Habían mantenido reuniones discretas la semana pasada, pero volvieron a volar los puentes hace apenas unas horas. Los sindicatos médicos han confirmado que mantendrán la huelga de cuatro días prevista para la próxima semana ante la “ausencia de avances sustanciales” en las conversaciones con el Ministerio de Sanidad. Las nuevas propuestas que ha puesto sobre la mesa el departamento que dirige Mónica García han sido insuficientes para el Comité de Huelga.

Que los sindicatos médicos hayan avanzado que retomarán los paros del próximo lunes, dentro del calendario de movilizaciones mensuales que iniciaron en febrero, ha hecho que Sanidad desconvoque la reunión prevista para este mismo jueves, a la que se estaba llamando a las comunidades autónomas a asistir de forma telemática. Según fuentes cercanas a la negociación, habían sido los propios sindicatos médicos quienes habían pedido la participación de las consejerías en el proceso.

Representantes del Ministerio y el Comité de Huelga se habían reunido en dos ocasiones la semana pasada, el lunes y el viernes. Estos encuentros se produjeron tras la negativa de los médicos a que la presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, Carina Escobar, mediara en el conflicto. Para rebajar las tensiones, los equipos negociadores habían acordado no pronunciarse sobre el contenido de esos encuentros.

Sanidad no realizó ninguna comunicación de esas reuniones y los sindicatos médicos apenas emitieron una breve nota el viernes. En ella, informaban de que se había mantenido “una reunión de trabajo en la que ambas partes se han comprometido a seguir intercambiando propuestas y a mantener próximos encuentros para continuar con la negociación”.

Esos encuentros no han llegado a producirse. En la noche del martes, el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) avanzaron que las movilizaciones continuarían.

“Aunque la propuesta ministerial generó inicialmente ciertas expectativas, su análisis detallado evidencia que no da respuesta suficiente a los problemas estructurales del colectivo médico ni garantiza mejoras reales en sus condiciones laborales”, indicaban en un comunicado que dinamitó la reunión que estaba preparándose.

Uno de los puntos de fricción que ha frenado las conversaciones ha sido la representatividad de los sindicatos médicos, minoritarios en las mesas generales de negociación. Sanidad había propuesto al Comité de Huelga la creación de mesas técnicas a nivel autonómico en las que estuvieran presentes estas organizaciones, en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público. Para ello, se requiere del consenso de las comunidades autónomas, que estaban siendo convocadas, y finalmente desconvocadas, para este jueves.

“Esas mesas técnicas están supeditadas a las generales en las que, como todo el mundo sabe, están únicamente los sindicatos generalistas. Es decir, aquellos que tienen una alta implantación por número de afiliaciones y de trabajadores a los que representan”, explica el secretario general de CESM, Víctor Pedrera.

En este sentido, los médicos reclaman un estatuto y una voz propia, frente al resto de trabajadores de la sanidad pública, que cifran en el 85% del total y exigen a Sanidad un estatuto médico. “En toda Europa, menos en España, Croacia y Rumanía, los médicos se regulan de forma individual”, señala Pedrera, que indica que los sindicatos de clase representan a médicos, pero también a otros profesionales del ámbito sanitario.

Además de este estatuto propio y un ámbito de negociación específico, los médicos reclaman una jornada laboral de 35 horas, con el exceso de jornada reconocido, retribuido y computable a efectos de jubilación, un modelo de jubilación flexible y sin penalizaciones, que reconozca la penosidad del ejercicio médico y una clasificación profesional justa. “Debe contemplarse de forma clara el nivel de responsabilidad. La persona que le acerca las pinzas al cirujano y el cirujano que decide por dónde se corta no pueden estar encuadrados en un mismo nivel de catalogación laboral”, considera Pedrera.

A principios de marzo, en el Foro de la Profesión Médica, el Ministerio se comprometió a reforzar el papel de la entidad en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, a reconocer la penosidad de las guardias y a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación. Pero desde Sanidad llevan semanas insistiendo en que muchas de las reivindicaciones escapan de su ámbito competencial, algo que reconocen incluso desde los sindicatos convocantes de la huelga.

Con todo, desde la CESM indican que la negociación del Estatuto Marco se llevó a cabo con el Ministerio quien, dicen, “tiene la potestad de modificar una ley”. El Estatuto Marco, señala Pedrera, “era necesario abrirlo, pero no puedes cerrarlo en falso y dejar a los médicos como estaban. El médico moderno quiere tener unas condiciones laborales exactamente iguales que un celador o una enfermera y negociar con la administración”.

El Govern ha aprobado este martes las mejoras salariales de los docentes que pactó con CCOO y UGT después de la huelga de febrero en Catalunya. El Consell Executiu de la Generalitat ha sacado la subida del complemento salarial específico y también el pago de 50 euros por noche para aquellos maestros que lleven a sus alumnos de excursión o de viaje con pernoctación. Esta compensación económica se cobrará a partir del curso 2026-2027. 

El presupuesto que el Departamento de Educación dedicará a pagar el incremento del complemento salarial específico es de 134 millones de euros. Para los maestros de Primaria, serán 839 euros de incremento y para los de Secundaria, 858. El pacto con los sindicatos contempla seguir aumentándolo hasta los 3.000 euros al año en 2029. 

Por lo que respecta a la compensación por pernoctaciones, se invertirán entre seis y diez millones, en función de las noches y número de docentes participantes. Esta dotación responde a una protesta inédita hasta ahora en los claustros, y que afloró con las últimas movilizaciones: decenas de escuelas e institutos amenazaron con dejar de hacer excursiones de varios dís (las llamadas colonias) si no se atendían sus reivindicaciones. 

La portavoz del Govern, Silvia Paneque, ha reivindicado estas dos medidas, fruto del acuerdo con CCOO y UGT, que “dan salida” a las necesidades de los docentes. Ha subrayado que este incremento salarial hace que los profesores catalanes pasen de ser los terceros en la cola en la clasificación de docentes en el Estado a ser los terceros al frente.

Al preguntarle por las pernoctaciones, ha indicado que el Govern “no quiere forzar a nadie” a realizar estas salidas que incluyen pernoctación. “Lo que queremos es atender una demanda que es justa y dotarla económicamente. No queremos forzar, queremos andar para la mejora de las condiciones laborales y el propio sistema educativo”, ha insistido.

La portavoz ha recalcado que la decisión corresponde a los centros, y lo que puede hacer el Govern, ha continuado, es “atender a una reivindicación para que hubiera una compensación económica justa”. “Hagamos lo que creemos que debemos hacer para atender la desazón que hay. Con este acuerdo se atiende a la petición que había”, remachado.

Paneque ha dicho que confía en que el diálogo con el resto de sindicatos se reanude a través de la mesa sectorial. “Hemos tenido la mano tendida desde el primer momento y la seguimos teniendo”, ha asegurado. Con todo, los sindicatos que suman mayoría en el sector (USTEC, Professors de Secundària, CGT y Intersindical) siguen lejos de acercar posiciones con el Govern y valoran esta semana si mantener el pulso con nuevas huelgas.

Estos sindicatos han elaborado una encuesta al profesorado, cuyos resultados prevén difundir este martes, para saber cuáles son sus siguientes acciones.

“Llegué con toda la tensión de no saber de cuántas semanas estaba, ni cómo iba a ser el proceso; ningún médico me podía atender y esperé... Hasta que me di cuenta de que estaba esperando una sala incorrecta y fui al lugar que era. Dos horas después, cuando pregunté por el médico, me dijeron que no había nadie, y la sala... llena de gente esperando”. La mujer que habla, trató de abortar durante la huelga de médicos nacional en marzo, pero la ausencia de profesionales retrasó diez días la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que necesitaba realizarse en el Servicio Cántabro de Salud (SCS).

La mujer —que pide mantener el anonimato— tenía cita un lunes para abortar a las 10.40 horas en La Cagiga, el centro público de salud sexual y reproductiva del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander. Al no ser atendida por un profesional, tomó una decisión: “Bajé a Urgencias, estaba lleno de mujeres, yo me inventé que estaba sangrando, sinceramente, y ni con esas me hicieron caso”.

En Urgencias le hicieron una ecografía y le confirmaron que estaba de cinco semanas. “Me fui simplemente con la hoja de Urgencias: 'Mujer embarazada de cinco semanas que muestra sangrado', ponía. No me dieron ninguna medicación ni nada y me fui de Valdecilla a casa a las tres de la tarde, Fue muy bruto todo”, recuerda.

Cuando pasó la huelga, le citaron un miércoles y le dieron las pastillas abortivas y una pastilla para cortar los vómitos: el proceso se retrasó otros diez días. La mujer describe como “traumático” todo el trámite para abortar en medio de la huelga nacional que arrancó en diciembre.

El suyo es uno de las quejas por retrasos que ha recibido el Observatorio de la Violencia Obstétrica de Cantabria, tanto en los abortos como en las ecografías de primer y segundo trimestre, desde que empezaron unas huelgas en las que reclaman un estatuto específico, una limitación de las guardias a 17 horas y una equiparación del pago de la hora de guardia a la ordinaria, entre otros aspectos.

Pero las demandas de los médicos han tenido una consecuencia invisibilizada: retrasos en la atención que ponen en riesgo a mujeres gestantes y mujeres que abortan. Por eso, el Observatorio pide que se incorporen estas dos prestaciones en los servicios mínimos de las huelgas mientras no haya un acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y el sector médico. “Se les retrasa la consulta a ciegas, sin saber de cuánto están”, advierte Charo Quintana, portavoz del Observatorio.

Dos advertencias a Salud

Esta organización se ha comunicado al menos en dos ocasiones con el consejero de Salud, César Pascual (PP) y los gerentes de los hospitales públicos de Cantabria —el 19 de febrero y el 23 de marzo— para advertir de la necesidad de servicios mínimos en estos casos, aunque haya huelga.

“Las ecografías prenatales del primer y segundo trimestre son pruebas diagnósticas esenciales que deben realizarse en momentos muy concretos de la gestación y cuya demora o cancelación puede tener consecuencias clínicas, psicológicas y legales de gran relevancia”, advierten desde el Observatorio sobre las afectaciones de las huelgas de la Confederación Española de Sindicatos Médicos que, de momento, se mantendrán hasta junio inclusive.

Esta desatención, señala Quintana, supone el incumplimiento de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo, en su artículo 16 punto 6 dice lo siguiente: “Por su especial sujeción a plazos, la interrupción voluntaria de embarazo será considerada siempre un procedimiento sanitario de urgencia”.

La ausencia de las IVE en los servicios mínimos, advierte Quintana, supone “un trastorno por el aplazamiento de una prestación sanitaria muy sensible” porque puede conllevar que la gestación supere las semanas en las que esta permitido un aborto farmacológico. Si esto sucede, recuerda, “la mujer tiene que ser derivada a Valladolid o a Madrid”, donde están las clínicas con las que el Servicio Cántabro de Salud tiene concierto.

A la petición del Observatorio se ha sumado este lunes el PSOE con una pregunta al consejero de Salud en el pleno del Parlamento de Cantabria para saber la razón que excluye de los servicios mínimos las interrupciones voluntarias de embarazo durante las jornadas de huelga médica.

El diputado socialista Raúl Pesquera secunda la queja del Observatorio porque para la revisión del primer y del segundo semestre en embarazos “hay tiempos concretos”. En los casos de IVE, subraya que es el Gobierno de Cantabria, que tiene las competencias en Sanidad, “el que marca los servicios mínimos, que añada una adenda añadir estas situaciones a los servicios mínimos”.

“No consta ni un solo caso”

Pesquera ha interpelado sobre este asunto al consejero de Salud, César Pascual (PP), en el Pleno del Parlamento. “Su pregunta va de intentar construir un relato político sobre una supuesta desprotección a las mujeres que simplemente no existe”, ha reprochado el responsable sanitario, que ha afirmado que “no solo plantean una duda, insinúan un daño”.

“No es una opinión, es un dato clínico: en el Hospital Valdecilla no consta ni un solo caso de que en las cuatro semanas de huelga hayan modificado el tratamiento a una mujer que haya solicitado el IVE, ni un solo caso”, ha remachado.

“Con las ecografías, lo mismo, el intento es más evidente: generar alarma”. El consejero de Salud ha asegurado que se han realizado todas las ecografías del tercer trimestre, se han recuperado de forma rápida con programas extraordinarios y no se ha sustituido el análisis anatómico por pruebas alternativas.

“Todo lo contrario a lo que usted dice, se ha complementado con el test de ADN fetal mejorando el proceso diagnóstico”. “Solo dos gestantes”, ha admitido, “requirieron este test como consecuencia de la huelga médica”. El consejero ha concluido diciendo que no incluir estas prestaciones como servicio mínimo “no ha generado riesgo”.

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA convocan este lunes una huelga del personal de las gasolineras para los días 30 de abril y 3 de mayo de 2026 con el objetivo de “desbloquear la negociación del convenio colectivo, la retirada de propuestas salariales y el intento de imponer recortes encubiertos”.

Los sindicatos exigen un incremento salarial mínimo del 2% anual y un mecanismo de garantía que asegure, por lo menos, la actualización conforme al IPC real más un 0,5%. Esto se añade a otras reivindicaciones como la conciliación, la reducción de jornada o la mejora de los pluses.

Reclaman un convenio “digno” que garantice salarios “justos” y derechos “reales” para los trabajadores. Los sindicatos culpan así a la patronal de “bloquear” la negociación y de dar un “paso atrás inadmisible” al retirar propuestas previamente planteadas. Eso, consideran CCOO y UGT, supone un “planteamiento económico regresivo” y un “ataque directo a las plantillas”.

Sobre los detalles de la huelga, informan de que se desarrollará el 30 de abril de 2026, de 12:00 a 16:00 horas, y el 3 de mayo de 2026 durante toda la jornada, coincidiendo por tanto con el regreso del puente de mayo.

Los sindicatos acusan a la patronal de beneficiarse de los altos precios de la energía, derivados de la guerra de Irán, para aumentar sus ingresos mientras los salarios de los trabajadores en el sector continúan “por los suelos”. Además, el hecho de no actualizar los salarios y reducir así el poder adquisitivo supone “trasladar el coste de la situación económica a las personas trabajadoras”.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, ha expuesto este viernes que las listas de espera quirúrgicas en Euskadi van a pasar de 54 a 74 días, es decir, dos meses y medio o tres semanas más, como consecuencia de la menor actividad por la acumulación de huelgas médicas. El Gobierno vasco insiste en que se trata de una protesta “contra el Ministerio de Sanidad”, que es el que tiene las competencias para regular el estatuto marco de la profesión médica, y que las comunidades autónomas son las paganas, particularmente las que tienen más proporción de asistencia pública (98% en Euskadi, según los datos de Martínez).

Las movilizaciones, hasta la fecha, han consistido en huelgas de una semana cada mes. Ahora, el consejero no ha negado que puedan incluir también reducción de las llamadas “peonadas”, las autoconcertaciones consistentes en aligerar actividad pendiente por las tardes con horas extraordinarias, como ha publicado 'El Correo' citando fuentes del MUD, un movimiento corporativo sin representanción en Osakidetza y que suma al SME, el sindicato que sí está en la convocatoria de las protestas. Fuentes sanitarias, en privado, asimilan este movimiento al que en su día se produjo en la Ertzaintza con 'Ertzainas en lucha'.

Martínez ha indicado que “los más sufridores” de estos nuevos retrasos, que van a dar por tierra los costosos avances tras la pandemia de la COVID-19, serán los pacientes con “patologías que pueden esperar”, porque la actividad urgente o la oncológica, por ejemplo, siempre tiene prioriodad. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que este conflicto no perjudique a la asistencia y podamos atender sus necesidades de manera efectiva”, ha añadido también, en el Parlamento Vasco, el titular de Salud.

Martínez insiste en que la “competencia” para desatascar las demandas del colectivo médico “es exclusiva del Ministerio de Sanidad”. Ha indicado también que Euskadi ya ofrece mejores condiciones que otras comunidades en la parte que le corresponde a Osakidetza. “En Euskadi tenemos implantadas las 35 horas desde hace mucho tiempo”, ha puesto como ejemplo.

Los datos de la semana de huelga de marzo apuntaban a un seguimiento de la huelga por debajo del 20%. Martínez, sin embargo, ha indicado que, para ser un colectivo, es una cifra “muy importante” que impacta de lleno en la atención. La primera semana de paros fue asumible con reprogramaciones, pero a partir de la segunda la cosa empezó a torcerse, ha indicado. Y ha urgido a que la ministra Mónica García, con la que mantiene una tensa relación desde que accedió al cargo en 2024, ponga toda la carne en el asador para desatascar el conflicto.

La huelga indefinida convocada por Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y CCOO para los controladores de Saerco, compañía que gestiona el tráfico en nueve aeropuertos, comienza este viernes 17 de abril a las 00.00 horas en nueve aeropuertos. Entre ellos, el de Jerez de la Frontera y el de Sevilla a escasas jornadas de que comiencen tres macroeventos: la final de la Copa del Rey, la Feria de Sevilla y, próximamente, el Gran Premio de España de Motociclismo en Jerez.

Aparte de los aeródromos andaluces, Saerco gestiona el control de tráfico aéreo de los aeropuertos de A Coruña, Madrid-Cuatro Vientos, Vigo, El Hierro, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma. La huelga afectará a 104 trabajadores y, en un comunicado, los sindicatos han indicado que su decisión de convocar la huelga está destinada a denunciar la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional.

Entre las causas de la huelga, USCA y CCOO citan la cancelación de vacaciones ya aprobadas, el uso “abusivo” de las disponibilidades, cambios de turno comunicados “con escaso margen”, falta de claridad en los cuadrantes sobre los descansos obligatorios y prácticas organizativas irregulares en varias dependencias. Las organizaciones convocantes advierten además de que la seguridad aeronáutica “no puede sostenerse sobre una plantilla sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente”.

Sevilla y Jerez

A través de las redes sociales, USCA señala que la torre de control en Jerez de la Frontera ha sufrido un recorte del 35% de controladores aéreos operativos que tienen que gestionar el aumento progresivo en el número de operaciones, que alcanza hasta un 35%. “Llevar a los controladores aéreos al límite es inaceptable”, denuncian.

En cuanto al de Sevilla, aseguran que en 2012, bajo la gestión pública de Aena, se contaba con 18 controladores para “garantizar la seguridad”. Una cifra que se ha reducido a los 12 compañeros a raíz de la entrada de Saerco. Este decrecimiento va en detrimento del aumento de la carga de trabajo, ya que en apenas una década se han pasado de las 48.520 operaciones anuales a las más de 73.1000 operaciones que se registraron en 2025, aseguran en un comunicado. “¿Se está poniendo en riesgo la seguridad aéreo por maximizar beneficios”, cuestionan.

Servicios mínimos

Los sindicatos y la compañía se reunieron este miércoles para tratar de encontrar un punto común que permitiera desconvocar la huelga, pero finalmente la acción sindical sigue adelante en lo que se prevé como un fin de semana de alta ocupación, ya que, solo en torno a la final de la Copa del Rey se habían programado unos 50 vuelos extra en la ciudad que deben integrarse a la media diaria de 185 vuelos comerciales.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha fijado unos servicios mínimos para esta huelga del 100% para vuelos dedicados a emergencias, de Estado, traslados policiales y vigilancia; de entre el 66% y el 83% para vuelos domésticos a territorios no peninsulares; entre el 51% y el 59% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte superior a cinco horas e internacionales, y de entre el 34% y el 36% para los vuelos peninsulares con alternativa de transporte inferior a cinco horas: Protección reducida de entre el 34% y el 36%.

Derechos de los pasajeros

Ante esta huelga, Facua recuerda a todos los pasajeros que se puedan ver afectados por la huelga que tienen derecho a la devolución del importe del billete o a la conducción hasta el destino final en un vuelo alternativo. Así, ante la previsión de que esta huelga pueda resultar en cancelaciones o retrasos de los vuelos programados para esos días, Facua recuerda que los afectados tienen derecho al reembolso integro del billete o a un transporte alternativo hasta el destino final, según lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento 261/2004.

Si la cancelación ocurriese próxima al horario de salida del vuelo, la asociación recuerda que el artículo 9 de la normativa europea obliga a la empresa a ofrecer a los pasajeros afectados comida y refrescos suficientes, alojamiento en un hotel si fuera necesario en el supuesto de que se haya optado porque se proporcione un vuelo alternativo, y traslado desde el aeropuerto hasta dicho hotel.

Por su parte, OCU recuerda a los viajeros afectados que, además de su derecho al reembolso del precio del billete pueden reclamar una compensación adicional según la distancia y el ofrecimiento o no de un vuelo alternativo que podrá llegar hasta los 600 euros.

El sindicato CCOO ha convocado para los días 24, 25 y 26 de abril la primera huelga de ámbito estatal en el sector del reparto a domicilio para rechazar el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por Glovo, que prevé la extinción de 750 contratos en España, y reclamar mejoras en las condiciones laborales.

La central extiende al ámbito nacional el paro que había convocado en el seno de la empresa, con el que querían denunciar el “abuso laboral que sufren los trabajadores de la empresa tras el proceso de laboralización”.

La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO, Lucía Sesma, y el presidente del comité de empresa de Glovo en Pamplona, Pablo Díaz, han explicado en una rueda de prensa que la huelga busca frenar los despidos y abrir la negociación de un convenio colectivo con condiciones actualizadas.

CCOO denuncia que, pese al aumento de la representación de los trabajadores en la empresa, con más de 80 representantes en todo el Estado, continúan produciéndose incumplimientos de la normativa laboral y vulneraciones de derechos. Según ha señalado el sindicato en un comunicado, la empresa ha justificado el ERE por causas organizativas y productivas, al considerar que su modelo actual de reparto es “ineficiente” y ha provocado una caída en la calidad del servicio. Pero la central rechaza estos argumentos al entender que el modelo de negocio se ha basado en la precariedad de las plantillas.

“Estamos trasladando por todo el Estado las reivindicaciones que iniciamos en Navarra: no al ERE y no a los despidos”, han señalado los representantes sindicales, al tiempo que han reclamado mejoras laborales para la plantilla.

Tres jornadas de paros

El calendario de paros prevé una primera jornada el viernes 24 de abril, de 20:00 a 00:00 horas; una huelga de 24 horas el sábado 25; y un último paro el domingo 26 entre las 12:00 y las 16:00 horas.

CCOO ha criticado además la intención de la empresa de externalizar el servicio y sustituir a trabajadores por flotas, y ha exigido el “fin de la persecución” a los repartidores que se organizan para defender sus derechos.

Al respecto, el comité de empresa ha recordado que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores y que su ejercicio no puede conllevar sanciones ni represalias, aunque sí una merma salarial, y que no es necesario comunicar previamente a la empresa la decisión de secundarla.

El sindicato considera que el seguimiento de la huelga evidenciará la dependencia de la empresa de la fuerza de trabajo de la plantilla y el impacto económico que puede generar la paralización del servicio.

En la puerta. La reunión prevista para este miércoles entre Sanidad y el Comité de huelga se ha cancelado, ya con ambas partes presentes en el Ministerio, ante la negativa de los sindicatos médicos a que la Plataforma de Organizaciones de Pacientes medie en el conflicto. Los convocantes de la huelga, prevista para el próximo 27 de abril, ya habían mostrado su negativa ante esta fórmula, propuesta por el departamento que dirige Mónica García, que catalogaron de “unilateral” y “no consensuada”.

El Ministerio había confirmado que acudiría a la reunión la organización de pacientes, como así ha ocurrido, e instó al Comité de huelga a que se presentase esta misma tarde con un mediador de su elección, “a fin de no demorar más el avance en el proceso negociador”. Finalmente, los sindicatos médicos no han propuesto ninguna figura ni han entrado a la reunión.

“El Comité de huelga se ha negado a sentarse a negociar con el Ministerio de Sanidad con mediación de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, propuesta por las comunidades autónomas, a las puertas de la propia reunión”, lamentan fuentes ministeriales, que acusan a los sindicatos médicos de “despreciar la labor mediadora de los pacientes”.

El Comité de huelga, por su parte, ha acusado al Ministerio de “entorpecer la negociación para esconder su incapacidad para llegar a acuerdos que atiendan las reivindicaciones del colectivo”. En un comunicado, difundido tras la cancelación de la reunión, estos han confirmado que se ha tratado de “un encuentro más bien informal que finalmente no se ha llegado a celebrar, puesto que al inicio los sindicatos han reiterado su rechazo a la figura impuesta unilateralmente del mediador/observador, mientras que Sanidad ha defendido que se debían ceñir a la petición expresa hecha por las comunidades autónomas para desbloquear el conflicto”.

La idea de un mediador surgió en el Consejo Interterritorial, mantenido entre el Ministerio y las comunidades autónomas el pasado 27 de marzo. En esta reunión, algunas de las consejerías del Partido Popular, que tienen el grueso de las competencias transferidas, reclamaron a García que solucione el conflicto. Algunas fueron más allá al llamarla “irresponsable” por su “incapacidad” para frenar el conflicto, como la consellera balear Manuela García.

Desde el Ministerio recuerdan que ha celebrado “más de 25 reuniones, en las que se han alcanzado acuerdos bilaterales en varias de ellas”. Además, acusan al Comité de huelga de haber ido “rechazando de forma reiterada todas las vías de diálogo planteadas, incluyendo los sindicatos del ámbito, el Foro de la Profesión Médica y, ahora, también a los pacientes”.

Con todo, ambas partes se han emplazado a una nueva reunión el próximo lunes. Un encuentro que, defienden los sindicatos, debe producirse “sin necesidad de mediación para poder avanzar en las negociaciones”. De hecho, en el comunicado afirman que “esta mediación impuesta de manera unilateral y su publicación interesada solo ha contribuido a generar de forma deliberada una polémica que tiene como objetivo ocultar la incapacidad del Ministerio para abordar de manera seria y responsable las reivindicaciones del colectivo médico y facultativo”.

Este martes 7 de abril ha dado el pistoletazo de salida a la huelga indefinida en las escuelas infantiles madrileñas. Las trabajadoras de los centros educativos de niños de 0 a 3 años se han organizado para denunciar el abandono institucional que sufren en este sector, además de para exigir una mejora de condiciones laborales lo antes posible. Las profesoras reclaman una bajada de las ratios, salarios dignos y mayor inversión en las escuelas, siguiendo el modelo de otros niveles educativos, como el segundo ciclo (de 3 a 6 años).

Además de comenzar hoy con la huelga indefinida, trabajadoras de escuelas infantiles y familias se han concentrado esta mañana frente al Ministerio de Educación para ser escuchadas por las instituciones, a las que culpan de las malas condiciones en las que desarrollan sus jornadas. La huelga y las movilizaciones han sido convocadas por la Plataforma Laboral de las Escuelas Infantiles (PLEI), y apoyadas por el sindicato CGT. Además, CCOO también han estado presentes en la concentración de la calle Alcalá. Otra cara conocida que ha participado en la protesta ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. En general, todo tipo de perfiles se han agrupado esta mañana en defensa de las trabajadoras del sector 0-3, desde las profesoras más jóvenes a las más ancianas, padres, madres e incluso niños pequeños.

Las propias manifestantes frente al Ministerio han aplaudido el resultado de la convocatoria, que ha recibido la asistencia de cientos de trabajadoras de las escuelas infantiles, además de madres y padres, muchos de ellos con sus hijos pequeños. “Nos ha sorprendido que cada vez se une más gente al movimiento porque cada vez se entera más gente”, asegura una de las asistentes, que explica que se trata de una reivindicación a nivel estatal, pero es en Madrid donde se dan las peores condiciones laborales en este sector, ya que en otras comunidades “se están movilizando y ya se han conseguido cosas”.

Esta mañana, las de Madrid tenían mucha motivación para conseguir sus objetivos. Rosa Marín, portavoz de la PLEI, ha recordado que, durante el resto de días que se reúnan (miércoles a las 12:00 horas frente a la Consejería de Educación y jueves a las 18:00 horas en la Plaza de Callao) “no hay que perder las fuerzas hasta que tengamos compromisos y papeles firmados. Tenemos que seguir a tope. Hay que secundar la huelga lo máximo posible y venir a las concentraciones”.

Según las trabajadoras, la capital acoge las escuelas que viven la situación más delicada. En Madrid, se dan las peores ratios de toda España, aseguran, además de recibir poca inversión, lo que se traduce en infraestructuras deplorables, poco material y pocas manos para dar a los más pequeños un espacio seguro, limpio y con buena educación.

Las personas se han agrupado esta mañana frente al Ministerio de Educación para denunciar que no han recibido ninguna solución por parte de las instituciones, pese a haber hablado con ellas en numerosas ocasiones: “Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en la Asamblea de Madrid. Nos han atendido amablemente, pero sin ninguna respuesta. Las palmaditas en la espalda no nos sirven para nada”, defiende una de las asistentes.

Sin embargo, según sostienen las trabajadoras, lo que reclaman a los políticos no es algo nuevo: “Lo que nos sirve es que el decreto 18/2008 lo revisen de una vez. Es un decreto del 2008, de cuando estaba el Gobierno de Esperanza Aguirre, que nos subió las ratios, cuando había otro decreto, en el cual eran las ratios mucho más bajas. Ya lo hemos tenido. Estamos pidiendo una cosa que ya ha existido. Lo que pasa es que se derogó para peores condiciones”.

No solo exigen unas mejores condiciones para ellas, sino también para los más pequeños, pues denuncian que estas malas circunstancias en las que trabajan a diario se traduce en poca atención y cuidado a los niños y niñas: “Se creen que el niño es un trozo de carne al que no hay que cuidar hasta los tres años, pero no es así. Es un ser con necesidades de comunicación, afectivas y de aprendizaje continuo. Es el andamiaje psicológico de toda la vida de una persona”.

Así se leía esta mañana en las pancartas frente al Ministerio de Educación. “Dos manos no sostienen veinte criaturas”, “sin condiciones dignas no existe educación de calidad”, “mi vocación no paga mis facturas”. Entre los cánticos, se podía escuchar, entre otros gritos: “No guardamos, educamos” o “no es vocación, es explotación”, acompañados de sonidos de cacerolas y silbatos.

Las educadoras infantiles también denuncian la poca visibilidad que reciben frente al resto de etapas educativas, pese a las grandes capacidades y esfuerzo que requiere su sector: “Hacemos lo mismo que cualquier profesor de otra etapa educativa, pero con más carga, porque también asumimos la higiene, la alimentación y el sueño”, explica una de las asistentes, “y no podemos hacer nuestro trabajo como queremos, pese a la formación que tenemos. Es una etapa muy específica que requiere una preparación muy concreta”.

Para garantizar el derecho a huelga, se han establecido servicios mínimos en las escuelas infantiles, que han sido criticados por UGT al considerarlos abusivos. Rosa Marín, portavoz de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles, ha explicado que desde el PLEI han realizado un escrito al Defensor del Pueblo para conseguir alternativas y “garantizar que el 50% de los trabajadores pueda ejercer su derecho a huelga”. Una de las manifestantes exponía que “todos los servicios mínimos son abusivos. En muchas escuelas solo pueden hacer huelga tres o cuatro personas, lo que nos deja prácticamente con las mismas ratios de siempre”.

No obstante, en la concentración, además de profesoras, limpiadoras o cocineras de las escuelas infantiles, también han participado las familias, que apoyan las movilizaciones, ya que “quieren que a sus hijos se les dé una calidad educativa que merecen. Ni más ni menos, la que merecen”. Muchas trabajadoras o familias no han podido asistir esta mañana: “Se puede apoyar más, pero ya ha habido mucha gente que se ha sumado. En mi escuela han ido muy pocos niños hoy, y también hemos visto familias aquí, en la concentración, incluso con sus hijos”, insiste una de las asistentes, que señala familias con carritos y niños a sus hombros, con cascos para proteger a los más pequeños del ruido.

Las profesoras de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años) de la Comunidad de Madrid comienzan este martes 7 de abril una huelga indefinida con la que quieren denunciar la falta de atención institucional y exigir mejoras en sus condiciones laborales. Desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) defienden que quieren dignificar un sector que se siente abandonado por la nueva ley de educación, que no incluía ninguna mejora en las escuelas de niños de 0 a 3. La plataforma exige, principalmente, una reducción de las ratios que establecen la cantidad de niños y niñas por profesora, y unas condiciones que se asemejen a las que se regularon para el resto de etapas educativas en la LOMLOE.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, explicaba en una conversación con elDiario.es que las movilizaciones empezaron “cuando el Gobierno de Pedro Sánchez anunció la nueva ley educativa a las puertas de una escuela infantil”. Marín pensó que esta ley incluiría modificaciones para este sector, y se sorprendió cuando “simplemente lo dejaron en la gratuidad de las familias”.

Desde la Plataforma defienden que el malestar de las profesoras del 0-3 no es algo nuevo, pero “ya empieza a ser insostenible”. Las profesoras llevan ya tres años organizándose desde todas las comunidades autónomas, recogiendo las quejas de todas las compañeras, para conseguir legislar estas mejores condiciones laborales a nivel estatal. Marín, además, reconoce que incluso presentaron una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados.

Las educadoras más organizadas, según explican desde la PLEI, son las de la capital. Saldrán a las calles desde este martes 7 de abril, donde reclamarán, además, la implementación de la pareja educativa como recurso de organización pedagógica, la atención temprana dentro del sistema educativo, salarios que se asemejen a los de los educadores del segundo ciclo (de 3 a 6 años), mejoras en las instalaciones educativas (calefacción, goteras, sombra en los patios...), mayor descanso para los niños durante el calendario escolar, mayores inversiones y, en general, una mejor calidad para los más pequeños durante su estancia en las escuelas.

Las trabajadoras del PLEI denunciaban que, en la capital, se creó la Red Pública de Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Madrid, que prometía mejoras como subida de salarios e implementación de la pareja educativa, pero que “actualmente nada de eso existe, se lo han cargado”.

Un conflicto de las trabajadoras con las instituciones públicas

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, aseguraba el pasado viernes 27 de marzo que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Zarzalejo confiaba en que todo se resolvería mediante negociaciones entre ambas partes antes de recurrir a la huelga indefinida que comienza este martes. “Lo que nos corresponde en estas situaciones es garantizar los servicios mínimos en todas esas escuelas infantiles para que las familias puedan seguir llevando a los niños a las escuelas y no tengan ningún tipo de perjuicio”, añadió la consejera.

Desde la Plataforma Laboral de Educación Infantil subrayan que Mercedes Zarzalejo “está muy equivocada”. “Este conflicto es de las trabajadoras con las instituciones públicas”, explica Rosa Marín a elDiario.es. Rosa añade que estas instituciones “son las responsables de dotar de medios, de recursos y de dignidad al 0-3, y ya es hora de que se dejen de pasar la pelota de unos a otros y que hagan su trabajo”. Frente a los escasos recursos que reciben las escuelas en esta etapa educativa, Marín sostiene que “las empresas no pueden más”. A través de un comunicado de la PLEI, insisten en que las profesoras viven un “marco de precariedad impuesto por las instituciones públicas, a través de su falta de responsabilidad e inversión”.

Rosa lo tiene claro: “El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad en el Ayuntamiento de Madrid, José Fernández Sánchez, ni nos recibe. Es como si la cosa no fuera con él. Es el que gestiona las escuelas del Ayuntamiento. Este conflicto va contra el Ministerio. No intenten desvirtuar con que vamos contra la patronal ni contra las empresas. No. Es que queremos más financiación y queremos normativas, inspecciones y queremos de verdad poder ejercer nuestro trabajo en condiciones dignas”.

La PLEI recuerda que las reivindicaciones van dirigidas a la Comunidad de Madrid, “por el mantenimiento de una financiación insuficiente que asfixia a los centros y condena al personal a salarios que rozan el mínimo profesional”; al Ayuntamiento de Madrid, “por la falta de una apuesta decidida que blinde la calidad educativa por encima del ahorro presupuestario y de igual manera que el Ayuntamiento condena al personal a salarios muy precarios”; y a los agentes institucionales, “por perpetuar un modelo que trata la etapa 0-3 como un servicio de 'guardería' o conciliación laboral, en lugar de reconocer su valor pedagógico fundamental. Sin ser capaces de regular a nivel estatal la calidad educativa que se le ofrece a la primera infancia”.

Por su parte, el PSOE registró el pasado 18 de febrero una proposición no de ley “para reforzar y blindar con una reforma de la actual normativa estatal el primer ciclo de educación infantil (0-3 años)”, que pretendía que “se garantizaran estándares homogéneos de ratios, equidad territorial y que las aulas cuenten con dos educadores para garantizar una atención a los menores de manera más individualizada”. La Plataforma Estatal de Escuelas fue la encargada de esta iniciativa, que fue apoyada por Sumar y Podemos, y que reconocía que “el sistema público no ha desarrollado un marco estatal sólido que garantice condiciones educativas homogéneas. La financiación insuficiente o la proliferación de modelos de gestión externalizada han provocado una situación de precariedad estructural en el sector”.

La portavoz de la Plataforma recuerda que las concentraciones comenzarán este mismo martes a las 12.00 horas frente al Ministerio de Educación; los miércoles a las 12.00 horas se agruparán frente de la Consejería de Educación, y los jueves a las 18.00 horas, “para las compas que no puedan ejercer su derecho a huelga y que económicamente no puedan”, se reunirán en la Plaza de Callao. Marín defiende que “es un sector muy feminizado, y con el salario mínimo interprofesional es muy difícil sostener una huelga indefinida”. “Estamos muy motivadas”, explica la portavoz, que insiste en que van a ejercer toda la presión que puedan para resolver el conflicto y conseguir “compromisos por parte de la Administración de unos cambios tangibles en breve”.

“Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices”

Las escuelas infantiles trabajan con distintos modelos de gestión (gestión directa e indirecta, tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid), por lo que no todas tienen las mismas condiciones laborales, algo que la PLEI define como “segregador”. Sin embargo, la gran mayoría de escuelas son gestionadas de forma indirecta, es decir, por una empresa privada que accede a ello a través de unos pliegos de condiciones que marca la administración pública.

La baja inversión para las escuelas infantiles ha hecho que muchas profesoras tengan que aportar dinero de su bolsillo para financiar material y recursos que les permitan continuar con sus jornadas y con un pleno desarrollo escolar para los niños de 0 a 3 años. “Nos dejamos el salario, la salud, pero somos felices. Generalmente, en la dotación que llega, no hay dinero suficiente”, explica Rosa Marín en la misma conversación telefónica. Según la portavoz, en las escuelas que reciben la gestión directa de las instituciones públicas, el material está obsoleto y tienen que recurrir a carros propios para transportarlo entre aulas. En las escuelas de gestión indirecta, la Comunidad “no desglosa un presupuesto para material, entonces depende de la empresa, de la buena voluntad que tenga”.

Las madres y padres también apoyan la huelga que empieza este martes 7 de abril. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recuerda Marín, que sostiene que gran parte de la sociedad “no sabe lo mal valoradas y lo precarias que estamos a nivel laboral”. La portavoz de la PLEI defiende que lo difícil es gestionar una huelga indefinida para quedarse con los niños en casa y apoyar: “Es complicado. Para eso están los servicios mínimos y ellas (las familias) nos apoyarán poniendo quejas y ayudándonos en todo lo que podamos. Eso lo tenemos claro”.

Un sector feminizado

El ratio de niños por profesora es una de las razones principales que animaron a las educadoras a movilizarse, y reclaman una cantidad “acorde a las necesidades de la primera infancia” (tres bebés, cinco niños de 1-2 años y seis niños de 2-3 años), que coinciden con las que establece la Unión Europea. Rosa Marín insiste en que las profesoras de educación infantil viven sus jornadas “con mucho agobio, con mucho estrés”, y que estas condiciones acaban incluso repercutiendo en su salud. Muchas educadoras sufren de hernias discales, problemas de hombros y tendinitis en relación a las grandes cargas y posturas, además de diferentes virus, que en muchas ocasiones les obligan a recurrir a bajas médicas, lo que conlleva a la sobrecarga de trabajo de otras compañeras. En España, se dan las mayores ratios de Europa, lo que se traduce en menor atención individualizada a los más pequeños.

Desde la Plataforma sostienen que no se trata solo de un problema de infraestructuras y material, sino de la educación de los niños y niñas en una etapa vital de su desarrollo: “El problema de todo es la privatización y la externalización de los servicios. Tú no puedes dar un servicio de calidad con una infrafinanciación, que es lo que pretenden. Si hablamos de tornillos vale, pero es que estamos hablando de criaturas”. En un comunicado de la PLEI, aseguran que “la excelencia educativa que tanto prometen solo es posible si se respeta a quienes la hacen realidad cada día en el aula”.

La Plataforma Laboral de Educación Infantil explicó que un 97,4% de las trabajadoras de las escuelas infantiles son mujeres. La organización cree que los sectores dedicados al cuidado siempre han estado enfocados a las mujeres, y estos trabajos más feminizados, ¿por qué deberían tener mejores salarios, si siempre se dedicaron a ello de manera desinteresada? Marín cree que la profesionalización total de los sectores más femeninos queda lejos aún de su reconocimiento social, como ocurre con la limpieza, la cocina, el cuidado de mayores, la enfermería, etc., donde las mujeres trabajan en condiciones laborales muy deficientes, con salarios bajos.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha anunciado que prevé una huelga de trabajadores en fechas coincidentes con la final de la Copa del Rey en Sevilla o la Feria de Abril, esto es, mediados o finales del mes de abril, en respuesta a una “drástica” reducción de personal en los últimos años y a la “inasumible” carga de trabajo que ha sufrido un aumento “exponencial” en los últimos años, según el sindicato.

“Esos son los próximos dos grandes eventos que se prevén en Sevilla estos días y, desgraciadamente, creemos que coincidirán con la fecha prevista de la huelga porque, aunque nosotros no queremos llevarla a cabo, no nos están dejando otra opción”, señalan desde la organización sindical. “No queremos un aumento de salario ni nada parecido, simplemente más trabajadores para poder beneficiar, precisamente, la gestión”, ha expresado el portavoz de USCA, Pablo Gómez Junquera, en declaraciones a Europa Press.

Según ha detallado Gómez Junquera, desde el año 2021, momento en el que Servicios Aeronáuticos Navegación y Control (Saerco) comenzó a gestionar la torre de control del aeropuerto de Sevilla, se ha reducido “drásticamente” el número de controladores aéreos operativos, de 16 a 11, concretamente, dado que en los últimos días se habría habilitado un nuevo profesional.

Más personal para afrontar la carga de trabajo

“La realidad es que el personal ha ido reduciéndose”, señala el portavoz del sindicato de controladores aéreos, antes de añadir que desde esas fechas “la carga de trabajo ha aumentado exponencialmente, estimamos que en un 15 %”.

A juicio de Gómez Junquera, las consecuencias trascienden la queja de los trabajadores, dado que esta “falta” de personal repercute no solo en aquellos que desarrollan las labores de control, que “asumen” además una “reducción de los descansos” para sobrellevar la “elevada carga”, sino también en la seguridad y gestión del tráfico aéreo.

“Lo que pedimos, simplemente, es más personal; no queremos mejoras económicas ni nada al respecto, queremos más profesionales para, simplemente, poder beneficiar la gestión”, ha remarcado el responsable sindical.

De hecho, según Gómez Junquera, los trabajadores temen que esta “falta de personal” se vea sorprendida por un incremento del tráfico aéreo este próximo verano, del 9 o 10% aproximadamente. “Si aumenta la carga y, además, hay menos personal para gestionarla, el trabajo es muchísimo mayor, claramente”, ha advertido.

Sobre la postura de la referida empresa, el portavoz asegura que ha propuesto “ampliar” la duración de los turnos de trabajo de los trabajadores para gestionar, precisamente, este incremento. Es más, según el mismo, esta propuesta ha llegado sin una reunión entre ambos colectivos para discutir los términos del acuerdo. “Se limitan a contestar que creen que las plantillas están bien dimensionadas y que cumplen con el convenio, cuando el problema no está ahí”, expresa.

Por el momento, el sindicato valora fechas para la disposición de la huelga y espera alcanzar un acuerdo previo para evitar un movimiento que podría perjudicar el traslado a la capital andaluza en estas fechas señaladas.

El Ministerio de Sanidad tiene por delante una tarea que se antoja compleja: desbloquear el conflicto abierto desde hace meses con los sindicatos médicos. En el calendario está marcado el 27 de abril, cuando se reanudará la huelga de una semana que estas organizaciones vienen convocando cada mes desde febrero contra el nuevo estatuto marco, pactado entre los sindicatos de clase y el departamento que dirige Mónica García.

Hasta entonces, el Ministerio ha abierto dos nuevas vías. Por un lado, la negociación con el comité de huelga, que este jueves se reunió con el director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Miguel Ángel Máñez, y el director de gabinete de la ministra, José Manuel López, para tratar de superar el cisma. Por otro, Sanidad habría aceptado incorporar la figura de un mediador, tras el Consejo Interterritorial, mantenido con las comunidades autónomas este viernes.

Del primer encuentro, que se alargó durante más de tres horas, los sindicatos de médicos convocantes de las huelgas valoraron el “clima de diálogo” y la apelación a “la voluntad de todas las partes”, así como el compromiso de “mantener abierto el diálogo”, según indicaron en un comunicado, con conversaciones que se retomarán tras la Semana Santa.

Por el momento, fuentes sindicales aclaran que su postura es la misma y que la convocatoria de huelga sigue adelante. “Las propuestas de Sanidad, hasta ahora, nos han parecido insuficientes y las reivindicaciones no han cambiado”, explican. Aunque hay “margen” para avanzar un acuerdo, son conscientes también de que algunas cuestiones escapan del ámbito competencial del Ministerio, a quien sí atribuyen capacidad para presionar y negociar con otros departamentos y comunidades.

Con todo, este mismo viernes el comité de huelga difundía otro comunicado en el que aclaraban que el calendario de reivindicaciones sigue intacto. Esa misma mañana, García había pedido que “cumplieran”: “Toda lógica diría que después de Semana Santa desconvocarán las huelgas”. Durante la reunión con las comunidades autónomas, cuyo orden del día constaba de 30 puntos y del que, tras cuatro horas solo se había abordado el conflicto con los sanitarios, consejerías y ministerio pactaron proponer al comité de huelga que sea “una organización de pacientes la que medie” entre las partes.

“En toda negociación, las dos partes tienen que ceder”, concedía García durante una entrevista en el VI Foro Económico de elDiario.es, quien espera “evitar las siguientes huelgas y seguir el camino de la negociación”. La ministra, no obstante, advertía que “el estatuto marco no da más de sí en lo que a competencias se refiere”, aunque reconocía “mucho malestar e inquietudes de los profesionales”, que debe resolver “quien tiene las competencias de gestionar, que son las comunidades autónomas”.

El comité de huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) reclama al ministerio seis puntos “fundamentales”: un estatuto y una mesa de negociación propia para el colectivo médico; la clasificación profesional, que refleje su “singularidad”; una jornada laboral máxima de 35 horas semanales con una retribución al 150% de la hora ordinaria para aquellas que excedan ese tope, que deberán ser voluntarias; coeficientes reductores de la edad de jubilación basados en la duración de la jornada laboral efectiva; y otras medidas en materia de conciliación y descansos.

Muchas de estas reivindicaciones, sin embargo, tocan directamente a otros departamentos, como Trabajo, Función Pública o Seguridad Social. Por ejemplo, acortar la edad de jubilación por el cómputo de horas choca con un principio básico: en España se cotiza por días de alta, no por horas, aunque estas sí aumentan la base de cotización —es decir, la pensión—.

"Dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales depende exclusivamente de las comunidades"

Mónica García — Ministra de Sanidad

También con las comunidades autónomas, como las retribuciones y la organización de las plantillas. “Nosotros ponemos los límites, pero el hecho de que un profesional pueda hacer una guardia de 10, 12 o 17 horas depende, única y exclusivamente de la plantilla. Si tienes compañeros con los que compartir noches y fines de semana, podrás hacer menos noches y fines de semana”, insistía la ministra, que hacía hincapié en que “dotar de plantillas, de recursos, de inversión y pagar bien a los profesionales depende exclusivamente de las comunidades”.

Entre las organizaciones sindicales del gremio hay la sensación de que las administraciones se pasan la pelota. Incluso, que en la negociación entre el Ministerio y los sindicatos de clase se ha priorizado a otros colectivos, como el de las enfermeras, a quienes se les reconoce una mejora en la categoría profesional. “No se han tenido en cuenta las reivindicaciones de los médicos”, señalan, mientras no ven, “para nada”, que se haya producido un avance en el estatuto marco.

El texto, que deberá pasar el trámite parlamentario, recoge algunas mejoras. Sobre el papel, termina con las guardias obligatorias de 24 horas y solo contempla las voluntarias. Así, en condiciones normales, se reducen a un máximo de 17 horas, incluida la jornada ordinaria, si la hubiera, que computan en el límite de 45 horas semanales de trabajo efectivo. Este cálculo no se haría semana a semana, sino a través de una media trimestral.

Desde el Ministerio llevan tiempo insistiendo en los límites competenciales. De hecho, cuando se firmó el nuevo Estatuto Marco, ya señalaban que si este incluyese “alguna regulación demasiado detallada que impide que la comunidad autónoma pueda desarrollar sus propias estrategias de gestión de recursos humanos, la ley puede ser recurrida ante el Tribunal Constitucional en un conflicto de competencia”.

García reclamaba estos días a “la otra parte” que “cumpla con la desescalada del conflicto”. “Lo que se ha hablado en esas mesas, no siempre se ha cumplido”, defendía sobre las reuniones que se han mantenido con la profesión médica, al margen del comité de huelga y en las que, según la ministra, “los propios sindicatos han dicho muchas veces que el estatuto marco es un avance y una mejora, la primera en 23 años”.

El Foro de la Profesión Médica, donde está representado, entre otros, el sindicato CESM, arrancó a principios de marzo varios compromisos del Ministerio para atajar el conflicto, como una mayor participación de la profesión médica en el marco del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el refuerzo del Foro en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, así como el reconocimiento de la penosidad de las guardias. Sanidad se comprometía también a “estudiar” la aplicación de coeficientes reductores para la edad de jubilación por esa causa.

Estos compromisos no fueron suficientes para los sindicatos convocantes de la huelga, que mantuvieron la fecha prevista para este mes, durante la semana del 16 de marzo.

García ha llegado a deslizar sus “dudas” sobre las “motivaciones” de la convocatoria de huelga. “Igual tienen que ver con motivaciones políticas más que de realmente representar a los profesionales sanitarios que están legítimamente reivindicando una serie de mejoras que ya están plasmadas en el Estatuto Marco y que tienen que estar plasmadas en otras administraciones”, llegó a decir.

Estas dudas las avivó este miércoles la, hasta entonces, presidenta del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (Ceem), Teresa Serrano, que dimitió con una carta en la que acusaba a los sindicatos médicos de “admitir en privado que saben que las reivindicaciones de las que se llenan la boca en público son imposibles” y que “el acuerdo les gusta pero como no saben si van a poder ponerse la medalla, igual no lo aceptan”. En la misiva, adelantada por El País, Serrano tildaba el conflicto de “circo”.

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida en la empresa Groundforce, la empresa de servicios en tierra de Air Europa, que emplea a más de 3.000 personas dedicadas a la asistencia en tierra (handling) en doce aeropuertos españoles. La movilización, por motivos salariales, se concretará en varios paros parciales durante el día, ya en plena Semana Santa, un momento de muchos viajes por motivos vacacionales.

En concreto, los trabajadores de asistencia a tierra llamados a secundar los paros tienen presencia en los aeropuertos “de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao”, explica el sindicato CCOO en una nota informativa.

Los paros estaban previstos que empezaran este viernes, pero finalmente se han pospuesto hasta el lunes.

CCOO ha explicado que convoca estos paros debido “al incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo, así como a la interpretación unilateral de sus artículos que, en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo para la plantilla”.

El sindicato denuncia que la empresa está utilizando una interpretación restrictiva del artículo 96 del convenio para dejar sin efecto lo establecido en el artículo 94, que asegura la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde 2022. “Esta actuación supone, a nuestro juicio, una vulneración clara del espíritu y la letra del acuerdo firmado”, denuncia .

Asimismo, CCOO acusa a la dirección de haber aplicado recortes en las subidas salariales pactadas para determinados grupos profesionales, “lo que constituye un incumplimiento directo del convenio colectivo vigente y genera desigualdades injustificadas dentro de la propia plantilla”.

Paros parciales en tres franjas horarias

En concreto, la huelga comenzará el próximo lunes 30 de marzo con paros parciales en tres franjas horarias: de 5:00 a 07:00, de 11:00 a 17:00 y de 22:00 a 00:00 horas.

Desde la parte sindical, CCOO ha reiterado que la “prioridad sigue siendo la negociación y la búsqueda de soluciones”, pero ha subrayado que no aceptarán “decisiones empresariales que vacíen de contenido los acuerdos colectivos ni que trasladen a las personas trabajadoras el coste de la inflación y de la mala gestión empresarial”.

No pueden más. La Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en todas las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid, según ha comunicado este martes. La protesta comenzará el próximo martes 7 de abril, tras la Semana Santa, y se mantendrá “el tiempo necesario hasta que se produzcan mejoras que permitan garantizar una educación de calidad en el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años)”.

Desde la plataforma explican sus reivindicaciones básicas, que pasan con carácter general por darle a la etapa de facto la consideración educativa que ya tiene sobre el papel –y no meramente asistencial–, pero no acaba de aplicarse, y mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras (el 97% del sector son mujeres).

Para ello, PLEI exige que se mejoren las ratios de alumnos por clase, que están entre las peores de Europa, que se implemente la pareja educativa como recurso de organización pedagógica e incluir la atención temprana en el sistema con “un enfoque preventivo y no meramente diagnóstico”. “La formación continua, las recomendaciones de la Unión Europea y los expertos en neurociencia avalan todo lo que exigimos”, explica la plataforma a través de una nota.

En lo laboral, las trabajadoras de las escuelas infantiles son el colectivo docente más precario del Estado y además es una etapa en la que conviven diferentes figuras laborales y modelos de gestión, desde lo público a lo privado pasando por modelos mixtos, por lo que hay varias realidades aunque cumplan la misma función. Y todas tienen en común unos salarios bajos, cercanos al SMI (las docentes de los centros de gestión directa de las administraciones tienen mejores condiciones). Las profesoras de esta etapa viven instaladas en una especie de huelga intermitente en los últimos años, en los que han sido convocadas a parar en varias ocasiones.

Equiparación salarial

Por ello, PLEI exige la equiparación salarial entre las diferentes figuras –“no se puede vivir con el SMI, y más con la responsabilidad que sostenemos en nuestras manos”– y tipos de trabajadoras –también para el personal de limpieza, cocina y mantenimiento–. “Queremos mejoras reales, que se unifiquen criterios en todas las comunidades y en todos los modelos de gestión. Exigimos un marco normativo estatal que no nos deje a la buena voluntad de cada comunidad autónoma”, sostiene.

El grueso de las reivindicaciones concluye con el espacio de trabajo, otro elemento a mejorar. “Queremos trabajar en escuelas seguras, espacios sin goteras, con una climatización adecuada, donde la calefacción funcione, no haya moho por todas partes y las paredes y techos no se caigan a pedazos. Con patios con sombra o toldos, persianas que funcionen y espacios exteriores pensados para vivir y no solares sin apenas naturaleza que sentir y explorar. Trabajamos con criaturas de 0-3 años, las condiciones donde permanecen la mayor parte del día son vitales para su desarrollo y salud física y emocional”, alegan.

La plataforma, que convoca los paros con el respaldo de CGT, explica que les bastaría con ser escuchadas. “Solo necesitamos que las instituciones políticas nos escuchen y hagan su trabajo, que es responsabilizarse del primer ciclo de educación infantil, creando un marco normativo a nivel estatal que unifique nuestras condiciones y garantice los recursos, tanto materiales como humanos, para poder ofrecer una educación de calidad acorde a las necesidades de estos primeros años de vida, tan importantes para el desarrollo humano. Queremos dejar de ejercer violencia institucional a la infancia por la falta de recursos y medios”, explica la plataforma en una nota.

“Hemos hecho de todo”, argumenta Rosa Marín las razones que llevan a un colectivo ya precarizado a convocar una huelga indefinida. “Parones, huelgas de un día, nos hemos unido con otras etapas para protestar, nos hemos manifestado, hemos ido a las juntas del distrito, nos hemos reunido con los partidos políticos, hemos ido al ministerio (¡y tardamos tres años en que nos recibieran!). Se acabó, es el último cartucho. Si con esto no conseguimos nada tendremos que dejar la profesión, porque no hay diálogo. Todo son buenas palabras de la administración: 'qué injusto, qué duro, qué bien lo estáis haciendo…' Pero no hay ningún compromiso de cambio ni de responsabilidad política. Así que vamos a intentarlo duremos lo que duremos”.

Una etapa en progreso... al menos parcial

Sin obviar lo expuesto, el primer ciclo de educación infantil también ofrece datos positivos. España está entre los diez países europeos con una mayor tasa de escolarización (un 55,8%, según datos del Ministerio de Educación, por encima del objetivo europeo del 45% para 2030) y ha registrado una subida de 20 puntos en una década. La apuesta del Gobierno central y las comunidades autónomas por esta etapa parece estar surtiendo efecto.

Pero ese dato medio, sin contexto, esconde diferencias regionales, no explica el efecto Mateo que se está dando y tampoco habla de los diferentes modelos que tienen las comunidades autónomas: algunas –sobre todo las 12 en las que gobierna el PP– están apostando por la gratuidad para las familias independientemente de en qué escuelas se matriculen los niños, otras por impulsar exclusivamente el sistema público. Los últimos datos del Ministerio de Educación, del curso 2023-24, muestran que el reparto entre las redes es más o menos equilibrado: un 53% acude a un centro público, un 47% a uno privado.

El Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria, en manos de Sonia Díaz de Corcuera, del PNV, ha interpuesto ante la Policía Local una denuncia por varias pintadas efectuadas sobre el monumento de la plaza de la Virgen Blanca con alusiones a las reivindicaciones de la huelga general del pasado martes. “Soldata duinak”, se puede leer en letras rojas en la más grande, que en euskera significa 'Salarios dignos'. Las manifestaciones de la semana pasada tenían como principal exigencia el establecimiento de un salario mínimo propio vasco más alto.

Esa pintada se encuentra justo encima de la leyenda que reza “21 de junio de 1813”, fecha en la que se libró en la capital alavesa la batalla en la que un conglomerado de tropas españolas, británicas y portuguesas —dirigidas por Arthur Wellesley, quien más adelante sería nombrado duque de Wellington— derrotó a las fuerzas napoleónicas de José Bonaparte.

Interpuesta ya la denuncia, el Departamento de Cultura ha contactado con una empresa de limpieza especializada. Todavía no se ha concretado un presupuesto y el Departamento, que habrá de sufragar el arreglo de los desperfectos, queda también a la espera de conocer la disponibilidad de la empresa y de que se solvente la investigación. Se ha pedido la identificación de los autores.

La 'número dos' del Ayuntamiento, Beatriz Artolazabal, ya se pronunció la semana pasada sobre los efectos de la huelga, que habían dejado una Vitoria “totalmente sucia”. La primera teniente de alcaldesa y también concejala de Espacio Público, sostuvo que, si bien la reivindicación era “legítima”, convenía “analizar en qué situación” había quedado la ciudad. “Una cosa es que el piquete vaya a cerrar la tienda dentro de su labor de información, lo puedo respetar. Lo que me parece vandalismo puro y duro es entrar en una tienda, tirar ropa o echar pintura”, añadió.

La obra escultórica, erigida según los planos esbozados por Gabriel Borrás e inaugurada en 1917, recuerda la victoria aliada de 1913, con leyendas que rezan “A la batalla de Vitoria” y “A la independencia de España”. Aunque ha recibido algunos lavados de cara a lo largo del tiempo, requiere de una rehabilitación integral cuyo importe, según se estimó el año pasado, no bajará de los 360.000 euros. En palabras de Díaz de Corcuera, el Ayuntamiento “ha identificado el problema, sabe qué patología tiene el enfermo y a cuánto asciende el coste y ahora toca intervenir”. Pese a ello, y transcurrido más de un año desde aquellas declaraciones, no hay aún fecha fijada en el calendario para el comienzo de las obras.

El monumento se encuentra en la lista roja de Hispania Nostra. “En la actualidad presenta un alto estado de deterioro con múltiples fisuras y desprendimientos. De manera que todo lo que sobresale del relieve como gorros, sables, bayonetas, plumas, espuelas estandartes o símbolos está roto, doblado o desaparecido. En el 2001 se acometió la última intervención importante”, subraya esta asociación dedicada a la defensa y promoción del patrimonio cultural.

La huelga del profesorado catalán llega al cuarto día con la convocatoria en las comarcas de Girona, el Vallès y el Maresme. Desde primera hora, centenares de docentes han cortado temporalmente las carreteras C-58 entre Sant Quirze del Vallès y Sabadell, y la C-32 en Mataró, a la altura de la riera de Argentona.

En Girona, los docentes han sumado fuerzas con los médicos, también en huelga, y con los agricultores, y han cortado durante tres horas la autopista AP-7 a la altura de la localidad de Sant Gregori. Los Mossos d’Esquadra han frenado un primer intento de los tractores de acceder a la autopista y, en un primer momento, solo los manifestantes a pie han cortado la vía. Más tarde, sin embargo, los tractores han buscado otro punto por el que sí han podido acceder.

La acción ha llegado después de que unas 700 personas, acompañadas de una cuarentena de tractores de Revolta Pagesa, se hayan concentrado en Girona, frente al pabellón de Fontajau. Los manifestantes, docentes y agricultores han simulado una clase, con pupitres y una pizarra.

En el Vallès, unos 200 manifestantes se han agrupado en el aparcamiento de un centro comercial de Sant Quirze y desde allí han accedido a la autopista hacia las 7:30 horas, primero con un corte en sentido Barcelona y posteriormente también en la otra dirección. Con silbatos y pancartas han bloqueado el paso a los vehículos al grito de “huelga, huelga”.

En Mataró, minutos antes de las ocho, los manifestantes han cortado el acceso a la ciudad por la C-60 y, una hora más tarde, han accedido a la C-32 y la han cortado en ambos sentidos de la marcha.

Esta es la cuarta jornada de huelga del colectivo esta semana, y este jueves es el turno de los docentes del Vallès, el Maresme y las comarcas de Girona.

En Mataró, los docentes han contado con el apoyo de los Bomberos, que tienen el parque junto al primer corte, y han salido a hacer sonar las sirenas. Unos diez minutos después de las nueve de la mañana han empezado a levantar el corte en la C-32, reabriendo en dirección a Barcelona, y pasadas las 9:15 horas la vía ha quedado reabierta en ambos sentidos.

En Sant Quirze, los docentes han empezado a reabrir hacia las 8:15 horas, cuando han levantado el corte en sentido Barcelona. Poco antes de las nueve de la mañana la autopista ha quedado reabierta en ambos sentidos de la marcha.

Daniel Marcos, docente del Instituto Ferran Casablancas de Sabadell, ha afirmado que lo que quieren es que se les escuche y que el Govern vuelva a sentarse a negociar, después de haber alcanzado un acuerdo “insuficiente” con dos sindicatos “minoritarios”. Ha añadido que CCOO y UGT han “traicionado” la confianza de los docentes y ha lamentado la “poca voluntad” del Departamento de Educación para atender sus necesidades reales. Ha concretado que estas son una bajada de ratios, menos burocracia y un aumento de sueldo.

“Como docentes, el poder que tenemos es parar un poco el país; no somos una actividad productiva, necesitamos generar molestias para que se nos escuche”, ha reivindicado.

En las comarcas de Giromna, la primera de las protestas se ha producido en Salt (Gironès). Hacia las 8:15 de la mañana, una veintena de coches han salido de la zona comercial de Salt en una marcha lenta convocada por los sindicatos con motivo de la huelga. La marcha ha circulado por la C-65 desde el acceso de la AP-7 hasta una de las entradas de Girona, provocando grandes retenciones de tráfico.

Cuatro bicicletas han liderado esta marcha equipadas con pancartas reivindicativas. Justo detrás les seguían los coches, que circulaban a muy baja velocidad. La protesta se ha llevado a cabo coincidiendo con una de las horas punta de entrada a la ciudad en uno de los accesos más críticos. Habitualmente ya se registran numerosas retenciones en este acceso desde la autopista a Salt en dirección a Girona.

Una vez han llegado a la entrada de la ciudad, hacia las 8:45, los manifestantes han decidido regresar al inicio de la marcha y colapsar la carretera hasta el acceso de Girona Sur.

No todos los trabajadores que así lo deseaban han podido salir este martes, 17 de marzo, a las calles vascas durante la huelga general para protestar por un salario mínimo propio de 1.500 euros, superior al vigente en España de 1.221 euros. Como por ejemplo, en el caso de las trabajadoras del hogar internas. Sin embargo, a modo de protesta, muchas de ellas han colgado pañuelos naranjas que representan a su sector en las ventanas de los hogares en los que trabajan, así como fregonas y escobas en los balcones.

“Están con nosotras aunque no estén en las calles. Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas, porque en nuestro sector es donde más se vulneran los derechos. No contamos con convenio y nos han negado el derecho a ese convenio. Nos discriminan por el hecho de ser migrantes, nos racializan y somos maltratadas en los domicilios en los que trabajamos. Inspección de Trabajo no hace nada para vigilar cómo son nuestras condiciones dentro de las casas. A muchas compañeras no les pagan los salarios porque están en situación irregular. Se nos pagan lo que quieren, sin pagas extra, vacaciones o descanso. Por eso nos unimos a esta huelga, porque queremos reivindicar nuestros derechos. Protestamos por salarios dignos para nosotras y para quienes no pueden parar”, explica Yolanda, quien lleva seis años trabajando en Euskadi como trabajadora del hogar, dos de ellos como interna.

Junto a ella un grupo de trabajadoras del hogar porta pañuelos naranjas y carteles morados con forma de mujer en los que se lee la realidad de cada una. “Soy Luz Míriam, de Colombia. Soy interna desde hace ocho años”, “Soy Edurne, de Bilbao. Trabajo dentro y fuera de casa sin tiempo y sin descanso”, “Amaia naiz, soy amama y no tengo jubilación” o “Soy Teodocia, cuidadora de Alzheimer y exijo mi derecho a paro”. “Nuestra realidad es que muchas de nosotras hemos trabajado durante años sin contrato. En mi caso tengo contrato solo desde hace cinco años y de media jornada porque la familia ha decidido así. Eso ha hecho que prácticamente no vaya a tener una jubilación. Ya no protesto para mí, sino para las que vengan, para que ganen lo que es justo por su trabajo”, reconoce Maritza, que a sus 66 años cuenta con más de tres décadas como trabajadora del hogar a sus espaldas.

Muchas tienen miedo, están en situación irregular o no se lo pueden permitir. Son la mayoría. Pero las que aquí estamos gritamos por todas

Yolanda — Trabajadora del hogar

Entre las miles de personas que han recorrido las calles del centro de Bilbao se mezclan realidades completamente distintas, pero con una precariedad parecida. Los trabajadores de artes gráficas de Bizkaia siguen de cerca a las trabajadoras del hogar. En su caso, tras una pancarta en la que se lee “¡Convenio digno ya!”, han exigido la renovación de su convenio que data de 2012 y han informado de que comenzarán once jornadas de huelga para lograrlo. “En los últimos años, estamos intentando lograr un convenio digno. En 2024 hicimos doce días de huelga, pero no conseguimos mover a la patronal. Nos dimos un año para evaluar las negociaciones, pero al ver que no había avances, a final de año decidimos volver a activar las huelgas. En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga que vamos a llevar a cabo en las artes gráficas de Bizkaia. Desde aquí hasta semana santa”, detalla a este periódico Mikel Etxebarria, uno de los casi 2.000 trabajadores que trabajan en rotativas, imprentas, cartonaje, papel o copisterías de Bizkaia.

En este sector hay salarios bastante por debajo de los 21.000 euros, con lo cual hemos planteado empezar hoy el primero de los 11 días de huelga

Mikel Etxebarria — Trabajador del sector de artes gráficas

Los trabajadores del Puerto de Bilbao, cada uno desde su trinchera, se han unido también este martes para recorrer el centro de la ciudad tras una pancarta en la que se lee “Portuko langileak lan baldintza duinen alde. Los trabajadores del Puerto, a favor de condiciones de trabajo dignas”. “Aprovechamos esta reivindicación de un salario justo para Euskal Herria para también manifestarnos por la precarización a la que nos quieren someter las multinacionales que hay en el Puerto de Bilbao, donde hay varios conflictos laborales, como en amarradores, un servicio de atraque y desatraque de barcos, limpieza, contenedores o en estibadores, donde hay problemas con la renovación de los convenios y otras empresas. Por el momento tenemos trabajos dignos, pero tememos que las multinacionales precaricen nuestro salario a través de la deslocalización del trabajo”, reconoce Pello de Vega, que lleva cerca de 20 años trabajando en el Puerto.

Por su parte, también en la manifestación, decenas de trabajadoras del sector de Intervención Social han exigido la publificación de sus servicios, que están siendo subcontratados. “Nuestro sector está en lucha porque somos trabajadoras públicas privatizadas en un modelo de subcontratación en el que muchas compañeras no alcanzamos el salario mínimo interprofesional que en el día de hoy se está reivindicando, es un sector feminizado, muy conectado con el trabajo de cuidados. Nuestro sector trabaja con sectores de población más vulnerabilizada y es especialmente sensible a la situación creciente internacional de desigualdad e injusticia social. Defendemos que un salario digno es imprescindible para alcanzar el objetivo de una vida digna para todas las personas y desde una perspectiva feminista, antirracista, anticapitalista, antimilitarista y decolonial. No al gasto militar y más gasto social”, asegura Cristina, una de las trabajadoras a elDiario.es/Euskadi.

Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro

Adriana — Profesora de Secundaria

La huelga no solo ha movilizado a trabajadores. Estudiantes de distintas edades también han salido a la calle preocupados por su futuro laboral. Es el caso de Elisa, Asier, Maider y Ander, estudiantes de Química de 21 años, que han acudido a la manifestación con Adriana, profesora de Secundaria de 28 años. La cuadrilla porta una pancarta que, por un lado, lleva el mensaje “Trabajar para vivir, no para sobrevivir” y, por el otro, “Queremos aumentos, no cuentos”. Por el momento todos viven con sus padres y madres, ninguno de ellos ha conseguido independizarse, si siquiera Adriana, pese a contar con un trabajo en un colegio. “Vivimos en casa todavía. En mi caso, aunque trabaje no me puedo ir a vivir con mi novio porque entre los dos sueldos no nos da para comprar una casa y los alquileres están por las nubes. El futuro se ve bastante oscuro, pero tenemos esperanza. Estamos en la calle para que los precios bajen y los salarios suban, sobre todo para los estudiantes que son el futuro”, ha argumentado la profesora.

Estos son algunas de las historias de las más de 100.000 personas que han salido a la calle en las distintas movilizaciones convocadas en Euskadi y Navarra. “Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, sin embargo, dos de los sindicatos han optado por no movilizarse: CCOO y UGT.

El colectivo de estibadores del puerto de Avilés ha decidido este martes iniciar una huelga indefinida a partir de mañana, con paros alternos de una hora durante todas las jornadas, tras fracasar la reunión celebrada en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), donde no se ha presentado ninguna de las empresas convocadas.

Los trabajadores de la estiba local están en huelga desde el pasado 15 de febrero para evitar la disolución del Centro Portuario de Empleo (CPE) que ven como garante del mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales.

La controvertida subrogación

Las empresas que forman parte del CPE mantienen su postura de disolver la entidad y proceder a una subrogación del personal, que la parte social rechaza por entender que no garantiza el suficiente volumen de trabajo, con el consiguiente peligro de despidos.

De los 41 estibadores, hay 28 personas que no se han apuntado a la subrogación en alguna de las empresas inscritas en el CPE, cuya supresión es el origen de la protesta.

La convocatoria de huelga

La huelga busca exigir el fin del proceso de disolución del CPE por entender que ese modelo de trabajo es la mejor defensa de la continuidad del volumen de empleo.

El portavoz del colectivo, Manual Pravia, ha declarado que el mejor modelo de trabajo es el CPE y los trabajadores seguirán luchando por su mantenimiento hasta el final “porque es lo que garantiza los puestos de trabajo”.

La mediación

Además, los estibadores han pedido la intermediación el presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, en el conflicto, tal como hará mañana, miércoles, el Grupo de IU en la Junta General.

En paralelo, ha tenido lugar una concentración frente a la sede de la Autoridad Portuaria coincidiendo con una reunión del consejo de administración, al que han pedido que se involucre en el conflicto laboral. 

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, no encuentra responsabilidades de su departamento en las huelgas que están afectando a la sanidad pública en Galicia. En la que demanda medidas específicas al Servizo Galego de Saúde (Sergas) y que ha provocado la suspensión de decenas de miles de consultas de atención primaria en este mes de marzo considera que la culpa es de los sindicatos convocantes (O'Mega, desde que empezó marzo, y la CIG, que convocó una protesta el día 12), a los que acusa de no querer buscar una solución realmente. Y en el conflicto entre sindicatos médicos y Ministerio de Sanidad por el estatuto marco lo que ve es “falta de sensibilidad” de la ministra, Mónica García, “para reunirse y buscar un acuerdo lo antes posible”.

Gómez Caamaño no ve contradicción entre reclamarle voluntad de diálogo a la ministra y haber eludido él mismo reuniones con O'Mega, que ha acusado a la Consellería de Sanidade de prepotencia y de no estar estableciendo una negociación “seria”. El conselleiro defiende que su departamento está negociando con cinco sindicatos la reforma de la atención primaria y que su voluntad de diálogo “es plena desde el principio”. Pero, asegura, “otra cosa es que CIG y O'Mega no quieren hablar para solucionar el problema”.

El bloqueo de las conversaciones con O'Mega ha provocado que las protestas hayan escalado y, a los paros en atención primaria, se hayan sumado profesionales de los hospitales que se niegan a hacer las llamadas peonadas -horas extra que se pagan a los médicos por atender por las tardes a pacientes en lista de espera-. Todo esto en un contexto en el que los datos de las demoras para una operación, una consulta especializada o una prueba diagnóstica han empeorado en 2025.

La semana pasada, cuando presentó los datos, Gómez Caamaño atribuyó los malos datos a las huelgas por el estatuto marco del finales de año, pero sin hacer mención a que ni a que la sanidad pública gallega sigue alejada de los tiempos previos a la pandemia ni a que hay también paros que reclaman medidas de la Xunta, no del Gobierno central. Este lunes, el conselleiro pidió “responsabilidad” a Mónica García y acusó a su ministerio de haber pasado de un modelo de “yo invito a cenar y tú pagas a uno de yo hago el daño y tú lo sufres”.

Gómez Caamaño compareció junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para informar de que queda abierto el trámite de consulta pública para elaborar el anteproyecto de ley de transformación digital del Sergas, que pretende dar respuesta a la introducción de las nuevas tecnologías -en 2025 la inteligencia artificial ya analizó un millón de imágenes en la sanidad pública gallega-.

Los médicos y facultativos de Aragón han reafirmado su apoyo a la huelga nacional y autonómica convocada para exigir condiciones de trabajo dignas y garantizar el futuro y la calidad de la Sanidad pública. Según los sindicatos, más del 80% de los profesionales de hospitales y del 50% en Atención Primaria se han sumado a los cinco días de paro, motivados por lo que califican como “desprecio y silencio” por parte del Ministerio de Sanidad y del Gobierno de Aragón. Los datos, al igual que en la convocatoria del mes pasado, distan mucho de los aportados por el Departamento de Sanidad, que ha comunicado que el seguimiento ha sido del 14,23% en jornada de mañana.

Los sindicatos han advertido que se plantean “una huelga indefinida, así como abandonar todo tipo de actividad voluntaria extraordinaria, que es lo que permite avanzar en la gestión de las listas de espera”. Desde junio de 2025, esta es ya la quinta movilización nacional para reclamar un Estatuto Marco propio y la tercera a nivel autonómico por mejoras laborales y retributivas.

Los Sindicatos Médicos de Aragón (CESM Aragón y FASAMET) han denunciado que, pese a que “el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Sanidad nos ignoran sistemáticamente y no nos han llamado a negociar”, los porcentajes de seguimiento se han mantenido en todas las convocatorias. Ante la “falta de avances”, los sindicatos advierten que podrían reforzar las medidas de presión, “replanteando el formato de una semana de huelga al mes y posiblemente llegar a la huelga continua”.

“Los médicos y facultativos no podemos seguir sosteniendo con nuestro esfuerzo la debacle de la Sanidad”, ha señalado el Comité de Huelga, que ha reiterado su disposición a reunirse con responsables políticos “porque lo que reclamamos es poder realizar nuestro trabajo como se debe hacer, garantizando una asistencia de calidad para los pacientes”.

Una huelga nacional y autonómica

Los sindicatos han subrayado el doble carácter de la huelga, que combina la convocatoria nacional contra el Estatuto Marco con reivindicaciones de competencia autonómica. Respecto al Estatuto, los médicos aragoneses reclaman uno propio, ya que el texto en trámite parlamentario impone condiciones que no tienen otros trabajadores, como jornadas de hasta 45 horas semanales con guardias obligatorias, “que además se retribuyen a un tercio de las ordinarias y sin descansos garantizados”. Los profesionales califican la norma de “injusta para los profesionales y peligrosa para los pacientes”.

A nivel autonómico, los médicos demandan mejoras en condiciones laborales y retributivas, señalando que son inferiores a las de otras comunidades en aspectos como el precio de la hora de guardia, las pagas extras o la carrera profesional. Insisten en que, sin estas mejoras, es imposible atraer la plantilla necesaria para atender adecuadamente a la población. También reclaman el cumplimiento de los acuerdos de Atención Primaria de 2023 y 2025, incluyendo destinar en 2026 el 25% del gasto sanitario a este nivel asistencial y garantizar consultas de apoyo en todos los centros de salud para ofrecer citas en menos de 72 horas.

Los sindicatos han insistido a los ciudadanos que la huelga se ha convocado como “último recurso” y han animado a participar en la manifestación prevista el viernes 20 a las 18:00, desde el Gobierno de Aragón hasta la Delegación del Gobierno en Aragón. Además, los paros continuarán hasta la medianoche del viernes y se celebrarán concentraciones de cinco minutos todos los días a las 12:00 frente a hospitales y centros de salud.

Según los datos facilitados por el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, el seguimiento de la huelga médica este lunes 16 de marzo de 2026 ha sido del 14,23% en la jornada de mañana. De los 3.970 profesionales del Servicio Aragonés de Salud, 565 se han sumado al paro. Por provincias, el seguimiento ha sido desigual: en Huesca, 25 de 585 efectivos hicieron huelga (4,27%); en Teruel, 36 de 337 (10,68%); y en Zaragoza, 504 de 3.048 (16,54%).