Sin mantenimiento, lixiviados o gases: el vertedero de Zaldibar vuelve a ser un riesgo seis años después del derrumbe

Los informes de las más recientes inspecciones realizadas por el área de Medio Ambiente del Gobierno vasco en el vertedero de Zaldibar, que se desplomó en febrero de 2020 causando la muerte de dos operarios, Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, y que tuvo que ser estabilizado y sellado con actuaciones urgentes, constatan que “la falta de mantenimiento de las instalaciones está provocando un deterioro”, por ejemplo en lo tocante a los drenajes. “Si no se toman medidas –se puede leer en la documentación entregada este viernes al Parlamento Vasco por el consejero Mikel Jauregi a instancias del representante de EH Bildu Ander Goikoetxea–, es posible que estos precipitados terminen creando un tapón de consecuencias imprevisibles tales como el vertido incontrolado de lixiviados o disminución de la estabilidad”.

El servicio de Inspección de Medio Ambiente se personó en las antiguas instalaciones de Verter Recycling en septiembre de 2025. Se recalca que la de la ladera de Eitzaga es ya una instalación “sin actividad”, pero la empresa titular –o en este caso las personas físicas que la componían, ya que la mercantil quedó liquidada– mantiene por ley obligaciones que ha de cumplir. Ese informe describe, incluso con fotografías, una cadena de irregularidades. Son un total de 29 las desviaciones apreciadas. Se alude incluso a robos de generadores eléctricos y a que hay que poner neumáticos viejos para que no se vuelen algunas cubriciones. El informe de los inspectores le pone al vertedero de Zaldibar la más baja posible de las notas.

De entre la batería de irregularidades, la más grave es que nadie realiza “operaciones de mantenimiento” con el fin de “prevenir un deterioro generalizado de instalaciones críticas” como los drenajes. Se cita que Gipuzkoako Urak –Zaldibar está en Bizkaia pero justo en la muga con ese territorio– emitió un informe también en septiembre en el que constataba hasta 35 incidencias por vertidos de lixiviados. Van desde problemas de coloración en los colectores hasta siete episodios de “toxicidad” en las aguas.

Pero se expone también, como otro caso problemático, que “los gases del vertedero son emitidos a la atmósfera”. “Se constata la existencia de varias fumarolas de gas”, se puede leer en la documentación oficial. Queda hasta un camión–cisterna accidentado en 2020 completamente abandonado.

El vertedero se cayó en 2020, en febrero. Es la catástrofe ambiental contemporánea más importante en Euskadi. Ese mismo año se llevaron ya actuaciones urgentes, en paralelo a la búsqueda de los restos humanos de las víctimas. Todas esas obras se abonaron con dinero público con la esperanza de que Verter Recycling asumiera luego la factura, que ya era millonaria hace años. Con el paso del tiempo ha habido que hacer más intervenciones “subsidiarias”. En junio de 2023 volvió a estar en riesgo la estabilidad, según los informes técnicos. En 2024 y 2025 ha habido más obras.

El director de Patrimonio Natural y Adaptación al Cambio Climático del Gobierno vasco, Adolfo Uriarte, firmó en octubre cartas a Eduardo Barinaga, el dueño de Verter Recycling, a su sobrina Arrate Bilbao y a Elena Susaeta recordándoles que la normativa les hace aún responsables de las instalaciones aun cuando la mercantil titular del recinto fuera liquidada tras los hechos de 2020. Las misivas se enviaron en octubre pero en diciembre apareció en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) una notificación pública porque dos de las notificaciones no se habían podido realizar.

Barinaga y Bilbao ya fueron condenados por un delito contra los trabajadores, por el “homicidio imprudente” de Beltrán y Sololuze. Aceptaron su responsabilidad y abonaron indemnizaciones económicas a las familias de las víctimas. Evitaron la entrada en prisión. En paralelo, un juzgado de Durango investiga los posibles delitos ambientales detrás de Zaldibar. De esa causa se ha derivado una más que analiza el papel del Ayuntamiento en el control urbanístico de unas instalaciones.

El parlamentario Goikoetxea de EH Bildu ha registrado una nueva solicitud de documentación para que el consejero Jauregi explique a la Cámara las medidas adoptadas para que los propietarios asuman la responsabilidad por lo que sigue sucediendo en Zaldibar. También pide detalles del expediente sancionador.