Trabajo y Hacienda se enzarzan de nuevo por el veto a repercutir las subidas de salarios en los contratos públicos

Nuevo intento de Trabajo para “relajar” el veto legal de la época de Mariano Rajoy que impide repercutir las subidas salariales –como el alza del salario mínimo– a los precios de los contratos públicos ya asignados. Acabar con este impedimento genera consenso entre Yolanda Díaz, los empresarios y los sindicatos, algo cada vez menos habitual, pero hasta el momento cuenta con la oposición de Hacienda y Economía. Ahora, fuentes de Trabajo afirman que están “trabajando” con el Ministerio de María Jesús Montero para “buscar una fórmula” para repercutir los aumentos salariales, aunque en Hacienda sostienen que “no hay novedades” en su postura.

El origen del conflicto es la llamada “desindexación” de los contratos públicos, término complejo que designa una de las muchas políticas de austeridad del Gobierno del PP de Mariano Rajoy para limitar el gasto de las administraciones públicas.

A través de dos leyes –la Ley de Desindexación de la Economía del entonces ministro Luis De Guindos y la Ley de Contratos Públicos– se eliminó la referencia del IPC en varios ámbitos y se diseñaron múltiples obstáculos que impiden las revisiones de las licitaciones públicas ya concedidas. Por ejemplo, por las modificaciones en los costes de la mano de obra.

En la práctica significa que, si se concede un contrato público de limpieza a una empresa por cuatro años, por ejemplo, esta asignación presupuestaria no se modifica aunque en su transcurso se acuerde un aumento de los salarios del personal, que supone un mayor coste del servicio.

Un “círculo vicioso” que genera precariedad

Este veto a la revisión de los contratos públicos ha aliado en su contra a los empresarios, los sindicatos y al Ministerio de Trabajo. También suma a partidos como el PNV con capacidad de gestión en las comunidades autónomas. Sobre todo, a raíz del gran aumento del salario mínimo interprofesional (SMI), del 61% desde 2018, que ha alcanzado a gran parte de los servicios subcontratados por el sector público, como la limpieza, jardinería, intervención social y dependencia, entre otros.

Este amplio consenso se explica por los “importantes problemas” que genera la desindexación en múltiples direcciones. Para las empresas supone asumir con el mismo presupuesto un servicio más caro, ya que la mano de obra se encarece, pero no la asignación pública para prestar esa actividad. Desde la patronal CEOE han denunciado que esto está “ahogando” a muchas compañías, que no pueden asumir el aumento de costes.

Para las personas trabajadoras que prestan estos servicios públicos externalizados –gran parte de ellas mujeres y con salarios bajos– la desindexación ha supuesto un “círculo vicioso” que las mantiene atadas a la precariedad, han denunciado en múltiples ocasiones en CCOO y UGT.

Porque en los sectores donde la subcontratación en el sector público es muy relevante, como la ayuda a domicilio, la dependencia, la limpieza y la seguridad, entre otros, las empresas se niegan a mejorar los salarios en la negociación colectiva con el argumento de que luego no pueden repercutir ese mayor coste en los contratos públicos.

Además, la subida del salario mínimo, aprobada por ley por el Gobierno y que las empresas deben respetar en todo caso, también genera en algunos casos problemas para las plantillas, cuando las empresas prescinden de horas de trabajo o de personal para cuadrar las cuentas ante el aumento salarial.

En los peores casos, se dan repetidas situaciones de impagos y de retraso en el pago de nóminas de muchas subcontratas que consiguen la licitación de servicios públicos con ofertas muy bajas, al límite, y que luego no pueden afrontar el aumento de costes.

Y, como derivada de todo lo anterior, la consecuencia de un empeoramiento en la calidad de los servicios públicos prestados, motivo alegado por el PNV el pasado marzo en una interpelación a la ministra de Hacienda para que permitiera “una regulación flexible para permitir esta revisión de precios”.

“¿Qué está pasando con esto? Que hay contratos desiertos, resolución anticipada de contratos de mutuo acuerdo para evitar males mayores, dificultades para que las Administraciones puedan mantener estos contratos y participación a la baja de las licitaciones”, advirtió la diputada del PNV Idoia Sagastizabal.

Por todas estas razones, y ante las reiteradas peticiones de la patronal, el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha defendido en los últimos años que se vuelva a permitir la revisión de los contratos públicos ante los aumentos salariales, sin éxito frente a Hacienda y a Economía, que se remite en este debate al Ministerio liderado por María Jesús Montero.

La novedad: la directiva europea de salarios mínimos

En este último intento, a propósito de la subida del salario mínimo de 2026, el departamento de Yolanda Díaz está reivindicando un nuevo motivo para tratar de sacar adelante el cambio legal dentro del Gobierno. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha sostenido que la nueva directiva europea de salarios mínimos (aún pendiente de transposición) lo exige.

“En al menos dos de sus pasajes, obliga a nuestro entender a los Estados miembros a prever reglas de traslación de las subidas de los salarios mínimos a la contratación pública”, ha explicado el 'número dos' de Yolanda Díaz. El principal es el artículo 9 de la Directiva, que obliga a que los Estados miembros adopten “medidas adecuadas” para garantizar que en la adjudicación así como en la “ejecución” de los contratos públicos se cumplan las obligaciones aplicables sobre salarios.

También el artículo 5.3, que prevé que los países puedan utilizar “un mecanismo automático de ajuste de indexación de los salarios mínimos legales”.

Fuentes del Ministerio de Trabajo sostienen que están “trabajando” con el de Hacienda para ver alguna forma de “relajación” de la desindexación para poder repercutir los salarios. “Estamos intentando buscar una fórmula”, indican en el departamento de Yolanda Díaz. Sin embargo, el mensaje desde el Ministerio de María Jesús Montero en otro. “Sin novedades”, responden sobre su postura al cambio legal que reclama Trabajo.

En sus múltiples negativas, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda ha argumentado que son las empresas las que deben prever posibles aumentos de costes a la hora de presentarse a las licitaciones públicas, así como que las arcas públicas no tienen que ser las que sufraguen el aumento del salario mínimo interprofesional.

También, el pasado marzo, por considerar que la revisión al alza de los contratos “puede producir o impulsar una espiral inflacionista y generar también efectos de segunda vuelta” en la escalada de precios, sostuvo Montero.

Los sindicatos CCOO y UGT rechazan estos motivos y defienden que las administraciones públicas deberían ser responsables de los servicios públicos que licitan, proporcionando un presupuesto suficiente para garantizar unos salarios dignos de sus trabajadores. En la patronal denuncian por su parte que el Gobierno pida a los empresarios que suban los sueldos, o que les obligue a hacerlo a través del SMI, sin asumir su parte del coste en los contratos del sector público.