Qué son y por qué estalla ahora el escándalo de los 'swap' de los ayuntamientos

Hipoteca subprime, agencia de ráting, prima de riesgo, preferentes, cláusulas suelo e incluso CDS. En España el léxico financiero se ha ido ampliando desde el inicio de la crisis añadiendo al vocabulario popular términos y conceptos que hace una década solo estaban al alcance de unos pocos. Pese a la magnitud de la crisis en España y al rescate bancario que se protagonizó en 2012, hay un concepto financiero que ha recorrido toda Europa y que apenas ha tenido eco en el país. Se trata de los swap, seguros para cubrirse del riesgo en préstamos que tienen un alto grado de sofisticación en algunos casos o cláusulas tramposas en otros y que a Madrid le están suponiendo un sobrecoste de 247 millones de euros.

En plena burbuja financiera, estos productos se vendían como churros para asegurar la financiación de grandes proyectos. La obra pública de ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas está ligada a miles de estos contratos blindados por décadas. El cambio de timón en muchos de estos organismos puede suponer una oleada de pleitos para intentar cancelar estos seguros que están suponiendo cargas financieras inasumibles en las administraciones públicas. ¿Cómo es posible que no hayan salido a la luz hasta ahora?

Una ola de indignación que recorrió Europa

Los swap han sido uno de los principales quebraderos de cabeza para Francia, Italia y Portugal durante la crisis. El escándalo en estos países ha tenido repercusiones incluso mayores a las de las preferentes en España. En Portugal el equipo económico del Gobierno llegó a dimitir en pleno tras conocerse que se habían contratado productos para cubrir hasta 3.000 millones de euros de obra pública y que estaban produciendo cuantiosas pérdidas. La ciudad de Milán pilotó la cruzada en Italia donde actualmente diez regiones mantienen litigios abiertos esperanzadas por los éxitos recientes cosechados por algunos ayuntamientos. La empresa de aguas municipal de Leipzig que logró tumbar la legalidad del swap de UBS es otro ejemplo.

Pero el país donde con mayor asombro se vivió el escándalo de los swap fue en Francia, después de que algunos pequeños ayuntamientos dieran la voz de alarma. Fue el caso de Saint-Etienne, que descubrió que tenía algunos de estos productos ligados a su deuda cuando Deutsche Bank le reclamó un importe de 1,18 millones de euros en 2010. En ese momento vieron la toxicidad del producto que tenían contratado y cuya cancelación les suponía 100 millones de euros. Lo que en principio se contrató para resguardar el dinero público terminó siendo una herencia inasumible para sus habitantes que, sin saberlo, estaban jugando las arcas municipales a las variaciones entre el franco suizo y el dólar hasta 2042.

La cascada de informaciones sobre la extensión y gravedad de la colocación de estos productos fue creciendo día a día. Le Monde y Libération se hicieron con datos bancarios detallados de la situación de estos productos por toda Francia. Le Monde calculó que de los 72.000 millones de euros en préstamos para obra pública que había vivos en el país, al menos 26.000 estaban ligados a alguno de estos productos. De estos, al menos 10.000 respondían a características más tóxicas, por la complejidad que entrañaban los seguros y 6.000 se consideraban, directamente “explosivos”.

Libération realizó una exhaustiva radiografía de la situación en todas las corporaciones públicas francesas que daba buena cuenta de la extensión del fenómeno. Decenas de municipios y otros organismos públicos se encontraban ahogados por productos financieros que suponían un sobrecoste equivalente al 20% de la operación. Una de las situaciones más dramáticas la vivió el Departamento del Ródano, con casi medio millón de habitantes, al que le solicitaron 380 millones de euros por anular los swap que contrató la región para construir varias instalaciones.

Un banco para 'swapearlos' a todos

Una de las explicaciones para la rápida difusión de estos productos fue la supremacía de un solo banco en la financiación de obra pública. El francobelga Dexia fue durante la época de la crisis el número uno en la financiación o la intermediación de grandes créditos para obra pública. Allí donde había un proyecto en marcha había un agente de Dexia preparado para llevar la planificación financiera.

La querencia de Dexia por este peligroso cóctel de obra pública y productos derivados se llevó por delante al banco que tuvo que ser rescatado ya en 2008. Finalmente en 2011 la entidad quebró, se creó un banco malo y a al bueno se le rebautizó como Belfius.

El gusto de la banca francesa por estas operaciones de financiación (Project Finance en la jerga del sector) también explica la fuerte posición de Crèdit Agricole y Société Générale en este tipo de seguros. Los tres bancos son acreedores de la ciudad de Madrid, pero tampoco se puede despreciar el uso que han hecho el resto de los grandes bancos, incluido Santander y BBVA, de estos productos financieros fuera y dentro de España.

El caldo de cultivo, con pequeñas diferencias, es el mismo en toda Europa. La burbuja financiera espoleó la obra pública y las entidades autónomas buscaron alternativas de financiación para escapar al control de los gobiernos centrales, que suelen establecer ciertos límites a la capacidad de endeudamiento de estos entes. Metros, autopistas, museos, estaciones, hospitales o polideportivos sucumbieron a la financiación con estos bancos y al consiguiente swap.

Resultado de las demandas

La carga financiera de estos swap se volvió inasumible para los ayuntamientos europeos ya entre 2009 y 2010. Fue entonces cuando se plantearon los litigios de las alcaldías contra los bancos por estos contratos y pasado más de un lustro el resultado es muy desigual. En primer lugar, muchos de los juicios se están celebrando aún este año o están pendientes de resolución. Una buena parte de ellos se dirime en Londres ya que los ayuntamientos se dejaron guiar por la banca y aceptaron que estos contratos se firmaran bajo la ley británica. En algunos casos se han enzarzado en una maraña infinita de recursos y apelaciones.

Las buenas noticias proceden del lado de las victorias o los acuerdos extrajudiciales. El más sonado es el de Milán, la metrópoli italiana -a la que por tamaño es sencillo considerar un inversor institucional- que consiguió que tras enzarzarse en el proceso judicial, los bancos prefirieran llegar a un acuerdo en 2012 con la ciudad antes que seguir pleiteando y aceptaron cancelar los swap que cubrían una deuda de 1.700 millones de euros.

Prato, la segunda ciudad en importancia de la Toscana italiana, ha sido la primera en lugar un triunfo en los tribunales, pero lo hizo este mismo verano y gracias a un error técnico en el contrato. Con todo, su victoria anima a los otros diez juicios pendientes de regiones y municipios en Italia.

La diminuta población de Saint-Cast-le-Guildo en Francia, también acaba de conseguir su victoria en los tribunales ante un swap de Dexia colocado para construir un balneario. Esta misma semana, se ha iniciado en Londres el juicio de la Sociedad Pública de Transportes de Oporto contra Santander por un ruinoso swap.

Similitudes y diferencias con el caso de Madrid

Las motivaciones, los protagonistas y el resultado de los contratos firmados por el Ayuntamiento de Madrid para financiar la M-30 son prácticamente iguales a los que tuvieron todas estas corporaciones europeas con sus contratos. A falta de conocer con detalle los términos fijados en la decena de seguros de cobertura firmados por Madrid, parece que la estructura a la que se sometió Madrid es algo más simple que la que aceptaron otros ayuntamientos.

En el caso de los municipios europeos, muchos suscribieron contratos que referenciaban el variable a intereses cruzados, apuestas contra la evolución de divisas extranjeras, algoritmos y un largo etcétera. El más sencillo (que podría tener Madrid en varios de sus contratos) es el vanilla plain, concepto que en inglés se refiere al producto más básico de una gama. Algunos de los más complejos reciben el nombre de snowball, como el que tiene la sociedad de transportes de Oporto que desencadena reacciones en cadena de derivados hasta elevar la factura de intereses a límites altísimos.

En cualquier caso, la toxicidad o complejidad de estas estructuras no es el elemento principal que pesa a la hora de visar o no su legalidad ante los tribunales. Muchos de estos inversores eran considerados institucionales cuando suscribieron los contratos por lo que se les presupone los conocimientos suficientes para evaluar los riesgos de estos productos. Precisamente, para solucionar una pequeña parte de este problema, la nueva normativa de protección del inversor europea, Mifid2, excluye a los pequeños ayuntamientos de ser inversores “elegibles” para estos productos.

Pero incluso si el tamaño y la cuantía financiada es abultada, como el caso de Madrid, Milán, Ródano u Oporto, los tribunales han encontrado muchos resquicios en la forma de redactar los contratos que han servido como elemento para anularlos. Una de las cláusulas más conflictivas en casi todos es la de cancelación, o bien por farragosa, o por poco clara en los costes y el cálculo de la penalización. Prácticamente todos los juicios que han dado la razón a los ayuntamientos han encontrado un fallo en estas cláusulas.

También en muchos casos se ha despertado el debate sobre cómo las administraciones públicas deben cubrirse de riesgos a la hora de suscribir créditos y si se debe permiter que lo hagan mediante instrumentos complejos o derivados. También se abre la cuestión de la legitimidad de blindar contratos a 30 o 40 años (a mayor plazo mejores condiciones) permitiendo a generaciones enteras de vecinos asumir decisiones pasadas que financian con dinero público.

¿Por qué ahora?

El cambio de dirección en muchos ayuntamientos ha destapado la caja de los truenos. La convulsión que se vivió en Italia, Francia y Portugal llega ahora a España de la mano de las nuevas corporaciones municipales que desempolvan contratos guardados en cajones y se maravillan de lo que encuentran en su interior. Por ahora, solo ayuntamientos de Lanzarote que habían cambiado de signo por casos de corrupción habían puesto sobre el tapete estos contratos. También ha entrado en juicios la Diputación de Álava. Pero los expertos coinciden en que estos productos se endosaron sistemáticamente a los municipios y que la situación de Madrid es solo la punta del iceberg de lo que se destapará en los próximos meses, una vez que los nuevos regidores hayan puesto orden en sus finanzas. Tampoco se puede olvidar que los tipos de interés oficiales al 0% están aquí para quedarse una década, perspectiva que ha exasperado en las alcaldías a la vista de una década más palmando dinero con estos productos.