La jueza del juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Móstoles ha imputado al alcalde de la localidad, Manuel Bautista, del PP, denunciado por una exconcejala por acoso sexual y laboral. Según ha adelantado El País, Bautista tendrá que comparecer ante el juzgado el próximo 9 de octubre, día en el que también tendrán que declarar cinco testigos.

La imputación llega días después de que la jueza rechazara archivar la causa tal y como pedía el regidor del PP. La magistrada entiende que las acusaciones que pesan sobre él son “claramente constitutivos de ilícito penal” a falta de una investigación completa. Además la exconcejala acudió recientemente al juzgado que estudia el caso para ratificar su querella contra Bautista.

La antigua edil del PP en la localidad madrileña de Móstoles abandonó la formación y su puesto en el consistorio en octubre de 2024. Según denunció en los juzgados un año después, fue sometida a acoso laboral por parte del alcalde después de rechazar mantener una relación íntima con él, un acoso sexual que según su relato se convirtió en acoso laboral hasta su salida de la corporación y del partido.

En esos meses también intentó hacer llegar la situación hasta Isabel Díaz Ayuso pero se encontró con que sus colaboradores, tal y como demuestran distintas grabaciones, contestaron con acusaciones de haber filtrado información del caso al PSOE.

Un juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles aceptó investigar el caso y su primera diligencia fue llamar a declarar a la exconcejala y solicitar que ratificara su querella, algo que hizo durante unas tres horas. En paralelo, la defensa de Manuel Bautista presentó un recurso contra la admisión a trámite y la apertura de diligencias penales contra él, algo que se encontró el pasado 1 de julio con la decisión del juzgado de seguir adelante con el caso para “determinar las responsabilidades y perjuicios ocasionados”.

Tras conocer que se mantenía la investigación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, decidió mantener su apoyo cerrado a Bautista. “Sí. Está siendo ahora mismo acusado por algo que nadie ha demostrado diferente. Nadie ha demostrado nada que no sea una disputa laboral, que es lo que siempre fue. Por tanto, ¿cómo no voy a defender su trabajo y compromiso por Móstoles?”, dijo, ese mismo 1 de julio.

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión de la jueza que confirmó la admisión a trámite de la querella presentada contra él por una exedil del PP por un presunto caso de acoso sexual y laboral al considerar que la resolución carece de la motivación suficiente y vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva.

En el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la defensa solicita la nulidad del auto que desestimó el recurso de reforma y pide que se deje sin efecto la admisión de la querella al entender que la resolución no concreta qué hechos pueden atribuirse al regidor ni cuáles son los indicios que justificarían la continuación del procedimiento.

El abogado sostiene que el juzgado se limita a realizar afirmaciones genéricas sobre la posible relevancia penal de los hechos denunciados, sin explicar de qué manera concurren los elementos de los delitos investigados ni el razonamiento jurídico que conduce a mantener abierta la investigación. A su juicio, esto provoca una situación de indefensión y supone una vulneración de los artículos 24 y 120 de la Constitución, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El recurso también cuestiona que el juzgado apreciara la existencia de indicios suficientes para continuar con la instrucción. La defensa afirma que no se especifican los hechos concretos que se imputan a Bautista ni las diligencias practicadas que permitan sostener la existencia de un ilícito penal.

Asimismo, uno de los principales argumentos de la apelación se centra en la validez de la querella. La defensa mantiene que esta fue presentada sin el poder especial exigido por el artículo 277 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sostiene que dicho defecto era insubsanable, por lo que el juzgado nunca debió admitirla a trámite.

Según expone, el poder fue otorgado casi dos meses después de la presentación de la querella, cuando el procedimiento ya se había iniciado. En este sentido, el escrito defiende que permitir la aportación posterior del poder especial supone alterar los requisitos legales para el ejercicio de la acción penal, ya que la voluntad expresa del querellante debía constar antes o, como mínimo, de forma simultánea a la presentación de la querella.

También argumenta que la apertura del procedimiento penal produce consecuencias procesales y reputacionales que exigen un especial rigor en el control de los requisitos legales.

Por todo ello, la defensa solicita a la Audiencia Provincial que estime el recurso, declare la nulidad del auto recurrido y acuerde el archivo del procedimiento al considerar que la querella no reunía los requisitos exigidos legalmente y que la resolución judicial impugnada carece de la motivación necesaria para sostener la continuación de la causa.

Las acusaciones de acoso laboral contra la ya excoordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, serán investigadas por la Inspección de Trabajo. Una de las seis personas pertenecientes al partido que denunciaron a Hernández ante los órganos internos de la formación —y que, hace unos días, decidieron retirar esos expedientes— registró el pasado junio una denuncia ante este organismo autónomo, adscrito al Ministerio que lidera Yolanda Díaz, para que inicie pesquisas en relación a este supuesto maltrato laboral, que Hernández niega que se haya producido.

Fuentes conocedoras del contenido de estas denuncias aseguran que Inspección de Trabajo ha iniciado ya la investigación sobre los supuestos episodios de acoso laboral. Según obra en la documentación a la que ha accedido elDiario.es, técnicamente el denunciado es el grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, en el que se integra Movimiento Sumar, el partido que coordinaba Hernández hasta que dimitiera el miércoles pasado, después de que se sobreseyeran los expedientes internos contra ella. Fuentes de la Inspección, no obstante, explican que este es el procedimiento habitual, puesto que las competencias del organismo se circunscriben a exigir responsabilidades a los empleadores en el caso de que las acusaciones se demuestren ciertas, y no al causante de la infracción.

Contactada por este periódico para valorar la existencia de esta denuncia, Hernández asegura tener “la conciencia muy tranquila” y afirma que no tiene “miedo” porque la Inspección de Trabajo es “el lugar correcto” para poder defenderse. Además, la excoordinadora de Movimiento Sumar sostiene que “la filtración de este expediente una señal más de que estamos ante una operación política que no se ha detenido” con su dimisión.

Asimismo, Hernández explica que no ha recibido ninguna notificación del organismo informándole de la apertura de este procedimiento, y confirma que tampoco se ha puesto en contacto con ella para requerir su versión de los hechos. Fuentes de la Inspección, de nuevo, aclaran que esto no es inusual: el ente tiene deber de mantener el secreto de sus actuaciones para proteger al denunciante, y no tiene obligación de notificar sus pesquisas ni a la empresa —en este caso, al grupo parlamentario de Sumar, liderado por la portavoz Verónica Martínez— ni a quienes se acuse en las denuncias.

Las fuentes del grupo de trabajadores a los que Hernández supuestamente acosó laboralmente rechazan ofrecer detalles sobre los hechos denunciados. Los únicos pormenores sobre el presunto maltrato que habría ejercido la excoordinadora durante su etapa al frente de Movimiento Sumar los dio la ex secretaria de Organización del partido, Laura Moreno, en la carta en la que anunció su dimisión hace unas semanas. En dicha misiva, la exdirigente acusaba a Hernández de haberla “apartado progresivamente” de sus responsabilidades y de haberla dejado “aislada de las estructuras de Movimiento Sumar”, informaba de la existencia del procedimiento interno contra la entonces coordinadora por “comportamientos preocupantes hacia algunos trabajadores” y aseguraba haber “sufrido un deterioro” en su “salud mental” que había conllevado “ansiedad crónica, medicación y tratamiento”.

Durante su comparecencia del miércoles pasado, en la que anunció su dimisión como coordinadora de Movimiento Sumar y el cese de su militancia en el partido fundado por Yolanda Díaz, Hernández se proclamó “inocente”, aseguró que “jamás” ha “acosado a nadie” y afirmó haber sido víctima de una “campaña de desprestigio”. “Todos los bulos, injurias y calumnias contra mí se han demostrado falsas”, sostuvo la dirigente.

Esa afirmación, no obstante, no es precisa: como las seis personas del partido que la habían denunciado ante la comisión antiacoso de la organización decidieron retirar sus acusaciones, dicho órgano no entró a valorar el fondo de las mismas y se limitó a archivar el caso al no haber ya lugar a seguir investigándolo.

Fuentes de la Inspección de Trabajo explican que, de manera ordinaria, el organismo tiene un plazo de nueve meses para realizar sus actuaciones. Como la denuncia se presentó a principios del mes de junio, la investigación puede dilatarse hasta marzo del año que viene.

Por tanto, Movimiento Sumar celebrará el próximo sábado su asamblea extraordinaria con un proceso contra su exlíder aún abierto. La portavoz parlamentaria Verónica Martínez y la secretaria de Estado Rosa Martínez serán elegidas nuevas co-coordinadoras del partido en dicha cita, que la nueva dirección quiere que suponga el cierre de la guerra interna desatada hace meses y que se dio a conocer a la opinión pública tras la sonora dimisión de Laura Moreno como secretaria de Organización.

La exconcejala del PP que denunció al alcalde de Móstoles por acoso sexual y laboral ha ratificado este lunes ante la jueza sus acusaciones. Según fuentes del caso, la mujer ha comparecido durante unas tres horas en el juzgado de la localidad que investiga a Manuel Bautista. Ha respondido a las preguntas que le han formulado la magistrada, el fiscal y el abogado de la defensa del alcalde.

Ante la jueza, la exedil ha repetido las acusaciones contra el regidor que figuran en la querella que presentó el pasado febrero, en la que le atribuyó delitos de acoso sexual, acoso laboral, delito contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos. 

La exconcejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

La productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), una empresa semipública, copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y asociada a la RTVA, maniobró para sortear la Ley de Igualdad un mes antes de que su CEO, Gustavo Fuentes, fuera denunciado por agresión sexual y acoso a una reportera.

Fuentes está imputado por delitos sexuales por un juez de Violencia de Género desde el 25 de marzo y fue cesado de todos sus cargos cuando elDiario.es lo hizo público, el pasado 9 de junio. Pero la Junta de Andalucía no ha aclarado aún desde cuándo lo sabía y por qué, como accionista mayoritaria de la principal productora de Canal Sur, no pidió su destitución antes.

El consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha pasado de presentarse junto a Gustavo Fuentes en todos los eventos públicos de la productora -y de asistir a sus fiestas privadas- a eludir cualquier tipo de explicación. Y el consejero de Industria, Jorge Paradela, responsable de la empresa pública Sandetel (accionista mayoritario de ADM), ha puesto el acento en que la denuncia penal de la reportera “no estuvo anticipada por ningún procedimiento previo, a través de los canales de comunicación interna de ADM”.

Lo cierto es que la empresa no tenía actualizados ni aprobados esos procedimientos internos contra el acoso sexual un mes antes de que la reportera acudiese a denunciar a su jefe en los tribunales, según consta en el II Plan de Igualdad de la productora, al que ha tenido acceso este periódico.

En el último trimestre de 2025, a ADM le “urgía” renovar su Plan de Igualdad para cumplir con la ley, que obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a dotarse de un protocolo contra el acoso sexual y registrarlo en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo.

Para que ese documento tenga validez, debe estar pactado y participado por una “Comisión Negociadora” paritaria, formada por una persona que represente a la compañía y otra a los trabajadores. Pero la principal productora de Canal Sur Televisión, una empresa semipública propiedad al 47,8% del Gobierno andaluz y con 258 empleados en plantilla, no tenía ni comité de empresa ni secciones sindicales.

Tiene dos delegados de personal, uno adscrito a la sede central, en Sevilla, pero llevaba casi cinco años de excedencia y actualmente trabaja con un contrato de técnico especialista para la Universidad de Cádiz (Francisco de Asís Miguélez Martínez, que se presentó por UGT). Y otro en la sede de Málaga, que figura como “independiente”, pero también es director técnico de la empresa (David Pérez), y la plantilla le identifica como “un hombre de la dirección”.

El primero fue elegido en las últimas elecciones sindicales que se celebraron en las oficinas centrales de ADM hace 11 años, y el segundo en 2017, en un proceso interno del que la mitad de la plantilla “no se enteró ni acudió a votar”, explican trabajadores de la sede de Málaga.

La productora ADM, una de las grandes del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación, necesitaba validar ante la autoridad laboral su Plan de Igualdad para conservar sus contratos públicos con Canal Sur, que le factura más de cinco millones de euros al año, según fuentes del sector.

El 28 de octubre de 2025, el CEO de la compañía, Gustavo Fuentes, firmó “un compromiso expreso” de la productora para “impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad “junto a la Comisión Negociadora, que cuenta con la representación legal de los trabajadores”, según consta en una carta, a la que ha tenido acceso este periódico.

Sin embargo, en ese momento ADM aún no tenía la firma del delegado sindical y es entonces cuando la dirección de la empresa decide llamar a Miguélez, que llevaba fuera casi cinco años, para que firme el II Plan de Igualdad de ADM como representante de los trabajadores, “a sabiendas de que su firma podía no tener validez”, explican a este periódico dos ejecutivos que piden anonimato.

El nombre de Miguélez aparece en el documento como miembro de la Comisión Negociadora del Plan y consta que participó en el diagnóstico previo de la compañía [que está fechado entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024; con el análisis de muestras entre octubre y noviembre de 2025] y en la elaboración de las propuestas de mejora, aunque en ese periodo trabajaba ya para la Universidad de Cádiz.

elDiario.es Andalucía ha tenido acceso a la grabación de una conversación telefónica, fechada el 15 de diciembre de 2025 [tres días antes de que ADM registrase su II Plan de Igualdad ante el Ministerio de Trabajo], entre el antiguo delegado sindical y un extrabajador de la empresa, al que le confiesa su estupor por lo que acaba de pedirle un directivo de la compañía.

De entrada, Miguélez no sabe si le están pidiendo que firme el Plan de Igualdad anterior, para darle carta de naturaleza a un procedimiento legal en el que él no había participado, y su interlocutor le advierte de que tenga cuidado de no firmar “un papel sin fecha”. “He estado hablando con mi abogado de que te ha llamado José Ramón [García-Japón] para que firmes los papeles esos del comité de Igualdad... me ha dicho que tengas cuidado a la hora de firmar, porque lo mismo te da un papel sin fecha”.

“Ten cuidado al firmar. Lo mismo te dan un papel sin fecha”

La conversación grabada con Miguélez la realiza un antiguo cámara de ADM, David Lobo, que actualmente está en litigio judicial con la empresa, tras ser despedido por la denuncia interna de cuatro compañeras por “acoso laboral”. La productora le despidió en 2024 echando mano precisamente del anterior Protocolo Antiacoso, usando el testimonio de esas cuatro trabajadoras -más un quinto informe de un superior- que acusaban a Lobo de incumplir sus obligaciones laborales y de trato y comentarios “vejatorios y humillantes” a sus compañeras.

El cámara denunció a la empresa por “vulnerar sus derechos de representación sindical”, convencido de que le habían echado a la calle por intentar montar un sindicato en 2023 junto a otros seis compañeros. Este conflicto es el que se cruza con las maniobras de la productora, a finales de 2025, para sortear sus obligaciones con la Ley de Igualdad.

Lobo le había pedido a Miguélez que testificase a su favor en el juicio por despido y éste había accedido. La citación judicial del antiguo delegado sindical (aunque terminaría aplazándose) estaba prevista para noviembre de 2025, justo cuando la dirección de la empresa volvió a contactar con él para que firmase el II Plan de Igualdad.

Lobo sospechó que ADM buscaba llegar a algún tipo de acuerdo con Miguelez para perjudicarle y, muy escamado, decidió llamarle y grabar la conversación.

“Yo esa copia no la voy a firmar, que me manden el original”

La llamada que recibe Miguélez de la dirección de ADM proviene de José Ramón García-Japón (Joserra), subdirector general de la empresa y número dos de Gustavo Fuentes, según explica en la conversación telefónica. En la grabación cuenta que una reportera de ADM de Málaga, Cristina Guil, es quien le había enviado una copia del II Plan de Igualdad dos días antes, el 13 de diciembre. Preguntada por esto, la reportera lo niega y asegura que “no conoce de nada” a Miguélez. “No le pongo ni cara”, dice.

García-Japón sí ha confirmado a este periódico que fue él quien contactó con el antiguo delegado sindical y que, en efecto, era consciente de que se trataba de “una persona en excedencia, que tiene un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo”, pero que “sigue cubriendo la representación de los trabajadores”, aclara. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, explica.

Con todo, García-Japón advierte de que él se limitó a contactar con Miguélez para que firmase el II Plan de Igualdad, pero subraya que él “no es legalista”, que es “al que le toca gestionar los marrones”, y emplaza a hablar con “algún representante jurídico de la empresa”. elDiario.es ha preguntado a ADM si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

Las fuentes jurídicas consultadas por este periódico coinciden en que “una persona sin relación laboral con la empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato haya designado expresamente a esa persona (que no es el caso). “Esta situación es claramente irregular”, coinciden desde CCOO y UGT.

Los sindicatos con representación en la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), asociada a la productora ADM y su principal comprador institucional, han exigido este jueves explicaciones al director general, Juan de Dios Mellado, tras la publicación de elDiario.es.

Desde la dirección de la productora sostienen que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”.

El Ministerio de Trabajo alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte para los planes de igualdad, pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no. La Consejería de Empleo no ha respondido aún si esta situación es irregular ni si ha abierto una investigación al respeto ni cuándo fue la última inspección de trabajo en la productora.

“Dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor”

Cuando recibe la llamada del subdirector de ADM, Miguélez llevaba años desvinculado de la productora y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA), y expresa sus “dudas” de que su firma, “estando en excedencia, tenga algún valor”. “El Plan de Igualdad caduca cada cuatro años, tienen que renovarlo y como no hay elecciones [sindicales] están cogidos por los huevos. No quieren convocarlas ellos y como ningún compañero se moja, habrán dicho: pues que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma estando en excedencia tenga algún valor. Además, ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?...”, le cuenta a su excompañero.

El Ministerio de Trabajo tiene constancia del II Plan de Igualdad de ADM desde el 18 de diciembre de 2025, tres días después de la conversación telefónica entre Miguélez y Lobo. El documento incluye un “diagnóstico de situación” del ambiente laboral en ADM que se realizó entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024, aunque los datos recabados en ese periodo se analizaron entre octubre y noviembre de 2025.

Según el documento registrado ante el Ministerio, Miguélez formó parte de la Comisión Negociadora, participó en la elaboración de ese diagnóstico y en el el desarrollo posterior de las medidas propuestas para mejorar, aunque durante esas fases de análisis y elaboración del Plan él estaba trabajando para la Universidad de Cádiz.

Tres días antes, al teléfono con Lobo, se había mostrado convencido de que la firma que le estaba pidiendo el subdirector general de ADM no se ajusta a la ley, y admite que el Plan de Igualdad anterior de la empresa tampoco recogía “ni mi firma ni el cargo ni yo estuve en ninguna reunión”.

Así, entiende que la empresa no puede esgrimir el Plan de Igualdad ni el Protocolo Antiacoso para despedir a alguien, como hizo en el caso de Lobo, porque el documento no fue negociado ni firmado por él como representante único de los trabajadores. La misma situación, dice, se repite ahora con ese II Plan de Igualdad que le están pidiendo firmar estando en excedencia. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”.

“El juez me va a preguntar: ¿Estabas ahí? Y yo diré: no. Estoy en la UCA”

Según el II Plan de Igualdad de ADM, al que ha tenido acceso este periódico, los responsables de la Comisión Negociadora eran dos: por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (persona muy próxima a Gustavo Fuentes y CEO “provisional” de la empresa), y Miguélez como “representación legal de los trabajadores”.

Junto a ellos intervino en la elaboración del Plan una “consultora especializada en igualdad”, de la empresa BoxTalent, que ejerció de “asesoramiento externo”, Andrea Laura Martínez Díaz. Su nombre aparece en el documento, pero Martínez Díaz no recuerda haber hablado nunca con el representante de los trabajadores ni conserva contacto alguno con Miguélez en su teléfono móvil. “Yo trabajé con Elena [Anguita], que era de Recursos Humanos, pero de esa otra persona no me acuerdo”.

Antes de cortar la llamada, David Lobo quiere cerciorarse de que la persona que pidió a Miguélez firmar el II Plan de Igualdad fue García-Japón, y éste se reafirma. “Sí, sí. Me llamó José Ramón, muy breve, me explicó esto y me dijo: te va a llamar Óscar [González-Barba], el Óscar este no me ha llamado, y la que me ha mandado los papeles es Cristina Guil”.

“Me llamó José Ramón y me dijo: te va a llamar Óscar”

La validez legal de un Plan de Igualdad depende de que haya sido fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, según establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

El incumplimiento del Real Decreto expone a las empresas a sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, a la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y a la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admiten fuentes próximas al Consejo de Administración.

La Dirección General de Seguridad del Gobierno de Canarias aprobó el pasado 5 de mayo un protocolo de actuación contra el acoso en el entorno laboral de la Policía Autonómica. Poco más de un mes después, ha anulado esta resolución al constatar ''la necesidad de someter dicho protocolo a negociación colectiva previa'' y ''asegurar su máxima eficacia y adecuación'' a las circunstancias específicas y excepcionales del personal del Cuerpo General de la Policía Canaria. ''Lo más llamativo no es la rectificación [...] Lo verdaderamente preocupante es que nadie advirtiera antes un requisito jurídico tan elemental'', ha lamentado en un comunicado el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca).

La propia resolución, firmada el 19 de junio por el director general de Seguridad, David del Pino Franquet, hace referencia a la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece que serán objeto de negociación las materias en las que así se establezca en la normativa de prevención de riesgos laborales. También cita la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, que reconoce en su artículo 34,1 el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la participación y representación en las cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos en su trabajo.

Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres prevé que para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las administraciones públicas negociarán un protocolo de actuación con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores.

Una ''chapuza anunciada''

En esta línea, el Sepca considera ''difícil'' de comprender cómo una Dirección General con servicios jurídicos, mandos, asesores y responsables administrativos ''pudo tramitar, firmar y publicar un protocolo de esta relevancia sin percatarse de una exigencia legal tan evidente'' y tildan los hechos de ''chapuza anunciada''.

''La consecuencia es tan ridícula como preocupante'', continúan en un comunicado. Desde el sindicato afirman que durante semanas se anunció la existencia de un protocolo contra el acoso laboral y se difundió como ''una herramienta de protección para los miembros del Cuerpo General de la Policía Canaria''. ''Y ahora la propia Administración reconoce que no podía haber sido aprobado de esa manera'', critican.

El Sepca también cuestiona que la Dirección General de Seguridad cree un protocolo específico para la Policía Canaria cuando el Gobierno autonómico ya dispone de un protocolo general frente al acoso laboral. ''No estamos ante un vacío normativo. No falta regulación. No faltan procedimientos. No faltan garantías. Existe ya un protocolo único, consolidado y garantista, diseñado precisamente para asegurar la objetividad, la imparcialidad y la protección de las personas denunciantes frente a posibles presiones jerárquicas o corporativas'', subrayan.

El sindicato de empleados públicos del Archipiélago insiste en que, desde una perspectiva sindical, la preocupación ''es evidente'', y advierten de que un protocolo específico para la Policía Canaria supondría que los ''numerosos casos de acoso laboral que actualmente se tramitan a través de los mecanismos generales de la Administración'', pasarían a gestionarse dentro del propio ámbito de la Dirección General.

''Dicho de forma más clara: donde hoy existe una supervisión externa e independiente respecto de la cadena de mando policial, se pretendía sustituirla por un sistema controlado desde la propia organización afectada por las denuncias'', matizan. ''La experiencia demuestra que denunciar situaciones de acoso dentro de organizaciones fuertemente jerarquizadas ya supone un enorme coste personal y profesional para las víctimas. Pretender además que la investigación quede bajo el paraguas de la misma estructura donde se producen los hechos no contribuye precisamente a generar confianza'', continúan.

Una investigación interna por acoso laboral sacudió en abril de 2025 el pequeño centro de estudios Instituto Autor, fundado por la SGAE en 2005 para promover la investigación de los derechos de propiedad intelectual. Tras algo más de dos décadas de andadura como asociación sin ánimo de lucro, la gestora disuelve el Instituto Autor e integra sus funciones dentro de la Sociedad.

Además de activarse este protocolo interno, la empleada afectada interpuso una demanda laboral sobre tutela de derechos fundamentales y reclamación de daños y perjuicios ante los Juzgados de lo Social de Madrid. En octubre, fue desestimada ya que el tribunal no encontró, en la documentación aportada, “especial ánimo de hostigamiento o desprecio hacia la trabajadora”. Apreció que había “control y puntillosidad, pero no el cerco hostil, humillante y finalista que tipifica el mobbing”.

La exempleada recurrió esta sentencia y a principios de este mes el TSJM revocó la sentencia anterior, acordando estimar en parte la demanda y condenando tanto al Instituto Autor como a su expresidenta M. C. a “cesar en las conductas constitutivas de tal vulneración del derecho fundamental a la dignidad personal y a su integridad” y también a indemnizar, de manera solidaria, a la demandante con 10.000 euros “por los daños morales derivados de tal vulneración”.

También habían sido demandados la propia SGAE, así como la Fundación SGAE, dos entidades que han quedado absueltas.

“SGAE respeta las decisiones judiciales”, explican fuentes de esta sociedad de gestión colectiva de derechos. “La entidad no ha sido condenada, por lo que no tiene previsto recurrir la sentencia”. Tampoco lo hará el Instituto Autor al estar en “proceso de disolución” ni la SGAE como entidad que asume sus funciones.

M.C., expresidenta del Instituto Autor, explica a elDiario.es que ella sí recurrirá el fallo. M.C., abogada de profesión, señala que encuentra la resolución “completa y absolutamente inesperada” porque “se separa diametralmente de la jurisprudencia sobre acoso laboral, ampliando enorme e injustificadamente la definición de lo que se deba entender por acoso laboral e invirtiendo la carga de la prueba en perjuicio del demandado”.

Para M.C., esta sentencia contradice otras tanto del Tribunal Supremo como de otros Tribunales Superiores de Justicia al respecto de entender cuándo hay una conducta abusiva que pueda denominarse “acoso moral laboral”. Por ello, esta sentencia le parece “arbitraria por inmotivada”.

Nueva etapa del Instituto Autor

La última actividad pública relevante del Instituto Autor hasta la fecha ha sido la concesión, el pasado 6 de mayo, de su premio anual, el Antonio Delgado a la labor de divulgación y fortalecimiento de la propiedad intelectual, al catedrático de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid Rodrigo Bercovitz.

Este galardón se otorga desde el año 2012 y honra en su nombre la memoria de su fundador, Antonio Delgado Porras, uno de los principales redactores del anteproyecto de la Ley española de Propiedad Intelectual.

Aunque se extinga legalmente la asociación que da forma jurídica al Instituto Autor, este formará “parte orgánica” de SGAE, de manera que se salvaguardará su supervivencia, según fuentes cercanas.

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha abierto una investigación contra Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de la productora Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) y presidente del Clúster audiovisual de Andalucía, a raíz de la denuncia interpuesta por una reportera de la empresa contra su superior jerárquico por delitos de “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “contra la integridad moral en la modalidad de acoso laboral (mobbing)”.

ADM es una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación. También es una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía, y que está asociada a la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), su principal comprador institucional de contenidos. La productora es, de hecho, responsable del programa buque insignia de Canal Sur Televisión: Andalucía Directo, que lleva 25 años en antena.

[ACTUALIZACIÓN: La oposición pide explicaciones a la Junta y a Canal Sur por la investigación por delitos sexuales al CEO de la productora ADM]

La reportera, que prefiere preservar su anonimato, interpuso la denuncia el pasado 26 de enero. El juez Francisco José de Córdoba -nuevo titular del quinto tribunal de Violencia sobre la Mujer de Sevilla, de reciente creación- no le tomó declaración como “perjudicada” hasta el 25 de marzo y, tras escucharla, ese mismo día dictó un auto ordenando las primeras diligencias: citó a declarar en calidad de imputado al director general de ADM al apreciar indicios delictivos, según ha confirmado el propio Fuentes a elDiario.es, y pidió aclarar si constaban posibles “antecedentes penales” en su historial.

El magistrado también ha citado el mismo día a dos testigos propuestos por la denunciante, una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Además, el juez ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Desde 2023, Gustavo Fuentes también es el presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

El número dos del Gobierno andaluz ha estado presente en todos los hitos importantes desde el lanzamiento de LAND, en la presentación de proyectos audiovisuales de ADM y en fiestas privadas que Fuentes organizaba en la terraza de la compañía, según confirman una decena de trabajadores de la empresa.

El director general de esta productora no es un ejecutivo al uso, todas las personas de su entorno con las que ha hablado elDiario.es subrayan su “obsesión” por “aparecer en fotos y actos junto a los consejeros del Gobierno andaluz (en especial con Antonio Sanz), junto a directivos de la RTVA y personalidades del sector audiovisual andaluz y del cine”. “Está bien relacionado y de puertas para adentro usa ese poder para amenazar con destrozar carreras”, dice un miembro de su directiva.

La investigación judicial abierta contra el CEO de la principal productora de Canal Sur por delitos sexuales a una trabajadora salpica de lleno a la dirección de la RTVA, su principal cliente e inversor, y al propio Gobierno de Juanma Moreno, que ostenta la participación mayoritaria del capital de ADM (un 47,81%) a través de la empresa pública de telecomunicaciones Sandetel.

A preguntas de este periódico, la dirección de la RTVA ha asegurado: “Lo que sabemos es lo que sabe todo el mundo. No conocemos el contenido de la denuncia ni tenemos por qué saberlo. Es una denuncia de una persona contra otra en un procedimiento judicial que no se ha llegado a celebrar”.

Gustavo Fuentes estaba citado a declarar ante el juez en calidad de imputado el lunes 11 de mayo, la semana previa a las elecciones andaluzas, pero logró aplazar su declaración [al 25 de junio] al cambiar de abogado tres días antes.

Esa misma semana anunció por sorpresa a la Junta Directiva de LAND su decisión de abandonar la presidencia del clúster, sin aludir al procedimiento judicial en el que estaba envuelto (el juez le notificó su imputación el 31 de marzo). “Me cuesta escribir estas líneas, porque LAND ha sido y seguirá siendo una parte importante de mi vida profesional y personal. Pero creo que hay momentos en los que uno debe saber dar un paso a un lado”, dice en su carta de despedida.

“Tú me debes una noche loca”: los WhatsApp del jefe

La denuncia contra el CEO de ADM, a la que ha tenido acceso este periódico, adjunta siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

Gustavo Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación. Al margen de la investigación judicial, este periódico ha recabado una docena de testiminos de trabajadores y extrabajadores de ADM que describen situaciones de acoso sexual y laboral coincidentes con esta denuncia, y con las que han interpuesto otros empleados por mobbing.

La denunciante también adjunta 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connnotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

La respuesta escrita de la reportera a estos mensajes es seca, “cordial y evasiva”, describe su abogado en la denuncia, que habla de una “estrategia de supervivencia habitual en víctimas de acoso para evitar un conflicto directo con un superior”, dada la “situación de dependencia jerárquica y temiendo represalias laborales”.

Estos WhatsApp, tanto por el contenido como por el número y las horas a las que los enviaba, tratan de ilustrar la situación de “acoso sexual sistémico y explícito” de un superior jerárquico a una subordinada. La denuncia cita testimonios concretos, trabajadores y directivos con nombres y apellidos, que habrían sido testigos de los supuestos delitos: “No sólo la veja sexualmente, sino que lo hace con carácter público, ante compañeros de trabajo y personas con cargos de responsabilidad en la empresa, minando su autoestima y agravando la situación de vulnerabilidad a la que la propia dinámica destructiva del denunciado la venía llevando”. Algunos de esos testigos han confirmado su versión a preguntas de elDiario.es.

Gustavo Fuentes: “Es una denuncia falsa. No tienen pruebas”

Este periódico se ha puesto en contacto con Gustavo Fuentes, que admite su imputación pero niega las acusaciones. “Es una denuncia falsa. No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, dice, tras asegurar que fue él quien “pidió activar” el protocolo antiacoso de la empresa tras conocer la denuncia contra él. “Lo hice para defender a mi Consejo de Administración, que se reunirá en breve y veremos las medidas que tomaremos ante esta situación”.

La productora ADM tiene en su web un “canal ético”, un “espacio seguro” para que los trabajadores denuncien “anónimamente”. El director general de la compañía asegura que “nadie lo ha activado en cinco años”, aunque varios empleados niegan que exista desde hace tanto tiempo.

Fuentes asegura que, a raíz de la denuncia contra él de una de sus trabajadoras, la figura del Compliance [director legal y de cumplimiento] elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de los hechos denunciados. Según su relato, para elaborar dicho informe, ese director legal le tomó declaración a él, pero no a la denunciante “porque ella ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”.

El CEO de la compañía también afirma que ya informó de su imputación al Consejo de Administración de ADM, que preside Sergio Gómez Rojas, director gerente de Sandetel (Junta de Andalucía), y en el que también se sienta el responsable de Telefónica en el sur de España, Joaquín Segovia, el director económico financiero de RTVA, otro directivo de Canal Sur Media y uno más de Axion Infraestructuras de Telcomunicaciones.

Desde la dirección de la RTVA aseguran a elDiario.es que la denuncia por agresión sexual y acoso contra el CEO de su principal proveedor, así como su situación procesal actual, “nunca se ha tratado en el Consejo de Administración” del ente público.

El denunciado también explica que su carta de renuncia a continuar al frente del clúster audiovisual de Andalucía -la misma semana que debía declarar ante el juez- “no tiene nada que ver” con el procedimiento judicial en curso. “Ya estaba cansado de ser el presidente del clúster y así se lo dije por Whatsapp a los demás socios en marzo, cuando aún no conocía la denuncia” [el juez le notificó la citación a declarar como imputado el 31 de marzo].

Tres supuestas agresiones sexuales: 2013, 2021 y 2023

La denuncia de la reportera contra su jefe es profusa en detalles al describir las tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testimonios que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después. Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

La reportera y Fuentes coincidieron por primera vez en 2010 en una cadena de televisión local de Sevilla, donde él ostentaba un cargo directivo. “Desde el inicio de esta relación, el denunciado comenzó a mostrar un interés de naturaleza afectivo-sexual hacia mi mandante, que excedía por completo el hábito profesional”, relata la denuncia, para sentar las bases de “una dinámica de poder y control” que reaparecería años más tarde, cuando volvieron a coincidir en la productora ADM.

La primera agresión sexual habría ocurrido, según la denuncia, a finales de 2013: él la invitó a una cena de trabajo en un restaurante, ellos dos solos, y luego fueron a un bar en el barrio de la Alfalfa (en Sevilla), él “intentó besarla a la fuerza en repetidas ocasiones”, ella “huyó atemorizada” y logró coger un taxi, pero él se introdujo en el vehículo e “intentó besarla a la fuerza de nuevo”. Sobre este suceso, la acusación presenta tres testimonios -personas cercanas a la reportera- que pueden acreditar su versión.

La segunda agresión sexual denunciada está fechada mucho tiempo después, en 2021, cuando ambos vuelven a coincidir profesionalmente en ADM, siendo Fuentes el CEO de la compañía. La periodista explica las razones laborales y personales que la empujaron a aceptar un trabajo en la empresa de su presunto agresor: el peso relevante que tiene ADM en el sector audiovisual andaluz (con “un mercado altamente concentrado”) y, singularmente, el peso de dicha compañía en la producción externa que contrata Canal Sur, su principal cliente.

Durante esos años, además, Fuentes “se había casado y había sido padre de dos niñas”, y la reportera asumió que el denunciado “cesaría su actitud sexualizada hacia ella” y que podría “vincularse, de nuevo, a un espacio de trabajo cercano a él en la creencia de que las cosas serían diferentes”.

“Desafortunadamente, no fue así”, concluye, tras subrayar que la situación de acoso sexual se agravó en un contexto de “dependencia laboral y funcional” que resultó un “caldo de cultivo perfecto para agredir su integridad física y moral hasta llegar al punto de extenuación y deterioro de la salud en la que se encuentra actualmente”. La denuncia adjunta un informe clínico de la mutua y otro informe psicológico privado, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad” y “pérdida de diez kilos”.

En julio de 2022, tras la grabación de un programa en Barbate (Cádiz), hubo una cena de trabajo en un restaurante. Cuando terminan, Fuentes despide al equipo y le pide a la reportera que se quede con él para tratar un tema profesional, pero una vez solos “le propone dormir en un hotel, ella se negó, y él la arrinconó y la besó en la boca contra su voluntad”. La periodista se sintió “bloqueada, presa del temor”, y accedió a que le llevase en coche al hotel donde ella tenía su propia habitación, y dentro del vehículo “volvió a forzarla besándola contra su voluntad violentamente mientras le tocaba los muslos”.

La denuncia alterna la descripción de estos hechos concretos con continuas aclaraciones sobre el estado de “sometimiento progresivo, marcado por el miedo” que padecía la reportera, atrapada en la relación de jerarquía respecto al CEO de la compañía, y sin soporte en otros trabajadores que fueron testigos del supuesto “acoso sexual” y de las “vejaciones y humillaciones” con las que la trataba a ella y a otros miembros de la plantilla. “Hoy me siento horrorizada por haberle dicho, cuando me contó cómo la trataba, que no le hiciera caso, que ya sabía cómo era él con las tías”, dice una exdirectiva de ADM, que declarará en la causa si la llaman.

“La impunidad con la que actúa el señor Fuentes genera en su entorno laboral una sensación de que cualquier rechazo frontal al mismo puede ser el fin de una carrera profesional”, dice la denuncia, y añade: “La ausencia de un ”no“ literal no puede interpretarse en este contexto de asimetría de poder como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”.

La última agresión sexual que denuncia la reportera está fechada en 2023, cuando fue contratada como directora de programas de ADM y la hicieron fija en la compañía. En el verano de ese año, la periodista se encontraba en Zahara de los Atunes (Cádiz) grabando un reportaje, y el CEO de la empresa se presentó allí. Cuando volvieron a quedarse a solas en su coche, él empezó a “manosearla de nuevo”, ella “pudo huir” y “reencontrarse con sus compañeros, que pueden dar testimonio del estado emocional en que se encontraba tras una nueva agresión sexual”.

Entre la primera agresión que consta en la denuncia y la última transcurrieron diez años. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados algunos informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La Policía tiene geolocalizada a la víctima las 24 horas

El juez de Violencia de Género que instruye este caso aprecia indicios delictivos en la denuncia de la reportera de ADM (actualmente en excedencia), que también acusa a su jefe de “un delito continuado de acoso sexual”, que incluiría la “solicitud de favores de naturaleza sexual de forma insistente y explícita a través de mensajes y verbalmente” en el marco de una relación de trabajo continuada, agravada por una situación de “superioridad jerárquica”; y otro delito “contra la integridad moral”, que se traduce en “actos hostiles y humillantes”, el “vaciado de sus funciones” como trabajadora e “invitaciones a abandonar la empresa”.

Según recoge la denuncia, el acoso sexual derivó en acoso laboral, después de que el acusado descubriera -en octubre de 2023- que la denunciante había iniciado una relación sentimental con otro trabajador de la empresa. A partir de ese momento, la actitud de Fuentes experimentó un cambio “radical”, pasando del “interés de naturaleza afectivo-sexual” a mutar en “una voluntad deliberada de destruir profesional y personalmente” a la trabajadora.

“El acoso sexual dio paso a un acoso laboral sistemático, metódico y de una crueldad manifiesta, con el único fin de forzarla a abandonar la empresa, con un vaciado de funciones y el aislamiento” de la trabajadora, que fue despojada por Fuentes de “todas sus responsabilidades como directora”.

La última parte de la denuncia es profusa en detalles, ejemplos y testimonios que ilustran el “mobbing” o acoso laboral contra la denunciante; sin embargo, el juez ha dejado fuera de la causa este delito, al considerar que excede de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

El abogado de la reportera también habia solicitado medidas cautelares de protección para su defendida –prohibir al CEO de la productora aproximarse a menos de 500 metros ni comunicarse con ella por cualquier medio–, pero el juez las rechazó al no percibir riesgo para la integridad de la víctima.

También se opuso la Fiscalía, en su única intervención en el procedimiento judicial desde que arrancó. En conversación con este periódico, Fuentes destaca el rechazo del juez a las medidas cautelares como anticipo de que “todo quedará en nada”.

Sin embargo, cuando la periodista acudió al juzgado a declarar, fue atendida por el personal del SAVA, el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía, dependiente de la Junta, que le hizo una valoración psicológica y un análisis de su estado de “vulnerabilidad”.

El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) sí percibió los riesgos propios de una víctima de violencia de género y empezó a abordar este caso como tal, facilitando a la denunciante el dispositivo ATENPRO, un recurso de teleasistencia que ella lleva consigo en todo momento y que le permite, con sólo apretar un botón, avisar a la Policía, que la tiene geolocalizada en todo momento. El IAM, órgano dependiente de la Consejería andaluza de Igualdad, también ofrece ayudas a las víctimas de violencia de género, no sólo dentro de la pareja.

Desde el 3 de octubre del año pasado, los juzgados y secciones de violencia sobre la mujer asumieron nuevas competencias para ocuparse de todos los delitos contra la libertad sexual cuando la víctima sea mujer, y no sólo los cometidos por la pareja o expareja, como ocurría hasta entonces.

Esta previsión, contenida en la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, da cumplimiento a lo previsto en el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014 y por la Unión Europea en 2023, que busca prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y aboga por la especialización de los órganos judiciales en todo tipo de violencia sobre la mujer.

Si tienes más información de este u otros casos similares, ponte en contacto con nosotros a través del correo confidencial pistas@eldiario.es

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) vulneró el derecho fundamental a la integridad moral de una de sus trabajadoras al mantenerla durante años en una situación de “falta de ocupación efectiva” y de vaciado de funciones propias de su categoría profesional.

La Sala de lo Social del TSJC en su sede de Las Palmas ha estimado parcialmente el recurso de la trabajadora, una periodista de la Oficina de Prensa, y ha reconocido que la empleada, que presta servicios en el organismo del Servicio Canario de la Salud (SCS) desde 1994 como personal laboral fijo, quedó reducida desde su reincorporación tras una baja médica a una actividad meramente residual: “Sólo ha conservado la función de elaborar notas de prensa (cuatro a la semana)”.

Según la resolución, que revoca parcialmente un fallo de un juzgado, esa situación no puede explicarse únicamente por cambios organizativos internos. El tribunal subraya que “los cambios estructurales no pueden suponer que una técnico periodista pase a realizar solo cuatro notas de prensa a la semana”, y considera acreditado que existió una inactividad prolongada incompatible con el contenido ordinario de su puesto.

La sentencia recuerda que la trabajadora era la única persona del organismo con categoría profesional de periodista y destaca que fue apartada progresivamente de cometidos propios de comunicación, mientras esas tareas pasaban a otras personas trabajadoras sin esa misma categoría profesional. Para la Sala, no se trató de un problema de distribución razonable de tareas, sino de una “postergación” profesional sostenida en el tiempo.

Lesión inconstitucional

En ese contexto, el TSJC aprecia una lesión del artículo 15 de la Constitución y concluye que concurren los elementos del acoso laboral en su vertiente de marginación profesional. La resolución afirma que en la trabajadora “convergen decisiones y conductas” que, aunque pudieran aparecer de forma aislada como formalmente legítimas, acabaron provocando “un claro menosprecio y ofensa a la dignidad” de la empleada.

El fallo declara la nulidad de las decisiones que determinaron ese vaciado funcional y reconoce el derecho de la demandante a ocupar su jornada en labores propias de su categoría profesional de periodista.

Además, condena al Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia al abono de una indemnización de 25.001 euros por los daños morales causados. La Sala sitúa el núcleo del caso en la falta de ocupación efectiva y en el apartamiento de la trabajadora de sus funciones esenciales, no en discrepancias sobre clasificación profesional o sobre antiguos puestos de responsabilidad. En esa línea, recalca que “es el vaciado de funciones propias de la categoría de periodista el que comporta la lesión de los derechos fundamentales” denunciada en este procedimiento.

“Es uno de los restauradores que se está haciendo con todo”. Así describe un veterano comerciante del mercado de La Boqueria a Elharrar Mardochee, propietario de la empresa Restaurante Egipto SL, actualmente demandada por varias empleadas por presunto acoso laboral y amenazas, y por servir comida en mal estado.

Otros vendedores consultados por elDiario.es —que prefieren mantener el anonimato— emplean expresiones similares para describir su irrupción en la Boqueria. Sin apenas hacer ruido, este hostelero, conocido como El Maki, ha adquirido en los últimos años numerosos negocios dentro del mercado más cotizado y concurrido de Barcelona, hasta convertirse en un símbolo de la entrega al negocio turístico del que fue un mercado referente en producto fresco y de calidad. 

Con cerca de 80 empleados, en función del ejercicio, Mardochee opera a día de hoy 15 licencias de establecimientos dentro del mercado: once de ellas, que incluyen cuatro bares, están a nombre de su empresa principal, Restaurante Egipto. Fundada en 1985, en su último ejercicio disponible –el de 2023 en Insight View– facturó 7,3 millones de euros con unos beneficios de 1,3 millones. 

Además, cuenta con otros tres puestos con un establecimiento en el mercado junto con un socio, según confirma el Ayuntamiento de Barcelona, y hay al menos otro que está a nombre de su encargada, Dunia M., también acusada de abusos laborales. 

elDiario.es ha tratado de contactar al empresario para recabar su versión, pero no ha obtenido respuesta. El Ayuntamiento de Barcelona, responsable de la gestión del equipamiento municipal, aseguró que la supervisión laboral no es de su competencia y ha optado por no valorar el auge de Mardochee en el recinto. Añaden fuentes municipales que la normativa permite acaparar hasta el 50% de los puestos (la Boqueria tiene 178 activos).

Originario de Marruecos y afincado en Barcelona desde hace décadas, Mardochee aterrizó en La Boqueria en 2013. Lo hizo desde muy cerca, puesto que su principal negocio entonces era un restaurante ubicado a escasos metros, en La Rambla. Se llamaba Egipto y luego lo bautizó como Maccabi, especializado en comida kosher, ya que él es judío, según refieren algunos de sus empleados. Actualmente, el local está cerrado. 

Ese año, 2013, Mardochee se hizo con uno de los once bares ubicados dentro de La Boqueria: el Central. En este mercado municipal, que recibe más de 40.000 visitantes al día, prácticamente todos turistas, los puestos de hostelería son la gallina de los huevos de oro en cuanto a facturación. Un traspaso de una licencia de bar, señalan fuentes de comerciantes, puede superar de largo el millón de euros.

Con esa operación, algunos vendedores, los que defienden el modelo de mercado alimentario tradicional, ya vieron cuáles eran sus intenciones. “Los antiguos dueños compraban todo el producto dentro del mercado, pero él ya decidió comprar lo mínimo, y esto simboliza una deriva”, reflexiona. 

El conflicto del Pinotxo y la venta a turistas

Desde entonces, ha ido sumando, además de licencias de bares, puestos de venta de pollo, pescado, especias, jamón… Y a veces los ha ido ampliando, a base de comprar licencias de establecimientos contiguos. La mayoría de ellos, como ocurre con mucha frecuencia en la Boqueria, se dedican principalmente a la venta de degustación para turistas, no al fresco. 

El último ejemplo, a través de la empresa Hernando Boqueria, de la que es accionista, fue el del antiguo local Avinova. Pollería especializada en aves criadas al aire libre (pintadas, pichones, coquelets…), puesto de referencia para los mejores chefs de Barcelona, El Maki la adquirió con un socio hace unos años. Ahora se llama The Boqueria Chicken y despacha básicamente raciones de pollo y de patatas fritas para llevar.

La expansión de este empresario demandado por acoso dejó de ser discreta en 2023. Aunque apenas trascendió su nombre, sí lo hizo el de su empresa cuando se supo que había comprado el puesto más famoso del lugar: el bar Pinotxo del emblemático Juanito. 

Cerrado durante unas semanas por obras en el mercado, al reabrir lo hizo ya en propiedad de Mardochee, con numerosos rumores de traspaso millonario y con una disputa familiar que todavía colea en los juzgados. La intención del nuevo dueño era mantener la marca, para aprovechar su tirón, pero un juez le prohibió usarla, y ahora se denomina Mític Bar. 

Las suspicacias que despierta su crecimiento en el recinto tienen que ver también con la buena relación que mantiene con su directora, Concepción Blanco. Desayunan o toman un café juntos habitualmente, según fuentes presentes. Algunos comerciantes creen que le facilitan los traspasos de negocios en venta, pero otras fuentes atribuyen su auge a sus habilidades y capacidad económica. El consistorio ha declinado valorar este detalle.

Su papel dentro del mercado alcanza también la Asociación de Comerciantes de la Boqueria. Es uno de los integrantes de su Junta, dedicada a coordinar a los vendedores y organizar la asamblea anual. Este diario ha preguntado a la entidad si conocía las denuncias de acoso y cómo valoran la irrupción del Maki en el mercado, pero no ha obtenido respuesta. 

Pasear por la Boqueria consiste en esquivar riadas de turistas que sacan fotos del género expuesto en los establecimientos y deambulan mientras consumen zumos de frutas, cucuruchos de jamón o empanadas o sticks de pollo frito. Los comerciantes tradicionales, con producto orientado a los barceloneses, son desde hace años una minoría en peligro de extinción.

La normativa fija que como mínimo el 50% de lo que se ofrece debe ser producto tradicional, por otro 50% como máximo de producto “elaborado”. Pero algunos vendedores dicen que no se cumple. “Esto refleja lo que ha permitido la dirección, pero también la demanda que hay: si la gente pidiera manzanas y naranjas, las venderíamos, porque es más fácil, pero nos hemos complicado la vida para vender esta basura por culpa del turismo”, concluye un vendedor.

La Comisión de Estudio de la situación de violencia interna en el trabajo de Castilla y León descarta que los problemas que hay en el CEPA San Jorge de Palencia, ubicado en la cárcel de Dueñas, se puedan catalogar como acoso labora, aunque sí ve un “conflicto organizacional y de intereses”. Así lo ha decidido en un escrito firmado solo dos días después de las entrevistas a los docentes denunciantes y a la coordinadora denunciada.

Los docentes, de baja por ansiedad, denuncian que la coordinadora desde 2025 aplica modos “intimidatorios”, ha entrevistado a sus alumnos del módulo 9 —los presos de régimen cerrado— para fiscalizar su labor docente a sus espaldas, les ha obligado a abrir sus armarios y que se había producido una “marginación profesional” después de que se notificara que una docente sufría “comentarios vejatorios y de carácter sexual” por parte del anterior coordinador, que ya no está en el centro,

El informe no especifica cuáles exactamente, pero aprecia “actitudes inapropiadas” como “la deficiente definición de la organización y funciones”, lo que ha generado “conflictos, desavenencias y desacuerdos”. La comisión también reconoce que las conductas analizadas en el caso “han tenido un impacto moderado en la salud laboral del centro y en el clima organizativo”.

Según su escrito de conclusiones, la comisión ha revisado la documentación aportada y ha entrevistado a las partes implicados, ha analizado el entorno organizativo y funcional para evaluar los riesgos psicosociales relacionados.

Recomendaciones

Ante esta situación, la Comisión pide que se concreten las competencias organizativas, funcionales y laborales del 'docente coordinador' de la unidad educativa de la cárcel y que se establezca un protocolo de comunicación a superiores directos de los docentes.

También se informará de los protocolos de prevención de riesgos vigetes y propondrá que el personal docente realice cursos de formación, sensibilización y refuerzo de los canales de comunicación, además de la elaboración de un estudio psicosocial.

En última instancia, se realizará un seguimiento por parte del equipo directivo del CEPA y de la Dirección Provincial de Educación para ver si las medidas han sido eficaces.

El Mercado de la Boqueria de Barcelona, reconocido como el mejor del mundo, recibe cada año 23 millones de visitantes, la mayoría turistas. Algunos solo sacan fotos, mientras que otros compran comida, cada vez menos local, o almuerzan en la barra de alguno de sus bares. Ninguno de ellos sabe, sin embargo, que numerosos empleados trabajan presuntamente en condiciones límite, bajo coacciones e insultos, y con la salud al borde del colapso.

Así lo describen una decena de trabajadores de la empresa Restaurante Egipto SL, que en los últimos años ha conseguido licencias para regentar al menos cuatro bares y numerosos de establecimientos comerciales dentro del codiciado recinto municipal. 

Su dueño es Elharrar Mardochee, conocido como El Maki. Hostelero de perfil poco conocido, tanto él como una de sus encargadas, Dunia M., figuran en al menos seis demandas laborales, obtenidas por este periódico, cuyos juicios se celebrarán entre julio y mayo de 2027. 

El relato de los trabajadores, que también han acudido a la Inspección de Trabajo, incluye horas extra obligatorias e impagadas, sobrecarga de tareas durante los turnos, acoso laboral, represalias por afiliación sindical, insultos racistas, amenazas y presiones continuadas para no coger la baja médica. Todo ello dentro de un clima laboral que describen como “hostil” y “humillante”, y que se agravó en 2025 al promover varios de ellos unas elecciones sindicales. 

La mayoría de las empleadas son además mujeres inmigrantes, sobre todo latinoamericanas, pero también italianas o filipinas. Varias son madres solteras. “Todas tienen miedo de perder el trabajo”, resume una de ellas, actualmente de baja. 

Las seis demandantes piden al juez que condene a Mardochee, a Dunia M. y a la empresa a una indemnización de 40.001 euros para cada una por daños morales derivados de lo que consideran una vulneración de sus derechos fundamentales. Piden además el “cese inmediato de la conducta de acoso”. 

El conflicto laboral, del que informó en primer lugar Crónica Global, ha ocasionado al menos seis bajas laborales vinculadas a estrés y ansiedad, además de despidos y renuncias, según afirman los trabajadores. 

Además de estas demandas, ha habido otras dos, que ha podido comprobar este diario, y que ascienden la cifra a ocho. Una de ellas, presentada por una trabajadora que denunció que no le renovaron el contrato mientras estaba de baja por un cáncer de mama, se resolvió con un acuerdo entre las partes. Otra de ellas, con diez años de antigüedad como camarera, describe presiones para trabajar enferma e incluso para servir –a sabiendas– comidas en mal estado.

La situación es conocida en el mercado, afirman las fuentes consultadas. Sin embargo, Ayuntamiento de Barcelona, del que cuelga el Instituto Municipal de Mercados que gestiona la Boqueria, asegura desconocer las quejas más allá de lo aparecido en prensa. “La relación con los comerciantes no implica directamente el control de las condiciones laborales de las personas empleadas”, afirman fuentes del consistorio, que insistir en que no tienen “competencias” para actuar sobre este conflicto aunque el equipamiento sea municipal. 

elDiario.es se puso en contacto también con Mardochee y su encargada, Dunia M., a través de la empresa, para recabar su versión sobre las acusaciones. Pero no han respondido a las preguntas trasladadas por correo electrónico ni a las llamadas telefónicas. 

Mardochee, que antes de desembarcar en La Boqueria regentó un restaurante en La Rambla, se ha erigido durante la última década en uno de los empresarios con mayor cuota de licencias dentro del conocido mercado. “Coge puestos con idiosincrasia y tradición y los vacía de personalidad”, relata un paradista con varias décadas de trayectoria. 

En el mercado hay once bares, los locales que generan mayor facturación, y cuatro pertenecen a este hostelero. Entre ellos está el antiguo y conocido Pinotxo, ahora llamado Mític Bar tras una resolución judicial que le impide usar la marca original.

Además, controla al menos diez puestos más —tres de ellos con otra empresa— dedicados a la venta de jamón, especias, pollo o pescado, en su mayoría orientados a comida para llevar. Incluso Dunia M. posee también una licencia de establecimiento, según fuentes municipales.

“No se aceptan bajas”

Cuando Glenda, venezolana llegada a Barcelona con su hija en 2014, entró a trabajar en La Boqueria, lo vio como una oportunidad. “Quería aprender algo nuevo”, recuerda. Aunque la contrataron como personal de limpieza, sobre el papel las condiciones eran mejores de lo habitual en la hostelería: turnos de mañana o de tarde-noche, y los domingos libres, porque el mercado está cerrado. 

Pero los primeros días, a principios de 2023, fueron un preludio de lo que vendría: la jornada se alargaba más de lo estipulado porque tenía que lavar los platos de todos los bares de la empresa dentro del mercado. Al poco tiempo le añadieron más tareas: atender la barra, cobrar, preparar fritos… Y hasta cocinar a veces paellas sin tener ningún tipo de experiencia, asegura. “Una vez se me quemó toda, me salió negra, y la entregaron igual”, relata. 

Como ella, otras corroboran que a pesar de su categoría laboral, de limpieza o de ayudante de camarero, les exigieron cocinar arroces y despachar mesas. La sobrecarga de trabajo era tal, explica Glenda, que a menudo le daban ataques de ansiedad.

Sin embargo, una decena de trabajadores que han pasado por la empresa coinciden en señalar las presiones que recibían para evitar bajas médicas. Se trata de una suerte de política de la encargada, Dunia M., amparada por el dueño, afirman.

Glenda lo comprobó cuando le dio un ataque de asma: la conminaron a medicarse sin acudir al ambulatorio, asegura en la demanda. “No se aceptan bajas”, fue la premisa que dice que le trasladaron. Tras lesionarse una vez la muñeca, al cabo de unos días la dejaron ausentarse para ir al médico bajo la “expresa indicación” de no solicitar la baja: le dieron un día de descanso y se lo descontaron de sus vacaciones. 

Los relatos sobre esta práctica son numerosos. Dos camareras distintas afirman haberse cortado abriendo ostras y que no las dejaron irse. “A pesar de que sangraba, Dunia me dijo que me pusiera otro guante y siguiera”, señala K., que pasó por la Boqueria entre 2019 y 2022. Acudió al médico seis horas después, dice, y ya no pudieron coserle la herida. “La peor empresa en la que he trabajado, unos explotadores”, resume. 

Otras mujeres señalan cómo sus encargados les insistieron para acudir a sus puestos con fiebre, dolores de estómago o gastroenteritis. También otros accidentes laborales, como el de Tatiana, a la que se le cayó una viga de hierro encima y la tumbó en plena parada. “Tómate un paracetamol y ya está”, asegura que le dijeron. Hoy arrastra secuelas, afirma. 

Las llamadas y mensajes fuera de horario laboral, a veces en plenas pruebas médicas o de baja, figuran también dentro de las quejas. Cristina (nombre falso), que optó por no denunciar, explica cómo los encargados la presionaban mientras estaba ingresada de urgencias con vértigo. “Fueron 20 días de acoso”, afirma sobre los mensajes recibidos durante la posterior baja.

Al poco de regresar al trabajo, y tras informar de que estaba pendiente de visita al hematólogo, no le renovaron el contrato. Era noviembre de 2023; dos meses después, le diagnosticaron leucemia. 

Varias trabajadoras describen trabas para los permisos de cuidados de familiares. Parejas enfermas, operaciones de progenitores… La empresa siempre ponía pegas, afirman. Una de ellas denuncia que le denegaron el permiso incluso para ausentarse a asistir a su hija, que estaba en casa y había sufrido quemaduras en la cocina. 

Ana (también nombre ficticio) relata en su demanda el día en que la llamaron de la guardería de su hija, que estaba a 39 de fiebre. Asegura que fue “acorralada” por Dunia M. y otro encargado para que firmara un documento si quería ausentarse para ir a buscarla. Entre llantos, añade, acabó estampando su firma en un papel que la degradaba de categoría profesional a “lavaplatos”. 

Esto, esgrime su abogada en la demanda, forma parte del “hostigamiento” al que aseguran que se sometió a varios de los empleados que decidieron sindicarse. 

Regalos a los jefes y comida dañada

Las demandas y diversas entrevistas mantenidas con este diario también relatan insultos, a veces racistas, como “india pocahontas”, que habría proferido Dunia M. a una subordinada, o “¿cuándo has visto a un negro en libertad?”, de Mardochee, a otra. 

Las demandas detallan también que la empresa les pedía renunciar a las cuantías de varios días de propinas para hacer regalos a los jefes así como deficiencias de salubridad de los locales. “Cada local tenía la obligación de comprar regalos de lujo para la cena de empresa de cada fin de año para el jefe, la directora [Dunia] y el director (Dunia pedía expresamente marcas como Carolina Herrera)”, desgrana una de las denuncias

Algunos empleados denuncian suciedad y presencia de ratas y cucarachas de manera habitual. Una empleada asegura en su demanda que le empujaron a servir a consciencia comida dañada. “Me obligaron a servir un lenguado que olía mal a un niño”, explica. “Hay ratas comiendo género (mordisquean pulpos hervidos, bolsas de arroz, nadan en la olla de las albóndigas) y no se tira nada”, describe en la denuncia. 

Las trabajadoras aseguran que han contactado también con el Departamento de Salud de la Generalitat para alertar de ello. Fuentes de Salud señalan sin embargo que las inspecciones de sanidad son competencia del Ayuntamiento, que a su vez se limita a responder que su Agencia de Salud Pública “vigila periódicamente las instalaciones del mercado”.

El salto a las presuntas amenazas

Actualmente, seis de los demandantes están de baja. A principios de 2025, cuando comenzaron a organizarse como plantilla y a canalizar sus reclamaciones mediante la convocatoria de elecciones sindicales, estaban en activo. Sin embargo, aseguran que ese proceso derivó en una mayor presión por parte de sus jefes y algunos compañeros, con presuntas coacciones, amenazas y situaciones de aislamiento.

En ese contexto, Glenda relata que, tras una reunión previa a las elecciones, Mardochee la apartó y le dijo: “Niña, te voy a dar un consejo, más vale ofender a la persona, matarla y que se vaya al cielo, que ofenderla y dejarla viva”, una expresión que figura en la denuncia como “grave amenaza velada”. No es habitual que saliera de la boca de Mardochee, señalan las distintas fuentes consultadas, que añaden que el presunto trato vejatorio directo solía dispensarlo Dunia M.

Antes y durante el proceso electoral sindical, la empresa maniobró presuntamente con otros empleados para aumentar la presión sobre los empleados críticos. Lo confirma incluso una de las trabajadoras que reconoce que en el chat de WhatsApp de la empresa, que comparten jefes y empleados, defendió a la dirección por miedo y por petición expresa de Dunia M.

Esta mujer, Laura (nombre ficticio), afirma que recibió órdenes para sobrecargar a una de esas compañeras y fue reprendida por saludarlas. La orden, dice, era “hacerlas sentir que están solas”. 

Una empleada reconoce que, fruto de lo que enmarcan como acoso antisindical de esos días, llegó a perseguir por el mercado a Dunia para golpearla. “No soy así, pero me bloqueé”, afirma. Ese día le habían abierto un parte por mala conducta, algo que asegura que fue una represalia por su reclamación de derechos laborales.

La candidatura crítica y a la que pertenecen las demandantes, afiliada a UGT, perdió –por dos representantes a tres– contra otra vinculada a CCOO, y que estas empleadas aseguran que fue impulsada por la propia empresa. Desde ese proceso electoral, en julio de 2025, hasta hoy, varios de los afiliados a UGT han ido causando baja por motivos relacionados con el clima laboral. 

Laura, la que afirma que fue empujada a pronunciarse contra sus colegas, acudió de Urgencias en agosto con un cuadro de “arritmia” y “paranoia social” debido al “estrés laboral extremo”. Aun así, afirma que la siguieron llamando para ir a trabajar.

La Junta de Castilla y León investiga el supuesto “acoso y hostigamiento laboral” que han denunciado dos profesores de la cárcel de Dueñas, en Palencia, según unos escritos de la Dirección Provincial de Educación fechados a 30 de marzo a los que ha tenido acceso elDiario.es. La situación ha llegado a tal punto que han tenido que cogerse la baja médica por ansiedad. Los docentes presentaron en febrero dos denuncias ante la Inspección de Trabajo contra Educación. Denuncias que han sido ampliadas en cinco ocasiones: protestan por una situación límite en la que domina la imposición, se les ha prohibido el uso de teléfonos móviles, inspeccionado sus armarios, desautorizado y despreciado en público y frente a los presos e interrogado a sus alumnos sobre su rendimiento, entre otros.

Estos profesores de la cárcel cargan contra la Inspección educativa, a la que acusan de no haber actuado con suficiente agilidad. También han pedido amparo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para que evalúen “el entorno laboral existente”. Tras las denuncias, el 6 de abril se ha constituido la Comisión de Estudio y Análisis de Violencia Interna en el Trabajo. Instituciones Penitenciarias se ha abstenido de hacer comentarios porque es una competencia de Educación.

Los docentes denuncian que el inspector de Educación, R. P., ha encubrierto la situación desde hace años. Recientemente acudió a la unidad y amenazó explícitamente con abrir un expediente disciplinario ante cualquier nueva queja: “Mi paciencia tiene un límite. Hoy se ha terminado. Cualquier queja que tenga, alguien que me denuncie lo que sea, lo siguiente va a ser un expediente disciplinario”, manifestó el inspector de Educación ante los docentes, según ha podido comprobar elDiario.es.

Un inspector cuestionado

Ahora, temen que la Administración tome represalias, puesto que su proyecto de continuidad podría suspenderse o no renovarse dada la actitud del inspector de Educación, que insinuó que lo que movía a los profesores era la “frustración”, algo que ellos niegan. “Yo entiendo que haya gente que tenga alguna frustración, lo puedo respetar porque esperaba algo y no lo ha obtenido. Puedo aguantar la negativa a la autoridad que hay de determinadas personas, pero aquí se viene a trabajar, a cumplir las normas y se ha acabado y no hay más discusiones. Y cuando no hay consenso, porque no hay forma de ponerse nadie de acuerdo, las decisiones las tomaré yo”, expresó el inspector de Educación, que el año pasado presidió la Comisión de Evaluación que decidía la renovación de la directora del CEIP El Cruce de Castilla, en Venta de Baños. El juez ve indicios de que se hayan cometido unos delitos de falsedad documental y usurpación de funciones públicas, por lo que ha entregado el caso al Juzgado de lo Penal.

El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Palencia ha anulado la resolución del centro venteño y ha resuelto que la denegación de la renovación no fue conforme a derecho. El juez también ha considerado que el inspector trató de “manipular” a los miembros del Consejo Escolar y “mediatizar lo que se aprobase”. Este trabajador público actuó e intervino en sesiones a pesar de que había sido formalmente recusado días antes.

“Metemierda y manipulador”

En septiembre de 2025 entró una nueva directora, que empezó a aplicar modos “intimidatorios” e incluso les advirtió que podía apartarlos del centro. A principios de este año, la coordinadora llegó a insultar a uno de los profesores —“metemierda y manipulador”—, según consta en las denuncias. Al día siguiente, obligó a este mismo profesor a vaciar su armario personal mientras profería acusaciones como que 'nadie le quería' o que le despedían “de todos los sitios”. “Lejos de reconducir la situación, el gestor académico justificó la actuación de la coordinadora y se dirigió posteriormente a una compañera y a mí, reprochándonos que ”no podíamos estar así“, pese a que no habíamos generado conflicto alguno y nos encontrábamos en ese momento impartiendo clase en un aula de la planta baja con alumnado”, señala la denuncia ante Inspección.

Otra docente denuncia también que la coordinadora ha entrevistado a sus alumnos del módulo 9 —el de los presos de régimen cerrado— para fiscalizar su labor docente a sus espaldas y ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil porque la coordinadora intentó quitarle el móvil durante una reunión.

El equipo docente de la prisión cuenta con cinco trabajadores, además del coordinador. Aunque no de manera jerárquica, la directora de la cárcel también es una figura importante. La denuncia ante Inspección señala que la directora de la cárcel reconoció que había “problemas existentes” desde hacía varios meses, pero que se habían “pasado por alto”, lo que había sido un “craso error”.

Denuncia por comentarios vejatorios, sin respuesta

Una de las profesoras informó a Inspección en noviembre de 2024 de que había sufrido “comentarios vejatorios y de connotación sexual” del anterior coordinador del centro, incluso amenazas, pero no recibió ninguna respuesta concreta sobre el protocolo de prevención de riesgos psicosociales ni se abrió una investigación formal ni se evaluó su riesgo. Tampoco se adoptaron medidas preventivas, según denuncia la víctima, que dice haber sufrido un “señalamiento” dentro del centro.

El profesor que denuncia ahora a Inspección señala que cuando vio que una compañera suya estaba siendo “víctima de una situación de acoso continuado” por el excoordinador. “Se me trasladó desde el primer momento que existía una compañera ”problemática“ y que el profesorado debía unirse para apartarla del centro. Tras más de un mes de convivencia profesional, pude constatar que ella estaba siendo víctima de una situación de acoso continuado por parte del entonces coordinador de la unidad, que se prolongaba desde hacía más de dos años”, señala en su escrito.

“Marginación profesional”

Independientemente de esta situación, los dos estaban trabajando para presentarse al equipo directivo del CEPA San Jorge de Palencia —al que está adscrita la unidad educativa de la cárcel de Dueñas—, hasta que, durante el verano, se les sugirió que iban a quedarse fuera del proyecto. Denuncian que esta exclusión se ejecutó “sin comunicación previa, sin notificación formal y sin ninguna justificación o explicación por escrito”. A pesar de sus escritos, nunca obtuvieron una respuesta formal ante lo que consideran una “marginación profesional”.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aseguró la semana pasada que las diputadas de la Asamblea tiene “cauces más que habituales” para denunciar situaciones de acoso. Esas fueron sus palabras después de que elDiario.es preguntara por un supuesto caso de acoso sexual que una diputada de Vox habría denunciado ante Ayuso, según recoge el periodista David Fernández en su libro. Tras estas declaraciones, el PSOE de Madrid denuncia ahora que estos “cauces más que habituales” se quedan cortos: “Llevan diez años sin aplicar correctamente el protocolo”.

El protocolo antiacoso de la Asamblea de Madrid lleva diez años sin actualizarse: se publicó en 2016 y, desde entonces, no se ha modificado, a pesar de que en los últimos años han aparecido nuevas formas de acoso, especialmente aquellas enfocadas a las redes sociales o entornos digitales. Pero en caso de acoso sexual o laboral, ¿quién puede acogerse a este protocolo?

Según el propio texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, y según indican desde la propia Asamblea, el protocolo aplica solo para los propios trabajadores y trabajadoras del órgano público. Es decir, tanto las diputadas como las trabajadoras de empresas externas, como el servicio de limpieza o la cafetería, quedan fuera del protocolo. Estas últimas deben ir a su propia empresa si quieren denunciar un caso de acoso.

En cuanto a las diputadas, “no tienen relación laboral con el Parlamento, por lo que los protocolos no resultarían de aplicación directa”, explican. “Una vía alternativa podría ser su resolución en el ámbito del Grupo Parlamentario y, en su caso, ante la Mesa de la Comisión de Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado o la Mesa de la Asamblea, si se está ante un supuesto de los recogidos” en el Reglamento.

Sin embargo, el PSOE de Madrid asegura que las diputadas de la Asamblea están “desprotegidas” porque, en caso de acoso sexual o laboral, se ven obligadas a recurrir a vías por las que es probable que su caso acabe viendo la luz, lo que podría llevar a que no quieran denunciar.

“Estas son las consecuencias de tener a una presidenta negacionista de la violencia de género, el desamparo total a las mujeres”, lamentan desde el PSOE madrileño. “Tenemos un protocolo contra el acoso sexual en la Asamblea controlada por el PP, que no se actualiza aunque la ley les obligue a incluir el acoso en el ámbito digital”, critican. “Tomemos nota las madrileñas”.

Y en caso de que una trabajadora quiera denunciar, ¿cómo puede hacerlo?

Según se explica en el protocolo, será la Secretaría General la encargada de recibir y tramitar las denuncias. Esta “deberá disponer de una lista de personas que hayan recibido formación específica en materia de género o que, sin tenerla, esté dispuesta a recibirla”. Este listado se deberá publicar “en el plazo de 5 días hábiles” desde que se publica el protocolo de 2016, entonces esos nombres se harán públicos a través de la Intranet.

Esto es lo que se denomina como “asesores confidenciales”, una figura que puede ser habitual en estos casos y que en la Asamblea debe tramitar “directamente la denuncia de acoso sexual, acoso por razón de sexo”, por lo que serán los encargados de “gestionar y tramitar” las denuncias, así como asistir e informar a la víctima. “Su identidad y la forma en que se podrá contactar con ellas se dará a conocer a todo el personal a través de la intranet”, recoge el documento.

A raíz de la respuesta del portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, en la que aseguraba que las diputadas tenían “cauces más que habituales” para denunciar los supuestos casos de abuso, el PSOE de Madrid investigó en la intranet, a la que solo tienen acceso los trabajadores y trabajadoras del órgano regional. Preguntaron por el listado de asesores confidenciales, pero, según relatan a este diario, no encontraron ningún documento, a pesar de que así lo recoge el protocolo aprobado hace diez años.

Tal y como denuncian y como se aprecia en los metadatos del archivo, el mismo día en que preguntan por qué estas figuras no aparecen en la Intranet, es el día en el que suben el archivo con el listado de nombres.

Este periódico ha preguntado a la Asamblea de Madrid, teniendo en cuenta que los nombres de los asesores confidenciales fueron publicados ese mismo jueves, de qué otra forma podían las trabajadoras denunciar situaciones de acoso. “La denuncia por parte del personal de la Cámara de situaciones de acoso sexual y acoso por razón de sexo y discriminatorio nunca se realiza ante los asesores confidenciales, la única vía es a través de la Secretaría General”, explican.

Además, aseguran que “la solicitud de voluntarios para desempeñar” esta figura “fue realizada mediante escrito de la Secretaría” en 2016. Y ese mismo año la “Dirección de Gestión Administrativa remitió listado de las personas que se presentaron voluntariamente”, aunque la Asamblea no se ha referido en sus respuestas a por qué el listado con los nombres de los asesores fue publicado en la intranet hace solo unos días, solo con los nombres y apellidos de los mismos.

Las citadas fuentes del PSOE madrileño critican que si una persona es víctima de este tipo de acoso, no acudirá a la Secretaría General para denunciarlo porque la “Asamblea es un ámbito muy pequeño” y se conocería lo sucedido.

A preguntas remitidas por este medio, la Asamblea de Madrid responde que los protocolos no se han actualizado desde que se publicaron porque “no se ha requerido desde la representación de personal unos nuevos protocolos, ni ha habido ninguna razón de oportunidad o legalidad”. Por ahora, según indican, “no hay casos registrados de acoso sexual y acoso por razón de sexo y discriminatorio en el seno de la Asamblea de Madrid”.

La semana que viene el grupo socialista activará una petición de comparecencia con la consejera sobre acoso sexual, donde tratarán sobre los protocolos antiacoso sexual en la Comunidad de Madrid y la Asamblea. “Si Ayuso no vela por el personal de la Asamblea, ¿qué le importamos las demás? Lo mismo que su compañera de Móstoles y aquella diputada de Vox”, añaden en declaraciones a elDiario.es.

La Universidad de La Laguna (ULL) ha defendido este miércoles que su actuación en el caso de la profesora expedientada por presunto acoso laboral se ha llevado a cabo “conforme a derecho”, siguiendo los protocolos establecidos y respetando las garantías procesales.

Según ha indicado la institución académica a EFE, tras la denuncia presentada por la docente por presunto acoso laboral, se activó el protocolo correspondiente y, a partir de un peritaje externo, se incoaron expedientes disciplinarios a las personas señaladas.

No obstante, el proceso concluyó con una propuesta de archivo “al no encontrarse indicios de responsabilidad en los denunciados”, ha precisado la universidad.

Posteriormente, y tras recibir un conjunto de denuncias por presunto incumplimiento de las obligaciones docentes —entre ellas un paro académico de la totalidad del alumnado de la titulación en la que impartía clase—, la ULL decidió incoar un expediente disciplinario a la profesora.

La universidad ha señalado que dicho expediente se encuentra actualmente en suspensión, dado que la docente no está en activo en estos momentos.

Estas declaraciones se producen después de que el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC-IC) denunciara públicamente la actuación de la institución en este caso, al considerar que no se ha protegido adecuadamente a la trabajadora.

Un juzgado de Violencia sobre la Mujer de Móstoles (Madrid) ha admitido a trámite la querella que una exconcejala del PP de esa localidad presentó por acoso sexual y laboral contra el alcalde Manuel Bautista y contra el Partido Popular como persona jurídica. En un auto adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Eloísa Márquez de Prado afirma que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y revelación de secretos” y acuerda abrir diligencias previas. 

En la resolución, fechada el 15 de abril, la magistrada también acuerda citar a la exedil el próximo 29 de junio para que preste declaración. Asimismo, ordena que la médico forense adscrita al juzgado haga un reconocimiento a la denunciante para “determinar las consecuencias lesivas sufridas por la misma como consecuencia de los hechos denunciados”. Asimismo, dispone que se dé traslado de la querella a los denunciados, el alcalde y el Partido Popular “a través de carta certificada con acuse de recibo”.

La exdil presentó la querella el pasado 16 de febrero. Casi un mes después, el 9 de marzo, la Fiscalía reclamó que se diera “un impulso procesal” dado que hasta la fecha no se había avanzado nada en el asunto. El Ministerio Público reclamó que se dictara una resolución para abrir esa investigación, como finalmente ha ocurrido.

La exconcejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

Según informó el diario El País, el letrado de la denunciante solicitó en la querella la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Por el momento, la jueza no ha dado curso a esas peticiones. Como es habitual, ha citado primero a la denunciante para que ratifique la querella.

Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, afirma que ante la “notoria existencia” de presuntos indicios de criminalidad, la resolución judicial no podía ser otra que la admisión a trámite de la querella, iniciándose a continuación las labores de investigación judicial en averiguación de los hechos denunciados.  

La fiscal de la Sección de Violencia contra la Mujer del Área Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado al juez que investigue al alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista por la querella presentada por una exconcejala de ese municipio en la que denunciaba delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y descubrimiento y revelación de secretos. Pide que, dado que hasta la fecha no se ha avanzado nada en este asunto, se dé “un impulso procesal” y, por tanto, se dicte una resolución para abrir esa investigación y que el Ministerio Fiscal pueda informar al respecto.

En un sucinto escrito con fecha de 9 de marzo, avanzado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía recuerda que la querella iba tanto contra el alcalde como contra el PP. Fue en febrero cuando trascendió que esa exconcejala, que pidió auxilio a la cúpula del partido en la región por el acoso laboral y sexual que supuestamente sufrió en 2024 a manos del alcalde, había presentado una querella en los juzgados. Desde entonces ya han pasado dos meses sin que el juzgado haya movido ficha.

Según relataba Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, se trata de “un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima”.

La concejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral, según reveló El País. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán, imputada por corrupción, amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

Según informaba el diario El País, el letrado de la víctima ha solicitado la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

“Nutrido soporte probatorio”

En un comunicado, el despacho Suárez-Valdés, afirma que la querella se sustenta “en un nutrido soporte probatorio”. Con ello se buscará, primero, acreditar la existencia de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la exconcejala por parte del regidor. Y, después, la existencia de “un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad” ante el rechazo a sus pretensiones. 

Según el letrado, “la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular” han obligado a su representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente.

“El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización. La ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones, según tipifica nuestro código penal”, sostiene el comunicado.

La jueza de la plaza número 11 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla ha abierto diligencias previas y ha admitido la querella contra el coordinador de presidencia de la Diputación de Sevilla, Demetrio Pérez, por presunto acoso a una trabajadora de la institución provincial.

Según han indicado fuentes judiciales a Europa Press, la jueza ha citado a la persona denunciante a declarar a final de este mes de abril para “ratificar dicha querella”.

Esta noticia llega menos de un mes después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) inadmitiera a trámite la querella presentada contra el secretario de organización del PSOE de Sevilla y diputado andaluz, Rafael Recio, y, por razón de conexidad, contra el coordinador de presidencia de la Diputación, Demetrio Pérez, así como otras personalidades de la formación y el propio PSOE de Sevilla por “la presunta comisión de delitos de coacciones, contra la integridad moral y revelación de secretos en un entorno de acoso laboral, por los hechos que relata en su querella”.

Según el auto judicial fechado el pasado mes de marzo, el TSJA consideraba que “no existen los suficientes elementos indiciarios de la existencia de los delitos que se imputan a Rafael A. Recio (parlamentario andaluz) por los que se presenta querella contra el parlamentario aforado, ni conexidad con la actuación de los querellados no aforados, respecto de los que no obstante podrá exigirse, en su caso, responsabilidad ante los tribunales de instancia, lo que conduce inexorablemente a la inadmisión íntegra de la querella presentada ante esta Sala”.

María José Rosell es cirujana pediátrica en el Hospital Universitario de León. Ejerce como especialista desde julio de 2024 tras concluir “de forma brillante” su formación en Asturias. Antes pasó por Canarias. En concreto, por el Hospital de La Candelaria de Tenerife, que atiende a la población de la capital y de la zona sur de la isla. Ahí vivió una experiencia tormentosa. Entró en mayo de 2019 en un servicio con una alta conflictividad laboral. A finales de año, seis médicos abandonaron la unidad, que quedó bajo mínimos, sustentada solo por dos facultativos y dos residentes. Meses después, Rosell denunció a su jefe por acoso laboral y la dirección del hospital no solo no la protegió, sino que se lo recriminó y forzó su salida. Había un “odioso interés” en que la entonces cirujana en formación “abandonara el servicio de una vez” y dejara de “evidenciar los problemas y conductas” en Cirugía Pediátrica. Todo ello a pesar de valorar “enormemente” sus “altas capacidades” para el desempeño de ese puesto.  

Los entrecomillados del primer párrafo están extraídos de una sentencia dictada el pasado 27 de febrero por el Juzgado de lo Social 3 de Santa Cruz de Tenerife. En un contundente fallo que aún no es firme, la magistrada condena al Servicio Canario de Salud (SCS) a indemnizar con 35.701,11 euros a la cirujana por los daños patrimoniales y morales que le infligió debido a un grave incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales. 

Los antecedentes

La resolución judicial dibuja un escenario de desidia y revictimización. El relato comienza en mayo de 2019, fecha en la que Rosell se incorpora como médica en formación al servicio de Cirugía Pediátrica de La Candelaria. Tan solo cinco meses después, seis especialistas activan el protocolo de acoso laboral contra el entonces jefe del servicio, M.A.G.C. Denuncian un trato “despótico”, de “menosprecio” de conocimientos y habilidades profesionales y una distribución “arbitraria” de funciones, de modo que las intervenciones más complicadas se reservan casi de forma exclusiva para sí mismo y para otro doctor.  

A finales de año, esos seis facultativos renuncian y la unidad queda en manos del jefe denunciado, de otro adjunto y de dos residentes, una de tercer año y Rosell. Las conclusiones del protocolo de acoso llegan en marzo de 2020. La Comisión de Investigación constata que la convivencia es “insostenible” y que hay un evidente riesgo psicosocial por el “estilo de mando autoritario” del jefe del servicio, pero no puede concluir “con certeza” que se trate de un caso de acoso laboral, puesto que la prueba de más peso en la instrucción es la obtenida de las entrevistas y no aprecia acreditación documental suficiente. 

Esa comisión exige dos evaluaciones: sobre la idoneidad del jefe y sobre los riesgos psicosociales. La primera tardaría más de tres años y medio. La segunda se emite en noviembre de 2020 y acredita la existencia de un “riesgo importante” en el servicio. 

La denuncia de las residentes

Tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019, el servicio se mantiene con solo cuatro integrantes y la misma presión asistencial durante un año. A pesar de los resultados académicos positivos de las dos residentes, la escasez de médicos incrementa la exposición de Rosell y de su compañera al “autoritarismo” del jefe. Ambas lo denuncian por acoso laboral el 19 de noviembre de 2020. Y al día siguiente son convocadas a una reunión en la que participan el tutor de las residentes y el director médico del hospital, R.G.P. La conversación queda grabada y es aportada al proceso judicial como prueba, sin que el SCS haya cuestionado su validez. 

En ese audio, el director médico recrimina a las residentes su actitud. Les achaca que en el anterior protocolo de acoso (el abierto por la denuncia de los seis especialistas) no habían declarado nada en contra del jefe y les advierte: “A él no lo vamos a tocar, él tiene plaza aquí dentro, pero a ti te jode la especialidad”. Y añade: “Cuando hubo una denuncia lo defendieron. O sea, que esto se lo tienen ganado, también se los digo. Con toda la mala leche del mundo. Esto que tienen se lo han ganado ustedes mismas (...) Pues a mamarla, compadre. A mamársela. Eso es lo que ustedes han buscado”. 

En los días posteriores se suceden otros episodios. En uno de ellos, según denuncia, Rosell tiene que encerrarse bajo llave y a oscuras por miedo en un despacho mientras su jefe intenta forzar la puerta desde fuera. Incluso llega a llamar a la Policía Nacional pidiendo auxilio. Tras esta escalada de tensión, la dirección médica convoca una nueva reunión y el jefe del servicio causa baja el 30 de noviembre, once días después de la denuncia. 

La gerencia acuerda entonces iniciar el procedimiento para suspender la acreditación docente de Cirugía Pediátrica, al haberse reducido la actividad quirúrgica y disponer el servicio de un solo especialista. Se transfiere la carga asistencial y las guardias al otro centro de referencia de Tenerife, el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Este nuevo escenario obliga a las residentes a salir, a una rotación externa urgente. Rosell tiene que irse a Barcelona durante cuatro meses, de enero a mayo de 2021. 

A su regreso, el jefe sigue de baja. Se reincorpora en septiembre. En ese momento se celebra una nueva reunión en la que se acuerda que no coincidan. No puede tener contacto con las residentes, ni establecer sus rotaciones ni organizar sus guardias. Sin embargo, todo eso se queda en una “mera declaración de intenciones”, según recoge la sentencia. Las médicas en formación siguen bajo “la posible arbitrariedad” del jefe denunciado, quien mantiene su superioridad “al ejercer sus funciones de planificación, organización y distribución del servicio (adjudicación de intervenciones quirúrgicas, pacientes…)” En definitiva, “proyectando influencia directa” en el trabajo de Rosell, cuando “ya era clara la animadversión” hacia la residente que había iniciado el protocolo de acoso. 

Desde ese momento y hasta el 1 de diciembre de 2021, fecha en la que la gerencia comunica de forma oficial al jefe de Cirugía Pediátrica la retirada cautelar de las funciones de organización y planificación, el SCS “mantuvo expuesta a Rosell al riesgo psicosocial, cuando menos de autoritarismo, y de posible acoso, sin medida protectora alguna”. 

En 2022, la subdirección médica asume formalmente la planificación de quirófanos y consultas de Cirugía Pediátrica, aunque el jefe de servicio “sigue intentando organizar parte de la agenda”. En marzo se inicia por fin, dos años después de haber sido solicitado, el procedimiento para evaluar su puesto. Y ese mismo mes, en concreto el día 18, se celebra una nueva reunión entre altos cargos del hospital y las residentes, que vuelven a recibir recriminaciones y reproches. “Que hayamos llegado a este punto de la docencia y que no hayas visto antes que era tu momento de marchar. Me cuesta entenderlo”, se escucha en un momento de esa conversación, que también fue grabada. En otro instante, les advierten de que ningún otro hospital querrá contratarlas por su carácter “problemático”.  

En mayo de 2022, el Ministerio de Sanidad emite la resolución definitiva de desacreditación de la unidad docente de Cirugía Pediátrica del Hospital de La Candelaria. Rosell tiene que irse. Se traslada a Asturias para completar su formación como residente. 

Protocolo de acoso 

La sentencia también se detiene en los “incumplimientos flagrantes” de los plazos y previsiones cautelares del protocolo contra el acoso. El fallo pone de relieve que la primera comisión de investigación para evaluar la denuncia de las residentes se abre en marzo de 2021, tres meses después de presentada, aunque se devuelve de inmediato a la gerencia porque los hechos podían ser constitutivos de acoso por razón de sexo. 

La nueva comisión se constituye en abril de 2022, un año y medio después de la denuncia. Y tras unas “mínimas diligencias” -dar audiencia a Rosell- concluye, “como era esperable”, que no se trataba de acoso por razón de sexo, “puesto que ya habían existido procesos previos promovidos por facultativos varones con origen en el mismo jefe de servicio”, sino de un “posible acoso laboral psicológico cuyo riesgo ya se había apuntado” tras la renuncia de los seis especialistas a finales de 2019. El protocolo se archiva en enero de 2023, con Rosell ya en la Península. La afectada decide entonces acudir a los juzgados. 

A finales de ese año, la gerencia del hospital destituye a M.A.G.C. como jefe del servicio de Cirugía Pediátrica por negarse a ser evaluado. 

“Rechazo frontal a la actitud combativa”

La jueza pone de manifiesto en su sentencia el “rechazo frontal” de todos los estamentos jerárquicos del hospital a “la actitud combativa y de denuncia” de Rosell “frente a la tóxica situación mantenida en el tiempo que se daba en el servicio de Cirugía Pediátrica” y que evidenció, por ejemplo, una enfermera que testificó en el juicio y contó que era habitual que el jefe increpara “con alta voz” a especialistas y residentes en medio de las cirugías y que las profesionales salieran llorando del quirófano. 

La magistrada lamenta que la dirección llegara incluso a “la discriminación y a la advertencia directa de las consecuencias negativas indeseadas por tales denuncias, pese a conocer y destacar cada uno de los intervinientes en su día la enorme y particular valía profesional de Rosell como cirujana pediátrica”. Su actitud “inconformista” frente a la lesión a su derecho a la salud en el trabajo “redunda en beneficio de toda la ciudadanía (...), aunque lamentablemente en su día los dirigentes” del Hospital de La Candelaria “no lo supieran ver e intentaran acallar a esta valiosa profesional”, reza el fallo. 

La jueza rechaza las justificaciones dadas por el director médico del complejo, que defendía que se le intentó facilitar “una salida laboral”. “Si el problema está dentro del servicio, las medidas protectoras se deben tomar, lógica e inicialmente, dentro de este servicio, y no facilitando laxamente una salida laboral al trabajador que denuncia distorsiones para que se marche del servicio”, incide la resolución judicial, que aún se puede recurrir. 

La conclusión que alcanza la magistrada es que no había un interés en proteger a las denunciantes o evaluar la idoneidad para el puesto del jefe del servicio y sí había, en cambio, “un odioso interés en que la residente abandonara el servicio de una vez y dejara de evidenciar problemas y conductas que decía haber vivido dentro”. En definitiva, “existe un claro incumplimiento de medidas de prevención de riesgos laborales por el SCS”, al “no haberse activado medidas inmediatas para dar solución efectiva a las comunicaciones, peticiones e informes que desde 2020 ha venido remitiendo la trabajadora residente”. 

La indemnización acordada en la sentencia incluye daños morales (30.000 euros); patrimoniales, por el traslado temporal de la residente a Barcelona en la rotación externa urgente, y otros de diversa índole. En total, 35.701,11 euros. 

Para Rosell, la sentencia es una victoria. La especialista incide en que, “lejos de escuchar” a las residentes que habían denunciado a su jefe por acoso laboral, desde el hospital se les tildó de “conflictivas, de problemáticas”, se les “cerró las puertas” y se les intentó “callar y echar”.

Este periódico se ha puesto en contacto con el SCS para recabar su valoración sobre la sentencia y conocer si será recurrida, pero hasta la fecha no ha obtenido respuesta. 

El Parlamento Europeo ha elaborado un informe en el que asegura que tras una investigación, en la que cuenta con “testigos creíbles”, se confirma que la denuncia de un trabajador parlamentario contra el eurodiputado de Junts Toni Comin “podría ser acoso” psicológico y sexual, según ha adelantado el diario Ara.

La Eurocámara afirma que hay “pruebas suficientes” y defiende “la continuación del procedimiento del caso” contra el representante de Junts en los tribunales. Incluso el Parlamento Europeo se ofrece a proporcionar “apoyo financiero” al exasistente que denunció los abusos para sufragarle los costes judiciales y de los abogados. Comín niega las acusaciones y advierte de que “se reserva el derecho de emprender acciones legales contra las personas que están denunciando falsamente con voluntad de difamación”. El eurodiputado de Junts asegura que “nunca ha sido llamado” por el Parlamento Europeo “para explicar la verdad de los hechos”.

La cuestión es que Comín no tiene el acta de eurodiputado con lo que el Parlamento Europeo no puede sancionarlo ni hacer público el informe que ha publicado Ara. En la apertura de cada pleno de la Eurocámara, su presidenta, Roberta Metsola, anuncia el resultado de investigaciones sobre los eurodiputados y las sanciones aplicadas, pero “solo tiene poderes disciplinarios sobre los eurodiputados” de pleno derecho. En el caso de Comín no es posible porque no ocupa escaño.

En enero de 2025 se hizo pública la denuncia de un ex asesor del político contra Toni Comín en la que mencionaban tocamientos, insinuaciones y proposiciones sexuales, además de hostigamiento laboral, broncas sin motivo y amenazas de despido. El exasistente también denunció que “la búsqueda de contacto físico” por parte del exconseller aumentó con el tiempo hasta llegar a “momentos insoportables”.

El informe del Parlamento confirma que Comín podría haber violado tanto el punto que define el acoso psicológico como “cualquier conducta abusiva que sea persistente, repetida o sistemática, que implique comportamientos, palabras, acciones, gestos o comunicaciones escritas intencionales que menoscaben la personalidad, la dignidad o la integridad física o mental de una persona”; así como el acoso sexual, definido como “cualquier conducta de naturaleza sexual que no sea deseada por la persona a la que va dirigida y que tenga por objeto o efecto vulnerar su dignidad o crear un entorno intimidatorio, hostil, ofensivo o molesto”.

Comín solo podría recurrir las conclusiones de la investigación del Parlamento Europeo si obtiene el acta de eurodiputado, pero no puede ejercer como eurodiputado porque las autoridades españolas le exigen jurar la Constitución presencialmente en Madrid para obtener el acta, por lo que podría ser detenido por la orden que pesa sobre él por el procés. El caso sobre su escaño se encuentra ante la justicia europea, que debe decidir si la Eurocámara le entrega el acta aunque no acate la Carta Magna.