Los sindicatos UGT, CGT, SIPA, ATP y UTIL –todos a excepción de CCOO– han acordado este martes iniciar los trámites para convocar una huelga indefinida en Airbus a partir del 24 de agosto, tras rechazar el preacuerdo pactado con CCOO por parte de la dirección, han confirmado a EFE fuentes sindicales.

Estas fuentes han explicado que la huelga iniciada el pasado 1 de julio seguirá hasta final de mes y que será el 24 de agosto -ya que las tres primeras semanas de agosto los centros de producción estarán cerrados por vacaciones- cuando se reinicie esta huelga de modo indefinido, informa EFE.

Airbus España había dado este lunes un plazo de 24 horas a los sindicatos para que valoraran el preacuerdo alcanzado el pasado viernes por la dirección de la compañía con CCOO, que incluía una revisión salarial global del 12% durante la vigencia del acuerdo.

Por el momento, la huelga no está convocada, aunque sí que esperan iniciar los trámites en los próximos días ante la falta de mejoras por parte de la dirección de la compañía, en la que participarían UGT, CGT, el Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos (SIPA), la Asociación de Técnicos y Profesionales del Sector Aeroespacial (ATP), y la Unión de Trabajadores Independientes y Libres (UTIL).

Según estas fuentes, además de este preacuerdo, la propuesta incluía una mejora en el ámbito del teletrabajo. No obstante, todos estos sindicatos han declinado la opción en una Asamblea celebrada este martes.

CCOO someterá el preacuerdo con la dirección a la plantilla este jueves, aunque las fuentes consultadas de otros sindicatos ajenos a Comisiones Obreras consideran que no conseguirá un acuerdo mayoritario, ya que, aunque son el sindicato mayoritario, suponen el 35% del total de los trabajadores.

Este preacuerdo garantiza una subida salarial del 5% en enero de 2026 y otro 5% en abril de 2027, además del mantenimiento del teletrabajo.

Asimismo, incorpora una Revisión Salarial Individual (RSI) del 0,5% y un 0,5% para promociones en cada uno de esos ejercicios, además de una cláusula de revisión vinculada al IPC, según apuntó el sindicato en un comunicado al hacer público el preacuerdo.

En 2027, la fábrica de cable para telefonía Standard Eléctrica cumpliría cien años en Maliaño. La Standard, inaugurada por el rey Alfonso XIII, fue la segunda industria en un municipio de fuerte arraigo industrial -la primera fue la Cros, de fertilizantes, que da nombre a un parque emblemático local-, hasta que la compró Alcatel. Tiene tal peso simbólico que el Ayuntamiento (PP) planteó este año ponerle Standard Eléctrica, a una calle con nombre de exalcalde franquista, aunque finalmente pasó a llamarse con otro nombre.

En la misma ubicación donde estuvo esa fábrica, siempre ha habido industria de cableado de algún tipo: Alcatel, Nexans, Draka y, desde hace quince años, la fábrica de cable para fibra óptica de la multinacional Prysmian. Es con Prysmian con la que la mayor parte de la plantilla está enfrentada por la negociación de un convenio colectivo que ha llevado a once jornadas de huelga, medio año después de ocho despidos individuales, en una fábrica de 142 empleados.

“Después de los despidos, que te vengan con esta congelación tan tremenda, pues no: se lo hemos dicho muchas veces, ya hicimos un esfuerzo tremendo con el anterior convenio”, advierte Ismael Vega, presidente del comité de empresa de Prysmian. En el anterior convenio, acordaron recuperar un punto de IPC por cada año del siguiente convenio, el actual, para compensar la pérdida de poder adquisitivo en periodo de inflación. Pero, hubo un ERTE, que se prolongó durante dos años, por lo que el “desfase” salarial entre los que cobran más y los que cobran menos, se volvió más notorio.

En los dos meses de huelgas, mientras se han sucedido las negociaciones de mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla), ha habido avances en la negociación del convenio: el comité de empresa ha acordado con Prysmian incrementos salariales. Por un lado, un mínimo garantizado del 2% y un tope máximo del 3% sobre el IPC para 2026 y un mínimo del 2,5% y un máximo del 3,5%, para 2027.

2025 por resolver

El punto de fricción es 2025: Prysmian ha mantenido, por ahora, una congelación salarial, para una plantilla cuyo sueldo se compone de dos tablas (salario base e incentivo global), en la que los pluses se calculan exclusivamente sobre la primera.

“El desacuerdo es más de concepto, que económico”, dice el presidente del comité de empresa. “Cuando hace muchos años se estableció que una hora de turnicidad equivaldría al 15% de una hora de la tabla de salario base y la nocturnidad un 50%, había poca diferencia entre categorías. Con el paso de los años y de los aumentos de IPC esa diferencia ha crecido mucho”, cuestiona.

La plantilla suma 142 empleados ahora mismo. Se divide entre trabajadores de producción (113), que son los que hacen turnos y noches, y empleados (28), pero la mayoría de la plantilla de producción está en las categorías salariales mas bajas. Para contrarrestar la situación, y aún reconociendo que el salario es “decente”, el comité ha propuesto igualar los pluses de turnicidad y nocturnidad -asociados a un porcentaje del salario base-. “Lo normal sería que todos cobremos lo mismo, para que al menos las categorías más bajas recuperen la mayor parte posible; entendemos que es justo igualar los pluses, pero la empresa parece ser que está más interesada en mantener esas diferencias, que en ser equitativa por un coste asumible para una multinacional”, cuestiona el presidente del comité.

La mayor parte de la fábrica está en conflicto con Prysmian, pero las huelgas las secundan los 113 empleados de producción. Los 28 empleados de oficinas no forman parte de una movilización, que tomó consistencia tras los ocho despidos de 2025, después de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de dos años.

ElDiario.es ha tratado de contactar con trabajadores de Prysmian, tanto de producción, como empleados, pero no ha sido posible. Solo Jose Salmón, que también es concejal socialista en el ayuntamiento de Camargo, ha accedido. Como empleado de producción y tras pasar por Nexan, Draka y Prysmian, coincide con el presidente del comité en que las negociaciones con Prysmian están siendo complejas: “Son intransigentes y menos negociadores” que las compañías previas. “Normalmente en una mesa negociadora el IPC es como una línea roja. Esta empresa nos debe cinco puntos de IPCs anteriores y está especulando siempre con nuestro dinero en modo de acciones o diciendo que lo paga el año que viene”, afirma.

Los despidos “como preludio”

“El ERTE ha terminado siendo el preludio de despidos. Cuando la empresa decidió de finalizarlo, de una forma unilateral, pues unos días después despide a 8 trabajadores, algunos con más de 30 años de antigüedad”. Así se dirigió en una interpelación en el pleno del Parlamento de Cantabria una diputada socialista al consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP), en diciembre de 2025, días después de una huelga secundada al 100% como respuesta a los despidos.

Arasti respondió que su consejería estaba en comunicación con Prysmian y con el comité, pero frente a otros casos recientes en los que el consejero de Industria ha informado con comunicados de su voluntad de ejercer de interlocutor -y ha ejercido en algunos casos, como Solvay y Nestlé-, en el conflicto de Prysmian, ha tenido un perfil bajo, sin comunicados públicos.

El comité defiende que los ocho despidos unieron más a la plantilla, que fueron clave para entender por qué resisten 11 jornadas de huelga. “Es una inversión a futuro, al final de este convenio, es decir, en diciembre del año que viene, ya habríamos recuperado el dinero”, sintetiza Ismael Vega. “También queremos dejar un precedente de que no nos venimos abajo, porque es el primer conflicto grande que tenemos con Prysmian”.

El Ayuntamiento de Camargo, que aglutina a varios municipios, entre ellos, el de Maliaño, donde está la fábrica Prysmian, respaldó a los trabajadores de Prysmian en el pleno municipal de mayo, entendiendo que se trata de una negociación que corresponde a empresa y trabajadores, desde el Ayuntamiento existe un objetivo claro, que es “garantizar el mejor futuro posible para los trabajadores y para la continuidad del proyecto industrial”.

Para Javier Salmón, el trabajador de Prysmian y concejal, el departamento de producción es “la fuerza de la fábrica, los que hacemos los cables y los que hemos sufrido los despidos. Por eso la gente dice: ”¿Qué es esta desigualdad que existe aquí?“.

La negociación en Prysmian, advierte Salmón, “tiene muchos simbolismo para Maliaño”, al final de la antigua Standard Eléctrica ha sido como el motor“ económico histórico del municipio.

En su opinión, la clave para entender cómo la plantilla ha aguantado económicamente 11 jornadas de huelga es el efecto del pasado reciente: “Después de los últimos ocho despidos el año pasado, sin avisar al comité, yo creo que la gente ha quitado el miedo y ha dicho: ”Bueno, ¿qué más da? Si me van a echar, pues vamos a pelear por algo digno“. Ahí está la fuerza que se tiene ahora”.

La reunión en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) entre la dirección de Prysmian y el comité de empresa ha concluido sin acuerdo al no presentar la empresa ninguna mejora sobre la última oferta trasladada a la representación sindical, por lo que se mantiene la jornada de huelga convocada para este miércoles, 8 de julio.

La representación sindical ha lamentado que la compañía “haya desaprovechado una nueva oportunidad” para desbloquear la negociación del convenio colectivo, especialmente porque ambas partes ya están de acuerdo en los incrementos salariales para 2026 y 2027, y sólo hay discrepancias en 2025, según el comité.

“Hemos vuelto a poner sobre la mesa una propuesta que creemos que es la más equilibrada y beneficiosa para la mayoría de la plantilla, que es renunciar a la actualización salarial vinculada al IPC a cambio de igualar los pluses de turnicidad y nocturnidad de todos los trabajadores de producción”, ha indicado el comité, que ha recordado que la plantilla se opuso a la última, en una proporción de dos cada tres trabajadores, si bien la actual es 0,5 puntos superior a la de hace una semana.

El comité de empresa ha subrayado que con esta propuesta pretenden igualar esos pluses para toda la plantilla, es decir, que el mayor porcentaje de ese incremento se dirija al grupo más amplio de trabajadores que menos cobran. Concretamente equivaldría a un 80% del 2,9%, que es el IPC del 2025 y, después, a mayor categoría salarial menor incremento, ha explicado.

“Sería más justo y también más económico para la empresa porque el gasto total sería equivalente a un incremento del 1,3% para toda la plantilla. En realidad nos separan poco más de 5.000 euros brutos al mes en una compañía con un beneficio récord en 2025 de 1.270 millones de euros netos. Resulta difícil de entender que una cantidad tan reducida siga impidiendo alcanzar un acuerdo”, ha apuntado el presidente del comité, Ismael Vega.

Por ello, la convocatoria de huelga del miércoles se mantiene en pie a pesar de que la dirección de Prysmian haya vuelto a condicionar la continuidad de la negociación a la desconvocatoria de las movilizaciones.

Huelga indefinida en la recogida de bioresiduos en La Rioja a partir del 17 de julio. Así se acordó en la asamblea del pasado 3 de julio ante la falta de interés de la empresa, “Valoriza Servicios Medioambientales, a negociar un convenio colectivo con unos incrementos salariales y condiciones laborales dignas”, informan desde CCOO La Rioja.

De hecho, mañana martes 7 de julio, se realizará el correspondiente registro de la convocatoria de huelga ante la Dirección General de Empleo, Diálogo Social y Relaciones Laborales del Gobierno de La Rioja y en la Delegación del Gobierno en La Rioja. Y es que, tal y como relatan desde la formación sindical, “a día de hoy, los trabajadores no tienen registrado ningún convenio en la oficina de registro de convenios y la empresa ha comunicado al representante y a CCOO La Rioja la existencia de un convenio que se firmó con el anterior delegado, pero que no se registró”. Y tras revisar este convenio, desde el sindicato denuncian que “los salarios están por debajo del SMI y los incrementos previstos son totalmente insuficientes en relación con el nivel de vida actual”.

CCOO La Rioja ha planteado a la empresa una revisión de los salarios para este año 2026 “y llegar así al Salario Mínimo Interprofesional, además de un incremento para los dos próximos años (2027 y 2028) de un uno por ciento más de lo ofrecido por la empresa y 350 euros por cada año más de lo que propone la empresa en la paga”.

Estas son las reivindicaciones planteadas por la formación sindical que exige “a la empresa un acuerdo para la firma del convenio con unos incrementos acordes a la situación actual existente”.

La plantilla de Airbus ha iniciado movilizaciones esta semana, con una huelga convocada para todo el mes de julio por el sindicato SIPA, por el descontento respecto a varias “decisiones unilaterales” de la multinacional. Entre ellas, la subida salarial de 2026 y 2027 y, hace unas semanas, se comunicó a los trabajadores la reducción de un día de teletrabajo, en un momento de beneficios récords de Airbus.

“El teletrabajo ha colmado el vaso”, dice Israel Paredes, presidente del comité de empresa de Airbus Defence and Space y representante de SIPA (Sindicato Independiente de Profesionales Aeronáuticos), segunda organización con más representación dentro de la multinacional, tras CCOO.

El también líder sindical del centro de trabajo de Airbus en Getafe explica que, hace un par de semanas, el CEO a nivel internacional comunicó que a partir de septiembre la plantilla tiene la obligación de acudir de manera presencial “cuatro días”, lo que supone eliminar un día de teletrabajo de los dos vigentes en estos momentos.

Esta medida se sumaba a otras de carácter unilateral por parte de Airbus, critican en SIPA, como la fijación del aumento salarial para 2026 y 2027 (“del 3% y 2%, respectivamente”), tras meses de negociaciones con la parte sindical en las que no se ha llegado a un acuerdo

“También hubo una imposición, del disfrute de tres semanas de vacaciones en agosto”, añade Israel Paredes, que si bien está contemplado como una posibilidad en el convenio colectivo, “tradicionalmente a lo largo de los años las vacaciones se pactaban entre trabajador y manager”.

Huelga convocada hasta el 31 de julio

Por estos motivos, SIPA ha convocado una huelga en todos los turnos durante todo el mes de julio para tratar de forzar a Airbus a negociar estas condiciones laborales. Aunque es el único sindicato convocante, UGT lanzó un comunicado para apoyar el fondo de las protestas, pero pidió canalizar las movilizaciones en acciones en las que haya unidad sindical.

Los paros arrancaron el pasado miércoles, con un “gran seguimiento”, dice Israel Paredes. “Calculamos que del 70%, pero la empresa no nos da cifras”, explica a elDiario.es. Este medio ha intentado contactar con Airbus, pero no ha tenido respuesta hasta el momento de publicación de esta información.

Por su parte, el responsable de UGT FICA en Airbus, Juan Antonio Vázquez, denunció hace unos días a la Agencia EFE el “fuerte contraste” entre la buena situación económica de la compañía y el retroceso de las condiciones laborales y salariales de la plantilla. Airbus tuvo el pasado año unos beneficios récord de 5.221 millones de euros, un 23% más que en 2024.

“Mientras en España se apuesta por incrementos salariales, aquí no, y en una situación de la compañía inmejorable no se justifican pérdidas de derechos adquiridos ni de poder adquisitivo en 2024, 2025 y también en 2026, año en el que todavía no se ha negociado el incremento salarial”, señaló.

Vázquez recordó que el convenio colectivo se encuentra en su tercer año de vigencia y calificó la situación de “sin precedentes”. UGT pide dar “mayor participación” a los trabajadores durante el conflicto, tanto en el análisis y debate de la situación como en la decisión de las medidas a adoptar, los objetivos de la negociación y la eventual aceptación de un acuerdo.

Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, han anunciado este martes una importante iniciativa para fortalecer la lucha por un aumento de los salarios y mejoras en los convenios colectivos. Las centrales lanzarán este año un “fondo de solidaridad” con cuatro millones de euros –en realidad dos fondos paralelos de dos millones cada uno – que compense los salarios de sus afiliados durante los procesos de huelga.

Los líderes de ambos sindicatos, Unai Sordo (CCOO) y Pepe Álvarez (UGT), han presentado la iniciativa “experimental” en una rueda de prensa. El fondo se pondrá en marcha de momento por dos años, en 2026 y 2027, con cuatro millones al año, que saldrán de las cuotas que pagan el conjunto de afiliados y afiliadas a ambas organizaciones.

Los “fondos de solidaridad” garantizarán “al menos el salario mínimo” interprofesional (SMI) a los trabajadores y trabajadoras en huelga afiliados a sus sindicatos en aquellos conflictos por el aumento de salarios o por la mejora de convenios colectivos que logren la aprobación de las comisiones internas de sus organizaciones.

Aunque se tratará de dos fondos paralelos, estos funcionarán con cierta “coordinación”, han explicado Sordo y Álvarez, que han situado la iniciativa como una muestra de “unidad sindical” y no una herramienta para competir entre ambas organizaciones de trabajadores.

Pepe Álvarez ha explicado que este tipo de iniciativas abunda en otros países europeos, como Alemania, Bélgica y Francia, donde la afiliación a los sindicatos marca una mayor protección de los trabajadores. En cualquier caso, el líder de UGT ha recordado que los sindicatos sufragan con las cuotas de sus afiliados decisiones y medidas que repercuten en el conjunto de empleados en España, como las mejoras de convenios y la negociación de planes de igualdad en muchas compañías.

Fortalecer a los trabajadores para dar la batalla salarial

Los dirigentes sindicales han subrayado que el objetivo es “reforzar la posición de la clase trabajadora en los convenios colectivos” y en las pugnas para subir los salarios. “Es una medida ambiciosa. No busca la huelga por la huelga, pero sí dar poder de negociación a los sindicalistas que se las ven canutas para sacar adelante convenios colectivos”, ha afirmado Unai Sordo.

Álvarez y Sordo han recordado que siguen insistiendo a la patronal para que negocie un gran acuerdo de negociación colectiva (AENC), con un marco acordado para las subidas salariales de los próximos años. Esta negociación está bloqueada de momento por el lado empresarial, ante lo que CCOO y UGT han advertido de que no se van a quedar “con los brazos cruzados”, impulsando movilizaciones y huelgas allí donde sea necesario.

Ultimátum al Gobierno con el registro horario: 31 de julio

Además, los líderes de CCOO y UGT han dado un ultimátum al Gobierno para que apruebe el registro horario pactado con los sindicatos “antes del 31 de julio”. “Ya vale de estar mareando la pelotita, ya vale de juego de trileros”, ha afirmado Unai Sordo, que ha afirmado que de lo contrario los sindicatos no participarán en más acuerdos con el Ejecutivo.

En la misma línea, Pepe Álvarez ha insistido al Gobierno en que cumpla sus compromisos, con la aprobación del refuerzo del registro horario antes de que termine julio, pero también con la reforma de la compensación de pluses para que no absorban los aumentos del salario mínimo.

Renfe ha comunicado que el servicio opera “con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria” este lunes, sin apenas cancelaciones, durante la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario en el Grupo Renfe, minoritario dentro de la representación de la plantilla.

“La huelga ha registrado un seguimiento de 1,83% por parte de los trabajadores del Grupo Renfe y el servicio se ha operando con normalidad en la mayor parte de la red ferroviaria”, indica la empresa. “Los paros convocados están teniendo un seguimiento y un impacto muy reducido, con una participación del 0% de la plantilla del Grupo Renfe (Renfe Operadora, Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Ingeniería y Mantenimiento, Renfe Alquiler Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales) en el turno de noche, del 1,59% en el de mañana y del 2,49% en el de tarde, matiza.

En un comunicado enviado este lunes, el servicio de trenes comerciales –AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity– se ha prestado “con normalidad” durante la jornada. “Del total de las circulaciones programadas para el día de hoy, solo se han suprimido cuatro trenes, pero todos sus viajeros han sido reubicados en servicios posteriores en trenes en doble composición”, apunta la empresa.

 “En cuanto a trenes de Servicio Público –Cercanías, Rodalies y Media Distancia–, los servicios afectados por la huelga hasta las 17:30 horas han sido del 4,5% en el turno de mañana y del 5,1% en el de tarde. Respecto a los dos principales núcleos de Cercanías, el seguimiento en el de Madrid ha sido del 0%, mientras que en Rodalies la huelga ha afectado al 5,2% de los servicios de tarde.

La empresa también desglosa que, por sociedades del Grupo Renfe, el seguimiento de la huelga en Renfe Viajeros en los tres turnos ha sido del 1,65%; en Renfe Ingeniería y Mantenimiento, del 3,16% y en Renfe Mercancías, un 0,18%. “En el resto de sociedades (Renfe Operadora, Renfe Alquiler Material Ferroviario y Renfe Proyectos Internacionales), el seguimiento ha sido del 0%”, matiza.

Sin cancelaciones por el “reducido” seguimiento

Los servicios mínimos establecidos por el ministerio de Transporte Transportes garantizaban el 73% de los trenes de alta velocidad y larga distancia y un 65% de los trenes de media distancia, según recoge Europa Press.

Mientras que en el caso de los cercanías de Madrid, Asturias, Cantabria, Galicia, Castilla y León, Sevilla, Cádiz, Málaga, Valencia, Murcia y Zaragoza se establecían servicios mínimos en el 75% en las horas punta y en el 50% el resto de horarios.

Estos porcentajes se traducen en que, según la resolución de dichos servicios mínimos, de los 642 trenes de media distancia programados para este lunes debían circular 420 como parte de estos servicios mínimos; mientras que en el caso de alta velocidad/larga distancia debían hacerlo 262 trenes.

Estas cifras establecían, por tanto, que los posibles trenes afectados ascendían a un total de 320 trenes en la jornada de este lunes, informa la agencia EFE.

El “reducido” seguimiento de la huelga, según fuentes de Renfe, ha hecho que, hasta el momento, no se hayan producido cancelaciones de estos trenes que no estaban dentro de los servicios mínimos.

Renfe destaca en un comunicado que no ha cancelado ningún servicio, sino que un porcentaje muy reducido de los que quedaban fuera de los mínimos decretados por el Ministerio se han visto afectados por la huelga.

Renfe apunta que continuará ampliando la información en las próximas horas, con datos correspondientes a turnos adicionales de trabajo y a la evolución de las circulaciones en los servicios públicos (Cercanías, Rodalies y Media Distancia) y servicios comerciales.

Hay otro día de huelga convocada: el 15 de julio

El Sindicato Ferroviario convocó una huelga de 24 horas en Renfe los días 29 de junio y 15 de julio, coincidiendo con las operaciones salida de las vacaciones de verano, debido a que considera que existe un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 y el “abandono premeditado” del servicio de Mercancías.

El sindicato apuntaba en dicho comunicado que “el abandono premeditado del servicio de Mercancías de la última empresa pública de transportes de Mercancías, y las pretensiones de regalarlo a la empresa Medway, perteneciente a la multinacional MSC, está teniendo graves consecuencias sobre la plantilla del Grupo Renfe”.

Críticas de Sindicato Ferroviario

Sindicato Ferroviario critica que la dirección del Grupo Renfe “ha adoptado desde primera hora una actitud beligerante contra el derecho de huelga, no dudando en actuar de manera ilegal para impedir el libre ejercicio” de este derecho.

A través de un comunicado, asegura que “durante esta mañana han estado entregándose cartas de servicios mínimos fuera de plazo, se han entregado centenares de cartas de servicios mínimos imponiendo la circulación de trenes que no se encuentran determinados como servicios esenciales, poniendo en circulación trenes que no son esenciales, presionando a compañeras y compañeros para que no ejerzan su derecho de huelga, sustituyendo personas trabajadoras en huelga, y poniendo en circulación trenes suprimidos en doble composición con otros determinados como esenciales, y no coordinando los turnos de servicios mínimos para que coincida con el servicio normal de mañana, obligando a la gente a elegir entre no hacer la huelga o irse por sus medios a destino para sacar el tren de mañana”.

“Todas estas irregularidades tendrán su respuesta en los tribunales donde acudiremos en amparo del derecho fundamental a la huelga de las personas trabajadoras y de nuestro sindicato”, añade.

La huelga del sector del calzado prevista para mañana jueves ha quedado desconvocada este miércoles tras la última reunión celebrada en el SIMA en el que sindicatos y patronal del sector han logrado un preacuerdo importante que debe ser ratificado en asamblea (previsiblemente el próximo lunes) y en el que se registran buena parte de los objetivos planteados por la parte social.

El preacuerdo recoge una vigencia de cuatro años (2026, 2027, 2028 y 2029) buscando ofrecer estabilidad al sector; en este periodo, las organizaciones sindicales han logrado comprometer una subida salarial global del 12 por ciento, que se irá produciendo a razón del 4 por ciento en 2026, el 3 por ciento en 2027 y el 2,5 por ciento para 2028 y otra subida similar para el año 2029. 

Además, el preacuerdo recoge una cláusula de revisión salarial sobre el IPC real con un tope del 1,5 por ciento en 2026 y un 2 por ciento para cada uno de los años, en caso de que se produzca una desviación de los precios.

Reducción de jornada laboral

En cuanto a la jornada laboral, el acuerdo consigue una reducción de 4 horas en 2027, 2028 y 2029, lo que califican de “primer avance importante” para seguir en la senda de la disminución progresiva de jornada laboral.

El preacuerdo también busca reducir la inestabilidad de las plantillas con la introducción de la figura del fijo con hora complementaria a cambio de la eliminación del fijo discontinuo a tiempo parcial. En cuanto al plus de hora prima (que afecta prácticamente en exclusiva a La Rioja) las partes abren ahora una comisión negociadora hasta final de año, y en caso de no se produzca acuerdo, se trasladará a un arbitraje en el SIMA. 

UGT FICA es consciente de que han quedado cuestiones por negociar pero valora este acuerdo puesto que supone “un primer paso hacia un convenio más industrial que debe dar paz social en estos cuatro años a un sector que ha de ser más competitivo para que los siguientes convenios sigan esta estela y vayamos avanzando en las condiciones laborales de las personas trabajadoras, con nuevas mejoras salariales y de conciliación laboral”.

Once semanas han pasado desde que las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid comenzaron su huelga indefinida. El pasado 7 de abril las profesionales de las escuelas infantiles se reunieron por primera vez ante el Ministerio de Educación para exigir a las instituciones unas mejores condiciones laborales después de mucho tiempo viviendo jornadas imposibles. Las educadoras llevan desde entonces trabajando con servicios mínimos en las escuelas, mientras desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) organizan movilizaciones cada semana.

Un mes después de que comenzara la huelga indefinida en Madrid, las educadoras de todo el país se sumaron a las movilizaciones de las madrileñas, y comenzó una huelga general en el sector de 0 a 3 años en toda España. El pasado 6 de mayo, la PLEI, de la mano del sindicato CGT y con el apoyo de CCOO, dieron el gran salto a las movilizaciones a nivel estatal, donde exigían, principalmente, una bajada de las ratios de niños y niñas por aula, subida de los salarios (que rozan el SMI) y la implementación de la pareja educativa en las jornadas laborales. Dos semanas después, el 23 de mayo, educadoras de todo el país se reunieron para su primera manifestación conjunta en Madrid, a la que acudieron unas 15.000 personas. Una activista catalana recordaba que “es muy importante la unión en la lucha. Desde cada territorio, luchamos por lo mismo, la dignificación de la educación infantil”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que su trabajo no es cuidar, es educar, e insisten en que se debe reconocer un trabajo que creen que está infravalorado. La PLEI sostiene que su sector necesita “ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad”.

Las educadoras exigían el cese de las prórrogas de los contratos

Las educadoras infantiles de la Comunidad de Madrid denuncian la pasividad de las instituciones, especialmente desde la autonomía que preside Isabel Díaz Ayuso y desde su Consejería de Educación, encabezada por Mercedes Zarzalejo, que no ofrecen soluciones a sus quejas. Las profesionales de las escuelas infantiles se han reunido en numerosas ocasiones frente a la Consejería para recordarle a Zarzalejo la situación en la que trabajan a diario las educadoras y lo que necesitan que se implemente para poder volver a las aulas. Desde la PLEI han exigido en más de una ocasión reunirse con la consejera de Educación, además de con el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida. 

Las escuelas, en un primer momento, consiguieron reunirse con José Fernández Sánchez, delegado del Área de Gobierno de la Comunidad de Madrid, para solicitar el cese de las prórrogas de los contratos que gestionan las escuelas infantiles de la capital. El Gobierno de Ayuso justificó que estas prórrogas son “la continuidad de los proyectos educativos”, algo que para las educadoras es “bastante incoherente”, puesto que “instaurar un proyecto pedagógico en un centro educativo y evaluar su funcionamiento cada 3 o 5 años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora de las escuelas, así como el proyecto educativo de la misma, carece del propio sentido que ustedes [la Comunidad de Madrid] argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”.

Desde la Plataforma denunciaban que la consolidación de un proyecto educativo requiere “de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, es imposible llevar a cabo”.

Las educadoras critican que el número de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que no habían sido formalizadas era indeterminado, pese a que el delegado del Área de Gobierno insistió en la reunión que mantuvieron el pasado 21 de abril en que “ya estaban todas formalizadas y tenían por tanto carácter irrevocable”. “Cosa que no es cierta”, replicaron las educadoras. Según la Plataforma, José Fernández Sánchez insistió en la “imposibilidad” de la paralización de estos contratos, y sostenían que la reunión “no fue satisfactoria, no se expuso ninguna posible solución a este conflicto justificando que el Ayuntamiento no tiene ningún tipo de relación laboral con las trabajadoras”.

Coaccionadas por las empresas al filtrar el Ayuntamiento sus datos

Las profesionales del 0-3 presentaron un recurso administrativo en contra de las prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles. Según las educadoras, el alcalde madrileño había aprobado las prórrogas de cerca de 40 contratos, “que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras” del municipio de Madrid. “Las trabajadoras infantiles de las escuelas municipales deberían cobrar desde septiembre 1518 euros al mes, en vez del salario mínimo interprofesional (SMI). Almeida solo tenía que sacar pliegos nuevos, posteriores a junio de 2025, para que esa mejora salarial se hiciera efectiva”, denuncian las educadoras.

La presentación de este recurso supuso un episodio peor para algunas educadoras. Varias de las firmantes reconocían haber recibido coacciones por parte de las empresas encargadas de gestionar las escuelas infantiles en las que trabajan. Las educadoras denunciaron que el Ayuntamiento de Madrid había filtrado sus datos personales (nombre, apellidos y DNI) y que, aunque reconocen que las empresas tienen derecho a conocer la presentación de ese recurso, no lo tienen para saber quiénes lo habrían firmado.

Las educadoras exigieron que terminara “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Sostenían que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explicaban que aplicarían “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

La Comunidad de Madrid ha “adelantado y acelerado” la firma de muchos contratos

Desde el sindicato CGT, denunciaban esta semana la publicación de numerosos acuerdos firmados entre la Consejería de Educación y muchos municipios, blindando los acuerdos monetarios del curso anterior. Según CGT, durante los primeros días de la huelga que comenzó el 7 de abril se firmaron muchos convenios “como aperitivo de la firma con todos los municipios de la Comunidad de Madrid que se han publicado durante mayo y junio”.

“En el BOCM se han comenzado a publicar en mayo, pero las firmas de dichas adendas comenzaron en abril pocos días después del inicio de la huelga”, explicaban desde el sindicato, y denuncian que la Comunidad “ha adelantado y acelerado mediante dichas enmiendas la firma durante la huelga indefinida”, mientras que en el curso anterior “se firmaron a finales de junio”.

CGT critica que, entre la Comunidad de Madrid y distintos Ayuntamientos, se han firmado “hasta un total de 87 adendas a fecha 20 de junio, anulando así la capacidad negociadora del comité de huelga con la administración en cuanto a ratios, pareja educativa o mejora de los salarios”. Estos convenios afectan también a los precios-plaza de las escuelas infantiles. Según detallaban, “dichas adendas contemplan el precio plaza niño/a en 1760 euros y la plaza en extensión en 1460 euros. El año 2025 el precio plaza fue de 1669 euros”.

Zarzalejo cedió a implantar la pareja educativa

Las educadoras se reunieron con la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, el pasado 21 de mayo. En esta reunión las profesionales del 0-3 consiguieron un avance en su lucha: la implementación de la pareja educativa en las escuelas de gestión directa e indirecta de la Comunidad de Madrid. Esta medida reduciría el número de niños por educadora en las aulas a partir del próximo curso en todas las escuelas infantiles. Además, la consejera se comprometió a paralizar las prórrogas de los pliegos. Sin embargo, según la Plataforma, insistieron para que Zarzalejo firmara sus compromisos, pero la consejera de Educación afirmaba “que no sabe quién conforma la plataforma, que no tiene capacidad legítima y no tiene claro con quién firmar los acuerdos”.

Zarzalejo en un principio insistió en que la huelga de profesoras surgía de un conflicto entre las trabajadoras y las empresas contratantes. Casi dos meses después, a principios de junio, calificó como “incomprensible” la huelga de las educadoras infantiles, y que únicamente buscaban “desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo” en España: “Resulta difícil comprender que organizaciones sindicales firmantes del acuerdo sectorial, actualmente vigente, anuncian ahora movilizaciones, reclamando la inmediata aplicación de medidas cuyo calendario de implantación fue acordado y suscrito por ellas mismas hace un año. Es una contradicción que merece cuando menos una reflexión”.

Rosa Marín, portavoz de la PLEI, consiguió defender la lucha de las educadoras en una Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid el pasado mes de mayo. Además, junto a otras compañeras, acudió a la tribuna de invitados del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, como iniciativa del grupo municipal de Más Madrid, de donde fueron expulsadas el 29 de abril. Miembros de algunos grupos municipales, como Rita Maestre o la concejala socialista María Caso, defendieron la lucha de las educadoras, que reaccionaron ante las palabras de José Sánchez Fernández, el cual definió la gestión de las peticiones de las 0-3 como “muy a lo sanchista”, por lo que fueron expulsadas del Pleno.

Familias y sindicatos apoyan las movilizaciones

Más de dos meses han pasado desde que comenzó la huelga en la capital. Durante este tiempo, las educadoras han conseguido también el apoyo de las familias. “Las familias están a full con nosotras. Al final piensan que nos quedamos con lo más valioso que tienen. La mayoría valoran nuestro trabajo y cuando se enteran de lo que cobramos, flipan”, recordaba Rosa Marín, portavoz de la Plataforma. Además, a finales de mayo, las familias madrileñas se concentraron ante la Consejería de Educación para exigir una reunión con Mercedes Zarzalejo. Las familias reconocían ser “parte de los afectados” por las malas condiciones en las que desarrollan su profesión las educadoras infantiles, e insistían en que los más pequeños “quieren volver a la escuela”. También criticaron la pasividad de las instituciones y pedían que “dejen de echar balones fuera” ante una situación educativa que “es insostenible”.

Las organizaciones sindicales con representación en el sector de Educación 0-3 de la Comunidad de Madrid (USO, CCOO, UGT, FSIE) se unieron también a la lucha de las educadoras infantiles para exigir mejoras en el sector cuando llevaban ocho semanas en huelga. Las educadoras y los sindicatos confesaron que la unión daba “más fuerza” a las movilizaciones.

De cara al próximo curso

“Seguiremos presionando e intentando que se quede resuelto antes de las vacaciones de verano y si no, pues seguiremos en septiembre”, reconocía la portavoz de la PLEI, Rosa Marín, hablando sobre la posibilidad de alargar la huelga durante el próximo curso. “Estamos cansadas porque además hace calor y es complicado, pero ahí seguimos”, sostiene.

Además, con la llegada del verano se han centrado en una nueva lucha: “Realizaremos la misma performance, pero sobre el calor que pasamos en las aulas en el mes de julio, que no entendemos por qué las criaturas tienen que ir a las escuelas”, reconoce Marín. Por ello, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país el jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Decenas de médicos se manifestaron este lunes en Las Palmas de Gran Canaria contra el Servicio Canario de Salud (SCS) y la propuesta que les ha realizado tras meses de huelga y que han calificado de “totalmente insuficiente” y “una falta de respeto” hacia los facultativos, motivo por el que han asegurado que seguirán movilizándose.

La marcha, realizada en la Avenida José Mesa y López de la capital grancanaria, ha tenido lugar en la primera de las dos jornadas de huelga autonómica convocadas para los días 22 y 23 de junio, poco después de hacerse pública una propuesta de mejora de las condiciones laborales del personal del SCS por parte de la Consejería de Sanidad, que los médicos rechazan.

“No aborda ni el 3% de las demandas del colectivo y las que aborda se quedan infinitamente cortas”, ha declarado a los periodistas durante la marcha que ha finalizado en Plaza de España el presidente del Sindicato Médico Canario (CESM Canarias), Eric Álvarez.

El presidente del sindicato ha asegurado que no van a parar hasta conseguir sus objetivos al criticar “la actitud que está teniendo la Consejería de Sanidad”, que ha calificado de “incomprensible”, y señalar que han pedido la mediación directa del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, porque “al parecer, tanto el director del SCS como la consejera de Sanidad no están capacitados para tomar una decisión importante”.

Según ha explicado, Adasat Goya y Esther Monzón trasladaron al sindicato que habían hecho una petición a Hacienda en relación al dinero que consideraban que era necesario para llegar a un acuerdo, “según ellos, razonable, y al parecer Hacienda no les ha contestado, con lo cual parece que alguien de más arriba tiene que tomar esa decisión y por eso es que directamente ya solicitamos la mediación del señor Clavijo”.

Álvarez ha afirmado que son conscientes de que la huelga, tanto nacional como autonómica, “repercute siempre en la población”, pero que si han llegado a este punto es “después de años y meses de negociación”.

“En cuanto ellos quieran solucionar este problema, nos tendrán a nosotros siempre dispuestos a coger la llamada para sentarnos a negociar de verdad de lo que demanda el colectivo”, ha asegurado Álvarez.

Durante la manifestación, los médicos han gritado consignas como “Sin médicos no hay sanidad”, “Esther Monzón, ponle solución” y “Hora trabajada, hora cotizada”, y en las pancartas podían leerse mensajes como “vocación no es explotación” o “Estatuto propio ya”.

El secretario general de la Confederación Española de Sindicatos Médicos en Canarias, Levy Cabrera, ha señalado que aunque la propuesta de la Consejería de Sanidad nombra algunas medidas de las que reivindican, como las horas de guardia en días laborales, no nombran los fines de semana, festivos ni días especiales de Navidad.

Igualmente señala que, aunque propone que se tomarán como referencia para el cálculo de las guardias la media de los tres mejores servicios de salud de todo el sistema nacional “realmente la oferta que hacen de hora de guardia se queda muy por debajo”.

El documento de la Consejería de Sanidad también indica que quieren seguir contratando especialistas, pero, ha aseverado Cabrera, “¿Cómo los vamos a contratar si tenemos las peores condiciones de España?”.

El secretario general ha denunciado también que la mayoría de los centros de Atención Primaria de las islas “se han quedado pequeños” y que muchos centros hospitalarios “están petados” o “son embriones de hospital” y funcionan como “centros de crónicos donde hay cientos de personas con el alta administrativa viviendo”.

“Esas infraestructuras también entran dentro de las reivindicaciones para ofrecer mejores condiciones laborales a los especialistas en Canarias, porque sobre todo los jóvenes de 30 a 40 años es que ni piensan en quedarse aquí”, ha agregado.

Durante los próximos días, el Sindicato Médico Canario convocará asambleas en hospitales y centros de salud de todas las islas para consultar al colectivo médico y decidir cuándo realizarán las próximas movilizaciones autonómicas y “con qué presión”, ha indicado Cabrera al señalar que a nivel nacional ya se plantea la posibilidad de convocar una huelga indefinida a partir de la segunda quincena de septiembre. 

La Asamblea Educativa de Catalunya (AEC) ha celebrado este sábado un encuentro de docentes en el que se ha decidido realizar “acciones” de protesta durante el verano y, asimismo, han amenazado con un inicio de curso “convulso” con más huelgas y movilizaciones.

Aunque todavía tienen que calendarizar las acciones, la portavoz de la AEC, Mònica Rodrigo, ha asegurado que se decidirán las fechas antes de que los docentes se vayan de vacaciones. Eso incluye saber los primeros días de huelga del curso que viene, aunque ya han asegurado que los dos primeros días de curso “no serán normales”.

Preguntada por si la huelga indefinida es una opción, Rodrigo no la ha descartado. “Ha habido muchísimas jornadas, pero no se nos ha hecho caso, por tanto, debe escalar y no hay muchos más pasos hacia arriba”, apuntó.

Rodrigo ha admitido que después de cuatro meses de movilizaciones existe un “desgaste importante”. Sin embargo, ha avisado de que durante el verano se movilizarán cuando haya fiestas mayores o actos de Govern y, en especial, allí donde esté prevista la presencia de la consellera de Educación, Esther Niubó.

La 6ª Asamblea Educativa de Catalunya ha reunido en el Ateneu del Clot, en Barcelona, con cerca de 120 personas y representantes de asambleas territoriales, tanto docentes como personal de atención educativa y del ocio. La jornada ha empezado a las diez de la mañana y se ha alargado hasta las tres de la tarde.

También han asistido representantes de los sindicatos USTEC, CGT, Intersindical CNT, COS, que son los que no han firmado el acuerdo con Educación. Rodrigo ha indicado que los sindicatos les han escuchado y hacen suyas las reivindicaciones y acuerdos. También ha señalado que las organizaciones sindicales les están invitando a tener representación dentro del comité de huelga.

El Sindicato Médico Canario (CESM Canarias) ha convocado una marcha de protesta el próximo 22 de junio en Las Palmas de Gran Canaria, que coincidirá con la primera de las dos jornadas de huelga autonómica previstas para los días 22 y 23, contra la situación de la profesión y el deterioro de la sanidad pública en las islas.

La movilización partirá a las 18:30 horas desde el Arsenal de Las Palmas y recorrerá la avenida Mesa y López hasta la Plaza de España, con el objetivo de reclamar al Gobierno de Canarias “una negociación real” para abordar la situación.

En un comunicado, CESM Canarias ha denunciado este viernes que, pese a los meses de movilizaciones y al crecimiento del movimiento Stop Funciona, que implica el cese de actividades voluntarias por parte de los médicos, el Ejecutivo autonómico “continúa sin ofrecer respuestas” a las reivindicaciones del colectivo.

Además, ha lamentado “profundamente que el director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, continúe apelando públicamente a la responsabilidad del colectivo médico mientras la Administración mantiene una forma de actuar que, lejos de facilitar un acuerdo, aumenta la desconfianza entre los profesionales”. 

“Nos sorprende que se califique una propuesta de irrechazable cuando ni siquiera ha sido entregada formalmente a quienes deben analizarla. Una propuesta no se negocia en una rueda de prensa; se negocia en una mesa, con documentos, cifras, plazos y garantías”, señala CESM Canarias. El colectivo ha criticado así que la oferta realizada por Sanidad se haya hecho pública en una rueda de prensa, y no en la mesa de negociación.

Desde el sindicato se insiste en que el colectivo médico no rechaza el diálogo. Al contrario: lo viene reclamando desde hace meses, apunta. “Lo que no puede aceptarse es que se responsabilice a los médicos del deterioro asistencial mientras se elude la raíz del problema: años de sobrecarga, falta de planificación, condiciones laborales insuficientes y ausencia de medidas estructurales”, añade. 

“Si el impacto de la huelga es tan grave como afirma el propio Servicio Canario de la Salud, la respuesta lógica no puede ser pedirnos que paremos sin garantías. La respuesta es sentarse de inmediato, asumir competencias propias y firmar soluciones reales”, incide el sindicato.

CESM Canarias recuerda que las reivindicaciones del colectivo médico son claras: apoyo expreso al Estatuto Propio y a la clasificación profesional A1+, mesas técnicas específicas para médicos y facultativos, mejora de las guardias y descansos, carrera profesional, traslados abiertos y permanentes, y agendas de Atención Primaria que no superen los límites razonables para garantizar una atención segura y de calidad. 

“El SCS no puede decir durante semanas que este conflicto es exclusivamente nacional”, añade. Y afea que desde la Consejeria de Sanidad se intente “desviar del foco de sus incumplimientos desde octubre del 23 con los acuerdos que firmó con este sindicato para la finalización de la huelga de ese año. El conflicto tiene dos focos, uno nacional y otro autonómico”, relata.

CESM Canarias subraya que la huelga no es un fin en sí mismo, sino la consecuencia de la falta de respuestas suficientes. “Los médicos no quieren perjudicar a los pacientes;  quieren evitar que la sanidad pública siga deteriorándose por la falta de soluciones estructurales”, concluye. 

La marcha incluirá distintas acciones reivindicativas y contará con la participación de organizaciones profesionales, científicas y colegiales que han expresado su apoyo a las demandas de los médicos canarios.

CESM Canarias ha hecho un llamamiento a los médicos, a la ciudadanía y a las entidades comprometidas con la defensa de la sanidad pública para que se sumen a esta movilización. 

El curso escolar más conflictivo, el que más huelgas docentes ha vivido en la historia reciente de Catalunya, llega este viernes a su fin. Sin embargo, el malestar entre el profesorado permanece, y nadie sabe cómo se va a canalizar a partir de ahora, con unos sindicatos divididos y un Govern que apela al acuerdo de mejoras salariales y laborales alcanzado con los sindicatos a finales de mayo. 

El problema es que ese pacto fue tumbado por la plantilla en una votación que dejó en falso a USTEC, el sindicato mayoritario de la educación pública y que había liderado la negociación. Ahora, los docentes se van de vacaciones con la voluntad de retomar las protestas en septiembre, pero sin unas demandas comunes, con los sindicatos divididos y con la vaga intención de abrir el debate sobre las reformas educativas más allá de la mesa laboral. 

La opción de revisar el sistema educativo y el papel del docente en un espacio más amplio, con familias y entidades de la comunidad educativa, es la fórmula que han puesto sobre la mesa algunos sindicatos e incluso el Govern para salir del actual callejón sin salida. Pero las partes no se ponen de acuerdo en quiénes deberían sentar a esa mesa. 

La consellera de Educación, Esther Niubó, planteó en una intervención en el Parlament crear un “nuevo canal” para encauzar las demandas docentes que superen el aspecto laboral. Por ejemplo, las que tienen que ver con las infraestructuras y el calor en las aulas o la reforma de los curríuculums. “El sistema necesita más capacidad de escucha”, declaró. 

Pero algunos sindicatos creen que la intención de Niubó es abordar las reivindicaciones docentes a través del Consejo de Educación de Catalunya. USTEC se opone porque incluye a la concertada. 

Aquí es donde emergen también las discrepancias entre los propios sindicatos, cuya unidad se fue resquebrajando a medida que avanzaban las huelgas. El primer acuerdo de la Generalitat con CCOO y UGT originó el primer cisma, y luego este se agravó con la firma del segundo pacto, más ambicioso que el primero: lo rubricó Professors de Secundària, pero no USTEC –que estaba a favor, pero acató el voto de la plantilla–, CGT ni Intersindical. 

Desde USTEC apuestan por un proceso de debate amplio, calendarizado y con documentos de trabajo, que incluya a docentes, alumnos, familias, etapas de Infantil y universidades, y personal de administración. Pero lo ciñen a la escuela pública. CGT, por ejemplo, está en principio acuerdo, pero añade que por parte de los sindicatos solo puede haber los del comité de huelga, y excluye por lo tanto a CCOO, UGT y a Professors de Secundaria. 

Estos últimos, que acabaron avalando el acuerdo, están a la expectativa, aunque prefieren negociaciones concretas antes que a procesos participativos con varios frentes. Además, ellos se oponen a consolidar modelos como el de la escuela inclusiva. “No nos movilizaremos con eslóganes poco concretos, con generalidades. Relacionamos las negociaciones con logros concretos”, afirman. 

Sea como sea, este nuevo escenario sin un horizonte claro por parte de los docentes va para largo. Durante las últimas concentraciones, las proclamas de sindicatos y de manifestantes amenazaban con movilizaciones en septiembre. Pero al mismo tiempo sindicatos como USTEC reconocen que ante el fracaso del último pacto deben tomar de nuevo el pulso de los claustros, conocer bien sus demandas, y esto no se podrá hacer durante el verano: en julio los centros están prácticamente vacíos. 

“No renunciamos a ningún espacio de lucha. Continuamos defendiendo las reivindicaciones del profesorado en la calle, en las mesas de negociación y en los centros educativos”, manifestaba Iolanda Segura, portavoz de USTEC, este viernes antes de entrar a la reunión de la mesa sectorial. 

El Departamento de Educación, mientras tanto, se abre a iniciar procesos participativos con la comunidad educativa, pero no a retomar una negociación sindical que da por cerrada con el acuerdo de mayo, que por ahora cuenta con el aval de CCOO, UGT y Professors de Secundària. En él se recoge la subida progresiva de salarios hasta los 450 euros al mes en 2029 (600 si se le suma el incremento estatal) y el refuerzo con más de 6.000 profesionales para la escuela inclusiva.

Las matronas que trabajan el servicio en la OSI Barrualde-Usansolo, que abarca a buena parte del interior de Bizkaia y del norte de Álava, y en el hospital de Cruces, en Barakaldo, representadas por el sindicato Satse, han suspendido los nueves días de huelga convocada entre el 17 de junio y el 2 de julio. La decisión llega tras “largas e intensas conversaciones” con la dirección de Osakidetza en las que han acordado, entre otras cuestiones, el aumento del número de profesionales en las plantillas para poder realizar sustituciones en verano y de la duración de las contrataciones, además de una reunión el próximo 5 de octubre para abordar “de manera real” las reivindicaciones históricas del colectivo y buscar soluciones “al grave problema de falta de matronas que afecta a la sanidad pública vasca”.

La huelga estaba convocada para denunciar la “grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario”, lo que está, según lamentan, “deteriorando y comprometiendo la calidad de la atención que reciben las mujeres en Euskadi”. “Se han dado pasos organizativos importantes, pero actualmente hay una matrona para más de 2.600 mujeres, por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad. Osakidetza sigue sin disponer de una planificación adecuada para hacer frente a las jubilaciones previstas, ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales”, critican desde Satse.

Según detectan, la situación “se agrava especialmente” durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones “son inexistentes o claramente insuficientes”. Aun así, aclaran que “la escasez de matronas ya no es un problema exclusivo del verano, sino una realidad permanente que afecta a la cobertura de bajas, permisos y reducciones de jornada durante todo el año”.

El sindicato reconoce que la suspensión de la huelga responde a una “decisión de responsabilidad” y a la voluntad de dar “margen a la negociación abierta con Osakidetza”. No obstante, el colectivo de matronas mantiene un “profundo escepticismo” ante la posibilidad de que los compromisos adquiridos se traduzcan finalmente en “medidas concretas y efectivas”. “Las matronas llevan años denunciando una situación insostenible y no vamos a conformarnos con anuncios o buenas palabras. Necesitamos hechos, compromisos firmes y soluciones estructurales que permitan garantizar una atención segura y de calidad para las mujeres”, defienden desde Satse.

“Las compañeras de Cruces han conseguido que las 10 matronas de día que iba a haber en el hospital sean 11. Y en la OSI Barrualde-Usansolo hemos conseguido que los contratos de seis meses revisables pasen directamente a ser de nueve meses, como en un primer momento nos prometieron. También hemos pedido un nuevo contrato para hacer el 50% de nuestra supervisora con un contrato del 50% para que ya sea un 100% y así cubrir contingencias y cosas que surjan. Además, Osakidetza ha aceptado celebrar una reunión el 5 de octubre para trabajar en la base del problema y conseguir los ratios matrona-mujer que nos corresponden. Se ha acordado también el precio real de las horas extra para todas las OSI para que no tengamos nosotras que ir negociando en cada OSI. Si vemos que después de la reunión de octubre Osakidetza pasa de nuestras reivindicaciones iremos a huelga”, explican las trabajadoras a este periódico.

Así, el próximo 5 de octubre se celebrará una reunión específica entre representantes de las matronas y la dirección general de Osakidetza, en la que se revisarán “una por una todas las reivindicaciones planteadas por el colectivo y el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos”. “Será una cita determinante para valorar si existe una voluntad rea” de resolver el problema estructural de falta de matronas en Osakidetza o si, por el contrario, la situación continuará cronificándose“, alertan desde el sindicato.

“El conflicto no desaparece. Lo que hacemos es dar una oportunidad a la negociación y esperar a comprobar si realmente se producen avances efectivos con las medidas comprometidas. Las profesionales están cansadas de promesas incumplidas y de seguir sosteniendo un sistema sin los recursos necesarios. Las reivindicaciones del colectivo siguen plenamente vigentes y son una contratación estable y planificada, cobertura real de bajas, vacaciones y permisos, el reconocimiento de la categoría como puesto de difícil cobertura y una planificación ajustada a las necesidades reales de la población”, explican desde el Satse.

El sindicato subraya que las consecuencias de esta falta de profesionales “repercute directamente” en la salud de las mujeres, ya que las matronas desarrollan “funciones esenciales” relacionadas con el embarazo, el parto, el posparto, la lactancia, la salud sexual y reproductiva, la prevención de enfermedades, la menopausia o la detección de situaciones de violencia machista. Por todo ello, la central sindical concreta que, si el próximo otoño no se producen “avances reales y verificables”, no descartará “ningún tipo de acción sindical”. “Si Osakidetza no pone fin a los problemas estructurales que venimos denunciando, retomaremos las movilizaciones necesarias, incluida la posibilidad de convocar una huelga indefinida”, concluye.

La relación entre los sindicatos médicos y el Ministerio de Sanidad empeora semana a semana y el conflicto va camino de una guerra total. En la quinta semana de paros en lo que va de año, a cuenta del nuevo Estatuto Marco pactado entre la ministra Mónica García y los sindicatos del ámbito, el Comité de Huelga ha amenazado con una huelga indefinida de facultativos a la vuelta del verano.

El clima de tensión entre ambas partes es total. Este lunes, García afirmaba que “los sindicatos no están siendo honestos con los profesionales a la hora de trasladarles las mejoras del estatuto”. “En las últimas reuniones que hemos tenido no nos han trasladado las reivindicaciones de los médicos, sino sus demandas sindicales”, señaló en una entrevista en 20 Minutos, donde acusó a estas organizaciones de querer “romper la legalidad vigente sobre la libertad sindical”.

Por la mañana, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) se manifestaron frente a la sede del Ministerio en Madrid bajo el lema: “No más maltrato a pacientes y profesionales”.

Pese a las reuniones mantenidas con Sanidad en los últimos meses, los sindicatos del gremio consideran que hay en estos momentos una “ausencia total de propuestas” por parte del Ministerio, que ha llevado al “nulo avance en el conflicto mantenido hasta ahora”. Esto, unido al “empeño de Sanidad en seguir adelante con la tramitación del texto [del Estatuto Marco]”, les ha llevado a “escalar en las movilizaciones” y convocar una huelga indefinida tras el verano si no hay avances.

Pero desde Sanidad no parecen dispuestos a mover ficha. “El Ministerio ha hecho su trabajo proponiendo la reforma laboral sanitaria más ambiciosa en 20 años. Ahora les toca a las comunidades autónomas cumplir la parte de sus competencias y materializar las reivindicaciones pendientes. El texto del Estatuto Marco llegará al Congreso, donde podrá enmendarse y votarse, como cualquier ley”, señalan fuentes el departamento de García.

Es el mensaje que llevan repitiendo los últimos meses. El estatuto reduce las guardias obligatorias de 24 a 17 horas, establece oposiciones cada dos años para acabar con la interinidad y la temporalidad abusiva y reduce la jornada laboral máxima a 45 horas, entre otros avances, insuficientes para los profesionales, que exigen la implantación de la semana de 35 horas, un estatuto y una mesa de negociación propios, una clasificación profesional “justa” y un modelo de jubilación flexible. Pero el grueso de competencias, como la planificación y organización de las plantillas o las retribuciones, está en manos de las comunidades autónomas.

De hecho, a lo largo de la semana habrá también dos protestas convocadas frente a las consejerías de sanidad de la Comunitat Valenciana, el miércoles, y en Madrid, el jueves, además de concentraciones en decenas de hospitales y centros de salud de Andalucía, Galicia, Euskadi, Melilla, La Rioja, Extremadura, Balears, Aragón, Alicante y Castellón, y frente a varias subdelegaciones del Gobierno.

Aunque estos meses se han convocado huelgas autonómicas coincidentes con las estatales, con el foco puesto en Mónica García, los consejeros del ramo optaron la pasada semana por escenificar la soledad de la ministra. “Se ha quedado sola”, verbalizó el consejero vasco, Alberto Martínez, que había acordado con el resto de gobierno autonómicos un texto conjunto que leyeron al inicio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, convocado para abordar la crisis y en el que se negaron a intervenir.

El acuerdo que firmaron todas las comunidades salvo Catalunya, que envió después un comunicado asegurando que estaba de acuerdo con el contenido, pasaba por exigir a la ministra que negocie con los médicos en huelga y acometa reformas “estructurales” de un sistema sanitario con las competencias transferidas desde 2002.

“En el Gobierno ya estamos acostumbrados a que cuando alguien tiene que asumir sus responsabilidades, en vez de hacer su trabajo, mira a quién le puede echar la culpa”, afeaba García en la entrevista. “Solo la eliminación de las guardias de 24 horas ya requiere un esfuerzo organizativo y presupuestario. Y, claro, las comunidades se resisten, es legítimo”, deslizaba.

Aunque todas las partes —Ministerio, comunidades y sindicatos médicos— aseguran que mantienen la mano tendida para encontrar una salida al conflicto, no parece que este esté cerca, ni que esas manos estén dispuestas hacia la misma dirección. Mientras, el Comité de Huelga ha pedido nuevos interlocutores y ha exigido que el presidente Pedro Sánchez resuelva el entuerto. El portavoz el Partido Popular, Borja Sémper, utilizó este lunes la crisis abierta para atizar al Gobierno: “Feijóo va a convertir la sanidad en prioridad nacional”.

Las educadoras infantiles madrileñas han denunciado la firma de cerca de 40 prórrogas de los contratos de las empresas que gestionan las escuelas infantiles de la capital. Según explican desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), “Almeida comenzó a firmar prórrogas que condenaban a la precariedad más absoluta a los cientos de trabajadoras de la red de escuelas municipales de Madrid”. Además, recuerdan que la existencia de unos nuevos pliegos para el próximo curso, en vez de la continuación de los vigentes hasta este verano, se traducirían en una mejora salarial a partir de septiembre para las educadoras infantiles que, según detalla la PLEI, ascendería a los 1518 euros al mes, en vez del SMI.

Cerca de veinte educadoras, junto a CGT, UGT y CCOO, firmaron el recurso que se presentó contra estas prórrogas. Según sostiene la PLEI, “desde el Ayuntamiento de Madrid no solo no han parado las prórrogas ya aprobadas a la fecha de presentación de los recursos, si no que han aprobado el gasto para otras 20 más”. La presentación de este recurso ha supuesto otra situación preocupante para las educadoras. Según han explicado en un comunicado, varias educadoras que firmaron el recurso “han sido coaccionadas” por las empresas que gestionan las escuelas donde trabajan. “Estas coacciones se han producido porque dichas empresas han tenido acceso a esta información facilitada por las Juntas de Distrito, concretamente, los datos personales de las trabajadoras firmantes”, reconoce la PLEI.

Las educadoras atacan al Ayuntamiento de Madrid por estos hechos: “Podría vulnerar la normativa en materia de protección de datos y los principios de buena fe, seguridad jurídica y tutela efectiva, en su vertiente de garantía de indemnidad”, desarrollan las educadoras. “Además, podría haber incurrido en desviación de poder, ya que estaría utilizando sus potestades -la tramitación de un recurso- para un fin distinto del previsto por el ordenamiento jurídico, facilitando colateralmente herramientas de presión laboral a una empresa privada, con graves consecuencias para los derechos laborales de las trabajadoras”, añaden.

Almeida promete “estudiar lo ocurrido”

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha prometido “estudiar” el reproche de las trabajadoras. “Lo que he pedido es a protección de datos del Ayuntamiento de Madrid, dado lo sensible del tema, que estudie la cuestión y que determine que es exactamente lo que ha pasado”, ha señalado en declaraciones a los medios desde el Palacio de Cibeles, añadiendo que investigarán lo sucedido a través de los “canales internos de protección de datos”. “Cada escuela depende de los distritos y queremos saber cuál ha sido el modo de actuación exacto desde el punto de vista de protección de datos para así ha habido cualquier irregularidad inmediatamente solventarla y en el caso de que no la haya habido que tengamos todos la tranquilidad de que se ha actuado correctamente”, ha concluido Almeida.

Sin embargo, las denunciantes sostienen que los datos personales de las trabajadoras que firmaron el recurso (nombre, apellidos y DNI) “se recaban en el marco de un procedimiento administrativo [un recurso de reposición]. La finalidad de esos datos es tramitar y resolver dicho recurso”. Las educadoras entienden que las empresas que gestionan las escuelas pueden conocer la presentación del recurso, por estar implicadas, “pero siempre protegiendo los datos de las trabajadoras que no son necesarios para el hecho vinculante y deberían haber sido anonimizadas antes de haber sido trasladados”.

Las educadoras describen esta situación como “hechos muy graves”, y exigen que termine “esta represión por parte de las empresas gestoras”. Desde la Plataforma recuerdan que denunciar injusticias laborales de manera personal “no debe suponer amenazas, ni presiones” por parte de esas empresas, y explican que aplicarán “las medidas oportunas para hacer frente a la represión ejercida a las compañeras por el mero hecho de impugnar unas prórrogas que son una vergüenza”.

Las movilizaciones de las educadoras continúan

Las escuelas siguen de huelga indefinida después de más de dos meses desde que comenzó. Ante las pocas soluciones que reciben por parte de las instituciones, las educadoras continúan sus movilizaciones, apoyadas también por las familias. Este miércoles, 17 de junio, la coordinadora de familias en defensa del 0-3 entregará en la Consejería de Educación 20.000 firmas en apoyo a la huelga durante la concentración semanal organizada por la Plataforma. Las familias demandan “la apertura inmediata de una negociación real y efectiva, una interlocución directa con las familias y un aumento de dotación de escuelas infantiles públicas que garantice que un elevado número de familias se quedan excluidas en las matriculaciones”.

Por otro lado, han convocado concentraciones en muchas ciudades de todo el país para este jueves 18 de junio, para reclamar la reducción de las jornadas educativas durante las temporadas de calor. Las educadoras infantiles denuncian una “discriminación calendaria” que sufren los niños y las niñas de 0 a 3 años, “cuyas jornadas anuales llegan a alcanzar los 215 días frente a los 175 del resto de etapas educativas”.

Las profesionales del 0-3 recuerdan que “estudios de neuroeducación alertan de que las jornadas escolares excesivas en pleno verano cronifican el estrés biológico en la primera infancia”. Por ello, exigen “una solución política real que obligue al Estado y a las comunidades a legislar de cara a las empresas (con reducciones de jornada estivales pagadas o permisos flexibles) en lugar de institucionalizar a los bebés durante 11 meses al año”. Ante esta situación, han convocado concentraciones bajo el lema “El descanso infantil no debería ser el precio por ir a trabajar” en muchas comunidades autónomas de toda España. En Madrid, se reunirán en la Puerta del Sol, este jueves 18 de junio, a las 19:00 horas.

La lista de espera de salud en Navarra desciende en mayo en 360 primeras consultas, en total 61.827 pacientes los que aguardan para un especialista, y 170 intervenciones. Ante los resultados, desde Salud advierten que los datos deben interpretarse “con prudencia y sin análisis meramente numéricos”, pues la evolución “no ha sido uniforme en todas las especialidades ni áreas sanitarias”. El tiempo de espera para ser atendido por un especialista es de 79 días, un día más que el mes pasado y más del doble de lo que permite la ley de garantías.

“Existen servicios donde hay una situación más compleja y otros donde diferentes medidas implantadas han comenzado a mostrar resultados parciales”, afirman desde el departamento. Para Traumatología y Ortopedia, la lista de espera con más demanda, ha descendido en 31 pacientes respecto el pasado mes, situándose en 14.787, pero los días para ser atendido suben, de 150 a 152. Más del quíntuple del máximo recogido en la ley foral de garantías, que establece un máximo de 30 días de espera. En especialidades como Cirugía Cardiovascular y Raquis, los días de espera son 214 y 216 respectivamente. Siete veces más del límite establecido por ley.

La evolución observada “responde fundamentalmente a actuaciones de mejora organizativa, revisión clínica de circuitos y actualización de registros activos, dentro de los procedimientos habituales de gestión sanitaria”. El “contexto complejo derivado de la huelga médica y el descenso de la actividad extraordinaria que previamente se realizaba” en algunos servicios y áreas, no ha sido impedimento para que se hayan mantenido “iniciativas de reorganización interna, tal y como vienen haciendo en los últimos meses”.

Se han dado “acciones destinadas a la optimización de agendas, el aprovechamiento de huecos estructurales, el incremento de resolución no presencial, la mejora de coordinación entre niveles asistenciales y atención compartida de la demanda en equipos multidisciplinares, entre otras”, explican desde el Gobierno de Navarra.

Unas medidas que “han permitido sostener actividad e incluso absorber parte de la demanda acumulada en algunos ámbitos concretos”. Tal y como se ha comunicado, “no se han adoptado medidas extraordinarias, el sistema de información del registro de datos y su explotación se encuentra en constante proceso de mejora continua y optimización tecnológica para maximizar la calidad de los indicadores y en esta línea se va a seguir trabajando”.

Los casi 500 trabajadores y trabajadoras del centro logístico de L’Oreal de la localidad guadalajareña de Quer, gestionado por la empresa DHL, están llamados este lunes 15 de junio a una huelga parcial convocada por UGT en Castilla-La Mancha.

Según informa el sindicarto, DHL está llevando a cabo una estrategia de “acoso y derribo” a la hora de reubicar a la plantilla del centro después de que L’Oreal decidiera a finales de año prescindir de la gestión de esta empresa, que tiene en su centro logístico una plantilla formada por 244 trabajadores y trabajadoras de la logística y otros 250 empleados/as de ETTs y subcontratas.

El secretario de Carreteras, Urbano y Logística de FeSMC UGT CLM Alfredo Ávila, ha explicado que “lamentablemente prácticas como esta es algo a lo que nos estamos acostumbrando en el sector logístico, y es que cuando el cliente o el operador logístico lo consideran deciden localizar la actividad, bien por el tema de salarios o por costes a otros lugares. Dando portazo a operaciones como la de L'Oréal que lleva más de 16 años en la provincia de Guadalajara y que finalmente se ha trasladado a otro lugar. Y el problema se queda aquí, en la provincia, que en este caso afecta a unas 500 familias”.

Ávila asegura que hay personas trabajadoras con una antigüedad media “de más de 15 años”, a las que se les están “imponiendo” jornadas de lunes a domingos; turnos rotativos; la eliminación del complemento de Incapacidad Temporal; la pérdida considerable de poder adquisitivo en sus salarios; e incluso la degradación profesional, obligando al personal administrativo a cambiar su categoría a la de mozo si desean continuar en la compañía. “Y lo más grave, DHL está realizando falsos despidos disciplinarios y con ofertas de recolocaciones a otros centros logísticos del grupo en condiciones muy perjudiciales, todo, bajo amenazas y coacciones”.

Esta situación “extrema” es la que ha “obligado” al sindicato a convocar esta huelga parcial el próximo lunes 15 de junio con paros de cuatro a seis de la mañana, y de doce a cuatro de la tarde.

Denuncian incumplimientos en el acuerdo de recolocación

Además de todo lo anteriormente mencionado, desde UGT reiteran que DHL está incumpliendo el acuerdo alcanzado en el Jurado Arbitral para recolocar progresivamente a todos los indefinidos.

“A pesar de haber llegado a un acuerdo en el Jurado Arbitral para reubicar de manera progresiva a todas las personas indefinidas del centro, sólo han ofrecido poco más del 50 % de puestos de la plantilla, con 140 recolocaciones repartidas en la zona centro. En unas condiciones muy inferiores a las que tenían en Quer y dejando a más de 100 personas trabajadoras con un futuro incierto. Sin embargo, está ocultando que existen vacantes más que suficientes en la provincia de Guadalajara: 159 puestos en el centro logístico de DHL en Makro, 70 en el de Pepco y 70 en el de Primark, puestos todos ellos ocupados actualmente por personal de ETT”.

Trabajar en una biblioteca dista mucho del tópico de pasar el día en silencio entre libros. El personal del sector asume cada vez más tareas en un contexto de “falta de personal, horarios irregulares y creciente carga de trabajo”. Esta es la situación que denuncian los bibliotecarios en la huelga indefinida iniciada el pasado 5 de junio en Catalunya, en plena época de exámenes y justo antes de las PAU.

“Los estudiantes se van a encontrar las bibliotecas cerradas de forma puntual, sabemos que es un fastidio, pero estamos luchando por su futuro. Sin condiciones dignas no podemos ofrecer un servicio público de calidad”, explica Laura Solà, directora de la biblioteca Volpelleres Miquel Batllori de Sant Cugat del Vallès y delegada de prevención de la CGT en la Diputación de Barcelona.

Son muchos los estudiantes que se han encontrado con estos centros cerrados que, además de ser espacios pensados para el estudio, también funcionan como refugios climáticos en una primavera que se ha caracterizado por tener temperaturas casi estivales.

Xavier Grau es uno de los jóvenes afectados. En su caso, estaba preparándose para las Pruebas de Acceso a la Selectividad y, a pesar de la importancia de esos exámenes, se muestra comprensivo con los trabajadores: “Es normal que se realicen las huelgas en este periodo, porque es cuando la causa tendrá más visibilidad”.

Por contra, los hay que no son tan comprensivos, como Aina Fernández, estudiante de tercero de Farmacia en la UB, que lamenta que el cierre de bibliotecas “ha dificultado la vida de muchas personas que no pueden estudiar en casa. Me han obligado a buscar alternativas o perder tiempo de estudio”, lamenta. “Comprendo la lucha por unas condiciones más dignas, pero ahora mismo los perjudicados somos los estudiantes”, añade.

Más recursos y más personal

Convocada por la CGT, la huelga se enmarca en un contexto de movilizaciones en el sector público, con reivindicaciones que en los últimos meses se han extendido a la educación o la sanidad. Entre otras reivindicaciones, el sector reclama la ampliación de la plantilla, medidas de conciliación laboral y mejoras salariales.

Según denuncia la plataforma Biblioteques en Lluita – el movimiento de protesta del personal del Sistema de Lectura Pública de Catalunya (SLPC) –, las funciones de los bibliotecarios han aumentado en los últimos años, Más allá del préstamo de libros, llevan a cabo actividades culturales, atención a usuarios, “excesiva” carga burocrática o soporte tecnológico. Todo, sin un incremento equivalente de plantilla.

“Ante la falta de personal, esta situación provoca una sobrecarga evidente. Ya estamos agotadas y eso conlleva una peor calidad del servicio, además de un aumento de bajas por problemas de salud física y mental”, apunta Solà. “No solo defendemos nuestros derechos laborales, también el derecho de la ciudadanía a tener unas bibliotecas de calidad”, añade David Colomera, trabajador de la Biblioteca Guinardó – Mercè Rodoreda de Barcelona.

Asimismo, denuncian jornadas que pueden extenderse hasta once horas diarias y semanas laborales de seis o siete días sin horarios estables y sin una compensación adecuada. “Cuando empecé a trabajar en bibliotecas, mi vida social se acabó”, relata Colomera. “No puedes planificar tu vida porque cada semana te cambian el horario”, lamenta.

Otra de las demandas del colectivo consiste en la actualización de la ley del sistema bibliotecario y del decreto que regula los servicios y el personal de la lectura pública, normativas que tildan de “anacrónicas”. “Las categorías profesionales ya no se ajustan a la realidad, porque muchas titulaciones han cambiado o han desaparecido”, señala Solà.

Los trabajadores también exigen mantener la profesionalización de bibliotecarios y directores, así como un mayor reconocimiento del personal técnico y auxiliar, clave en el funcionamiento diario de los centros.

En el ámbito salarial, el colectivo no reclama una subida general, sino una reubicación dentro de la estructura retributiva de la administración para corregir lo que consideran una infravaloración histórica. “No pedimos ganar más por lo mismo, pedimos que se reconozca el trabajo que ya hacemos”, resume Solà.

Tres huelgas distintas que han derivado en una general

La movilización se ha articulado en varias fases que han acabado confluyendo en una protesta común. Primero la inició el del Consorcio de Bibliotecas. Más tarde, en abril, se sumaron los trabajadores de la Diputación de Barcelona que prestan servicio en bibliotecas municipales de la provincia. Finalmente, el 5 de junio, la protesta se amplió a todo el personal de las distintas administraciones que forman parte del Sistema de Lectura Pública, es decir, al conjunto de bibliotecas de Catalunya.

Este lunes, el colectivo de Bibliotecas de Barcelona ocupó el edificio del Consorcio tras una asamblea en la plaza Sant Jaume en la que reclamaban la reanudación de las negociaciones con la plantilla. “La sensación es que hablamos con un muro, que no nos escuchan y que no entienden lo que implica trabajar en una biblioteca”, lamenta Colomera.

Por su parte, tanto el Consorcio de Bibliotecas de Barcelona como la Diputación de Barcelona aseguran mantener su “voluntad negociadora”. El Ayuntamiento de Barcelona sostiene que “en ningún caso” se ha levantado de la mesa de negociación con el personal del Consorcio. La próxima semana están previstas nuevas reuniones: el lunes con el Consorcio y el jueves en la Mesa General de Negociación de la Diputación.

En paralelo a las huelgas médicas, las matronas que trabajan en las comarcas sanitarias de Osakidetza de Barrualde-Usansolo y Cruces, representadas por el sindicato Satse, han convocado nueve jornadas de huelga, entre el 17 de junio y el 2 de julio, para denunciar la “grave falta de matronas que afecta tanto a la Atención Primaria como al ámbito hospitalario”, lo que está, según lamentan, “deteriorando y comprometiendo la calidad de la atención que reciben las mujeres en Euskadi”. Los paros concretos serán en los días 17, 18, 23, 24, 25, 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio.

Desde el sindicato argumentan que estas nuevas jornadas de huelga llegan dos años después de las protestas y la huelga desarrolladas en 2024, que permitieron la creación de una mesa de trabajo específica en Osakidetza. “Dos años después seguimos sin una solución real. Se han dado pasos organizativos importantes, pero actualmente hay una matrona para más de 2.600 mujeres, por lo que resulta imposible garantizar una atención de calidad. Osakidetza sigue sin disponer de una planificación adecuada para hacer frente a las jubilaciones previstas, ni de un cálculo real de las ratios matrona-mujer que permita dimensionar correctamente las necesidades asistenciales”, denuncian desde Satse.

Según detectan, la situación “se agrava especialmente” durante los periodos vacacionales, cuando en algunas organizaciones sanitarias las sustituciones “son inexistentes o claramente insuficientes”. Aun así, aclaran que “la escasez de matronas ya no es un problema exclusivo del verano, sino una realidad permanente que afecta a la cobertura de bajas, permisos y reducciones de jornada durante todo el año”.

En el Hospital de Cruces habido turnos de siete matronas en lugar de las once que deberíamos ser. No hay derecho. Todas las mujeres tienen derecho a recibir la misma atención

Este periódico ha entrevistado a dos de las matronas afectadas. Una de ellas, lleva desde el año 2018 trabajando en el hospital de Cruces, mientras que la otra lleva en este trabajo desde 2009, los últimos cinco años en la OSI Barrualde-Usansolo. En el caso del hospital, de las 11 matronas que tiene que haber por turno, en periodo vacacional pueden llegar a haber nueve, en alguna ocasión, si las trabajadoras enferman o no pueden acudir a su puesto de trabajo, han llegado a afrontar la jornada entre siete compañeras. “Llevamos ya tres años en una lucha encarnizada para que se ponga solución a este problema. Cada año, cuando llega verano la situación es desbordante. Estamos en un año en el que ha habido faltas de cobertura prácticamente en todos los meses. No hay matronas y no se hacen contratos de calidad. Ayer, por ejemplo, una matrona se puso enferma y no pudo venir. ¿Qué pasó? Que entre nueve han tenido que sacar la noche adelante”, lamenta la trabajadora.

Cuando hay personal de vacaciones o de baja y no se cubre su ausencia, las trabajadoras critican que se disminuye la calidad asistencial. “En el caso de la atención hospitalaria en un parto, las mujeres tienen que esperar más tiempo a que se les ponga la epidural, porque hace falta que una matrona esté monitorizando ese bebé mientras la anestesista está canalizando una epidural. Cuando tú tienes tres mujeres en fase activa de parto y atiendes un parto y tienes que pasar al parto de la siguiente mujer, hay muchas dificultades en apoyar a las mujeres en el establecimiento de la lactancia materna. La primera hora la llamamos la hora de oro para que se establezca la lactancia materna. Es superimportante para la madre y el bebé establecer la lactancia materna, pero su matrona igual tiene que ir corriendo a otro paritorio a atender otro expulsivo. Entonces no se apoya la lactancia materna como se debiera. Luego, a lo largo de todo el proceso de inducción, dilatación, etc...si no tienes una matrona que esté disponible porque está atendiendo a otras dos mujeres, más las mujeres de otra matrona que esté en un paritorio que deja a sus mujeres a cargo de otra, no se puede dar un apoyo psicoemocional igual. Las mujeres a la hora del parto, preparto y posparto necesitan una guía y esas somos nosotras”, argumenta la matrona, que además de lo relacionado con el parto, trabajan en el triaje, en el área de evolución, en la planta de patológico y atienden cuestiones delicadas como las agresiones sexuales o los abortos.

Según aclara, a corto plazo lo que buscan con la huelga es que Osakidetza se comprometa ya este mes en una cobertura del 100% de las matronas. “Queremos que las mujeres tengan la misma atención y la misma cartera de servicios si van a dar a luz en enero o en agosto. Lo que no puede ser es que se discrimine a las mujeres por la época en la que les haya tocado dar a luz, que una persona igual que va a dar a luz el 15 de enero tenga a once matronas disponibles en su turno y que una mujer que vaya a dar a luz en agosto solamente a ocho, por ejemplo, como ha pasado. Ha habido incluso turnos de siete matronas en lugar de las once que deberíamos ser. No hay derecho. Todas las mujeres tienen derecho a recibir la misma atención”, defiende.

En el caso de la atención primaria, la comarca sanitaria de Barrualde-Usansolo, que abarca a la Bizkaia interior y al norte de Álava, cuenta con una plantilla de 22 matronas. En estos momentos tres de ellas se encuentran con reducción de jornada por cuidado de menores y hay dos bajas aún por cubrir. Lo que solicitan las matronas es que Osakidetza contrate a tres matronas más para poder cubrir las bajas por vacaciones. “En verano en la atención primaria nuestra prioridad son los partos. El resto de consultas, como información sobre anticoncepción, o pruebas del cáncer de cérvix, las posponemos hasta septiembre por falta de personal. Si tú eres una mujer que va a ser atendida en la OSI Barrualde-Usansolo en febrero tienes unos derechos y junio, julio, agosto y septiembre, tienes otros porque algunos te desaparecen, porque nosotras tenemos que asumir lo de la compañera. Lo cierto es que hasta hace unos años era algo muy focalizado a verano, Navidades o Semana Santa, pero ahora está cronificado, porque el ritmo tras el verano no lo recuperas hasta octubre y así vas arrastrando”, lamenta la trabajadora.

Estamos ante un problema que afecta directamente a la salud de miles de mujeres. No podemos permitir que la falta de previsión siga normalizándose. Osakidetza debe actuar ya

Otro de los derechos que las pacientes pierden, según reconoce la trabajadora de Barrualde-Usansolo, es su derecho a la privacidad en los casos en los que quieran realizar una interrupción del embarazo. La mayoría de nosotras ya hay días del verano que los tenemos llenos porque como nos cubrimos entre nosotras, ya no hay huecos en nuestra agenda y lo que se prioriza es el control del embarazo, del parto, del postparto y de las interrupciones voluntarias de embarazo. Para esto último hay unas fechas concretas, el problema es que cuando alguien quiere practicar una interrupción voluntaria de embarazo tiene que llamar al ambulatorio, y si bien en otro momento del año pide cita presencial con la matrona, en verano esa cita puede alargarse 15 o 20 días. Y en una interrupción del embarazo, depende de la semana de embarazo en la que esté, tiene que hacerlo rápido. Entonces, debe contarle al área administrativa para qué quiere la cita si quiere una atención urgente“, sostiene.

Las trabajadoras consideran que el estrés por si alguna de ellas va a faltar al día siguiente o por si se ponen enfermas y son ellas las que no pueden acudir a trabajar les está pasando factura. Una de ellas, incluso ha rechazado realizarse un procedimiento quirúrgico que tenía agendado este mes de junio, porque tras él debe estar de baja en julio, y es consciente de que la carga laboral de sus compañeras por su ausencia sería insostenible. “Nos estamos quitando de nuestras necesidades y derechos para poder cubrir nuestros puestos de trabajo, pero lo peor no solo es nosotras, es cómo afecta esto a nuestros derechos como mujeres y como pacientes de la atención primaria, porque todas merecemos la misma atención sin importar la época del año”, asegura la trabajadora.

Desde Satse informan que, aunque la convocatoria de huelga está impulsada por las matronas del Hospital de Cruces y de Barrualde, el problema de “escasez de profesionales en Euskadi y sus consecuencias es transversal, y afecta a los tres territorios y a todas las OSI”. “Las matronas de otras OSI no descartan adherirse a la convocatoria de huelga si no obtienen medidas que solucionen el problema de falta de cobertura”, detalla el sindicato, que aclara que las mujeres son “las principales perjudicadas”, ya que la labor de las matronas no se limita al parto, sino que atienden a mujeres desde los 14 hasta los 70 años.

“En los hospitales, las matronas atienden urgencias obstétricas, partos, puerperio y vigilancia materno-fetal, mientras que en Atención Primaria desarrollan funciones esenciales relacionadas con la salud sexual y reproductiva, el embarazo, la lactancia, la menopausia, la prevención de enfermedades, cribados de cáncer, recuperación del suelo pélvico o incluso detección y acompañamiento en situaciones de violencia machista. Cuando faltan matronas, la atención se limita a las actividades consideradas prioritarias y muchas mujeres ven retrasados o directamente suspendidos servicios fundamentales para su salud. Las perjudicadas siempre son las mismas: las mujeres. La falta de cobertura obliga con frecuencia a que las matronas asuman la carga de trabajo de compañeras ausentes, incrementando la presión asistencial y dificultando el mantenimiento de los estándares de calidad que merecen las usuarias”.

Por ello, Satse y las matronas demandan “soluciones estructurales” y reclaman “una contratación estable y planificada”, la consideración de la categoría como puesto de difícil cobertura y la realización de un cálculo real de las ratios matrona-mujer tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario. “Estamos ante un problema que afecta directamente a la salud de miles de mujeres. No podemos permitir que la falta de previsión siga normalizándose. Osakidetza debe actuar ya y ofrecer soluciones estructurales, no medidas temporales”, afirman desde Satse, quienes exigen un compromiso firme por parte de la dirección del servicio vasco de salud para garantizar “una atención segura, accesible y de calidad para todas las mujeres de Euskadi”.

Este periódico ha consultado esta situación con el Departamento de Salud para recabar su posición con respecto a la huelga de las matronas y las peticiones que estas realizan, pero al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.