El Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) ha recogido este miércoles un anuncio (uno más) con requerimientos a la empresa Verter Recycling por los problemas en el vertedero de Zaldibar, el que se desplomó en febrero de 2020 y causó la muerte de los operarios Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán y una catástrofe natural de grandes dimensiones. Sin embargo, una vez más se constata que es una empresa en liquidación, que es imposible contactar con quienes eran sus responsables y que es la Administración, con recursos públicos, la que tiene que seguir asumiendo tareas en la zona.

En este caso, la notificación es por una resolución del viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, dictada en junio. Se le reclaman a Verter Recycling “medidas preventivas y de evitación de daños ambientales”. Tras el desplome del vaso en 2020 —estaba ubicado en una ladera— se estabilizó el terreno y se llevaron a cabo sellados, pero incluso en fechas muy recientes se han detectado problemas de impermeabilización, lixiviados o residuos desperdigados que están obligando a actuar de continuo sobre el terreno.

Las tareas necesarias ahora en Zaldibar, según indican fuentes del Gobierno, tienen que ver con la “limpieza de tuberías de drenaje de lixiviados del vaso original” y del depósito extraordinario que hubo que construir en la gran operación de restauración, así como con la “habilitación de un sistema automático alimentado eléctricamente para el bombeo de los lixiviados” a la red de saneamiento comarcal para su canalización a la depuradora de Elgoibar. Zaldibar es Bizkaia pero está pegado a la muga con Gipuzkoa.

Desde el Ejecutivo no niegan que Verter Recycling “no cumple” con sus obligaciones, de modo que queda la “ejecución subsidiaria” de los trabajos por parte de la Administración. Es el Gobierno el que contrata y paga y luego le gira la factura a la empresa. El problema es que desde 2020 la minuta acumulada es multimillonaria, y eso que la ley permite actuar no solamente contra sociedades mercantiles sino contra las personas físicas que estaban detrás de ellas. En 2023 ya rondaba los 30 millones de euros. El dueño y máximo representante de Verter Recycling era el empresario José Ignacio Barinaga.

En torno a las 17:30 horas de este miércoles, se ha declarado un incendio en el vertedero de Gardelegi de Vitoria, al sur de la ciudad. Es una planta de titularidad muncipal que alberga residuos de todo tipo. Fuentes municipales explican que el fuego se ha originado en una zona con acumulación de materia orgánica y ha requerido de la intervención, al menos en un primer momento, de tres dotaciones de Bomberos.

Estas mismas fuentes explican que hay incidencias similares a la de este lunes que se pueden sofocar simplemente depositando tierra, hasta 'ahogar' el foco, privándolo de oxígeno. En esta ocasión, sin embargo, ha sido necesario contar con los Bomberos. Es probable, añaden, que lleve algo de tiempo sofocar el incendio.

A última hora de la tarde, el incendio estaba ya bien perimetrado, sin posibilidades de extenderse, han explicado esas mismas fuentes. En cualquier caso, es necesario seguir refrescando el material que está ardiendo, de modo que los Bomberos han dejado un retén para la noche.

El pasado 3 de junio ya hubo otro incendio en el vertedero. En aquella ocasión, una gran columna de humo se hizo visible desde diferentes puntos de la ciudad. Entonces, el 112 recomendó no practicar actividades al aire libre en la zona de los montes de Vitoria y no circular por las inmediaciones. Aquel fuego se dio por controlado apenas una hora y media después.

En South Lanarkshire, distrito ubicado al sureste de Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, marcada durante décadas por la minería del carbón, todos recuerdan cuando el parque eólico de Hagshaw Hill, el primero del país, se puso en funcionamiento. En 1995, aquellos enormes aerogeneradores –26 en total, de unos 55 metros de altura y 15,6 megavatios de potencia– representaban una tecnología nueva que empezaba a demostrar que el viento podía convertirse en una fuente comercial de electricidad. Treinta años después, los vecinos de esta localidad celebran otro hito de la transición energética: el reciclaje del 99% de los molinos, desmantelados por completo al finalizar su vida útil.

Nunca antes un proceso de ‘repowering’ (repotenciación) había conseguido enviar a los vertederos solo el 0,1% de todo el descarte. El logro de la empresa ScottishPower tiene una trascendencia para Europa. Según WindEurope, la agencia eólica europea, se calcula que para el año 2030 habrá más de 50.000 aerogeneradores en todo el continente que habrán alcanzado o superado el fin de su fase operativa. En España, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), casi 3.000 aerogeneradores antiguos van a ser desmantelados y sustituidos.

Según la Asociación Empresarial Eólica (AEE), en la actualidad es viable reciclar o reutilizar entre el 85% y el 90% de los materiales de un aerogenerador. El acero, cobre y aluminio se funden y se recuperan de forma madura en la industria convencional. El aprovechamiento de muchos componentes –la torre, por ejemplo– es una práctica habitual y consolidada en todos los procesos de repotenciación.

El gran reto de la industria eólica, explican desde AEE, es el reciclaje de las palas, fabricadas con materiales compuestos de fibra de vidrio o carbono, muy difíciles de reutilizar. El Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) de Economía Circular, aprobado por el Gobierno en 2022, estima que hasta 2030 se generarán en España entre 70.000 y 85.000 toneladas de materiales compuestos procedentes de las palas de los aerogeneradores.

Estos residuos van a parar, por lo general, a vertederos o a la incineración. Desde el 1 de enero de 2026 está en vigor una prohibición autoimpuesta por la industria eólica europea –coordinada por WindEurope– para, justamente, evitar que palas de aerogeneradores terminen en vertederos. Sin embargo, no constituye todavía una ley vinculante de la Unión Europea para todos los Estados miembros.

Palas para construir vallas y postes de señalización

El desmontaje de este parque eólico escocés se ha convertido en un gran experimento de economía circular para la energía eólica. El proceso fue auditado por una consultora externa –la firma Mott MacDonald–, que corroboró que el 79,5% de los materiales fue reciclado y el 20,4%, reutilizado. Menos del 0,1% se descartó.

La participación de una empresa irlandesa dedicada al reciclaje industrial ha sido clave en esta historia. Los técnicos de Plaswire diseñaron un innovador proceso para transformar el material de las palas en polímeros reforzados con fibra de vidrio que pueden emplearse posteriormente en construcción, como vallas, postes de señalización y componentes de drenaje, entre otros usos.

Las palas de Hagshaw Hill llegaron a las instalaciones de Plaswire en Irlanda del Norte. En su página web, esta empresa explica que, en primer lugar, los artefactos se cortaron y trituraron de forma mecánica. Luego, el material se transformó en un granulado compuesto por los diferentes elementos de las palas.

A diferencia de otros ensayos –que buscan recuperar cada componente con su calidad original–, esta empresa logró, con éxito, crear con todos esos “ingredientes” un polímero reforzado con fibra de vidrio, un material que se usa en el rubro de la construcción. “El reciclaje sostenible de las palas de los aerogeneradores es un desafío global. Este es un paso gigante”, explica Andrew Billingsley, CEO de Plaswire.

Para Ross Galbraith, director de construcción y operaciones terrestres de ScottishPower, el desmantelamiento de Hagshaw Hill será recordado como un “proyecto emblemático” de esta industria. “Demuestra que podemos integrar la energía eólica en una economía circular, pero también que podemos impulsar una industria completamente nueva del futuro”, afirma. “Hemos alcanzado un hito importantísimo en la economía circular de la energía renovable”, concluye.

El parque eólico de Hagshaw Hill tiene hoy 14 nuevas turbinas, mucho más potentes que las antiguas. Aporta el sistema eléctrico 80 mgavatios, energía suficiente para abastecer a 57.000 hogares durante un año.

Qué se está haciendo en España

Durante más de veinte años, las palas de los aerogeneradores de Tahivilla, en Cádiz, estuvieron expuestas al viento del Estrecho. El parque, puesto en marcha en 2004 con 98 turbinas (78,4 megavatios de potencia), está siendo hoy repotenciado. Los aerogeneradores antiguos serán sustituidos por solo 13 máquinas de entre 6 y 7 megavatios.

La operación, llevada a cabo por la empresa Acciona, se ha convertido en un banco de pruebas para la industria eólica española en materia de reciclaje. Las viejas palas ya han sido desmontadas y troceadas. Están a la espera de ser trasladadas a la planta de reciclado que la firma está construyendo en Navarra, que tendrá una capacidad de procesado de 6.000 toneladas de material al año.

Luz Reyes, gerente de Medio Ambiente Industrial de la compañía, relata avances en el aprovechamiento de estos materiales. Se han hecho pruebas piloto a pequeña escala, como la fabricación de vigas de torsión en plantas fotovoltaicas y la elaboración de suelas de zapatillas. El salto que se busca es mucho mayor, similar al de Escocia: lograr un reciclaje y reutilización del 100% y que los residuos de las palas puedan entrar en grandes cadenas industriales.

La empresa forma parte del proyecto europeo BLADES2BUILD, liderado por la cementera suiza Holcim para convertir los materiales en nuevos productos de construcción, entre ellos hormigón, asfalto y composites.

En 2025 se logró construir una losa de más de 120 metros cuadrados en el Centro Tecnológico de Acciona, en Algete, Madrid. La mezcla incorporó un 11% de material reciclado, incluidos elementos procedentes de la trituración de palas eólicas, que sustituyeron parcialmente a los áridos naturales.

Ante este alentador panorama tecnológico, Juan Virgilio Márquez, director general de la patronal española, advierte de un segundo reto para la economía circular eólica europea: que los materiales que salgan de estas plantas tengan un mercado industrial suficientemente grande y competitivo. “Si no, el reciclaje no se sostiene”.

La provincia de Albacete, incluida su capital, sigue sumando proyectos de almacenamiento de residuos peligrosos. Mientras que a principios de agosto comenzó el periodo de información pública para la autorización ambiental de un depósito de residuos de amianto en el paraje La Castra de Albacete, ahora también se ha hecho público el proyecto de un nuevo basurero de este nocivo residuo en Chinchilla de Montearagón.

En este segundo caso, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), según ha constatado este periódico, ha publicado que la instalación debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria debido a los “posibles riesgos para la salud humana y el medio ambiente”. Aunque el plan contempla el almacenamiento temporal y reenvasado en una nave industrial, existen preocupaciones por su proximidad a zonas concurridas y áreas residenciales.

La empresa promotora del proyecto de Chinchilla es Integral de Amiantos Albacete S.L. y prevé una capacidad anual de tratamiento de 900 toneladas de amianto en una nave con un mínimo de 225 metros cuadrados.

Eso sí, este proyecto está lejos de recibir luz verde. El informe emitido por la Consejería de Desarrollo Sostenible destaca que la manipulación de estos materiales peligrosos podría liberar “fibras nocivas”, lo que exige un “análisis técnico más exhaustivo” y la consideración de ubicaciones alternativas.

De hecho, el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón ya ha emitido un informe desfavorable sobre el proyecto. Concretamente, advirtió de que la nave proyectada por la empresa se sitúa en un área industrial donde existe una presencia continuada de trabajadores en las distintas empresas del entorno. Y también alertó sobre la cercanía de la actividad al suelo urbano de uso residencial, ubicado a unos 2.500 metros de las piscinas e instalaciones deportivas municipales y a 3.260 metros del casco urbano.

El Consistorio municipal señaló asimismo que las tareas de almacenamiento temporal y reenvasado implican una manipulación añadida del amianto, lo cual podría elevar el riesgo de exposición para la población en caso de que ocurra una liberación accidental de fibras.

El pleno municipal de Albacete rechaza el macrovertedero

Se da la circunstancia que el mismo día en que se ha publicado en el DOCM el proyecto para el almacén de amianto de Chinchilla, el pleno municipal del Ayuntamiento de Albacete ha manifestado su rechazo al macrovertedero anunciado para la capital provincial mediante la aprobación de un acuerdo de no conformidad. El alcalde, Manuel Serrano, ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y ha dicho que la capital provincial “no va a ser nunca la sede de la macroplanta de amianto”.

Del mismo modo se ha pronunciado el Grupo Municipal socialista, de quien ha partido la iniciativa plenaria. Su portavoz, José González, ha señalado que rechazar juntos es “el camino”. “No queremos que Albacete sea el vertedero de amianto donde vengan a traernos los residuos de otros lugares. Desde aquí debemos dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía”.

Pero la cuestión en la provincia de Albacete no queda ahí. Además de los dos almacenes de amianto en Albacete y Chinchilla, por otra parte, ha recibido el visto bueno del Gobierno de Castilla-La Mancha una nueva planta de gestión de residuos electrónicos en la localidad albaceteña de Almansa, en la misma provincia.

Promovida por la empresa Recuperaciones Cargo, la Administración autonómica, al contrario que con el amianto, considera que este proyecto no requiere un proceso más exhaustivo de evaluación ambiental, ya que se considera “ambientalmente compatible”. El motivo: operará en una nave industrial ya existente.

Según la resolución de evaluación ambiental simplificada que ha publicado la Dirección General de Calidad Ambiental en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), la instalación se dedicará a la clasificación y almacenamiento temporal de materiales peligrosos y no peligrosos, incluyendo aparatos eléctricos y electrónicos.

Los dos almacenes de Almansa

Coincide que también en Almansa se proyecta la ampliación de la planta que Acteco Productos y Servicios tiene en esta ciudad dedicada al reciclado mecánico y químico de plásticos y almacenamiento de residuos también peligrosos y no peligrosos.

Se trata de una planta de tratamiento para reciclado mecánico de residuo urbano, procedente de las plantas de tratamiento de Castilla-La Mancha. Actualmente, tras dos procesos de consulta, el Ejecutivo regional está pendiente de declararlo o no “prioritario”, la figura autonómica que regula los proyectos de especial interés socioeconómico y que agiliza los trámites administrativos.

Ahora, a este proyecto de Almansa se suma el mencionado de residuos electrónicos en la misma ciudad. Concretamente, gestionará residuos metálicos (diferenciando el acopio de chatarra férrica a granel y paquetes de chatarra prensada) y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) tanto peligrosos como no peligrosos. En cuanto a los que no tienen la calificación RAEE, se contempla un área de almacenamiento independiente destinada fundamentalmente a baterías usadas.

Adicionalmente, la planta contará con un espacio para el almacenamiento temporal de los residuos de rechazo generados por el desarrollo de su propia actividad.

La función principal de esta instalación será la recepción, clasificación, almacenamiento temporal y expedición de todos estos residuos hacia gestores autorizados para su posterior valorización o tratamiento. La instalación proyectada en Almansa cuenta con una capacidad máxima de almacenamiento de casi 300 toneladas de residuos, y podrá tratar casi un millar de toneladas anuales.

Toda la actividad se llevará a cabo en una nave industrial que dispone de 300 metros cuadrados de superficie ya construida en el Polígono Industrial El Mugrón, distribuyéndose el espacio en áreas específicas de almacenamiento para cada tipo de residuo y garantizar su “correcta segregación y seguridad”.

Esta ubicación está a poco más de un kilómetro del casco urbano de Almansa, a 130 metros del Monte de Utilidad Pública ‘Pinar de Almansa’, a unos 240 metros de la línea ferroviaria Alicante-Madrid, a menos de 500 metros de la vía pecuaria ‘Cordel de Burgos’ y a casi un kilómetro y medio de la Rambla de Las Hoyuelas.

Consumo de agua y energía

Según el documento, el consumo estimado de agua es de 30 metros cúbicos, que se realizará mediante la red municipal y se destinará exclusivamente a los servicios sanitarios de los trabajadores. Este volumen está calculado para una plantilla de tan solo tres empleados durante 250 jornadas laborales al año. Según indica el documento, la actividad no generará vertidos de proceso “ni requerirá agua para las tareas de gestión de residuos”.

En cuanto al consumo de energía, el suministro será exclusivamente eléctrico, con una potencia instalada prevista de 14,7 kilovatios. Destaca que no se requerirá el uso de ningún tipo de combustible para el funcionamiento ordinario de la planta.

A luz de todo ello, la conclusión principal de la Dirección General de Calidad Ambiental de Castilla-La Mancha es que el proyecto no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, es decir, más exhaustiva. Esta decisión se fundamenta en que se estima que la actividad “no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente”.

El órgano ambiental determina que el proyecto es compatible con la preservación de los factores ambientales (tales como la población, la salud humana, los recursos naturales, los bienes de dominio público y las áreas protegidas). Esto se debe principalmente a que toda la actividad se desarrollará bajo cubierta en el interior de una nave ya construida, sin ocupar nuevos terrenos ni afectar de forma directa a espacios protegidos o elementos ambientalmente sensibles.

No obstante, este visto bueno está condicionado al cumplimiento de medidas preventivas, correctoras y de seguimiento propuestas por el propio promotor en su documentación.

Así, el programa de seguimiento y vigilancia ambiental de la planta establece una serie de obligaciones y controles específicos sobre residuos, impermeabilización y drenaje, medición de niveles de ruido y revisión periódica tanto de la maquinaria de recogida, clasificación y almacenamiento de residuos, como del estado de conservación de la solera de hormigón impermeabilizada.

De igual forma, para evitar la contaminación del suelo y de las aguas subterráneas, el proyecto de la planta de Almansa contempla el almacenamiento exclusivo en el interior para eliminar el riesgo de que el agua de lluvia arrastre contaminantes. Según el estudio de la empresa, toda la nave industrial cuenta con una solera correctamente hormigonada. Las zonas de trabajo, tránsito o almacenamiento susceptibles de causar contaminación estarán pavimentadas e impermeabilizadas de forma adecuada.

En cuanto a la zona de RAEE peligrosos, estará dotada de pavimento impermeable y de un sistema estanco de recogida de posibles derrames, el cual operará de manera independiente a la red de saneamiento municipal. Por su parte, los residuos de baterías usadas se ubicarán en un espacio equipado con los elementos de seguridad y contención necesarios para su tipología.

Otras instalaciones de amianto en la región

Este conglomerado de proyectos para almacenes de residuos peligrosos en la provincia Albacete se suma a otros espacios similares en Castilla-La Mancha. Además del mencionado macrovertedero de amianto en la ciudad de Albacete y del proyectado en Chinchilla, en Novés (Toledo) opera la planta autorizada Recuperaciones Energéticas Novés, S.A. (RENOVÉS), que dispone de una celda específica para “el depósito seguro y eliminación de residuos de amianto”.

Por su parte, en Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) existe un depósito, con una celda específica “confinada y aislada” para amianto, en una planta operada por la empresa Ignea Medioambiente, S.L., en la Carretera de Moral de Calatrava, en la finca 'Las Heras'. Su capacidad total supera los más de cuatro millones de toneladas, pero en el lugar también se depositan residuos industriales no peligrosos e inertes.

Finalmente, en El Provencio (Cuenca) el pasado mes de junio se conoció el proyecto para ampliar el basurero de vertidos peligrosos en esta población, incluyendo un depósito de amianto.

Más de seis años después del derrumbe del vertedero de Zaldibar, que provocó el fallecimiento de dos trabajadores - Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze-, sepultados entre toneladas de escombros, la estabilización del vertedero sigue siendo un agujero negro para las arcas públicas, que se han tenido que hacer cargo de la financiación de todos los trabajos ante la insolvencia de la empresa, Verter Recycling, ya liquidada.

Este lunes el Boletín Oficial del País Vasco, (BOPV) ha publicado un anuncio del viceconsejero de Medio Ambiente, por el que se notifica la resolución autorizando “la disposición y se ordena el pago, de forma subsidiaria, de la entidad beneficiaria del proceso de expropiación, Verter Recycling 2002, SL, del justiprecio e intereses devengados por la expropiación” de varias parcelas para acometer los trabajos. En concreto, se trata de las parcelas 96, 100 y 129. El departamento de Medio Ambiente publica en el Boletín vasco y también en el BOE este anuncio, al no poder contactar con los propietarios. En el mes de marzo de este año se publicó otro anuncio de iguales características referido a la parcela 103. Todas estas parcelas están afectadas por la ejecución del 'proyecto as built' de las obras de emergencia en el vertedero de Zaldibar.

Lo que no figura en la orden de pago que publica el BOPV es la cantidad concreta que se debe abonar por esta expropiación y los intereses, como tampoco se conocen las cantidades que acumula ya el Gobierno vasco en los trabajos que ha tenido que desarrollar en el antiguo vertedero a lo largo de estos años.

Aunque la empresa Verter Recycling está liquidada, las personas físicas que la componían mantienen por ley obligaciones que han de cumplir. Sin embargo, la publicación en los boletines oficiales de los anuncios de expropiaciones por parte del Gobierno vasco demuestran una vez más que las arcas públicas son las que están asumiendo el coste de esta catástrofe personal -por el fallecimiento de los dos trabajadores- y medioambiental, que sigue sin solucionarse, pese a que derrumbe se produjo el 6 de febrero de 2020, ya no si no es posible ni siquiera contactar con los propietarios de los terrenos más difíciles será aún cobrar la deuda que tienen con el Gobierno vasco.

Los últimos informes de las inspecciones realizadas por el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco en el vertedero de Zaldibar constatan que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, por ejemplo en lo tocante a los drenajes. “Si no se toman medidas, es posible que estos precipitados terminen creando un tapón de consecuencias imprevisibles tales como el vertido incontrolado de lixiviados o disminución de la estabilidad”, señalaba la documentación entregada el pasado mes de febrero al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi a instancias del representante de EH Bildu Ander Goikoetxea. Los inspectores constataron una cadena de hasta 29 irregularidades, algunas de ellas de especial gravedad, como el hecho de que nadie realice “operaciones de mantenimiento” con el fin de “prevenir un deterioro generalizado de instalaciones críticas” como los drenajes y vertidos de lixiviados. Unas irregularidades cuya reparación asume de manera subsidiaria el Gobierno vasco ante la 'ausencia' de la empresa y responsables.

El mismo año del colapso y derrumbe del vertedero de Zaldibar, en 2020, se realizaron ya actuaciones urgentes en el vertedero, unas obras que se abonaron con dinero público y que ascendieron a más de 29 millones de euros. La idea era que Verter Recycling asumiera luego la factura, algo que no ha ocurrido, ni por la empresa, ya liquidada, ni por sus rresponsables y la factura sigue creciendo con el paso del tiempo y la necesidad de realizar más intervenciones. En junio de 2023 volvió a estar en riesgo la estabilidad, según los informes técnicos. En 2024 y 2025 ha habido más obras y siguen las expropiaciones de los terrenos para continuar con las intervenciones.

El Gobierno vasco remitió en el mes de octubre cartas a Eduardo Barinaga, el dueño de Verter Recycling, a su sobrina Arrate Bilbao y a Elena Susaeta recordándoles que la normativa les hace aún responsables de las instalaciones a pesar de que la empresa titular del recinto fuera liquidada tras los hechos de 2020. En diciembre apareció en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) una notificación pública porque dos de las notificaciones no se habían podido realizar. Barinaga y Bilbao ya fueron condenados por un delito contra los trabajadores, por el “homicidio imprudente” de Beltrán y Sololuze. Aceptaron su responsabilidad y abonaron indemnizaciones económicas a las familias de las víctimas con lo que evitaron la entrada en prisión, pero respecto a asumir los costes de las reparaciones del vertedero, no consta que ninguna de las personas señaladas hayan presentado alegaciones o hecho nada para reparar los problemas en Zaldibar.

En paralelo, un juzgado de Durango investiga los posibles delitos ambientales detrás de Zaldibar. De esa causa se ha derivado una más que analiza el papel del Ayuntamiento en el control urbanístico de unas instalaciones. En este caso, como adelantó este periódico, está siendo investigada la exalcaldesa de EH Bildu entre 2011 y 2018, Arantza Baigorri. Será en el próximo mes de septiembre cuando la Audiencia Provincial de Bizkaia realice el trámite conocido como “deliberación y fallo” que deberá resolver los recursos de nulidad presentados por todos los imputados en la investigación penal abierta por la juez Laura Yuste por presuntos delitos urbanísticos relacionados con el vertedero de Zaldibar.

El Cabildo de Gran Canaria, en lo que duran los trabajos para recuperar el Ecoparque Sur tras el incendio que le afectó la pasada semana, ha reorganizado de forma temporal y extraordinaria la recogida de residuos hacia el vertedero del norte de la isla, por lo que prevé mayores tiempos de espera, retrasos y posibles incidencias en servicios municipales.

En un comunicado, la corporación insular ha explicado este lunes que los trabajos en el Ecoparque Sur ya se han iniciado con el vaciado progresivo de los fosos afectados por el fuego, parte de los de la planta de clasificación de la fracción resto de los residuos municipales, una operación que ha de realizarse con especial cautela.

Ello porque, de entrar oxígeno a estos restos, podría provocarse la reactivación de focos que todavía permanecen calientes, por lo que se mantienen a día de hoy las labores de refresco, control y vigilancia.

El fuego se inició en la zona de trituración de restos de poda y se propagó a otras áreas de la instalación, ha recordado la corporación insular, quien ha insistido en que se intentarán llevar a cabo estos trabajos de recuperación de la normalidad lo antes posible, con la seguridad de las personas y las instalaciones como prioridad.

Mientras se recupera la operatividad del Ecoparque Sur, el Cabildo ha establecido una reorganización extraordinaria y temporal de los flujos de residuos hacia el Ecoparque Norte y las plantas de transferencia de la isla para garantizar la continuidad del servicio público de gestión de residuos.

Eso sí, ha advertido que este cambio “puede provocar mayores tiempos de espera, retrasos en la gestión y posibles incidencias puntuales en los servicios municipales de recogida”, por lo que ha pedido a la ciudadanía “colaboración y comprensión”, evitando depositar los residuos si ven los contenedores llenos, esperando a que se haya efectuado su vaciado.

Asimismo, se aconseja reducir o aplazar temporalmente la entrega de residuos voluminosos y restos de poda, al tratarse de fracciones que requieren una mayor capacidad de espacio y tratamiento.

Es importante, además, atender a las indicaciones que puedan trasladar los ayuntamientos ante posibles adaptaciones temporales de los servicios municipales de recogida.

Efectivos de emergencias trabajan para sofocar un incendio declarado a primera hora de la tarde de este viernes en el vertedero de Juan Grande, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), que ha generado una gran nube de humo, visible desde distintos puntos del municipio y también desde la GC-1, en un suceso en el que dos intervinientes han tenido que ser atendidos por los servicios sanitarios por inhalación de humo.

Fuentes del Cabildo de Gran Canaria han señalado a este periódico que el fuego ha sido por “combustión de restos de poda, acumulada en gran abundancia por la acumulación a su vez en zonas forestales tras el invierno”.

No obstante, indican que por el momento no hay afectación forestal.

En el lugar intervienen Bomberos de San Bartolomé, efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, concretamente del parque de Arinaga y también se han movilizado dos helicópteros de Medio Ambiente.

Según el Cabildo de Gran Canaria, tras las descargas de los medios aéreos y las labores de los bomberos, en torno a las 17.30 horas, ya había disminuido la afectación del fuego.

Sin embargo, aunque debido al viento la columna de humo es visible desde la autovía, a las 18:30 horas, se ha conseguido confinar el fuego en el interior de las instalaciones, según informa el 1-1-2 Canarias en sus redes sociales.

La corporación insular pide a la población “prudencia”, y “evitar acercarse al entorno”.

Ya el pasado año, un incendio también afectó al del denominado Ecoparque Gran Canaria Sur, justo en una zona con restos de poda.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Albacete ha presentado una iniciativa para frenar de manera definitiva la implantación de un macrovertedero de residuos de amianto en el término municipal.

Esta semana la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha ha publicado el anuncio por el que se inicia el periodo de información pública relacionado con la solicitud de la autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental del proyecto.

El portavoz socialista, José González, ha anunciado que ya ha solicitado formalmente y por escrito al alcalde, Manuel Serrano, la convocatoria de la Junta de Portavoces con el objetivo de incluir en el orden del día del próximo Pleno Ordinario, fijado para el 27 de agosto, y con los informes técnicos pertinentes, el debate y votación de un acuerdo plenario de no conformidad respecto a la tramitación de la evaluación de impacto ambiental de este proyecto.

La iniciativa empresarial se ha planteado en el paraje La Castra, y prevé la construcción de nueve vasos de almacenamiento de desechos de amianto procedentes de diversos puntos de la provincia de forma progresiva, con capacidad para cerca de 300.000 toneladas. “La operativa contemplada supondría el tránsito diario de seis camiones de cinco toneladas divididos en dos rutas de acceso al término municipal”, explican los socialistas.

El concejal José González considera que “existen sobradas razones y motivos de tipo social, económico y medioambiental para rechazar y no respaldar este tipo de proyectos que tan sólo aportan inseguridad, intranquilidad y la alteración de nuestro modo de vida y de nuestro medio ambiente”.

La iniciativa del Grupo Municipal Socialista se apoya en el nuevo marco normativo de Castilla-La Mancha, tras la reciente entrada en vigor de la Ley 5/2026, de 16 de julio, que ha modificado la Ley de Evaluación Ambiental autonómica para reforzar la autonomía local, exigiendo de forma obligatoria un certificado de conformidad del Pleno de la Corporación para poder continuar con la tramitación de cualquier expediente de impacto ambiental.

El ayuntamiento tiene “capacidad de decisión definitiva”

El portavoz socialista ha destacado que este cambio legislativo otorga al Consistorio una “capacidad de decisión definitiva”.

“Esta facultad de adoptar un acuerdo de no conformidad en nombre de toda la ciudadanía no sólo permite manifestar el rechazo, sino que se convierte en un instrumento clave para que la voluntad del Ayuntamiento y de la ciudadanía sea el principal elemento para decidir qué tipo de desarrollo económico e industrial queremos para Albacete”, ha explicado González Martínez, añadiendo que si en el Pleno de agosto se alcanza ese acuerdo de no conformidad, “el procedimiento quedará finalizado”.

También ha apelado a la unidad de la Corporación para ofrecer “certidumbre a los vecinos y vecinas” y actuar con la misma determinación con la que ya se intervino en el pasado frente a otras iniciativas perjudiciales para el municipio. “Este es el camino que debe seguir el Ayuntamiento para aportar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía, como ya hizo este Consistorio con el proyecto de la planta de biogás, que se paralizó por la unanimidad municipal y ante el que el Grupo Municipal Socialista presentó una moción de rechazo que fue aprobada”, ha comentado José González, refiriéndose a una iniciativa planteada en octubre de 2024 y que se frenó a tráves de la oposición del ayuntamiento albaceteño.

Para concluir, el portavoz del Grupo Municipal Socialista ha señalado que “confiamos en que Manuel Serrano pase de las palabras a los hechos, y más allá de un titular improvisado defienda los intereses de la ciudadanía”.

La portavoz del PP dice que “llegan tarde”

La portavoz del Grupo Popular, Rosa González de la Aleja, ha respondido asegurado que “el PSOE llega siempre tarde, mal y a veces nunca”, afirmando que “pasó con la planta de biogás y ahora con la de amianto”.

Se ha dirigido al concejal socialista para recordar que “en el día de ayer el alcalde anunció públicamente, ante los medios de comunicación, que el Ayuntamiento iba a plantear todas las acciones políticas, sociales, técnicas e institucionales necesarias para evitar su instalación, como la celebración de un Pleno”.

En este sentido, ha pedido al portavoz socialista que opte por “la unidad y el consenso en temas que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos”, como la planta de amianto, “en lugar de ir por su cuenta con la única intención de colgarse medallas políticas que no le corresponden y apropiarse de anuncios que no son suyos”.

González de la Aleja opina que “los socialistas quedaron retratados con el proyecto del biogás, al ocultar las gestiones e impulsarlo, y ahora pretenden redimir sus penas proponiendo cosas ya anunciadas y que están en marcha”.

“Nos resulta curioso que los socialistas del Ayuntamiento quieran darnos ahora lecciones cuando fueron ellos los que dejaron el proyecto de la planta de biogás en un estado avanzado para su instalación”, en la pasada legislatura, cuando gobernaba el PSOE. “Fue el Partido Popular, con Manuel Serrano al frente, quien lo paró en Romica”, ha recordado la edil.

En su opinión, el portavoz del PSOE “solo busca la notoriedad que ni su partido le da, ya que no preguntan por él ni en las encuestas”.

Hoy la edil insiste en que el PP rechazará el macrovertedero de amianto. “El equipo de Gobierno actuará con determinación, firmeza y contundencia, avalado por criterios urbanísticos y medioambientales, para impedir la instalación de esta planta de amianto en Albacete”, ha zanjado.

Continúa adelante la tramitación del proyecto para construir un depósito de residuos de amianto en el paraje La Castra de Albacete, impulsado por Soluciones Técnicas de Amianto, SL, con sede en el polígono industrial Campollano.

Este lunes, la Dirección General de Calidad Ambiental del Gobierno de Castilla-La Mancha publica el anuncio por el que se inicia el periodo de información pública relacionado con la solicitud de la autorización ambiental integrada y del estudio de impacto ambiental del proyecto.

La empresa presentó el documento para lograr la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con fecha de 27 de febrero de 2026 y en él cambia algunos detalles del proyecto inicial que se conoció hace ahora un año. Por ejemplo, reduciendo capacidad: si de forma inicial contaba con 14 vasos de depósito de amianto y una capacidad para albergar 525.000 toneladas de residuos a lo largo de su vida útil, 25 años, ahora esos parámetros cambian.

El vertedero se ubicaría en una superficie superior a las 18 hectáreas y tendría 9 vasos de depósito de amianto. Su capacidad total llegaría a las 279.989 toneladas de residuos.

Los vasos serán también más pequeños pasando de poder albergar 75.000 m³ cada uno a 51.850 m³. El promotor justifica el cambio como una forma de garantizar un comportamiento ambiental más predecible y estable.

También alega que los vasos no se abrirán de una vez, sino de forma progresiva, según se vayan llenando y se taparán con “materiales inertes (tierras) que actuarán como barrera física adicional” y con “impermeabilización” para evitar la infiltración al terreno.

¿De dónde vendrán los residuos de amianto?

Entre las instalaciones, el vertedero tendrá una nave de 600 m2 que servirá para albergar las oficinas de la empresa, junto con aseos-vestuario y almacenamiento de maquinaria. También habrá una báscula para el pesaje de los vehículos que traerán los residuos de amianto y hasta una planta fotovoltaica para abastecerse de energía.

Aunque no se citan de forma específica los lugares de procedencia de los residuos peligrosos, sí se alude a que la intención es dar servicio a la provincia de Albacete y al resto de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

El proyecto inicial contemplaba la admisión de hasta cuatro tipos de residuos de amianto, incluyendo los procedentes del sector naval y ferroviario, del sector textil o de la automoción.

Ahora solo se admitirán residuos de amianto procedentes la construcción (calderas, hornos, paredes, techos, canalizaciones, etc.) o restos de fibrocemento (recubrimientos de tejados ondulados, tejas, pizarra, baldosas, azulejos...).

Autorización “excepcional” porque el plan urbanístico no lo permite

Para la implantación de este vertedero se ha elegido una parcela en suelo rústico de reserva, concretamente suelo no urbanizable común (SNUC) de uso agrícola, en concreto campos de cultivo de secano. Hay dos alternativas de ubicación propuestas, más o menos cercanas a núcleos de población y a otros elementos de interés ambiental o económico.

En todo caso, está muy cerca del canal del trasvase Tajo-Segura y su ubicación coincide con la masa de agua subterránea de la Mancha Oriental.

La planta se ubicaría a menos de siete kilómetros de La Gineta y en un radio de no más de 18 kilómetros estarían tanto Albacete capital, como Barrax, Los Olivos o La Roda.

La empresa promotora reconoce que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Albacete, solo permite los usos usos agrícolas, ganaderos, forestales y otros compatibles con la preservación del medio rural y que la implantación de infraestructuras de gestión de residuos peligrosos, como un vertedero de amianto, no se contempla como uso ordinario en este tipo de suelo.

Y sin embargo, confía en que este proyecto pueda ser una excepción “bajo ciertas condiciones” y poder así conseguir una autorización excepcional que requeriría, además, un informe preceptivo del Instituto Geológico y Minero de España que evalúe si cumple con ciertos requisitos. Por ejemplo, una distancia mínima de 2.000 metros de zonas residenciales y recreativas, vías fluviales, masas de agua y otras zonas agrícolas o urbanas.

De entrada, el proyecto cuenta con un informe de afección negativo por parte del Ayuntamiento de Albacete, alegando impactos en el entorno natural, la calidad de vida de los vecinos por el tráfico pesado y el riesgo de contaminación.

Para que pueda recibir el visto bueno deberá pasar también otros filtros: que no afecte a la existencia de aguas subterráneas, aguas costeras o reservas naturales en la zona, que las condiciones geológicas, hidrológicas e hidrogeológicas de la zona no se vean alteradas, además de comprobar que no hay riesgo sísmico, de inundaciones, hundimientos, corrimientos de tierras o aludes en el emplazamiento del vertedero o que se respeta la protección del patrimonio natural o cultural de la zona.

La empresa descarta riesgos sísmicos o de inundaciones aunque reconoce un riesgo “moderado” de incendios forestales.

Lo que sí se identifica como una debilidad crítica es el riesgo por exposición a fibras de los trabajadores, calificado como “de intensidad alta y potencialmente significativo”. O en sí mismo el riesgo “moderado” de emisión de fibras de amianto al medio ambiente.

También se reconocen “impactos potenciales” de infiltración de lixiviados al subsuelo y afección a acuíferos, si el sistema de impermeabilización “falla”.

Así justifica la empresa el proyecto

La empresa promotora dice apostar por un vertedero controlado argumentando que “el amianto es un residuo peligroso cuya gestión debe realizarse conforme a la normativa estatal y europea” y que su proyecto “busca establecer una instalación adecuada para su almacenamiento y eliminación, cumpliendo con los requisitos de seguridad y protección ambiental”.

Recuerda también que desde la prohibición del uso del amianto en 2002, en Castilla-La Mancha “se han desarrollado estrategias para su gestión segura” o que en Albacete operan varias empresas especializadas inscritas en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA).

“La retirada progresiva de elementos de fibrocemento de cubiertas, bajantes y otros elementos constructivos que suponen una problemática requiere de empresas que ofrezcan servicios integrales para su retirada y gestión conforme a normativa vigente”, señala.

También sugiere la “necesidad de contar con nuevas instalaciones como vertederos controlados autorizados para su eliminación segura”, en las que se pueda realizar una correcta trazabilidad de los residuos.

Una iniciativa muy contestada

La iniciativa recibía hace justo ahora un año un amplio rechazo social, incluyendo el de la Diputación Provincial. Su vicepresidente Fran Valera señaló entonces que se prestaría “apoyo institucional, técnico y jurídico” a las localidades afectadas por la posible instalación, es decir Albacete capital, Barrax, La Gineta y también La Roda.

Desde la Diputación se presentó un “completo documento de alegaciones” para mostrar su oposición a la iniciativa por el “gran impacto ambiental, social y en la salud pública que podría tener”.

También Ecologistas en Acción Albacete subrayó el pasado año “la gran inquietud” causada a los vecinos de la zona “por donde pasarían cada año cientos de camiones con esa peligrosa mercancía”.

Se trata, recuerda la organización ecologista, de productos industriales cuyo uso decayó hace más de veinte años “debido a los graves riesgos de su exposición a la salud, tanto en el manejo y producción como en los materiales resultantes de su utilización y los restos o residuos que se derivan, tanto por la degradación como la fractura, trituración o la manipulación de los mismos”.

En concreto, recuerdan, “se asocian directamente con los riesgos de multitud de tipos de cáncer de pulmón, por la inhalación de las fibras que se desprenden en estos procesos”. Por esa razón, subraya Ecologistas en Acción, “la gestión de los residuos procedentes de los materiales con amianto se ha convertido en un problema de muy difícil gestión, que debe ser realizado por personas muy cualificadas y empresas bien acreditadas”.

Creen necesaria la gestión adecuada de los residuos que contienen amianto, pero con tres condiciones fundamentales. No solo que la realicen “empresas y personal suficientemente acreditado para esa función”, sino que el tratamiento se centre en “residuos de proximidad, procedentes de localidades cercanas al punto digestión y almacenamiento, para evitar los riesgos de la posible rotura de los envases que los contiene y su potencial liberación de las fibras de amianto al aire”.

Y por último, que el lugar de almacenamiento sea el más idóneo, evitando al máximo posible los riesgos en el medio ambiente. A este respecto, proponen usar zonas ya degradadas, como canteras abandonadas, “que podrían ser utilizados para el depósito de esos residuos”.

Según Ecologistas en Acción el proyecto “no reúne a nuestro juicio ninguna de esas condiciones”. Además, recuerdan que el proyecto pretende ocupar una zona que está catalogada en el PGOU de Albacete como suelo agrícola de especial protección y además “en una zona que está catalogada de especial protección para aves esteparias, como la avutarda, la ganga o el sisón, todas ellas especies protegidas que verían totalmente alterado su hábitat”.

Bolaños de Calatrava, Novés y El Provencio

El vertedero de amianto de Albacete no sería ni el primero ni el único en Castilla-La Mancha, aunque algunos proyectos han pasado más desapercibidos. En Novés (Toledo) opera la planta autorizada Recuperaciones Energéticas Novés, S.A. (RENOVÉS), que dispone de una celda específica para “el depósito seguro y eliminación de residuos de amianto”.

En Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) existe un depósito, con una celda específica “confinada y aislada” para amianto, en una planta operada por la empresa Ignea Medioambiente, S.L., en la Carretera de Moral de Calatrava, en la finca 'Las Heras'. Su capacidad total supera los más de cuatro millones de toneladas, pero en el lugar también se depositan residuos industriales no peligrosos e inertes.

En El Provencio (Cuenca) el pasado mes de junio se conoció el proyecto para ampliar el basurero de vertidos peligrosos en esta población, incluyendo un depósito de amianto.

Nuevo incendio en el vertedero de Nájera. A las 16:00 horas de este sábado 1 de agosto, la situación está controlada y los recursos de emergencia están refrescando la zona y cubriéndola con tierra tal y como confirman fuentes del Gobierno de La Rioja. Amigos de La Tierra La Rioja ya ha valorado este nuevo fuego del que responsabiliza a la “pasividad de la administración regional”. A través de una nota de prensa achacan este nuevo incendio a la inexistencia de “medidas de prevención y a la falta de interés del Gobierno de La Rioja que está más preocupado por la caza y el exterminio del lobo”.

Asimismo, insta al Ejecutivo regional a “además de centrarse en la extinción, entregarle la factura a la empresa propietaria del vertedero y realizar una investigación a fondo sobre las causas del incendio y paralizar la actividad hasta garantizar que no se vuelve a repetir”.

El último en abril

Y es que el pasado mes de abril se originó otro fuego en la misma zona, un incendio bastante más complejo que el de este 1 de agosto porque los recursos de emergencias tuvieron que permanecer durante varios días en la zona para sofocarlo por completo. Medio aéreos y terrestres colaboraron en las labores de extinción. La columna de humo obligó a las localidades del entorno a mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada del humo.

Asimismo, desde las instituciones se recomendó a la ciudadanía a no usar los aparatos de climatización, y que las personas con dificultades respiratorias o patologías previas que evitaran salir al exterior o que si tienen que salir usen mascarillas FFP2. Además, desde el Ayuntamiento de Nájera también solicitaron la máxima colaboración de la ciudadanía y atención a las indicaciones oficiales.

Las críticas

Distintos colectivos ecologistas y partidos políticos denunciaron la gestión de esta instalación. Entre ellos, los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Nájera, Sergio Díez y Juan José Morgado quienes consideraron que el incendio de hace tres meses no fue un “accidente aislado”, sino la confirmación de un problema que lleva años gestándose sin que se hayan tomado medidas eficaces. “Estamos ante un modelo de gestión de residuos que ha demostrado ser claramente insuficiente y que está poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y el entorno natural”, apuntaban a principios de abril. Igualmente, aseguraron que “no se puede normalizar que las instalaciones de este tipo funcionen sin las garantías suficientes. Lo ocurrido es inaceptable”, reiteraban. Y por eso pidieron la apertura “inmediata” de una investigación independiente y que se depuraran responsabilidades políticas y técnicas. De igual forma, solicitaron la “revisión urgente del cumplimiento de la Autorización Ambiental integrada del vertedero” además de la implantación de “sistemas eficaces de control ambiental en la zona”.

Amigos de La Tierra La Rioja también fue crítico con el incendio en el vertedero. Y es que la entidad ecologista recordaba que en menos de un año se han incendiado dos importantes empresas de gestión de residuos. La primera en Casalarreina (ASIDER ENVIROMENT) donde “no consta que se haya adoptado ningún tipo de medida a posteriori”. El segundo, el vertedero de Nájera, “donde al igual que a las instalaciones de Casalarreina llegan residuos de otras regiones españolas y seguramente de otros países”. Y ahora hay que añadir este nuevo fuego en el vertedero de Nájera.

El de abril llegó incluso al Parlamento de La Rioja. Los socialistas pidieron la solicitud urgente de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, para que explicaran la gestión del incendio originado en abril. En dicha comparecencia querían explicaciones sobre esta instalación privada “que desarrolla su actividad con un importante número de irregularidades”. Por su parte, el diputado socialista, Jesús María García, recordó que esta es una instalación privada “que desde su implantación en 2009, ha sido objeto de una cuestionada gestión”. Y es que “existen varias denuncias presentadas en contra de este vertedero por diferentes colectivos, denuncias que, incluso, derivaron en la apertura de expedientes de sanción por la administración regional”.

IU registró un listado de preguntas para pedir explicaciones al Ejecutivo regional. Para la formación, lo ocurrido “no es un hecho fortuito”: “El vertedero acumulaba denuncias por entrada irregular de residuos, informes negativos y al menos una sanción del propio Gobierno regional. Las señales de alarma existían y fueron ignoradas”, declaraba la portavoz del grupo municipal, Idoia Eguileor. “Cuando una instalación lleva años recibiendo avisos y nadie actúa, el incendio no te sorprende. Lo que te sorprende es que encima pretendan decir que esto es mala suerte”.

La Guardia Civil, con la participación de Europol y la Gendarmería francesa, ha detenido a cuatro personas integrantes de una organización criminal dedicada al fraude medioambiental y al tráfico ilegal de residuos. La operación, bautizada como “Franger”, ha permitido acreditar la introducción de al menos 46.000 toneladas de residuos procedentes de Francia en Catalunya. A los detenidos se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Según la investigación, la organización, asentada en la provincia de Barcelona, utilizaba documentación falsa para introducir en España residuos municipales e industriales procedentes de Francia bajo denominaciones como “producto” o “tierras”, con el fin de enterrarlos sin adoptar ninguna medida de seguridad para proteger el medio ambiente.

Con esta documentación falsificada, los investigados evitaban los controles asociados al traslado internacional de residuos y eludían el pago de los impuestos correspondientes a Hacienda. Además, se ahorraban los costes de depósito y el canon exigido en Francia, donde la fiscalidad ambiental aplicable a este tipo de residuos es más elevada. El daño medioambiental y el posible fraude relativo a ese canon se encuentran todavía pendientes de valoración.

Vertidos en suelos agrícolas y vertederos

Una vez en España, los residuos eran vertidos de forma irregular y sin las medidas de seguridad obligatorias, generando un riesgo para el medio ambiente y las personas. Parte de los residuos eran enterrados de forma clandestina en suelos agrícolas situados principalmente en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), mientras que otra parte era enviada a cuatro vertederos de residuos inertes y tres vertederos de residuos no peligrosos, donde los materiales —plásticos, maderas o envases— eran mezclados con tierra.

Las analíticas oficiales practicadas durante la investigación confirmaron que parte de los componentes vertidos contenían residuos peligrosos, en concreto hidrocarburos y metales pesados, productos con capacidad de generar daño medioambiental y tóxicos para las personas.

Un informe técnico que será solicitado a la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) valorará el riesgo generado por este grupo criminal sobre la población, los cultivos y las aguas subterráneas. Por su parte, la Agencia de Residuos de Catalunya y el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires han sido informados de la investigación y se está trabajando con el consistorio para estudiar posibles medidas de control, precinto o descontaminación en las zonas afectadas.

La investigación comenzó en 2022, cuando la Guardia Civil inició inspecciones sobre una planta de gestión de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales procedentes de áreas contaminadas de grandes obras en Barcelona. Posteriormente, se detectó la entrada de residuos procedentes de gestores ubicados en Francia.

Registros en Barcelona y Girona

Las detenciones y registros se realizaron el 23 y 24 de junio, mediante un despliegue coordinado en el sureste de Francia y en Catalunya, en el que participaron más de un centenar de agentes de la Guardia Civil, la Gendarmería francesa y Europol, que prestó apoyo personal, tecnológico y de información. Por parte de la Guardia Civil intervinieron unidades especializadas en protección de la naturaleza, investigación criminal, fiscal y fronteras, seguridad ciudadana y apoyo operativo.

En la provincia de Barcelona se realizaron tres registros en domicilios y empresas situados en Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei y Sant Esteve Sesrovires, y uno más en un domicilio de la provincia de Girona. Durante estas actuaciones se intervino abundante documentación, archivos contables, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y ordenadores, cuyo análisis permitirá determinar el alcance real de la actividad investigada.

Fueron detenidos dos hombres, de 39 y 70 años, de nacionalidad española y francesa, y dos mujeres, de 62 y 66 años, de nacionalidad española e italiana. A uno de los detenidos se le atribuye el rol de presunto líder y administrador, con funciones de gestión y control económico-documental, así como de intermediación en los traslados y vertidos. La investigación alcanza también a varias empresas y personas físicas vinculadas con la actividad investigada.

Las obras del vertedero de Artxanda, en Bilbao, que el Gobierno vasco paralizó de forma cautelar el pasado mes de abril, siguen atascadas. Y la empresa encargada de la ejecución de los trabajos, Berriz Recycling Company, no responde a los requerimientos que le ha realizado el Ejecutivo, según reconoce el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una información trasladada al Parlamento Vasco.

El Gobierno vasco ordenó la suspensión cautelar de las obras en abril de este año tras constatar en una inspección no programada a las instalaciones que se habían realizado excavaciones no autorizadas y que la empresa carecía de entidad acreditada en materia de calidad del suelo y de dirección de obra nombrada. La que estaba haciendo estas funciones abandonó estas labores en el mes de diciembre.

La medida cautelar de suspensión se adoptó en el marco de un expediente sancionador en curso y posteriormente, el 8 de mayo, se envió a la empresa un requerimiento para que presentara ante el órgano medioambiental un informe validado por dirección de obra y redactado por una entidad acreditada en materia de suelos que recogiera las labores realizadas para el descabezado y retaluzado del vertedero desde el inicio de la obra y hasta la fecha, para conocer la situación real actual del vertedero. Es un requerimiento al que no se ha respondido por parte de la empresa, por lo que la obra sigue paralizada de forma cautelar.

El último cronograma presentado por la empresa al Ejecutivo estimaba que en el mes de diciembre de 2025 se presentara el informe final de descabezado del vertedero para garantizar su estabilización. Sin embargo, tal y como reconoce el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad interpelado por el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, “esta previsión se ha visto alterada por la comunicación realizada por la entidad acreditada Lurgiro SL, el 22 de diciembre de 2025”, que suspendió la relación contractual con los promotores.

“A día de hoy la empresa Berriz Recycling Company no ha informado a este órgano sobre la entidad acreditada responsable de supervisar las labores de excavación por lo que estas actuaciones se encuentran paralizadas”, señala el consejero Jauregi. De igual forma, esto supone que Berriz Recycling tampoco ha presentado ante el órgano ambiental la información sobre las actuaciones realizadas hasta la fecha y se está a la espera de que responda al requerimiento enviado en este sentido.

El Gobierno señala, entre otras cuestiones, como respuesta a una batería de requerimientos planteados por el parlamentario 'popular' sobre el vertedero, que “no han comenzado los trabajos de instalación de geosintéticos en la base del vertedero y no se ha emitido por el órgano ambiental pronunciamiento por el que se permite el inicio de dichas obras de impermeabilización”.

Las obras para estabilizar el antiguo vertedero de Artxanda y poner en marcha uno nuevo en la zona han sido polémicas desde el principio. El objetivo era retirar el lindano del terreno, pero para ello, como reconoció el propio consejero el pasado año en sede parlamentaria, primero era necesario “asegurar el terreno”. “La inestabilidad del terreno, hace inviable cualquier actuación de remediación definitiva, si antes no se garantiza la seguridad estructural del propio vertedero”, reconocían. Pero esos trabajos se han encontrado con muchas más dificultades de las esperadas.

La propia empresa reconocía en sus informes el riesgo de desplome. El talud ya se vino abajo en 1983 después de las inundaciones que asolaron Bilbao ese año. Berriz Recycling como propietaria de los terrenos asumió las tareas de descontaminación en 2024 para dar una nueva vida a esta zona, que fue el vertedero de Bilbao desde 1967 hasta el 1976. En un principio, la idea del Gobierno vasco era limpiar y sellar el vertedero, pero finalmente optó por la reapertura y utilizar esta capacidad. Sin embargo, las obras siguen paralizadas hoy en día, y sin fecha.

Desde que en 2015 comenzó a operar el vertedero de El Provencio, en la provincia de Cuenca, “siempre ha cumplido la normativa vigente” y no ha provocado “ningún problema”. Tampoco su reciente ampliación supone ninguna “afección ambiental añadida”, por lo que no ha sido necesario que la Administración autonómica realizara una nueva evaluación.

Así lo han precisado a este periódico fuentes de la Dirección General de Calidad Ambiental del Ejecutivo regional, con motivo de la reciente reunión de vecinos y vecinas de la localidad, convocados por Ecologistas en Acción, en la que mostraron su “creciente preocupación” por la ampliación de estas instalaciones.

El departamento explica que el grado de cumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) con la que cuenta este basurero ha sido “alto” y que las inspecciones se han llevado a cabo de manera periódica desde la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca.  

En estos 11 años, añade, “no ha dado ningún problema” y en las inspecciones que se han ido realizando, el grado de cumplimiento de la AAI (Autorización Ambiental Integrada) ha sido alto.

“No es contaminante” porque las celdas están “impermeabilizadas”

“Se trata de un vertedero que cumple con la normativa en este tipo de residuos (amianto) y no es contaminante: no obstante, y para añadir más seguridad, las celdas están impermeabilizadas”, señalan las citadas fuentes, que recuerdan que es la única instalación de Castilla-La Mancha que puede acoger restos residuos.

Aunque el amianto es considerado residuo peligroso cuando se manipula y para quien lo manipula, una ver “inertizado” (volver inerte un residuo) ya no es considerado como tal. Por eso, en la Dirección General ponen el acento en el hecho de que precisamente esa es la labor que realizan en la instalación: hacer que el amianto no tenga ningún tipo de reacción química.

En cuanto a la ampliación de sus instalaciones en cuatro celdas más, que denuncia Ecologistas en Acción, la Dirección General de Calidad Ambiental afirma que “no va a tener una afección medioambiental añadida” a la que ya existe, y está “dentro de la normativa permitida”. Es el motivo por el que no ha sido necesario un nuevo expediente de evaluación como demanda el colectivo.

Por último, sobre la posible contaminación del acuífero, el departamento precisa que las celdas están “altamente impermeabilizadas” para evitar cualquier tipo de estas afecciones. “Sí hubiese algo a nivel de acuífero, la competente es la Confederación Hidrográfica, y hasta el momento no tenemos constancia de que haya problemas”.

“No se va a ampliar Valdemingómez, no es cierto que vaya a haber dos nuevas parcelas en Valdemingómez porque el recinto es exactamente el mismo”, aseguraba este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez- Almeida, en respueta a la exclusiva adelantada por este periódico sobre el vertedero de Madrid. El regidor añadía: “Quien diga que se está ampliando Valdemingómez, no está diciendo la verdad”.

Sin embargo, el proyecto de la UTE Las Dehesas, concesionaria de las instalaciones, afirma que sí habrá ampliación. Según el texto que acaba de salir a información pública y al que ha tenido acceso Somos Madrid, dicho documento se tramita porque “está promoviendo la ampliación del vertedero de residuos no peligrosos”, dice literalmente en la justificación del texto técnico.

A continuación, el mismo texto aclara que “con este documento se inicia el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), previo y necesario para obtener la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada vigente”. Es decir, que necesita cambiar los permisos ambientales de los que dispone el vertedero, otro de los charcos que ha pisado Almeida al negar la ampliación.

El alcalde aseguraba también, en respuesta a una pregunta durante su rueda de prensa de este miércoles, que el recinto “tiene exactamente la misma autorización ambiental”, sin indicar que será necesaria la “modificación sustancial” actualmente en trámite, adelantada por este periódico, para que se la Comunidad de Madrid, competente en materias ambientales, pueda permitir la citada ampliación.

Almeida añadía, para restar importancia a la extensión de la zona de vertidos: “Lo único que hay es que está compartimentado y a medida que se colmata una celda se pueden utilizar las celdas que hay anexas”. Y aseguraba que su Gobierno es “el que más ha avanzado en procesos de reciclaje”. Sin la modificación ambiental y el proyecto de ampliación, el Ayuntamiento no podría verter más desperdicios sobre las nuevas celdas.

Según ha podido examinar este medio, la expresión “ampliación” asociada al vertedero o a la autorización ambiental pertinente se emplea en hasta 38 ocasiones a lo largo de la documentación presentada.

Críticas de la oposición por la ampliación

Tanto Más Madrid como PSOE han reaccionado también a la información adelantada por Somos Madrid sobre Valdemingómez. Rita Maestre ha criticado, en una publicación en redes sociales: “El PP sólo se acuerda del Sureste madrileño para colocar depuradoras, vertederos, incineradoras… La falta de una estrategia real y sostenible de residuos se traduce en más desigualdad. Si tanto le gustan a Ayuso los basureros, que se los pongan en su ático de lujo”, ha dicho en una publicación en Bluesky.

Por su parte, la portavoz socialista Reyes Maroto ha escrito lo siguiente en X: “Cuando decimos que a Almeida no le importa lo más mínimo el sur de Madrid, nos referimos exactamente a esto: ampliar Valdemingómez con dos nuevos vertederos para seguir acumulando basura”.

“La capacidad actual del vertedero está a punto de llenarse”. Esta frase es una de las justificaciones con las que se plantea el proyecto de ampliación del vertedero de Las Dehesas, el lugar al que Madrid arroja la mayor parte de su basura, ubicado en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. Lo hará con dos nuevas zonas para acumular residuos no peligrosos, debido a que su volumen está cerca de colmatar las siete celdas diseñadas en el año 1997, cuando se puso en marcha este espacio. Los espacios propuestos por la concesionaria del Ayuntamiento de Madrid son unas nuevas celdas numeradas como 8 y 9, que estarán situadas al sur de las actuales instalaciones, en el entorno del Parque Regional del Sureste.

“El emplazamiento seleccionado es la última reserva disponible de suelo libre en el interior de la parcela que se encuentra en contacto con las celdas existentes”, apunta el proyecto, que ya tiene luz verde de la Comunidad de Madrid en su parte ambiental, documentación a la que ha tenido acceso este periódico y que acaba de salir a información pública.

La concesionaria de estas instalaciones municipales elige la ampliación del vertedero como la opción “más sostenible”, ya que de esta forma “se retrasa la necesidad de buscar un nuevo emplazamiento, que implicaría impactos ambientales y económicos mayores”. Con los dos nuevos vertederos, la vida útil de esta parte de Valdemingómez aumentaría en 7,4 años, según los cálculos del informe.

Las dos nuevas celdas sumarán 127.120 metros cuadrados si se unen las superficies de la 8, más grande (78.920 metros cuadrados, contando los taludes exteriores y viales de acceso), y la 9 (48.200 metros cuadrados). Su capacidad máxima será de 2.495.547,14 metros cúbicos y 1.476.038,83, respectivamente.

En cuanto a la afección de estas nuevas instalaciones, el informe asegura que no existen riesgos significativos sobre la salud de las poblaciones del entorno, debido a su distancia con respecto a las zonas residenciales más próximas de Madrid, Getafe y Rivas (entre cuatro y ocho kilómetros) y la aplicación de algunas medidas preventivas. “La distancia que existe entre las futuras celdas y las zonas urbanas indican que sus efectos serán muy bajos o inexistentes”, declara la documentación consultada.

“A pesar de que la población residente en unos 6-8 kilómetros alrededor del proyecto es de 500.000 habitantes, las zonas más sensibles habitadas suman unas 9.000 personas en Perales del Río y unas 80.000 en Rivas Vaciamadrid. Los olores, principal afección de las instalaciones, afectarían a unas 5.000 personas en el entorno de influencia, situado entre cuatro y cinco kilómetros.

Un estudio específico sobre los niveles de olor en el entorno indican que la ampliación del vertedero incrementará en un 2% la extensión de las isodoras, cantidad que considera “poco significativa”. Aunque el mismo estudio admite que “el problema de los olores generados en el Complejo de Las Dehesas es un impacto sobre el que se está actuando de forma intensa desde hace años, sin haber conseguido todavía un control de las emisiones hasta niveles aceptables que eviten la afección a los núcleos urbanos del entorno”.

También pone el acento en “el efecto acumulativo”, a la vez que reclama “la necesidad de desarrollar actuaciones integrales no solamente sobre el conjunto de las instalaciones municipales (Parque de Valdemingómez y EDAR Sur), sino también en las instalaciones del DCR de Pinto, por lo que se requiere el desarrollo de un plan de actuación supramunicipal”.

Reforestación de al menos 68.000 metros cuadrados

El estudio ambiental viene acompañado de un informe de la División de Parques Regionales, que depende de la Consejería de Medio Ambiente y que alerta de los efectos que tendrá la construcción de las nuevas celdas de vertidos en el Hábitat de Interés Comunitario, compuesto por matorrales y pastizales que alojan diferentes especies animales del entorno del Parque Regional del Sureste.

El informe pide por ello “compensar, en la medida de lo posible, toda afección apreciable sobre los hábitats y taxones de interés comunitario albergados en el espacio, derivada de la ejecución del plan”. Como el cálculo de zonas de especial valor natural que desaparecerán bajo el vertedero es de 34.000 metros cuadrados, la reforestación deberá ser de 68.000, el doble de la superficie afectada, para compensar los daños a la biodiversidad.

Por último, la valoración de riesgos ambientales avisa de la presencia de arsénico en los terrenos por encima del nivel de referencia de la legislación autonómica. Pero la conclusión es que la presencia de componentes de carácter peligroso “comportan un riesgo aceptable para la salud humana para un uso industrial del suelo y para las vías de exposición consideradas”.

El Parque Tecnológico de Valdemingómez cuenta entre otras instalaciones con el vertedero de Las Dehesas y la estación de tratamiento de Las Lomas, en el límite municipal entre Madrid y Rivas. Desde su creación a finales de los setenta, la instalación lleva años rodeada de debate y episodios controvertidos a causa de su impacto ambiental, intensificados cuando a partir de 2006 los desarrollos urbanos de Valdecarros empezaron a atraer residentes que sufrían sus olores y molestias. Parte de los desarrollos del sureste, donde el Ayuntamiento apuesta por construir la gran bolsa de vivienda de la ciudad, se encuentran afectados por su área de influencia.

El Gobierno vasco cree que la capacidad actual de los vertederos es suficiente y acorde con las previsiones de reducción de vertidos que se establece en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos (PPGR) para 2030. Según señala el Ejecutivo, actualmente existe una capacidad de vertido de residuos no peligrosos que asciende a algo más de 4,4 millones de toneladas, cantidad que sale sumando la capacidad de los seis vertederos totalmente operativos, a la que tiene el de Jata, en Lemoiz, y el de Aizmendi en la Mancomunidad de San Marcos. “A día de hoy, con las previsiones de vertido a 2030 y la capacidad remanente actualizada, la capacidad de vertido es suficiente”, indica el departamento de Industria, Transición Económica y Sostenibilidad. Esta capacidad es muy superior a la que se estima en el plan para el año 2025 y 2026, con una reducción del vertido en vertederos hasta las 550.000 tonaladas, con el objetivo de que en 2030 acaben en el vertedero sólo 200.000 toneladas de residuo.

Según la información trasladada por el consejero Mikel Jauregi al Parlamento Vasco a petición de Álvaro Gotxi, del PP, el vertedero de Gardelegi, en Vitoria tiene una capacidad de 1.206.000 toneladas, el vertedero de Zalla, 1.187.681 toneladas y el de Igorre, 1.022.324 toneladas, todos ellos en Bizkaia y los tres con mayor capacidad. El de Artigas tiene 450.000 toneladas de capacidad, Bistibieta, en Lemoa, 211.346 toneladas, Betearte, en Mallabia, 78.430 toneladas. Además, incluye en el listado el vertedero de Jata, en Lemoiz, con 201.600 toneladas de capacidad, y el vertedero de residuos inertes y no peligrosos de Aizmendi, de la Mancomunidad de San Marcos, en Gipuzkoa, con 88.915 toneladas de capacidad. En total, 4.446.296 toneladas de capacidad en lo que se refiere a los residuos no peligrosos. Actualmente, según los datos que maneja el Gobierno vasco, los vertidos se han reducido un 53% respecto al año 2018, y el objetivo es llegar a un 85% en 2030. Este año, coincidiendo con el ecuador del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, se está llevando a cabo el seguimiento con datos de cierre de 2025. “A partir de este análisis se elaborará un documento de revisión que revisará la prognosis de vertido y definirá el programa de actuaciones para el periodo 2027-2030”, señala el Ejecutivo.

Por otra parte, el departamento de Industria también considera que llegará al objetivo de revalorizar en 40.000 y 50.000 toneladas al año de las fracciones resto de los procesos de tratamiento de plásticos de residuos de aparatos electro-electrónicos, tal y como se determinaba en el Plan, aunque para ello no se construirá una nueva planta. “La actuación de la Administración se ha orientado hacia las instalaciones ya existentes, evitando la necesidad de construir nuevas plantas específicas, señala el Ejecutivo. En este sentido, afirma que se están tramitando a instancias de los titulares de las instalaciones ya existentes en las que se llevan a cabo operaciones de valorización energética, modificaciones de sus autorizaciones para aumentar la capacidad de valorización energética. ”En caso de que dichas modificaciones sean aprobadas la capacidad total disponible para la valorización energética de residuos plásticos alcanzará las 45.000 toneladas anuales, un rango coherente con las necesidades estimadas en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030 para las fracciones resto de estos procesos“.

En relación con la gestión de estos residuos de aparatos eléctrico-electrónicos, señala el Ejecutivo que además de las plantas ya autorizadas con una capacidad total de 62.500 toneladas anuales, se han autorizado varias plantas de valorización con una capacidad de más de 24.000 toneladas anuales que permite separar los plásticos por familias y composición, con el objetivo de destinarlos a reciclaje, conforme a la jerarquía de gestión de residuos. Estas nuevas plantas autorizadas son Imduplast, Recyclig, ubicada en Zalla; Zerkibide, en Llodio, Logiraees en Trápaga; Reciclajes Ugarte, también en Trápaga; Emaus-Koopera UTE, en Vitoria y Ruben Gómez Pérez, en Lemoa.

La plataforma ciudadana Salvemos La Coronada ha convocado este sábado una manifestación en Villanueva de la Serena contra la proyectada planta de biogás y el “viejo macrovertedero”, ambos situados en el término municipal villanovense y próximos al núcleo urbano de La Coronada.

La movilización, convocada bajo los lemas ‘Stop planta de biogás’ y ‘Cierre del macrovertedero YA’, partirá a las 12:00 horas desde el Cruce de Fajardo, donde está prevista una concentración ciudadana y un corte simbólico de tráfico de diez minutos.

Posteriormente, los participantes recorrerán varias calles de Villanueva de la Serena, entre ellas San Francisco, Plaza de las Pasaderas, Ramón y Cajal y Plaza de España, hasta concluir frente al Ayuntamiento, donde se dará lectura a un manifiesto público.

La plataforma ha hecho un llamamiento a vecinos, colectivos y ciudadanos de toda la comarca para sumarse a una protesta con la que pretende “defender la salud pública, el medio ambiente y el futuro de la comarca”.

Según el colectivo, La Coronada lleva años soportando los efectos del actual macrovertedero, una instalación que considera “saturada y obsoleta”, y cuya continuidad, advierte, afectará aún más a la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, Salvemos La Coronada rechaza el proyecto de planta de biogás previsto a escasos kilómetros del municipio, al entender que supondría un nuevo impacto ambiental para una zona que, según sostiene, ya soporta una elevada carga de infraestructuras contaminantes.

La plataforma ha animado a los habitantes de toda la comarca a participar en la movilización bajo el mensaje de que “los pueblos no se venden, se defienden”.

“Esto no va de colores, va de olores”. Es uno de los lemas con los que más de una veintena de asociaciones vecinales de toda Castilla-La Mancha se han unido, convocadas por la plataforma No al Biogás en la Sagra, para protestar en una manifestación contra el impacto de la “biometanización” de la comunidad autónoma. Básicamente, exigen la paralización del plan autonómico que contempla la regulación de las plantas de biogás y el freno a la imposición de estas instalaciones y también de las macrogranjas.

La movilización se ha celebrado este sábado a las 17 horas en la céntrica plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo y no tiene precedentes en cuanto a la unión de tantos colectivos de la comunidad autónoma.

Los organizadores la han calificado de “multitudinaria” a pesar de la lluvia, y en ella han participado cientos de personas llegadas de las cinco provincias de la región.

“Se ha evidenciado el creciente rechazo social al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, han señalado los convocantes que han mostrado “su oposición frontal” a la implantación de macroplantas de biometano y macrogranjas industriales, un modelo que consideran incompatible con la conservación del medio ambiente, la protección del agua, la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo sostenible de los pueblos.

Denuncian que “una vez más el medio rural se pone al servicio de intereses económicos ajenos a sus necesidades. Si estas plantas de biometano o las macrogranjas de cerdos aportasen beneficios a los vecinos, las grandes ciudades se pelearían por ubicarlas en sus inmediaciones, pero la realidad es que ninguna las quiere”, señalan desde las plataformas.

“Se ignoran” las 15.000 alegaciones presentadas

Durante el acto, los portavoces del Grupo Regional de Plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han denunciado que el Gobierno autonómico “sigue ignorando” las más de 15.000 alegaciones presentadas por ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de toda la región. Han recordado que estas alegaciones continúan sin recibir una respuesta individualizada y motivada, lo que, a juicio de los colectivos, supone “una grave vulneración del derecho democrático de participación pública”.

En la concentración han pedido también la revisión individualizada, motivada y legalmente válida de las citadas alegaciones ciudadanas; una evaluación ambiental y técnica “verdaderamente independiente, libre de conflictos de interés”; y un marco legal “previo, garantista y preventivo que proteja el territorio, la salud pública, la economía rural y la autonomía municipal”.

La concentración ha servido también para lanzar un mensaje claro y contundente a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente de la Junta: “Los pueblos de Castilla-La Mancha no aceptarán imposiciones ni decisiones tomadas de espaldas a la ciudadanía”.

Del mismo modo, advierten al presidente García Page “del elevado coste electoral que le va a suponer seguir apoyando el plan de su consejera que cuenta con un amplio rechazo social en las comarcas afectadas”.

Piden la suspensión cautelar del plan de biometanización

Las plataformas exigen también la suspensión cautelar inmediata del Plan Regional de Biometanización y la paralización de todas las plantas proyectadas, una evaluación verdaderamente independiente y la aprobación de un marco legal garantista que proteja la autonomía municipal y el derecho de los municipios a decidir sobre su futuro.

La jornada ha estado marcada, inciden, por “un ambiente de unidad, determinación y firme compromiso”. Vecinos de todas las comarcas afectadas aseguran que la oposición a este modelo “no es un fenómeno aislado, sino un movimiento regional amplio, transversal, organizado y cada vez más fuerte que aglutina a miles de personas del mundo rural”. Advierten y apelan a la solidaridad de todo el mundo rural ya que “hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural”.

Hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural

Las Plataformas Stop Biometano han valorado muy positivamente la respuesta ciudadana y han anunciado que continuarán intensificando su coordinación y sus acciones sociales, institucionales y jurídicas hasta lograr la paralización definitiva de un plan que consideran injusto, insostenible y contrario a la voluntad mayoritaria de los pueblos.

“Hoy Toledo ha escuchado la voz de los pueblos de Castilla-La Mancha. Cientos de personas y decenas de plataformas han demostrado que nuestros pueblos están unidos y decididos a defender su tierra, su agua, su salud y su dignidad. No permitiremos que conviertan nuestra región en un vertedero industrial. La movilización no ha hecho más que comenzar”, señalan.

Plataformas adheridas a la protesta

Ahora, la protesta llega a la capital castellanomanchega. Según han informado sus organizadores a este medio, acudirán representantes de plataformas de Campo de Criptana, Socuéllamos, Torralba de Calarava, Carrión de Calatrava, Llanos del Caudillo, Madridejos, Membrilla, Campos del Paraíso, Valdepeñas, Pedro Muñoz, Arenales de San Gregorio, Villa de Don Fadrique, Villaluenga de la Sagra, Manzanares, Malagón, Daimiel, Quintanar de la Orden, Tomelloso, Villarrobledo, Huelves, Paredes, Tobarra y Fuentenovilla.

Junto a todas ellas, muchas con un largo historial de movilizaciones en sus municipios, también ha estado presente la Stop Ganadería Industrial, la plataforma estatal que también impulsa y apoya desde hace años el rechazo a las plantas de biogás, principalmente porque consideran que suponen un “efecto llamada” para macrogranjas. Mantiene actualizado un mapa de los proyectos en la región:

Constituidas como Grupo regional de Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha, la manifestación de Toledo quiere visibilizar el “rechazo social masivo” al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha y denunciar públicamente “la falta de respuesta democrática, jurídica y ambiental” por parte del Gobierno regional.

Hay posibles impactos sobre acuíferos, contaminación por nitratos, emisiones, olores, bioaerosoles, incremento del tráfico pesado, así como “deterioro de la economía rural tradicional y riesgos para la salud pública

Creen que el Plan Regional de Biometanización carece de una evaluación acumulativa rigurosa sobre el efecto conjunto de decenas de proyectos previstos, omite “análisis clave” sobre disponibilidad de recursos, trazabilidad del digestato y emisiones fugitivas, y presenta “graves dudas sobre su imparcialidad por la vinculación de entidades adjudicatarias con el propio sector del biogás”.

En la misma línea, desde una de las plataformas convocantes, la Asociación de Vecinos por la Sagra Viva sin Biogás, denuncian que una de las plantas que pretenden instalar en su comarca y de la que ya se han iniciado las obras, se ubica a una distancia de las poblaciones que consideran completamente insuficiente.

En concreto, a menos de un kilómetro y medio de los municipios toledanos de Cobeja, Yuncler y Villaluenga, así como a tres kilómetros de Pantoja, por debajo de lo que establece el propio Plan de Biometanización. Piden por ello que se paralicen las obras y se amplíe la distancia a estas poblaciones como mínimo a diez kilómetros “por los riesgos que podrían suponer sobre la salud y la calidad de vida de nuestros vecinos.

La concentración de Toledo pretende convertirse en una demostración de unidad regional frente a un modelo que consideran “impuesto, contaminante y socialmente rechazado”, así como en “un mensaje inequívoco” al Gobierno autonómico: “La ciudadanía rural está organizada, movilizada y decidida a defender sus derechos”.

“¿Qué piensan hacer con sus alpechines?”, dice el Gobierno regional

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha hecho alusión a esta manifestación esta misma semana. Dice respetar estas protestas pero ha preguntado a los vecinos y vecinas que viven en algún municipio de la región “qué piensan hacer con sus alpechines, con sus vinazas, con los estiércoles ganaderos, con los restos de podas y con los lodos de depuradora”. Es decir, señala directamente los residuos agroganaderos que tratan y convierten estas plantas de biometano.

Si los residuos no se tratan de forma adecuada, los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región

Ha advertido de que si estos residuos no se tratan de forma adecuada, “tendremos un problema”, ya que “los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región”.

Por lo tanto, la consejera cree que es importante que eso también se tenga en consideración. Y al mismo tiempo defiende que los proyectos empresariales de biometano busquen buenas ubicaciones, que “no molesten absolutamente a nadie” y que resuelvan estos problemas.

Precisamente, el decreto que dará cabida al Plan Regional de Biometanización está ya en el servicio jurídico en sus últimas fases de implementación de mejora desde el punto de vista jurídico del texto.

Confía la titular de Desarrollo Sostenible que antes del verano esté ya disponible y permita a la región contar con una norma reguladora que defina “qué tipo de instalaciones son las que pueden venir a Castilla-La Mancha” y sobre todo, dónde se tienen que instalar y de qué forma, “para que también sea una ayuda a los municipios para su toma de decisiones”.

Mientras esta planificación sigue su trámite, las empresas promotoras también desembarcaron recientemente en Toledo para analizar las variables ambientales del biogás. En unas jornadas organizadas por la Fundación Naturgy, Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) advirtió de que esta polémica renovable ha “venido para quedarse”, pero admitió que “debe explicarse mejor”. Varios expertos apostaron por su desarrollo para la descarbonización, aunque también reconocieron que “hay que saber llegar a la población rural”.

En ese evento también estuvo presente Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, quien incidió en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, recordó que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

No obstante, las supuestas bondades del biogás no terminan de convencer a los vecinos y vecinas de los pueblos afectados. Con más de 70 proyectos operando o en planificación en toda la comunidad autónoma, las plataformas ciudadanos han decidido ahora unirse para manifestar su rechazo total, dentro un debate muy polarizado y de difícil solución.

La última gran manifestación en la región antes de la celebrada este sábado fue la llevada a cabo en la localidad conquense de Campos del Paraíso el pasado 28 de marzo. Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se movilizaron en este municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por 40 asociaciones, recorrió las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural. 

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado un recurso de la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling, contra una resolución de 2021 de la exconsejera Arantxa Tapia, de 2021, en la que decretaba el “carácter significativo de los daños medioambientales” de la catástrofe de febrero de 2020, en la que cayeron 800.000 toneladas de residuos ladera abajo y quedaron sepultados dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. La declaración, además de ser muy simbólica por los términos de sus conclusiones, comportaba una serie de obligaciones que la compañía, ahora liquidada, quería evitar.

El pleito, uno más de la miríada de procesos judiciales abiertos en torno a Zaldibar, se ha resuelto con una sentencia fechada a 31 de marzo y notificada en abril que ha dictado una sala compuesta por los magistrados Luis Garrido, Juan Carlos da Silva e Irene Rodríguez. El recurso fue interpuesto por parte de Verter Recycling en el verano de 2021 en el Tribunal de Instancia de Bilbao y hasta 2023 no se determinó que la competencia para analizarlo era del Superior, que tuvo el 17 de febrero la votación y fallo que ha derivado en esta sentencia.

La resolución impugnada en cuestión fue firmada por Tapia el 20 de enero de 2021, casi un año después del suceso. Después vino otra del 9 de abril de ese mismo año, en la que se aprobaba el “proyecto de reparación” de las instalaciones, una inversión millonaria que tuvo que adelantar la Administración por las graves consecuencias ambientales para el entorno de Eitzaga, un lugar ubicado en Bizkaia pero muy cerca de la muga con Gipuzkoa.

La sentencia establece que el hecho de que la Administración considerase como “significativo” el impacto ambiental es un concepto “central” de la legislación ambiental cuando hay “cambios adversos en el ámbito natural (especies, hábitats, aguas, suelo, ...) con especial relevancia por su magnitud, duración o irreversibilidad” y ello “requiere medidas de prevención, reparación o compensación”. Y abunda que se hizo de forma “objetiva” siguiendo unas guías del Ministerio de Transición Ecológica.

Someramente, se menciona que “los niveles máximos” de variados indicadores se superaron en “múltiples” ocasiones como consecuencia del alud de residuos y que ello se deduce de informes de organismos “plenamente reconocidos”. La sala menciona, por ejemplo, excesos de mercurio, de amonio, de DB05, de DQ0 o de arsénico.

La empresa alegó que en la tramitación del expediente se omitieron procedimientos exigidos por la ley, lo que le causó indefensión, así como que se encargaron informes y luego se le reclamaron los costes “sin haber tenido acceso ni posibilidad de pronunciarse sobre ellos”. Asimismo, Verter Recycling sostiene que “existen responsables del incidente ajenos” a esa empresa. De hecho, culpa abiertamente a Geyser HPC, que redactó el proyecto de construcción. Pocas horas antes del desplome, técnicos de esa consultora y de Verter Recycling tuvieron noticia de la existencia de deslizamientos y riesgos.

El Superior, en cambio, desestima los argumentos de la empresa. En el proceso han estado personados la Diputación de Bizkaia -a través de Interbiak, titular de la autopista afectada- y el Ayuntamiento de Zaldibar, que secundaban también las tesis del Gobierno vasco. Sin embargo, la aseguradora Allianz sí apoyó a Verter Recycling. La sentencia, en todo caso, no es firme y cabe acudir al Tribunal Supremo. El plazo se agotará en breve.

Este proceso ha sido paralelo a las investigaciones penales sobre Zaldibar. Han sido tres. La primera se cerró con un acuerdo por el cual los gestores del vertedero, encabezados por José Antonio Barinaga, se declararon culpables de un homicidio imprudente e indemnizaron a las familias de Beltrán y Sololuze. La segunda, aún pendiente de conclusión, revisa precisamente los posibles delitos ambientales. La tercera, más reciente, guarda relación con posibles delitos urbanísticos en la ampliación de la planta. En la actualidad se ha conocido que sigue habiendo afección ambiental por lo sucedido hace ya más de seis años.

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja por los hechos relacionados con el incendio ocurrido los días 9 y 10 de abril de 2026 en el vertedero ubicado en Nájera, gestionado por la empresa Vertidos Rioja S.L..

Según recoge la denuncia, el incendio generó una intensa nube de humo que obligó a los servicios de emergencia de SOS-Rioja a emitir recomendaciones a la población, como el cierre de puertas y ventanas, la desconexión de sistemas de climatización y el uso de mascarillas, especialmente para personas con problemas respiratorios, población infantil o adultos. El humo, con olor a plástico quemado, llegó incluso a la ciudad de Logroño debido a cambios en la dirección del viento. También a la ciudad de Haro, “que su Ayuntamiento no informo a la población jarrera sobre la emergencia”.

La organización ecologista considera que estos hechos “podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, tipificado en los artículos 325 y siguientes del Código Penal, al haberse producido emisiones contaminantes a la atmósfera que podrían haber causado daños a la calidad del aire y generado riesgos para la salud pública”.

Ecologistas en Acción subraya además “que no se trata de un hecho aislado. Según informaciones publicadas en los medios de comunicación, en el vertedero de Nájera se han registrado al menos cuatro incendios en los últimos dos años y un total de seis en la última década, lo que evidenciaría una problemática recurrente”.

Asimismo, la denuncia pone de relieve “que diversas inspecciones realizadas por el Gobierno de La Rioja han detectado incumplimientos relevantes en la gestión de la instalación”. En particular, un acta de inspección de diciembre de 2024 ya señalaba deficiencias importantes en materia de contaminación atmosférica, funcionamiento de las instalaciones y gestión de residuos, concluyendo que no se garantizaba el cumplimiento adecuado de la autorización ambiental.

La organización ecologista considera “que estos antecedentes refuerzan la necesidad de investigar si existe una relación entre los incumplimientos detectados y el incendio recientemente producido, así como los posibles daños ambientales acumulados”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio Fiscal la apertura de diligencias de investigación, con el fin de esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y, en su caso, instar la actuación judicial correspondiente.

La organización concluye que este caso “pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control ambiental y de garantizar una gestión adecuada de los residuos para evitar riesgos para el medio ambiente y la salud de la población”.