El Gobierno vasco cree que la capacidad actual de los vertederos es suficiente y acorde con las previsiones de reducción de vertidos que se establece en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos (PPGR) para 2030. Según señala el Ejecutivo, actualmente existe una capacidad de vertido de residuos no peligrosos que asciende a algo más de 4,4 millones de toneladas, cantidad que sale sumando la capacidad de los seis vertederos totalmente operativos, a la que tiene el de Jata, en Lemoiz, y el de Aizmendi en la Mancomunidad de San Marcos. “A día de hoy, con las previsiones de vertido a 2030 y la capacidad remanente actualizada, la capacidad de vertido es suficiente”, indica el departamento de Industria, Transición Económica y Sostenibilidad. Esta capacidad es muy superior a la que se estima en el plan para el año 2025 y 2026, con una reducción del vertido en vertederos hasta las 550.000 tonaladas, con el objetivo de que en 2030 acaben en el vertedero sólo 200.000 toneladas de residuo.

Según la información trasladada por el consejero Mikel Jauregi al Parlamento Vasco a petición de Álvaro Gotxi, del PP, el vertedero de Gardelegi, en Vitoria tiene una capacidad de 1.206.000 toneladas, el vertedero de Zalla, 1.187.681 toneladas y el de Igorre, 1.022.324 toneladas, todos ellos en Bizkaia y los tres con mayor capacidad. El de Artigas tiene 450.000 toneladas de capacidad, Bistibieta, en Lemoa, 211.346 toneladas, Betearte, en Mallabia, 78.430 toneladas. Además, incluye en el listado el vertedero de Jata, en Lemoiz, con 201.600 toneladas de capacidad, y el vertedero de residuos inertes y no peligrosos de Aizmendi, de la Mancomunidad de San Marcos, en Gipuzkoa, con 88.915 toneladas de capacidad. En total, 4.446.296 toneladas de capacidad en lo que se refiere a los residuos no peligrosos. Actualmente, según los datos que maneja el Gobierno vasco, los vertidos se han reducido un 53% respecto al año 2018, y el objetivo es llegar a un 85% en 2030. Este año, coincidiendo con el ecuador del Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030, se está llevando a cabo el seguimiento con datos de cierre de 2025. “A partir de este análisis se elaborará un documento de revisión que revisará la prognosis de vertido y definirá el programa de actuaciones para el periodo 2027-2030”, señala el Ejecutivo.

Por otra parte, el departamento de Industria también considera que llegará al objetivo de revalorizar en 40.000 y 50.000 toneladas al año de las fracciones resto de los procesos de tratamiento de plásticos de residuos de aparatos electro-electrónicos, tal y como se determinaba en el Plan, aunque para ello no se construirá una nueva planta. “La actuación de la Administración se ha orientado hacia las instalaciones ya existentes, evitando la necesidad de construir nuevas plantas específicas, señala el Ejecutivo. En este sentido, afirma que se están tramitando a instancias de los titulares de las instalaciones ya existentes en las que se llevan a cabo operaciones de valorización energética, modificaciones de sus autorizaciones para aumentar la capacidad de valorización energética. ”En caso de que dichas modificaciones sean aprobadas la capacidad total disponible para la valorización energética de residuos plásticos alcanzará las 45.000 toneladas anuales, un rango coherente con las necesidades estimadas en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2030 para las fracciones resto de estos procesos“.

En relación con la gestión de estos residuos de aparatos eléctrico-electrónicos, señala el Ejecutivo que además de las plantas ya autorizadas con una capacidad total de 62.500 toneladas anuales, se han autorizado varias plantas de valorización con una capacidad de más de 24.000 toneladas anuales que permite separar los plásticos por familias y composición, con el objetivo de destinarlos a reciclaje, conforme a la jerarquía de gestión de residuos. Estas nuevas plantas autorizadas son Imduplast, Recyclig, ubicada en Zalla; Zerkibide, en Llodio, Logiraees en Trápaga; Reciclajes Ugarte, también en Trápaga; Emaus-Koopera UTE, en Vitoria y Ruben Gómez Pérez, en Lemoa.

La plataforma ciudadana Salvemos La Coronada ha convocado este sábado una manifestación en Villanueva de la Serena contra la proyectada planta de biogás y el “viejo macrovertedero”, ambos situados en el término municipal villanovense y próximos al núcleo urbano de La Coronada.

La movilización, convocada bajo los lemas ‘Stop planta de biogás’ y ‘Cierre del macrovertedero YA’, partirá a las 12:00 horas desde el Cruce de Fajardo, donde está prevista una concentración ciudadana y un corte simbólico de tráfico de diez minutos.

Posteriormente, los participantes recorrerán varias calles de Villanueva de la Serena, entre ellas San Francisco, Plaza de las Pasaderas, Ramón y Cajal y Plaza de España, hasta concluir frente al Ayuntamiento, donde se dará lectura a un manifiesto público.

La plataforma ha hecho un llamamiento a vecinos, colectivos y ciudadanos de toda la comarca para sumarse a una protesta con la que pretende “defender la salud pública, el medio ambiente y el futuro de la comarca”.

Según el colectivo, La Coronada lleva años soportando los efectos del actual macrovertedero, una instalación que considera “saturada y obsoleta”, y cuya continuidad, advierte, afectará aún más a la calidad de vida de los vecinos.

Asimismo, Salvemos La Coronada rechaza el proyecto de planta de biogás previsto a escasos kilómetros del municipio, al entender que supondría un nuevo impacto ambiental para una zona que, según sostiene, ya soporta una elevada carga de infraestructuras contaminantes.

La plataforma ha animado a los habitantes de toda la comarca a participar en la movilización bajo el mensaje de que “los pueblos no se venden, se defienden”.

“Esto no va de colores, va de olores”. Es uno de los lemas con los que más de una veintena de asociaciones vecinales de toda Castilla-La Mancha se han unido, convocadas por la plataforma No al Biogás en la Sagra, para protestar en una manifestación contra el impacto de la “biometanización” de la comunidad autónoma. Básicamente, exigen la paralización del plan autonómico que contempla la regulación de las plantas de biogás y el freno a la imposición de estas instalaciones y también de las macrogranjas.

La movilización se ha celebrado este sábado a las 17 horas en la céntrica plaza de Zocodover del Casco Histórico de Toledo y no tiene precedentes en cuanto a la unión de tantos colectivos de la comunidad autónoma.

Los organizadores la han calificado de “multitudinaria” a pesar de la lluvia, y en ella han participado cientos de personas llegadas de las cinco provincias de la región.

“Se ha evidenciado el creciente rechazo social al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 promovido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”, han señalado los convocantes que han mostrado “su oposición frontal” a la implantación de macroplantas de biometano y macrogranjas industriales, un modelo que consideran incompatible con la conservación del medio ambiente, la protección del agua, la calidad de vida de los vecinos y el desarrollo sostenible de los pueblos.

Denuncian que “una vez más el medio rural se pone al servicio de intereses económicos ajenos a sus necesidades. Si estas plantas de biometano o las macrogranjas de cerdos aportasen beneficios a los vecinos, las grandes ciudades se pelearían por ubicarlas en sus inmediaciones, pero la realidad es que ninguna las quiere”, señalan desde las plataformas.

“Se ignoran” las 15.000 alegaciones presentadas

Durante el acto, los portavoces del Grupo Regional de Plataformas Stop Biometano de Castilla-La Mancha han denunciado que el Gobierno autonómico “sigue ignorando” las más de 15.000 alegaciones presentadas por ciudadanos, asociaciones y ayuntamientos de toda la región. Han recordado que estas alegaciones continúan sin recibir una respuesta individualizada y motivada, lo que, a juicio de los colectivos, supone “una grave vulneración del derecho democrático de participación pública”.

En la concentración han pedido también la revisión individualizada, motivada y legalmente válida de las citadas alegaciones ciudadanas; una evaluación ambiental y técnica “verdaderamente independiente, libre de conflictos de interés”; y un marco legal “previo, garantista y preventivo que proteja el territorio, la salud pública, la economía rural y la autonomía municipal”.

La concentración ha servido también para lanzar un mensaje claro y contundente a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente de la Junta: “Los pueblos de Castilla-La Mancha no aceptarán imposiciones ni decisiones tomadas de espaldas a la ciudadanía”.

Del mismo modo, advierten al presidente García Page “del elevado coste electoral que le va a suponer seguir apoyando el plan de su consejera que cuenta con un amplio rechazo social en las comarcas afectadas”.

Piden la suspensión cautelar del plan de biometanización

Las plataformas exigen también la suspensión cautelar inmediata del Plan Regional de Biometanización y la paralización de todas las plantas proyectadas, una evaluación verdaderamente independiente y la aprobación de un marco legal garantista que proteja la autonomía municipal y el derecho de los municipios a decidir sobre su futuro.

La jornada ha estado marcada, inciden, por “un ambiente de unidad, determinación y firme compromiso”. Vecinos de todas las comarcas afectadas aseguran que la oposición a este modelo “no es un fenómeno aislado, sino un movimiento regional amplio, transversal, organizado y cada vez más fuerte que aglutina a miles de personas del mundo rural”. Advierten y apelan a la solidaridad de todo el mundo rural ya que “hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural”.

Hoy son ya más de setenta pueblos de toda la región los que se sienten amenazados, pero en unos años podrían ser otros setenta ya que esto es solo el comienzo de un modelo industrial impuesto que supone un grave riesgo para los vecinos del medio rural

Las Plataformas Stop Biometano han valorado muy positivamente la respuesta ciudadana y han anunciado que continuarán intensificando su coordinación y sus acciones sociales, institucionales y jurídicas hasta lograr la paralización definitiva de un plan que consideran injusto, insostenible y contrario a la voluntad mayoritaria de los pueblos.

“Hoy Toledo ha escuchado la voz de los pueblos de Castilla-La Mancha. Cientos de personas y decenas de plataformas han demostrado que nuestros pueblos están unidos y decididos a defender su tierra, su agua, su salud y su dignidad. No permitiremos que conviertan nuestra región en un vertedero industrial. La movilización no ha hecho más que comenzar”, señalan.

Plataformas adheridas a la protesta

Ahora, la protesta llega a la capital castellanomanchega. Según han informado sus organizadores a este medio, acudirán representantes de plataformas de Campo de Criptana, Socuéllamos, Torralba de Calarava, Carrión de Calatrava, Llanos del Caudillo, Madridejos, Membrilla, Campos del Paraíso, Valdepeñas, Pedro Muñoz, Arenales de San Gregorio, Villa de Don Fadrique, Villaluenga de la Sagra, Manzanares, Malagón, Daimiel, Quintanar de la Orden, Tomelloso, Villarrobledo, Huelves, Paredes, Tobarra y Fuentenovilla.

Junto a todas ellas, muchas con un largo historial de movilizaciones en sus municipios, también ha estado presente la Stop Ganadería Industrial, la plataforma estatal que también impulsa y apoya desde hace años el rechazo a las plantas de biogás, principalmente porque consideran que suponen un “efecto llamada” para macrogranjas. Mantiene actualizado un mapa de los proyectos en la región:

Constituidas como Grupo regional de Plataformas Ciudadanas Stop Biometano de Castilla-La Mancha, la manifestación de Toledo quiere visibilizar el “rechazo social masivo” al Plan Regional de Biometanización 2024-2030 impulsado por la Junta de Castilla-La Mancha y denunciar públicamente “la falta de respuesta democrática, jurídica y ambiental” por parte del Gobierno regional.

Hay posibles impactos sobre acuíferos, contaminación por nitratos, emisiones, olores, bioaerosoles, incremento del tráfico pesado, así como “deterioro de la economía rural tradicional y riesgos para la salud pública

Creen que el Plan Regional de Biometanización carece de una evaluación acumulativa rigurosa sobre el efecto conjunto de decenas de proyectos previstos, omite “análisis clave” sobre disponibilidad de recursos, trazabilidad del digestato y emisiones fugitivas, y presenta “graves dudas sobre su imparcialidad por la vinculación de entidades adjudicatarias con el propio sector del biogás”.

En la misma línea, desde una de las plataformas convocantes, la Asociación de Vecinos por la Sagra Viva sin Biogás, denuncian que una de las plantas que pretenden instalar en su comarca y de la que ya se han iniciado las obras, se ubica a una distancia de las poblaciones que consideran completamente insuficiente.

En concreto, a menos de un kilómetro y medio de los municipios toledanos de Cobeja, Yuncler y Villaluenga, así como a tres kilómetros de Pantoja, por debajo de lo que establece el propio Plan de Biometanización. Piden por ello que se paralicen las obras y se amplíe la distancia a estas poblaciones como mínimo a diez kilómetros “por los riesgos que podrían suponer sobre la salud y la calidad de vida de nuestros vecinos.

La concentración de Toledo pretende convertirse en una demostración de unidad regional frente a un modelo que consideran “impuesto, contaminante y socialmente rechazado”, así como en “un mensaje inequívoco” al Gobierno autonómico: “La ciudadanía rural está organizada, movilizada y decidida a defender sus derechos”.

“¿Qué piensan hacer con sus alpechines?”, dice el Gobierno regional

La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha hecho alusión a esta manifestación esta misma semana. Dice respetar estas protestas pero ha preguntado a los vecinos y vecinas que viven en algún municipio de la región “qué piensan hacer con sus alpechines, con sus vinazas, con los estiércoles ganaderos, con los restos de podas y con los lodos de depuradora”. Es decir, señala directamente los residuos agroganaderos que tratan y convierten estas plantas de biometano.

Si los residuos no se tratan de forma adecuada, los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región

Ha advertido de que si estos residuos no se tratan de forma adecuada, “tendremos un problema”, ya que “los llevarán a los vertederos y en los vertederos tendremos lixiviados, tendremos contaminaciones de los acuíferos y por lo tanto tendremos un grave problema en toda la región”.

Por lo tanto, la consejera cree que es importante que eso también se tenga en consideración. Y al mismo tiempo defiende que los proyectos empresariales de biometano busquen buenas ubicaciones, que “no molesten absolutamente a nadie” y que resuelvan estos problemas.

Precisamente, el decreto que dará cabida al Plan Regional de Biometanización está ya en el servicio jurídico en sus últimas fases de implementación de mejora desde el punto de vista jurídico del texto.

Confía la titular de Desarrollo Sostenible que antes del verano esté ya disponible y permita a la región contar con una norma reguladora que defina “qué tipo de instalaciones son las que pueden venir a Castilla-La Mancha” y sobre todo, dónde se tienen que instalar y de qué forma, “para que también sea una ayuda a los municipios para su toma de decisiones”.

Mientras esta planificación sigue su trámite, las empresas promotoras también desembarcaron recientemente en Toledo para analizar las variables ambientales del biogás. En unas jornadas organizadas por la Fundación Naturgy, Margarita de Gregorio, CEO de la Asociación Española de Biocircularidad (Biocirc) advirtió de que esta polémica renovable ha “venido para quedarse”, pero admitió que “debe explicarse mejor”. Varios expertos apostaron por su desarrollo para la descarbonización, aunque también reconocieron que “hay que saber llegar a la población rural”.

En ese evento también estuvo presente Alipio García Rodríguez, director general de Transición Energética del Gobierno de Castilla-La Mancha, quien incidió en la defensa que la Administración regional hace de las renovables, junto con la “preocupación” por el tratamiento de los residuos. Sobre este último aspecto, recordó que es algo que ya pasó con la instalación de las primeras depuradoras y los lodos que generan.

“Ahora contamos con una tecnología más avanzada como el biogás, la biometanización, que es un eslabón muy concreto en esa circularidad y es donde hay que poner el foco”. Considera que con ello se pueden gestionar residuos orgánicos sin el uso de vertederos o mediante su manipulación directa en el terreno, que es lo que genera contaminación del agua por nitratos. “Debemos contar con nuevas actuaciones de gestores autorizados para compensar todo esto”.

No obstante, las supuestas bondades del biogás no terminan de convencer a los vecinos y vecinas de los pueblos afectados. Con más de 70 proyectos operando o en planificación en toda la comunidad autónoma, las plataformas ciudadanos han decidido ahora unirse para manifestar su rechazo total, dentro un debate muy polarizado y de difícil solución.

La última gran manifestación en la región antes de la celebrada este sábado fue la llevada a cabo en la localidad conquense de Campos del Paraíso el pasado 28 de marzo. Más de un millar de personas entre vecinos, agricultores, familias y colectivos sociales de distintos puntos de la provincia de Cuenca se movilizaron en este municipio integrado por cinco poblaciones (Carrascosa del Campo, Loranca del Campo, Olmedilla del Campo, Valparaíso de Abajo y Valparaíso de Arriba) para mostrar su rechazo a los proyectos de plantas de biogás previstos en su entorno.

La movilización, convocada por la Asociación Vecinal Campos del Paraíso Comunidad Rural y respaldada por 40 asociaciones, recorrió las calles de Carrascosa del Campo en un ambiente reivindicativo y emocional, en defensa del territorio, la salud y el futuro del medio rural. 

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha tumbado un recurso de la empresa gestora del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling, contra una resolución de 2021 de la exconsejera Arantxa Tapia, de 2021, en la que decretaba el “carácter significativo de los daños medioambientales” de la catástrofe de febrero de 2020, en la que cayeron 800.000 toneladas de residuos ladera abajo y quedaron sepultados dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze. La declaración, además de ser muy simbólica por los términos de sus conclusiones, comportaba una serie de obligaciones que la compañía, ahora liquidada, quería evitar.

El pleito, uno más de la miríada de procesos judiciales abiertos en torno a Zaldibar, se ha resuelto con una sentencia fechada a 31 de marzo y notificada en abril que ha dictado una sala compuesta por los magistrados Luis Garrido, Juan Carlos da Silva e Irene Rodríguez. El recurso fue interpuesto por parte de Verter Recycling en el verano de 2021 en el Tribunal de Instancia de Bilbao y hasta 2023 no se determinó que la competencia para analizarlo era del Superior, que tuvo el 17 de febrero la votación y fallo que ha derivado en esta sentencia.

La resolución impugnada en cuestión fue firmada por Tapia el 20 de enero de 2021, casi un año después del suceso. Después vino otra del 9 de abril de ese mismo año, en la que se aprobaba el “proyecto de reparación” de las instalaciones, una inversión millonaria que tuvo que adelantar la Administración por las graves consecuencias ambientales para el entorno de Eitzaga, un lugar ubicado en Bizkaia pero muy cerca de la muga con Gipuzkoa.

La sentencia establece que el hecho de que la Administración considerase como “significativo” el impacto ambiental es un concepto “central” de la legislación ambiental cuando hay “cambios adversos en el ámbito natural (especies, hábitats, aguas, suelo, ...) con especial relevancia por su magnitud, duración o irreversibilidad” y ello “requiere medidas de prevención, reparación o compensación”. Y abunda que se hizo de forma “objetiva” siguiendo unas guías del Ministerio de Transición Ecológica.

Someramente, se menciona que “los niveles máximos” de variados indicadores se superaron en “múltiples” ocasiones como consecuencia del alud de residuos y que ello se deduce de informes de organismos “plenamente reconocidos”. La sala menciona, por ejemplo, excesos de mercurio, de amonio, de DB05, de DQ0 o de arsénico.

La empresa alegó que en la tramitación del expediente se omitieron procedimientos exigidos por la ley, lo que le causó indefensión, así como que se encargaron informes y luego se le reclamaron los costes “sin haber tenido acceso ni posibilidad de pronunciarse sobre ellos”. Asimismo, Verter Recycling sostiene que “existen responsables del incidente ajenos” a esa empresa. De hecho, culpa abiertamente a Geyser HPC, que redactó el proyecto de construcción. Pocas horas antes del desplome, técnicos de esa consultora y de Verter Recycling tuvieron noticia de la existencia de deslizamientos y riesgos.

El Superior, en cambio, desestima los argumentos de la empresa. En el proceso han estado personados la Diputación de Bizkaia -a través de Interbiak, titular de la autopista afectada- y el Ayuntamiento de Zaldibar, que secundaban también las tesis del Gobierno vasco. Sin embargo, la aseguradora Allianz sí apoyó a Verter Recycling. La sentencia, en todo caso, no es firme y cabe acudir al Tribunal Supremo. El plazo se agotará en breve.

Este proceso ha sido paralelo a las investigaciones penales sobre Zaldibar. Han sido tres. La primera se cerró con un acuerdo por el cual los gestores del vertedero, encabezados por José Antonio Barinaga, se declararon culpables de un homicidio imprudente e indemnizaron a las familias de Beltrán y Sololuze. La segunda, aún pendiente de conclusión, revisa precisamente los posibles delitos ambientales. La tercera, más reciente, guarda relación con posibles delitos urbanísticos en la ampliación de la planta. En la actualidad se ha conocido que sigue habiendo afección ambiental por lo sucedido hace ya más de seis años.

Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja por los hechos relacionados con el incendio ocurrido los días 9 y 10 de abril de 2026 en el vertedero ubicado en Nájera, gestionado por la empresa Vertidos Rioja S.L..

Según recoge la denuncia, el incendio generó una intensa nube de humo que obligó a los servicios de emergencia de SOS-Rioja a emitir recomendaciones a la población, como el cierre de puertas y ventanas, la desconexión de sistemas de climatización y el uso de mascarillas, especialmente para personas con problemas respiratorios, población infantil o adultos. El humo, con olor a plástico quemado, llegó incluso a la ciudad de Logroño debido a cambios en la dirección del viento. También a la ciudad de Haro, “que su Ayuntamiento no informo a la población jarrera sobre la emergencia”.

La organización ecologista considera que estos hechos “podrían ser constitutivos de un delito contra el medio ambiente, tipificado en los artículos 325 y siguientes del Código Penal, al haberse producido emisiones contaminantes a la atmósfera que podrían haber causado daños a la calidad del aire y generado riesgos para la salud pública”.

Ecologistas en Acción subraya además “que no se trata de un hecho aislado. Según informaciones publicadas en los medios de comunicación, en el vertedero de Nájera se han registrado al menos cuatro incendios en los últimos dos años y un total de seis en la última década, lo que evidenciaría una problemática recurrente”.

Asimismo, la denuncia pone de relieve “que diversas inspecciones realizadas por el Gobierno de La Rioja han detectado incumplimientos relevantes en la gestión de la instalación”. En particular, un acta de inspección de diciembre de 2024 ya señalaba deficiencias importantes en materia de contaminación atmosférica, funcionamiento de las instalaciones y gestión de residuos, concluyendo que no se garantizaba el cumplimiento adecuado de la autorización ambiental.

La organización ecologista considera “que estos antecedentes refuerzan la necesidad de investigar si existe una relación entre los incumplimientos detectados y el incendio recientemente producido, así como los posibles daños ambientales acumulados”.

Por todo ello, Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio Fiscal la apertura de diligencias de investigación, con el fin de esclarecer los hechos, depurar responsabilidades y, en su caso, instar la actuación judicial correspondiente.

La organización concluye que este caso “pone de manifiesto la necesidad de reforzar los mecanismos de control ambiental y de garantizar una gestión adecuada de los residuos para evitar riesgos para el medio ambiente y la salud de la población”.

En incendio en el vertedero de Nájera llega al Parlamento de La Rioja. A las críticas de entidades ecologistas y los concejales no adscritos de Nájera se suman ahora las formaciones políticas PSOE e IU. Los primeros han pedido la solicitud urgente de la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, para que expliquen la gestión del incendio que se ha registrado en el vertedero de Nájera. Una comparecencia en la que además quieren que aclare “como es posible que una instalación privada de estas características pueda desarrollar su actividad con un importante número de irregularidades”. Por su parte, el diputado socialista, Jesús María García, recordó que esta es una instalación privada “que desde su implantación en 2009, ha sido objeto de una cuestionada gestión”. Y es que “existen varias denuncias presentadas en contra de este vertedero por diferentes colectivos, denuncias que, incluso, derivaron en la apertura de expedientes de sanción por la administración regional”.

Y pese a todo desconoce “qué actuaciones ha implementado el Gobierno de La Rioja para garantizar que el vertedero se destine a recibir exclusivamente aquellos residuos para los que dispone de licencia ambiental”. También, “desconocemos hasta qué punto se están realizando controles efectivos para verificar si al vertedero llegan otro tipo de residuos, o si algunos de esos residuos proceden de fuera de nuestra comunidad”. Lo que sí saben los socialistas es el contenido del acta de inspección de la instalación que se realizó el 2 de diciembre de 2024, “ya entonces se detectó que no se estaba garantizando un cumplimiento adecuado de las condiciones que fijaba la autorización ambiental”.

Por todo ello solicitan la comparecencia de las consejeras y piden una investigación exhaustiva además de denunciar la actuación del subdirector general de Emergencias y Protección Civil del Gobierno de La Rioja. “Ha permanecido inaccesible vía telefónica a las llamadas de algunos alcaldes de la comarca que necesitaban respuestas y ayuda”. Es una conducta “intolerable para un representante público que se debe a la ciudadanía”. Los responsables políticos de la gestión de emergencias “han de estar disponibles con inmediatez en situaciones como estas”.

IU pide explicaciones a través de preguntas en el Parlamento de La Rioja

Izquierda Unida por su parte también ha registrado un listado de preguntas en el Parlamento regional para pedir explicaciones al Ejecutivo regional. Para la formación, lo ocurrido “no es un hecho fortuito”: “El vertedero acumulaba denuncias por entrada irregular de residuos, informes negativos y al menos una sanción del propio Gobierno regional. Las señales de alarma existían y fueron ignoradas”, ha declarado la portavoz del grupo municipal, Idoia Eguileor. “Cuando una instalación lleva años recibiendo avisos y nadie actúa, el incendio no te sorprende. Lo que te sorprende es que encima pretendan decir que esto es mala suerte”.

IU señala además una “anomalía grave”: la Dirección General de Calidad Ambiental, Cambio Climático y Agua del Gobierno de La Rioja lleva cinco meses sin director o directora general titular, “desde que José María Infante dejó el cargo en noviembre de 2025 en circunstancias polémicas para incorporarse a la gerencia del Consorcio de Aguas y Residuos”. Durante ese tiempo, sus funciones han recaído de forma interina sobre otro director general. “Que La Rioja lleve medio año sin nadie al frente de Calidad Ambiental y que encima ocurra esto dice mucho del nivel de prioridad que el PP da a la protección del medio ambiente y de la salud pública,” ha afirmado Eguileor.

La portavoz también ha criticado la gestión de la comunicación institucional durante la emergencia: “Los vecinos y vecinas merecían saber desde el primer momento qué estaban respirando y cómo protegerse. Esa información llegó tarde, llegó mal y en muchos casos no llegó.” IU reclama la publicación de las mediciones de calidad del aire registradas durante el siniestro y alerta del posible impacto sobre el río Najerilla.

Un equipo de agentes forestales, un dron y una cámara técnica tratará de localizar los putnos calientes que puedan quedar en el incendio del pasado jueves en el vertedero de Nájera. Así lo ha informado el director general de Medio Natural, Ignacio Sáenz de Urturi.

Tal y como ha informado el director general el incendio “está controaldo desde hace un par de días” y en estos momentos hay “maquinaria de la propia empresa en el lugar que continúa trabajando y bajo el seguimiento” del Gobierno riojano.

El incendio se inició el pasado jueves, 9 de abril, a las 17,33 horas, a la altura del kilómetro 1,100 de la LR-208, en el término municipal de Nájera, según informó el Centro de Coordinación de Emergencias SOS Rioja 112. Desde dicho Centro de Coordinación se movilizaron de inmediato Bomberos del CEIS y recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de Cruz Roja, alertando asimismo a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, Guardia Civil y Policía Local.

Las críticas a la gestión

Tras el incendio, dos entidades ecologistas y dos concejales de Nájera han criticado el incendio. Los dos últimos, Sergio Díez y Juan José Morgado Urquijo, aseguran que “no ha sido un accidente aislado”, sino la confirmación de un problema que lleva años gestándose sin que se hayan tomado medidas eficaces. “Estamos ante un modelo de gestión de residuos que ha demostrado ser claramente insuficiente y que está poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y el entorno natural”. Y de hecho, exigen una “investigación independiente” porque aseguran que no van a permitir que este asunto se cierre sin conscuencias.

Para Amigos de la tierra La Rioja este incendio demuestra la incapacidad del Gobierno de La Rioja e incluso le pide a Capellán que se “plantee la continuidad de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y del director general Ignacio Sáenz de Urturi por la desastrosa gestión de la Dirección General de Calidad Ambiental”. Además, la entidad ecologista riojana recuerda que en menos de un año se han incendiado dos importantes empresas de gestión de residuos. La pimera en Casalarreina (ASIDER ENVIROMENT) donde “no consta que se haya adoptado ningún tipo de medida a posteriori”. El segundo, el vertedero de Nájera, “donde al igual que a las instalaciones de Casalarreina llegan residuos de otras regiones españolas y seguramente de otros países”. A su juicio, “un incendio, de las magnitudes de estos dos, no se produce por causas naturales. Suceden por negligencia de las empresas gestoras de estas instalaciones”.

Y por último, Ecologistas en Acción ha criticado al Ayuntamiento de Haro y al Gobierno de La Rioja por no informar a la ciudadanía de la comarca del incendio del vertedero en Nájera y exponerlos a los gases tóxicos. De hecho, aseguran que se han permitido activiades al aire libre durante este sábado exponiendo a la población a “humo tóxico”.

A las críticias de Amigos de la tierra La Rioja y Ecolosgistas en Acción sobre el incendio en el vertedero de Nájera, se suman ahora las de los concejales no adscritos del Ayuntamiento de Nájera, Sergio Díez y Juan José Morgado Urquijo que “exigen responsabilidades inmediatas” además de considerar este suceso “grave, evitable y consecuencia directa de una gestión irresponsable”.

Los concejales denuncian que este episodio “no es un accidente aislado”, sino la confirmación de un problema que lleva años gestándose sin que se hayan tomado medidas eficaces. “Estamos ante un modelo de gestión de residuos que ha demostrado ser claramente insuficiente y que está poniendo en riesgo la salud de nuestros vecinos y el entorno natural”, señalan.

En este sentido, critican duramente la falta de control por parte del Gobierno de La Rioja y de los organismos competentes, a quienes acusan de “mirar hacia otro lado mientras se acumulan los problemas”. Asimismo, advierten de que incendios de esta magnitud “no ocurren por casualidad”, apuntando a posibles negligencias en la gestión del vertedero.

Los concejales subrayan además que el vertedero cuenta con una Autorización Ambiental Integrada en vigor, otorgada por el Gobierno de La Rioja, que establece condiciones estrictas de funcionamiento, control y prevención. “El problema no es que exista una autorización, sino si se están cumpliendo realmente sus condiciones”, afirman. En este sentido, recuerdan que dicha autorización obliga a disponer de sistemas eficaces de prevención de incendios y vigilancia continua, por lo que “un incendio de estas características pone en duda que se esté gestionando conforme a la normativa”.

El grupo pone el foco en las consecuencias ambientales del suceso, alertando del impacto sobre la calidad del aire y del riesgo de contaminación del río Najerilla, especialmente por la generación de lixiviados. “No se puede normalizar que instalaciones de este tipo funcionen sin las garantías suficientes. Lo ocurrido es inaceptable”, subrayan.

Además, los concejales no adscritos reclaman transparencia total sobre lo sucedido, incluyendo un informe detallado de las causas del incendio, las medidas adoptadas y las posibles responsabilidades derivadas. “Tener una autorización ambiental no es un cheque en blanco; si se producen fallos graves, deben asumirse responsabilidades y actuar en consecuencia”, añaden.

Y por todo ello exigen la apertura “inmediata” de una invesgigación independiente y que se depuren responsabilidades políticas y técncias. De igual forma, piden la “revisión urgente del cumplimietno de la Autorización Ambiental integrada del vertedero” además de la implantación de “sistemas eficaces de control ambiental en la zona”. Y es que, concluyen, “el vecindario de Nájera merece respuestas, pero sobre todo, seguridad. No vamos a permitir que este asunto se cierre sin consecuencias”.

El incendio en el vertedero de Nájera continúa gerando críticas entre los colectivos ecologistas. Para Amigos de la Tierra La Rioja este suceso demuestra la incapacidad del Gobierno de La Rioja e incluso le pide a Capellán que se “plantee la continuidad de la consejera de Agricultura, Noemí Manzanos, y del director general Ignacio Sáenz de Urturi por la desastrosa gestión de la Dirección General de Calidad Ambiental”.

La entidad ecologista riojana recuerda que en menos de un año se han incendiado dos importantes empresas de gestión de residuos. La pimera en Casalarreina (ASIDER ENVIROMENT) donde “no consta que se haya adoptado ningún tipo de medida a posteriori”. El segundo, el vertedero de Nájera, “donde al igual que a las instalaciones de Casalarreina llegan residuos de otras regiones españolas y seguramente de otros países”. A su juicio, “un incendio, de las magnitudes de estos dos, no se produce por causas naturales. Suceden por negligencia de las empresas gestoras de estas instalaciones”. Y aunque celebran que “los diferentes medios del Gobierno de La Rioja hayan actuado con rapidez en ambos casos”, consideran que “estos medios no deberían emplearse proque ambas empresas debería contar una adecuada gstión de los residuos que gestionan”.

Y todo esto ocurre, cuentan, mientras que “Noemí Manzanos e Ignacio Sáenz de Urturi están preocupados únicamente por la caza del lobo y la Dirección General de Calidad Ambiental sigue sin un Director o Directora General después de más de dos meses de la dimisión de José María Infante”.

Asimismo, la entidad ecologista alerta de que “los impactos ambientales de este incendio no se reducen a la contaminación del aire, sino también a los lixiviados con una alta carga contaminante, que pueden afectar a las aguas del Najerilla”. Por lo que insisten en que “una Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiental eficaz, tal y como pide la ciudadanía, tendría que dar una respuesta contundente frente a las empresas que gestionan residuos para que no se produzcan incendios, centrándose en una adecuada gestión de los residuos, con un Director o Directora General eficaz y profesional. Nada esto sucede en este momento, porque la única preocupación de Noemi Manzanos e Ignacio Sáenz de Urtiri es matar lobos”.

Ecologistas en Acción critica al Ayuntamiento de Haro y al Gobierno de La Rioja por no informar a la ciudadanía de la comarca del incendio del vertedero en Nájera y exponerlos a los gases tóxicos. La entidad ecologista recuerda que tras el incendio del pasado jueves en el vertedero de Nájera, “el humo continuó vertiendo gases tóxicos a la atmósfera”. Y aunque el fuego se controló el pasado viernes, “su completa extinción se prolongó debido a las características del material acumulado y a la compleja tarea de extinción”. De hecho el alcalde de Nájera, Javier Salaverría, reconoció que ha sido “mayor incendio que ha sufrido el vertedero en su historia”. Hasta el punto de que autoridades recomendaron a las localidades del entorno y zonas que afectadas por la dirección del viento mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, no usar aparatos de climatización y que las personas con dificultades respiratorias o patologías previas eviten salir al exterior o lo hagan con mascarilla FFP2.

Sin embargo, cuentan Ecologistas en Acción, “con la presencia de viento suroeste, el viernes por la tarde la zona de Haro se vio afectada por la contaminación atmosférica. Varios ayuntamientos de la comarca de Santo Domingo dieron la voz de alarma para proteger al vecindario de la alta toxicidad. Sin embargo, ningún ayuntamiento de la comarca de Haro emitió ningún comunicado para proteger a su población”. La distancia entre Nájera y Haro es de unos 28 kilómetros.

“El olor preocupó a varios vecinos, pero el Ayuntamiento de Haro no dio ningún aviso ni hizo ninguna recomendación al respecto”. Y tampoco lo hicieron ayer sábado, “a pesar de que el humo seguía activo hasta primera hora de la tarde”. Y aun así, “Haro mantuvo las actividades de la Semana de la Salud organizada por el Gobierno de La Rioja con una performance en la Plaza de la Paz y yoga al aire libre en el parque de Vista Alegre ayer sábado”. Algo que desde la entidad ecologista tildan de “imprudencia, más aún cuando la previsión de AEMET pronosticaba vientos de componente sureste y cuando la recomendación del CECOP de SOS Rioja era precisamente mantener puertas y ventanas cerradas para no exponerse al humo”.

Ecologistas en Acción se pregunta si este modo de actuar del equipo de Gobierno jarrero se debe a la “ignorancia, dejadez o a una intención de preservar la fachada turística en detrimento del bienestar y seguridad de los habitantes del municipio”. “Parece que el hecho de que el equipo de gobierno de Haro no cuente con técnico de medioambiente y de que la contaminación del aire sea aparentemente invisible hace que pueda pasar inadvertido un problema de esta envergadura”. Y por todo ello critican la “pésima gestión” del ayuntamiento de Haro y del Gobierno de La Rioja “ante la exposición de la población de la comarca a humo tóxico”.

Ayer jueves por la tarde se originó un incendio en el vertedero del término municipal de Nájera. El fuego ya está controlado aunque su completa extinción podría prolongarse durante varios días, debido a las características del material acumulado y a la compleja tarea de extinción, según informa SOS RIOJA 112. Los bomberos del CEIS Rioja continúan trabajando en la extinción del fuego y además se están realizando labores de vigilancia con medios aéreos.

Durante la mañana de hoy el helicóptero para extinción de incendios forestales ha estado realizando descargas de agua en la zona para apoyar a los medios terrestres y, en estos momentos, se está tratando de sofocar mediante el aporte de tierra para reducir la oxigenación y acelerar la extinción.

Asimismo, en el lugar se encuentran, además de los bomberos del CEIS Rioja, un Técnico de Protección Civil de la CAR y una ambulancia en preventivo de Cruz Roja.

Debido a la columna de humo generada por el incendio recomiendan a las localidades del entorno y zonas que puedan verse afectadas por la dirección del viento mantener cerradas puertas y ventanas para evitar la entrada de humo, no usar los aparatos de climatización, y que las personas con dificultades respiratorias o patologías previas que eviten salir al exterior o que si tienen que salir usen mascarillas FFP2. Además, desde el Ayuntamiento de Nájera también solicitan la máxima colaboración de la ciudadanía y atención a las indicaciones oficiales.

El cambio del viento ha arrastrado el olor a plástico hasta Logroño

Fue un particular el que dio aviso a SOS Rioja del incendio y desde el centro coordinador se movilizó a los bomberos del CEIS Rioja, recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Cruz Roja. También se alertó a los bomberos de Logroño, Guardia Civil y Policía Local. Desde el primer momento se activó la recomendación a las poblaciones del entorno del cierre de puertas y ventanas así como del apagado de aparatos de climatización.

Los bomberos han permanecido en la zona del incendio toda la noche al igual que la ERIE de logística de Cruz Roja realizando labores de avituallamiento. El fuerte olor a plástico quemado también se ha notado en Logroño porque durante la noche la componente del viento ha cambiado y ha arrastrado el olor hacia la capital riojana.

Desde el Ayuntamiento de Nájera informan de que el alcalde, Jorge Salaverri, mantiene comunicación constante con los equipos de emergencias que continúan trabajando en la extinción completa del incendio. Y lanza un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque la situación está controlada y en permanente seguimiento por los servicios de emergencias.

Asimismo, Salaverri agradece públicamente “la actitud responsable de los vecinos y vecinas de Nájera, que han seguido de forma ejemplar las recomendaciones preventivas realizadas, como el cierre de puertas y ventanas, el apagado de aparatos de climatización y la limitación de la exposición al exterior, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios”.

La Autoridad Vasca de la Competencia insta a la Administración a poner en marcha un Plan Territorial Sectorial (PTS) de Infraestructuras de gestión de residuos urbanos que permitan publicitar los emplazamientos disponibles previstos por las autoridades competentes para la instalación de vertederos y sirva de instrumentos de planificación urbanística. Sería un PTS para cuya elaboración se “recabe la más amplia participación de los actores concernidos”, señala. Es una de las recomendaciones que realiza el órgano regulador en un estudio sobre la situación de los vertederos de residuos no peligrosos en Euskadi y su relación con la competencia, en el que se constata que Euskadi tiene en estos momentos un número muy limitado, sólo seis, sobre todo a raíz del colapso y derrumbe del vertedero de Zaldibar, en 2020, y el cierre de los vertederos de Mutiloa y Larrabetezu, lo que está provocando que haya operadores que funcionan ya en una situación de “monopolio o cuasi monopolio”. Por ello, pide impulsar actuaciones que introduzcan y apoyen una mayor competencia, garantizándola, apoyando la entrada de nuevos operadores y, con ello, disminuyendo la concentración empresarial“.

Entre estas actuaciones, recomienda que las concesiones gestión de vertederos públicos se realicen “mediante procedimientos abiertos, transparentes y competitivos” y recomienda a las administraciones que “eviten prórrogas o adjudicaciones directas prolongadas”. Además, anima a que se fomente la entrada de nuevos operadores impulsando fórmulas “a través de subcontratación o cesión de espacios en vertederos existentes, reduciendo la dependencia de grandes grupos”, y que se fomenten los proyectos de colaboración público-privada en este sector.

Señala Competencia que la situación de los vertederos es descendente por la reducción de residuos y el aumento de la revalorización. Entre 2018 y 2023 se han reducido un 54% los residuos que finalizan en vertedero y el objetivo para 2030 es que esos residuos se sitúen en menos del 15%, alrededor de 200.000 toneladas. Pese a ello, recuerda que “a pesar de la disminución de los residuos no peligrosos que finalizan en vertedero, siempre persistirá un residuo que deba ser eliminado”. En consecuencia, advierte de que estas instalaciones -situadas al final de la cadena de valor- “son, al efecto de permitir el cumplimiento de los principios de autosuficiencia y proximidad, estratégicas en la gestión de residuos”, por lo que considera necesario que las empresas puedan acceder al mercado y ejercer su actividad “sin enfrentarse a restricciones innecesarias, desproporcionadas o discriminatorias. Es más, si se mantiene el ritmo de eliminación, se albergan dudas de la suficiencia de la capacidad de tratamiento existente en la comunidad autónoma vasca”, dice. Por ello, considera “imprescindible asegurar las posibilidades de acceso al mercado. Además, deberá permitirse que las condiciones de dicho mercado propicien una tensión competitiva que genere las mejores opciones en términos de precio, cantidad, servicio, capacidad de elección e innovación”, señala el estudio.

Frente a esta necesidad, Competencia constata que el marco regulatorio, los elevados costes de inversión y clausura de los vertederos, la planificación territorial restrictiva y la oposición social a los mismos “constituyen barreras significativas para la entrada de nuevos operadores y la expansión de la capacidad existente”, lo que aumenta la dependencia de pocos gestores. De hecho, estos momentos, hay operativos seis vertederos de residuos no peligrosos en Euskadi, -cinco de ellos concentrados en Bizkaia-, de los que solo dos son de titularidad publica: Gardalegi en Vitoria, cuyo propietario es el Ayuntamiento de Vitoria y que gestiona la empresa FCC Medio Ambiente SA, y Artigas, cuyo titular es la Diputación Foral de Bizkaia a través de la sociedad Garniker, que participa en la UTE que lo gestiona con socios privados, entre ellos, FCC Medio Ambiente. El resto de los vertederos operativos son privados: Bistibieta en Lemoa, propiedad de FCC Ámbito SA, Betearte, en Mallabia, de la empresa Betearte SA, Igorre, en la localidad del mismo nombre de la empresa Deydesa 2000, SL y Las Lagunas, en Zalla, cuyo titular es la empresa Prezero Gestión de Residuos SA. A estos se añade la autorización para abrir un nuevo vertedero en Artxanda (Bilbao) para la actividad de centro de gestión, tratamiento y almacenamiento de residuos no peligrosos gestionado por Berriz Recycling Company SL, que cuenta con participación pública, aunque la autorización queda intrínsecamente ligada a la remediación del antiguo vertedero que existió en la misma ubicación.

Los cuatro operadores privados -o las empresas con las que se integran verticalmente- también operan en las fases previas de la cadena de gestión del residuo, señala el estudio, y además, realizan actividades en otras áreas, como la gestión del agua, el saneamiento público o la jardinería urbana. FCC Medio Ambiente se corresponde con el área global del Grupo FCC, dedicado a servicios medioambientales (municipales y gestión de residuos en general), mientras que FCC Ámbito es la filial especializada en residuos industriales, subproductos y suelos contaminados dentro de esa misma área y que dispone de 15 centros de operaciones principales distribuidos en la geografía española donde realiza sus actividades principales: gestión de residuos, descontaminación de suelos y gestión de materiales de recuperación (principalmente vidrio, papel y cartón). Betearte tiene como objeto social la realización de estudios medioambientales y la gestión, tratamiento, aprovechamiento, reciclaje y/o eliminación y depósito de residuos urbanos, asimilados a urbanos e industriales y está participada por FCC Ámbito en un 33%. Por su parte, Deydesa 2000 forma parte del Grupo Otua, grupo industrial formado por ocho empresas dedicadas al reciclaje, distribución e investigación. El vertedero almacena materiales no peligrosos de origen industrial, generados en su mayor parte por propia labor de reciclaje del Grupo. Por último Prezero adquirió en 2021 la Compañía Española de Servicios Públicos Auxiliares, S.A.U. (Cespa España), bajo el control de Ferrovial International, SE. Forma parte del Grupo Prezero, que presta servicios de eliminación y reciclado de residuos en los mercados de recogida, clasificación, tratamiento, reciclado y eliminación de residuos domésticos y comerciales. Es la división medioambiental del Grupo Schwarz, que también incluye a las empresas comerciales Lidl y Kaufland, así como Schwarz Produktion y Schwarz Digits. En España cuenta con cinco delegaciones en Bilbao, Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

Contiene el estudio que, analizando la cuota de mercado acumulada una empresa, Prezero, concentra más de la mitad del volumen recibido y dos vertederos, el de Prezero y Betearte, en Zalla y Mallabia, respectivamente, acaparan el 75 % del mercado. En un análisis por territorios, el 96% de los residuos se dirige a los cinco vertederos ubicados en Bizkaia, mientras que el restante 4% se concentra en el vertedero de Gardelegi, en Álava. Por otra parte, hay cuatro vertederos situados fuera de la comunidad, en Cantabria, Castilla y León, Navarra y La Rioja, que acogen residuos generados en Euskadi, unos 120 millones de toneladas de residuos no peligrosos, que se corresponde con aproximadamente un 23% de lo eliminado. Competencia aboga por establecer convenios con comunidades limítrofes (Navarra, Cantabria, La Rioja y Castilla y León) para “gestionar de forma coordinada situaciones de emergencia o sobrecapacidad”. Además, considera necesario llevar a cabo una planificación “flexible de capacidad”, revisando periódicamente las necesidades de depósito en vertedero en función de la evolución real de la valorización y el reciclaje, para evitar déficits imprevistos que refuercen posiciones de dominio“. Asimismo, debe incorporar una perspectiva que introduzca medidas procompetitivas, señala el estudio.

El Gobierno vasco no ha iniciado por el momento un expediente sancionador contra Verter Recycling y sus gestores por el “número elevado de incumplimientos” hallados en el vertedero de Zaldibar durante una inspección de septiembre de 2025. El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, explica también que a pesar de la acumulación de problemas “no se pudo constatar que se hubiera producido una situación de riesgo inminente de daño grave al medio ambiente” y que la Agencia Vasca del Agua (URA) tampoco ha detectado “afección alguna” en las regatas y cauces próximos.

A finales de febrero, trascendió un informe sobre las inspecciones realizadas en 2025 en unas instalaciones que se desplomaron en febrero de 2020 causando la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que después tuvieron que ser estabilizadas y selladas con actuaciones urgentes subsidiarias por parte de la Administración, sin que Verter Recycling haya devuelto el dinero adelantado. Esa documentación oficial constaba que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, y señalaba de nuevo a la antigua empresa gestora, ya quebrada. Se aludía a incidencias con los drenajes, a gases emitidos a la atmósfera y hasta a un camión que llevaba desde 2020 abandonado allí.

Ese informe fue solicitado por EH Bildu en el Parlamento Vasco y ahora, nuevamente, la formación abertzale ha preguntado al consejero Jauregi por las medidas adoptadas. “A fecha de respuesta no se ha abierto ningún expediente sancionador, aunque debe recordarse que, conforme a lo dispuesto en el texto refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación, el plazo de prescripción de las infracciones es de sanciones es de tres años en el caso de las infracciones muy graves, dos años para las graves y seis meses para las leves”, informa el consejero al palrmanetario Ander Goikoetxea. Los informes mencionaban un total de 29 desviaciones.

Jauregi, eso sí, insiste en que no hay problema jurídico en que Verter Recycling ya no exista como tal, ya que sus antiguos administradores siguen siendo responsables por ley. Ahora bien, se asume que la primera notificación fue “intentada sin efecto” y que después se hizo de manera pública por la vía de anuncios en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). Ahora bien, ni consta que las personas señaladas, entre ellas José Antonio Barinaga y Arrate Bilbao, ya condenados en la vía penal por el homicidio imprudente de Beltrán y Sololuze e imputados en otras dos causas por delitos ambientales y urbanísticos, hayan presentado alegaciones o hecho nada para reparar los problemas en Zaldibar.

Se da la circunstancia de que EH Bildu denunció hace unos días, en la propia zona de Eitzaga, el mal estado de la antigua planta de Verter Recycling e instaron al Ejecutivo a que actúe cuanto antes. “La situación es grave”, dijo desde Zaldibar Goikoetxea, aludiendo precisamente a las 29 desviaciones del informe de 2025.

Ayer sábado se originó un incendio en un vertedero de residuos sólidos en la localidad de Ausejo. Fue un particular quien alertó a SOS Rioja y desde el centro coordinador de emergencias se avisó a la Guardia Civil, bomberos de CEIS Rioja y los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Los bomberos acudieron al lugar del incendio a las 17:30 y a las 22:30 informaron de que el incendio estaba controlado. También advirtieron due la zona iba a estar humenado toda la noche.

Los informes de las más recientes inspecciones realizadas por el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco en el vertedero de Zaldibar, que se desplomó en febrero de 2020 causando la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que tuvo que ser estabilizado y sellado con actuaciones urgentes, constatan que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, por ejemplo en lo tocante a los drenajes. “Si no se toman medidas –se puede leer en la documentación entregada este viernes al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi a instancias del representante de EH Bildu Ander Goikoetxea–, es posible que estos precipitados terminen creando un tapón de consecuencias imprevisibles tales como el vertido incontrolado de lixiviados o disminución de la estabilidad”.

El servicio de Inspección de Medio Ambiente se personó en las antiguas instalaciones de Verter Recycling en septiembre de 2025. Se recalca que la de la ladera de Eitzaga es ya una instalación “sin actividad”, pero la empresa titular –o en este caso las personas físicas que la componían, ya que la mercantil quedó liquidada– mantiene por ley obligaciones que ha de cumplir. Ese informe describe, incluso con fotografías, una cadena de irregularidades. Son un total de 29 las desviaciones apreciadas. Se alude incluso a robos de generadores eléctricos y a que hay que poner neumáticos viejos para que no se vuelen algunas cubriciones. El informe de los inspectores le pone al vertedero de Zaldibar la más baja posible de las notas.

De entre la batería de irregularidades, la más grave es que nadie realiza “operaciones de mantenimiento” con el fin de “prevenir un deterioro generalizado de instalaciones críticas” como los drenajes. Se cita que Gipuzkoako Urak –Zaldibar está en Bizkaia pero justo en la muga con ese territorio– emitió un informe también en septiembre en el que constataba hasta 35 incidencias por vertidos de lixiviados. Van desde problemas de coloración en los colectores hasta siete episodios de “toxicidad” en las aguas.

Pero se expone también, como otro caso problemático, que “los gases del vertedero son emitidos a la atmósfera”. “Se constata la existencia de varias fumarolas de gas”, se puede leer en la documentación oficial. Queda hasta un camión–cisterna accidentado en 2020 completamente abandonado.

El vertedero se cayó en 2020, en febrero. Es la catástrofe ambiental contemporánea más importante en Euskadi. Ese mismo año se llevaron ya actuaciones urgentes, en paralelo a la búsqueda de los restos humanos de las víctimas. Todas esas obras se abonaron con dinero público con la esperanza de que Verter Recycling asumiera luego la factura, que ya era millonaria hace años. Con el paso del tiempo ha habido que hacer más intervenciones “subsidiarias”. En junio de 2023 volvió a estar en riesgo la estabilidad, según los informes técnicos. En 2024 y 2025 ha habido más obras.

El director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno vasco, Adolfo Uriarte, firmó en octubre cartas a Eduardo Barinaga, el dueño de Verter Recycling, a su sobrina Arrate Bilbao y a Elena Susaeta recordándoles que la normativa les hace aún responsables de las instalaciones aun cuando la mercantil titular del recinto fuera liquidada tras los hechos de 2020. Las misivas se enviaron en octubre pero en diciembre apareció en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) una notificación pública porque dos de las notificaciones no se habían podido realizar.

Barinaga y Bilbao ya fueron condenados por un delito contra los trabajadores, por el “homicidio imprudente” de Beltrán y Sololuze. Aceptaron su responsabilidad y abonaron indemnizaciones económicas a las familias de las víctimas. Evitaron la entrada en prisión. En paralelo, un juzgado de Durango investiga los posibles delitos ambientales detrás de Zaldibar. De esa causa se ha derivado una más que analiza el papel del Ayuntamiento en el control urbanístico de unas instalaciones.

El parlamentario Goikoetxea de EH Bildu ha registrado una nueva solicitud de documentación para que el consejero Jauregi explique a la Cámara las medidas adoptadas para que los propietarios asuman la responsabilidad por lo que sigue sucediendo en Zaldibar. También pide detalles del expediente sancionador.

El Ayuntamiento de Vitoria ha pagado un total de 116.000 euros por sanciones del Gobierno vasco entre los años 2023 y 2024, ante “incumplimientos severos” de la normativa por parte del vertedero Gardelegi, de titularidad municipal. Esta cantidad se corresponde con dos sanciones: una de 2023 de 96.000 euros y otra de 2024 por valor de 20.000 euros, que ya han sido abonadas por el municipio, aunque esta última sanción fue recurrida por el consistorio sin que los tribunales le dieran la razón. No es la primera vez que el Ayuntamiento vitoriano paga miles de euros en concepto de multas por los incumplimientos medioambientales en el vertedero. En abril de 2024 ya trascendió que desde cinco años antes se habían abonado multas por 216.000 euros en el último lustro. Ahora suma y sigue.

Las irregularidades detectadas en Gardelegi son uno de los dos “incumplimientos severos” detectados en vertederos a través de la inspección que figuran en la Memoria de Inspección Ambiental correspondiente al ejercicio 2024 publicada en marzo de 2025 por la que pregunta al consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi. El otro incumplimiento severo se produjo en las instalaciones de Vascontainer, S.A, sociedad ya extinguida, que gestionaba el vertedero de Araso (Irún y Oiartzun). En este caso la infracción que en principio, se corrigió de severa a moderada, seguía el año pasado sin estar subsanada. El Gobierno sancionó a la empresa con 113.605, 68 euros y llevó el caso a la Fiscalía que trasladó el caso al fuzgado para incoar diligencias previas por un delito de gestión ilícita de residuos y de insolvencia punible. Finalmente, la sección de lo mercantil del Tribunal de Instancia de Donostia acordó la conclusión del procedimiento concursal referente al deudor Vascontainer por insuficiencia de la masa activa para la satisfacción de los créditos contra la masa así como la extinción de la mercantil.

En concreto, de acuerdo con la Memoria de Inspección Ambiental correspondiente al ejercicio 2024 publicada en marzo de 2025, en 2024 se llevaron a cabo 132 inspecciones ambientales programadas en las que en el 95,45% de las mismas se detectaron incumplimientos, es decir, se detectaron 126 inspecciones con incumplimientos frente a sólo seis inspecciones en los que no se detectó ninguna irregularidad.

Atendiendo a la gravedad de los mismos se produjeron dos incumplimientos severos detectados durante las inspecciones ambientales, que se corresponden con los citados Gardalegi y Vascontainer. Una situación que, según recuerda el parlamentario del PP, Álavaro Gotxi, “no se produce desde al menos 2017”. En concreto, de un total de 666 incumplimientos detectados, 578, fueron poco relevantes, 81 moderados, cinco significativos y dos incumplimientos severos.

En lo que se refiere al vertedero de Gardalegi, el Gobierno vasco señala que infracción calificada como severa por la inspección de 2024 se corresponde con la desviación relativa al incumplimiento de la secuencia de impermeabilización basal de la denominada celda de balas – Residuos Urbanos (RU), unido a la no ejecución de la medida complementaria establecida en el seno de un expediente sancionador anterior. Durante 2025 se realizaron dos inspecciones a esta instalación: una no programada con el fin de verificar el estado de los incumplimientos identificados en la inspección de seguimiento de 2024 y otra la propia inspección de seguimiento reglamentaria. “Tras la inspección de seguimiento realizada el pasado 01/12/2025, se pudo comprobar que había habido importantes avances en la ejecución del sellado temporal”, señala el Gobierno vasco.

Un colectivo de vecinos y usuarios del entorno de Punta Parayas y Camargo ha denunciado la existencia de parcelas de aparcamiento que se han convertido en “vertederos ilegales” en el polígono industrial de Riamar de Maliaño (Camargo), “tolerados por la administración y la propiedad (bancos, sociedades en liquidación)”.

En un comunicado, en el que adjunta material fotográfico, el colectivo documenta el “grave estado de abandono” del polígono, que se ubica “a escasos metros” del nuevo carril bici en el que el Ayuntamiento “tanto invierte”.

“El principal problema es el riesgo real para la salud pública y el medioambiente: están proliferando los depósitos de aparatos eléctricos (neveras que emiten gases tóxicos) y neumáticos (riesgo extremo de incendio y humos tóxicos hacia el entorno de Maliaño)”, advierte.

Según señala el colectivo, “aunque el Ayuntamiento debería ejecutar la limpieza de forma subsidiaria y pasar la factura a los dueños, la inacción impera por el miedo al coste burocrático, permitiendo este daño ecológico”.

Así, exige una limpieza subsidiaria urgente por parte del Ayuntamiento de Camargo, la inspección del SEPRONA para sancionar el vertido de neveras (RAEE) y neumáticos en un área conectada al Sendero de los Porqués, y “transparencia respecto qué entidades financieras o propietarios están evadiendo sus obligaciones legales”.

La Fiscalía de Álava ha admitido a trámite la denuncia presentada en diciembre por Podemos y la asociación ciudadana EKI por presuntos delitos cometidos en el proyecto del nuevo vertedero Oyín, en el que los denunciantes aprecian un intento “privatización encubierta”. Los detalles del caso fueron publicados en este periódico el pasado año. Se analizan presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y coacciones y amenazas a un funcionario público.

La denuncia considera que en este proceso se habrían realizado “amenazas, contratos opacos y un evidente daño al entorno, al medio ambiente y al tejido social”, así como “el desvío de un millón de euros de fondos públicos a manos privadas”, según ha insistido Podemos, informa Europa Press. La secretaria de Organización del partido, Leticia Jiménez, ha confiado en que la admisión a trámite de esta denuncia “sea sólo el primer paso” porque es un asunto “de una gravedad extrema y que puede afectar al patrimonio público, a la salud del entorno y al propio funcionamiento democrático de las instituciones”.

“Estamos muy satisfechas porque la Fiscalía nos ha dicho, con esta decisión, que nuestra demanda cumple con los requisitos legales necesarios y que, efectivamente, hay base para ponerse a trabajar investigando lo que para nosotras es un evidente escándalo”, ha añadido. No obstante, este paso ni prejuzga los hechos ni siquiera comparta la apertura de una causa penal, ya que solamente si se aprecian indicios se elevará el asunto a una plaza de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vitoria.

Podemos, en todo caso, ha subrayado la necesidad de garantizar “la transparencia y el respeto institucional”, así como el mantenimiento de “un entorno saludable y seguro”. Según los indicios que los denunciantes han puesto en manos de la Fiscalía, en la operación sobre el vertedero de Valdeaguilar “se ha desviado en torno a un millón de euros públicos hacia intereses privados”, y se ha actuado “ilegítimamente” para favorecer a una empresa concreta “mediante decisiones arbitrarias y contratos irregulares”.

Más de 200 personas han recordado este domingo en Zaldibar a los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze y han vuelto a pedir responsabilidades por su muerte, cuando se cumple el sexto aniversario de su fallecimiento por el derrumbe del vertedero de esta localidad vizcaína. El acto, organizado este fin de semana por la plataforma Zaldibar Argitu, grupo que desde el colapso de la escombrera viene reclamando el señalamiento de los culpables de esta tragedia, se ha celebrado en el barrio de Eitzaga, donde se ubicaba el vertedero, informa Efe..

Durante el homenaje, vecinos de Zaldibar han tomado parte en una ofrenda floral en memoria de Alberto Soluluze y Joaquín Beltrán, cuyo cuerpo nunca llegó ser encontrado entre los escombros de Eitzaga. En el acto, que se ha desarrollado encabezado por una pancarta con un lema en recuerdo a ambos operarios fallecidos y en demanda de “respuestas y salud”, vecinos de Zaldibar han portado carteles con el nombre de la plataforma convocante.

Representantes de esta plataforma han expresado su “hartazgo” por la falta de respuesta de los juzgados tras seis años de instrucción. Tras 72 meses de la apertura de la causa, han explicado que aún no se ha obtenido “ninguna conclusión” sobre las causas del derrumbe y sus posibles responsabilidades. “Se le debe a la ciudadanía aclarar por qué razones se vino abajo el vertedero y quiénes son realmente las personas responsables de aquella tragedia”, han apuntado. 

Del derribo de Zaldibar se ha derivado una triple respuesta judicial. Por un lado, se cerró una pieza sobre el homicidio imprudente que constituyó el fallecimiento de los trabajadores, con condenas asumidas por los responsables de Verter Recycling e indmenizaciones a las familias de las víctimas. Por otro lado, se abrió un análisis de posibles delitos ambientales, un complejo proceso que sigue abierto en un juzgado de Durango. Finalmente, de esta segunda instrucción se abrió una pieza separada que ha estado meses bajo secreto de sumario. Ahora se ha levantado y, con apoyo en un informe de la Ertzaintza que ve indicios de delitos urbanísticos previos al derrumbe, se ha citado como imputados a los gestores de la planta pero, igualmente, a la exalcaldesa de Zaldibar de EH Bildu, Arantza Baigorri.

Ecologistas en Acción ha advertido al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, de que podría incurrir en un delito de prevaricación si autoriza la ampliación del vertedero de residuos industriales peligrosos de Santovenia de Pisuerga (Valladolid) pese al informe urbanístico municipal desfavorable.

La Consejería llevará este martes al Consejo de Medio Ambiente, Urbanismo y Ordenación del Territorio la propuesta de modificar la autorización ambiental del vertedero para aumentar su capacidad en 125.000 metros cúbicos, que se sumarían al millón ya autorizado, ante la próxima colmatación de la instalación, según ha señalado la organización ecologista en un comunicado.

Según Ecologistas, la ampliación ha sido solicitada por la empresa titular del vertedero, Centro de Transferencias S.A. (Cetransa), perteneciente al grupo Urbaser. Sin embargo, según ha recordado la organización, el proyecto no estaría amparado ni por la declaración de impacto ambiental de 2014 ni por la autorización ambiental actualmente vigente, ni tampoco por la declaración de Proyecto Regional aprobada por la Junta en 2015.

Asimismo, ha recordado que el Ayuntamiento de Santovenia de Pisuerga emitió en junio de 2024 un informe urbanístico negativo en el que concluye que la ampliación “no es autorizable”, al prohibir expresamente el Plan General de Ordenación Urbana municipal la ampliación del centro de tratamiento de residuos de Cetransa. Ecologistas en Acción ha indicado que dicho informe es vinculante y que, de acuerdo con la legislación estatal sobre prevención de la contaminación, debería haber supuesto el archivo del expediente, algo que, como han defendido, la Consejería ha eludido.

La organización ambiental ha criticado lo que considera un trato de favor reiterado de la Junta hacia Cetransa y el grupo Urbaser, recordando que en 2001 la empresa ya se benefició de una ley “ad hoc” para mantener la actividad del vertedero tras la anulación de sus licencias municipales por el Tribunal Supremo, una norma que fue declarada inconstitucional años después. A ello añaden el riesgo ambiental que, a su juicio, supone la ampliación para el río Pisuerga, aguas arriba de la ciudad de Valladolid.

Ecologistas en Acción, según han adelantado, propondrá en la reunión del Consejo que se archive el expediente de modificación de la autorización ambiental y advertirá de las posibles responsabilidades penales tanto del consejero como de los vocales del órgano si se aprueba la ampliación en contra de lo establecido legalmente.

La organización también ha insistiado en la necesidad de sustituir el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, vigente desde hace más de una década, después de que en marzo de 2024 una sentencia judicial anulara el intento de la Junta de revisarlo sin un nuevo procedimiento completo. A su juicio, esa revisión buscaba consolidar a la Comunidad como destino de residuos industriales peligrosos procedentes de toda España.

El vertedero de Santovenia de Pisuerga inició su actividad en 1993 y, según Ecologistas en Acción, ha acumulado desde entonces diversos incidentes, entre ellos vertidos de residuos no autorizados, fugas de sustancias contaminantes, problemas con aguas subterráneas e incluso un incendio. En la actualidad alberga más de un millón de toneladas de residuos peligrosos, de los que más de un tercio proceden de fuera de Castilla y León.