El Sindicato de Trabajadores (STR) ha anunciado la convocatoria de una huelga para los días 3 y 4 de noviembre en las refinerías de A Coruña, Cartagena, Puertollano y Tarragona en el contexto de la negociación de varios convenios colectivos de los trabajadores de la multinacional energética.

La convocatoria llega tras el fracaso de la mediación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) de cara a la negociación de los convenios colectivos en Repsol Fuels, Repsol Materials, Repsol Trading y RLESA.

En Fuels, los paros están previstos en las refinerías de A Coruña, Cartagena, Puertollano y Tarragona.

En Materials, abarcarán las plantas químicas de Puertollano y Tarragona, además del personal de sus oficinas y servicios incluido en el ámbito de la huelga.

La huelga anunciada también comprende al personal de Trading en las oficinas de Madrid, cuya actividad incluye el abastecimiento de crudo y materias primas y la comercialización internacional de productos.

Se extiende asimismo a RLESA, dedicada a lubricantes, asfaltos y especialidades, que cuenta, entre sus instalaciones, con la planta de lubricantes de Puertollano y la planta de especialidades de Palencia.

Piden mejoras de salarios, pluses y “medidas reales” de conciliación

El STR, sindicato mayoritario en el negocio industrial de Repsol, considera que las ofertas empresariales siguen muy por debajo de la capacidad económica de la compañía. Reclama mejoras económicas, avances en pluses, plantillas suficientes y medidas reales de conciliación.

“Cuando la empresa ha exigido esfuerzo, responsabilidad y compromiso, la plantilla ha respondido. Ahora le corresponde a la Dirección trasladar los grandes resultados a los convenios. Sus propuestas siguen sin estar a la altura y nos llevan a anunciar estos paros”, ha señalado Jordi Margalef, secretario de Comunicación del Sindicato de Trabajadores.

Desde el sindicato han subrayado que Repsol obtuvo 2.711 millones de euros de resultado neto ajustado en el primer semestre de 2026, por encima de los 2.568 millones de todo 2025.

En la misma línea, han apuntado a las previsiones que sitúan en otros 2.625 millones para el tercer trimestre, lo que elevaría el acumulado hasta septiembre a 5.336 millones, más del doble que en todo el ejercicio anterior, si se confirma la estimación en los resultados oficiales del 29 de octubre.

“La Dirección debe explicar por qué esa capacidad económica no se refleja en propuestas más ambiciosas para quienes la hacen posible. A grandes resultados deben corresponder grandes convenios”, ha afirmado Margalef.

La organización ha advertido de que los paros del 3 y 4 de noviembre serán las primeras jornadas de un proceso de movilización que continuará si no se producen avances suficientes.

“Seguimos abiertos a una negociación seria, con propuestas concretas y acordes con los resultados de Repsol. Nuestro objetivo es conseguir que las trabajadoras y trabajadores reciban una parte justa de la riqueza que generan. Si la Dirección mantiene sus ofertas actuales, mantendremos también la movilización”, ha añadido Margalef.

Son los trabajadores del comedor de tus hijos en el colegio, las empleadas de la cocina de la residencia de tus padres, aquellos que alimentan a los pacientes en un hospital. CCOO y UGT han dado por rotas las negociaciones del convenio estatal de Restauración Colectiva, caducado desde 2025, ante la inmovilidad de la patronal, según denuncian. Sus principales reclamaciones se basan en el reconocimiento de categorías profesionales que existen en la labor que desempeñan, pero oficialmente no recogidas, subida “digna” de los salarios, pues hay regiones que todas las categorías cobran el salario mínimo interprofesional (SMI) y reducciones de jornada.

La parte empresarial, representada por Food Service España, responde que “mantiene su predisposición al diálogo”. Las centrales sindicales plantean un futuro de movilizaciones para intentar forzar que la patronal tome en consideración sus demandas.

Carmen Ortiz, responsable del sector de la Restauración Colectiva de la Federación de Servicios de CCOO, cifra en 125.000 las personas que están bajo este convenio en España. “Cuando se creó hace diez años, la idea era unir las tablas y condiciones salariales de las 52 provincias. Durante esta década no se ha hecho nada y seguimos con las tablas salariales de origen”, explica la sindicalista. El incremento paulatino del SMI a lo largo de los últimos años –actualmente se encuentra en los 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas– ha hecho que muchos convenios provinciales se queden desactualizados, por lo que la mayor parte de sus categorías están sujetas al mismo.

Mónica de la Cámara, de UGT, recalca que todas las categorías de 17 convenios provinciales cobran el SMI, y 15 tienen más de la mitad de las categorías en la misma situación. Ella integra el equipo estatal de la actividad de Restauración Social: “Es un sector en el que tampoco hay complementos. No creo que estemos pidiendo nada que las plantillas, muy feminizadas, no se merezcan”.

Olga Aguilar es cocinera titulada en el Hospital Fremap de Sevilla. Lo primero que dice al hablar con elDiario.es es que en su centro “no estamos excesivamente mal”, ya que se cumplen los horarios definidos. “Nosotras trabajamos con presión, eso es indiscutible, y no podemos sobrevivir con ni siquiera 1.000 euros netos mensuales”, denuncia.

Vivir así es “muy complicado”, subraya la trabajadora, que respira algo más tranquila desde que tiene su casa pagada. “Pero tengo compañeras de alquiler y lo pasan fatal. El tema de la vivienda está muy mal y si encima tienes una familia, todo es mucho más complicado. Por eso necesitamos que las tablas salariales aumenten”, se explaya.

Responsabilidad en la alimentación

Las representantes de los trabajadores coinciden al decir que se han encontrado con una patronal que se niega a negociar las demandas planteadas. En el día a día, en estos centros trabajan figuras como dietistas y coordinadora de monitores que no vienen recogidas como tal en el convenio. “Queremos que se actualice el texto, que plasme la realidad del sector”, reivindica la responsable de CCOO.

De la Cámara ejemplifica que la categoría de coordinador de monitores funciona desde hace años. Todas las Administraciones públicas la reconocen y lo mismo sucede incluso en algunos convenios de hostelería de algunas provincias. “Lo que no se puede entender es que el coordinador cobre lo mismo que un monitor. Su responsabilidad es mayor, su carga de trabajo es mayor, y eso se debe recompensar”, señala la ugetista.

“Llevamos a cabo una labor con mucha responsabilidad como para cobrar el salario mínimo. Nosotras trabajamos con niños, enfermos, ancianos, usuarios de centros de acogida, presos… Nuestro público es delicado y eso nunca está reconocido”, recalca Ortiz. Aguilar confirma este extremo. “Debemos tener mucho cuidado porque uno no puede tomar sal, el otro el diabético, el de allí tiene colesterol… Hay que tener mucho cuidado, y con las alergias también”, ilustra.

La sindicalista de CCOO admite que este no es un trabajo del que se pueda vivir. “Es más para aportar algo en casa, porque muchos contratos son de media jornada o menos, sobre todo en comedores escolares. En lo público se nota mucho porque en los colegios son jornadas pequeñas con responsabilidades muy grandes”, desarrolla la misma Ortiz. Además, justo estos trabajadores tienen la tarea extra de cuidar de los chavales y enseñarles a comportarse en la mesa.

Adjudicar al precio más bajo

La ley de desindexación hace que el sector de la restauración colectiva se enfrente a otro gran escollo. Esta norma prohíbe actualizar de forma automática los precios, tarifas y contratos del sector público utilizando el IPC u otros índices generales de precios. La gran mayoría de las empresas que operan en la restauración colectiva lo hacen de la mano de la Administración pública, mediante concursos. Desde UGT explican que este tipo de contratos con la Administración hacen que el precio de lo ofertado esté cerrado a lo largo del tiempo que dura el contrato, lo que lastra la negociación colectiva debido al incremento de los productos y del coste de la vida durante el tiempo del contrato.

Por otra parte, reclaman a las administraciones públicas que el criterio de adjudicación no dé tanto valor al precio. “Es un bucle en el que siempre salen perjudicados los trabajadores y llega un momento que ni monitores, ni ayudantes de cocina, ni jefes están dispuestos a trabajar en estas condiciones”, alerta De la Cámara.

Las negociaciones encallan

La representación de los trabajadores en el sector de la restauración colectiva resume en una palabra la respuesta que reciben por parte de Food Service España: inasumibles. Eso es lo que aseguran UGT y CCOO que les dicen cuando plantean sus demandas. “No quieren ni entrar a valorarlas, y no lo entendemos. Quieren una subida lineal del 2,5% en los salarios y reconocer alguna bajada de jornada, pero poco más”, abunda Ortiz.

Las 130 empresas asociadas a Food Service España preparan 4,1 millones de menús al día para 8,7 millones de consumidores diarios, según sus propias cifras, y crean más de 95.000 empleos directos. Tal y como han señalado a elDiario.es, la organización mantiene su disposición al diálogo. “Entendemos que las diferencias forman parte de cualquier proceso de negociación colectiva y confiamos en que los contactos se reanuden próximamente para seguir avanzando en beneficio del conjunto del sector”, han añadido.

La responsable de Restauración Colectiva en CCOO defiende que la patronal “debería pensárselo bien”, pues entre el último trimestre de 2026 y los primeros tres meses de 2027 se suscribirán el 60% de los contratos con la Administración pública, según sus cálculos. “Es el momento de negociar y así ir a los concursos con las reglas del juego escritas, sabiendo a qué se enfrentan y en qué condiciones tendrán que hacerlo”, precisa.

Aguilar habla de posibles movilizaciones futuras y la importancia de dar a conocer su situación. “Hasta que no hay alguna protesta y la gente ve tus condiciones, ni se paran a pensarlo”, comenta. Ante la postura inamovible de la patronal, la trabajadora no cree que se esté pidiendo algo inasumible. “A todo dicen que no cuando las propuestas son bastante razonables”, añade con la vista puesta en este diciembre, cuando se cumplirá un año de la caducidad del convenio.

Ante la ruptura de las negociaciones, las dos centrales sindicales han planteado diversas acciones para intentar forzar que la patronal atienda a sus reclamaciones. Empezarán informando a las plantillas de los centros de trabajo sobre la situación encallada en la que se encuentra la comunicación para actualizar el convenio, y no descartan escalar las protestas hasta concentraciones. Todavía no tienen marcado un calendario concreto de protestas, pero sí saben sus exigencias. “Solo pedimos algo de diálogo por parte de la patronal”, dice De la Cámara. “La huelga debe ser la última medida, pero si hay que ir, se irá. No sería la primera vez que paramos por algo así”, concluye Aguilar.

Frente a la Delegación del Gobierno en Madrid, la denuncia de las cargas policiales; frente a la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, el reclamo de que Mercedes Zarzalejo se siente con ellos a negociar. Cientos de profesores se han manifestado de forma solemne por el centro de la capital al caer la noche para protestar por la actuación de la Policía Nacional que ayer dejó varios docentes en huelga golpeados. Los agentes cargaron mientras los concentrados en los alrededores del Palacio de los Duques de Santoña, en la zona de Huertas, donde se encontraba Isabel Díaz Ayuso, no podían escapar por ningún lado. La movilización ha comenzado con varios minutos de silencio una vez superadas las 20.30 horas rotos por los cánticos “somos docentes, no delincuentes” y “educación pública”. Con luces y linternas, los manifestantes han recorrido la Castellana con soflamas en contra de la violencia policial. “Menos Policía y más filosofía”, coreaban.

Ni doce horas después de producirse ayer las agresiones por parte de la Policía, más de 20 colectivos y sindicatos llamaban a esta movilización en solidaridad con las personas golpeadas y para mostrar su más profundo rechazo a actuaciones policiales de tal calibre. La protesta ha partido desde la sede de la Delegación del Gobierno, con el socialista Francisco Martín al frente, y ha concluido unos 2,5 kilómetros más allá, en la calle Alcalá, delante de la Consejería de Educación, liderada por Zarzalejos (PP).

“Solo pedimos que nos escuchen, que se sienten a negociar con el comité de huelga y dejen de insultar a los docentes de la Comunidad de Madrid”, ha reivindicado Andrea Ordóñez, miembro del comité de huelga por parte de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). La postura que defiende el Gobierno regional es inflexible: no solo han afirmado que el profesorado está preparado para hacer “arder las calles”, sino que han tildado sus medidas de presión pacífica como de “coro rociero” al perseguir y demandar a Ayuso y sus adláteres que se sienten a escucharles.

Ordóñez fue una de las profesoras golpeadas por la Policía Nacional ayer. “Se nos pidió desalojar la zona, pero era imposible porque nos cerraban agentes por delante y por detrás. Cuando intenté negociar con el mando y evitar la carga, me sacaron del grupo y me empujaron contra una pared. Ahí me golpearon dos veces con la porra”, ha asegurado esta profesora de Geografía e Historia de un instituto en Humanes de Madrid.

Tanto ella como todos los manifestantes que esta tarde han recorrido el centro de Madrid critican duramente lo ocurrido. En concreto, 8.000 personas, según los organizadores, y 2.000, según Delegación del Gobierno. “Nuestros cánticos y acciones no son violentas, todas nuestras acciones son pacíficas, pero la presidenta de la Comunidad forzó todo lo que pudo para que Delegación ordenara la carga”, ha opinado esta integrante del comité de huelga mientras a su alrededor se escuchan cánticos como “la profe luchando también está enseñando”.

Solemnes y contundentes

El cariz que ha tomado esta protesta ha sido bastante diferente a las anteriores. En esta ocasión, las camisetas que suelen formar esa gran marea verde en defensa de la educación pública han dejado paso a un negro que denotaba determinación. “Frente a su violencia, educación”, ha subrayado Ordóñez. “El Gobierno no tiene razón y lo sabe. Sus faltas de respeto son continuas e injustificadas. Solo quieren menospreciar a todo un colectivo sobre el que son responsables”, ha añadido la sindicalista, quien ha negado rotundamente que estos paros tengan motivos electoralistas: “Llevamos meses preparando esta huelga y años saliendo a las calles para mejorar las condiciones y defender una educación pública digna”.

Dani es un profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) que ha acudido a la protesta junto a su padre. Ambos se solidarizan así con las damnificadas por la violencia policial ejercida ayer. “Hay una represión a toda una serie de reivindicaciones que tratan de oponerse a la privatización de los servicios públicos y la neoliberalización de la vida”, ha expresado el docente universitario cuando la marcha enfilaba ya la Castellana.

Desde su punto de vista, ante una revuelta generalizada para defender la igualdad y el acceso a unos servicios básicos mínimos, “su única respuesta es la violencia totalmente injustificada y desproporcionada”, según sus palabras.

Este joven de menos de 30 años no entiende qué ocurre con la Delegación del Gobierno. “Es su responsabilidad la actuación de la Policía en las manifestaciones, pero luego hacen declaraciones mediáticas y parece que no la controlaran, como si los mandos policiales actuaran por su cuenta reprimiendo protestas según su preferencia”, se explaya. La comparativa frente a la actuación policial en protestas de la extrema derecha es llamativa para el profesor de la UCM: “Aquí hay un problema de connivencia entre mandos policiales y las Fuerzas Armadas con la ultraderecha. Es algo cada vez más notorio”.

Para Manuel Montilla, la actuación policial de ayer se suma a la que tuvo lugar el miércoles pasado en la UCM contra universitarios en huelga. “Yo no sé si es problema de la Policía o de nuestros representantes políticos, pero ahí hay un problema”, se ha quejado este profesor de Filosofía en un instituto de Getafe. “Yo lo que quiero es que dejen de golpear a mis compañeras y que se nos deje de insultar y degradar de forma pública”, ha añadido.

La protesta llegaba a Colón en torno a las 21.30 horas cuando este docente ha criticado que el Gobierno regional “esté dejando morir la educación pública” en detrimento de otros modelos que benefician a empresas privadas. “Estamos abandonadas por una clase política centrada en debates electorales en lugar de querer solucionar esta situación gravísima. Madrid es la región en la que menos se invierte por alumno”, ha incidido Montilla, que deja un recado a Zarzalejos: “Este dinero que el profesorado en huelga estamos sacrificando cada día podrían invertirlo en mejorar las infraestructuras de los centros, que están que se caen”.

En ese punto, los manifestantes han realizado una sentada al grito de “Zarzalejos siéntate”, como forma de exigir una negociación que ponga fin a los paros. Del mismo modo, a lo largo de la protesta no han dejado de corearse cánticos contra la actuación policial, tales como “antes de pegar, al rincón de pensar”, “menos policía y más filosofía”, “menos maderos y más lapiceros” y “un negativo para el dispositivo”.

Algo alejada de Montilla estaba Ana Salazar, miembro de Menos Lectivas, el colectivo de docentes de la Comunidad que lucha por una educación pública de calidad. “La Policía actúa así porque molestamos, porque nuestra voz está siendo escuchada por la ciudadanía. La gente ve que no pedimos nada extraordinario, sino las medidas justas y necesarias para que el alumnado se eduque en unas condiciones dignas”, ha desarrollado esta profesora de Geografía e Historia en un centro de Móstoles.

En cuanto a la investigación anunciada por Martín, el delegado del Gobierno, para dirimir responsabilidades ante la actuación policial de ayer, Salazar ha puntualizado que “debería poner orden en su casa”. En un encuentro mantenido esta tarde con el comité de huelga, Martín ha mantenido el compromiso de la Delegación “con la protección del ejercicio de los derechos fundamentales de huelga y reunión”. Del mismo modo, ha defendido la “profesionalidad con la que la Policía Nacional actúa en nuestras calles” y la existencia de garantías que permitan investigar un uso desproporcionado o no justificado de la fuerza.

La manifestación ha terminado en torno a las 22.00 horas frente a la Consejería de Educación madrileña, contigua al Ministerio de Educación, donde los asistentes ha mantenido un minuto de silencio, de nuevo con las linternas mirando al cielo, en solidaridad con los afectados por la brutalidad policial, estudiantes universitarios incluidos. Después, la lectura de un comunicado ha puesto el broche final a esta noche de reivindicación.

Ordóñez, la integrante del comité de huelga por parte de CNT, recalca que el profesorado se mantiene con los “ánimos bastante fuertes” ahora que se aproxima la primera semana de huelga indefinida. Le sigue la propia Salazar, que cifra el seguimiento de los paros en más de un 50 % de media. “La negativa de la consejera a negociar nos deja ojipláticas”, ha abundado la profesora de Móstoles. Ella misma ha concluido con una pregunta dirigida a Zarzalejos: “Somos 45.000 docentes en huelga. ¿En serio no nos va a escuchar?”.

Ya es oficial. Castilla-La Mancha se sumará a la huelga que el próximo 11 de noviembre está convocada en todo el país por la crisis de la vivienda.

Los sindicatos CCOO y UGT en Castilla-La Mancha han formalizado este llamamiento, pidiendo la movilización y augurando éxito de convocatoria de la clase trabajadora en lo que será “un día sin precedentes” en el conjunto del país y en la comunidad autónoma.

“Va a haber paros masivos en los centros de trabajo y también va a haber una movilización social que pasará a formar parte de la historia del movimiento social”.

Han sido las secretarias de Organización de UGT y CCOO Castilla-La Mancha, Silvia López y María José Mesas, quienes han presentado esta convocatoria en el registro de la Delegación del Gobierno en la capital castellanomanchega este martes.

López ha apelado a que se garanticen los servicios mínimos y no sean “abusivos”, rechazando que sea una huelga política, tal y como ha afirmado este lunes el presidente de los empresarios de Castilla-La Mancha, Ángel Nicolás, y centrando los “motivos” en “los salarios, los precios y la vivienda”.

La representante de CCOO ha justificado que desde el año 2020 hasta ahora se han registrado por parte de CCOO y UGT “más de 913 conflictos colectivos”, todos ellos principalmente centrados en cuestiones salariales, de los cuales, “más de 190 han terminado en huelga general”.

Ha lamentado que “el precio de los alquileres” es “el mayor factor de empobrecimiento de jóvenes y familias trabajadoras” y ve “imposible” que a través de la negociación colectiva, los salarios que se están pactando “sean capaces de garantizar el poder adquisitivo”.

Es por ello que ha reclamado “un acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, donde se establezca unos mínimos de subidas salariales en los convenios, desde un 4% hasta un 7% para aquellos salarios marcados por el Salario Mínimo Interprofesional y para aquellos sectores donde están más precarizados”.

“Huelga laboral y social”

De su lado, la secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, lo ha definido como una “huelga laboral y social”, y que aunque ha venido ligada a las acampadas por toda España, los sindicatos ya venían reclamando.

Asimismo, ha pedido que se desbloquee el sexto acuerdo para el empleo de la negociación colectiva para subsanar “el gran desequilibrio que existe entre salarios y precios de vivienda”, que afecta también a la región, con “zonas tensionadas en Toledo y en Guadalajara”, donde los precios están desorbitados y no hay suficiente vivienda por la cercanía a Madrid.

“Las familias tienen que elegir entre pagar su casa o llenar la cesta de la compra de productos de primera necesidad”, ha aseverado la representante de UGT.

Esta huelga debe servir también “para mejorar la salud de las personas trabajadoras” con la aprobación de la nueva ley de prevención de riesgos laborales, cuyo proyecto “ya tenía que haber pasado al Congreso de los Diputados”.

“Lo que reivindicamos siempre es que se cumpla la normativa, que se actualice. Es muy importante que se tengan en cuenta los nuevos riesgos y que sea una ley del siglo XXI. Pedimos más medios para la inspección de trabajo que no llegan. Nuestra comunidad es muy extensa y se necesitan más recursos”, ha asegurado.

Asimismo, reivindica UGT la figura del delegado o delegada territorial de prevención porque, la realidad de las empresas de Castilla-La Mancha es que “la mayoría son pequeñas y en muchas es donde se necesita”, puesto que “no hay representación sindical”.

La huelga general convocada en todo el país por la crisis de la vivienda sigue generando suspicacias y el rechazo por parte de las asociaciones empresariales. Si hace unas semanas eran los empresarios de Guadalajara quienes consideraban “inadmisible” que las empresas sufrieran el coste de este paro, ahora ha sido el presidente de la patronal regional, Ángel Nicolás, quien ha calificado la huelga del 11 de noviembre como “política” y ha asegurado que el trabajador no sabe “por qué se tiene que movilizar”, hablando de una convocatoria que causa “sonrojo y carcajada”.

Nicolás, que en los últimos años se ha acostumbrado a protagonizar titulares por sus polémicas declaraciones -uno de los ejemplos más recientes fue cuando llamó “memos” a los jóvenes que piden bajas laborales por problemas de salud mental-, ha insistido en una reciente rueda de prensa que el paro general promovido por el Sindicato de Inquilinas y apoyado por sindicatos como CCOO y UGT, y asociaciones como Amnistía Internacional, es una “huelga política contra la oposición”.

El problema no es subir los salarios, y culpa a Sánchez

El presidente de la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (CECAM) también ha tenido palabras sobre el caso que inició toda la movilización social en España por la vivienda: el desahucio de Maricarmen. Es la “primera vez que en el Boletín Oficial del Estado se publica un decreto se dirige a una persona. Eso es un auténtico disparate”.

Los sindicatos también han sido señalados por Nicolás. Les acusa de estar “ocho años en sus casas” y critica que ahora “salgan a decir que la culpa es del empresario”, un argumento que rechaza. Niega que la culpa la tengan los empresarios porque no suben los salarios y por ello es que “la gente no puede comprar viviendas”.

“El problema no es que no hayan perdido poder adquisitivo --los trabajadores--, porque los convenios se han ido renovando y se han ido firmando”. Según su punto de vista, el problema no está en que los salarios sean bajos o no, sino en que el Gobierno tiene un “excesivo afán recaudatorio” y hace pagar a los trabajadores un “40 por ciento en impuestos y cotizaciones”, a quien ha tildado de ser “el verdadero causante del problema”.

Respecto a lo que espera de la huelga, lo desconoce, porque “los propios trabajadores no están entendiendo muy bien por qué se tienen que movilizar” y los convocantes se pueden encontrar “colgando de la brocha”.

“Cuando llegue el día de la huelga ya veremos si la huelga está secundada por un 80% de los trabajadores o por un 10% porque los trabajadores no entienden por qué se les llama”, ha afirmado.

CCOO: “Hay argumentos laborales de sobra”

Estas declaraciones de Nicolás han sido respondidas por el secretario regional de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, que ha defendido este martes que la huelga general del próximo 11 de noviembre es “absolutamente legal” y tiene “argumentos laborales de sobra”, al tiempo que ha insistido en que la vivienda, los salarios y el encarecimiento de los precios son motivos suficientes para convocar una movilización de estas características.

Ortega ha explicado que, a diferencia de anteriores huelgas generales, convocadas para rechazar recortes de derechos, esta tiene un carácter “ofensivo” ante el deterioro de las condiciones de vida.

“La vivienda no se puede separar del trabajo”, ha defendido, recordando que el acceso a un hogar está directamente relacionado con los salarios, la temporalidad y la precariedad laboral.

Por ello, ha pedido a la patronal que “no tengan ninguna duda” de que existen motivos laborales suficientes para secundar una movilización que considera uno de los ejercicios democráticos más importantes para los trabajadores.

Ortega también ha respondido a Nicolás después de que este rechazara que se responsabilice sistemáticamente a los empresarios de los accidentes laborales.

El dirigente sindical ha recordado que la legislación atribuye a las empresas la responsabilidad en materia preventiva, aunque corresponde a los tribunales determinar las posibles culpabilidades.

“Lo que no puede ser tan barato como es en Castilla-La Mancha es incumplir la ley de manera reiterada, poniendo en peligro la vida de las personas trabajadoras”, ha denunciado.

Ortega ha insistido en que “los muertos siempre están del mismo lado” y que siempre les “toca ser a las personas trabajadoras”.

La huelga general por la crisis de la vivienda tendrá, que tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, está promovido por el Sindicato de Inquilinas y en Castilla-La Mancha ha sido apoyado por la Plataforma por el Derecho a la Vivienda regional, que ha llamado a todas las organizaciones, colectivos y personas de la región a sumarse a la huelga y a las movilizaciones que se convoquen en Castilla-La Mancha en torno a esta jornada.

Detrás de la plataforma están 14 organizaciones provinciales o autonómicas de la región. Muchas de ellas están relacionadas directamente con la vivienda (el Sindicato de Inquilinos de Guadalajara, la Unión Popular de Inquilinos de Toledo, la Asamblea de Vivienda Talavera o las plataformas de Afectados por la Hipoteca de Tomelloso y de Toledo), pero también por ONG como Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, Proyecto Kieu o Colectivo Sin Fronteras de Albacete; entidades feministas como la Plataforma 8M Toledo o Feministas de Pueblo CLM; así como otros colectivos u organismos como CCOO Castilla-La Mancha, la Asociación Socioeducativa e Intercultural ASIEM , la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS-CLM) y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo.

Siniestralidad laboral: “Nos va la vida en ello”

CCOO también se ha pronunciado este martes en Ciudad Real el secretario general estatal de CCOO del Hábitat , Daniel Barragán, quien también ha defendido que existen motivos suficientes para convocar la huelga general ante los bajos salarios, la precariedad y la elevada siniestralidad en sectores como la construcción y la ayuda a domicilio.

Unas declaraciones que cobran importancia después de un lunes negro en el que dos trabajadores han fallecido en sus puestos de trabajo en sendos accidentes laborales.

“Nos sobran los motivos, nos va la vida en ello”, ha advertido Barragán, quien ha reclamado un pacto de Estado contra la siniestralidad laboral y la aplicación de coeficientes reductores que permitan adelantar la jubilación en las profesiones más peligrosas.

Ya hay convocatoria formal de la huelga general del próximo 11 de noviembre y también anuncio de los empresarios de que la impugnarán. El paro ha sido registrado ante las autoridades laborales por los sindicatos mayoritarios y varios minoritarios, unidos de mano del Sindicato de Inquilinas, que impulsó esta movilización. La convocatoria contempla los motivos del paro, entre los que destaca la vivienda digna y accesible, pero también varias razones exclusivamente laborales, como la insuficiencia de los salarios ante los precios disparados, la denuncia de horas extra ilegales y el acento en el contexto de márgenes empresariales en máximos, recoge el documento presentado por CCOO y UGT.

La huelga general, que alcanza a todos los trabajadores (públicos y privados), tendrá lugar durante la jornada del día 11 de noviembre de 2026, “comenzando a las 0.00 horas y terminando a las 24 horas del citado día 11”, con algunas excepciones para los trabajos a turnos, recoge el registro presentado por los sindicatos mayoritarios, al que ha accedido elDiario.es.

El paro también cuenta con el respaldo de varios sindicatos minoritarios (CGT, CNT, Intersindical, Cobas, entre otros), que han presentado sus propios registros ante las autoridades laborales, así como de sindicatos regionales con mucha implantación en sus territorios, como los vascos ELA y LAB y la gallega CIG.

Por su parte, en el plano social, el Sindicato de Inquilinas ha presentado también este lunes una página web, Huelgaporlavivienda.org, en la que recogen los motivos sociales para secundar el paro y acudir a las manifestaciones que se celebrarán el 11N. Desde el derecho a la vivienda a unos salarios y pensiones dignas, la reducción de la jornada laboral y el refuerzo de los servicios públicos.

Ante el cuestionamiento de la legalidad del paro por la patronal, que finalmente ha confirmado que lo impugnará por “electoral”, las centrales sindicales han trabajado en este documento con la previsión de que podía ser recurrido en los tribunales. Los sindicatos insisten en su seguridad y tranquilidad por la legalidad de la huelga, con motivos socioeconómicos, políticos y laborales, como muchos otros precedentes de paros respaldados por los tribunales.

A continuación, se resumen los principales motivos recogidos en la convocatoria formal de la huelga de los sindicatos mayoritarios. El documento recoge los “objetivos de la huelga general” en cinco hojas, en las que argumentan las razones que habilitan a las organizaciones de trabajadores a convocar este paro de 24 horas.

La vivienda, el objeto central para “parar el país”

Los sindicatos han comparecido este lunes ante el Ministerio de Trabajo de la mano del Sindicato de Inquilinas, que ha impulsado esta gran huelga general, con el objetivo central de “parar el país” por la crisis de vivienda que atraviesa España y que estalló socialmente en las calles con el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años y fallecida en el hospital tras la expulsión de su hogar.

Así, la vivienda ocupa el primer punto y papel central de las razones del paro registrado ante el Ministerio de Trabajo. “Hacer efectivo el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada establecido en el artículo 47 de la CE” (Constitución Española), recoge el documento, así como “exigir que los poderes públicos, cada uno en el ámbito de sus competencias, cumplan con el mandato constitucional”.

Los sindicatos señalan que este derecho no es efectivo para amplios sectores de la población “debido a que las políticas desarrolladas durante las últimas décadas han sido muy débiles y regresivamente orientadas como para hacer efectivo este derecho”.

La convocatoria destaca que esta crisis de la vivienda, con precios disparados en compra y alquiler, “impacta de diferentes formas a las personas trabajadoras”, sobre todo a colectivos más vulnerables y jóvenes, con unos salarios insuficientes para poder pagarla. “La vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad de la sociedad española”, con una “transferencia de rentas del trabajo al capital inmobiliario” que anula buena parte de las mejoras salariales pactadas y agrava una desigualdad que los poderes públicos deben combatir.

El documento registrado menciona la mayor vulnerabilidad de las mujeres ante los desahucios y, con un gesto a la mujer que desencadenó esta movilización, añade que “tampoco hay que olvidar que un colectivo muy precarizado en términos de vivienda son las mujeres mayores que viven solas”.

Subir los salarios

La siguiente premisa central de la huelga general es reclamar a los empresarios una subida salarial digna en España, que permita recuperar poder adquisitivo a los trabajadores, perdido en los últimos años de elevada inflación.

“Los salarios en España están aumentando en términos nominales en estos últimos años, pero esa subida no está siendo suficiente para superar el aumento del coste de la vida y por tanto permitir que los hogares que dependen del salario como fuente principal de ingresos dispongan de una mejor situación económica”, recoge el documento.

La huelga persigue, por ello, la renovación del AENC —el gran pacto estatal de negociación colectiva entre empresarios y sindicatos—, caducado en 2025 y aún por negociar con la patronal, a la que las organizaciones de trabajadores exigen incrementos que garanticen el poder adquisitivo.

La propuesta sindical de CCOO y UGT plantea un mínimo del 4% anual en 2026-2028 y hasta el 7% en los sectores de salarios inferiores a la media, con además una cláusula de revisión según la inflación. Además, se reclama la incorporación a los convenios de “medidas de acceso a la vivienda en los territorios y sectores más afectados”.

Horas extras ilegales: “Trabajadas y no pagadas”

Las organizaciones de trabajadores incluyen en los motivos del paro del 11N las “horas extras trabajadas, pero no pagadas por los empleadores, siguen siendo un abuso habitual que afecta a cientos de miles de trabajadores”.

“Es una forma de explotación laboral que lleva presente décadas y que, si bien se ha reducido en los últimos años, no se ha eliminado, a pesar de la aprobación de normativa específica como el registro obligatorio de la jornada de trabajo”. Los líderes de CCOO y UGT reclamaron hace unos días al Gobierno que apruebe el refuerzo de este control horario, pactado con sus organizaciones y aún pendiente.

A día de hoy, recuerdan que más de 400.000 personas trabajan semanalmente horas extras no pagadas, situadas en los 2,54 millones según datos de la EPA (INE).

“Las horas extra no pagadas equivalen a 68.000 empleos a jornada completa, y suponen un coste laboral de 3.378 millones de euros al año no pagado en términos de salario bruto y cotizaciones sociales. A nivel individual, cada persona explotada con horas extras no pagadas realiza 5,8 horas no pagadas a la semana de media, con un coste laboral no pagado de 148 euros a la semana de media y 7.696 euros al año”, recoge el documento.

Márgenes empresariales en récords

En este contexto de pérdida de poder adquisitivo e insuficiencia de muchos salarios, los sindicatos señalan la otra cara de la moneda: la buena marcha de los beneficios empresariales en los últimos años. “Los márgenes empresariales se sitúan en niveles históricamente altos y han consolidado el salto de rentabilidad registrado tras la crisis inflacionaria de 2022, según datos del Observatorio de Márgenes Empresariales”, destacan.

“El fuerte aumento de la rentabilidad empresarial se hace a costa de una menor participación de los salarios en el valor añadido generado. Con la crisis de inflación en 2021 y 2022 y su desigual impacto y reparto de esfuerzos, los salarios perdieron participación en el valor añadido bruto generado en las empresas a favor de las rentas del capital (resultado bruto de explotación)”, critica la parte trabajadora, que exige a la parte empresarial que se siente a negociar subidas salariales para impedir que este nuevo pico de inflación de 2026 se cebe con el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras.

La reunión de la mesa sectorial de Osakidetza celebrada este lunes ha finalizado sin acuerdo. Los trabajadores —llamados por la mayoría sindical— avanzan hacia una convocatoria de huelga de 24 horas el próximo 30 de octubre, que tendrán continuidad en otras fechas hasta las puertas del periodo navideño, al menos si no hay un acuerdo previo. En concreto, el calendario de movilizaciones prevé, además de la huelga de finales de octubre, el 9 de diciembre en Álava, el 10 en Bizkaia, el 11 en Gipuzkoa, y el 14 de diciembre de nuevo en los tres territorios.

Según han señalado los sindicatos, SATSE, ELA, LAB, CCOO y UGT, en la reunión de este lunes se han abordado cuestiones como la euskaldunización, jubilación, jornada, calendario o vacaciones, sin que Osakidetza haya planteado más que “mejoras o modificaciones mínimas”, por lo que han considerado “falta de voluntad real” para plantear verdaderas mejoras para la plantilla. “No tenemos en estos momentos una contrapropuesta por parte de Osakidetza para avanzar en cuestiones que son importantes para el personal por lo que se mantiene a día de hoy todas las movilizaciones y las huelgas convocadas”, han señalado desde el sindicato SATSE, el principal. “Pasados más de 17 años, ha quedado claro que Osakidetza quiere mantener el marco actual aplicando mejoras mínimas”, han denunciado desde ELA.

Desde las centrales han denunciado que Osakidetza pretende convertir la negociación del acuerdo regulador en “un proceso burocrático más”, troceándolo, instando a los sindicatos a hacer alegaciones a los títulos que se determinen en cada bloque y “posteriormente, dedicar la reunión de la mesa sectorial a señalar cuáles son las alegaciones de cada sindicato, tras lo cual, Osakidetza decide, de manera unilateral y sin ningún margen de negociación qué alegaciones acepta y cuáles no”. “Ello se traduce, en la práctica, en hacer fundamentalmente mejoras de redacción y/o actualización legal de acuerdo al marco normativo desarrollado en los últimos años. El resto de alegaciones, peticiones y reivindicaciones de la parte sindical que puedan suponer mejoras reales, son automáticamente rechazadas”, señala.

Además de ofrecer “mejoras mínimas”, las centrales alertan de que se eliminan derechos recogidos con anterioridad como son las primas de jubilación anticipada cuya referencia Osakidetza pretende ahora eliminar totalmente alegando que, en los últimos años, las leyes de presupuestos han venido impidiendo su aplicación, y no se hace “ningún planteamiento de mejoras retributivas”.

“No es de recibo que Osakidetza presente un borrador de nuevo acuerdo que no incluye ninguna mejora salarial mientras el Gobierno vasco está a semanas de cerrar los presupuestos para el año 2027 y con ello la partida presupuestaria que pretende destinar a la sanidad pública. ELA no van a aceptar que Osakidetza presente ahora un borrador que no aborda las cuestiones troncales contenidas en sus reivindicaciones y luego utilice como excusa el mantra de los presupuestos”, ha denunciado el sindicato.

Los sindicatos consideran que “en este contexto, la huelga y la movilización es más necesarias que nunca”, y han hecho un llamamiento para secundar la primera jornada de huelga prevista para el próximo 30 de octubre. Estas huelgas se convocaron el pasado mes de septiembre para exigir mejoras laborales para todos los colectivos de Osakidetza y “una verdadera negociación con contenidos reales”, y como respuesta al acuerdo para las mejoras exclusivamente para los médicos firmado en julio por el consejero, Alberto Martínez, con el Sindicato Médico de Euskadi, que es minoritario.

Precisamente los sindicatos médicos que habían convocado una huelga indefinida a partir del próximo 28 de octubre han acordado aplazar los paros tras el adelanto electoral, ya que el estatuto marco contra el que protestaban estaba en trámite parlamentario y ha decaído con la disolución de las Cortes Generales.

El Sindicato Médico y el Sindicato de Empleados Médicos reconocen que sus últimos contactos con el Gobierno de Canarias han propiciado avances en una serie de conceptos que están abiertos a considerar, aunque por ahora sigue en pie la convocatoria de huelga que iniciaron el pasado viernes.

La huelga de médicos en la sanidad canaria tiene, en principio, carácter indefinido, pero sus convocantes habían fijado ya una fecha, el 26 de octubre, para plantearse si continúa en noviembre.

El secretario general del Sindicato Médico en las islas, Levy Cabrera, ha explicado a EFE que están pendientes de que la dirección del Servicio Canario de la Salud convoque formalmente una reunión con el comité de huelga, para detallar su último ofrecimiento.

Cabrera ha precisado que no puede hablarse aún de un principio de acuerdo, sino de una serie de propuestas que el colectivo médico está abierto a valorar, porque suponen una mejora respecto al planteamiento que mantenía hasta ahora la Consejería de Sanidad.

Este portavoz del colectivo médico asegura que entre esos avances no solo está un aumento de la retribución de la hora de guardia diurna, sino el compromiso de abordar en los tres próximos presupuestos una serie de mejoras retributivas que el Servicio Canario de Salud alega que no puede implementar en un solo ejercicio, el próximo, porque se lo impiden los límites de gasto.

En algunos casos, siempre según los sindicatos, eso supondría que cuestiones a las que hasta ahora Sanidad se negaba se abordarían a lo largo de los ejercicios presupuestarios de 2027, 2028 y 2029.

La USTEC, CGT, la Intersindical, COS, CNT y la Assemblea Educativa de Catalunya (AEC) han abierto una consulta al personal educativo para saber si estarían dispuestos a iniciar una nueva ronda de huelgas durante la campaña electoral y en qué formato.

La encuesta plantea tres cuestiones: si la persona está dispuesta a hacer huelga, si participaría en una movilización de toda la comunidad educativa de la pública, y qué propuesta de huelga considera más adecuada. Entre las opciones están un sólo día de paro; dos, siendo uno de ellos sólo de ámbito territorial; tres, siendo uno territorial y dos en toda Catalunya; y cuatro, dos territoriales y dos catalanes.

La consulta, que estará activa hasta el viernes 23 de octubre a las 12h, se plantea como una “continuación” de las jornadas de huelga de inicio de curso. Los sindicatos han constatado que se sumarán al paro general del próximo 11 de noviembre, pero aseguran que eso no quita que quieran abrir un nuevo calendario de huelgas sectoriales aprovechando la campaña electoral.

Con todo, han instado al Govern a volver a abrir una negociación “real” para “blindar la educación pública”. La USTEC ha alertado de que si no hay avances, seguirá convocando huelgas y, además, se plantean trabajar por un paro educativo a nivel estatal.

El comité de empresa del tranvía de Zaragoza llevará a los tribunales los servicios mínimos fijados por el Ayuntamiento para los paros parciales que arrancaron este lunes. La representación de los trabajadores considera “elevadísimos” e inasumibles los porcentajes decretados —de hasta el 90% en las horas punta— y acusa al Gobierno municipal de “vaciar de contenido” y “desactivar” su derecho a la huelga en plena negociación del convenio colectivo. Así lo expresa Julián Aramendía, secretario general del comité de empresa, que explicaque el asunto ya está en manos de la asesoría jurídica para recurrir la resolución.

El representante sindical cuestiona también el procedimiento seguido para establecer estos porcentajes, ya que, según ha señalado, el decreto recoge que la Sociedad de Economía Mixta (SEM) trasladó la propuesta de la operadora sin formular una propuesta propia. “La intensidad de estos servicios mínimos debe estar justificada y ponderarse. Nos preocupa que una decisión de esta importancia se realice así”, ha afirmado. Aramendía también critica que el documento municipal utilice la expresión “huelga indefinida”, cuando la convocatoria contempla paros parciales hasta el 30 de noviembre: “Genera confusión y malestar”, señala.

Los servicios mínimos fijados para el personal de conducción son del 90% entre las 06:45 y las 08:45 y entre las 13:00 y las 15:00, mientras que se reducen al 80% entre las 16:45 y las 18:45. El calendario de movilizaciones contempla 21 paros parciales distribuidos en 19 jornadas, tras el fracaso de las negociaciones del III convenio colectivo.

Se trata del segundo conflicto laboral de este mes en Zaragoza en el que se fijan unos servicios mínimos superiores al 90%. El precedente más reciente es el de la huelga de limpieza viaria y recogida de residuos durante las fiestas del Pilar, cuando el Ayuntamiento estableció unos mínimos del 94,46% de la plantilla para los días laborables y los sábados, y del 94,81% para los domingos, con el argumento de garantizar la salud pública durante las celebraciones.

Jornadas de hasta nueve horas y falta de personal

El conflicto laboral se centra en las condiciones de trabajo de la plantilla. El comité reclama limitar la jornada diaria a un máximo de ocho horas, frente a las nueve que pueden alcanzar algunos servicios. “Actualmente tenemos hasta nueve horas, la empresa propone ocho horas y media y que esos servicios más largos los hicieran las personas más jóvenes”, explica Aramendía, que también exige “descansos efectivos y que se puedan disfrutar”.

Otra de las reivindicaciones se refiere a los tiempos asignados a los recorridos. Según el comité, los trayectos se realizan en menos tiempo del previsto en el proyecto de explotación, lo que incrementa la presión sobre los conductores. “Hacemos el recorrido en menos tiempo del que se estipula, lo que va en detrimento de la seguridad y aumenta el estrés en el colectivo”, advierte el representante sindical. La plantilla también reclama que se dimensionen adecuadamente los recursos humanos, de acuerdo con las previsiones del proyecto de explotación. “Faltan personas, el servicio se organiza con presión y la seguridad puede verse resentida”, sostiene Aramendía, que ha resumido la situación del colectivo con una frase: “La plantilla está exhausta”.

Piden también mejoras salariales y niegan la idea de que los trabajadores del tranvía cobren más que los conductores del autobús urbano, ha asegurado que sus salarios están un 36% por debajo. “Hay una idea equivocada que no se corresponde con la realidad, no cobramos más que los del autobús”, afirma. El comité reclama corregir esta diferencia, reconocer la turnicidad, aplicar subidas salariales y crear una paga extraordinaria. Aramendía asegura que el comité ha tenido que presentar denuncias para que se impartiera formación a trabajadores después de bajas y reclama un reciclaje periódico y una preparación adecuada para el desempeño de sus funciones.

Criterios para el personal eventual y más seguridad

El comité denuncia que hay trabajadores que permanecen durante años como persona eventual sin saber con qué criterios volverán a ser llamados. Por ello, reclama reglas claras de contratación y que se dé un peso real a la antigüedad. “Pedimos reglas claras para que cualquier trabajador pueda ejercer sus derechos sin miedo a no volver a ser llamado”, explica Aramendía.

El representante sindical también ha criticado que las personas que se incorporan por primera vez cobren durante los dos primeros meses el 80% del salario. “No lo consideramos de recibo, es discriminatorio”, afirma. Además, ha asegurado que los representantes de los trabajadores han tenido que presentar denuncias para que se proporcionasen uniformes a la plantilla. Por último, el comité reclama mayor protección frente a las agresiones que sufren los trabajadores en el desempeño de sus funciones de cara al público. Aramendía pide a la empresa que condene cualquier acto de violencia y respalde a quienes prestan el servicio.

La negociación del III convenio colectivo continúa sin acuerdo después de la última reunión celebrada en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Los paros parciales se mantendrán hasta el 30 de noviembre.

Cada día de huelga le cuesta a un docente unos cien euros, arriba o abajo según la etapa en la que trabaje, su experiencia y otras circunstancias personales. Con ese punto de partida, un paro indefinido como el que se desarrolla en la Comunidad de Madrid estos días es todo un reto para quienes lo quieren seguir de manera intensa. Y, quizá no todavía, pero el desgaste irá haciendo mella, son conscientes los convocantes. “Estos días estamos notando muchísimo seguimiento”, explican desde el colectivo de docentes Menos Lectivas, “y aunque sabemos que irá bajando, obviamente, necesitamos que se mantenga la presión y se note la ausencia de profesorado en los centros”, reflexionan.

La experiencia de las compañeras de Educación Infantil, en huelga indefinida desde el pasado mes de abril alrededor de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), está siendo de mucha utilidad, explican estas docentes. El apoyo familiar, los mercadillos solidarios, la venta de merchandising de todo tipo, las cajas de resistencia y los turnos para faltar en el centro (en algunos casos) son los principales elementos que ayudan a sobrellevar el varapalo económico que supone exigir mejoras por la vía de la huelga.

La organización varía según el centro. En algunos institutos, los docentes han recurrido a un sistema de turnos para distribuir los días de huelga, de manera que nadie tenga que faltar todos los días y asumir todo el gasto y a la vez se pueda garantizar que se mantiene un porcentaje de participación similar durante las distintas jornadas. “Hemos hecho un cuadrante donde se ha repartido la gente según la huelga para que todos los días haya el mismo porcentaje de gente haciendo huelga”, explica una docente en una de las concentraciones que ha tenido lugar frente a la Consejería de Educación esta semana. Esta planificación, añade, “permite distribuir el esfuerzo entre el profesorado y garantizar unos servicios mínimos”.

"Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito", asegura una directora veterana. "Eso en mi centro, línea cinco, significa que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día", ilustra, lo que le supone un problema organizativo grave

Como explican desde Menos Lectivas, el objetivo del paro es que tenga impacto en los centros todos los días, para lo que es necesario que falte un mínimo del claustro docente. Rosa Rocha, directora del IES Guadarrama y presidenta de Adimad, la asociación de directivos de centros públicos de Secundaria de Madrid, cuenta que en su centro, con un seguimiento que ronda el 20% —de los más bajos, según los datos que maneja la media en los institutos fue del 40% los primeros días—, ya sufren las ausencias.

“Si [en las próximas semanas] mantienen un 20% de seguimiento será un éxito”, sostiene. “Eso significa [en su centro, con cinco grupos por curso] que tengo cuatro o cinco clases simultáneamente sin profesor durante todo el día”, ilustra. Un problema que debe resolver ella, que como directora forma parte de los servicios mínimos obligatorios impuestos por la Comunidad de Madrid, junto al jefe de Estudios y un docente por cada 90 estudiantes en el caso de la ESO. Una profesora de un centro con 104 docentes explica que han calculado que con que falten 17 de ellos ya se genera un problema organizativo.

Otro elemento a tener en cuenta es que la huelga se sufre en los centros, pero se pelea en la calle. “Vamos a ir viendo cada semana cuáles son los días que consideramos estratégicos, sobre todo aquellos en los que se hacen acciones por la mañana, que es cuando queremos que haya más gente”, ilustran desde Menos Lectivas.

También hay centros, como el de Valentín Rafael, en los que no hay pacto alguno: huelga todos los días todo el que quiera. De momento va bien, explica. “Quedó claro desde el principio que la huelga era indefinida, así que tiramos para delante. Sabemos que hay gente que se sumará algún día y otros no, pero como norma nosotros seguimos diciendo que es indefinida. Si las maestras de infantil que cobran mil euros lo pueden hacer, nosotros también”.

Las cajas de resistencia

Para afrontar las dificultades económicas que genera secundar una huelga se trabaja en varias direcciones. La más clásica, que se está instaurando en algunos centros, es crear una caja de resistencia que permita hacer frente a las pérdidas salariales de los trabajadores.

CGT, una organización con dilatada experiencia en huelgas y la ventaja que da el tamaño, alimenta la suya con las aportaciones individuales de las personas, pero también con ayuda de otros sindicatos presentes en la confederación, explica Valentín, “igual que nosotros aportamos para los compañeros de Tubacex” (en huelga indefinida también desde el 9 de septiembre). En su caso, se utiliza para aliviar económicamente a los afiliados con un criterio de precariedad. “Tienen preferencia los compañeros precarios, los interinos, la gente que hace medias jornadas o personas con situaciones concretas que se puedan detectar”, ilustra el profesor.

Con menos brega a sus espaldas, Menos Lectivas también ha montado su propia caja, diferente de la CGT. “Es complicadísimo”, explican. “Nosotras tenemos una, en principio para poder sostener las protestas, comprar el material que requiere la huelga, pagar cosas que hacen falta para las acciones... Otra cuestión muy importante es la parte antirrepresiva. Si hay detenciones, multas en las acciones, las tenemos que poder pagar. En nuestro caso hemos establecido que si no se llega a un mínimo de dinero en la caja no se podrá empezar a pagar sueldos de gente”, cuentan desde el colectivo.

Para esta asamblea resulta más práctico que cada centro haga su propia caja. En algunos institutos y colegios, explican algunas profesoras desde la concentración frente a la Consejería, además de las aportaciones voluntarias también se recurre al merchandising. “Estamos vendiendo un montón de cosas, yendo a mercadillos del municipio todos los fines de semana, hemos hecho rifas”, señala otra profesora, que indica que también se ha abierto la posibilidad de que los docentes donen “una parte pequeña de su nómina” para apoyar a la gente que sí secunde el paro. “Nos planteamos incluso hacer nuestra propia caja vendiendo algunas cosas o lo que sea para poder sostenerla”, sostiene.

Sin embargo, esta posibilidad no está al alcance de todos los equipos. Marta, profesora de servicios a la comunidad, explica que no cuentan con ninguna caja de resistencia y que la sobrecarga laboral les deja sin tiempo para poner en marcha iniciativas de este tipo. “Estamos superdesamparadas”, asegura. “En mi caso, en el equipo de Orientación, no hay ninguna caja de resistencia y la mayoría de las compañeras se plantean la huelga como unos días puntuales y ya está, porque no pueden sostener más. En mi caso, que sí que voy a apostar por la huelga en principio todo octubre y a ver qué es posible, porque sí tengo la preocupación de no tener ninguna caja de resistencia y es bastante complejo el asunto”.

Hay que resistir, cree Valentín, nadie dijo que fuera a ser fácil. “Una huelga es sufrimiento. No es bonito y no es divertido”, cierra.

El Sindicato del Transporte Sanitario de Canarias (SITES) rechaza “contundentemente” el acuerdo que ha permitido desconvocar la huelga del sector y cuestiona tanto su contenido como la actuación de las organizaciones sindicales que participaron en la negociación y en las asambleas celebradas para obtener el respaldo de las plantillas. La organización denuncia que se habría “presionado” a los trabajadores para votar favorablemente, sin trasladarles con suficiente claridad todas las consecuencias del acuerdo y utilizando el temor a un posible cambio de Gobierno nacional como argumento para justificar su aprobación.

Asambleas bajo presión y un acuerdo presentado sin toda la información

Según expresa el sindicato SITES, durante las asambleas se habría trasladado a los profesionales la idea de que rechazar el acuerdo, ante un eventual cambio de Gobierno, podría poner en peligro la negociación del convenio colectivo. Una situación que la organización califica de “especialmente grave”, al considerar que se habría condicionado la libertad de decisión de las plantillas mediante el miedo y una información insuficiente sobre las verdaderas garantías de las mejoras pactadas.“No se puede pedir a los trabajadores que decidan su futuro laboral bajo la amenaza de lo que podría ocurrir si cambia un Gobierno. Las asambleas están para informar y decidir libremente, no para sembrar el miedo ni conseguir un sí a cualquier precio”, señala el secretario general de SITES.

Las mismas promesas y los mismos errores del convenio anterior

El acuerdo vuelve a vincular las subidas salariales al inicio efectivo de los nuevos contratos del servicio, precisamente una de las condiciones que los trabajadores pretendían eliminar. Esta fórmula ya provocó conflictos judiciales con las tablas salariales del convenio anterior y, según denuncia el sindicato, obligó a los profesionales a devolver a las empresas cantidades equivalentes al 2% de sus nóminas. Pese a estos antecedentes, las organizaciones firmantes han aceptado nuevamente que las mejoras dependan de procedimientos administrativos ajenos a las plantillas y sin garantizar su aplicación con anterioridad a las adjudicaciones, expone SITES.

“Resulta indignante que, después de lo ocurrido con el convenio anterior, se vuelva a cometer exactamente el mismo error. Quienes defendieron aquella fórmula y ahora vuelven a aceptarla tendrán que explicar por qué los trabajadores deben asumir otra vez las consecuencias”, advierten desde el ente.

Bajas médicas, jornada, nocturnidad y permisos: mejoras insuficientes

El acuerdo tampoco garantiza el mantenimiento de todas las retribuciones durante las bajas por enfermedad común. Se establece una cobertura del 75% entre el cuarto y el decimoquinto día y del 90% a partir del decimosexto, calculada sobre el salario base, el plus convenio y la antigüedad, dejando fuera otros conceptos retributivos habituales. A ello se suma que la reducción de jornada y las mejoras de nocturnidad continúan condicionadas a la entrada en vigor de los nuevos contratos, sin una fecha garantizada. En materia de conciliación, la equivalencia de cinco días de permiso a 2,5 guardias también genera preocupación por sus posibles consecuencias sobre el tiempo efectivo de disfrute.

Desde la organización sindical se cuestiona que estas condiciones puedan presentarse como una victoria para el colectivo cuando los profesionales seguirán perdiendo ingresosal enfermar y esperando unas mejoras laborales cuya aplicación depende de futuras decisiones administrativas.

Responsabilidades sindicales y exigencia de explicaciones

SITES señala directamente a CCOO y CSIF por respaldar un acuerdo que vuelve a vincular derechos laborales a las adjudicaciones, pero también reclama explicaciones a todas las organizaciones que participaron en el proceso y en las asambleas, incluida USO, aunque esta última no refrendara finalmente el documento. La falta de firma no exime de aclarar qué información se facilitó a las plantillas, qué argumentos se utilizaron para solicitar su apoyo y cuál fue la responsabilidad de cada organización en lo sucedido.

“La defensa de los trabajadores no consiste en conseguir una firma ni en presentar cualquier acuerdo como una conquista. Consiste en decirles toda la verdad, defender sus derechos y no utilizar su incertidumbre para condicionar su voto. Los sindicatos debemos responder ante los trabajadores, no pedirles que acepten promesas sin garantías”, manifiesta el Secretario General de SITES.

La organización concluye reclamando transparencia, responsabilidades y garantías reales para las mejoras pactadas, rechazando que la desconvocatoria de una huelga pueda considerarse un éxito mientras las principales reivindicaciones continúen pendientes de futuras adjudicaciones.

“Los trabajadores del transporte sanitario de Canarias no necesitan más promesas ni más miedo. Necesitan respeto, información veraz y un convenio que garantice sus derechos desde el primer día”, concluye el sindicato.

Uno de los iconos modernistas del Eixample de Barcelona tiene forma de mariposa. Este gran insecto hecho de trencadís que se posa en la fachada de un edificio atrae las miradas de centenares de personas al día. Pero no todos saben que, en su interior, se libra una batalla por el derecho a la vivienda. Tras casi tres años resistiendo contra un fondo de inversión que pretende echarles, las seis familias que siguen en la finca han decidido dar un paso más: inician una huelga de alquileres.

“En un contexto de altísima tensión y máxima centralidad de la cuestión de la vivienda, esta medida es una herramienta de presión económica directa que se ha usado poco, pero que llega en un momento clave”, apuntan desde el Sindicat d’Habitatge Socialista, entidad que acompaña a los vecinos del bloc Papallona (mariposa en catalán).

Esta decisión llega después de casi tres años de lucha, que empezaron en el momento en que los herederos de la dueña original vendieron la finca al fondo New Amsterdam Developers (NAD), cuya intención era no renovar los contratos de alquiler para vaciar la finca, fragmentar las viviendas y convertir los pisos en colivings. Esta intención se constató en el momento en que empezaron a marcharse los primeros vecinos, cuyos hogares ya han sido reformados.

De los seis que resisten, sólo dos siguen teniendo un contrato de alquiler vigente. Al resto ya les ha vencido, pero se negaron a irse y seguían pagando sus mensualidades como una declaración de intenciones. Hasta ahora. La huelga de alquiler es una respuesta a una propiedad que, según explican los vecinos, no sólo no se ha prestado a negociar, sino que también ha ejercido prácticas de “acoso” inmobiliario.

Tanto es así, que desde el sindicato alertan de que dos vecinos acabaron abandonando su casa debido a la “presión psicológica” y otros tres porque no podían hacer frente a los costes que suponía defender su causa ante los tribunales después de que la propiedad les denunciara.

Dejar de pagar es una herramienta de presión a NAD, pero también al Ayuntamiento de Barcelona, a quien el sindicato reclama que ponga “una resolución definitiva al conflicto” y que se avenga a comprar la finca, como ya hizo con la Casa Orsola, que se encontraba en una problemática similar. Además, en el caso del bloc Papallona, se suma el hecho de que se trata de un edificio declarado Bien Cultural de Interés Local que ya ha registrado daños en “elementos decorativos protegidos” a raíz de las obras para generar los colivings.

Tanto los vecinos como el sindicato coinciden en que la huelga de alquileres se da en un momento “estratégico”, no sólo porque la vivienda haya vuelto al centro del debate, sino porque los nuevos decretos aprobados por el Gobierno ponen límites al modelo de negocio que NAD tiene en Barcelona.

Este fondo de inversión aterrizó en Barcelona en 2023 con el objetivo de contar con una cartera de 1.000 habitaciones de alquiler en Barcelona. Esta modalidad de alquiler, junto al de temporada, quedó fuera de la regulación de la Ley de Vivienda, aprobada ese mismo año. Un vacío legal permitía fraccionar una vivienda y cobrarla a un precio muy por encima del marcado en el índice de referencia; una posibilidad que ha quedado vetada con la nueva normativa, que establece que la suma de todas las habitaciones no puede superar el precio máximo.

Los vecinos esperan que este cambio legislativo, sumado a la huelga de alquileres, sea presión suficiente como para hacer que la empresa ceda y pueda poner fin, tanto a la situación personal de estas familias, como a la especulación inmobiliaria a la que se ve sometida Barcelona, especialmente en el Eixample.

Según un informe de la Asociación de Vecinos de l’Esquerra de l’Eixample, más de 3.000 personas viven en fincas compradas por grandes propietarios que tratan de expulsar a sus inquilinos. Se trata, en total, de 90 edificios.

Castilla-La Mancha se unirá a Catalunya y la Comunitat Valenciana en sus protestas contra las condiciones del profesorado en la educación pública. La iniciativa ha partido de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha anunciado una huelga educativa en Castilla-La Mancha el próximo 9 de diciembre. Culminará con una serie de movilizaciones que el sindicato desarrollará previamente en todas las provincias de la región para reclamar “mejoras reales en las condiciones laborales del profesorado, el fin de los recortes que aún permanecen desde 2010 y una mayor inversión en la educación pública”.

CSIF, que no forma parte del acuerdo que el Gobierno regional firmó con ANPE, UGT y CCOO para la mejora del sistema educativo, desarrollará durante las próximas semanas movilizaciones en todas las provincias de Castilla-La Mancha con el objetivo de trasladar estas reivindicaciones a la sociedad y aumentar la presión sobre la Administración regional y su falta de compromiso con la educación pública.

La primera concentración se llevará a cabo a las puertas de la Consejería de Educación el 28 de octubre y continuarán también en las delegaciones provinciales durante el mes de noviembre hasta culminar en una jornada de huelga el 9 de diciembre para el profesorado no universitario de la región.

El presidente de CSIF Educación Castilla-La Mancha, Juan Luis Martínez, muestra cómo en otras comunidades autónomas se han logrado grandes avances y pone el ejemplo de la Comunitat Valenciana, donde la movilización y unión sindical lograron una subida de 200 euros mensuales del complemento autonómico, seis días de libre disposición (tres lectivos y tres no lectivos) y medidas de simplificación administrativa.

La situación “no ha variado” y permanecen los recortes

“Sin embargo, aquí hemos de preguntarnos por qué hay esta tibieza de ANPE, CCOO y UGT, los firmantes del acuerdo del Gobierno regional, por qué aquí blanquean los recortes mientras en otros territorios las mismas siglas han dicho basta a pesar de que la situación es mejor que en Castilla-La Mancha. Desde CSIF nos hemos puesto en contacto con todos los sindicatos para que rechacen este acuerdo e ir todos juntos por la educación pública, pero tienen una extraña placidez con el Gobierno autonómico y dan la callada por respuesta”, señala Martínez.

El sindicato recuerda que en septiembre de 2024 se llevó a cabo una jornada de huelga en la región y que la situación desde entonces “no ha variado”. Considera que Castilla-La Mancha tiene las peores condiciones del profesorado de toda España y el acuerdo educativo es “una cortina de humo para tratar de calmar los ánimos de los docentes”.

Destaca así la “enorme pérdida de poder adquisitivo” en Castilla-La Mancha, mitigada por el acuerdo retributivo nacional que supondrá un aumento del 4,5% en 2027. Eso hace necesaria la subida del complemento autonómico por parte del Gobierno regional.

“Tampoco hay una reducción real de la carga lectiva, no complementaria, para el profesorado mayor de 55 años. En Extremadura esa reducción es lectiva desde 2022; Castilla y León acaba de aprobar un calendario de reducción lectiva automática que llegará a tres horas menos a los 60 años, y Aragón, Catalunya y Euskadi aplican también reducciones lectivas por tramos de edad”.

Otro de los motivos para la huelga es que el profesorado interino continúa pendiente del pago del verano completo desde 5,5 meses trabajados, umbral que ya aplican Madrid, Asturias, Navarra y el País Vasco, y que Andalucía “mejora todavía más” con el pago proporcional desde el primer día trabajado. Refiere que incluso comunidades autónomas con condiciones más restrictivas, como Aragón (7 meses), continúan siendo menos duras que Castilla-La Mancha (donde se debe haber trabajado 8 meses de manera ininterrumpida).

A ello suma que también falta el reconocimiento proporcional para periodos inferiores, la continuidad de sustituciones y una adjudicación “verdaderamente a la carta”, precisando que Castilla-La Mancha cuenta con una temporalidad “desbordante” que alcanza el 30,8%.

Más motivos que apunta CSIF: prosigue la “burocracia desbordante” sin que aparezca un inventario público de tareas eliminadas, horas ahorradas o duplicidades suprimidas. La plataforma ‘EducamosCLM’ y las nuevas aplicaciones “continúan trasladando carga de gestión al profesorado y a los equipos directivos”.

Según apunta, también falta un calendario para reducir las ratios de ESO, con 30 alumnos por aula; y Bachillerato y Formación Profesional, con 32 alumnos; así como “apoyos estables” en Infantil, plantillas inclusivas actualizadas y un “despliegue verificable” del segundo orientador.

Son tantos los motivos que hay que decir 'basta' después de más de una década arrastrando recortes y derechos, que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa

CSIF también constata el “olvido” de la Formación Profesional, la Formación para Adultos y las escuelas oficiales de idiomas (EOI), así como la falta de inversión en inclusión (continúa pendiente la incorporación adecuada de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientación, auxiliares técnicos educativos, fisioterapia y enfermería), así como el reconocimiento del trabajo en aulas TEA, apoyos de salud mental y “garantías efectivas” ante agresiones y riesgos psicosociales.

Por último, CSIF también recuerda la necesidad de climatizar todas las aulas de la región y lamenta que los “roces” y la falta de acuerdo entre las administraciones responsables provoque que a día de hoy todavía permanezcan muchos centros educativos de la región sin climatización.

Rubén Gómez, responsable de CSIF Educación Toledo, recuerda que “son tantos los motivos que hay que decir 'basta' después de más de una década arrastrando recortes y derechos que otras comunidades ya han recuperado o están mejorando mucho más deprisa”.

“Estamos cansados de propaganda, lo cierto es que tenemos grandes problemas estructurales que han quedado patentes en el último informe PISA y también en el irrefutable hecho de que seamos la comunidad autónoma con menor inversión, y esto lo paga tanto el profesorado como los propios alumnos, que en definitiva son nuestro futuro, la educación debería ser un pilar intocable y no lo es”.

En el Partido Popular de Castilla-La Mancha ya dan por sentado de que la huelga general convocada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas y respaldada por varios sindicatos, es “contra la oposición”. Así lo ha afirmado el vicesecretario de Comunicación del PP regional, Santiago Serrano, calificando este hecho como “inédito”.

Concretamente, ha señalado que la huelga general no ha sido respaldada por sindicatos “tan importantes” como USO o CSIF y que persigue “una intención política” y no una mejora de las condiciones laborales o de los derechos de los trabajadores.

“La propia convocatoria en estas fechas y en esta situación, en la que gobierna quien gobierna, la define por sí misma”, ha manifestado, para criticar que hasta el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha apoyado la convocatoria, lo que ha considerado “del todo inusual”.

No obstante, ha considerado que este hecho revela también que “el Sanchismo es capaz de pulverizar su propio récord de contradicciones y de defensas difíciles de explicar sobre determinados intereses que existen en este caso, y que son claramente electorales”.

Hola.

¿Cómo estás? Con la tontería, ya estamos en octubre. Y no, no dejan de pasar cosas. Del desahucio de Maricarmen, el estallido de indignación por la vivienda y la no convalidación de los dos reales decretos del Gobierno sobre el asunto hemos pasado a una convocatoria de elecciones generales. El 29 de noviembre nos vemos en las urnas y sabremos qué nos espera los siguientes cuatro años.

Sobre la mesa, el miedo a un gobierno de extrema derecha que recorte derechos y libertades. Sabemos que tienen al feminismo en el punto de mira. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mencionó durante el discurso en el que anunciaba la convocatoria de elecciones la importancia de un proyecto político que se ha construido alrededor de la paz y el feminismo. Se me quedó grabado.

Porque muy probablemente de aquí al 29S vamos a escuchar cómo se apela al feminismo y a las mujeres para parar la ola ultra y conservar un ejecutivo progresista. El problema es que en los últimos años hemos visto cómo en toda la izquierda ha habido un decaimiento de la agenda feminista y de igualdad, un decaimiento en el discurso, en las propuestas. Hemos visto, incluso, cómo se ha culpabilizado al feminismo del auge ultra, sin más matices ni explicaciones.

Ahora, con las elecciones a la vuelta de la esquina y con un mundo que ha girado a la derecha, en el que hemos visto cómo la agenda ultra intenta imponerse alrededor de los grandes asuntos sociales y económicos, estaría bien algo de autocrítica. Porque quizá vaciar o descafeinar la agenda de las políticas de igualdad no era la solución para frenar nada, ni señalar al feminismo ni hablar de amigos de entre 40 y 50 años asustados (¿os acordáis de esa frase de Pedro Sánchez?). Quizá todo eso lo que hacía, precisamente, era alimentar el odio y los razonamientos de las derechas, mientras la izquierda dejaba algo de lado al feminismo.

He ilustrado el boletín de hoy con esa foto del 8M de 2019 porque creo que en estos días conviene recordar que ese impulso feminista tiene que ver con algunos de los cambios más importantes que hemos vivido en los últimos tiempos. Y que esas huelgas son el precedente imprescindible para que hoy estemos asistiendo a una convocatoria de huelga general alrededor de la vivienda, algo impensable hace diez años. Cuando en 2018 se planteó la convocatoria de una huelga feminista hubo mucho revuelo y también mucha incomprensión. Los grandes sindicatos, de hecho, no convocaron huelga general, sino paros parciales. Fueron sindicatos minoritarios los que ampararon la posibilidad de que existiera una huelga general feminista, que buscaba interpelar el propio sentido de las huelgas, la manera en la que las hacemos y a quién interpelamos.

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Ha sido una alegría saber que el Premio Nacional de Ensayo 2026 ha sido para Hijas del hormigón, de Aida dos Santos, un libro en el que recoge historias de mujeres de clase trabajadora, historias en las que se mezclan el machismo y el clasismo.

A mí me han nominado a los premios Así sí de la Federación de Mujeres Jóvenes, que premian la cobertura de la violencia sexual con perspectiva de género, y me puedes votar aquí :)

Nos vemos la próxima semana.

Ana

Los sindicatos médicos que habían convocado una huelga indefinida a partir del próximo 28 de octubre han acordado aplazar los paros tras el adelanto electoral. Las organizaciones se habían coordinado para protestar por el Estatuto Marco, como llevan haciendo desde este mes de enero, que estaba en trámite parlamentario y que decaerá ante la llamada a las urnas para el próximo 29 de noviembre.

Tanto la Unión Médica y Facultativa (UMYF), por un lado, como la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA) y el Sindicato Médico de Euskadi, por otro, han anuncido este miércoles el aplazamiento de la huelga indefinida, aunque han aclarado que esta decisión no supone “una renuncia” a sus reivindicaciones.

“La movilización podrá reactivarse si el próximo Gobierno no atiende las reivindicaciones del colectivo”, indica en un comunicado el Comité de Huelga integrado por Cesm, SMA y y el SME. En concreto, reclaman “un marco normativo propio, una mesa de negociación específica, el fin de la explotación que representan las guardias obligatorias, una jubilación acorde con la carga de trabajo y una clasificación profesional que reconozc la cualificación y la responsabilidad del colectivo”.

Desde la UMYF, por su parte, señalan que continuarán con la movilización, mediante “actos y acciones de protesta con el objetivo de situar las reivindicaciones médicas en el centro del debate político”. Levantan la huelga, no obstante, porque “con las Cortes disueltas y un Gobierno en funciones, no existe actualmente un interlocutor con capacidad para negociar y asumir compromisos que permitan avanzar hacia un Estatuto Médico y Facultativo propio”.

Esta organización emplaza también “el inicio de la huelga indefinida hasta que exista un nuevo Gobierno con plena capacidad para negociar”. “En el actual escenario político”, consideran, “es más útil mantener la movilización y trasladar las reivindicaciones al debate electoral”.

“¡A la huelga general!”. Era el grito de muchas de las concentraciones por el derecho a la vivienda de los últimos días en España, una petición expresa del Sindicato de Inquilinas y que finalmente ha encontrado el respaldo de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT, además de CGT, de ELA en Euskadi y la CIG en Galicia. La patronal ha puesto en duda la legalidad del paro, por una supuesta desvinculación con los intereses profesionales de los trabajadores y una “motivación política”, algo que, sin embargo, choca con múltiples precedentes de huelgas “mixtas” en las que hay reivindicaciones políticas y también laborales, y que han logrado el respaldo de la justicia.

De momento, sin convocatoria formal del paro por parte de CCOO y UGT, ni día asignado todavía para la movilización, la información disponible es el anuncio de la huelga general de las dos centrales sindicales mayoritarias. En él, los sindicatos comunican un paro de 24 horas en todo el país “para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna”, incorporando así “el conflicto de rentas en el marco de las grandes movilizaciones por la vivienda”.

Fuentes de CCOO y UGT destacan que los sindicatos llevan “mucho tiempo” incorporando la problemática de la vivienda a sus reivindicaciones y protestas laborales, así como a sus propuestas de políticas, tanto al Gobierno, como a los empresarios, a través del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que está aún pendiente.

Antonio Garamendi, reelegido líder de la patronal CEOE hace unos días, ha insistido este martes en que el paro general por la vivienda tiene un “claro componente político y electoral”, especialmente por el contexto electoral recién abierto, por lo que ha dudado de su legalidad. Las organizaciones CEOE y Cepyme han advertido de que analizarán la convocatoria cuando sea formal, reservándose la posibilidad de impugnarla en los tribunales, algo que también ha sostenido la patronal Conpymes.

Las huelgas pueden ser políticas, si tienen vinculación laboral

Fuentes de los empresarios se centran en la crítica a la motivación “política” porque la Ley de Huelga de 1977, previa a la Constitución, prohíbe las huelgas puramente políticas. La ley considera que una huelga es ilegal “cuando se inicie o se sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados”, recoge su artículo 11.

Así, fuentes de CEOE insisten en que el paro general nace de una “motivación claramente política”, para “defender unas políticas públicas” de las administraciones, en las que “las empresas no pueden hacer nada”. Por ello, ponen en duda la legitimidad de la huelga, así como su encaje jurídico, subrayan. El contexto electoral consideran que es clave para concluir que existe “una motivación política”. “Tenían ocho años para haber convocado esta huelga, pero lo hacen ahora”, dicen en la organización empresarial.

Sin embargo, las interpretaciones de los magistrados —hasta el Tribunal Constitucional— amparan paros y huelgas con motivos políticos, pero que también estén relacionadas con los intereses de los trabajadores, lo que se suele denominar huelgas “mixtas”. Incluso con vinculaciones más indirectas con los trabajadores que el actual caso de la vivienda.

“Es una huelga perfectamente legal”, valora Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional, que cita “los niveles y políticas salariales” o el poder adquisitivo de los trabajadores como dos posibles justificaciones sencillas que vinculan las reivindicaciones del acceso a la vivienda con “los intereses de los trabajadores”.

La Carta Magna, recuerda, “reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses” en su artículo 28.2. En opinión de Urías, dado “que existe esa vinculación laboral”, bajo su criterio “es imposible que prohíban la huelga”, añade.

Más allá de que el paro ya está bautizado como “la huelga general por la vivienda”, Eduardo Rojo, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona, precisa que “lo importante no son los titulares, sino el escrito que se presente para justificar los objetivos de la huelga”. Así, el jurista coincide en que los sindicatos pueden vincular el paro con motivaciones laborales, como los salarios. “En términos jurídicos tendrá que estar bien redactado y tendría cobertura jurídica”, valora.

Ana Belén Muñoz, profesora de Derecho del Trabajo de la Universidad Carlos III de Madrid, añade además que “el derecho de huelga es un derecho fundamental”, por lo que “no debería estar sujeto a interpretaciones restrictivas”, siempre que cumpla “algunos requisitos formales (preaviso, mediación previa, entre otros) y también materiales, que vaya dirigido a tutelar un interés profesional y no sea abusiva”.

Los precedentes de huelgas “mixtas”

Uno de los ejemplos más paradigmáticos de “huelga mixta” es el paro del 8 de noviembre de 2017 convocado por sindicatos minoritarios a favor de la independencia de Catalunya. Denunciada como ilegal por la patronal catalana, Foment, fue respaldada por los tribunales, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya como el Supremo.

El catedrático Eduardo Rojo explica que es una muestra clara del respaldo de los tribunales, incluido el Constitucional, a “la huelga profesional-política”, que tiene componentes de ambos y que analiza en su blog. Así, aunque la huelga del procès fuera acompañada de un planteamiento claramente de ámbito político, los sindicatos también lo vincularon con los intereses de los trabajadores y la parte empresarial no pudo probar “el carácter ajeno al ámbito de laboral” ante la justicia.

Estas huelgas mixtas encuentran precedentes muy anteriores, indica Rojo, como el respaldo a “la huelga general del 14 de diciembre de 1988” contra el gobierno de Felipe González y sus reformas, en las que se avala el paro contra la regulación de un gobierno en materias relevantes para los trabajadores.

Luego, hay toda una serie de ejemplos de huelgas mixtas convocadas y celebradas con normalidad, no impugnadas en los tribunales por los empresarios. Por ejemplo, las huelgas feministas del 8M o los paros generales en solidaridad con Palestina ante el genocidio de Israel. En 2023, el sindicato de Vox convocó una huelga general contra la amnistía de políticos catalanes, y con apenas presencia a nivel estatal.

“El Tribunal Constitucional ha aclarado que la huelga es un instrumento de presión que puede utilizarse para 'la afirmación de los intereses de los trabajadores en los conflictos socioeconómicos'”, subraya también la profesora Muñoz, citando la famosa sentencia 11/1981. “Y, en consecuencia, ha declarado la legalidad de las huelgas dirigidas a protestar contra la política social llevada a cabo por el Gobierno (STC 36/1993), reformas del mercado de trabajo, del sistema de protección social o del modelo de asistencia sanitaria”, añade.

“Son lícitas, por tanto, las huelgas político-laborales cuya finalidad es presionar sobre los poderes públicos con fines sociales o profesionales”, sostiene la jurista.

Ana Belén Muñoz destaca además que “el origen de las preocupaciones sobre las condiciones de la vivienda obrera se encuentra unida a la cuestión social”. Así, la problemática de “la insuficiencia de las viviendas y el riesgo de hacinamiento de las familias obreras con peligro para la salubridad” han sido reivindicaciones históricas laborales, recuerda. En el contexto actual, en el que la vivienda es origen de muchos problemas económicos e incluso de la pobreza de muchos hogares, Muñoz recuerda que la vivienda ha vuelto a estar más presente en las reivindicaciones laborales, por ejemplo en las propuestas de complementos y de subidas salariales en los acuerdos de negociación colectiva.

Después de varios días de protestas en las ciudades de toda España, con miles de ciudadanos y ciudadanas pidiendo una huelga general por la crisis de la vivienda que está sufriendo el país, los principales sindicatos han comenzado a trabajar para oficializar dicha convocatoria.

Ha sido este lunes cuando CCOO y UGT acordaron llamar a los trabajadores a un paro general de 24 horas este otoño para reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna.

Las organizaciones han dado así el paso que adelantaban el pasado viernes, cuando, tras el rechazo del Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes de vivienda, anunciaron que reunirían a los órganos de dirección para decidir cómo incorporar el mundo del trabajo a la movilización, en unidad de acción sindical y en confluencia con los movimientos sociales, vecinales y de inquilinas e inquilinos.

No obstante, la decisión aún no es definitiva y tendrá que ser ratificada por sus máximos órganos de dirección. Aunque esta huelga todavía no sea oficial, su anuncio ya ha producido diversas reacciones gubernamentales y de agentes sociales en Castilla-La Mancha.

Desde UGT Castilla-La Mancha, ha sido su secretaria general, Lola Alcónez, quien ha justificado esta jornada de paros para interpelar a las administraciones y a la patronal para que, “de una vez por todas”, “los salarios garanticen el acceso a un bien básico como es la vivienda”.

La responsable sindical ha planteado que la protesta también busca desbloquear los convenios colectivos y poner encima de la mesa “la necesidad” de renovar el VI Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

Alcónez ha recordado que los motivos de esta huelga que tendrá lugar este otoño son reivindicaciones “que vienen de largo y que llevan tiempo paradas”. Muchas de ellas vienen recogidas en las demandas de UGT para ese VI AENC, entre otras, un incremento salarial de entre el 4 y el 7%, cláusulas de revisión salarial o cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda, según ha planteado.

También ha subrayado la Propuesta Sindical Unitaria en la que UGT y CCOO reclaman una respuesta al problema de vivienda que tiene la ciudadanía, que pasa por el cumplimiento efectivo de la Ley de Vivienda; regular las viviendas de uso turístico; limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, y crear un parque público de vivienda.

“Hacemos un llamamiento a las personas trabajadoras para que se unan y se sumen a esta huelga en la que reclamaremos que los salarios permitan vivir dignamente a todos y todas y poder pagar una vivienda”, ha concluido Alcónez.

Gobierno: “Con la ultraderecha pueden peligrar derechos sociales”

Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha asegurado que respeta la convocatoria de la huelga general, al tiempo que ha dicho que entiende aquellas movilizaciones que protejan el sentir social desde el movimiento sindical.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha afirmado que “el derecho a la huelga general es inherente a la actividad sindical y, por tanto, lo respeto profundamente”, añadiendo que, ante la convocatoria “precipitada” de elecciones, entiende las movilizaciones “por un tema tan esencial y tan preocupante para la gente”.

Ha dejado claro que “siempre” ha sido respetuosa con los movimientos sindicales y con las decisiones de la patronal, “y lo voy a seguir siendo en mis competencias en la Consejería de Economía, que tiene en su seno el diálogo social”.

“Por tanto, respeto y entendimiento a aquellas personas que ven que, ante un posible gobierno muy dirigido hacia la ultraderecha, puedan peligrar algunos de sus derechos sociales más básicos, como es el tema de la vivienda”, ha concluido.

Empresarios: “Las reivindicaciones no son laborales”

Menos satisfecha con la posibilidad de huelga se ha mostrado las patronales de empresarios, CEOE y CEPYME, que en un comunicado conjunto al que se ha sumado su delegación en Guadalajara ha asegurado que el paro se convoca por motivos que están “al margen” de la gestión de las empresas y “no son” de naturaleza laboral.

“Supone una medida de prensión que persigue fundamentalmente provocar cambios legislativos y de índole presupuestario en materia de vivienda. Son estas cuestiones cuya responsabilidad y competencia son de la Administración y que, por tanto, quedan al margen de la gestión de las empresas”, aseguran las patronales.

Así, CEOE y CEPYME encuentran “inadmisible” que se traslade “a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica el coste de una ”medida de presión que señala al Gobierno y a su gestión“.

La plantilla de Airbus en España ha decidido por mayoría aceptar la última propuesta de la compañía con el 76,76% de los votos tras una consulta realizada entre el miércoles y jueves, frente al 20,26% que ha optado por votar en contra y con una abstención 2,98%, lo que allana el camino para poner fin al conflicto laboral en el país.

Así lo han confirmado fuentes sindicales a Europa Press, que indicaron que un total de 13.560 trabajadores han ejercido su derecho a voto durante ambos días, combinando la consulta presencial y telemática.

Por tanto, la mayoría de empleados del fabricante han elegido aceptar la última propuesta que puso el fabricante sobre la mesa, que plantea como principales claves el compromiso de pago del IPC real y la recuperación del poder adquisitivo de un 7,95% distribuido proporcionalmente en cuatro años, hasta 2029, mientras mantiene de manera íntegra el acuerdo actual de teletrabajo.

Así, a las subidas anuales, todas ligadas al IPC, se les aplicará un alza del 2%, excepto en 2029, cuyo aumento será del 1,95%.

Airbus ya calificó en un su último comunicado que esta oferta era el resultado de un proceso negociador “largo, intenso y transparente” junto a la representación social, con la ambición compartida de “alcanzar una base de entendimiento común”.

Este nuevo referéndum se enmarca en el conflicto laboral abierto en Airbus España, que aumentó de intensidad con las primeras movilizaciones en julio y después a finales de agosto.

Las conversaciones con la representación social arrancaron en noviembre de 2025, contabilizando 22 reuniones previas al inicio del conflicto de huelga del pasado 1 de julio.