El Gobierno de Navarra y EH Bildu han alcanzado un acuerdo sobre las inversiones que se realizarán con los 271 millones de euros que tuvo la comunidad foral de superávit en el año 2024. Los detalles del acuerdo los dará a conocer el miércoles el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, tras la aprobación del Plan de Inversiones, pero este lunes la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal, ha avanzado el acuerdo para el destino del superávit que estará incluido en el plan.

La portavoz de EH Bildu ha celebrado el acuerdo, que según ha apuntado, servirá para que “este dinero se utilice en favor de la ciudadanía”. “Cuando EH Bildu participa en la toma de decisiones, es la ciudadanía navarra la que gana”, ha afirmado.

Entre las propuestas pactadas entre EH Bildu y el Ejecutivo navarro se encuentran la financiación de la variante de Arraitz, la sustitución del puente de San Andrés en la localidad de Villava, el impulso a un centro logístico agroalimentario en Noáin, así como inversiones en sanidad y vivienda.

Según ha precisado Laura Aznal, se trata de propuestas concretas en las que han “priorizado” la lucha contra la despoblación con la variante de Arraitz, una infraestructura “necesaria desde hace décadas” que es “estratégica y urgente”.

También las consecuencias de la emergencia climática “como las inundaciones”. “Hemos garantizado los fondos necesarios para la sustitución del puente de San Andrés de Villava”, ha informado, para precisar que han solicitado 2,3 millones de euros que “van a permitir que por fin este puente se pueda sustituir”.

Además, ha detallado que apuestan por la soberanía alimentaria y han impulsado, en sus propuestas, el centro logístico de Noáin para pequeños productores porque les “preocupa el dominio de la gran distribución en la comercialización del sector agrario”. “En este centro de Intia se desarrollará una actividad clave para el producto local y sostenible y también será un punto de venta directo para los consumidores”, ha expuesto.

Aznal ha comentado además sus propuestas en el ámbito sanitario como mejoras en las instalaciones del hospital de Tudela, mejoras en la accesibilidad de las personas en el CASSYR de Andraize y de la climatización del Hospital Universitario de Navarra, así como medidas destinadas a reforzar las políticas públicas de vivienda.

También han valorado de forma positiva el acuerdo los socios de Gobierno PSN y Geroa Bai. “Nos va a permitir destinar muchísimos más recursos a prioridades de la ciudadanía” como vivienda, más infraestructuras educativas, sanitarias, carreteras, infraestructuras de ámbito industrial y “todo tipo de inversiones que van a poder permitir mejorar las prestaciones y los servicios a la ciudadanía navarra”, ha destacado la parlamentaria socialista, Ainhoa Unzu. “Es un principio de acuerdo para reinvertir millones de euros en cuestiones que se contemplan como estratégicas en materias de salud, de industria, en el sector primario e infraestructuras de cohesión territorial”, ha añadido el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona.

El principal partido de la oposición, UPN, ha criticado que haya sido EH Bildu quien haya anunciado el acuerdo sobre el destino de las inversiones y no el Gobierno de Navarra, al que ha acusado de “permitirle todo” a la izquierda abertzale. “EH Bildu ya es segunda fuerza política en Navarra, pero a este paso la diferencia que va a tener con el Partido Socialista y con Geroa Bai va a ser abismal”, ha señalado Javier Esparza.

La presidenta de Navarra, María Chivite, viaja esta semana a China para firmar la llegada de la empresa de fabricación de baterías de almacenamiento eléctrico. Chivite encabeza una delegación en la que también está el consejero de Industria, Mikel Irujo, que también visitará otras compañías del país para “vender” a la comunidad foral como “una tierra de oportunidades” de inversión. El viaje coincide con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se reunirá con el presidente chino, Xi Jinping.

Será de hecho en esa reunión en la que las autoridades chinas firmarán la autorización para que Hithium pueda invertir del orden de 400 millones de euros en la fábrica de baterías que generará más de 700 empleos, un paso clave para que las compañías chinas puedan exportar su tecnología a países extranjeros. La fábrica de la comunidad foral será la primera que Hithium instale en Europa.

Esta firma supone un paso “fundamental” para la llegada de la inversión china a Navarra, destacan fuentes del Ejecutivo foral consultadas por este periódico, pero no definitivo. Tal y como explicó la presidenta navarra todavía queda “mucho trabajo que realizar”. Chivite mencionó entre los puntos a tratar la necesidad de “constituir una empresa público-privada para el desembarco” de Hithium. También falta por fijar la ubicación de la futura fábrica, que todavía no se ha anunciado aunque las instalaciones de la ya clausurada BSH en Esquíroz se postulan como la principal opción.

La delegación navarra aprovechará el viaje a Pekín para visitar otras compañías en la busca de nuevas inversiones para la comunidad foral. “Queremos seguir vendiendo a Navarra como una comunidad muy atractiva para la inversión”, apuntó la presidenta Navarra el viernes.

“Tenemos fuertes ecosistemas en el ámbito de la automoción, tenemos un fuerte ecosistema en el ámbito de las renovables, y las empresas que vamos a visitar están en esos ámbitos”, añadió.

En la última gran crisis financiera un concepto hasta entonces poco conocido lo cambió todo: las hipotecas subprime. Fueron la gota que colmó el vaso. Unos créditos inmobiliarios focalizados en Estados Unidos, de alto riesgo y elevada rentabilidad –hasta que se desplomaron–, que se convirtieron en el epicentro de un terremoto que conllevó rescates multimillonarios y la caída de nombres del sistema que parecían intocables. Han pasado casi dos décadas y las alarmas están comenzando a hacerse oír –y el volumen va subiendo– en un segmento del sector financiero al que también se le ha puesto nombre, que también tiene una regulación más laxa y que si cae, de nuevo, puede tener un efecto arrastre. 

Se trata de “la banca en la sombra”. Bajo esa idea está todo el sistema financiero no bancario, que queda al margen de la supervisión de los bancos centrales y que se alimentó, precisamente, después de la última gran crisis como alternativa a las entidades más tradicionales, donde se reforzaron las exigencias de capital para evitar problemas. Ahí están los fondos y firmas de inversión, los fondos de pensiones privados que agrupan, por ejemplo, a colectivos de trabajadores retirados que invierten a escala global, las ramas de las aseguradoras dedicadas a invertir en múltiples sectores, entre ellos, el inmobiliario; o el conocido como capital riesgo, entre otros.

A diferencia de las entidades financieras supervisadas y reguladas, estas firmas de financiación privada conceden créditos, pero no tienen depositantes como los de los bancos, aunque tengan inversores detrás.

Tampoco soportan las mismas exigencias de colchones de capital, con los que hacer frente a los vientos que vienen de cara, como está sucediendo actualmente ante la incertidumbre provocada por la guerra en Irán o las dudas sobre las valoraciones de los gigantes de la IA. Se dedican a conceder capital a empresas o instituciones, a cambio de una rentabilidad elevada y con periodos de vencimiento a medio o largo plazo, que puede llegar a cinco o hasta 10 años. La mayoría capta los fondos que luego prestan, que pueden proceder de otros inversores, de colectivos como los citados pensionistas –de EEUU o de Canadá, por ejemplo– y, también, de grandes fortunas. 

Los datos más recientes publicados por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés) –que coordina a nivel internacional el trabajo de las autoridades financieras nacionales y el de los organismos internacionales, como el BCE o el Banco de España– señalan que la banca sombra suma casi 239 billones de dólares (más de 205 billones de euros). Es decir, casi la mitad de todos los activos financieros globales. En España, según los datos publicados por el Banco de España alcanza los 1,6 billones de euros.

“Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) han alertado recientemente de que este auge viene acompañado de vulnerabilidades estructurales que recuerdan a los desequilibrios previos a la crisis de 2008”, asegura Funcas. “Aunque hay diferencias entre el contexto actual y el de hace tres lustros, algunas similitudes preocupan: apalancamiento creciente, opacidad en ciertas inversiones, dependencia de calificaciones crediticias privadas y elevada interconexión financiera entre bancos y entidades no bancarias”.

El problema no es solo su dimensión, sino que esta banca en la sombra, esas firmas de inversión privada, están interconectadas con el conjunto del sistema financiero, también con las entidades bancarias que sí están reguladas y supervisadas. Y, si hay problemas, ya se sabe por la experiencia de 2008, que las piezas pueden comenzar a caer como en el dominó.

De hecho, ya hace tiempo que algunos de los grandes nombres del sector empiezan a dejar pistas que señalan que no todo va bien. En octubre del año pasado, el consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, aseguró que se estaban viendo “cucarachas” en el sistema. Entonces se refería a las quiebras de firmas pequeñas, como Tricolor y First Brands, pero capaces de provocar daños colaterales. Ana Botín, presidenta de Banco Santander comparó esos indicios con otro animal: las medusas, porque no te impiden seguir nadando, pero “hay que ser muy cuidadosos” con ellas.

Unos signos de debilidad que van en aumento

Ese avistamiento de “cucarachas” o “medusas” coincide en el tiempo con crecientes indicios de que algo está sucediendo en los mercados. A finales de febrero quebró la firma británica Markets Financial Solutions (MFS), enfocada en el mercado inmobiliario. Y uno de los bancos que figura entre sus acreedores es Banco Santander. Según Bloomberg, su exposición es de alrededor de 200 millones de libras, unos 229 millones de euros al cambio actual. 

La entidad española, según recoge EFE, califica la exposición total del grupo al crédito privado como “residual” porque representa menos del 1% de su cartera. Pese a eso, el banco ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que existe riesgo de tensiones en el crédito privado. En concreto, en el folleto registrado en el supervisor del mercado español, señala que las dudas sobre la solvencia de determinadas instituciones financieras podrían generar problemas de liquidez y pérdidas en otras entidades. Santander también advierte de que un cambio brusco en el apetito por el riesgo de los inversores, por ejemplo tras perturbaciones en el crédito privado, podría provocar caídas significativas en los precios de los activos y endurecer las condiciones financieras globales.

Y cuando hay miedo, las puertas se cierran. Gigantes de la inversión, como BlackRock, Blackstone o Apollo han limitado los reembolsos –la retirada de dinero– de algunos de sus productos ante un aumento de las solicitudes de recuperar la inversión por parte de sus partícipes.

En los últimos días, la banca estadounidense está elevando los tipos de interés en los préstamos que concede a las firmas de inversión que apuestan por los conocidos como 'business development companies' (BDC), empresas en fase de desarrollo, según la información publicada por Reuters. El motivo, las altas valoraciones que han otorgado, por ejemplo, a las inversiones ligadas a la inteligencia artificial.

No es lo único. Según la misma agencia, la 'banca privada' está dando más tiempo a algunas de las firmas en las que ha invertido para garantizar que devuelvan sus créditos aunque tarden más. Es decir, están alargando los plazos de pago ante el temor de no recuperar lo invertido en una especie de tormenta perfecta donde la financiación se concedió a tipos de interés bajos, que ahora tienen perspectivas de subir, las valoraciones de las acciones no son tan positivas como se pensaba y la incertidumbre con la guerra en Oriente Medio va claramente al alza.

El Gobierno de España va a invertir más de 23 millones de euros en la modernización del Centro de Adiestramientos Especiales, ubicado en Logroño. La delegada del Gobierno en La. Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha explicado que estas obras de modernización se enmarcan dentro de la segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Segurida del Estado, conocido como PLISE y su objetivo es “mejorar la infraestructura para poder realizar otro tipo de prácticas de adiestramiento”.

Y además de estos trabajos, la Delegada del Gobierno en La Rioja ha repasado otras intervenciones como “las obras de eficiencia energética realizadas en el acuartelamiento de Cervera del Río Alhama, unos trabajos cuya inversión ronda el millón de euros y que han sido sufragados con fonos europeos Next Generation”. O las obras en el cuartel de la Guardia Civil en Villamediana de Iregua en el que se han invertido 12,6 millones de euros y que aún se están ejecutando.

Al margen de estas actuaciones, Arraiz ha destacado el número de efectivos en La Rioja que “se sitúa por encima de la media nacional en el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil, con un aumento de un 11 por ciento respecto al año 2018”. Arraiz lo ha comparado con el periodo 2011-2018 en el que “nuestra región perdió 233 efectivos” mientras que desde 2018 hasta la actualidad, “se han ganado 163”.

Este refuerzo, ha precisado la delegada del Gobierno “tiene un impacto directo en los resultados”, ya que La Rioja “mantiene una tasa de criminalidad significativamente inferior a la media nacional, con 36,7 infracciones por cada mil habitantes frente a más de 50 en el conjunto de España”. Datos que demuestran “que La Rioja es una tierra segura, y que lo es gracias al trabajo constante de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, ha concluido Arraiz.

El Gobierno de La Rioa invertirá 1,65 millones de euros en actuaciones que ayuden a prevenir incendios forestales en los montes de La Rioja Baja hasta 2028. Así se ha acordado en el Consejo de Gobierno celebrado este martes por el que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente destinará esta inversión al proyecto de mejoras selvícolas para la conservación y estabilidad de las masas forestales en Montes de Utilidad Pública (MUP) de La Rioja Baja durante el periodo 2026-2028.

El proyecto contempla la realización de trabajos de clareo, desbroce, poda y eliminación de combustible vegetal, así como intervenciones dirigidas a reducir la densidad de las masas forestales y favorecer su regeneración natural. Estas labores son esenciales para mejorar el estado sanitario de los montes y reducir el riesgo de incendios forestales, al disminuir la carga de combustible.

De forma complementaria, el proyecto contempla actuaciones de reposición en repoblaciones protectoras y el apoyo al operativo de lucha contra incendios, de manera que, durante el periodo comprendido entre el 15 de junio y el 31 de octubre de cada anualidad, las cuadrillas podrán integrarse en labores de extinción, control y liquidación de incendios forestales.

La actuación garantiza una adecuada gestión forestal mediante el desarrollo de tratamientos selvícolas orientados a mejorar la estructura, vitalidad y estabilidad de las masas forestales riojanas, reforzando su capacidad de adaptación frente a riesgos como incendios, pero también a plagas o fenómenos climáticos adversos.

En 11 municipios de La Rioja Baja

Los trabajos se desarrollarán en Montes de Utilidad Pública ubicados en los términos municipales de Aguilar del Río Alhama, Alfaro, Autol, Bergasillas Bajera, Cervera del Río Alhama, Enciso, Navajún, Préjano, Quel, Villarroya y Zarzosa. Entre ellos, destaca el monte ‘Valdemer y Valdelloto’ en Bergasillas Bajera, que cuenta con certificado de gestión forestal sostenible (PEFC), lo que garantiza la aplicación de criterios ambientales, sociales y económicos en su gestión.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el Convenio entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, regulador de la participación del Ayuntamiento de Logroño en la Sección de Capitalidad del Fondo de Cooperación Local de La Rioja para el año 2026, que contará con una aportación autonómica de 3.075.828 euros, cantidad que aparece reflejada en los Presupuestos Generales de La Rioja de este año.

El convenio, cuya cuantía representa un incremento del 5,6 por ciento respecto a la destinada el año 2023, y del 1 por ciento en relación a la del último ejercicio, entrará en vigor desde la fecha de su firma, que correrá a cargo del presidente del Gobierno de La Rioja y del alcalde de Logroño, hasta el próximo 31 de diciembre de 2026.  El abono de la asignación al Ayuntamiento de Logroño, que destinará esta partida a financiar áreas destinadas al desarrollo local en el ámbito de sus competencias, se realizará mediante dos transferencias.

El Gobierno de La Rioja ha incrementado año a año la dotación económica destinada al convenio de capitalidad desde el inicio de la legislatura fruto de su compromiso con la mejora de los servicios públicos y la calidad de vida de los vecinos de Logroño. 

La Ley 2/2015, de 23 de marzo, del Estatuto de capitalidad de la ciudad de Logroño establece un régimen jurídico singular para el municipio de Logroño por su condición de capital de la Comunidad Autónoma. 

Además, el artículo 46 de dicha norma dispone que Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma incluirán un crédito específico para la ciudad de Logroño que tenga en cuenta los efectos económicos y sociales de la capitalidad, de acuerdo con criterios equitativos de financiación, y que dicho crédito se articulará a través de la firma del Convenio de Capitalidad.

Navarra y el Estado han alcanzado un acuerdo en las últimas horas por el que la comunidad foral podrá destinar el superávit que genere en sus cuentas a otras cuestiones que no sean exclusivamente la amortización de la deuda. El acuerdo ha sido suscrito este jueves en la Comisión Coordinadora del Convenio Económico que han celebrado ambas administraciones de forma telemática.

En la actualidad, la ley obliga a que, si una administración arroja un resultado de superávit en sus cuentas, ese excedente debe ser destinado a la reducción de su deuda. Sin embargo, este acuerdo permitirá a Navarra tener “capacidad total de decisión a la hora de emplear los remanentes económicos que genere”, ha celebrado el consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti.

Además, el consejero ha adelantado la intención del Gobierno de Navarra de solicitar al Gobierno central “que contemple que el superávit que se genere pueda ser destinado, por ejemplo, a la concesión de ayudas a sectores que puedan necesitarlas por las consecuencias de la inestabilidad internacional que se está viviendo”.

Arasti ha señalado que el Gobierno de Navarra puso en marcha un plan de inversiones por valor de 125 millones de euros, que “procedían del superávit generado” y que “permiten acometer proyectos de interés para Navarra”. “Pero esa cifra de 125 millones se ha quedado corta porque el superávit de 2024 alcanzó los 271 millones y esa es la cifra de la que podríamos disponer para ampliar ese plan de inversiones”, ha comentado, para afirmar que “en próximas semanas” se podrá “hablar de la incorporación del resto, unos 146 millones”.

“Podremos plantear qué inversiones podrán realizarse con ese incremento del plan de inversiones por este acuerdo de hoy”, ha insistido el consejero, quien ha indicado que el acuerdo abre la posibilidad de que los superávit de los años 2025 y siguientes “puedan ser utilizados para plan de inversiones siempre y cuando nuestro nivel de endeudamiento no supere el 13%”.

Así, ha explicado que el acuerdo “permite a Navarra tener capacidad de decisión a la hora de emplear los remanentes económicos que generemos y el Gobierno de Navarra va a proponer al central que contemple que los superávit que podamos generar puedan ser destinados por ejemplo a la concesión de ayudas a sectores que puedan necesitarlas por las consecuencias de la inestabilidad internacional”.

Según ha detallado, “lo firmado confirma la adecuación de los compromisos de colaboración y de coordinación en materia de estabilidad presupuestaria al nuevo marco europeo”. “El 13% es el porcentaje máximo de deuda permitida a cada comunidad autónoma en el marco de la legislación nacional de estabilidad”, ha expuesto, para subrayar que “Navarra y el Estado acabamos de sellar el compromiso de que siempre que nuestra Comunidad no supere ese porcentaje podamos destinar nuestro superávit a otros objetivos que no sean exclusivamente la amortización de la deuda”.

Arasti ha añadido que “las cifras de Navarra en este terreno de deuda pública son destacadas en el conjunto de comunidades y cerramos 2024 con una deuda de 2.745 millones de euros, lo que representa el 10,3% de nuestro PIB, alejado del 13% máximo que permite la ley”. “Somos la comunidad con menos deuda de España y esta cifra supone una reducción significativa respecto al 11,8% de 2023, alcanzando niveles de deuda que no habíamos visto desde 2011”, ha expuesto.

Según ha continuado, con el acuerdo se “abre la posibilidad de impulsar nuevos planes de inversiones”. “El diálogo tan fluido entre Administraciones nos ha permitido llegar a este acuerdo de la Comisión de Coordinadora tras varios meses de trabajo”, ha expuesto.

Sobre el destino de ese superávit, el consejero ha indicado que “el acuerdo ha sido hoy y estamos trabajando, analizando cuáles son las inversiones que puedan estar en los cajones de los departamentos y podamos impulsarlas este año y el que viene”.

Las inversiones públicas se descompensan entre las provincias andaluzas, donde Málaga encabeza la clasificación con 1.347 millones de euros, casi el 30% del total, lo que supondría un aumento del 235% respecto a los 400 millones de 2024. Por contra, Sevilla desciende un 41% hasta situarse en los 783 millones de euros, así que el gasto per cápita queda un 24% por debajo de la media regional y lejos de los 674 euros por habitantes que registró el periodo anterior.

Así se desprende del informe anual del sector elaborado por el Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop), que refleja que en la comunidad hubo una inversión pública de un total de 4.514,6 millones de euros. Esta cifra supone un incremento del 23% en comparación con 2024 y sería el mayor volumen registrado desde 2009.

En cuanto a Málaga, la construcción del nuevo hospital de la Junta y la actividad del Estado y de los ayuntamientos de la provincia la han llevado a conquistar el podium, trasladan en un comunicado. No obstante, en Sevilla se destacan las actuaciones en infraestructuras de transportes e inversión municipal. Seguidamente, el tercer puesto corresponde a Granada, con 545 millones de euros, seguida por Almería, con 403,5 millones.

El Estado, más inversión

En la provincia almeriense descendió un 7% durante 2025 hasta situarse en los 403,5 millones de euros, es decir, 30 millones de euros menos que en 2024. Las obras del Cooredor del Mediterráneo son las que más han atraído al sector. Por su parte, Huelva notificó 395,5 millones de euros y, en la parte final del listado, quedarían Cádiz, con 372,7 millones; Córdoba, con 336,8 millones; y Jaén, que cierra con 201 millones.

En el conjunto de Andalucía, el Estado volvió a situarse como la administración que más recursos movilizó en obra pública durante 2025, con 1.523,7 millones de euros adjudicados. Le siguen los ayuntamientos, que alcanzaron los 1.382,4 millones tras protagonizar el mayor incremento interanual, y la Junta de Andalucía, con 1.375,2 millones. A mayor distancia aparecen las diputaciones provinciales, con 169 millones, y las universidades, con 22,6 millones.

El informe también pone el foco en la participación de las empresas andaluzas en los contratos públicos. Según Ceacop, estas compañías acapararon en 2025 el 48% del montante total adjudicado en la comunidad, dos puntos porcentuales menos que en el ejercicio anterior y el porcentaje más bajo registrado desde 2014.

Empresas andaluzas

La presencia de firmas de la región varía de forma notable según la administración que promueve las obras. Mientras que en el ámbito local las empresas andaluzas concentran el 72% de las adjudicaciones de los ayuntamientos y el 82% de las diputaciones provinciales, su peso se reduce en otras administraciones. En el caso de la Junta de Andalucía alcanza el 43,4%, mientras que en las obras impulsadas por el Gobierno central apenas llega al 25%.

La patronal del sector también advierte del creciente recurso a los llamados medios propios de las administraciones públicas, como Tragsa, Tragsatec o Ineco. En 2025 los encargos directos a estas empresas públicas alcanzaron los 454 millones de euros en Andalucía, de los cuales cerca de 300 millones correspondieron a la Junta.

Pese al fuerte incremento registrado el pasado año, desde Ceacop recuerdan que los niveles actuales de inversión todavía se sitúan lejos de los registrados antes de la crisis financiera. Aunque el volumen alcanzado en 2025 supera la media anual de los años de mayor actividad entre 2006 y 2009, si se tiene en cuenta el efecto de la inflación la inversión actual continúa aproximadamente un 40% por debajo de aquellos niveles en términos reales.

OpenAI ha anunciado este viernes una histórica ronda de financiación histórica de 110.000 millones de dólares (93.000 millones de euros) que sitúa su valoración en los 730.000 millones. La operación está liderada por Amazon, con una aportación de 50.000 millones, seguida por SoftBank y Nvidia, con 30.000 millones cada una. La cifra la consolida como la tecnológica que no cotiza en bolsa más valiosa del mundo, superando las estimaciones previas que la situaban en torno a los 500.000 millones de dólares.

El movimiento se produce en un momento de máxima tensión financiera para el sector, con los líderes tecnológicos justificando inversiones masivas que todavía no ofrecen retornos claros y que los mercados están empezando a penalizar.

En el centro de estas dudas se coloca precisamente OpenAI, que ha comprometido más de un billón de euros hasta 2033 de gasto en capacidad de computación a pesar de que sus ingresos no llegan aún a los 15.000 millones anuales.

“La IA se va a implementar en todas partes. Está transformando la economía, y el mundo necesita una gran capacidad de computación colectiva para satisfacer la demanda”, ha declarado a la cadena CNBC Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, que se ha mostrado “entusiasmado” con el acuerdo.

Con todo, la nueva alianza con Nvidia y Amazon refuerza una estructura que muchos analistas asocian con las inversiones circulares que llevaron al colapso a la burbuja de las puntocom. Entonces, muchas jóvenes empresas digitales se invertían dinero entre sí o compraban servicios y publicidad unas a otras con acciones en lugar de efectivo. El mecanismo inflaba artificialmente sus ingresos y valoraciones, creando crecimiento en papel sin que entrara dinero real en el sistema.

Ahora, OpenAI afronta pérdidas masivas y no tiene un modelo de negocio claro, mientras sigue recibiendo dinero a cambio de utilizar los productos de sus inversores para impulsar su IA.

De esta forma, como parte de la alianza estratégica con Amazon, OpenAI integrará sus servicios en Amazon Bedrock y utilizará los chips personalizados Trainium. Asimismo, AWS se convertirá en el proveedor exclusivo de nube para “OpenAI Frontier”, una plataforma orientada a la gestión de agentes de inteligencia artificial para organizaciones. En paralelo, el acuerdo con Nvidia garantiza a OpenAI el acceso a los chips de última generación que han hecho de esta compañía la más valiosa en bolsa del planeta.

900 millones de usuarios y un futuro publicitario

OpenAI ha aprovechado el anuncio para revelar que ChatGPT ya supera los 900 millones de usuarios semanales y cuenta con más de 50 millones de suscriptores de pago. En el sector profesional, más de 9 millones de usuarios empresariales utilizan la plataforma, mientras que Codex, su herramienta para desarrolladores, ha triplicado su base de usuarios hasta los 1,6 millones semanales.

Aunque ChatGPT es una de las herramientas digitales de más rápida adopción de la historia, las cifras siguen lejos de las que reflejan aplicaciones como Facebook (3.000 millones de usuarios), Instagram (2.500 millones) o TikTok (1.600 millones).

En este contexto de presión para encontrar nuevas vías de ingresos, la compañía ha confirmado que incluirá anuncios en ChatGPT en los próximos meses, un giro significativo respecto a su discurso inicial, cuando calificaba la publicidad como “el último recurso”. El movimiento abre la puerta a que las conversaciones mantenidas con la IA se conviertan en una fuente de datos de alto valor para el perfilado publicitario, mediante el análisis del comportamiento digital y la inferencia de intereses personales.

Ese tipo de información puede incluir datos sobre salud, ideología o circunstancias personales que cuentan con una protección reforzada en el Reglamento General de Protección de Datos europeo, pero que los chatbots pueden extraer fácilmente del contexto conversacional y del análisis de patrones.

Expertos en privacidad advierten además de que este conocimiento no solo permitiría personalizar anuncios, sino también adaptar las respuestas del sistema para agradar o incluso persuadir al usuario en determinado sentido, desdibujando la frontera entre recomendación y manipulación.

Negocia con el Pentágono

Altman también ha sido el encargado de confirmar este viernes que OpenAI está inmersa en conversaciones con el Gobierno de EEUU para utilizar su tecnología con fines militares. “Vamos a ver si hay un acuerdo con el Departamento de Guerra que permita la implementación de nuestros modelos en entornos clasificados y que se ajuste a nuestros principios”, ha escrito Altman en un documento enviado a los empleados que ha revelado The Wall Street Journal.

En la comunicación, el líder de OpenAI asegura que cualquier uso sería “legal” y no exclusivo para EEUU. “También construiríamos salvaguardas técnicas y desplegaríamos personal para colaborar con el gobierno y garantizar que todo funcione correctamente, y ofreceríamos servicios similares a otras naciones aliadas”, informa Altman a los suyos.

El Aeropuerto de Logroño-Agoncillo se prepara para una transformación técnica sin precedentes. Aena ha presentado su propuesta de inversiones para el quinquenio 2027-2031, en la que contempla una partida de 14,1 millones de euros destinada a la infraestructura riojana. Esta cifra supone un salto cualitativo frente a los 5,3 millones invertidos en el periodo actual, demostrando “el compromiso del gestor aeroportuario con la viabilidad y modernización del centro”.

El grueso de la inversión se destinará a actuaciones que, aunque a veces resultan invisibles para el pasajero, son vitales para el funcionamiento del aeropuerto. Entre las medidas estrella destaca el recrecido de la pista de aterrizaje, una obra fundamental para incrementar la seguridad operacional y alargar la vida útil del campo de vuelo.

Asimismo, el plan contempla la renovación del equipamiento de seguridad y de los vehículos del Servicio de Extinción de Incendios (SEI), la mejora de los sistemas de navegación aérea y una actualización completa de los sistemas de información y comunicaciones.

En línea con los objetivos medioambientales europeos, Agoncillo también avanzará hacia la descarbonización. Aena destinará fondos para la migración total de la iluminación a tecnología LED y la modernización de los sistemas de climatización, buscando reducir la huella de carbono de la instalación.

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es el equilibrio entre la inversión y el coste. A pesar del desembolso de 14 millones, Aena propone un incremento medio anual de la tarifa de solo 25 céntimos por pasajero. Esta cifra podría verse reducida a apenas 10 céntimos mediante la aplicación de incentivos, garantizando que el aeropuerto de La Rioja sea un destino atractivo y competitivo para las compañías aéreas.

El documento, que ya ha sido debatido con las aerolíneas durante cinco meses, se encuentra ahora en manos de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la CNMC. Tras pasar por los Comités de Coordinación Aeroportuaria de las comunidades autónomas, el plan definitivo deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de este año, marcando el inicio de una nueva etapa de crecimiento y modernización para la movilidad riojana.

PP i Vox han tornat a tancar files en el Parlament balear contra qualsevol gir estructural en matèria d'habitatge. Amb els seus vots en contra, la Cambra ha tombat una proposta dirigida a limitar, de manera temporal i en municipis tensionats, la compra d'habitatges per part de no residents i grans tenidors, així com impedir la seva adquisició per part de persones jurídiques, així com una altra iniciativa que reclamava endurir la fiscalitat a les operacions de luxe i als multipropietaris. Dues vies distintes amb un mateix objectiu declarat: frenar l'especulació i prioritzar l'ús residencial en un mercat cada vegada més inaccessible per a la població local.

Durant el ple celebrat aquest dimarts, el portaveu ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha defensat la necessitat de regular l'adquisició d'habitatges per part de no residents amb una bateria de dades que, ha emfatitzat, desmunten el relat que el problema sigui la falta d'habitatge. “No tenim un problema d'escassetat, sinó d'ús i d'especulació”, ha asseverat.

A les illes, la greu situació de l'habitatge, travessada des de fa anys per l'especulació -alimentada per les successives bombolles immobiliàries-, la voracitat dels fons d'inversió i la polarització econòmica aboca a nombroses persones a l'amuntegament en infrahabitatges i en caravanes, un fenomen agreujat, entre altres causes, per la creixent irrupció de compradors forans en el mercat immobiliari illenc. Les operacions les concentren inversors i grans propietaris, a més d'alemanys, britànics i francesos amb gran solvència financera que compren immobles a preus inassolibles per a la majoria dels resident.

L'arxipèlag se situa, de fet, al capdavant del mercat immobiliari espanyol en les compravendes per part d'estrangers: el 38% dels immobles venuts entre 2007 i 2025 van ser adquirits per estrangers, segons les dades publicades el mes de desembre passat pel Consell General del Notariat.

“Això no va de banderes”

Apesteguia ha advertit a la dreta que no basten els símbols per a tapar l'emergència residencial: “No hi haurà banderes prou grans per a tapar la vergonya de qui avui voti en contra d'aquesta proposició de llei”. Així mateix, ha insistit que el debat no va d'origen, sinó de la utilització que es fa de l'habitatge: “Això no va de banderes. Això va de quin ús donem a l'habitatge i de si qui compra és per a viure o per a especular”, ha remarcat, dirigint-se a les bancades de PP i Vox: “Potser la seva pàtria és l'especulació i els seus compatriotes, els especuladors”.

Per part seva, la diputada socialista Carol Marquès ha apuntat que el debat passava per decidir si es garanteix l'ús social de l'habitatge. “No debatem el text definitiu, sinó si obrim el debat”, ha indicat. La parlamentària ha criticat que ni tan sols hagi estat acceptada la presa en consideració ni s'hagi demanat al Govern que escolti totes les propostes.

Mentrestant, el portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha destacat que la dependència del turisme ha provocat efectes en tot el conjunt del mercat immobiliari “i ja no sols en els xalets de les urbanitzacions”. En aquesta línia, el diputat d'Unides Podem, José María García, ha lamentat que l'habitatge s'hagi convertit en refugi dels especuladors, recriminat al Govern de Marga Prohens (PP) que no posi límit a aquesta problemàtica.

En el torn de les intervencions en contra, la portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha argumentat que la proposició de llei no resol el problema, sinó que introdueix un model d'intervenció que és “jurídicament fràgil, econòmicament contraproduent i políticament incoherent amb la defensa de l'interès nacional”. La diputada del PP Margalida Pocoví ha criticat “l'oportunisme” de la proposició i ha preguntat per què no es va impulsar cap mesura similar en la legislatura anterior. “Davant la situació límit van optar per la passivitat, la inacció i per mirar cap a un altre costat”, ha afirmat. “No podem donar suport a una proposta que és inconstitucional, contrària al dret europeu, tècnicament inviable, i que intervé en la llibertat i el dret dels residents de Balears”, ha asseverat.

En concret, la norma plantejava que, durant deu anys i en municipis que ho aprovessin per majoria absoluta, només poguessin adquirir habitatge persones físiques residents en Balears durant almenys tres anys i residents que no siguin ja titulars d'un altre habitatge, amb l'obligació de mantenir la residència efectiva durant una dècada. Així mateix, el text apel·lava a vetar la compra per part de persones jurídiques. No en va, l'arxipèlag lidera un altre rànquing estatal: les illes registren el preu més alt en el cas dels habitatges adquirits per persones jurídiques, amb una mitjana de 3.137 euros/m². El document també reclamava l'establiment d'una moratòria inicial de 12 mesos en tot el territori mentre els ajuntaments avaluen la seva aplicació.

La PL, a més, partia de xifres oficials de l'INE: entre altres dades, recull que 210.587 immobles -el 33,3% del total- són segones residències, és a dir, no figuren en el cens com a habitatge principal: en els municipis de Fornalutx (66,8%), Deià (65%), Banyalbufar (62,7%) o Andratx (60,6%) més del 60% del parc es destina a usos no principals. Per a Més, aquestes xifres evidencien que el mercat està orientat cap a l'oci, la inversió o la residència temporal mentre creix la dificultat d'accés per a la població resident.

Apesteguia ha defensat que la combinació d'aquests factors -elevat pes d'habitatge buit i secundari, pressió inversora externa i preus desbocats- justifica mesures “extraordinàries i temporals” en municipis que acreditin condicions de tensió, com que la suma d'habitatge buit i no principal superi determinats llindars o que el preu de compra excedeixi en un 35% la mitjana estatal.

Proposta contra l'especulació immobiliària

D'altra banda, PP i Vox també han rebutjat una altra PL orientada a frenar via fiscal l'especulació immobiliària, defensada pel diputat de Podemos i el de Més per Mallorca Ferran Rosa. La mesura plantejava endurir de manera progressiva l'Impost de Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats per a les grans operacions immobiliàries i per als qui ja acumulen diversos habitatges. La proposta partia d'un diagnòstic clar: en els últims anys s'ha intensificat la concentració de la propietat en mans de grans tenidors i societats, mentre una part creixent de les compravendes es realitza al comptat i per part de compradors que no necessiten l'habitatge per a residir en ella, una dinàmica que es tradueix en expulsió residencial i en un mercat cada vegada més orientat al luxe i a la inversió.

Les illes es troben, de fet, entre les Comunitats Autònomes que compten amb un major nombre d'habitatges en mans de grans tenidors, és a dir, d'aquells que posseeixen més d'una desena d'immobles: en total, 26.061 habitatges, una xifra que suposa el 4,53% del parc total de l'arxipèlag, compost per 574.813 immobles, d'acord amb la recerca duta a terme per elDiario.es amb dades inèdites del Cadastre als quals ha tingut accés a través d'una sol·licitud pública al Ministeri d'Hisenda emparada en la llei de transparència. Les dades llancen, a més, que 6.672 habitatges a les illes pertanyen a tenidors que posseeixen més de cent immobles (un 1,16% del total).

Balears és, així mateix, la província d'Espanya amb major concentració d'habitatges de luxe, amb preus superiors al milió d'euros, i d'ultraluxe, aquelles amb preu superior als tres milions d'euros, segons dades d'Idealista publicats a l'agost de 2025.

Per a desincentivar aquest tipus d'operacions, la iniciativa proposava crear un nou tram en el ITP per a habitatges entre 800.000 i 1.000.000 d'euros amb un tipis de l'11% i elevar al 13% les transmissions superiors al milió i al 15% les que superin els dos milions d'euros. A més, apel·lava a incrementar fins al 3,5% el tipus en els Actes Jurídics Documentats per a escriptures d'immobles de més d'un milió d'euros. El nucli més contundent de la reforma afectava directament els multipropietaris, amb l'establiment d'una mena del 20% en l'Impost de Transmissions Patrimonials quan el comprador fos titular de tres o més habitatges -exclosos trasters i garatges- o en el cas de la compra d'edificis complets.

Durant la seva intervenció, García ha subratllat que l'objectiu de la mesura no és recaptatori, sinó redistributiu: utilitzar la fiscalitat com a eina de política econòmica per a “desincentivar l'acumulació massiva d'habitatges” i moderar els preus en un mercat tensionat.

Mentrestant, el diputat del PSIB-PSOE Carles Bona ha reconegut que, encara que no estan d'acord en el fons, comparteixen la necessitat d'actuar. “Quan l'habitatge es converteix en un bé especulatiu, perdem la ciutat. S'estan transformant barris en pobles fantasma”, ha afirmat. El socialista ha assegurat que les prioritats de Prohens no estan alineades amb les necessitats de la ciutadania.

Per part de Més per Mallorca, Ferran Rosa ha acusat el Govern d'agreujar el problema de l'habitatge en lloc d'aportar solucions. El ecosoberanista ha assegurat que els preus, entre altres raons, pugen perquè hi ha una expectativa de negoci i per això es compren pisos per a especular i llogar cada vegada més car.

PP y Vox han vuelto a cerrar filas en el Parlament balear contra cualquier giro estructural en materia de vivienda. Con sus votos en contra, la Cámara ha tumbado una propuesta dirigida a limitar, de forma temporal y en municipios tensionados, la compra de viviendas por parte de no residentes y grandes tenedores, así como impedir su adquisición por parte de personas jurídicas, así como otra iniciativa que reclamaba endurecer la fiscalidad a las operaciones de lujo y a los multipropietarios. Dos vías distintas con un mismo objetivo declarado: frenar la especulación y priorizar el uso residencial en un mercado cada vez más inaccesible para la población local.

Durante el pleno celebrado este martes, el portavoz ecosoberanista, Lluís Apesteguia, ha defendido la necesidad de regular la adquisición de viviendas por parte de no residentes con una batería de datos que, ha enfatizado, desmontan el relato de que el problema sea la falta de vivienda. “No tenemos un problema de escasez, sino de uso y de especulación”, ha aseverado.

En las islas, la grave situación de la vivienda, atravesada desde hace años por la especulación -alimentada por las sucesivas burbujas inmobiliarias-, la voracidad de los fondos de inversión, la polarización económica y la turistización, aboca a numerosas personas al hacinamiento en infraviviendas y en caravanas, un fenómeno agravado, entre otras causas, por la creciente irrupción de compradores foráneos en el mercado inmobiliario isleño. Las operaciones las concentran inversores y grandes propietarios, además de alemanes, británicos y franceses con gran solvencia financiera que compran inmuebles a precios inalcanzables para la mayoría de los residente.

El archipiélago se sitúa, de hecho, a la cabeza del mercado inmobiliario español en las compraventas por parte de extranjeros: el 38% de los inmuebles vendidos entre 2007 y 2025 fueron adquiridos por extranjeros, según los datos publicados el pasado mes de diciembre por el Consejo General del Notariado.

“Esto no va de banderas”

Apesteguia ha advertido a la derecha de que no bastan los símbolos para tapar la emergencia habitacional: “No habrá banderas lo suficientemente grandes para tapar la vergüenza de quien hoy vote en contra de esta proposición de ley”. Asimismo, ha insistido en que el debate no va de origen, sino de la utilización que se hace de la vivienda: “Esto no va de banderas. Esto va de qué uso damos a la vivienda y de si quien compra es para vivir o para especular”, ha remarcado, dirigiéndose a las bancadas de PP y Vox: “Quizá su patria es la especulación y sus compatriotas, los especuladores”.

Por su parte, la diputada socialista Carol Marqués ha apuntado que el debate pasaba por decidir si se garantiza el uso social de la vivienda. “No debatimos el texto definitivo, sino si abrimos el debate”, ha indicado. La parlamentaria ha criticado que ni tan siquiera haya sido aceptada la toma en consideración ni se haya pedido al Govern que escuche todas las propuestas.

Mientras tanto, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha destacado que la dependencia del turismo ha provocado efectos en todo el conjunto del mercado inmobiliario “y ya no solo en los chalés de las urbanizaciones”. En esta línea, el diputado de Unidas Podemos, José María García, ha lamentado que la vivienda se haya convertido en refugio de los especuladores, recriminado al Govern de Marga Prohens (PP) que no ponga coto a esta problemática.

En el turno de las intervenciones en contra, la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha argumentado que la proposición de ley no resuelve el problema, sino que introduce un modelo de intervención que es “jurídicamente frágil, económicamente contraproducente y políticamente incoherente con la defensa del interés nacional”. La diputada del PP Margalida Pocoví ha criticado el “oportunismo” de la proposición y ha preguntado por qué no se impulsó ninguna medida similar en la legislatura anterior. “Ante la situación límite optaron por la pasividad, la inacción y por mirar hacia otro lado”, ha afirmado. “No podemos apoyar una propuesta que es inconstitucional, contraria al derecho europeo, técnicamente inviable, y que interviene en la libertad y el derecho de los residentes de Balears”, ha aseverado.

En concreto, la norma planteaba que, durante diez años y en municipios que lo aprobasen por mayoría absoluta, solo pudieran adquirir vivienda personas físicas residentes en Balears durante al menos tres años y residentes que no sean ya titulares de otra vivienda, con la obligación de mantener la residencia efectiva durante una década. Asimismo, el texto apelaba a vetar la compra por parte de personas jurídicas. No en vano, el archipiélago lidera otro ranking estatal: las islas registran el precio más alto en el caso de las viviendas adquiridas por personas jurídicas, con una media de 3.137 euros/m2. El documento también reclamaba el establecimiento de una moratoria inicial de 12 meses en todo el territorio mientras los ayuntamientos evalúan su aplicación.

La PL, además, partía de cifras oficiales del INE: entre otros datos, recoge que 210.587 inmuebles -el 33,3% del total- son segundas residencias, es decir, no figuran en el censo como vivienda principal: en los municipios de Fornalutx (66,8%), Deià (65%), Banyalbufar (62,7%) o Andratx (60,6%) más del 60% del parque se destina a usos no principales. Para Més, estas cifras evidencian que el mercado está orientado hacia el ocio, la inversión o la residencia temporal mientras crece la dificultad de acceso para la población residente.

Apesteguia ha defendido que la combinación de estos factores -elevado peso de vivienda vacía y secundaria, presión inversora externa y precios desbocados- justifica medidas “extraordinarias y temporales” en municipios que acrediten condiciones de tensión, como que la suma de vivienda vacía y no principal supere determinados umbrales o que el precio de compra exceda en un 35% la media estatal.

Propuesta contra la especulación inmobiliaria

Por otro lado, PP y Vox también han rechazado otra PL orientada a frenar vía fiscal la especulación inmobiliaria, defendida por el diputado de Podemos y el de Més per Mallorca Ferran Rosa. La medida planteaba endurecer de forma progresiva el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las grandes operaciones inmobiliarias y para quienes ya acumulan varias viviendas. La propuesta partía de un diagnóstico claro: en los últimos años se ha intensificado la concentración de la propiedad en manos de grandes tenedores y sociedades, mientras una parte creciente de las compraventas se realiza al contado y por parte de compradores que no necesitan la vivienda para residir en ella, una dinámica que se traduce en expulsión residencial y en un mercado cada vez más orientado al lujo y a la inversión.

Las islas se encuentran, de hecho, entre las Comunidades Autónomas que cuentan con un mayor número de viviendas en manos de grandes tenedores, es decir, de aquellos que poseen más de una decena de inmuebles: en total, 26.061 viviendas, una cifra que supone el 4,53% del parque total del archipiélago, compuesto por 574.813 inmuebles, de acuerdo a la investigación llevada a cabo por elDiario.es con datos inéditos del Catastro a los que ha tenido acceso a través de una solicitud pública al Ministerio de Hacienda amparada en la ley de transparencia. Los datos arrojan, además, que 6.672 viviendas en las islas pertenecen a tenedores que poseen más de cien inmuebles (un 1,16% del total).

Balears es, asimismo, la provincia de España con mayor concentración de viviendas de lujo, con precios superiores al millón de euros, y de ultralujo, aquellas con precio superior a los tres millones de euros, según datos de Idealista publicados en agosto de 2025.

Para desincentivar ese tipo de operaciones, la iniciativa proponía crear un nuevo tramo en el ITP para viviendas entre 800.000 y 1.000.000 de euros con un tipo del 11% y elevar al 13% las transmisiones superiores al millón y al 15% las que superen los dos millones de euros. Además, apelaba a incrementar hasta el 3,5% el tipo en los Actos Jurídicos Documentados para escrituras de inmuebles de más de un millón de euros. El núcleo más contundente de la reforma afectaba directamente a los multipropietarios, con el establecimiento de un tipo del 20% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales cuando el comprador fuera titular de tres o más viviendas -excluidos trasteros y garajes- o en el caso de la compra de edificios completos.

Durante su intervención, García ha subrayado que el objetivo de la medida no es recaudatorio, sino redistributivo: utilizar la fiscalidad como herramienta de política económica para “desincentivar la acumulación masiva de viviendas” y moderar los precios en un mercado tensionado.

Mientras tanto, el diputado del PSIB-PSOE Carles Bona ha reconocido que, aunque no están de acuerdo en el fondo, comparten la necesidad de actuar. “Cuando la vivienda se convierte en un bien especulativo, perdemos la ciudad. Se están transformando barrios en pueblos fantasma”, ha afirmado. El socialista ha asegurado que las prioridades de Prohens no están alineadas con las necesidades de la ciudadanía.

Por parte de Més per Mallorca, Ferran Rosa ha acusado al Govern de agravar el problema de la vivienda en lugar de aportar soluciones. El ecosoberanista ha asegurado que los precios, entre otras razones, suben porque hay una expectativa de negocio y por eso se compran pisos para especular y alquilar cada vez más caro.

El consejo de gobierno ha aprobado este martes una inversión de dos millones de euros para la puesta en marcha de la planta de films flexibles para envases que se instalará en Badajoz, a cargo de la compañía portuguesa Evertis Ibérica.

Esta empresa instará en la capital pacense la que será su primera planta de producción de films flexibles para envases de alimentos en España, un proyecto en el que planea invertir un total de 17.832.250 de euros y crear 48 puestos de trabajo.

Para ello, Evertis Ibérica va a adquirir una parcela de 15.000 metros cuadrados en la Plataforma Logística del Suroeste Europeo, en la que producirá 9.000 toneladas de este material al año.

El acuerdo de colaboración entre el Gobierno autonómico y este proyecto, al que considera estratégico, se va a materializar mediante el apoyo financiero de la empresa pública Extremadura Avante a la compañía Everbio España, creada para tal fin.

La presidenta en funciones del Ejecutivo, María Guardiola, se reunió con los directivos de la compañía lusa para mostrar el compromiso de la Junta de Extremadura con iniciativas como esta, que contribuyen al desarrollo industrial de la región.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), ejecuta en la actualidad nuevas infraestructuras de riego por valor de 14 millones de euros en La Rioja, que permitirán ahorrar agua y energía a regadíos de la margen izquierda del río Najerilla.

Se trata de dos actuaciones distintas. La primera cuenta con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y están cofinanciadas por fondos Next Generation de la Unión Europea. La segunda, tiene cofinanciación con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural.

La secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, ha subrayado durante la visita que ha realizado este jueves a La Rioja que el regadío modernizado asegura el futuro de mujeres y jóvenes rurales, así como un sector eficiente, resiliente y adaptado a las tecnologías.

La secretaria de Estado ha hecho entrega a la Comunidad de Regantes del Sector 3º Tramo III del Canal de la Margen Izquierda del Río Najerilla de las obras de modernización ejecutadas y que incluyen, entre otros elementos, una nueva balsa de acumulación y tres campos solares fotovoltaicos.

Las nuevas instalaciones, que permiten mejorar la eficiencia hídrica y energética de las explotaciones, han contado con una inversión de 3,01 millones de euros.  La actuación beneficia a 4.210 regantes que cultivan 9.017 hectáreas en los municipios de Bañares, Baños de Rioja, Briones, Casalarreina, Castañares de Rioja, Cidamón, Gimileo, Haro, Ollauri, Rodezno, San Torcuato Tirgo, Villalobar de Rioja y Zarratón.

Este proyecto se enmarca dentro del “Plan para la eficiencia y sostenibilidad en regadíos” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Fase I y están cofinanciadas por fondos Next Generation de la Unión Europea.

Comunidad de regantes de San Asensio

Por otro lado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ultima la puesta en marcha y comprobación del funcionamiento de dos proyectos en la Comunidad de Regantes Acequia de San Asensio, Sector I Tramo III del Canal de la Margen Izquierda del Najerilla, que permiten a la zona regable contar con un moderno sistema de riego presurizado. Las nuevas infraestructuras, con una inversión de 11,03 millones de euros, benefician en este caso a 433 regantes que cultivan 1.366 hectáreas en los municipios de Honilleja, San Asensio y Torremontalbo, e incluyen, entre otros elementos, una nueva balsa de regulación y telecontrol GPRS.  

Estas actuaciones cuentan con cofinanciación con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, FEADER, en el marco del Programa Nacional de Desarrollo Rural. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene prevista para la Comunidad Autónoma de La Rioja una inversión, a través de Seiasa, de 77,96 millones de euros (IVA no incluido) para ejecutar un total de ocho actuaciones de modernización de regadíos sostenibles.

La adquisición de xAI por parte de SpaceX es una operación típica de Elon Musk: grandes cifras respaldadas por una gran ambición. Además de extender “la luz de la conciencia a las estrellas”, tal como lo describió Musk, la transacción crea un negocio valorado en 1,25 billones de dólares (1.050.000 millones de euros) al combinar la compañía de cohetes de Musk con su startup de inteligencia artificial.

Esto valora a SpaceX en 1 billón de dólares y a xAI en 250.000 millones, con una salida a bolsa prevista para junio, coincidiendo con el cumpleaños de Musk y una alineación planetaria. Sin embargo, existen interrogantes sobre el acuerdo, como si resulta beneficioso para los accionistas de SpaceX ajenos a Musk y si la premisa tecnológica que lo sustenta puede tener éxito.

Para Musk, una parte clave de la lógica del acuerdo es trasladar los centros de datos —el sistema nervioso central de las herramientas de IA— al espacio. Las empresas de IA dependen demasiado de los centros de datos terrestres, que conllevan una inmensa demanda energética, argumenta Musk esta semana. La solución, según él, consiste en poner en órbita hasta un millón de satélites para formar enormes centros de datos alimentados por energía solar.

La profesora Julie McCann y el profesor Matthew Santer, codirectores de la Escuela de Ciencia sobre el Espacio, la Seguridad y las Telecomunicaciones del Imperial College de Londres, afirman que los centros de datos alimentados por energía solar podrían ser una opción futura para las empresas de IA. Sin embargo, señalan que existen límites en cuanto a la potencia de computación que pueden reunir los satélites actuales, por lo que sería necesario un “ordenador distribuido a escala planetaria compuesto por muchos satélites”, tal como lo concibe Musk.

Pero incluso la ejecución del concepto podría verse afectada por la calidad de la conexión entre los dispositivos en órbita, que necesitarán operar en tándem para replicar los centros de datos terrestres mientras transmiten sus resultados a la Tierra.

Los profesores añaden que hay otros problemas por resolver, como la radiación solar y el mantenimiento. “Los centros de datos en la Tierra reciben un mantenimiento constante; el fallo de componentes es normal. Enviar componentes al espacio es complejo y costoso, y habría que ser innovador respecto a cómo se instalan dichos componentes”.

Esta fusión pretende crear un nuevo camino para bajar el coste de cómputo de la IA, al unir a la principal empresa de internet/exploración espacial con los principales constructores de centros de datos

Musk asegura que estos centros de datos añadirán 100 gigavatios de capacidad de IA anualmente —la capacidad actual de los centros de datos globales es de unos 59 GW—, por lo que su visión es ambiciosa. La persona más rica del mundo cree que una fusión de hardware de cohetes y software de IA es una combinación ganadora y, en un mensaje a los empleados, dijo que crearía el “motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso dentro (y fuera) de la Tierra”.

“Esta fusión pretende crear un nuevo camino para bajar el coste de cómputo de la IA en los próximos dos o tres años, al unir a la principal empresa de internet/exploración espacial con los principales constructores de centros de datos”, afirma Dan Ives, analista de la empresa estadounidense de servicios financieros Wedbush Securities.

¿Necesita xAI la ayuda financiera de SpaceX?

La empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, compite con rivales que están gastando, y recaudando, enormes sumas en la infraestructura —centros de datos, chips informáticos— necesaria para sus productos. La compañía, que ha desarrollado la herramienta de IA Grok y también posee la red social X, supuestamente consumió 13.000 millones de dólares el año pasado y, a diferencia de Meta, Amazon, Microsoft y Google, no cuenta con un negocio consolidado que genere efectivo para financiar sus esfuerzos.

Según Ross Gerber, inversor en Tesla y SpaceX, la combinación con SpaceX proporcionará a xAI un mejor acceso a efectivo e inversores. “Musk ya se está quedando sin capital para xAI y compite con empresas que están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en IA. Si fusionas SpaceX y xAI, puedes respaldar a xAI porque SpaceX es una propuesta extremadamente atractiva para muchos inversores”, afirma.

¿Qué piensan los accionistas de SpaceX?

La tecnología de SpaceX es compleja, pero es un negocio sencillo. Genera ingresos mediante el despliegue de cohetes reutilizables para misiones como el lanzamiento de satélites y el reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional. También opera el servicio de internet de alta velocidad por satélite Starlink. Según Reuters, SpaceX obtuvo el año pasado unos 8.000 millones de dólares de beneficio sobre unos ingresos de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares.

La incorporación de xAI añade complejidad narrativa a la historia de SpaceX, comenta Michael Sobel, presidente y cofundador de Scenic Management, firma que compra participaciones secundarias en empresas privadas y que ha invertido en la compañía de IA Anthropic.

Sobel, que habla regularmente con inversores de SpaceX, señala: “Al integrar xAI, que conlleva un importante consumo mensual de efectivo, se cambia el perfil financiero de la empresa de la noche a la mañana. En el mercado secundario, lo ”simple“ suele verse recompensado. Esta fusión requiere que los inversores hagan muchos más deberes para analizar cómo afecta el consumo de caja de xAI a la valoración general de SpaceX y al cronograma de su salida a bolsa”.

Para un inversor a largo plazo, esto asegura el 'cerebro' de IA más avanzado para el 'cuerpo' de hardware más avanzado que existe. La ventaja potencial es una entidad de 1,25 billones de dólares que controla toda la cadena tecnológica, desde la plataforma de lanzamiento hasta la red neuronal

También existe la carga añadida de X, una plataforma de redes sociales que es objeto habitual de escrutinio regulatorio e ira política. No obstante, añade Sobel, el argumento a favor de la operación es convincente. “Para un inversor a largo plazo, esto asegura el 'cerebro' de IA más avanzado para el 'cuerpo' de hardware más avanzado que existe. La ventaja potencial es una entidad de 1,25 billones de dólares que controla toda la cadena tecnológica, desde la plataforma de lanzamiento hasta la red neuronal”.

Gerber, quien invirtió en la compra original de X por parte de Musk en 2022, cuando la plataforma era más conocida como Twitter, dice que ve con buenos ojos el acuerdo, pero está menos seguro respecto a los inversores de SpaceX.

Como accionista de Twitter, no podría estar más contento. Daba por hecho que había perdido mi dinero, pero eso ahora se ha transformado en poseer acciones de SpaceX. Pero si yo fuera accionista de SpaceX estaría cabreado

“Para mí, como accionista de Twitter, no podría estar más contento. Prácticamente daba por hecho que había perdido mi dinero, pero eso ahora se ha transformado en poseer acciones de SpaceX. Es genial para mí, pero si yo fuera accionista de SpaceX estaría cabreado”.

¿Qué es lo siguiente? ¿Una fusión entre Tesla y SpaceX?

Musk posee alrededor del 44% del recién ampliado negocio de SpaceX y el 17% de Tesla, donde es el consejero delegado. ¿Es el siguiente paso una combinación de ambas?

Ives cree que existe una “probabilidad creciente” de que se cree una “ventanilla única” para invertir en los negocios de Musk. “Musk quiere poseer y controlar una mayor parte del ecosistema de la IA y, paso a paso, el santo grial podría ser la combinación de SpaceX y Tesla”, afirma.

Microsoft, Alphabet, Meta y Amazon han presentado sus cuentas de 2025 con resultados récord. Sus respectivos negocios funcionan como máquinas bien engrasadas. Sin embargo, Microsoft y Meta, que presentaron sus cuentas la pasada semana, acumulan caídas de un 10% en el valor de sus acciones desde entonces. Google, que lo hizo este miércoles, logró remontar durante la siguiente jornada el 8% de depreciación con la que la castigó Wall Street. Amazon, por su parte, cae un 9% tras haber presentado un aumento del beneficio neto del 31% respecto al año anterior, muy en línea con el resto del grupo.

El motivo de las caídas son las cifras masivas de inversión en IA e infraestructuras de computación que los cuatro gigantes de los centros de datos han anunciado para este 2026. Amazon llegará a los 200.000 millones de dólares, Google ha presupuestado hasta 185.000 millones, mientras que Meta podría llegar a los 135.000 millones. Microsoft no ha comunicado cifra, pero si mantiene el ritmo de los dos últimos trimestres, llegará a los 150.000 millones de dólares.

Son, en total, más de 500.000 millones de euros que las mayores empresas del mundo volcarán en su negocio de la IA. El problema es que no tienen demasiado claro por dónde los recuperarán, lo que ha agotado la paciencia de los inversores. “La reacción del mercado no es contra la IA, es contra la falta de visibilidad de la rentabilidad”, aclara Javier Molina, analista de Mercados de eToro, a elDiario.es.

“En 2026 el mercado deja atrás el storytelling [la narrativa] y entra en el 'muéstrame el dinero'. Alphabet [matriz de Google] y Microsoft caen no por ingresos, sino porque el inversor ya no premia el gasto, quiere ejecución”, continúa. ¿Estamos, entonces, en un punto de inflexión? “Sí, hay un cambio claro de actitud, pues se pasa del entusiasmo indiscriminado al análisis quirúrgico del retorno de las inversiones”.

Una tecnología muy cara sin modelo de negocio claro

Esos 500.000 millones de euros son seis veces más de lo que estas compañías invertían al año en gastos operativos en 2020. Sin embargo, sus vías de ingreso no han cambiado demasiado desde entonces. Los modelos de IA generativa como ChatGPT o Gemini tienen cientos de millones de usuarios, pero la mayoría no paga por ellos. Sus servicios de IA para empresas crecen de manera muy contenida, pero aún representan una pequeña fracción de los ingresos totales de estas compañías.

Entre las cuatro empresas, la IA solo ha sumado unos 50.000 millones de euros a sus cuentas este 2025. Una cifra diez veces menor de lo que comprometerán para desarrollarla en un solo año, a lo que hay que sumar un montante similar entre los dos ejercicios anteriores. OpenAI, que no cotiza en bolsa, está en una posición parecida, con un billón de euros comprometidos en computación hasta 2033 y apenas 15.000 millones de ingresos al año.

Desde un punto de vista estratégico, el gasto está justificado, pues no invertir es quedarse fuera del sistema

Javier Molina — analista de Mercados de eToro

Se trata de un sprint en el que no se ve la meta, pero cada empresa debe esforzarse al máximo para seguir en el pelotón por si esta aparece. “Desde un punto de vista estratégico, el gasto está justificado, pues no invertir es quedarse fuera del sistema. Pero el mercado empieza a dudar del timing del retorno, no de la dirección. La diferencia es clave, ya que la inversión es defensiva y estructural, pero el inversor quiere saber cuándo se convierte en márgenes y caja, no solo en capacidad”, dice Molina.

Apple, mientras tanto, supone la otra cara de la moneda. Habiendo aceptado que ha quedado rezagada en la carrera de la IA, ha decidido subcontratar a Google la tecnología que potenciará a la nueva Siri y sus otras herramientas basadas en esta tecnología. Pagará unos 1.000 millones al año y le dejará la carrera a la competencia. Sus acciones han subido un 8% desde que presentó sus cuentas anuales la semana pasada.

La cuenta atrás ha empezado

La pregunta que martillea a los inversores es simple: ¿quién pagará por todo esto? Si el modelo de negocio de la IA no aparece y las inversiones no obtienen retornos, la respuesta es que habrán sido ellos como propietarios de las compañías.

Por eso las caídas de esta semana se extienden también por compañías como Nvidia u otras fabricantes de chips como AMD (-13% en la última semana). La preocupación se extiende incluso por los máximos dirigentes de las empresas protagonistas. En la presentación de resultados ante los analistas, Sundar Pichai, CEO de Google, reconoció que hay una pregunta que le “mantiene despierto” por las noches: “¿Cómo podemos aumentar la capacidad para satisfacer esta demanda extraordinaria, acertar con nuestras inversiones a largo plazo y hacerlo todo de una manera que impulse la eficiencia?”.

Tanto Pichai como el resto de los emperadores tecnológicos se quedan sin tiempo para responder. La “fatiga” de los inversores ante la falta de retorno ha activado la cuenta atrás de la burbuja de la IA. “2026 es el año en el que el mercado deja de conceder crédito a la promesa de la IA y empieza a exigir resultados”, avisa Javier Molina.

Estamos en una burbuja y mucha gente va a perder mucho dinero

Bret Taylor — presidente de OpenAI

“En la primera mitad del año se tolerará la volatilidad mientras el uso siga creciendo, pero en la segunda ya se pedirá estabilidad de márgenes y señales claras de eficiencia. Si a finales de 2026 no hay una inflexión visible en el flujo de caja libre, el castigo podría ser estructural, es decir, potencial ajuste permanente de múltiplos y fin de la narrativa de futuro. La IA tiene este año para demostrar que puede convertir inversión en beneficios reales... después, ya no habrá margen para esperar”, concluye.

La duda es qué forma tomará ese castigo. Una encuesta de Bank of America a gestores de fondos realizada en octubre de 2025 mostró que el 54% considera que las acciones de IA están en una burbuja, un récord histórico en ese tipo de sondeos. Incluso ejecutivos del sector tecnológico han admitido el riesgo: Bret Taylor, presidente de la junta de OpenAI, fue claro al declarar que “estamos en una burbuja y mucha gente va a perder mucho dinero”.

El escenario recuerda a la burbuja puntocom de 2000, cuando empresas tecnológicas con valoraciones astronómicas se desplomaron al no materializar beneficios. Entonces, compañías con ingresos mínimos cotizaban como si ya dominaran el mercado. Ahora la situación es diametralmente opuesta en los protagonistas, pero comparten un rasgo: inversiones masivas en una tecnología cuyo modelo de negocio aún está por definir.

El Gobierno de La Rioja destina más de 267.000 euros para mejorar los servicios públicos en 7 aldeas de Ezcaray. El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha visitado este jueves diferentes aldeas de la localidad de Ezcaray en las que el Gobierno de La Rioja ha financiado esta legislatura actuaciones de mejora de los servicios públicos, acompañado por el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, y del alcalde de Ezcaray, Diego Bengoa.

El Ejecutivo regional ha colaborado con el Ayuntamiento de Ezcaray en la ejecución de siete proyectos, uno por aldea, que han supuesto una inversión total de 270.218,15 euros, de los que 267.052,49 euros corresponden a fondos aportados por la Dirección General de Política Local a través del Plan de Obras y Servicios Locales y de la línea de subvenciones a núcleos separados del municipio principal.

“Se trata de actuaciones que abarcan desde la mejora de los accesos, los viales, también las canalizaciones, hasta incluso de eficiencia energética. Suponen una apuesta clara del Gobierno de La Rioja por el apoyo a los municipios a través del Plan de Obras y Servicios Locales combinado también con las mejoras que hemos introducido en la orden de subvenciones de pequeños municipios”, ha subrayado el consejero.

Asimismo, ha destacado la gestión del Ayuntamiento de Ezcaray “por el buen uso de todos estos fondos que repercuten ya en una mejor calidad de vida de todos los vecinos de estas aldeas y que refuerza las acciones de este Gobierno en el reto de la lucha contra la despoblación”.

Por su parte, el alcalde ha agradecido al Gobierno de La Rioja “el apoyo que nos presta para poder realizar estas obras en las aldeas a las que tanto cariño tenemos y en las que hay 96 habitantes empadronados, pero por muy pequeñas que sean no dejan de ser muy importantes para nosotros y se merecen tener los mismos servicios y la misma calidad de vida que el núcleo central de Ezcaray”. 

En Ayabarrena, se ha ejecutado la mejora del camino de acceso a la carretera autonómica LR-415 que ha permitido reparar los defectos y baches del pavimento en una longitud aproximada de 1,3 kilómetros y una anchura de 3 metros. Para ello, se ha realizado el desbroce de cunetas, la aplicación de un riego de adherencia y el acabado con una mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor.

Por otro lado, en la aldea de Posadas se han renovado un total de 25 luminarias que incorporan tecnología LED con el objetivo de lograr una mayor eficiencia energética, ahorrar en consumos y costes de mantenimiento, incrementar la vida útil de los puntos de luz y mejorar la protección de medio ambiente y la salud.

Por último, se han realizado actuaciones de urbanización de diferentes calles en las aldeas de Azárrulla, Urdanta, San Antón, Turza y Zaldierna que han abarcado una superficie total de 1.978,5 metros cuadrados. Con la finalidad de dotar a estos espacios públicos de servicios con los que no contaban, o bien de mejorar los existentes, se han llevado a cabo reconstrucciones de muros, escaleras y pilones; pavimentaciones de firme; y mejoras en las redes de abastecimiento y saneamiento de agua, y en las instalaciones de electricidad, entre otras intervenciones.

Esta inyección económica refuerza el compromiso del Gobierno de La Rioja con el medio rural riojano, y concretamente con la calidad de vida en las aldeas de Ezcaray. Ya en el año 2024 se realizó una inversión de 1,3 millones de euros para reforzar la conectividad y la seguridad vial de la carretera LR-415 entre Ezcaray y Posadas, que da servicio a todas las aldeas. 

El Tesoro Público español realiza hoy una nueva subasta de deuda, en bonos del Estado y obligaciones, en una operación que representa la segunda puja de febrero y que pretende situarse en el punto medio del rango de financiación previsto por el organismo. Las diferentes opciones ofrecidas por el Banco de España pretenden dar respuesta a unos inversores interesados por la deuda soberana española en un contexto de mercados financieros dinámicos. El interés de los mercados sigue siendo elevado pese a la incertidumbre económica que marca el inicio del año. Esta subasta consolida la posición de España en los mercados de renta fija durante el ejercicio de 2026.

En concreto, se adjudicarán bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 7 años y 10 meses, con cupón del 0,70% y obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses, con cupón del 3,20%. Concretamente, los tipos de interés de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,348% para los bonos del Estado a 3 años; en el 2,943% para las obligaciones del Estado a 7 años; en el 1,280% para las obligaciones del Estado indexadas a 7 años y 10 meses y en el 3,204% para las obligaciones del Estado con una vida residual de 9 años y 9 meses. 

Dentro de las cuatro referencias mencionadas que se emiten hoy, los bonos del Estado a tres años juegan un papel fundamental en la estrategia de captación. Hay que tener en cuenta que, en cuanto a la rentabilidad, el interés marginal se situó en la anterior ocasión en un tipo del 2,348% en la subasta realizada el pasado 15 de enero. Los inversores suelen valorar positivamente estos activos de menor duración para equilibrar sus carteras de inversión. El cupón fijado para esta referencia de deuda se mantiene en el 2,35%, según los datos oficiales. La segunda referencia destacada del día son las obligaciones del Estado a siete años. Este título, que cuenta con un cupón del 3,00% y vence el 31 de enero de 2033, tuvo un interés marginal del 2,943% en la última puja celebrada anteriormente para este mismo activo. 

La subasta de hoy se produce apenas dos días después de que el organismo realizara una operación de mercado exitosa. El pasado martes, el Tesoro Público colocó 6.134,355 millones de euros en letras a seis y doce meses. En aquella ocasión, el volumen adjudicado se situó en el rango alto previsto, demostrando la vigencia del ahorro minorista. En dicha ocasión se registraron rebajas en las rentabilidades marginales ofrecidas por ambas referencias. Las letras a doce meses, que son el plazo estrella para los inversores, situaron su interés medio en el 2,02%. Por su parte, el rendimiento de las letras a seis meses se contrajo levemente hasta situarse en el entorno del 1,97%. La demanda total en esa primera subasta de febrero alcanzó los 9.316 millones de euros entre los inversores. Existe, no obstante, una percepción de que las peticiones pierden algo de fuelle según bajan ligeramente las rentabilidades.

Con la subasta celebrada hoy, el Tesoro español continúa avanzando con paso firme en su programa de financiación para 2026. Hasta la fecha, el organismo ya ha emitido un total de 29.787 millones de euros en deuda a medio y largo plazo. Esta cifra representa ya el 16,8% del objetivo total de financiación previsto para el presente ejercicio en estos plazos. Las necesidades de financiación nueva para todo el año 2026 se han fijado en unos 55.000 millones de euros, por lo que se trata de la misma cuantía neta que se programó para el año 2025, manteniendo la estabilidad presupuestaria. 

Del total de emisiones netas previstas, 50.000 millones corresponderán a bonos, obligaciones y otras deudas de largo plazo. Los 5.000 millones de euros restantes se cubrirán mediante la emisión de las populares letras del Tesoro nacional. La estrategia financiera está condicionada por el buen comportamiento de la economía y la disciplina fiscal. Si se analizan las cifras en términos brutos, el volumen de emisiones totales ascenderá este año a 285.693 millones de euros. Esta cantidad supone un incremento del 4,2% respecto al cierre estimado del ejercicio anterior, que fue de 274.242 millones. Este aumento en el volumen bruto está directamente ligado a las mayores amortizaciones de deuda previstas para el recién estrenado 2026. 

De ese total programado, 176.935 millones corresponderán a emisiones brutas de instrumentos de deuda a medio y largo plazo, lo que representa un incremento del 3,1% comparado con lo que se contempló para el programa financiero del 2025. Por otro lado, para las letras del Tesoro se prevé un volumen de 108.758 millones de euros este año. Dicha cifra es casi un 5,9% superior al cierre estimado del año pasado para este tipo de papel corto. El Tesoro debe gestionar estos vencimientos elevados mientras intenta mantener costes de financiación bajos.

Prudencia vs incertidumbre

Un indicador clave de la salud financiera del Estado es la vida media de la deuda en circulación hoy. Actualmente, la vida media de la deuda soberana española se sitúa en los 7,83 años, según los últimos datos. Durante el año 2025, este indicador se mantuvo estable en el entorno de los ocho años por quinto año consecutivo. En concreto, el año pasado cerró con una vida media de 7,93 años, su nivel más alto desde el 2021. Por su parte, el coste medio de la cartera de valores del Tesoro se sitúa actualmente en el 2,318%. Lograr mantener este coste en niveles controlados es uno de los objetivos prioritarios de la Secretaría General del Tesoro. El alargamiento de los plazos de vencimiento ha sido una constante en la gestión de la deuda pública nacional. Esto permite al Estado reducir el riesgo de refinanciación ante posibles episodios de volatilidad.

El escenario geopolítico y económico actual sigue marcando la hoja de ruta de los inversores que acuden a las subastas. La subida del euro frente al dólar ha modificado recientemente las expectativas sobre el futuro de los tipos de interés. A principios de año, el mercado apostaba por subidas de tipos en la segunda mitad de 2026, pero esa idea pierde fuerza. La incertidumbre sobre el precio de las materias primas y los riesgos geopolíticos invitan a la prudencia a los inversores. En este entorno, la deuda pública española se percibe como un refugio seguro con rentabilidades todavía atractivas. La próxima cita para el mercado será el 10 de febrero, con una nueva subasta de letras del Tesoro. En esa ocasión se ofrecerán títulos a tres y nueve meses para seguir completando el programa de captación. El Tesoro confía en que el buen momento de la economía nacional siga respaldando la demanda de sus bonos.

El PP acudirá a una manifestación en la que se denunciará, entre otras cosas, lo que hizo el PP en el Gobierno. El diputado catalán Juan Fernández ha anunciado su intención de estar presente en la movilización que se celebrará el próximo sábado en Barcelona contra la degradación del servicio de Rodalies y en la que se pondrá el acento en la “desinversión sistemática en infraestructuras” que la red ha sufrido. Una falta de inversiones en la que el Gobierno de Mariano Rajoy ostenta el récord.

“Participaremos en todas las movilizaciones y protestas que sean necesarias, como hemos venido haciendo hasta ahora, para reivindicar soluciones a esta crisis ferroviaria”, ha asegurado Fernández, quien ha obviado por completo que los convocantes de la manifestación, que son las plataformas de usuarios y organizaciones en defensa del transporte público, han sido muy críticos con la responsabilidad del PP en el estado actual de Rodalies.

Poco después del anuncio de Fernández, algunas de las organizaciones que llaman a la manifestación han asegurado que el PP “no es bienvenido” a la misma, por ser responsable de la desinversión en cercanías. “No podemos permitir que partidos como el PP, responsables de años de desinversiones en Catalunya, instrumentalice e intente parasitar una manifestación unitaria, transversal y de país, convocada y promovida por plataformas de usuarios del transporte público y la sociedad civil”, ha publicado la plataforma por la Promoción del Transporte Público (PTP).

El PP catalán, además, ha cerrado la puerta a sumarse al “acuerdo de país” propuesto por el conseller Albert Dalmau en funciones de president, quien ofrecido a todos los partidos una nueva alianza para reflotar el servicio de Cercanías. “No participaremos en un teatro liderado por el PSC”, ha dicho, a lo que ha añadido que el Govern no puede liderar ningún pacto “sin estabilidad parlamentaria y sin presupuestos”.

La falta de inversión en Rodalies ha sido una constante entre 1990 y 2018, tal y como apuntó un estudio de la autoridad fiscal independiente Airef. Pero ningún periodo ha sido tan nefasto para la red ferroviaria como los gobiernos de Rajoy. El año 2015 es, además, el que tiene la cifra más baja de inversión de la historia, con 32 millones de euros. Además, la suma de los cuatro últimos años con el PP en el Gobierno arroja la cifra de 249 millones de euros invertidos en total. Prácticamente lo mismo que lo invertido por el Gobierno de Pedro Sánchez en un solo año, 2023.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de una inversión de 3.900 millones de euros de la empresa Box2Bit para la construcción de un centro de datos especializado en Inteligencia Artificial en Épila (Zaragoza). El anuncio llega después de que la compañía haya desistido del proyecto que impulsaba en Cariñena, donde no ha llegado a abonar la opción de compra de los terrenos, según ha podido confirmar este diario.

Azcón ha realizado el anuncio antes de participar en un acto organizado por la Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA), donde ha asegurado que Aragón atraviesa “posiblemente el mejor momento económico de su historia”. “No solo hemos traído más inversiones que nunca, sino que siguen llegando proyectos que van a hacer que Aragón haga historia”, ha afirmado. La infraestructura cuenta con la declaración de interés autonómico en Consejo de Gobierno, aunque ha sido adelantada por el presidente del Gobierno de Aragón.

La inversión se desarrollará en dos fases: una primera de 1.125 millones de euros y una segunda de 2.775 millones. Según el presidente autonómico, el proyecto generará alrededor de 1.500 empleos durante la fase de construcción y unos 300 puestos de trabajo directos e indirectos “de calidad” en la etapa de operación.

Azcón ha destacado que esta infraestructura permitirá que la capacidad de computación instalada en Aragón supere la de París y se acerque a la de Frankfurt, consolidando a la comunidad como “la región del sur de Europa que más inversiones tecnológicas está atrayendo”. En este sentido, se ha remitido a un informe de la Fundación Basilio Paraíso que cifra en 79.000 millones de euros las inversiones empresariales anunciadas, con un potencial de 50.000 empleos hasta 2028. Esta cifra incluye la mencionada inversión en Cariñena que no se va a ejecutar.

El presidente también ha vinculado el anuncio a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa, que sitúan el paro en Aragón en el 7,7% al cierre de 2025. Unos datos que ha calificado de “excepcionales” y que, a su juicio, colocan a la comunidad “a la cabeza del empleo en España” y en la senda del pleno empleo.

“Este proyecto vuelve a ser una noticia que nos ilusiona y nos esperanza, porque la tecnología es uno de los nuevos motores que va a cambiar la estructura económica de Aragón, va a traer prosperidad, empleo de calidad y permitirá mejorar los servicios públicos”, ha concluido Azcón.