En incendio en el vertedero de Nájera llega al Parlamento de La Rioja. A las críticas de entidades ecologistas y los concejales no adscritos de Nájera se suman ahora las formaciones políticas PSOE e IU. Los primeros han pedido la solicitud urgente de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, para que expliquen la gestión del incendio que se ha registrado en el vertedero de Nájera. Una comparecencia en la que además quieren que aclare “como es posible que una instalación privada de estas características pueda desarrollar su actividad con un importante número de irregularidades”. Por su parte, el diputado socialista, Jesús María García, recordó que esta es una instalación privada “que desde su implantación en 2009, ha sido objeto de una cuestionada gestión”. Y es que “existen varias denuncias presentadas en contra de este vertedero por diferentes colectivos, denuncias que, incluso, derivaron en la apertura de expedientes de sanción por la administración regional”.

Y pese a todo desconoce “qué actuaciones ha implementado el Gobierno de La Rioja para garantizar que el vertedero se destine a recibir exclusivamente aquellos residuos para los que dispone de licencia ambiental”. También, “desconocemos hasta qué punto se están realizando controles efectivos para verificar si al vertedero llegan otro tipo de residuos, o si algunos de esos residuos proceden de fuera de nuestra comunidad”. Lo que sí saben los socialistas es el contenido del acta de inspección de la instalación que se realizó el 2 de diciembre de 2024, “ya entonces se detectó que no se estaba garantizando un cumplimiento adecuado de las condiciones que fijaba la autorización ambiental”.

Por todo ello solicitan la comparecencia de las consejeras y piden una investigación exhaustiva además de denunciar la actuación del subdirector general de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de La Rioja. “Ha permanecido inaccesible vía telefónica a las llamadas de algunos alcaldes de la comarca que necesitaban respuestas y ayuda”. Es una conducta “intolerable para un representante público que se debe a la ciudadanía”. Los responsables políticos de la gestión de emergencias “han de estar disponibles con inmediatez en situaciones como estas”.

IU pide explicaciones a través de preguntas en el Parlamento de La Rioja

Izquierda Unida por su parte también ha registrado un listado de preguntas en el Parlamento regional para pedir explicaciones al Ejecutivo regional. Para la formación, lo ocurrido “no es un hecho fortuito”: “El vertedero acumulaba denuncias por entrada irregular de residuos, informes negativos y al menos una sanción del propio Gobierno regional. Las señales de alarma existían y fueron ignoradas”, ha declarado la portavoz del grupo municipal, Idoia Eguileor. “Cuando una instalación lleva años recibiendo avisos y nadie actúa, el incendio no te sorprende. Lo que te sorprende es que encima pretendan decir que esto es mala suerte”.

IU señala además una “anomalía grave”: la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua del Gobierno de La Rioja lleva cinco meses sin director o directora general titular, “desde que José María Infante dejó el cargo en noviembre de 2025 en circunstancias polémicas para incorporarse a la gerencia del Consorcio de Aguas y Residuos”. Durante ese tiempo, sus funciones han recaído de forma interina sobre otro director general. “Que La Rioja lleve medio año sin nadie al frente de Calidad Ambiental y que encima ocurra esto dice mucho del nivel de prioridad que el PP da a la protección del medio ambiente y de la salud pública,” ha afirmado Eguileor.

La portavoz también ha criticado la gestión de la comunicación institucional durante la emergencia: “Los vecinos y vecinas merecían saber desde el primer momento qué estaban respirando y cómo protegerse. Esa información llegó tarde, llegó mal y en muchos casos no llegó.” IU reclama la publicación de las mediciones de calidad del aire registradas durante el siniestro y alerta del posible impacto sobre el río Najerilla.

Un equipo de agentes forestales, un dron y una cámara técnica tratará de localizar los putnos calientes que puedan quedar en el incendio del pasado jueves en el vertedero de Nájera. Así lo ha informado el director general de Medio Natural, Ignacio Sáenz de Urturi.

Tal y como ha informado el director general el incendio “está controaldo desde hace un par de días” y en estos momentos hay “maquinaria de la propia empresa en el lugar que continúa trabajando y bajo el seguimiento” del Gobierno riojano.

El incendio se inició el pasado jueves, 9 de abril, a las 17,33 horas, a la altura del kilómetro 1,100 de la LR-208, en el término municipal de Nájera, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias SOS Rioja 112. Desde dicho Centro de Coordinación se movilizaron de inmediato Bomberos del CEIS y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de Cruz Roja, alertando asimismo a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Guardia Civil y Policía Local.

Las críticas a la gestión

Tras el incendio, dos entidades ecologistas y dos concejales de Nájera han criticado el incendio. Los dos últimos, Sergio Díez y Juan José Morgado Urquijo, aseguran que “no ha sido un accidente aislado”, sino la confirmación de un problema que lleva años gestándose sin que se hayan tomado medidas eficaces. “Estamos ante un modelo de gestión de residuos que ha demostrado ser claramente insuficiente y que está poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y el entorno natural”. Y de hecho, exigen una “investigación independiente” porque aseguran que no van a permitir que este asunto se cierre sin conscuencias.

Para Amigos de la tierra La Rioja este incendio demuestra la incapacidad del Gobierno de La Rioja e incluso le pide a Capellán que se “plantee la continuidad de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y del director general Ignacio Sáenz de Urturi por la desastrosa gestión de la Dirección General de Calidad Ambiental”. Además, la entidad ecologista riojana recuerda que en menos de un año se han incendiado dos importantes empresas de gestión de residuos. La pimera en Casalarreina (ASIDER ENVIROMENT) donde “no consta que se haya adoptado ningún tipo de medida a posteriori”. El segundo, el vertedero de Nájera, “donde al igual que a las instalaciones de Casalarreina llegan residuos de otras regiones españolas y seguramente de otros países”. A su juicio, “un incendio, de las magnitudes de estos dos, no se produce por causas naturales. Suceden por negligencia de las empresas gestoras de estas instalaciones”.

Y por último, Ecologistas en Acción ha criticado al Ayuntamiento de Haro y al Gobierno de La Rioja por no informar a la ciudadanía de la comarca del incendio del vertedero en Nájera y exponerlos a los gases tóxicos. De hecho, aseguran que se han permitido activiades al aire libre durante este sábado exponiendo a la población a “humo tóxico”.

A las críticias de Amigos de la tierra La Rioja y Ecolosgistas en Acción sobre el incendio en el vertedero de Nájera, se suman ahora las de los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Nájera, Sergio Díez y Juan José Morgado Urquijo que “exigen responsabilidades inmediatas” además de considerar este suceso “grave, evitable y consecuencia directa de una gestión irresponsable”.

Los concejales denuncian que este episodio “no es un accidente aislado”, sino la confirmación de un problema que lleva años gestándose sin que se hayan tomado medidas eficaces. “Estamos ante un modelo de gestión de residuos que ha demostrado ser claramente insuficiente y que está poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y el entorno natural”, señalan.

En este sentido, critican duramente la falta de control por parte del Gobierno de La Rioja y de los organismos competentes, a quienes acusan de “mirar hacia otro lado mientras se acumulan los problemas”. Asimismo, advierten de que incendios de esta magnitud “no ocurren por casualidad”, apuntando a posibles negligencias en la gestión del vertedero.

Los concejales subrayan además que el vertedero cuenta con una Autorización Ambiental Integrada en vigor, otorgada por el Gobierno de La Rioja, que establece condiciones estrictas de funcionamiento, control y prevención. “El problema no es que exista una autorización, sino si se están cumpliendo realmente sus condiciones”, afirman. En este sentido, recuerdan que dicha autorización obliga a disponer de sistemas eficaces de prevención de incendios y vigilancia continua, por lo que “un incendio de estas características pone en duda que se esté gestionando conforme a la normativa”.

El grupo pone el foco en las consecuencias ambientales del suceso, alertando del impacto sobre la calidad del aire y del riesgo de contaminación del río Najerilla, especialmente por la generación de lixiviados. “No se puede normalizar que instalaciones de este tipo funcionen sin las garantías suficientes. Lo ocurrido es inaceptable”, subrayan.

Además, los concejales no adscritos reclaman transparencia total sobre lo sucedido, incluyendo un informe detallado de las causas del incendio, las medidas adoptadas y las posibles responsabilidades derivadas. “Tener una autorización ambiental no es un cheque en blanco; si se producen fallos graves, deben asumirse responsabilidades y actuar en consecuencia”, añaden.

Y por todo ello exigen la apertura “inmediata” de una invesgigación independiente y que se depuren responsabilidades políticas y técncias. De igual forma, piden la “revisión urgente del cumplimietno de la Autorización Ambiental integrada del vertedero” además de la implantación de “sistemas eficaces de control ambiental en la zona”. Y es que, concluyen, “el vecindario de Nájera merece respuestas, pero sobre todo, seguridad. No vamos a permitir que este asunto se cierre sin consecuencias”.

El incendio en el vertedero de Nájera continúa gerando críticas entre los colectivos ecologistas. Para Amigos de la Tierra La Rioja este suceso demuestra la incapacidad del Gobierno de La Rioja e incluso le pide a Capellán que se “plantee la continuidad de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y del director general Ignacio Sáenz de Urturi por la desastrosa gestión de la Dirección General de Calidad Ambiental”.

La entidad ecologista riojana recuerda que en menos de un año se han incendiado dos importantes empresas de gestión de residuos. La pimera en Casalarreina (ASIDER ENVIROMENT) donde “no consta que se haya adoptado ningún tipo de medida a posteriori”. El segundo, el vertedero de Nájera, “donde al igual que a las instalaciones de Casalarreina llegan residuos de otras regiones españolas y seguramente de otros países”. A su juicio, “un incendio, de las magnitudes de estos dos, no se produce por causas naturales. Suceden por negligencia de las empresas gestoras de estas instalaciones”. Y aunque celebran que “los diferentes medios del Gobierno de La Rioja hayan actuado con rapidez en ambos casos”, consideran que “estos medios no deberían emplearse proque ambas empresas debería contar una adecuada gstión de los residuos que gestionan”.

Y todo esto ocurre, cuentan, mientras que “Noemí Manzanos e Ignacio Sáenz de Urturi están preocupados únicamente por la caza del lobo y la Dirección General de Calidad Ambiental sigue sin un Director o Directora General después de más de dos meses de la dimisión de José María Infante”.

Asimismo, la entidad ecologista alerta de que “los impactos ambientales de este incendio no se reducen a la contaminación del aire, sino también a los lixiviados con una alta carga contaminante, que pueden afectar a las aguas del Najerilla”. Por lo que insisten en que “una Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiental eficaz, tal y como pide la ciudadanía, tendría que dar una respuesta contundente frente a las empresas que gestionan residuos para que no se produzcan incendios, centrándose en una adecuada gestión de los residuos, con un Director o Directora General eficaz y profesional. Nada esto sucede en este momento, porque la única preocupación de Noemi Manzanos e Ignacio Sáenz de Urtiri es matar lobos”.

Ecologistas en Acción critica al Ayuntamiento de Haro y al Gobierno de La Rioja por no informar a la ciudadanía de la comarca del incendio del vertedero en Nájera y exponerlos a los gases tóxicos. La entidad ecologista recuerda que tras el incendio del pasado jueves en el vertedero de Nájera, “el humo continuó vertiendo gases tóxicos a la atmósfera”. Y aunque el fuego se controló el pasado viernes, “su completa extinción se prolongó debido a las características del material acumulado y a la compleja tarea de extinción”. De hecho el alcalde de Nájera, Javier Salaverría, reconoció que ha sido “mayor incendio que ha sufrido el vertedero en su historia”. Hasta el punto de que autoridades recomendaron a las localidades del entorno y zonas que afectadas por la dirección del viento mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, no usar aparatos de climatización y que las personas con dificultades respiratorias o patologías previas eviten salir al exterior o lo hagan con mascarilla FFP2.

Sin embargo, cuentan Ecologistas en Acción, “con la presencia de viento suroeste, el viernes por la tarde la zona de Haro se vio afectada por la contaminación atmosférica. Varios ayuntamientos de la comarca de Santo Domingo dieron la voz de alarma para proteger al vecindario de la alta toxicidad. Sin embargo, ningún ayuntamiento de la comarca de Haro emitió ningún comunicado para proteger a su población”. La distancia entre Nájera y Haro es de unos 28 kilómetros.

“El olor preocupó a varios vecinos, pero el Ayuntamiento de Haro no dio ningún aviso ni hizo ninguna recomendación al respecto”. Y tampoco lo hicieron ayer sábado, “a pesar de que el humo seguía activo hasta primera hora de la tarde”. Y aun así, “Haro mantuvo las actividades de la Semana de la Salud organizada por el Gobierno de La Rioja con una performance en la Plaza de la Paz y yoga al aire libre en el parque de Vista Alegre ayer sábado”. Algo que desde la entidad ecologista tildan de “imprudencia, más aún cuando la previsión de AEMET pronosticaba vientos de componente sureste y cuando la recomendación del CECOP de SOS Rioja era precisamente mantener puertas y ventanas cerradas para no exponerse al humo”.

Ecologistas en Acción se pregunta si este modo de actuar del equipo de Gobierno jarrero se debe a la “ignorancia, dejadez o a una intención de preservar la fachada turística en detrimento del bienestar y seguridad de los habitantes del municipio”. “Parece que el hecho de que el equipo de gobierno de Haro no cuente con técnico de medioambiente y de que la contaminación del aire sea aparentemente invisible hace que pueda pasar inadvertido un problema de esta envergadura”. Y por todo ello critican la “pésima gestión” del ayuntamiento de Haro y del Gobierno de La Rioja “ante la exposición de la población de la comarca a humo tóxico”.

Ayer jueves por la tarde se originó un incendio en el vertedero del término municipal de Nájera. El fuego ya está controlado aunque su completa extinción podría prolongarse durante varios días, debido a las características del material acumulado y a la compleja tarea de extinción, según informa SOS RIOJA 112. Los bomberos del CEIS Rioja continúan trabajando en la extinción del fuego y además se están realizando labores de vigilancia con medios aéreos.

Durante la mañana de hoy el helicóptero para extinción de incendios forestales ha estado realizando descargas de agua en la zona para apoyar a los medios terrestres y, en estos momentos, se está tratando de sofocar mediante el aporte de tierra para reducir la oxigenación y acelerar la extinción.

Asimismo, en el lugar se encuentran, además de los bomberos del CEIS Rioja, un Técnico de Protección Civil de la CAR y una ambulancia en preventivo de Cruz Roja.

Debido a la columna de humo generada por el incendio recomiendan a las localidades del entorno y zonas que puedan verse afectadas por la dirección del viento mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, no usar los aparatos de climatización, y que las personas con dificultades respiratorias o patologías previas que eviten salir al exterior o que si tienen que salir usen mascarillas FFP2. Además, desde el Ayuntamiento de Nájera también solicitan la máxima colaboración de la ciudadanía y atención a las indicaciones oficiales.

El cambio del viento ha arrastrado el olor a plástico hasta Logroño

Fue un particular el que dio aviso a SOS Rioja del incendio y desde el centro coordinador se movilizó a los bomberos del CEIS Rioja, recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Cruz Roja. También se alertó a los bomberos de Logroño, Guardia Civil y Policía Local. Desde el primer momento se activó la recomendación a las poblaciones del entorno del cierre de puertas y ventanas así como del apagado de aparatos de climatización.

Los bomberos han permanecido en la zona del incendio toda la noche al igual que la ERIE de logística de Cruz Roja realizando labores de avituallamiento. El fuerte olor a plástico quemado también se ha notado en Logroño porque durante la noche la componente del viento ha cambiado y ha arrastrado el olor hacia la capital riojana.

Desde el Ayuntamiento de Nájera informan de que el alcalde, Jorge Salaverri, mantiene comunicación constante con los equipos de emergencias que continúan trabajando en la extinción completa del incendio. Y lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque la situación está controlada y en permanente seguimiento por los servicios de emergencias.

Asimismo, Salaverri agradece públicamente “la actitud responsable de los vecinos y vecinas de Nájera, que han seguido de forma ejemplar las recomendaciones preventivas realizadas, como el cierre de puertas y ventanas, el apagado de aparatos de climatización y la limitación de la exposición al exterior, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios”.

La Autoridad Vasca de la Competencia insta a la Administración a poner en marcha un Plan Territorial Sectorial (PTS) de Infraestructuras de gestión de residuos urbanos que permitan publicitar los emplazamientos disponibles previstos por las autoridades competentes para la instalación de vertederos y sirva de instrumentos de planificación urbanística. Sería un PTS para cuya elaboración se “recabe la más amplia participación de los actores concernidos”, señala. Es una de las recomendaciones que realiza el órgano regulador en un estudio sobre la situación de los vertederos de residuos no peligrosos en Euskadi y su relación con la competencia, en el que se constata que Euskadi tiene en estos momentos un número muy limitado, sólo seis, sobre todo a raíz del colapso y derrumbe del vertedero de Zaldibar, en 2020, y el cierre de los vertederos de Mutiloa y Larrabetezu, lo que está provocando que haya operadores que funcionan ya en una situación de “monopolio o cuasi monopolio”. Por ello, pide impulsar actuaciones que introduzcan y apoyen una mayor competencia, garantizándola, apoyando la entrada de nuevos operadores y, con ello, disminuyendo la concentración empresarial“.

Entre estas actuaciones, recomienda que las concesiones gestión de vertederos públicos se realicen “mediante procedimientos abiertos, transparentes y competitivos” y recomienda a las administraciones que “eviten prórrogas o adjudicaciones directas prolongadas”. Además, anima a que se fomente la entrada de nuevos operadores impulsando fórmulas “a través de subcontratación o cesión de espacios en vertederos existentes, reduciendo la dependencia de grandes grupos”, y que se fomenten los proyectos de colaboración público-privada en este sector.

Señala Competencia que la situación de los vertederos es descendente por la reducción de residuos y el aumento de la revalorización. Entre 2018 y 2023 se han reducido un 54% los residuos que finalizan en vertedero y el objetivo para 2030 es que esos residuos se sitúen en menos del 15%, alrededor de 200.000 toneladas. Pese a ello, recuerda que “a pesar de la disminución de los residuos no peligrosos que finalizan en vertedero, siempre persistirá un residuo que deba ser eliminado”. En consecuencia, advierte de que estas instalaciones -situadas al final de la cadena de valor- “son, al efecto de permitir el cumplimiento de los principios de autosuficiencia y proximidad, estratégicas en la gestión de residuos”, por lo que considera necesario que las empresas puedan acceder al mercado y ejercer su actividad “sin enfrentarse a restricciones innecesarias, desproporcionadas o discriminatorias. Es más, si se mantiene el ritmo de eliminación, se albergan dudas de la suficiencia de la capacidad de tratamiento existente en la comunidad autónoma vasca”, dice. Por ello, considera “imprescindible asegurar las posibilidades de acceso al mercado. Además, deberá permitirse que las condiciones de dicho mercado propicien una tensión competitiva que genere las mejores opciones en términos de precio, cantidad, servicio, capacidad de elección e innovación”, señala el estudio.

Frente a esta necesidad, Competencia constata que el marco regulatorio, los elevados costes de inversión y clausura de los vertederos, la planificación territorial restrictiva y la oposición social a los mismos “constituyen barreras significativas para la entrada de nuevos operadores y la expansión de la capacidad existente”, lo que aumenta la dependencia de pocos gestores. De hecho, estos momentos, hay operativos seis vertederos de residuos no peligrosos en Euskadi, -cinco de ellos concentrados en Bizkaia-, de los que solo dos son de titularidad publica: Gardalegi en Vitoria, cuyo propietario es el Ayuntamiento de Vitoria y que gestiona la empresa FCC Medio Ambiente SA, y Artigas, cuyo titular es la Diputación Foral de Bizkaia a través de la sociedad Garniker, que participa en la UTE que lo gestiona con socios privados, entre ellos, FCC Medio Ambiente. El resto de los vertederos operativos son privados: Bistibieta en Lemoa, propiedad de FCC Ámbito SA, Betearte, en Mallabia, de la empresa Betearte SA, Igorre, en la localidad del mismo nombre de la empresa Deydesa 2000, SL y Las Lagunas, en Zalla, cuyo titular es la empresa Prezero Gestión de Residuos SA. A estos se añade la autorización para abrir un nuevo vertedero en Artxanda (Bilbao) para la actividad de centro de gestión, tratamiento y almacenamiento de residuos no peligrosos gestionado por Berriz Recycling Company SL, que cuenta con participación pública, aunque la autorización queda intrínsecamente ligada a la remediación del antiguo vertedero que existió en la misma ubicación.

Los cuatro operadores privados -o las empresas con las que se integran verticalmente- también operan en las fases previas de la cadena de gestión del residuo, señala el estudio, y además, realizan actividades en otras áreas, como la gestión del agua, el saneamiento público o la jardinería urbana. FCC Medio Ambiente se corresponde con el área global del Grupo FCC, dedicado a servicios medioambientales (municipales y gestión de residuos en general), mientras que FCC Ámbito es la filial especializada en residuos industriales, subproductos y suelos contaminados dentro de esa misma área y que dispone de 15 centros de operaciones principales distribuidos en la geografía española donde realiza sus actividades principales: gestión de residuos, descontaminación de suelos y gestión de materiales de recuperación (principalmente vidrio, papel y cartón). Betearte tiene como objeto social la realización de estudios medioambientales y la gestión, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje y/o eliminación y depósito de residuos urbanos, asimilados a urbanos e industriales y está participada por FCC Ámbito en un 33%. Por su parte, Deydesa 2000 forma parte del Grupo Otua, grupo industrial formado por ocho empresas dedicadas al reciclaje, distribución e investigación. El vertedero almacena materiales no peligrosos de origen industrial, generados en su mayor parte por propia labor de reciclaje del Grupo. Por último Prezero adquirió en 2021 la Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.U. (Cespa España), bajo el control de Ferrovial International, SE. Forma parte del Grupo Prezero, que presta servicios de eliminación y reciclado de residuos en los mercados de recogida, clasificación, tratamiento, reciclado y eliminación de residuos domésticos y comerciales. Es la división medioambiental del Grupo Schwarz, que también incluye a las empresas comerciales Lidl y Kaufland, así como Schwarz Produktion y Schwarz Digits. En España cuenta con cinco delegaciones en Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Contiene el estudio que, analizando la cuota de mercado acumulada una empresa, Prezero, concentra más de la mitad del volumen recibido y dos vertederos, el de Prezero y Betearte, en Zalla y Mallabia, respectivamente, acaparan el 75 % del mercado. En un análisis por territorios, el 96% de los residuos se dirige a los cinco vertederos ubicados en Bizkaia, mientras que el restante 4% se concentra en el vertedero de Gardelegi, en Álava. Por otra parte, hay cuatro vertederos situados fuera de la comunidad, en Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja, que acogen residuos generados en Euskadi, unos 120 millones de toneladas de residuos no peligrosos, que se corresponde con aproximadamente un 23% de lo eliminado. Competencia aboga por establecer convenios con comunidades limítrofes (Navarra, Cantabria, La Rioja y Castilla y León) para “gestionar de forma coordinada situaciones de emergencia o sobrecapacidad”. Además, considera necesario llevar a cabo una planificación “flexible de capacidad”, revisando periódicamente las necesidades de depósito en vertedero en función de la evolución real de la valorización y el reciclaje, para evitar déficits imprevistos que refuercen posiciones de dominio“. Asimismo, debe incorporar una perspectiva que introduzca medidas procompetitivas, señala el estudio.

El Gobierno vasco no ha iniciado por el momento un expediente sancionador contra Verter Recycling y sus gestores por el “número elevado de incumplimientos” hallados en el vertedero de Zaldibar durante una inspección de septiembre de 2025. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, explica también que a pesar de la acumulación de problemas “no se pudo constatar que se hubiera producido una situación de riesgo inminente de daño grave al medio ambiente” y que la Agencia Vasca del Agua (URA) tampoco ha detectado “afección alguna” en las regatas y cauces próximos.

A finales de febrero, trascendió un informe sobre las inspecciones realizadas en 2025 en unas instalaciones que se desplomaron en febrero de 2020 causando la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que después tuvieron que ser estabilizadas y selladas con actuaciones urgentes subsidiarias por parte de la Administración, sin que Verter Recycling haya devuelto el dinero adelantado. Esa documentación oficial constaba que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, y señalaba de nuevo a la antigua empresa gestora, ya quebrada. Se aludía a incidencias con los drenajes, a gases emitidos a la atmósfera y hasta a un camión que llevaba desde 2020 abandonado allí.

Ese informe fue solicitado por EH Bildu en el Parlamento Vasco y ahora, nuevamente, la formación abertzale ha preguntado al consejero Jauregi por las medidas adoptadas. “A fecha de respuesta no se ha abierto ningún expediente sancionador, aunque debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el plazo de prescripción de las infracciones es de sanciones es de tres años en el caso de las infracciones muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves”, informa el consejero al palrmanetario Ander Goikoetxea. Los informes mencionaban un total de 29 desviaciones.

Jauregi, eso sí, insiste en que no hay problema jurídico en que Verter Recycling ya no exista como tal, ya que sus antiguos administradores siguen siendo responsables por ley. Ahora bien, se asume que la primera notificación fue “intentada sin efecto” y que después se hizo de manera pública por la vía de anuncios en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Ahora bien, ni consta que las personas señaladas, entre ellas José Antonio Barinaga y Arrate Bilbao, ya condenados en la vía penal por el homicidio imprudente de Beltrán y Sololuze e imputados en otras dos causas por delitos ambientales y urbanísticos, hayan presentado alegaciones o hecho nada para reparar los problemas en Zaldibar.

Se da la circunstancia de que EH Bildu denunció hace unos días, en la propia zona de Eitzaga, el mal estado de la antigua planta de Verter Recycling e instaron al Ejecutivo a que actúe cuanto antes. “La situación es grave”, dijo desde Zaldibar Goikoetxea, aludiendo precisamente a las 29 desviaciones del informe de 2025.

Ayer sábado se originó un incendio en un vertedero de residuos sólidos en la localidad de Ausejo. Fue un particular quien alertó a SOS Rioja y desde el centro coordinador de emergencias se avisó a la Guardia Civil, bomberos de CEIS Rioja y los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Los bomberos acudieron al lugar del incendio a las 17:30 y a las 22:30 informaron de que el incendio estaba controlado. También advirtieron due la zona iba a estar humenado toda la noche.

Los informes de las más recientes inspecciones realizadas por el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco en el vertedero de Zaldibar, que se desplomó en febrero de 2020 causando la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que tuvo que ser estabilizado y sellado con actuaciones urgentes, constatan que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, por ejemplo en lo tocante a los drenajes. “Si no se toman medidas –se puede leer en la documentación entregada este viernes al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi a instancias del representante de EH Bildu Ander Goikoetxea–, es posible que estos precipitados terminen creando un tapón de consecuencias imprevisibles tales como el vertido incontrolado de lixiviados o disminución de la estabilidad”.

El servicio de Inspección de Medio Ambiente se personó en las antiguas instalaciones de Verter Recycling en septiembre de 2025. Se recalca que la de la ladera de Eitzaga es ya una instalación “sin actividad”, pero la empresa titular –o en este caso las personas físicas que la componían, ya que la mercantil quedó liquidada– mantiene por ley obligaciones que ha de cumplir. Ese informe describe, incluso con fotografías, una cadena de irregularidades. Son un total de 29 las desviaciones apreciadas. Se alude incluso a robos de generadores eléctricos y a que hay que poner neumáticos viejos para que no se vuelen algunas cubriciones. El informe de los inspectores le pone al vertedero de Zaldibar la más baja posible de las notas.

De entre la batería de irregularidades, la más grave es que nadie realiza “operaciones de mantenimiento” con el fin de “prevenir un deterioro generalizado de instalaciones críticas” como los drenajes. Se cita que Gipuzkoako Urak –Zaldibar está en Bizkaia pero justo en la muga con ese territorio– emitió un informe también en septiembre en el que constataba hasta 35 incidencias por vertidos de lixiviados. Van desde problemas de coloración en los colectores hasta siete episodios de “toxicidad” en las aguas.

Pero se expone también, como otro caso problemático, que “los gases del vertedero son emitidos a la atmósfera”. “Se constata la existencia de varias fumarolas de gas”, se puede leer en la documentación oficial. Queda hasta un camión–cisterna accidentado en 2020 completamente abandonado.

El vertedero se cayó en 2020, en febrero. Es la catástrofe ambiental contemporánea más importante en Euskadi. Ese mismo año se llevaron ya actuaciones urgentes, en paralelo a la búsqueda de los restos humanos de las víctimas. Todas esas obras se abonaron con dinero público con la esperanza de que Verter Recycling asumiera luego la factura, que ya era millonaria hace años. Con el paso del tiempo ha habido que hacer más intervenciones “subsidiarias”. En junio de 2023 volvió a estar en riesgo la estabilidad, según los informes técnicos. En 2024 y 2025 ha habido más obras.

El director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno vasco, Adolfo Uriarte, firmó en octubre cartas a Eduardo Barinaga, el dueño de Verter Recycling, a su sobrina Arrate Bilbao y a Elena Susaeta recordándoles que la normativa les hace aún responsables de las instalaciones aun cuando la mercantil titular del recinto fuera liquidada tras los hechos de 2020. Las misivas se enviaron en octubre pero en diciembre apareció en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) una notificación pública porque dos de las notificaciones no se habían podido realizar.

Barinaga y Bilbao ya fueron condenados por un delito contra los trabajadores, por el “homicidio imprudente” de Beltrán y Sololuze. Aceptaron su responsabilidad y abonaron indemnizaciones económicas a las familias de las víctimas. Evitaron la entrada en prisión. En paralelo, un juzgado de Durango investiga los posibles delitos ambientales detrás de Zaldibar. De esa causa se ha derivado una más que analiza el papel del Ayuntamiento en el control urbanístico de unas instalaciones.

El parlamentario Goikoetxea de EH Bildu ha registrado una nueva solicitud de documentación para que el consejero Jauregi explique a la Cámara las medidas adoptadas para que los propietarios asuman la responsabilidad por lo que sigue sucediendo en Zaldibar. También pide detalles del expediente sancionador.

El Ayuntamiento de Vitoria ha pagado un total de 116.000 euros por sanciones del Gobierno vasco entre los años 2023 y 2024, ante “incumplimientos severos” de la normativa por parte del vertedero Gardelegi, de titularidad municipal. Esta cantidad se corresponde con dos sanciones: una de 2023 de 96.000 euros y otra de 2024 por valor de 20.000 euros, que ya han sido abonadas por el municipio, aunque esta última sanción fue recurrida por el consistorio sin que los tribunales le dieran la razón. No es la primera vez que el Ayuntamiento vitoriano paga miles de euros en concepto de multas por los incumplimientos medioambientales en el vertedero. En abril de 2024 ya trascendió que desde cinco años antes se habían abonado multas por 216.000 euros en el último lustro. Ahora suma y sigue.

Las irregularidades detectadas en Gardelegi son uno de los dos “incumplimientos severos” detectados en vertederos a través de la inspección que figuran en la Memoria de Inspección Ambiental correspondiente al ejercicio 2024 publicada en marzo de 2025 por la que pregunta al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi. El otro incumplimiento severo se produjo en las instalaciones de Vascontainer, S.A, sociedad ya extinguida, que gestionaba el vertedero de Araso (Irún y Oiartzun). En este caso la infracción que en principio, se corrigió de severa a moderada, seguía el año pasado sin estar subsanada. El Gobierno sancionó a la empresa con 113.605, 68 euros y llevó el caso a la Fiscalía que trasladó el caso al fuzgado para incoar diligencias previas por un delito de gestión ilícita de residuos y de insolvencia punible. Finalmente, la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Donostia acordó la conclusión del procedimiento concursal referente al deudor Vascontainer por insuficiencia de la masa activa para la satisfacción de los créditos contra la masa así como la extinción de la mercantil.

En concreto, de acuerdo con la Memoria de Inspección Ambiental correspondiente al ejercicio 2024 publicada en marzo de 2025, en 2024 se llevaron a cabo 132 inspecciones ambientales programadas en las que en el 95,45% de las mismas se detectaron incumplimientos, es decir, se detectaron 126 inspecciones con incumplimientos frente a sólo seis inspecciones en los que no se detectó ninguna irregularidad.

Atendiendo a la gravedad de los mismos se produjeron dos incumplimientos severos detectados durante las inspecciones ambientales, que se corresponden con los citados Gardalegi y Vascontainer. Una situación que, según recuerda el parlamentario del PP, Álavaro Gotxi, “no se produce desde al menos 2017”. En concreto, de un total de 666 incumplimientos detectados, 578, fueron poco relevantes, 81 moderados, cinco significativos y dos incumplimientos severos.

En lo que se refiere al vertedero de Gardalegi, el Gobierno vasco señala que infracción calificada como severa por la inspección de 2024 se corresponde con la desviación relativa al incumplimiento de la secuencia de impermeabilización basal de la denominada celda de balas – Residuos Urbanos (RU), unido a la no ejecución de la medida complementaria establecida en el seno de un expediente sancionador anterior. Durante 2025 se realizaron dos inspecciones a esta instalación: una no programada con el fin de verificar el estado de los incumplimientos identificados en la inspección de seguimiento de 2024 y otra la propia inspección de seguimiento reglamentaria. “Tras la inspección de seguimiento realizada el pasado 01/12/2025, se pudo comprobar que había habido importantes avances en la ejecución del sellado temporal”, señala el Gobierno vasco.

Un colectivo de vecinos y usuarios del entorno de Punta Parayas y Camargo ha denunciado la existencia de parcelas de aparcamiento que se han convertido en “vertederos ilegales” en el polígono industrial de Riamar de Maliaño (Camargo), “tolerados por la administración y la propiedad (bancos, sociedades en liquidación)”.

En un comunicado, en el que adjunta material fotográfico, el colectivo documenta el “grave estado de abandono” del polígono, que se ubica “a escasos metros” del nuevo carril bici en el que el Ayuntamiento “tanto invierte”.

“El principal problema es el riesgo real para la salud pública y el medioambiente: están proliferando los depósitos de aparatos eléctricos (neveras que emiten gases tóxicos) y neumáticos (riesgo extremo de incendio y humos tóxicos hacia el entorno de Maliaño)”, advierte.

Según señala el colectivo, “aunque el Ayuntamiento debería ejecutar la limpieza de forma subsidiaria y pasar la factura a los dueños, la inacción impera por el miedo al coste burocrático, permitiendo este daño ecológico”.

Así, exige una limpieza subsidiaria urgente por parte del Ayuntamiento de Camargo, la inspección del SEPRONA para sancionar el vertido de neveras (RAEE) y neumáticos en un área conectada al Sendero de los Porqués, y “transparencia respecto qué entidades financieras o propietarios están evadiendo sus obligaciones legales”.

La Fiscalía de Álava ha admitido a trámite la denuncia presentada en diciembre por Podemos y la asociación ciudadana EKI por presuntos delitos cometidos en el proyecto del nuevo vertedero Oyín, en el que los denunciantes aprecian un intento “privatización encubierta”. Los detalles del caso fueron publicados en este periódico el pasado año. Se analizan presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y coacciones y amenazas a un funcionario público.

La denuncia considera que en este proceso se habrían realizado “amenazas, contratos opacos y un evidente daño al entorno, al medio ambiente y al tejido social”, así como “el desvío de un millón de euros de fondos públicos a manos privadas”, según ha insistido Podemos, informa Europa Press. La secretaria de Organización del partido, Leticia Jiménez, ha confiado en que la admisión a trámite de esta denuncia “sea sólo el primer paso” porque es un asunto “de una gravedad extrema y que puede afectar al patrimonio público, a la salud del entorno y al propio funcionamiento democrático de las instituciones”.

“Estamos muy satisfechas porque la Fiscalía nos ha dicho, con esta decisión, que nuestra demanda cumple con los requisitos legales necesarios y que, efectivamente, hay base para ponerse a trabajar investigando lo que para nosotras es un evidente escándalo”, ha añadido. No obstante, este paso ni prejuzga los hechos ni siquiera comparta la apertura de una causa penal, ya que solamente si se aprecian indicios se elevará el asunto a una plaza de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria.

Podemos, en todo caso, ha subrayado la necesidad de garantizar “la transparencia y el respeto institucional”, así como el mantenimiento de “un entorno saludable y seguro”. Según los indicios que los denunciantes han puesto en manos de la Fiscalía, en la operación sobre el vertedero de Valdeaguilar “se ha desviado en torno a un millón de euros públicos hacia intereses privados”, y se ha actuado “ilegítimamente” para favorecer a una empresa concreta “mediante decisiones arbitrarias y contratos irregulares”.

Más de 200 personas han recordado este domingo en Zaldibar a los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze y han vuelto a pedir responsabilidades por su muerte, cuando se cumple el sexto aniversario de su fallecimiento por el derrumbe del vertedero de esta localidad vizcaína. El acto, organizado este fin de semana por la plataforma Zaldibar Argitu, grupo que desde el colapso de la escombrera viene reclamando el señalamiento de los culpables de esta tragedia, se ha celebrado en el barrio de Eitzaga, donde se ubicaba el vertedero, informa Efe..

Durante el homenaje, vecinos de Zaldibar han tomado parte en una ofrenda floral en memoria de Alberto Soluluze y Joaquín Beltrán, cuyo cuerpo nunca llegó ser encontrado entre los escombros de Eitzaga. En el acto, que se ha desarrollado encabezado por una pancarta con un lema en recuerdo a ambos operarios fallecidos y en demanda de “respuestas y salud”, vecinos de Zaldibar han portado carteles con el nombre de la plataforma convocante.

Representantes de esta plataforma han expresado su “hartazgo” por la falta de respuesta de los juzgados tras seis años de instrucción. Tras 72 meses de la apertura de la causa, han explicado que aún no se ha obtenido “ninguna conclusión” sobre las causas del derrumbe y sus posibles responsabilidades. “Se le debe a la ciudadanía aclarar por qué razones se vino abajo el vertedero y quiénes son realmente las personas responsables de aquella tragedia”, han apuntado. 

Del derribo de Zaldibar se ha derivado una triple respuesta judicial. Por un lado, se cerró una pieza sobre el homicidio imprudente que constituyó el fallecimiento de los trabajadores, con condenas asumidas por los responsables de Verter Recycling e indmenizaciones a las familias de las víctimas. Por otro lado, se abrió un análisis de posibles delitos ambientales, un complejo proceso que sigue abierto en un juzgado de Durango. Finalmente, de esta segunda instrucción se abrió una pieza separada que ha estado meses bajo secreto de sumario. Ahora se ha levantado y, con apoyo en un informe de la Ertzaintza que ve indicios de delitos urbanísticos previos al derrumbe, se ha citado como imputados a los gestores de la planta pero, igualmente, a la exalcaldesa de Zaldibar de EH Bildu, Arantza Baigorri.

Ecologistas en Acción ha advertido al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de que podría incurrir en un delito de prevaricación si autoriza la ampliación del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) pese al informe urbanístico municipal desfavorable.

La Consejería llevará este martes al Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la propuesta de modificar la autorización ambiental del vertedero para aumentar su capacidad en 125.000 metros cúbicos, que se sumarían al millón ya autorizado, ante la próxima colmatación de la instalación, según ha señalado la organización ecologista en un comunicado.

Según Ecologistas, la ampliación ha sido solicitada por la empresa titular del vertedero, Centro de Transferencias S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser. Sin embargo, según ha recordado la organización, el proyecto no estaría amparado ni por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental actualmente vigente, ni tampoco por la declaración de Proyecto Regional aprobada por la Junta en 2015.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga emitió en junio de 2024 un informe urbanístico negativo en el que concluye que la ampliación “no es autorizable”, al prohibir expresamente el Plan General de Ordenación Urbana municipal la ampliación del centro de tratamiento de residuos de Cetransa. Ecologistas en Acción ha indicado que dicho informe es vinculante y que, de acuerdo con la legislación estatal sobre prevención de la contaminación, debería haber supuesto el archivo del expediente, algo que, como han defendido, la Consejería ha eludido.

La organización ambiental ha criticado lo que considera un trato de favor reiterado de la Junta hacia Cetransa y el grupo Urbaser, recordando que en 2001 la empresa ya se benefició de una ley “ad hoc” para mantener la actividad del vertedero tras la anulación de sus licencias municipales por el Tribunal Supremo, una norma que fue declarada inconstitucional años después. A ello añaden el riesgo ambiental que, a su juicio, supone la ampliación para el río Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.

Ecologistas en Acción, según han adelantado, propondrá en la reunión del Consejo que se archive el expediente de modificación de la autorización ambiental y advertirá de las posibles responsabilidades penales tanto del consejero como de los vocales del órgano si se aprueba la ampliación en contra de lo establecido legalmente.

La organización también ha insistiado en la necesidad de sustituir el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, vigente desde hace más de una década, después de que en marzo de 2024 una sentencia judicial anulara el intento de la Junta de revisarlo sin un nuevo procedimiento completo. A su juicio, esa revisión buscaba consolidar a la Comunidad como destino de residuos industriales peligrosos procedentes de toda España.

El vertedero de Santovenia de Pisuerga inició su actividad en 1993 y, según Ecologistas en Acción, ha acumulado desde entonces diversos incidentes, entre ellos vertidos de residuos no autorizados, fugas de sustancias contaminantes, problemas con aguas subterráneas e incluso un incendio. En la actualidad alberga más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, de los que más de un tercio proceden de fuera de Castilla y León.

La empresa que quiere implantar una planta de gestión de residuos en la localidad albaceteña de Fuente-Álamo ha querido salir al paso de la controversia social generada por su iniciativa. Ambiental Bazul S.L. tiene proyectada una planta de gestión de residuos no peligrosos, un centro de transferencia y un vertedero de apoyo, en el paraje conocido como ‘Cueva de la Muerta’, a unos seis kilómetros del pueblo.

Fuentes de la compañía han explicado a elDiario.es Castilla-La Mancha que la planta de gestión de residuos incorpora un vertedero de apoyo, que si bien incluye siete vasos de vertido, “nunca estará abierto más de uno”. Eso, afirman, está recogido en el expediente: conforme se van rellenando, se cierran, y se utiliza el siguiente.

Asimismo, inciden en que la nave incorpora impermeabilizaciones de todo tipo y que, por lo tanto, “no puede haber afección al medio ambiente ni a la salud”. Eso también está detallado en el estudio de impacto ambiental para que la administración regional dé su autorización o “nos indique las restricciones que tendríamos”.

“No vamos a poner en marcha un macrovertedero ni vamos a verter allí cualquier cosa. Ni se van a contaminar las aguas ni va a haber afecciones de ningún tipo. No tiene ningún sentido generar esa alarma y, además, si alguien tiene que valorarlo, es la administración, para eso está en trámite de autorización ambiental integrada”, apuntan desde la empresa.

“Se está haciendo publicidad engañosa con el único afán de que no salga y con intereses particulares que desconocemos”

De hecho, consideran que hay “intereses personales” en contra del proyecto y que además se ha “politizado”. Se refiere al hecho de que después de recibir el informe favorable del Ayuntamiento hace cinco años, en cuanto a la calificación urbanística, tras cambiar de signo político del Gobierno local, “ahora no quiere el proyecto”.

Según afirma, el Consistorio local ha vuelto a realizar una exposición pública del proyecto cuando “eso ya se había hecho y no se habían realizado alegaciones”. Ahora, se lleva otra vez al pleno municipal. “A nosotros, como empresa, no se nos ha dado la oportunidad de que expliquemos el proyecto”.

“Se está haciendo publicidad engañosa con el único afán de que no salga y con intereses particulares que desconocemos”, recalcan. Argumentan que si ahora el Ayuntamiento quiere oponerse, eso no significa que la ordenanza no lo permita. “Debe motivar por qué no, tiene que justificarlo”. Además, recuerdan que incluso modificando las ordenanzas, eso afectaría a nuevos proyectos y Ambiental Bazul contaría con la calificación favorable de hace cinco años.

De hecho, la empresa considera que para una zona que vive de la agricultura, una industria de este estilo “generará bienestar y riqueza”. “Nuestro interés no es otro, y si hubiera algo mal en nuestro expediente, nos lo dirá la autoridad ambiental”, en referencia a la tramitación autonómica. “Solo estamos cumpliendo con lo que se nos está pidiendo. Nos llama mucho la atención la gran cantidad de gente que lo rechaza sin conocerlo ni saber nada del proyecto”, concluyen las citadas fuentes.

Datos del expediente

En julio de 2021 la empresa presentó el estudio de impacto ambiental del proyecto y ya en 2022 se solicitó a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible la autorización ambiental integrada.

La documentación que figura en el expediente registrado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en su sede electrónica es muy prolija y con datos que varían según el documento consultado, en cuanto a sus características, pero se sabe que, una vez en marcha, entrarán unas 75.600 toneladas de residuos cada año al complejo.

El proyecto, con datos provisionales, incluye una planta de residuos de construcción y demolición (RCD) que ocuparía unos 3.500 m2, otra planta de residuos no peligrosos (RNP) con 3.250 m2. Esta última permitiría tratar 140 toneladas diarias (a un solo turno), lo que implica 35.000 toneladas al año de residuos que van desde el plástico, vidrio, papel y cartón o materiales férreos.

Se habla incluso de una planta de combustible derivado de residuos (CDR), que según la documentación ha sido desestimada, y otra para la clasificación y venta de cierto tipo de residuos.

En las instalaciones se incluye un vertedero de residuos no peligrosos, con un vaso de vertido que tendría capacidad para casi 115.000 m3 y que ocuparía 2,2 hectáreas de superficie, aunque estos datos son diferentes en otras partes de la documentación aportada y consultada por este medio.

No sería el único espacio de vertido. Con el tiempo, y de forma progresiva, se plantea la creación de siete vasos de vertido en todo el tiempo útil de la planta, hasta poder albergar casi 800.000 m3 de material.

Una planta de compostaje para residuos animales y vegetales

Entre la documentación presentada figuran los detalles de una planta de compostaje para valorizar residuos no peligrosos, según el informe encargado a un profesional de la Ingeniería Agrícola. Se justifica la compatibilidad del uso de suelo con la actividad, ya que tal y como según cita “queda reflejada en el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Fuente Álamo”.

Sería una planta de compostaje a la que entrarían residuos de tejidos animales y vegetales, heces y restos de orina animal o estiércol, residuos de la silvicultura o lodos de lavado y limpieza, entre otros. Según el documento “no será necesario consumo de agua ni energía”, entre otras cosas porque, según se cita “el agua necesaria en el proceso de compostaje se obtendrá de los lixiviados del propio compostaje que serán vertidos de nuevo sobre el compost”.

La mercantil elaborará compost a partir de residuos vegetales (restos de cosecha, cultivo e industrias agrarias), lodos y desechos porcinos y caprinos en un área de 1.500 m2. La cantidad máxima de residuos a almacenar, a la espera de compostar, no superará las 130 toneladas. El proceso de compostaje durará una media de 100 días y la estimación es que se podrían llegar a compostar unas 4.500 toneladas anuales entre los diferentes residuos a tratar y llegar a producir hasta 1.000 toneladas al año de compost (fertilizante).

La noticia de la instalación de un “macrovertedero” en el municipio de Fuente-Álamo ha levantado una auténtica polvareda en esta parte de la provincia de Albacete.

Ambiental Bazul SL es la promotora de un proyecto empresarial que incluye una planta de gestión de residuos no peligrosos, un centro de transferencia y un vertedero de apoyo, en el paraje conocido como ‘Cueva de la Muerta’, a unos seis kilómetros del pueblo.

En plenas fechas navideñas los vecinos y vecinas de la comarca han salido a la calle para expresar su rechazo a esta iniciativa que, de momento, se encuentra en fase previa de tramitación. La empresa tiene actividad desde el año 2017, con sede en Fuente-Álamo, y dos años después presentó el proyecto al ayuntamiento que, de entrada, lo consideró viable.

En julio de 2021 la empresa presentó el estudio de impacto ambiental del proyecto y ya en 2022 se solicitó a la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible la autorización ambiental integrada.

La documentación que figura en el expediente registrado por el Gobierno de Castilla-La Mancha en su sede electrónica es muy prolija y con datos que varían según el documento consultado, en cuanto a sus características, pero se sabe que, una vez en marcha, entrarán unas 75.600 toneladas de residuos cada año al complejo.

El proyecto, con datos provisionales, incluye una planta de residuos de construcción y demolición (RCD) que ocuparía unos 3.500 m2, otra planta de residuos no peligrosos (RNP) con 3.250 m2. Esta última permitiría tratar 140 toneladas diarias (a un solo turno), lo que implica 35.000 toneladas al año de residuos que van desde el plástico, vidrio, papel y cartón o materiales férreos.

Se habla incluso de una planta de combustible derivado de residuos (CDR), que según la documentación ha sido desestimada, y otra para la clasificación y venta de cierto tipo de residuos.

En las instalaciones se incluye un vertedero de residuos no peligrosos, con un vaso de vertido que tendría capacidad para casi 115.000 m3 y que ocuparía 2,2 hectáreas de superficie, aunque estos datos son diferentes en otras partes de la documentación aportada y consultada por este medio.

No sería el único espacio de vertido. Con el tiempo, y de forma progresiva, se plantea la creación de siete vasos de vertido en todo el tiempo útil de la planta, hasta poder albergar casi 800.000 m3 de material.

Una planta de compostaje para residuos animales y vegetales

Entre la documentación presentada figuran los detalles de una planta de compostaje para valorizar residuos no peligrosos, según el informe encargado a un profesional de la Ingeniería Agrícola. Se justifica la compatibilidad del uso de suelo con la actividad, ya que tal y como según cita “queda reflejada en el informe de compatibilidad urbanística emitido por el Ayuntamiento de Fuente Álamo”.

Sería una planta de compostaje a la que entrarían residuos de tejidos animales y vegetales, heces y restos de orina animal o estiércol, residuos de la silvicultura o lodos de lavado y limpieza, entre otros. Según el documento “no será necesario consumo de agua ni energía”, entre otras cosas porque, según se cita “el agua necesaria en el proceso de compostaje se obtendrá de los lixiviados del propio compostaje que serán vertidos de nuevo sobre el compost”.

La mercantil elaborará compost a partir de residuos vegetales (restos de cosecha, cultivo e industrias agrarias), lodos y desechos porcinos y caprinos en un área de 1.500 m2. La cantidad máxima de residuos a almacenar, a la espera de compostar, no superará las 130 toneladas. El proceso de compostaje durará una media de 100 días y la estimación es que se podrían llegar a compostar unas 4.500 toneladas anuales entre los diferentes residuos a tratar y llegar a producir hasta 1.000 toneladas al año de compost (fertilizante).

La actividad no plantea “ningún tipo de vertido de aguas residuales industriales ni a la red municipal de saneamiento, ni a ningún otro medio”, según el documento presentado por la empresa a la Junta de Castilla-La Mancha.

Más de media docena de poblaciones a menos de 20 kilómetros

El macrovertedero se ha planteado en el término municipal de Fuente-Álamo -con varias alternativas de ubicación- y a menos de 20 kilómetros se encuentran más de media docena de poblaciones como Ontur, Albatana, Montealegre del Castillo o Pétrola, entre otras.

La promotora explica que “no existen canales ni acequias en el interior de la finca”, que puedan obstaculizar el proyecto, aunque a unos 17 kilómetros de distancia está, por ejemplo, la reserva natural de la Laguna Salada de Pétrola, que cuenta con protección ambiental.  

El propio estudio alerta de la necesidad de “disponer de una parcela de una determinada superficie, que se encuentre lo suficientemente alejada de núcleos de población habitados, así como de otras figuras naturales y de protección ambiental y que reúna las características necesarias para su implantación”.

Uno de los informes presentados reconoce que “es inevitable que se produzca una alteración de la cuenca visual en la zona”, para añadir después que “se tomarán las medidas necesarias de tipo constructivo para conseguir la máxima integración de la explotación en el entorno”.

La promotora defiende en la documentación presentada que “al igual que se producen impactos negativos, la puesta en marcha del proyecto producirá una serie de impactos positivos”. En concreto, aseguran que se va a “incentivar la actividad económica en la zona” y que se creará empleo.

Una afirmación que contrasta con la percepción de los vecinos y vecinas de la comarca, que hablan de “crispación social” tras conocer la iniciativa.

La población no sabía nada y por eso empezamos a informar al pueblo con apoyo del ayuntamiento y para presionar a las administraciones públicas

En 2025 nació la Asociación Juntos por Fuente-Álamo como respuesta al proyecto empresarial. “La población no sabía nada y por eso empezamos a informar al pueblo con apoyo del ayuntamiento y para presionar a las administraciones públicas”, asegura Carlos Cerdán, vicepresidente de la asociación. Critica el hecho de que este tipo de proyectos lleguen ahora y se consideren necesarios “por la mala gestión de los residuos”.

“Hay que enterrar el muerto y buscan zonas despobladas con la mínima oposición social y empresarial, pero nosotros somos una comarca en crecimiento”, argumenta.

Representantes del colectivo se han reunido en los últimos meses con responsables políticos y técnicos, tanto en Albacete como en Toledo, dada “la magnitud” de una iniciativa que según asegura Carlos Cerdán preocupa en toda la comarca. “El anteproyecto omitió muchas cosas, no sabemos si de forma deliberada, como por ejemplo los pasos de lince ibérico” y por eso presentarán alegaciones “firmes” cuando el Gobierno regional abra el correspondiente proceso de información pública.  

También han recogido más de 2.000 firmas y cuentan con el apoyo del tejido empresarial de la comarca: desde la Unión de Consumidores de Albacete, la Denominación de Origen de Vino de Jumilla, CCOO, ASAJA o la Asociación de Criadores de Cabra Murciano-Granadina (ACRIMUR), entre otros.

“Tenemos una economía basada en el turismo, en el vino y en el queso y promovemos que sea sostenible. Esto para la comarca sería la destrucción de cientos de puestos de trabajo y de nuestra forma de vida”, afirma Carlos Cerdán.  

Tenemos una economía basada en el turismo, en el vino y en el queso y promovemos que sea sostenible. Esto para la comarca sería la destrucción de cientos de puestos de trabajo y de nuestra forma de vida

Hasta cinco ayuntamientos de la comarca lo rechazan. No solo el consistorio de Fuente-Álamo, sino los de Ontur, Montealegre del Castillo, Albatana y Tobarra. “La nuestra es una asociación transversal tanto social como políticamente hablando”, aclara el vicepresidente de la Asociación Juntos por Fuente-Álamo. Y es que, abunda, “no solo hablamos de la afección a la comarca de los Campos de Hellín sino a Jumilla, en la Región de Murcia. Está en manos de las autoridades de Toledo”, apunta, en alusión al Gobierno de Castilla-La Mancha.

El colectivo ciudadano cree que no se trata de un proyecto “de utilidad pública” y recuerda que antes se ofreció a pueblos como Montealegre del Castillo o Caudete, entre otros, sin que llegase a cuajar. “Son negocios muy rentables para pocos y muy perjudiciales para muchos porque… ¿quién va a querer comprar una casa en un pueblo que tenga un macrovertedero? ¿Quién apostará por una empresa sostenible allí?”.

Son negocios muy rentables para pocos y muy perjudiciales para muchos porque… ¿quién va a querer comprar una casa en un pueblo que tenga un macrovertedero? ¿Quién apostará por una empresa sostenible allí?

Carlos Cerdán — Vicepresidente de la Asociación Juntos por Fuente-Álamo

Este medio ha contactado con Ambiental Bazul SL que tiene sede social en Fuente-Álamo para conocer su versión, a través de la persona que consta como cabeza de proyecto, Eduardo Martín Pignatelli, responsable también de la empresa murciana Canteras y Reciclados, SL y actual presidente de la Asociación de Fabricantes de Áridos de la Región de Murcia (AFAREM). Sin éxito hasta el momento de cerrar esta información.

Tras la concentración vecinal durante las fiestas navideñas como acto de protesta, la asociación trabaja ahora en recabar nuevos apoyos. “Nos gustaría también contar con la presencia de otras asociaciones que ya hayan conseguido parar este tipo de proyectos en sus pueblos, para que informen a la gente porque este no es el futuro rural que queremos”, avanza Carlos Cerdán.

El secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha mostrado este lunes su apoyo al municipio de Fuente-Álamo “en la batalla emprendida por la sociedad civil y su ayuntamiento para evitar que el proyecto del macrovertedero promovido por la empresa Ambiental Bazul SL salga adelante”, después de que este fin de semana se produjera una concentración ciudadana en esta población albaceteña rechazando la iniciativa empresarial.

Las razones para posicionarse en contra, según el sindicato, tienen que ver con el objetivo común de “preservar la calidad medioambiental para que no se vea afectada la agricultura, ganadería y viticultura, actividades que son el sostén económico de la comarca”.

Tras reunirse con la Asociación Juntos por Fuente Álamo y conocer las características de la planta de gestión de residuos y vertedero que pretenden construir en el municipio albaceteño, CCOO considera que este tipo de proyectos son “incompatibles” con el discurso del desarrollo sostenible. “No se puede defender un modelo de crecimiento para nuestros pueblos que sea respetuoso con el entorno y los recursos naturales, y al mismo tiempo dejar la puerta abierta a proyectos con consecuencias negativas y dañinas para el medio natural, máxime cuando hablamos de municipios cuyo presente y futuro dependen de una actividad eminentemente agrícola y ganadera”, sostiene el sindicato.

En el caso concreto de Fuente-Álamo CCOO recuerda que “además es una zona en la que se concentran miles de hectáreas de viñedos acogidos a la Denominación de Origen Protegida Jumilla”.

CCOO cree que “falta transparencia”

El secretario general de CCOO Albacete advierte también de la “falta de transparencia y de información que ha envuelto el proyecto y de la inexistente participación de la ciudadanía afectada”.

En opinión de Paco Gómez, “las empresas sólo hablan de los beneficios que el proyecto va a reportar al municipio, incluida la creación de puestos de trabajo, pero cuando finalmente se conocen las verdaderas características que figuran en la documentación presentada a las administraciones para el informe de impacto ambiental y para obtener la autorización la realidad dista mucho de lo que se ha pretendido vender”.

Lo que ha ocurrido en Fuente-Álamo, según el sindicato, “empezó como una pequeña planta de tratamiento y resulta que va a ser un macrovertedero con capacidad para más de 150.000 toneladas, donde no solo se gestionarán residuos de la construcción, sino también residuos sólidos urbanos, bio-residuos y otros tipos de desechos”.

Empezó como una pequeña planta de tratamiento y resulta que va a ser un macrovertedero con capacidad para más de 150.000 toneladas, donde no solo se gestionarán residuos de la construcción, sino también residuos sólidos urbanos, bio-residuos y otros tipos de desechos

CCOO comparte la preocupación del pueblo porque esta actividad “va a provocar malos olores, proliferación de insectos, contaminación del aire y un riesgo importante de contaminación de los acuíferos, efectos todos perjudiciales para la calidad medioambiental y el bienestar de sus habitantes”.

Y a esto hay que sumar “el intenso tráfico de camiones que se va a generar para el transporte de los residuos”.

CCOO Albacete quiere posicionarse junto al movimiento social surgido para impedir que este proyecto vea la luz y se suma a su petición para que las administraciones implicadas no informen favorablemente a este proyecto.

Fuente-Álamo ha vivido este fin de semana una de las movilizaciones sociales más significativas de su historia reciente. Vecinos, agricultores, empresarios, asociaciones y representantes públicos de toda la comarca se han concentrado para expresar “un rechazo claro, firme y unánime” al proyecto de macrovertedero y planta de gestión de residuos que se pretende instalar en el término municipal.

Se trata de una planta de 900 metros cuadrados con capacidad para tratar hasta 75.000 toneladas de residuos al año, que se ubicaría en la comarca de Hellín.

La movilización ha sido convocada por la Asociación Juntos por Fuente-Álamo y según los organizadores quiso dejar un mensaje “inequívoco”: “Este proyecto no cuenta con licencia social, territorial ni económica, y supone una amenaza directa para la salud, el agua, la agricultura y el futuro del mundo rural”.

Según la asociación, “desde el inicio del acto se respiró un profundo sentimiento de orgullo colectivo”, no solo por volver a verse juntos como vecinos, como paisanos, como gente que quiere y cuida su tierra, sino por el trabajo silencioso y constante de quienes integran la directiva y el voluntariado de la asociación, movidas “únicamente por el amor a su pueblo y a su comarca”, según explican.

La oposición de cinco alcaldes

Destacan la “unidad institucional alcanzada” ya que alcaldes de distintos municipios y sensibilidades políticas han dicho “alto y claro” que este proyecto “no es bueno para la comarca y que no encaja con el modelo de desarrollo que defienden para sus vecinos”. Así, han manifestado públicamente su rechazo Josefa Montes, alcaldesa de Fuente-Álamo; Jesús López, alcalde de Ontur; Joaquín Martínez, alcalde de Montealegre; Francisco Mansilla, alcalde de Albatana; y Estefanía Escribano, alcaldesa de Tobarra. Todos ellos han coincidido en una idea esencial: “Cuando se trata del agua, de la salud y del futuro de los vecinos, no hay colores políticos, solo responsabilidad”.

La movilización dejó claro que este rechazo “no es el capricho de unos pocos, ni una protesta puntual. Es un rechazo social, económico y territorial ampliamente respaldado por organizaciones clave”. Ya han expresado su oposición entidades como Bodegas San Dionisio, cooperativa y almazara del pueblo con más de 1.500 socios y 5.000 hectáreas, Comisiones Obreras de Albacete, ASAJA, la Unión de Consumidores, el Consejo Regulador DOP Jumilla, la Ruta del Vino de Jumilla, Acrimur, la Asociación de Enología de Castilla-La Mancha, y asociaciones y colectivos de la comarca, entre otras.

En los próximos días se esperan nuevos posicionamientos de comunidades de regantes, cooperativas agrícolas, organizaciones agrarias, asociaciones hosteleras, industrias agroalimentarias y universidades, ante los riesgos que el proyecto plantea para los recursos hídricos, la agricultura, el empleo y la imagen del territorio.

Las fechas elegidas para esta movilización no fueron casuales. Coinciden con días en los que regresan al pueblo quienes tuvieron que marcharse a estudiar o trabajar fuera, días de reencuentros familiares y de memoria compartida. Por eso el mensaje fue especialmente profundo: “No se defiende solo un trozo de tierra, se defiende el pasado, pero sobre todo el futuro de quienes quieren quedarse o volver. Porque un pueblo no son solo casas; un pueblo es vida, calma, trabajo, familia e identidad. Y un macrovertedero rompe ese equilibrio de forma irreversible”, explican.

El presidente de la asociación juntos por Fuente-Álamo, Rosendo Hellín y el vicepresidente, Carlos Cerdán explicaron que el proyecto implica “riesgos reales para los acuíferos y el agua de la que depende toda la comarca, amenaza directamente a viñedos, olivos y tierras agrícolas, deprecia el valor de viviendas y negocios y ahuyenta cualquier iniciativa vinculada al turismo, la hostelería o nuevas inversiones sostenibles”.

Las preguntas resonaron con fuerza en la plaza: quién quiere comprar una casa junto a un macrovertedero, quién quiere sentarse en la terraza de un bar rodeado de malos olores, qué empresa responsable va a invertir en un pueblo estigmatizado por la basura. La conclusión fue compartida por todos: “Aquí no se habla de ideología, se habla de sentido común”.

Un proyecto en fase administrativa previa

La asociación explicó también con transparencia la situación real del expediente administrativo. El proyecto sigue en fase administrativa previa.

A día de hoy no existe autorización concedida, pero el procedimiento no está cerrado, advierten, “y este es un momento decisivo”. El colectivo ha mantenido reuniones oficiales tanto en Albacete como en Toledo con responsables provinciales y autonómicos en materia de medio ambiente. Desde la administración se ha trasladado, detallan, “una posición de neutralidad, entendida como intermediación entre el promotor privado y el territorio”.

Desde la asociación se respondió, también explican, “con respeto, pero con firmeza: no es lo mismo el interés económico de una empresa privada que el derecho de un pueblo a su salud, a su agua y a su futuro. Cuando se trata de medio ambiente y salud pública, la equidistancia no protege al más débil”.

Llaman a presentar alegaciones contra el proyecto

Se hace un llamamiento directo a la participación activa: hacerse socio de la asociación, firmar en contra del proyecto, apoyar las movilizaciones y, cuando se abra el plazo administrativo de 30 días y presentar alegaciones. “Desde la asociación como desde los ayuntamientos se ofrecerá ayuda para prepararlas y presentarlas, porque son una herramienta imprescindible para frenar el proyecto”.

El acto concluyó con un mensaje que resume el sentir de toda la comarca: “Cuando se autoriza un macrovertedero no se decide solo dónde va la basura; se decide dónde no habrá futuro. Fuente-Álamo y su entorno han demostrado que no están dormidos, que existe una sociedad informada, unida y dispuesta a defender lo suyo. No se piden privilegios, se pide respeto”, en concreto por el mundo rural, por quienes viven, trabajan y cuidan esta tierra cada día.

Anuncian su intención de luchar contra algo que, opinan, “hipotecaría décadas de futuro”.

El Gobierno vasco no reúne la Mesa de Acción Institucional y Social ante la contaminación por lindano desde 2022. Esto significa que este foro sólo se ha reunido en dos ocasiones desde que se constituyó ese año por mandato del Parlamento Vasco como un espacio de búsqueda de solución al problema con la función de “desarrollar una acción coordinada a nivel autonómico, estatal y europeo, para intercambiar conocimientos y para movilizar los fondos autonómicos, estatales y europeos necesarios para abordar un plan de acción integral para desarrollar las tareas de investigación y remediación”. Según la información proporcionada por el Departamento de Industria, Transición Energética y Medio Ambiente, la mesa no se reúne, en concreto, desde el 5 de mayo de 2022, convocada por la que entonces era entonces viceconsejera de Medio Ambiente, Amaia Barredo, ahora consejera de otra cartera.

La reunión de ese mes de mayo era la segunda que tenía lugar, y en ella se acordó “convocar un próximo encuentro una vez se hayan producido novedades significativas en relación con la problemática del HCH -hexaclorociclohexano o lindano- en la comunidad autónoma del País Vasco”. Según señala el Gobierno en una respuesta parlamentaria, no se ha producido una nueva reunión porque no se han registrado dichas novedades, y el mandato del Parlamento no fija “ninguna periodicidad concreta para la celebración de los encuentros”.

No obstante, indica el Industria, Transición Energética y Sostenibilidad que es su intención “convocar nuevamente la mesa entendiendo que es un instrumento necesario para compartir entre todos los agentes implicados, los avances dados en cada una de las actuaciones encaminadas a la solución ambiental de las problemáticas derivada del HCH”. “El próximo encuentro se convocará una vez que se hayan producido novedades significativas en este ámbito, aspecto que este Departamento, a través de la viceconsejería de Medio Ambiente, valorará próximamente”, dice Mikel Jauregi.

La mesa la constituye la representación del Gobierno vasco, a través de Medio Ambiente, Ihobe o Ura; el Departamento de Salud y Seguridad, de las diputaciones forales, y ayuntamientos. Además de organizaciones como Ekologistak Martxan, o Aclima. Los acuerdos que se cerraron en la última reunión se refieren al desarrollo de actuaciones relacionadas con la afección del HCH en el medio hídrico (como en el Ibaizabal o Loiola), y la afección del HCH en suelos, a través de celdas de seguridad, vertederos con HCH, otros emplazamientos inventariados e investigados donde se ha detectado HCH, además del impulso de proyectos de colaboración y de transferencia de conocimiento y actuaciones derivadas de diferentes Instrumentos de planificación.

Filtraciones desde antiguos vertederos

Se da la casualidad de que actualmente hay varios puntos en los que se sigue denunciando la localización de este compuesto, extremadamente peligroso, al agua o a la tierra, sobre todo por fugas desde vertederos que están si sellar o mal sellados. El parlamentario del PP Álvaro Gotxi pregunta por varios de ellos al consejero Jauregi: el antiguo vertedero de Lleuri, bajo el centro comercial Artea en Leioa; el vertedero de Artxanda, la localización de lindano en las aguas de la ría del Nervión.

En concreto, Gotxi interpela al consejero por el motivo de que “una alta concentración de HCH-Lindano en la estación de control LL01 que recoge los lixiviados del vertedero de Lleuri”. El consejero puntualiza que las instalaciones de este vertedero situado en Leioa, “fueron diseñadas con un carácter estanco al objeto de mantener los residuos totalmente sellados y aislados del exterior”, y aclara además que “el punto LL01 se ubica en un drenaje de aguas pluviales del entorno de Artea, no se trata de un cauce”. No obstante, señala que los resultados de las analíticas practicadas en el río Gobela, aguas abajo de la incorporación de este aporte al dominio público hidráulico, “indican que se cumplen las normas de calidad de HCH establecidas, y, por tanto,no existe impacto significativo de este drenaje sobre las aguas del Gobela”.

En este sentido, considera que “no se puede afirmar que los lixiviados del vertedero de Lleuri se filtren al río Gobela y mucho menos que acaben en el Nervión”. Aún así, indica que se está planteando “realizar estudios complementarios que permitan avanzar en la determinación del origen de la presencia de HCH en las aguas y orientar a la adopción de las medidas más adecuadas correspondientes”.

En cuanto al vertedero de Artxanda, Gotxi pregunta por las acciones del Gobierno vasco para “evitar que contaminantes como HCH-lindano se sigan filtrando y provocando una contaminación en los ríos del entorno tal y como demuestra el último informe de URA encargado a Azti”. Como es habitual en este tipo de cuestiones relacionadas con el sellado de vertederos, el departamento que se ocupa del Medio Ambiente señala, de entrada, que el proceso de sellado del vertedero es una cuestión que no depende del Gobierno, sino de los propietarios del vertedero. “Dicha responsabilidad corresponde a la persona física o jurídica causante de la contaminación. Subsidiariamente, esta obligación corresponde, por este orden, a las personas físicas o jurídicas propietarias de los suelos y posteriormente a sus poseedoras”, señala.

Indica, además, que en estos momentos, el órgano ambiental está estudiando solicitud de prórroga presentada el pasado 27 de julio en las actuaciones de puesta en seguridad del antiguo vertedero de Artxanda, que se ubica en los términos municipales de Bilbao, Sondika y Erandio. Los trabajos de seguridad de los terrenos los está llevando a cabo la empresa Berriz Recycling Company. En cuanto al sellado del vertedero señala el departamento que primero es “necesaria una estabilización del mismo de manera que las actuaciones posteriores de remediación se puedan ejecutar de manera segura”.

El parlamentario del PP interpela también al consejero de Industria Transición Energética y Medio Ambiente sobre si desde la Agencia Vasca del Agua se ha realizado alguna recomendación en el sentido de suspender pruebas deportivas en la ría del Nervión, o del consumo de sus peces, después de que estudios de Azti para URA hayan constatado la presencia de lindano en sus aguas procedentes de filtraciones de vertederos y de la herencia del carácter industria de ambas márgenes de la ría de empresas contaminantes. El Gobierno responde que “no se ha realizado ninguna recomendación sobre la cuestión planteada” porque entre las funciones que se le asignan a la Agencia Vasca del Agua, “no se encuentra la de realizar recomendaciones sobre el riesgo sobre la salud”.