bautista ni las diligencias practicadas que permitan sostener la existencia de un ilícito penal.

Asimismo, uno de los principales argumentos de la apelación se centra en la validez de la querella. La defensa mantiene que esta fue presentada sin el poder especial exigido por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sostiene que dicho defecto era insubsanable, por lo que el juzgado nunca debió admitirla a trámite.

Según expone, el poder fue otorgado casi dos meses después de la presentación de la querella, cuando el procedimiento ya se había iniciado. En este sentido, el escrito defiende que permitir la aportación posterior del poder especial supone alterar los requisitos legales para el ejercicio de la acción penal, ya que la voluntad expresa del querellante debía constar antes o, como mínimo, de forma simultánea a la presentación de la querella.

También argumenta que la apertura del procedimiento penal produce consecuencias procesales y reputacionales que exigen un especial rigor en el control de los requisitos legales.

Por todo ello, la defensa solicita a la Audiencia Provincial que estime el recurso, declare la nulidad del auto recurrido y acuerde el archivo del procedimiento al considerar que la querella no reunía los requisitos exigidos legalmente y que la resolución judicial impugnada carece de la motivación necesaria para sostener la continuación de la causa.