Los trabajadores de Maderas de Llodio (Álava) han aceptado la última propuesta de la empresa, lo que permite poner fin a “más de 260 días de huelga y movilización constante” desde el 22 de septiembre del pasado año, según ha informado el comité de empresa en un comunicado. Los representantes de los trabajadores han anunciado que en los próximos días convocarán una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del acuerdo entre trabajadores y patronal.

“Por el momento, únicamente podemos comunicar que la plantilla ha decidido aceptar la última propuesta existente sobre la mesa, una propuesta que es consecuencia directa de la movilización desarrollada durante estos meses”, han señalado en el comunicado, recogido por Europa Press. El comité ha destacado que “todo lo conseguido hasta la fecha, así como las medidas y compromisos que hoy están sobre la mesa, son fruto de la lucha, la unidad y el compromiso de quienes han defendido sus puestos de trabajo y su futuro”. “Esta lucha no era únicamente por Maderas sino por la defensa del empleo, de la industria y del futuro de toda una comarca de Ayala”, ha remarcado.

La multinacional Garnica planteó en septiembre del año pasado un ERE en su empresa Maderas de Llodio con 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas. Finalmente, fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente, que se ejecutó en octubre de 2025. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó parcialmente las demandas contra el ERE y declaró los despidos “improcedentes”.

Tras la decisión judicial, dirección y sindicatos volvieron a la mesa de negociaciones y hace unos días la empresa hizo una “última oferta” que los trabajadores han aceptado este lunes en asamblea.

La Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) ha decidido desconvocar la huelga general sectorial prevista para el próximo 22 de junio en el transporte por carretera, a propósito de su reclamación de la jubilación anticipada para los conductores, tras una reunión mantenida con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez Corujo, ha comunicado el sindicato.

El sindicato convocó en un inicio el paro indefinido a partir del 8 de junio, por el retraso en la resolución de la solicitud de jubilación anticipada para los transportistas que realizaron la patronal como los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT).

UGT afirmó que la demora de plazo podría significar su archivo por silencio administrativo, como recoge la ley, algo que negó en todo momento el Ministerio, que informó de que estaba elaborando unos informes a propósito de la petición.

CCOO no apoyó el paro, ya que sostuvo que tenía “poco fundamento” al estar el proceso aún abierto, y las patronales del sector denunciaron el perjuicio de la medida para las empresas, cuando el conflicto tenía como origen el Gobierno.

Unos días antes del paro, UGT comunicó que atrasaba su inicio al 22 de junio debido a la visita del Papa León XIV, ante las “importantes necesidades de movilidad y desplazamiento”.

UGT dice que había “bloqueo administrativo” e “incertidumbre”

El sindicato informa ahora de que este lunes “ha logrado por primera vez un compromiso formal y por escrito del Ministerio sobre la tramitación de los expedientes para el reconocimiento de coeficientes reductores que permitan la jubilación anticipada de los conductores y conductoras profesionales”.

En la reunión, han participado el Secretario General de FeSMC-UGT, Antonio Oviedo, el Vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, y la Secretaria Ejecutiva Confederal de UGT, Cristina Estévez.

El sindicato apunta que la decisión de convocar la huelga “respondía a una situación de absoluto bloqueo administrativo e incertidumbre sobre el futuro de unos expedientes (mercancías y viajeros) registrados en octubre de 2025 por nuestra organización y sobre los que, hasta la fecha, el sindicato no había recibido ninguna información oficial ni calendario de actuación por parte del Ministerio”.

La organización considera la reunión celebrada hoy “un avance sustancial respecto a la situación existente hasta la fecha”, por lo que afirma que ha decidido desconvocar la huelga “sin renunciar en ningún caso a sus reivindicaciones y manteniendo una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos adquiridos por el Ministerio”.

Mientras todos los ojos estarán puestos este lunes en la primera visita del papa León XIV a España y en el primer discurso de un pontífice ante el Congreso de los Diputados, parte de la plantilla de una de las instituciones más relevantes del país, la Agencia Tributaria, estará en huelga. Por segunda vez en siete meses, y en plena Campaña de la Renta 2025, inspectores, técnicos y el resto de los 28.000 trabajadores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) están llamados a parar.

La huelga de este lunes, convocada por el sindicato CSIF, se produce tras varios paros de una hora que han tenido lugar en las últimas semanas y en pleno hartazgo de la plantilla por la falta de desarrollo del plan de carrera profesional al que tienen derecho sus trabajadores, un hecho en el que coinciden todas las fuentes sindicales consultadas.

“Es un problema de voluntad política”, resume, al teléfono, el portavoz de CSIF en la Agencia Tributaria, Pablo Burgos. Desde 2019 no se aplica el acuerdo de la carrera profesional, firmado en 2007, y que implicaría ascensos en responsabilidad a una plantilla que, según cifras sindicales, ha experimentado un 30% de jubilaciones desde 2019. En una escala de 0 (entrada) a 6 (más experimentado), la gran mayoría de los técnicos y agentes se encuentran en la parte más baja, lo que impide que adquieran responsabilidad y perjudica, dice Burgos, a la actividad de la Agencia. Porque quienes se retiran son los más especializados.

“En el año 2022 ya iniciamos un conflicto con todas las organizaciones sindicales y, al final, llegamos a un acuerdo con el compromiso de que se sacaría adelante el desarrollo de la carrera profesional. Pero se incumplió. Volvimos a otro conflicto en 2024, que finalizó con un compromiso por parte de la directora general de la Agencia Tributaria en el que se comprometía a hacerlo. Estamos a junio de 2026 y no hay absolutamente nada”, se lamenta.

Segundo conflicto en menos de un año

CSIF es el cuarto sindicato en la Agencia Tributaria y cuenta con un 15% de la representatividad. Pero esta huelga llega apenas medio año después de otra, convocada por el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, que en esta ocasión no se ha sumado a las movilizaciones.

“Los Técnicos ya advertimos en 2025, con nuestras concentraciones y nuestra huelga, que bajo la aparente normalidad de la AEAT se estaba acumulando un profundo malestar fruto de problemas estructurales que llevan años sin abordarse, entre ellos la congelación de la carrera profesional y el progresivo deterioro de la estructura de la organización”, detalla el presidente del sindicato, Javier Gómez Vergel, a elDiario.es.

Esas tensiones estructurales suman presión a unos equipos cada vez más descontentos y en Gestha hablan de “abandono” y un “deterioro de la estructura y de las expectativas profesionales” de sus funcionarios.

El responsable de UGT Servicios Públicos en la AEAT, Antonio García Soto, coincide en el diagnóstico, pero apunta que apoyan movilizaciones por parte de la plantilla siempre y cuando sea consensuada por todas las centrales representadas en la Agencia. 

Los sindicatos creen que el problema ya se sitúa por encima de la directora general de la AEAT, Soledad Fernández. La propia responsable lo señaló durante la rueda de prensa de presentación de la campaña de la Renta de 2025, cuando reconoció que había medidas pendientes de ejecutar “ajenas a su equipo directivo y que no se están haciendo”.

“La Agencia Tributaria tiene intención, pero es un problema de voluntad política en el sentido de que no le dan las herramientas ni las disposiciones reglamentarias para articular todos los mecanismos necesarios”, señala Burgos, de CSIF, apuntando directamente a los pasillos del Ministerio de Hacienda. El número dos del departamento, Jesús Gascón, ejerce la presidencia de la Agencia y, antes de eso, fue su director general.

CSIF, además del desarrollo profesional, reclama la regulación del teletrabajo en el organismo y el reconocimiento de profesión de riesgo para los compañeros de Vigilancia Aduanera, que ejercen un papel fundamental en la lucha contra el narcotráfico.

Fuentes de la dirección de la Agencia Tributaria apuntan que, a pesar del “reducido seguimiento” de los paros parciales convocados por CSIF, la directiva es “consciente de la existencia de una problemática que afecta a la plantilla”. Pero recuerdan que el acuerdo de carrera profesional, firmado en 2007, lo hizo en “un contexto social y jurídico muy distinto al actual” y que, desde entonces, se han llevado a cabo “esfuerzos” para tratar de solventarlo en el margen de sus competencias. “Sin descartar la aprobación de normas en el ámbito correspondiente que permitan alcanzar una solución adecuada”, subrayan.

El reciente revés judicial al fisco por parte de la justicia a cuenta del ‘caso Shakira’ ya caldeó el ambiente, con los inspectores de Hacienda emitiendo una nota en reivindicación de su trabajo. El paro, de 24 horas desde la medianoche del lunes, es un episodio más. Aunque en Madrid, visita del Papa mediante, el foco estará en otro lado.

El conflicto educativo en Catalunya parecía encauzado el pasado viernes, cuando la mayoría sindical y el Govern llegaron a un acuerdo in extremis para poner fin a las huelgas. Pero la crisis está lejos de cerrarse y se ha agravado este jueves, con la contundente negativa de la plantilla a avalar el acuerdo y la voluntad de finalizar el curso con más paros. 

El resultado de la consulta, organizada por tres de los sindicatos que han convocado las últimas huelgas, deja por ahora más incógnitas que certezas. La conselleria que capitanea Esther Niubó ha querido dejar claro que mantendrá las mejoras laborales y de plantillas pactadas, pero nada hace prever que vaya a reabrir las negociaciones de nuevo, menos aún con unos sindicatos que salen de más divididos de este asalto. 

Tras el no de la plantilla, las huelgas se mantendrán y se alargarán la semana que viene –todo apunta a que coincidiendo con la visita del Papa–, pero a partir de ahí se abren los interrogantes. ¿Cuáles son las reivindicaciones docentes que desbordan el pacto? ¿Quién las canalizará ahora y dónde? ¿Habrá movilizaciones el curso que viene?

Y otra pregunta que precede a las demás y que las condiciona: ¿cómo es posible que el profesorado catalán, en concreto más de 32.000 docentes (el 65% de los votantes del censo), hayan rechazado un acuerdo que sellaron la gran mayoría de los sindicatos? USTEC, Professors de Secundària, CCOO y UGT suman en la mesa sectorial de Educación 13 de los 15 asientos, por solo dos de la CGT, que se desmarcó del pacto

Más allá de los salarios y el poder de las asambleas

Tras el acuerdo de marzo de CCOO y UGT con el Govern, los demás sindicatos mayoritarios recoblaron el pulso con más huelgas, conscientes de la creciente frustración del colectivo frente a aulas en las que cada vez es más complicado dar clase. Los sindicatos huelguistas, con USTEC a la cabeza, aseguraron siempre que no se trataba solo de mejorar los salarios, sino también de aliviar la carga docente, especialmente la que tiene que ver con el modelo de escuela inclusiva. 

Y esto es lo que los docentes echan en cara al acuerdo, que no va al fondo de las carencias del sistema. La mejora progresiva de la retribución de hasta 600 euros al mes en 2029, la contratación hasta entonces de 6.400 dotaciones para atender al alumnado con dificultades, el pago de los sexenios adeudados, o el compromiso de revisar los currículums no ha sido suficiente para unos claustros que esperaban más. 

Una de las claves del revés ha sido la organización en asamblea de numerosos claustros. Lo que ha servido de motor para unas movilizaciones históricas ha supuesto también un menor control de la protesta por parte de los representantes de los trabajadores, que además han acabado tomando la decisión en una semana en la que las temperaturas han superado los 35 ºC en algunas aulas. 

En debates y protestas los últimos días, los docentes coincidían en que el refuerzo de plantillas no servirá para apuntalar definitivamente la inclusión del alumnado con discapacidad, y alertaban que las ratios se mantienen (en 20 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato). Las expectativas, señalan algunos docentes, eran las de un salto de escala en cuanto a recursos para la tarea docente, algo ha chocado una y otra vez con la realidad de una negociación de carácter laboral y dentro del marco presupuestario de la Generalitat.

Dónde quedan los sindicatos y cómo acaba el curso

La lucha de los docentes este curso, con movilizaciones sin precedentes, se ha dejado también por el camino la unidad sindical con la que comenzó. En negociaciones con altibajos con el Govern desde hace meses, y con la perspectiva de unas eleccions sindicales en 2027, las distintas centrales de trabajadores han ido separando sus estrategias. 

Primero fueron CCOO y UGT, que sellaron en marzo un pacto que el Govern tuvo que reabrir ante la presión docente. Las últimas huelgas, nuevamente multitudinarias, tuvieron detrás a los dos mayoritarios, USTEC y Professors de Secundària, y también a CGT e Intersindical. Pero ahora este bloque se ha visto resquebrajado: Professors de Secundària ha optado por firmar el pacto tras verlo ratificado por sus afiliados. 

Los tres restantes han retomado las conversaciones para convocar las próximas movilizaciones. De cara a la semana que viene dan por sentado que habrá paros laborales más de una jornada. Todo apunta a que sería coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona el 9 y el 10 de junio, aunque en realidad lo más decisivo de esas fechas es que se lleva a cabo la Selectividad (del 9 al 11). Una huelga alteraría el transcurso de las pruebas, señalan fuentes sindicales, puesto que el profesorado que las supervisa es de Secundaria. Esto también se está valorando. Lo que se descarta por ahora es un paro indefinido.

Pero más allá del corto plazo, el curso acaba el 19 de junio y los sindicatos dan por sentado que no podrán lograr nada hasta entonces. USTEC, el más señalado tras ver cómo la plantilla tumbaba el preacuerdo que ha liderado, ha reconocido que antes de retomar el pulso con la Administración necesita saber cuáles son las prioridades de los maestros, que están hoy menos claras que ayer. 

Un proceso consultivo y de participación de claustros parece incompatible con una apertura de conversaciones antes del verano. Pero este no es el único escollo. El otro es la voluntad de Educación. Conscientes de que los sindicatos mayoritarios no han logrado amarrar el sí de la plantilla, y con unas mejoras laborales pactadas que aseguran que van a mantener, no tienen intención de abrir por tercera vez un pacto. A no ser que el conflicto se desborde a la vuelta del verano y amargue el final de la legislatura al Govern de Illa.

El conflicto educativo en Catalunya no ha llegado a su fin, ni siquiera tras el último acuerdo que alcanzó la mayoría de sindicatos con el Govern. El 65% profesorado ha votado en contra del pacto, que contemplaba una mejora progresiva de los salarios y las plantillas hasta 2029, y apuesta por seguir con las huelgas hasta que acabe el curso. 

El rechazo ha sido mayoritario y supone un revés para los sindicatos que firmaron el acuerdo y que lo han defendido hasta hoy. De los 60.686 docentes que han participado en la consulta (el 61% de un censo de 99.000), el 65% han votado que no. Solo el 35% han avalado el pacto. 

Lo que han votado los docentes catalanes entre el lunes y el jueves ha sido el preacuerdo de mejoras laborales que alcanzaron los sindicatos mayoritarios con el Govern para desbloquear el conflicto en las aulas. El documento contempla una subida salarial de hasta 600 euros al mes en 2029 –sumando complementos autonómicos e incremento estatal– y un refuerzo de 6.413 profesionales en el mismo período para sostener el modelo de escuela inclusiva. 

La primera consecuencia del resultado es que este viernes se mantiene la huelga general educativa, con una manifestación unitaria en Barcelona. Pero el sindicato mayoritario, USTEC, ya ha adelantado que convocarán nuevas movilizaciones la semana que viene, cuando el Papa León XIV visita la ciudad, y que el conflicto se prolongará previsiblemente hasta el curso que viene. 

“Hay un malestar generalizado entre los trabajadores, abriremos un proceso de consulta para definir las prioridades y el plan de lucha para la próxima etapa”, ha afirmado Iolanda Segura, portavoz de USTEC, que ha expresado en rueda de prensa que les toca acatar la voz del profesorado a pesar de que ellos abogaban por el sí. 

La incógnita es ahora qué reivindicaciones concretas trasladarán a la consellera Esther Niubó, con quien han pedido ya una reunión urgente, y a través de qué canales negociarán, dado que la mesa sindical llegó hasta ese acuerdo. De momento, USTEC se ha emplazado a bajar a los claustros y a las asambleas docentes para recoger esas reclamaciones en los próximos días. 

Desde la Generalitat, Niubó ha salido ya al paso de los resultados para aclarar que el Govern mantendrá las condiciones pactadas. Pero ha aprovechado para lanzar un mensaje a los sindicatos, a los que ha pedido un “ejercicio de responsabilidad” ante un pacto que supone 2.700 millones más de inversión a cuatro años. “Ningún Gobierno había llegado tan lejos”, ha insistido, y ha citado a los sindicatos a una ronda de reuniones este mismo viernes pero sin la intención de replantear una vez más el acuerdo. 

El preacuerdo lo firmaron USTEC y Professors de Secundària, como convocantes del último ciclo de huelgas, y CCOO y UGT, los sindicatos que llegaron previamente –en marzo– a un acuerdo con el Govern que desató la indignación de gran parte de la plantilla. Se desmarcaron de él CGT e Intersindical, que son los que este jueves han celebrado con mayor efusividad el no.

Mientras que la votación de toda la plantilla la han organizado USTEC, CGT e Intersindical, Professors de Secundària, por su parte, optó por consultar solo a los afiliados. En su caso ha salido que un 63,2% refrenda el pacto, con lo que este sindicato, mayoritario en la ESO, lo firmará. 

CGT ha celebrado el resultado y ha pedido directamente la dimisión de la consellera Niubó. “Llevábamos avisando que la propuesta no es suficiente, que esto va de poder parar la emergencia educativa y hacer frente a lo que necesita la educación pública”, ha destacado su secretaria de educación, Laura Gené. “Exigimos la reapertura de las negociaciones en un comité de huelga”, ha concluido.

El pacto, más allá de los salarios

Además del incremento de las nóminas, auténtico escollo de las negociaciones durante semanas, el preacuerdo contempla otras mejoras laborales. Las que tienen que ver con la retribución son la devolución de los sexenios retirados con los recortes, la creación de 2.500 cátedras de Secundaria y el cobro de 50 euros por pernoctación en excursiones.  

Pero hay más. Las partes calendarizaron el despliegue en cuatro cursos de 6.413 nuevos profesionales especializados para atender al alumnado con más dificultades. Esto incluye psicopedagogos, integradores sociales, logopedas, aulas de acogida… También se comprometieron a modificar el currículum, fuente de críticas de numerosos docentes, y a desplegar un plan para reducir la carga administrativa que asume el profesorado. 

Algunas medidas ya estaban en el acuerdo de marzo con CCOO y UGT y no se modificaron. Es el caso de las ratios, otra histórica reclamación docente. Las partes fijaron un máximo de 20 alumnos por aula en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato. 

Los docentes catalanes acudían a valorar el preacuerdo después de un ciclo histórico de movilizaciones. En un solo curso han llevado a cabo hasta tres oleadas de huelgas, la mayoría de ellas con seguimiento multitudinario, y con algunas manifestaciones de asistencia sin precedentes para el sector. La marea amarilla ha puesto contra las cuerdas al Departamento de Educación del Govern de Salvador Illa e incluso les obligó a reabrir la negociación tras el acuerdo con CCOO y UGT.

UGT ha retrasado al próximo día 22 de este mes el inicio de la huelga indefinida del transporte de mercancías y viajeros por carretera para exigir al Gobierno una respuesta inmediata a su solicitud de jubilación anticipada por penosidad, sin penalizaciones. El paro estaba anunciado para el próximo lunes, 8 de junio.

El sindicato ha explicado en un comunicado que la decisión responde “exclusivamente” a un ejercicio de responsabilidad por la visita del papa León XIV, que provocará “importantes necesidades de movilidad y desplazamiento”, y una elevada afluencia de personas en distintos puntos del país, informa la agencia EFE.

Por ello, UGT incide en que no es el momento de “añadir dificultades adicionales” a millones de ciudadanos que participarán o que se verán afectados por los dispositivos especiales de movilidad previstos con motivo de esta visita.

No obstante, este retraso en el inicio de la huelga “no modifica en absoluto” las razones que motivaron su convocatoria ni supone ningún cambio en la posición del sindicato respecto a la necesidad urgente de “reconocer la penosidad de la conducción profesional” mediante la aplicación de coeficientes reductores para la jubilación anticipada.

Las patronales de transporte, tanto de mercancías (CETM) como de viajeros (Confebus), y los sindicatos (UGT y CCOO) solicitaron conjuntamente al Gobierno la consideración de la actividad como especialmente penosa para poder aplicar los coeficientes reductores, que permiten la jubilación anticipada sin penalizaciones.

No obstante, UGT defiende que continúa sin recibir ninguna comunicación oficial por parte del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre el estado de los expedientes registrados el 10 de octubre de 2025 para el transporte de viajeros y el 20 de octubre de 2025 para el transporte de mercancías.

“Más de siete meses después de la presentación de las solicitudes, el sindicato sigue sin conocer qué informes técnicos se han elaborado, si se ha reunido la comisión de evaluación prevista en la normativa o cuál es el calendario previsto para resolver este procedimiento”, ha criticado el sindicato.

El Ministerio de la Seguridad Social ha afirmado en varias ocasiones que está elaborando unos informes para atender a esta petición. CCOO, aunque críticos con la lentitud del Gobierno (que se ha excedido en los plazos legales para valorar la solicitud), no se ha adherido a la convocatoria de huelga, ya que el procedimiento sigue en marcha.

UGT ha explicado que la intervención de la ministra Elma Saiz el pasado miércoles en el Congreso sobre este tema “no aporta ninguna certeza al sector ni modifica en absoluto el escenario de conflicto abierto”. Aunque la ministra afirmó que los expedientes continúan tramitándose, no concretó en qué situación se encuentran, qué plazos maneja el ministerio ni cuándo piensa adoptarse una resolución definitiva, denuncia UGT.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley de Estatuto Marco del personal estatuario de los servicios de salud. Una norma que establece un “marco común” para todo el territorio y que ha soliviantado a los sindicatos médicos, en pleno conflicto con la ministra de Sanidad, Mónica García.

“El Gobierno de España ha hecho su parte”, ha señalado la ministra portavoz, Elma Saiz, que ha mencionado “mejoras históricas”. “Una parte muy importante de las reivindicaciones que siguen planteándose no depende ya del Ministerio. Son las comunidades autónomas las que tienen competencias sobre salarios, servicios y condiciones de trabajo” del personal sanitario, ha dicho.

El Ministerio llegó a un acuerdo para la primera actualización del Estatuto Marco en dos décadas con los sindicatos de la mesa general del ámbito —CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y Cig Saúde— en enero. Con el paso dado este martes por el Consejo de Ministros, el anteproyecto pasa a la fase de audiencia pública, donde organizaciones y particulares pueden realizar aportaciones antes de su remisión al Congreso.

El texto, indican desde Sanidad, limita las guardias “a un máximo de 17 horas, siete menos que en la actualidad y sin perdida retributiva, mientras que la jornada máxima semanal se reduce a 45 horas, por debajo del límite de 48 establecido por la normativa europea”. Además, “refuerza la estabilidad en el empleo con la convocatoria obligatoria de oposiciones cada dos años, introduce la figura del personal estatuario investigador y profesionaliza la gestión directiva mediante procesos públicos y transparentes”.

El acuerdo entre los sindicatos de la mesa y Sanidad contempla también una compensación de 20 días de retribuciones fijas por año de servicio en los supuestos de abuso de temporalidad y limita a tres años el nombramiento de plazas vacantes en un sector donde la temporalidad ha estado a la orden del día.

En el marco de la clasificación profesional, el anteproyecto de ley se adapta al marco europeo, indican desde el departamento que dirige Mónica García, al “estructurar al personal en grupos atendiendo al nivel del título exigido para el ingreso”.

El trámite llega en pleno conflicto con los sindicatos médicos, que no se sienten representados en la mesa general, elegida entre todos los trabajadores del Sistema Nacional de Salud —también, pero no solo, los médicos—.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) convocaron en enero un calendario de movilizaciones, que incluye una semana de huelga al mes, al menos, hasta junio. La quinta será del próximo día 15 al 19.

Este mismo lunes, el Comité de Huelga mantuvo un encuentro con el Ministerio, con los puentes maltrechos. “Sanidad no tiene intención de desbloquear el conflicto, tras una nueva reunión que concluye sin propuestas”, indicaron estos sindicatos en un comunicado en el que avanzaban la intención del equipo de García de “reunirse en los próximos días con el Consejo Interterritorial de Sistema Nacional de Salus para abordar posibles fórmulas que permitan que médicos y facultativos tengan un ámbito propio de negociación de sus condiciones laborales con la Administración y, en esa línea, clarificar qué competencias corresponden a Sanidad y cuáles a las comunidades autónomas para ver el margen de maniobra de cada uno”.

Los sindicatos médicos tienen también convocadas huelgas coincidentes con algunas comunidades autónomas, quienes tienen transferidas buena parte de las competencias en sanidad.

Tras la aprobación en el Consejo de Ministros de este martes del Estatuto Marco, desde Sanidad recuerdan que, “a partir de este marco básico, las comunidades autónomas deberán desarrollar y adaptar estas medidas a sus respectivos servicios de salud mediante sus políticas de recursos humanos y procesos de negociación”. En el caso de las medidas organizativas en materia de jornada, dan un plazo de cinco años.

El Comité de Huelga ha insisto en los últimos días en que sus reivindicaciones “siguen centrándose en un Estatuto y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional diferenciada y una jornada laboral justa”, que incluya la implantación de las 35 horas semanales.

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT esperan que la Conselleria de Educación les presente el documento base que solicitaron en la reunión de este domingo y mantienen acciones puntuales de protesta esta semana como votaron “mayoritariamente” los profesores en la consulta telemática que se hizo el viernes y el sábado.

En este sentido, varias columnas de manifestantes han tomado calles como Colón o Conde Trénor de València, donde han realizado una sentada, y en Alicante decenas de profesores se han plantado en los exteriores de Ciudad de la Luz para recibir al presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, a gritos de “consellera dimisión”.

Los tres sindicatos mayoritarios en la mesa de negociación -están también representados ANPE y CSIF- han señalado en un comunicado conjunto que ayer la Conselleria les informó de que este lunes les facilitaría el nuevo documento con las aportaciones que aceptaban de las propuestas sindicales y que convocaría reuniones parciales de cada tema entre hoy y el miércoles.

“De momento no se nos ha facilitado el documento y se han convocado las reuniones parciales telemáticamente”, indican, e informan de que por ello no se han conectado a la de esta mañana, a las nueve horas.

Los sindicatos lamentan que la Conselleria se mostrara ayer “tan cerrada, nuevamente, respecto a reabrir la negociación de las retribuciones y a mejorar la situación del valenciano a la enseñanza” e insisten en que han intentado conseguir un documento marco con avances en todos los temas para poder presentar al profesorado.

“Una vez la Conselleria facilite el documento a los sindicatos se estudiarán las incorporaciones y se hará público para que sea estudiado por el conjunto del profesorado”, añaden.

Comunican por último que esta semana convocarán acciones puntuales “tal y como se votó mayoritariamente en la consulta de este fin de semana”.

Los sindicatos mayoritarios del sector educativo en Catalunya, la USTEC y Professors de Secunndària, han desconvocado las huelgas educativas en Catalunya del próximo lunes al jueves como “jornada de reflexión” mientras los docentes votan si ratifican el preacuerdo alcanzado con el Govern.

Así lo han comunicado este sábado los sindicatos, si bien han matizado que la huelga convocada para el próximo 5 de junio sí se mantiene “en previsión” del resultado de la consulta.

La del próximo viernes es la última huelga general del ciclo de movilizaciones docentes que supuso una de las mayores crisis entre Govern y docentes, pero que culminó con el acuerdo de este viernes. El sector educativo se ha levantado contra la precariedad en varias autonomías, con Catalunya y el País Valencià liderando las movilizaciones.

En Catalunya, el departamento de Educación de la Generalitat y sindicatos de docentes alcanzaron este viernes un acuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales, que Ustec someterá ahora a consulta de sus afiliados y que contempla un incremento retributivo de 600 euros mensuales hasta 2029, si se tiene en cuenta la parte autonómica y la estatal.

Solo dos sindicatos minoritarios en el sector, CGT y la Intersindical, apuestan por votar 'no' en la consulta sobre el preacuerdo. La CGT ha argumentado que el pacto “deja fuera buena parte de las reivindicaciones que han motivado las huelgas”.

El acuerdo supone un incremento anual de 384,77 euros en docentes de primaria y 389,50 euros en secundaria en la parte autonómica del salario (que incluye el nuevo complemento autonómico de 170 euros mensuales). Sumado a los incrementos previstos de la parte estatal, la subida salarial ascenderá a 599,50 euros en primaria y 633,58 euros en secundaria, en el plazo de cuatro años.

El pacto también incluye más de 6.300 dotaciones de personal para escuelas vinculadas a la educación inclusiva, así como una convocatoria de 5.000 cátedras de secundaria y nuevos espacios de seguimiento sobre infraestructuras, climatización y currículum.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado el preacuerdo “histórico” en el sector educativo y ha agradecido la “voluntad y actitud de diálogo” que han hecho posible el acuerdo y el “trabajo” de la conselleria, que retomó las conversaciones con los sindicatos mayoritarios hace unas semanas ante su negativa de sumarse al pacto ya cerrado con CCOO y UGT.

“Es un primer paso para remontar el ámbito educativo y poner a partir de ahora todos los esfuerzos en lo que realmente importa, que es alcanzar la excelencia en el ámbito educativo”, ha destacado el presidente catalán.

El Departamento de Educación de la Generalitat y los sindicatos docentes mayoritarios han cerrado un preacuerdo para poner fin al conflicto educativo en Catalunyas. El pacto, que prevé una mayor subida salarial de la discutida hasta ahora, se someterá a votación del profesorado antes de decidir si se pone fin definitivamente los paros laborales que quedan entre el 1 y el 5 de junio. 

Las subida salarial progresiva para los próximos años, el principal escollo de la negociación, superará finalmente los 400 euros acumulados al mes hasta 2029. En principio, se añaden otros 50 euros más dentro del nuevo complemento específico. Esto, según ambas partes, elevaría la cifra mensual a percibir por la plantilla a entre 600 y 630 euros más dentro de cuatro años, si se suman todos los incrementos previstos.

El aumento total que han presentado los negociadores al salir de la reunión incluye lo pactado entre Educación y CCOO y UGT en marzo, el nuevo complemento salarial añadido en las actuales conversaciones, y la subida estatal para el funcionariado.

La otra clave del conflicto, el refuerzo de las plantillas para apuntalar el modelo de escuela inclusiva, es el que ya se dio a conocer el jueves. Educación se compromete a desplegar 6.400 dotaciones especializadas para este cometido (psicopedagogos, aulas de acogida, logopedas, técnicos de Infantil...).

En total, la inversión a cuatro años comprometida por el Govern es de 2.726 millones de euros. De ellos 2.000 ya estaban previstos en el pacto de marzo y el resto se han arrancado en la actual negociación.

El acuerdo se ha planteado formalmente como un anexo al que firmó Govern con CCOO y UGT. De esta forma, permite contar con el visto bueno de ambos sindicatos y de USTEC y Professors de Secundària, los mayoritarios de la enseñanza pública y convocantes de las actuales huelgas. El resto de centrales laborales huelguistas, CGT e Intersindical, se han desmarcado.

“Hemos movilizado una gran cantidad de recursos, extraordinaria, para empezar a resolver el malestar del sistema educativo”, ha celebrado tras la reunión Ignasi Giménez, secretario de Mejora Educativa de la Generalitat. Iolanda Segura, portavoz de USTEC, ha defendido que con el preacuerdo sellado este vierens se ponen las bases para “recuperar el poder adquisitivo perdido” en los últimos años.

La consulta para renfrendar el acuerdo se llevará a cabo desde este sábado hasta el lunes a todos los afiliados. Debido a estos tempos, todo apunta a que la jornada de paro prevista para el día 1 de junio en Girona se mantiene.

Después de siete encuentros de la mesa sectorial, el escollo que separaba a las partes era fundamentalmente salarial. Aunque faltaba por cerrar detalles del refuerzo de plantillas para la escuela inclusiva –el otro gran punto de discusión–, sindicatos y Educación no lograban acercarse definitivamente en lo que afectaba a las nóminas de los docentes. 

La conselleria que dirige Esther Niubó puso sobre la mesa una última oferta, que tachó de definitiva, que permitía acumular una subida salarial de hasta 400 euros en 2029. Con esa cifra, Educación defendía responder a las demandas retributivas de los sindicatos. Sin embargo, estos acusaron a Educación de hacer trampa en los cálculos, y afirmaron que la subida que ellos exigían de 400 euros o más al mes se refería solo a la parte autonómica, a la que luego habría que añadir el incremento estatal. 

Al final, los complementos autonómicos pactados sitúan la subida en 390 euros de forma progresiva hasta 2029. Sumado al incremento estatal para el funcionariado, dejaría las nóminas docentes para esas fechas en 600 euros más para Primaria y 633 para Secundaria. El compromiso de los firmantes pasa por no exigir nuevas subidas mientras dure este calendario de cuatro años.

Entre los demás asuntos discutidos, la Administración educativa también ha aceptado la devolución de los llamados “estadios”, es decir, los sexenios que no se pagaron durante los años de los recortes, así como una convocatoria de 5.000 cátedras de Secundaria.

Aunque se ponga fin a las huelgas y se eviten las de la próxima semana, el curso escolar 2025-2026 concluirá como uno de los más conflictivos a nivel laboral de las últimas décadas. El Govern de Salvador Illa y la consellera Niubó han tenido que afrontar hasta tres oleadas de huelgas distintas, con un seguimiento prácticamente sin precedentes. Los primeros paros, convocados de forma unitaria por todos los sindicatos, y la segunda y la tercera –y actual– tanda, con los que se desmarcaron del pacto entre CCOO y UGT y el Ejecutivo.

El comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla ha decidido en una reunión extraordinaria sustituir la huelga general indefinida que se iniciaba este próximo lunes, 1 de junio, por paros intermitentes en cada turno de trabajo coincidentes con los días pendientes de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía: el 2, 3 y 4 de junio.

El órgano sindical ha acordado esta decisión tras valorar la situación actual en la factoría cántabra -donde se prevén 43 despidos, seis menos que los planteados inicialmente por la dirección- y con el objetivo de “evitar mayores pérdidas económicas” a sus trabajadores.

Ante esto, se ha decidido “un cambio de estrategia de movilización”, ha aclara el comité, que anuncia para el lunes 1 de junio asambleas informativas sobre su decisión a las 13.00 horas, las 14.30 y las 17.00 horas en el Chalet de Higinio.

Los paros coincidirían con los tres últimos días de negociación del ERE inicialmente previstos el 2, 3 y 4 de junio y serían de 14.00 a 15.30 horas y de 11.30 a 13.00 horas en el turno de mañana; de 14.00 a 15.30 y de 19.30 a 21.00 horas en el de tarde; de 22.00 a 23.30 horas y de 3.30 a 5.00 horas en el de noche; y de 11.30 a 13.00 y de 14.00 a 15.30 horas en el relevo partido.

El comité de empresa de la fábrica cántabra de Nestlé indica en un comunicado que “de no alcanzarse un acuerdo en la negociación” del ERE, los paros intermitentes se convocarían de forma indefinida desde el 8 de junio.

“Estas decisiones se han tomado desde la responsabilidad y compromiso con toda la plantilla, buscando equilibrar la defensa de nuestros derechos con el menor impacto económico posible”, concluye el órgano sindical.

La oposición ha reclamado al gobierno de Jaume Collboni la apertura “inmediata” de espacios de diálogo con los trabajadores municipales en huelga, entre ellos los de servicios sociales, oficinas de atención ciudadana o escuelas infantiles. Así lo recoge una proposición que se ha aprobado en el pleno extraordinario convocado a petición de Junts, BComú y ERC.

El texto ha salido adelante con los votos a favor de los grupos impulsores del pleno, así como del PP. El Gobierno y Vox han votado en contra. El teniente de alcalde Albert Batlle, responsable de Régimen Interno, ha admitido que son conscientes del “malestar”, pero ha criticado que los sindicatos CGT, Intersindical y Ábacos —que son minoritarios, y contrarios al convencio cerrado en enero– “no han puesto sobre la mesa ninguna propuesta seria”.

De hecho, Batlle ha cargado duramente contra estos sindicatos y ha defendido el convenio aprobado en enero. Ha recordado que se aprobó por una amplia mayoría, con los votos favorables de 12 de los 15 representantes sindicales, sumando los de CCOO, UGT y CSIF. Así, ha considerado un “precedente peligroso” que se quiera dar espacio “a la parte más beligerante y minoritaria del conflicto”, en relación con el pleno extraordinario y las demandas del resto de sindicatos.

El debate ha tenido lugar con una protesta a las puertas del Ayuntamiento protagonizada precisamente por trabajadores municipales en huelga. La protesta ha sido convocada por la CGT y la Intersindical, que critican la falta de diálogo y el empeoramiento de las condiciones para los colectivos de atención directa a la ciudadanía, como las oficinas de atención al ciudadano, los servicios de feminismos o los servicios sociales.

El origen del conflicto es la aprobación el pasado enero del acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de Barcelona para el periodo 2025-2028. El convenio se aprobó entonces con los votos favorables del gobierno del PSC y también de BComú y ERC, mientras que Junts se abstuvo y PP y Vox votaron en contra.

Las huelga de estos trabajadores municiapales es formalmente “indefinida” desde hace casi cuatro meses, aunque se llevan a cabo de forma parcial, en jornadas y franjas horarias concretas.

La oposición censura la falta de diálogo

Junts ha afirmado que allí donde gobierna el PSC hay “huelgas y conflictos” y ha pedido al ejecutivo que “se remangue” para solucionar el conflicto abierto. “Tienen la ciudad colapsada, no nos colapsen también el Ayuntamiento y sus servicios”, ha afirmado Josep Rius.

Desde los Comuns, Marc Serra ha expresado que si votaron a favor del convenio en su día es porque respetan los acuerdos alcanzados con una mayoría sindical y porque creen que la jornada de 35 horas semanales es un “avance”. Con todo, ha señalado también que ya advirtieron de que era necesario resolver la situación de los colectivos más perjudicados. Serra ha pedido un giro de “180 grados”, que el gobierno deje de “ignorar” a los trabajadores en huelga y que aparten a Batlle de las negociaciones.

Jordi Coronas, de ERC, ha lamentado “la manera de actuar” del gobierno en torno a las huelgas y el debate y ha defendido que lo “ideal” sería rebajar la tensión y poner “en el centro” a los usuarios de los servicios, además de a los trabajadores. Los grupos también han lamentado que el pleno extraordinario llegue tan tarde, puesto que lo solicitaron hace más de un mes.

Por su parte, el PP se ha sumado a la petición de que el gobierno no ignore las huelgas y ha argumentado que ellos ya se posicionaron en su día para pedir que se revise el acuerdo y se dialogue para corregir los anexos de colectivos que tienen reticencias, como pueden ser las escuelas infantiles, las oficinas de atención al ciudadano o la Guardia Urbana. Vox ha hablado de “cinismo” porque los mismos grupos que han impulsado el pleno son los que permitieron la aprobación del convenio laboral.

Batlle ha iniciado su intervención condenando comportamientos “intimidatorios” y de “confrontación violenta” por parte de los sindicatos no firmantes y ha defendido que el convenio aprobado supone “mejoras sustanciales y objetivas” para el conjunto de la plantilla. También lo ha hecho la teniente de alcaldía Laia Bonet, que en una atención posterior a los medios de comunicación ha dicho que es un convenio “histórico” con “avances” que afectan a cerca de 16.000 personas de la plantilla de trabajadores del Ayuntamiento de Barcelona.

Bonet ha dicho que desde entonces cada semana hay reuniones de interpretación del convenio y reuniones semanales de la mesa general, donde también está la CGT, el único sindicato contrario al acuerdo que tiene representación. “Desde entonces hasta ahora no ha habido ninguna propuesta de la CGT”, ha remachado.

Trabajadores municipales de bibliotecas, servicios sociales o escuelas infantiles se han concentrado, minutos antes de que comenzara el plenario extraordinario, frente a la puerta principal del Ayuntamiento de Barcelona. El delegado sindical de la CGT en el consistorio, Víctor Guimerà, ha atribuido la celebración del pleno a la “insistencia” y la “persistencia” demostradas. El sindicalista ha vinculado el malestar de los empleados al convenio, firmado en enero por el gobierno municipal con el apoyo de CCOO, UGT y CSIF: “Ha sido la gota que ha colmado el vaso”. Ha concretado que los servicios sociales están “muy colapsados” y el nuevo acuerdo marco ha “agravado” la situación.

En la misma línea se ha expresado el delegado de la Intersindical, Miquel Rubio, que ha reclamado “sentarse y hablar”. “Lo único que hacen hasta ahora es menospreciarnos e insultarnos”, ha criticado. Rubio ha apuntado que los servicios sociales están “paralizados” y ha precisado que más de la mitad de las bajas laborales “tardan meses en cubrirse”. De este modo, ha continuado, “ponen más carga de trabajo” a los empleados. El representante de la Intersindical ha insistido en dialogar y ha instado a Collboni a negociar. Rubio ha ironizado con que, si no saben hacerlo, “páguense un curso de mediación” y dejen “a otras personas hacer política”.

Trece trabajadores de Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño que atraviesa este jueves su última jornada de huelga convocada por el comité de empresa, han asistido al Pleno de Camargo para pedir el apoyo de todo el Ayuntamiento a sus reivindicaciones, entre las que se encuentra la negociación de un convenio colectivo “justo” para “no seguir perdiendo poder adquisitivo”.

Los trabajadores, que han acudido al salón de Plenos sobre las 10.00 horas, han tomado la palabra en el turno de participación ciudadana para informar a los concejales sobre su situación.

Según han denunciado, tras cinco jornadas de huelga, “bastante duras” para las familias de los trabajadores, la multinacional “no quiere negociar”.

Y es que en la reunión que han mantenido hace un día en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), han aseverado, los directivos de la fábrica de Maliaño les han indicado que “no están autorizados para hacer mejores ofertas” de la inicialmente propuesta, que supone “perder un poder adquisitivo de 10-12 puntos respecto al IPC”.

Los trabajadores han señalado que “una empresa, además de necesitar trabajo, necesita calidad en el empleo que revertirá en calidad para el municipio”. Asimismo, han destacado que “el pueblo ha crecido alrededor de la Standard” y, además, en épocas como la pandemia del Covid, fueron declarados “esenciales”.

“Solo pedimos lo que es justo, que se remunere nuestro trabajo adecuadamente”, han sentenciado los trabajadores, que están convocados a una mesa de negociación con la empresa el próximo 2 de junio.

En declaraciones a Europa Press, Wladimir Palazuelos, miembro del comité de empresa, ha avanzado que en los próximos días la plantilla va a plantear “seguir con los paros”, previsiblemente con cuatro jornadas de huelga -dos martes y dos jueves- el próximo mes de junio.

Además de los trabajadores que han acudido al pleno municipal, parte de la plantilla, formada por unos 140 empleados, permanece este jueves manifestándose un día más en la puerta de la fábrica con pancartas que reivindican “un convenio justo”.

“Standard, origen de Prysmian, forma parte del ADN del municipio”

Por su parte, el alcalde, Diego Movellán, ha trasladado el apoyo de la Corporación a los trabajadores de Prysmian. “Queremos el mejor futuro” para los trabajadores de Prysmian, ha dicho Movellán, que ha recordado que la empresa Standard Eléctrica, origen de Prysmian y que forma parte del “ADN” del municipio, está cerca de cumplir el centenario de su nacimiento.

El regidor ha puntualizado que la negociación forma parte de la empresa y los empleados, si bien ha manifestado su deseo de que éstos puedan seguir manteniendo sus puestos e incluso puedan “mejorar” las cifras de contratación de la fábrica, así como sus condiciones salariales.

Según ha indicado, en los últimos días ha mantenido conversaciones tanto con el comité de empresa como con la dirección, y ésta última le ha trasladado que las expectativas de futuro son “positivas”, lo que, a juicio del alcalde, es “bueno”, por lo que ha animado a ambas partes a alcanzar un acuerdo para garantizar la viabilidad del proyecto industrial en el municipio “para los siguientes cien años”.

También la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Esther Bolado, previamente durante su intervención en un punto del orden del día, ha trasladado su apoyo a los trabajadores de Prysmian.

Precisamente, en la sesión plenaria de este jueves la Corporación ha aprobado, con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de PSOE y PRC, el nombramiento del suplente del delegado de Protección de Datos y las actualizaciones salariales vinculadas al contrato de servicios deportivos municipales.

También ha salido adelante, por unanimidad, el expediente para la contratación de los servicios de asistencia, mantenimiento y asesoramiento tecnológico de los sistemas y aulas de informática municipales.

UGT Servicios Públicos lamenta que, debido a la falta de organización y de coordinación entre la Gerencia de Atención Primaria de Toledo y la Gerencia Hospitalaria, el Hospital de Toledo vivió ayer “un nuevo episodio de sobrecarga laboral y de saturación” entre los técnicos sanitarios y el personal de Enfermería.

La responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en la provincia, Inés Pedreño, explica que la jornada de huelga del lunes de los técnicos sanitarios llevó a que muchos centros de salud no realizaran con normalidad las extracciones de sangre y a atender solo a aquellas que eran urgentes.

Según informa el sindicato, ante una incidencia así, la respuesta adoptada fue derivar de manera masiva a un elevado volumen de usuarios al hospital, “sin planificación adecuada y sin coordinación efectiva, generando una previsión insuficiente de recursos humanos y organizativos para asumir el impacto generado”.

El sindicato sostiene que la decisión de procesar de forma íntegra el elevado volumen de analísticas acumuladas y derivadas desde Atención Primaria se adoptó “sin refuerzo alguno del personal técnico y manteniendo la dotación ordinaria habitual”.

“En el Hospital de Toledo estamos demasiado acostumbrados a que la mala gestión y a la descoordinación repercuta en las cargas de los profesionales. Lo vemos muchas veces en el servicio de Urgencias y en los picos de saturación que sufre. Este nuevo episodio es un ejemplo más de una manera de hacer que venimos denunciando desde hace tiempo”.

En el Hospital de Toledo estamos demasiado acostumbrados a que la mala gestión y a la descoordinación repercuta en las cargas de los profesionales. Lo vemos muchas veces en el servicio de Urgencias y en los picos de saturación que sufre

Piden revisión “urgente” de protocolos de coordinación

Inés Pedreño ha arremetido contra los responsables de la Sanidad de Toledo por “desvirtuar el derecho a la huelga y que el ejercicio de este derecho vaya a las espaldas de los trabajadores y trabajadoras”.

Por ello, el sindicato ha pedido, y así se lo ha transmitido a través de un escrito a las direcciones de Enfermería y Gerencia del Hospital de Toledo, una revisión “urgente” de los protocolos de contingencia y coordinación entre niveles asistenciales.

“Entendemos que las incidencias pueden producirse dentro del sistema sanitario; sin embargo, no resulta admisible que las decisiones adoptadas ante las mismas recaigan, de forma desproporcionada y sin planificación, sobre determinados colectivos profesionales, generando un deterioro evidente de las condiciones de trabajo, un aumento injustificado de la presión asistencial y una alteración del funcionamiento ordinario del servicio”.

El profesorado catalán sigue en pie de guerra y se ha movilizado este miércoles en una nueva jornada de huelga. En paralelo, las negociaciones continúan en los despachos del Departamento de Educación de la Generalitat y, por primera vez, los sindicatos salieron este martes satisfecho con algunos avances en materia salarial. 

El paro laboral de este miércoles afecta a toda la plantilla docente de Catalunya, de la pública y también de la concertada, además del personal de Administración. Los sindicatos convocantes (USTEC, Professors de Secundària, CGT y Intersindical) llevan a cabo protestas en distintas ciudades y han cortado varias carreteras en distintos tramos, entre ellas la autopista AP-7 en Girona, Tarragona y Granollers, y la autovía A-2 en Lleida. 

La intención de los docentes es alargar los cortes de carretera durante la reunión prevista a las 15:00 h entre los sindicatos y el Govern. Según datos del Departamento de Educación, el 24,89% de la plantilla convocada ha secundado el paro, teniendo en cuenta los servicios mínimos de un profesor por cada tres aulas. En cualquier caso, el seguimiento es algo inferior al de jornadas anteriores.

Tras dos semanas de sucesivas huelgas –por territorios y en toda la comunidad autónoma–, esta vez la movilización llega después de que sindicatos y Departamento de Educación hayan acercado posiciones este martes, aunque reconocen que siguen alejados. 

“La cuestión positiva es que comienza a sonar la misma música”, afirmaba la portavoz de USTEC, el sindicato mayoritario en la enseñanza pública. “Estamos bastante más cerca que hace unas semanas”, reconocía la consellera de Educación, Esther Niubó, en TVE. 

Educación puso sobre la mesa algo a lo que se había negado hasta ahora: un incremento salarial para toda la plantilla –y no a través de pluses específicos– que va más allá del pactado con CCOO y UGT. Si primero propuso adelantar el incremento progresivo de hasta 214 euros al mes de 2029 a 2028, ahora añadió otro complemento de sueldo de entre 35 y 40 euros al mes este mismo 2026. 

Los sindicatos valoran que la propuesta sea lineal y no a través de pluses específicos, pero continúan alertando de que es insuficiente. Las conversaciones proseguirán este miércoles en una nueva mesa sectorial. Segura aseguró que están dispuestos a permanecer en la reunión hasta sellar el acuerdo que desconvoque las huelgas (que se mantienen esta semana y la que viene), pero los sindicatos exigen llegar a un aumento de las nóminas de entre 400 y 500 euros al mes. 

Al margen del complemento salarial, Educación planteó estudiar una “compensación” por los docentes afectados por el recorte en 2012 de los sexenios (llamados estadios). Aunque la medida se revirtió hace años, los sindicatos piden que se les pague lo adeudado. Lo que no ve tan claro es poder vincular los salarios a las subidas del IPC. 

Además del sueldo, la otra carpeta por resolver es el refuerzo de plantillas, sobre todo para dotar de más apoyos al alumnado con necesidades educativas especiales (lo que se conoce como escuela inclusiva). Educación se comprometió a incorporar 2.405 nuevos profesionales para el próximo curso, de los que 1.348 serían especialistas en educación inclusiva. Este mismo martes, el Govern aprobó de hecho 1.787 nuevas dotaciones para el curso 2026-2027. Sin embargo, los sindicatos piden elevar la cifra hasta los 6.400. 

Silbatos, cacerolas, bocinas. Cánticos y soflamas. Rabia, emoción y hermandad. Todo eso ha cabido esta mañana entre las 15.000 personas, según la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), convocante de la manifestación, que han recorrido el centro de la capital en una protesta que ha logrado reunir trabajadoras de diversos puntos del país. Pronto han formado una gran marea amarilla, arropada por las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid, en huelga indefinida desde el pasado 7 de abril. Mantienen así un pulso contra todas las administraciones competentes. “Cuidamos y educamos a las criaturas más pequeñas. O mejora nuestra situación, o serán ellas las que se verán afectadas también”, ha comentado Rosa Marín.

Ella es una educadora infantil en una escuela del Ayuntamiento de Madrid, además de portavoz de la PLEI: “La manifestación de hoy supone otro hito histórico en nuestra lucha. Compañeras de toda España han querido mostrar su descontento, porque esto ya es inaguantable”. Alrededor de Marín, trabajadoras llegadas desde Castilla–La Mancha, La Rioja, Barcelona, Navarra, Andalucía, Canarias, Asturias, Galicia, Extremadura, Aragón, València y Castilla y León. Al unísono, cánticos como “aquí está, aquí se ve, la fuerza del 0-3” y “no cuidamos, educamos”.

Por el momento, los mayores avances de su lucha se han materializado en reuniones con el Ministerio de Educación y la Consejería madrileña. “El problema es que entran en juego muchas administraciones diferentes”, ha admitido la portavoz. La principal reivindicación que hacen a la cartera dirigida por Milagros Tolón se centra en las ratios: “Queremos unas ratios respetuosas con la infancia. Si las acepta el Ministerio, a las comunidades autónomas no les quedará otra que aplicarlas”.

En su batalla por que la educación de 0 a 3 años esté igualmente regulada que el resto de etapas educativas, la cuestión del número de niños y niñas por aula es fundamental. Según recalcan, lo único que piden es que las cifras sean las mismas que proponen desde la Unión Europea. Mientras que en la actualidad una educadora debe hacerse cargo de ocho bebés de 0 a 1 año, 14 de 1 a 2 años y 20 de 2 a 3 años, las recomendaciones reducen el número a cuatro, seis y ocho, respectivamente.

Otro gran escollo que intentan superar las educadoras infantiles es la falta de financiación, tanto para elevar sus salarios como para incrementar la contratación. “Lo ideal es trabajar con una pareja educativa, ser dos en el aula. Si estás haciendo alguna actividad y surge un imprevisto, como algún conflicto o tener que limpiar a algún niño, la clase no se para”, ha explicado Marín.

Conscientes de que las mejoras deben aprobarse en diferentes organismos hasta que se hagan realidad, las trabajadoras reclaman un plan de trabajo que, paulatinamente, colme sus exigencias. “Queremos que haya intención política, que se firmen los compromisos. Nos hemos reunido con la consejera madrileña siete semanas después de comenzar la huelga. Por el momento, vemos falta de voluntad”, ha denunciado la portavoz.

Juntas son más fuertes

El sol no daba tregua en la calle Atocha, donde algunas manifestantes lanzaban agua pulverizada al aire y otras buscaban la sombra de los árboles. Júlia Capdevila ha sido una de las activistas que ha llegado a la capital desde Barcelona, miembro de La Bressol en Lluita: “Es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”. En su caso concreto y según ha denunciado a elDiario.es esta trabajadora de una escuela pública del Ayuntamiento barcelonés, el Consistorio pretende estabilizar sus puestos de trabajo obligándoles a firmar media jornada.

Unos metros por delante de ella estaban África Martínez, Cristina Dorado y Sheila Domaica, llegadas desde La Rioja. “Ya era hora de que el ciclo de 0 a 3 años saliera a la calle”, han expresado. Además, estas trabajadoras de una escuela infantil pública dependiente del Gobierno regional han señalado a la vocación como esa trampa que les hace “tragar con todo”. “Ya vale. Teníamos que salir a la calle y es lo que estamos haciendo”, han incidido.

Plan de acción para desconvocar la huelga

Manifestaciones como la de hoy, a la que según Delegación del Gobierno han acudido 7.000 personas, también sirven para explicar a la sociedad la labor que realizan las educadoras infantiles en su día a día. Son estas profesionales las que tienen un conocimiento profundo del desarrollo de la criatura, cómo fomentarlo, qué debería hacer y qué no hace, cómo preparar el material para favorecer el juego libre. “Es un trabajo muy exigente a nivel físico y emocional. Si lo hacemos estresadas, desbordadas, ese será el ejemplo que absorban los pequeños, porque aprenden por imitación”, ha añadido la portavoz de PLEI.

Asimismo, sostiene que esta huelga ha llevado “muchísimas horas” de preparación como para desconvocarla sin un reconocimiento explícito de sus necesidades y un plan de acción para atajarlas. “No nos bajamos de aquí a no ser que haya un compromiso político a corto y largo plazo. No se puede ser esenciales para una cosa y las grandes olvidadas y prescindibles para otras”, ha zanjado la propia Marín.

La solidaridad como arma

Camelia Galán es otra de las miles de personas que esta mañana se ha decantado por luchar por sus derechos, que son los de toda la sociedad. “Es imposible que dos manos puedan cuidar de 20 criaturas. Hay días que la realidad te desborda y te ves obligada a dejar de lado la calidad educativa”, ha admitido esta educadora de una escuela pública de la Comunidad de Madrid. Acompañada de Oliver, de ocho años, Galán ha exclamado que “estamos aquí para reivindicar una educación digna que el día de mañana les permita ser mejores personas”.

La fraternidad es una de las armas de la clase obrera que hoy también han enarbolado los estibadores del puerto de Avilés. Estos asturianos, acostumbrados a manifestaciones donde el ruido lo ponen petardos y tracas, han sacado varios botes de humo a lo largo de la marcha, lo que les ha granjeado un toque de atención por parte de la Policía. “Venimos de una huelga de 60 días y sabemos lo que revitaliza este apoyo entre luchas. Las educadoras están en la calle por una causa justa. Hay que defender su lucha si queremos una sociedad justa y equilibrada”, ha comentado Manuel Pravia, uno de estos estibadores.

“Gobierne quien gobierne, la infancia se defiende” y “menos ratio y más salario” han sido los cánticos con los que la cabecera ha colmado la Puerta del Sol. La marabunta de manifestantes ha hecho gala al nombre del kilómetro cero madrileño y luciera más amarillo que nunca. Poco antes de las 14.00 horas y a pesar del calor intenso que ha acompañado a la movilización, los ánimos de lucha y reivindicación seguían por las nubes. Tras la lectura del comunicado final, la céntrica plaza bullía de solidaridad y fuerza. Sus gargantas, sabedoras de participar de algo histórico, todavía guardaban algo de fuerza. Por la lucha que siempre se avecina.

La nueva oleada de huelgas docentes en Catalunya –y ya van tres este curso– afronta su tercera semana seguida de movilizaciones. Con un seguimiento notable, los sindicatos que las convocan aspiran a arrancar del Govern unas mejoras salariales y de refuerzo de plantillas que vayan más allá de las pactadas en marzo entre CCOO y UGT. 

Si al inicio del actual ciclo de protestas el conflicto parecía enquistado, ambas partes han reconducido la situación para iniciar una ronda de negociaciones que ya va por la cuarta sesión. Del desenlace de estas conversaciones depende que las huelgas lleguen hasta el 5 de junio, o incluso que alarguen hasta la visita del Papa a Barcelona.

Por ahora, los únicos brotes verdes tienen que ver con las concesiones de ambas partes para sentarse a la mesa. El Departamento de Educación descartó negociar fuera del acuerdo de 2.000 millones de euros cerrado con CCOO y UGT, pero en la práctica ya lo está haciendo. Por su parte, los sindicatos de la protesta (USTEC, Professors de Secundària, CGT e Intersindical) reclamaban reunirse como comité de huelga, pero finalmente han aceptado hacerlo dentro de la mesa sectorial.

A partir de aquí, y en reuniones que se han alargado varias horas, las partes han fijado unas condiciones de mejora laboral que todavía están lejos. El nudo de las conversaciones afecta a dos de las principales reivindicaciones del colectivo en los últimos meses: la subida salarial, y el refuerzo de plantillas para el modelo de escuela inclusiva. 

Mejores salarios y mayor subida el 2026

Aunque los sindicatos de la huelga fijan el refuerzo de plantillas y los sueldos como un doble objetivo irrenunciable, de las reuniones se desprende que la parte salarial es la más complicada de resolver. 

La negociación parte del acuerdo alcanzado con CCOO y UGT, que aspiraba a alejar a los docentes catalanes de la cola estatal en cuanto a retribuciones, a través del aumento –por primera vez en 25 años– del complemento salarial autonómico. En este sentido, se fijó una subida a cuatro años hasta alcanzar los 3.000 euros más anuales en 2029 (o, lo que es lo mismo, unos 214 euros al mes de incremento). 

A partir de aquí, Educación abrió juego y planteó acelerar esta subida para completarla en tres años en vez de cuatro. Además, ha añadido la creación o subida de nuevos pluses salariales, en total siete, que aseguran que afectarían a 100.000 docentes (concertada incluida). Se trata de complementos de tutorías, co-tutorías o coordinación digital y las subidas durarían entre dos y cinco años en función del plus. 

Pero esto sigue lejos de las pretensiones de los sindicatos huelguistas, que ya respondieron antes de la última reunión del viernes con una propuesta sustancialmente mayor. Los representantes laborales quieren que las subidas sean para todo el personal. Su propuesta es que el incremento progresivo sea de hasta 500 euros al mes al llegar a 2029. 

A todo ello, le añaden vincularlas subidas al IPC, mejorar el pago por nocturnidad en excursiones (el pacto de CCOO y UGT arrancó por primera vez 50 euros por noche) e incrementar los sexenios. 

Al margen de la cuantía total, una de las claves del acercamiento de posiciones puede tener que ver con el calendario de su aplicación. Con la perspectiva de la aprobación de presupuestos en 2026, la parte sindical aprieta para atar las mejoras este mismo año, de cara al próximo curso.

En este sentido, los partidos que ejercen de socios del Govern, ERC y Comuns, han transmitido estar dispuestos a replantear algunas de sus medidas, para dar más margen de maniobra presupuestaria a la conselleria de Educación. En los últimos días, Jéssica Albiach, de los Comuns, ha insistido en que está dispuesta a “recalendarizar” algunos de sus acuerdos para encajar demandas docentes y solucionar el conflicto.

El refuerzo de la escuela inclusiva

Antes de abrir el melón salarial, el Departamento de Educación apostaba por desencallar el conflicto sobre todo a través de reforzar las plantillas para aplacar las quejas de que el modelo de educación inclusiva hace aguas. Durante las protestas de los últimos meses, una de las principales denuncias de los docentes ha sido que la incorporación en la última década del alumnado con discapacidad y otras dificultades de aprendizaje en las aulas convencionales no ha ido acompañada del personal de apoyo suficiente para atenderlo bien.

De ahí que Educación haya ido subiendo la apuesta para incorporar más profesionales especializados en este ámbito de cara al próximo curso. De unos 500 que planteó inicialmente han pasado ya a 1.348 de cara a septiembre. Esto solo para escuela inclusiva, que incluye logopedas, psicopedagogos, personal de apoyo, técnicos de educación infantil… Además, contratarán 708 docentes más sobre todo de cara a impedir las llamadas sobreratios (que en la ESO no superen 30 alumnos por clase). 

Casi todas las fuentes consultadas ven más plausible el acercamiento entre las partes en materia de inclusión que en salarios –aunque algunos lo vean más lejos, y otros más cerca–. Pero aquí se abre otra brecha entre sindicatos. USTEC, que es el mayoritario en la pública, y CGT, apuestan por apuntalar el modelo inclusivo con más personal. Pero Professors de Secundària se opone a él y quiere que se replantee.

De ahí que en sus comunicaciones conjuntas pidan refuerzos de plantilla en general. En total, 6.400 nuevas dotaciones. Pero se pregunta en concreto a USTEC, por ejemplo, propone que todas ellas sean para el modelo de escuela inclusiva, con un horizonte de uno o dos años, como una primera fase o “plan de choque” para salvar la inclusión. 

Los refuerzos, señala este sindicato, requerirían una inversión de 300 millones, y el salario, para el curso actual, de 200. Pero Educación ha rebatido que el alcance sería de 1.000 millones de euros, algo que ven fuera de lugar, con lo que las negociaciones no están cerca de su fin.

Los trabajadores de la UTE Inevent Telson van a la huelga la semana que viene –por cuarta vez desde el pasado mes de octubre– y lo hacen con los paros más intensos de los convocados en los últimos meses. De hecho, se prolongarán de lunes a domingo de la semana que viene y, tal y como han determinado los servicios mínimos hechos públicos por el Gobierno de Aragón este viernes, obligarán por primera vez a recortar de forma sensible los informativos de Aragón TV.

La UTE Inevent Telson es la empresa que presta el servicio de explotación técnica para Aragón Televisión y Aragón Radio, dentro de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV). El comité de empresa, que convoca la huelga junto a CCOO, OSTA, UGT y CGT, denuncia que la empresa los ha abocado “de nuevo a la ruptura” en la negociación del convenio colectivo, en lo que considera “un talante poco negociador y una propuesta inaceptable punto por punto”. La reivindicación central es la de “un convenio y un salario dignos”, sintetizada en el lema #TrabajandoEnPrecario con el que los trabajadores se han movilizado en los últimos meses.

Por su parte, fuentes de la empresa mantienen su “disposición a negociar” y se muestran dispuestos a “llegar a un acuerdo”. La UTE hizo llegar días atrás a los trabajadores una nueva propuesta que incluye, entre otras mejoras, una actualización salarial de hasta el 2% para este año, un 4,5% para 2027 y un 2% en 2028, y también un abono extraordinario por la firma del convenio del 3,5%, consolidable y con efectos retroactivos a 1 de enero de 2026.

La orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) establece que el telediario del mediodía, el AN1, pasará de su duración habitual a 50 minutos –una reducción del 33%– y que el informativo de la noche, el AN2, se recortará de 80 a 50 minutos, lo que supone una merma del 37,5%. El propio Gobierno justifica esta limitación por la coincidencia entre los horarios de los paros convocados y las franjas en que Aragón TV emite habitualmente sus espacios informativos.

Los paros afectarán a los días 25, 26, 27 y 28 de mayo en dos franjas diarias –de 14:00 a 15:15 y de 20:30 a 21:45 horas–, mientras que el jueves 29 el paro será de 24 horas completas. Los días 30 y 31 de mayo, sábado y domingo, habrá una sola franja de paro, de 14:00 a 15:15 horas.

Para garantizar la emisión durante esos períodos, la orden fija un mínimo de nueve personas de la UTE por franja en los días de paro parcial: un técnico de sonido para radio, otro para televisión, un operador de continuidad, dos personas en Control Central, un técnico de mantenimiento de infraestructuras y tres profesionales vinculados a la grabación del informativo –infraestructuras de producción, programa e imagen–, estos últimos activados únicamente durante los 50 minutos de duración del espacio. Para el paro de 24 horas del día 29, los servicios mínimos se escalonan por horarios y añaden además los subservicios de sistemas TIC y gestión de contenidos, ausentes en las franjas ordinarias.

En las huelgas anteriores, la Administración aragonesa no llegó a imponer ninguna restricción sobre los propios programas. Las órdenes de servicios mínimos de octubre de 2025, noviembre de 2025 y Semana Santa de 2026 se limitaron a fijar el personal técnico necesario para mantener la señal y, en su caso, preparar los informativos, pero sin tocar su duración. La reducción de los programas es, por tanto, una novedad que convierte esta convocatoria en cualitativamente distinta a todas las anteriores.

La jornada más reivindicativa será el viernes 29 de mayo, día en que el paro se prolongará durante las 24 horas y los sindicatos convocantes –CCOO, OSTA, UGT y CGT– han organizado una manifestación bajo el lema #TrabajandoEnPrecario. La marcha partirá a las 17:30 horas desde la avenida de Conde Aranda 1, pasará por el Coso y la plaza de España y terminará en la puerta de 'Heraldo de Aragón', en el Paseo Independencia 29. Inevent, una de las dos empresas que integran la UTE, es filial del grupo Henneo. La otra pertenece a Mediapro.

El Parlament ha reprobado este jueves a la consellera de Interior, Núria Parlon, y también al director general de la Policía, Josep Lluís Trapero. Junts, ERC y Comuns han votado a favor de una moción presentada por la CUP en la que acusan al Govern de vulnerar derechos fundamentales después de que dos agentes de los Mossos d'Esquadra fueran descubiertas cuando se habían infiltrado en una reunión de profesores de Barcelona, preparatoria de las movilizaciones de los docentes contra el propio Ejecutivo.

El texto aprobado considera que esa actuación policial no tuvo “ningún tipo de justificación operativa ni de ponderación de derechos fundamentales”, por lo que “atentó contra el derecho de reunión y manifestación”. El pleno enmienda así lo declarado por Parlon y Trapero en el Parlament, que consideraron que el operativo fue inadecuado pero no que vulneraba derechos.

Además de cargar contra los responsables políticos, el Parlament reclama “prohibir las infiltraciones de agentes del cuerpo de Mossos d'Esquadra en movimientos sociales, asociaciones, colectivos o sindicatos que no cuenten con la debida autorización judicial exigida para la figura del agente encubierto del art. 282bis de la LECRIM, prevista únicamente para la investigación de delitos especialmente graves”. Un moción introducida por los Comuns que la formación ha pactado con el PSC, de forma que el Govern se ha comprometido a no permitir en el futuro este tipo de prácticas si no viene avalada por los juzgados.

El Parlament también ha pedido el cese de la consellera de Educación, Esther Niubó, si no consigue llegar a un acuerdo que desencalle el conflicto laboral con los docentes. El papel de Niubó era también objeto de la moción, en un punto en el que se reclamaba “llegar a un acuerdo inmediato con los sindicatos mayoritarios en el ámbito educativo y con la comunidad educativa” y en caso de que no se hiciera, reclamaba la salida de la consellera “por su incapacidad de abordar el conflicto abierto con los docentes desde hace meses”.

El diputado de la CUP, Xavier Pellicer, impulsor de la moción, ha exigido poner fin a una “barra libre” que atribuye a la policía catalana en cuanto a vulneración de los derechos de protesta y reunión. “Lo que debe hacer el Parlament es marcar un antes y un después, nos jugamos los derechos básicos”, ha expresado, tras insistir en que el Govern y Trapero han garantizado “impunidad” a los Mossos en sus actuaciones. 

Los socios del Govern, ERC y Comuns, se han sumado parcialmente a la moción. Los segundos han reprobado a Trapero pero no a Parlon, de quien han reconocido sus disculpas y el compromiso de que no repetir infiltraciones como la denunciada. De esta forma, no ha habido mayoría para señalar a la consellera de la misma forma que al jefe de la Policía. 

Con todo, Andrés Garcia Berrio, diputado de los Comuns, ha pedido a Parlon un “cambio de 180 grados” en la respuesta policial a las protestas sociales. “Hacen falta cambios y se deben notar rápido”, la ha interpelado Garcia Berrio, que ha exigido que las únicas infiltraciones policiales que se lleven a cabo sean las de los agentes encubiertos amparados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Por parte de ERC, Laia Cañigueral ha lamentado la falta de dirección política de los Mossos, que ha recordado que no es lo mismo que “politizar” la policía. “Se trata de evitar que la estructura policial actúe sin directrices democráticas claras”, ha precisado, y ha reprochado a Parlon que “minimice” la infiltración entre docentes. “Este hecho no es puntual, debe haber responsabilidades políticas”.