El Madrid de Ayuso: mucha “fruta”, pero la calidad de vida cojea en la comunidad más rica de España

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se presenta a sí misma como el contraste del presidente del Gobierno, a veces también de su propio líder, Alberto Núñez Feijóo, y ocupa titulares y cortes de voz todos los días en los medios nacionales, algo que no le sucede a ningún otro presidente autonómico. Tiene hitos de hemeroteca como el famoso “me gusta la fruta” o “Ayuso pim pam pum”. Pero el buen momento de notoriedad que vive Ayuso no es proporcional al bienestar que generan sus políticas, a tenor de los datos sobre inversión en servicios públicos. Madrid es muy popular, es la tierra “de la libertad”, “anticomunista”, según su lideresa, pero también es donde es más caro sale estudiar en la universidad, donde es más cara la vivienda —sin políticas propias que lo compensen—, donde hay más seguros médicos privados ante los retrasos de lo público, donde más difícil es abortar en la pública, donde no se ha reforzado el servicio de metro en sus seis años de mandato o donde menos rentas de inserción se ponen a disposición de los más necesitados.

La sensación de que vivir en Madrid es cada vez más difícil está más que extendida entre sus vecinos. De hecho, aunque el saldo poblacional es positivo por la llegada de extranjeros y jóvenes en edad de estudiar o de su primer trabajo, cada año se van más españoles hacia otras provincias, según los últimos datos del INE. Eso, pese a que es la comunidad autónoma del régimen general con un salario medio más alto (2.762, solo por detrás del País Vasco). También encabeza el ranking de lugares de España donde se encuentran los sueldos más altos del país, por ser centro empresarial y financiero de España. Eso atrae mucho, pero, ¿se puede vivir cómodamente en Madrid?

La respuesta, a tenor de los últimos estudios, es que no tanto. Madrid es la región más rica de España, pero es la que menos gasta por habitante en servicios públicos, como ha calculado en un reciente informe el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Eso supone esperar más en el médico, que los hijos no tengan buena atención temprana, menos profesores disponibles o vagones a tope. Mientras, Ayuso ha puesto al mínimo todos los impuestos en los que tiene competencia, también los destinados a ricos y millonarios como el de sucesiones o patrimonio.

La receta de sus políticas se completa con el apoyo a la gestión privada de los servicios públicos, como en la sanidad, o la apuesta extraordinaria por las universidades y la FP privadas. Según un reciente informe sobre Rentas Mínimas de Inserción, está a la cola en este recurso: no alcanza ni al 1% de las personas bajo el umbral de la pobreza y ha recortado un 95% su inversión para este capítulo (130 millones menos destinados desde 2020).

Así se ha disparado la lista de espera para el especialista y no para operarse

Comparación del número de pacientes en lista de espera estructural para el especialista y en la lista de espera quirúrgica

Fuente: Comunidad de Madrid

La lista de espera para que te vea un especialista en Madrid por primera vez ha escalado y se acerca a 800.000 personas viendo pasar los meses hasta poder acudir, por primera vez, a su otorrino, traumatólogo, endocrino u oftalmólogo. Es la que tiene peores cifras en especialidad —pese a que intenta contabilizar listas de espera de manera que salga propicio a la administración—.

Madrid, la comunidad con la mayor lista de espera para el especialista

Comparativa del % de población en cada CCAA en la lista de espera para el especialista y para operarse según los datos del Ministerio de Sanidad a junio de 2024

Fuente: Ministerio de Sanidad

En el gasto por habitante tampoco sale bien parada, con un 4,1% del PIB, muy por debajo del resto de autonomías, siendo Murcia, Extremadura y Canarias las que más dinero de presupuesto público destinan a la sanidad por ciudadano. Desde que Ayuso es presidenta, cuando ganó en 2019, casi se ha duplicado la lista de espera de pruebas diagnósticas y se ha superado la barrera psicológica del millón de pacientes aguardando una.

Además, es la autonomía con más privatización sanitaria, según la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública. Ayuso destina el 11% a las empresas de sanidad privada, sin contar servicios no médicos, con el Grupo Quirón a la cabeza. El gasto en contratos de gestión indirecta ha alcanzado un aumento de récord no visto en otras comunidades autónomas: de los 845 millones que encontró Ayuso al llegar a la Puerta del Sol, a los 1.377 destinados que alcanzó en 2022, según datos oficiales recogidos por la patronal de la sanidad privada Aspe.

La desinversión en la pública de gestión directa, que está en competencia con multinacionales sanitarias por la introducción de la libre elección, arrastra a sus ciudadanos a hacerse seguros privados. Madrid lidera el ranking como la comunidad autónoma con mayor penetración del seguro privado, con un 37,5% de sus ciudadanos con esta cobertura, según datos del Observatorio del Sector Sanitario Privado.

Encontrar vivienda en Madrid y poder pagarla tampoco es fácil, especialmente en la capital y sus zonas limítrofes y bien conectadas. El grupo de tasación Tinsa coloca a la capital como la ciudad más cara de España, con 4.668 euros el metro cuadrado. Le siguen Donosti, Barcelona y Palma de Mallorca.

El alcalde de la capital, también del PP, ha rechazado declarar Madrid zona tensionada, como prevé la ley para que los caseros limiten las subidas. Los alquileres en Madrid, y casi todas las capitales españolas, se han disparado desde 2015, pero también el alquiler de temporada está calentando el mercado: ya se piden 10.000 euros por vivir tres meses en Chamberí, por ejemplo.

La solución podría pasar por construir más y limitar la burocracia para las promotoras (una ley parada tras votar “no” el PP en el Congreso) y, por supuesto, por las VPO (Viviendas de Protección Oficial). Gran parte de la VPO que había en Madrid se malvendió a fondos buitre tras la burbuja inmobiliaria, con el gobierno del PP de Ana Botella. También durante el gobierno de Cristina Cifuentes más de 5.000 pisos sociales acabaron en manos privadas a precio de saldo.

Con los datos del Ministerio más recientes, de 2024, se observa que Madrid es la autonomía que más VPO termina en números absolutos, pero es también una de las más pobladas de España y, por tanto, con mayor demanda y necesidad. Aunque se ha mejorado en este indicador, las políticas de VPO de Ayuso están aún muy lejos de recuperar el nivel mínimo, como pasa en el resto de comunidades. Es considerable también el desplome de viviendas terminadas en el caso de Andalucía.

En Educación, el retrato no sale mucho mejor. Madrid es la última, con diferencia, en gasto por alumno, seguida por la Generalitat Valenciana.

Sin embargo, es la segunda en conciertos y subvenciones con la privada, donde destina el 18% de su presupuesto. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso aprobó en 2022 su Ley Maestra, con la que pretende dejar sin efecto buena parte de las medidas que se incluyeron en la llamada Ley Celaá precisamente para contrarrestar las políticas educativas madrileñas de las últimas dos décadas.

La presidenta Ayuso ha continuado con el legado neoliberal en educación de sus predecesores: si Madrid fuera un país, sería el segundo de toda Europa que más segrega a su alumnado, solo por detrás de Turquía. Los ricos con los ricos, los pobres con los pobres. Otra práctica ha sido ceder suelo público, a veces a 99 años vista, para la construcción de colegios que tenían el concierto antes de nacer, pese a que estas prácticas estaban expresamente prohibidas por ley. Los gobiernos de Madrid cedieron bajo esta fórmula al menos 45 parcelas para estos fines. En el ratio de alumno/profesor, Madrid es también la que sale peor parada de España.

En la Universidad pública, Isabel Díaz Ayuso ostenta el dudoso honor de ser la presidenta con la que la asfixia de los campus se ha agravado. De hecho, en noviembre salieron a la calle alumnos y profesores para protestar. Mientras cierra el grifo a instituciones que considera “colonizadas por las izquierdas”, quedan impagos, imposibilidad de mejorar el campus o hacer frente a nuevos ciclos, investigación o facturas. A esto hay que sumar que el precio del crédito no ha parado de crecer y es uno de los más altos de España.

La desafección de la presidenta con la universidad pública tiene su materialización en la Universidad Complutense, que va a tener que pedir un préstamo (con sus consiguientes intereses) para poder pagar sus compromisos. Ha perdido 140 millones en dos años. Madrid tiene ya más universidades privadas que públicas (13 frente a 6) y sigue sumando iniciativas de élite para alumnado de élite. Esta apuesta sale cara a los padres y universitarios de clase trabajadora, porque estudiar en la privada puede costar el triple que hacerlo en la pública.

En cuanto a movilidad, Madrid tiene el aeropuerto más grande del país y el sistema de Cercanías y Metro más desarrollado. Este último es considerado una de las joyas de la corona de la capital. El precio de la vivienda tiene también un impacto en la movilidad, ya que cada vez la gente aleja más su vivienda de su trabajo, y eso supone más viajeros y presión en un suburbano que ve crecer su población, también por la llegada de extranjeros, aunque no crece tanto la frecuencia con la que pasan los vagones.

Desde 2019 que llegó Ayuso a 2023 (últimos datos disponibles), el número de viajeros ha decrecido, pero también lo han hecho el número de vagones. Tampoco ha habido mejoras en las frecuencias de paso, que se mantienen en estos cuatro años en 4,1 minutos, exactamente igual. En 2024 se prevé una foto que evidencie un récord de viajes, según ha avanzado la propia empresa de Metro.

Las residencias de mayores son otro tema espinoso de la administración Ayuso. Cuando llegó la pandemia en 2020, a estos centros públicos y concertados les pilló con poco personal y mala formación, como denunciaban asociaciones de familiares y sindicatos desde hacía años. Eso, sumado a las políticas de no derivación a hospitales de mayores y el caos en la gestión de las primeras semanas convirtió a Madrid en una de las regiones con mayor mortalidad por la Covid-19. Los ancianos que quisieron y pudieron salir de la residencia en esas fechas tuvieron que seguir pagando la plaza pese a no ocuparla si querían conservarla. La mayoría optó por eso, ya que conseguir una plaza de residencia en Madrid es difícil.

De hecho, la foto que emana de un informe específico de residencias en España hecho por el CSIC evidencia que la ratio de plazas disponibles para mayores de 65 años está a la cola en la región más rica del país. Lideran el ranking de disponibilidad Asturias, Castilla y León, Euskadi o Galicia.

El aborto es otra de las líneas ideológicas con las que Ayuso capta atención y titulares. Su negativa a aportar datos y a elaborar el registro preceptivo de médicos objetores en la sanidad pública tienen un reflejo también en los datos. En Madrid (y Andalucía) prácticamente ninguna mujer aborta en la pública, y la enorme mayoría son derivadas a otros centros.

Solo el 0,47% de las interrupciones voluntarias del embarazo se hacen dentro del sistema público, frente al 88,5% de Cantabria, el 55% de Cataluña o el 74,8% de Navarra. Pese a los derechos consolidados en la legislación nacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a decir a la oposición en una sesión de control en la Asamblea que se fueran “a otro país a abortar”.