Tomàs toma un trago de Coca-Cola. “La noche que me dispararon también estaba bebiendo una”, recuerda este joven de 30 años. Hace seis años recibió el impacto de una bala de 'foam' de los Mossos d'Esquadra que casi le parte la tibia. Fue durante la semana de disturbios que siguieron a la sentencia del procés de 2019, pero a un kilómetro de los altercados: cerca de la Diagonal de Barcelona, donde no había ni barricadas ni cargas policiales.

El sargento de los Mossos que comandaba el operativo irá a juicio después de que, por primera vez, la Audiencia de Barcelona haya revocado la amnistía a un uniformado, tal y como había pedido el abogado de Tomàs, Brian Ventura, del centro Irídia.

Hasta ahora, la instancia superior que revisa las decisiones de los jueces de instrucción de Barcelona había avalado las amnistías al grueso de policías nacionales y guardias civiles de las cargas del 1-O de 2017 y a mossos d'esquadra procesados por sus actuaciones durante las barricadas tras el fallo del Tribunal Supremo.

La noche del 18 de octubre de 2019, los amigos de Tomàs sí habían estado, por la tarde, en la zona de los altercados. Pero él estaba en el trabajo, en el barrio de Gràcia, y se encontraron sobre las once de la noche. Pararon a comprar unas bebidas en un supermercado. “Había turistas y gente paseando, y de repente aparecieron unas furgonas de los Mossos bajando por Passeig de Gràcia y empezaron a acelerar y a frenar bruscamente. Crearon una situación de pánico”, explica Tomàs, que prefiere no dar su apellido.

Junto a un amigo, Tomàs empezó a correr hacia la Rambla Catalunya. Pero en seguida les frenaron el paso otras furgonetas policiales. Al girarse otra vez hacia Passeig de Gràcia, notó un impacto en la tibia. “El policía que me disparó estaba a un metro y medio de mí. Noté un golpe, pero no fue hasta al cabo de un rato que vi que me habían dado bien”, explica. Además, recibió otro impacto de 'foam' en la mochila.

Cojo y solo (sus amigos se habían dispersado por la intervención policial), Tomàs se dirigió a un pasaje cercano para tumbarse. “No podía correr más, me dolía un montón la pierna y estaba supernervioso”, narra. Fue entonces cuando, sin previo aviso, tres o cuatro agentes (Tomàs no lo recuerda con la máxima precisión, tal y como ocurre en sucesos traumáticos) se bajaron de una furgoneta.

“Empezaron a pegarme pero bien durante treinta segundos. Yo estaba en shock total, solo tenía instinto de supervivencia. Me hice una bola en el suelo, hasta que un jefe les gritó que pararan”, rememora Tomàs. Según denunció ante el juzgado y mantiene a día de hoy, el mismo agente, tras cogerle la mochila del suelo y lanzársela, le espetó: “Vete de aquí y no te vuelvas a manifestar”. “Me acuerdo perfectamente y lo recordaré toda la vida”, apostilla Tomàs.

La Justicia ha tardado mucho más en investigar la denuncia de Tomàs que el tiempo que ha necesitado este joven para recuperarse de las heridas físicas y psicológicas que le provocó esa noche. “Ahora ya lo puedo contar sin llorar, pero durante muchos meses no pude”, admite este educador social, que con el paso del tiempo se ha recuperado, aunque no olvidado: “La vez en la vida que me han hecho más daño ha sido la policía, que en teoría te tiene que proteger”.

Tomàs se ha encontrado con las trabas con las que habitualmente lidian las víctimas de excesos policiales: incapacidad para hallar al policía concreto que realizó los disparos, desconfianza en los jueces y fiscales que les reciben y una investigación en manos del mismo cuerpo policial (los Mossos d'Esquadra) del que forma parte el agente que le disparó. “Cuando fui a declarar por algunas preguntas del juez parecía más que yo era el investigado y no la víctima”, lamenta.

El juez archivó hasta por dos veces el caso, la última al aplicar, en marzo de 2025, la amnistía al único agente procesado, el sargento que comandaba el operativo. La petición salió de la Fiscalía. La Audiencia de Barcelona revocó este mes de octubre la decisión y ordenó que el mosso sí fuera a juicio.

Según los jueces que han revisado la instrucción del caso, está “indiciariamente acreditado” que los Mossos d'Esquadra emplearon el 'foam' contra Tomàs “sin que se diesen las condiciones que lo autorizaban”. Con todo, los únicos hechos de esa noche que irán a juicio son los disparos de 'foam', pero no la paliza que Tomàs también denunció.

Para los magistrados no procede la amnistía porque es necesario examinar en un juicio la “proporcionalidad de los medios policiales empleados”. Amnistiar el caso antes de la vista oral, añaden, podría contravenir la jurisprudencia europea que obliga a investigar los tratos degradantes de la policía a los ciudadanos.

Con su decisión, el sargento de los Mossos d'Esquadra que comandaba el operativo en el Passeig de Gràcia (ninguno de los escopeteros de 'foam' de la policía catalana ha admitido ser el autor del disparo que hirió a Tomàs en la tibia) se convierte en el primer agente al que un tribunal revoca una amnistía.

Será, junto a los policías nacionales acusados de vaciar el ojo a Roger Español en 2017, el único uniformado no incluido en la amnistía, al bordear su actuación los tratos degradantes que la norma impide amnistiar. El caso de Español afecta a la otra exclusión de la ley de amnistía: las lesiones graves, con pérdida de miembro principal del cuerpo.

Los magistrados fundamentan su decisión en que en el lugar donde Tomàs fue disparado no había altercados. “Debemos señalar que los hechos ocurren lejos de la Via Laietana [donde se produjeron los disturbios el 18 de octubre de 2019]”, advierte la instancia superior, que reprocha al juez instructor que no expresara en su auto por el que aplicó la amnistía “qué concreta protesta o altercado se estaba produciendo” en el lugar donde Tomàs fue herido.

El abogado Brian Ventura destaca que será el primer juicio a un mosso no amnistiado, pero critica la tardanza de la Justicia para sentarlo en el banquillo. “Las personas heridas en casos de violencia policial necesitan, tal y como recuerda la jurisprudencia europea, unas garantías reforzadas en la investigación de sus lesiones”, recuerda el abogado, que lo contrasta con lo vivido en el juzgado.

“Solo se han practicado diligencias para esclarecer los hechos porque nosotros lo hemos pedido y la Audiencia nos ha dado la razón”, indica el letrado, que lamenta la “falta de proactividad” de la Fiscalía. Ventura también constata la necesidad de crear un mecanismo independiente de control de actuaciones policiales, similar al que ya existe en Reino Unido, para “que no sea la policía la que investigue a la propia policía”. “Es muy difícil esclarecer qué mosso disparó si son sus compañeros los que hacen los informes que les pide el juez”, concluye Ventura.

La Fiscalía ha mantenido su defensa de los únicos cuatro agentes de la Policía Nacional que no han sido amnistiados. El Ministerio Público ha pedido absolver a los cuatro agentes acusados de dejar tuerto a Roger Español con una bala de goma durante la jornada del 1 de octubre de 2017 al considerar que actuaron en cumplimiento de sus funciones como policías.

Sobre el agente que disparó la bala de goma que, tras rebotar en el suelo, lesionó en el ojo a Español, la Fiscalía señala que tenía su campo de visión “parcialmente cercenado debido a la presencia de otros dos policías delante de él”. El Ministerio Público también exculpa al uniformado porque, en su opinión, nunca tuvo voluntad de lesionar a Español: “Nunca se representó como probable el resultado lesivo que se produjo”.

“Disparó en cumplimiento de una orden trasladada por el cauce reglamentario y que no podía desobedecer al no tratarse de una directriz manifiestamente ilegal”, sostiene el Ministerio Público sobre el policía.

Tanto el escopetero como los otros tres agentes acusados (un inspector y dos subinspectores de la Policía Nacional), concluye la fiscal, no cometieron ningún delito porque su actuación estaba amparada por el cumplimiento del deber, una de las eximentes contempladas en el Código Penal para descargar de responsabilidad penal a un acusado. El deber, en este caso, era la orden judicial para impedir la votaciones del 1-O.

En palabras de la Fiscalía, el agente “no llegó a asumir ni aceptar mentalmente como riesgo serio y elevado” que se pudiera producir una lesión como la que dejó sin ojo a Español. Lo contrario cree el herido, que reclama hasta 13 años de cárcel para los agentes acusados.

El escrito exculpatorio supone la culminación de casi ocho años en los que el impulso a la causa de las cargas del 1-O en Barcelona no ha venido de parte de la Fiscalía, sino de los jueces y de los heridos. El caso se eternizó por las insistentes peticiones de los lesionados de imputar a más agentes, y en medio se cruzó la amnistía, que dio carpetazo al caso para casi 50 policías imputados por sus tirones de pelo, empujones y golpes a votantes, pero no para los del caso de Español debido a la gravedad de la lesión que sufrió el hombre.

La Fiscalía ya se había mostrado partidaria de amnistiar a los agentes acusados de lesionar a Español, pero la Audiencia de Barcelona lo descartó. Los jueces, consideraron “obvio” que el caso es uno de los excluidos de la ley de amnistía al tratarse de unas lesiones que han provocado la pérdida de un órgano. En cambio, sí amnistiaron a Español, procesado por lanzar vallas a los agentes, ya que este supuesto sí se incluye en la norma.

El escrito de la Fiscalía dedica la mayoría de sus folios a repasar el contexto en el que se produjeron las cargas del 1-O. Según la Fiscalía, la actuación policial en ell colegio Ramon Llull de Barcelona, donde perdió un ojo Español, respondió a la actitud de “resistencia, desobediencia grave o incluso atentado a la autoridad” de los votantes.

El inspector investigado ordenó primero el uso de defensas contra los manifestantes, y disparar balas de goma cuando estas “no dieron resultado”, tras varios intentos de “conminación verbal y de negociación y mediación” para que los concentrados dejaran retirarse a los policías.

Entre ellos, la Fiscalía destaca la actitud de Roger Español, quien “protagonizó múltiples acometimientos contra funcionarios de la Policía Nacional, incluidos varios lanzamientos de vallas metálicas”, una de las cuales, apunta, impactó en la espalda de uno de los policías.

Según el Ministerio Público, desde la masa congregada “se iban produciendo múltiples lanzamientos de vallas metálicas contra los policías”, entre gritos amenazadores, un ataque que no cesó cuando los agentes “iniciaron un repliegue dando marcha atrás”, pese al “grave peligro” que suponía para su vida e integridad.

“Ante la necesidad de disgregar a la masa y vista la ineficacia del uso de la defensa y del bastón policial”, prosigue el escrito, el jefe del grupo ordenó a sus subordinados el uso de salvas, que tampoco lograron que los manifestantes abrieran paso para que los policías pudieran retirarse.

Por ese motivo, entre 30 y 45 minutos después y ante la “escalada de violencia” de la multitud, el inspector investigado dio la orden de disparar pelotas de goma con el fin de disgregar a los manifestantes, una de las cuales rebotó contra el asfalto e impactó en el rostro de Roger Español.

Admite la Fiscalía que no se ha podido averiguar “desde qué nivel de mando se impartió la orden de no practicar detenciones, pero dicha orden existió y fue trasladada a los agentes intervinientes”, quienes se “abstuvieron” de ejecutarla. Es decir, algún mando policial ordenó el 1-O no detener a votantes, pero no se sabe quién fue.

Roger Español, el hombre al que una bala de goma de la Policía Nacional reventó el ojo durante el referéndum del 1 de octubre de 2017, ha reclamado 13 años de cárcel para los antidisturbios a los que atribuye su lesión. En su escrito de acusación, el activitsta, representado por el centro Irídia, solicita además una indemnización de 320.632,06 euros por las secuelas físicas y psicológicas.

La lesión de Español será la única de las causas judiciales derivadas de las cargas policiales contra la votación soberanista que llegue a juicio. El resto han sido amnistiadas. La de las balas de goma es la única que no se ha incluido en el olvido judicial del procés debido precisamente a las lesiones de gravedad que sufrió Español, motivo que marca su exclusión de la norma.

El abogado del activista mantiene que los cuatro antidisturbios actuaron con “obstinada voluntad de causar daño y dolor” para “castigarle” por su participación en una protesta contra las cargas policiales que, minutos antes, habían ocurrido en los aledaños del colegio Ramon Llull de Barcelona.

Español, asegura el escrito, les había recriminado que hubiesen empujado a los concentrados, y el escopetero de la Policía Nacional disparó en represalia dos balas de goma “sin conseguir impactarlo”.

Fue la tercera bala de goma la que impactó de lleno en la cara de Español. El disparo, recalca la defensa del activista, no se produjo a cuenta y riesgo del escopetero, sino que se realizó “de común acuerdo y por las órdenes” del inspector y los dos subinspectores de la Policía Nacional también acusados.

“Los acusados se aprovecharon de su condición de funcionarios públicos por el lugar en el que se encontraban, por encontrarse protegidos por otros agentes, por disponer de armas y por el conjunto de elementos que componen una intervención policial”, asevera el abogado de Español, Antoni Mansilla.

La de Español (excandidato de Junts al Senado) será, junto a las populares de Òmnium Cultural y la ANC, la única acusación del juicio contra los cuatro agentes. La Fiscalía exculpa a los uniformados, pese a las evidencias forenses de que solo una bala de goma pudo causar las lesiones al hombre.

La Fiscalía descarta que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y considera que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”. En consecuencia, reclama la absolución de los procesados.

Español pide nueve años de cárcel y de inhabilitación a cada uno de los cuatro agentes acusados por el delito de lesiones con pérdida de órgano, más otros cuatro años de cárcel y sin la posibilidad de ejercer de policías por el delito de torturas. El juicio no se celebrará casi con seguridad este año, por lo que al menos habrá que esperar hasta nueve años después de los hechos.

La indemnización de 320.632,06 responde a las secuelas físicas y el tratamiento médico que ha necesitado (201.773,62), daños morales por haber tenido que abandonar los estudios médicos que cursaba en el momento de la agresión (30.000 euros) y los incrementos derivados de su condición de discapacidad física fruto de los disparos (88.709,44 euros).

La Audiencia de Barcelona ha rechazado amnistiar a los únicos cuatro agentes de la Policía Nacional que todavía no habían sido exonerados de las cargas del referéndum del 1 de octubre de 2017. Los jueces han descartado aplicar la norma de olvido penal a los antidisturbios acusados de reventar el ojo al activista Roger Español en las cargas durante la votación.

La decisión judicial se toma en contra del criterio de la Fiscalía, partidaria tanto de amnistiar a los agentes como de absolverles, e implica que los agentes se sentarán en el banquillo de los acusados en el único juicio que se celebrará por las cargas del 1-O. Las acusaciones serán ejercidas por Español y entidades como Irídia, Òmnium y la ANC.

En un auto, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, los jueces rechazan aplicar la amnistía a los agentes al considerar “obvio” que el caso es uno de los excluidos de la norma al tratarse de unas lesiones que han provocado la pérdida de un órgano. En cambio, sí amnistían a Español, procesado por lanzar vallas a los agentes, ya que este supuesto sí se incluye en la norma.

El caso de Español se investigó de forma separada al del resto de cargas policiales que ya han sido amnistiadas. Los cuatro policías eran los únicos sobre los que existían dudas de si podían quedar fuera de la amnistía, ya que la norma excluye expresamente el perdón a las agresiones que, de forma intencionada, hayan provocado la pérdida o inutilidad de un órgano, como ocurrió con el ojo de Español.

La Audiencia de Barcelona no descartó intencionalidad en la actuación del escopetero de la Policía Nacional que disparó la bala de goma que el 1-O hirió en el ojo a Español. El hecho de que no se cerrara la puerta, durante la fase de instrucción, a que la lesión en un órgano principal de Español se produjera con intencionalidad por parte de los agentes ha llevado a los magistrados a descartar aplicar la amnistía a los agentes y enviarles a juicio.

Para los jueces, existen “indicios de criminalidad suficientes” para sentar en el banquillo a los cuatro agentes. Según Español, los cuatro uniformados “autorizaron, ordenaron y permitieron el uso de balas de caucho en un supuesto que no era apropiado, necesario ni pertinente”, y las dispararon “a una distancia claramente peligrosa y asumiendo la posibilidad de que se produjeran lesiones de gravedad”. 

Pese a que la ley publicada en el BOE a principios de junio obligaba a los tribunales a resolver los olvidos penales del procés en dos meses, la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, encargada de realizar los trámites y decidir sobre la norma, no emplazó a las partes hasta este mes de enero para que informaran sobre la aplicación de la amnistía a esta causa.

Antes de posicionarse sobre la amnistía, la Fiscalía ya había pedido exculpar a los cuatro policías nacionales. Descartó la fiscal que el escopetero de la Policía Nacional disparara con intención a Español, y consideró que el impacto que le dejó sin ojo “fue precedido de un uso progresivo de los medios”, de acuerdo con los principios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

A la espera de si las acusaciones recurren la amnistía a otro agente que sí ha sido amnistiado por aporrear a un votante, el tribunal ha dado cinco días a Español y a Irídia, Òmnium y la ANC, que ejercen la acusación popular, para que formalicen sus escritos de acusación y las penas que reclaman a los agentes. El juicio no tiene fecha todavía.

“Lamentablemente se produjo un desgraciado accidente, pero la responsabilidad en modo alguno es achacable a la actuación policial”. Así concluye la Audiencia de Barcelona la investigación abierta a dos agentes de los Mossos d'Esquadra imputados por disparar el proyectil de 'foam' que reventó el ojo a una joven durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel 2021. El caso queda definitivamente archivado en la vía penal.

En un auto, los magistrados concluyen que la lesión en el ojo de la joven se produjo por el impacto de un proyectil de 'foam' de la policía catalana, si bien descartan un “incumplimiento del protocolo” por parte de los agentes. Rechazan los magistrados que los antidisturbios rebasaran el Código Penal, no solo al negar que actuaran con ánimo de lesionar a la joven sino también porque concluyen que su intervención no fue imprudente.

Todo lo contrario. “No se ha objetivado -concluye la resolución- que la conducta de los agentes investigados haya llegado a infringir las más elementales normas de cuidado”. La única finalidad de los agentes, insisten los togados de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, fue “salvaguardarse”.

Según exponen los jueces, los escopeteros de la policía autonómica dispararon las balas de 'foam' autorizados por sus superiores y “con estricta observancia de los protocolos vigentes” en unas “circunstancias adversas”, en referencia a los disturbios que se estaban produciendo.

Los hechos se remontan al 16 de febrero de 2021. Los Mossos dispararon decenas de proyectiles de 'foam' para dispersar una manifestación en favor de Hasel que había derivado en altercados. Los distintos documentos recabados durante la instrucción del caso han constatado que los protocolos de los Mossos permiten disparar balas de 'foam' a una distancia en la que pueden provocar lesiones graves.

En su querella, la joven recalcó que en el momento de la lesión se encontraba junto a un grupo de viandantes y periodistas que grabaron los hechos, “lejos” del cordón formado por los antidisturbios, a unos 20 metros, y “alejada de la zona donde se podrían producir lanzamientos que causaran un riesgo a la línea policial”.

La resolución judicial pone en duda la versión de la joven. Sin llegar a culparla de las lesiones, como hizo el juez instructor Joaquín Aguirre, la Audiencia de Barcelona sí señala a la víctima por “efectuar dos lanzamientos” contra la línea policial. “Cabe la posibilidad”, agrega el auto, que disparo se produjera cuando la joven se agachaba “para aprovisionarse de botellas para lanzarlas al cordón policial”, de forma que el impacto del proyectil de 'foam' se produjera en el ojo cuando en realidad iba dirigido al abdomen.

“No se trata de buscar una valoración que justifique una conducta ilícita en la que hubieran incurrido los agentes para eximirlos, sino únicamente de buscar una hipótesis alternativa razonable para entender cómo pudo llegarse a producirse un hecho cierto, la lesión”, concluye el auto. Cerrada la vía penal, la joven ahora tiene la puerta abierta para reclamar una indemnización en vía administrativa a la Generalitat.

El centro Irídia, que ejercía la acusación del caso, ha destacado que el auto de la Audiencia corrobora que la lesión en el ojo de la joven fue causada por un proyectil de 'foam', lo que, a juicio de la entidad, “confirma la peligrosidad y la falta de precisión de estos proyectiles, que pueden causar lesiones irreversibles”.

Más de seis años después de la llegada a la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez y más de nueve desde la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana por el Congreso gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular, la coalición de gobierno ha llegado a un acuerdo con los independentistas vascos para modificar la norma tras varios intentos infructuosos y pese a la oposición a algunos de los aspectos de la ley de la mayoría de partidos políticos con representación parlamentaria desde su aprobación.

Para entender los entresijos de esta negociación, la relevancia de que finalmente se haya llegado a un acuerdo y las posibilidades de que esta vez sí llegue a término es importante tener algunas cosas claras. Estas son las claves:

¿Qué cambios se introducirán en la ley?

El acuerdo alcanzado este jueves entre el Gobierno y EH Bildu (puedes consultarlo aquí) modifica la denominación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que, una vez fuera aprobada, pasaría a llamarse “Ley Orgánica de protección de las libertades y seguridad ciudadana”. El acuerdo, que ha sido comunicado desde el Congreso por los portavoces de la formación abertzale en una rueda de prensa, afecta a los cuatro puntos concretos que provocaron que tanto EH Bildu como ERC se apartasen del acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo y el resto de socios de investidura en 2023.

En primer lugar, se acuerda modificar el apartado cuatro del artículo 37 de la norma para acabar con las sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas. Para ello, ahora serán considerados infracciones “los insultos o injurias” dirigidos a miembros de las fuerzas de seguridad en lugar de la definición anterior de “faltas de respeto y consideración”, mucho más amplia y abierta a la interpretación. Además, se añade que deben ser expresiones “relevantes”, impide considerar como sancionable la “disconformidad” con un mandato legítimo o el ejercicio de la libertad de expresión y se dejará sin efecto la sanción si el implicado se retracta o pide disculpas.

Otra de las modificaciones acordadas este jueves es la transformación de infracción grave a leve de la desobediencia a la autoridad y a sus agentes, así como la resistencia “utilizando oposición corporal” o la negativa “manifiesta y clara” a identificarse cuando así lo ordene una autoridad. En el nuevo artículo, que pasaría a ser el apartado 20 del citado artículo 37 en la nueva ley, se especifica que esta infracción solo aplica cuando la orden dada por los agentes sea “legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico”, algo que no aparece en la ley en vigor.

El tercer punto de acuerdo se refiere a la utilización de pelotas de goma por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se deberán sustituir por medios menos lesivos de forma progresiva. Mediante una disposición adicional nueva, se obliga a las autoridades a desarrollar protocolos específicos para la gestión de manifestaciones y reuniones y que incluyan, entre otros detalles, el material antidisturbios a utilizar y obliga a evitar aquellos materiales “que causen lesiones irreparables”, así como la eliminación “progresiva” de las balas de goma.

Por último, se establece un plazo de seis meses para revisar la Ley de Extranjería y en concreto su disposición adicional décima (aprobada en el año 2000 durante el gobierno de José María Aznar), en la que deberán reconocerse y garantizarse “los derechos de las personas migrantes”. Para ello, se establecerá como obligatorio “el acceso y evaluación a las solicitudes de protección internacional” de forma previa al proceso de posible expulsión del migrante.

Reacciones al acuerdo

“Con este acuerdo desbloqueamos la situación y logramos que la gran asignatura pendiente, terminar con la ley mordaza, vaya a hacerse realidad”, ha celebrado la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, durante la rueda de prensa en la que se ha presentado el acuerdo, que ha salido a la luz tras más de seis meses de conversaciones y negociaciones, según indicaban fuentes parlamentarias a elDiario.es este jueves. De parte del Gobierno, apenas se ha pronunciado este jueves el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha destacado que la ley será “moderna y alineada inequívocamente con los valores constitucionales” sin entrar a valorar el contenido del acuerdo.

Todas las fuerzas políticas se han posicionado sobre el acuerdo a lo largo del jueves, incluso algunos como el coordinador general del PP, Elías Bendodo, antes siquiera de que fuera presentado por los portavoces de EH Bildu. Bendodo ha dicho que “es una ofensa al conjunto de los españoles” y que le parece “escandaloso” que el Ejecutivo haya reactivado “el intercambio de presos por presupuestos”. Más tarde, el gobierno de Almeida lo ha tildado de “indecente” e “indigno”.

Por su parte el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado las modificaciones acordadas de “retoque estético” y cree que es “claramente insuficiente”, ya que en su opinión no se prohíben expresamente las pelotas de goma ni se eliminan las devoluciones ilegales de personas migrantes, las llamadas devoluciones en caliente.

En una línea opuesta se manifestó el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, quien ha presumido de que el PSOE ceda a sus demandas y ha llegado a calificar el pacto de “acuerdo histórico”. Esquerra Republicana fue uno de los grupos que tumbó la modificación acordada por PSOE y Sumar en 2023 por no colmar sus demandas.

Tanto el PNV como Junts han anunciado ya que presentarán enmiendas al texto pactado entre el Gobierno y el grupo vasco. Por parte de los nacionalistas vascos, advierten de que propondrán cambios en lo que respecta a las faltas por desobediencia y se alegran por el acuerdo porque “lo que se está proponiendo es la iniciativa que impulsamos nosotros en 2017”, según ha recordado su portavoz Aitor Esteban en el Congreso. Desde Junts solamente trasladan que estudiarán las modificaciones y que “negociarán” sin hacer “adhesiones”.

Del consenso en la oposición a la falta de apoyos para derogarla

La reforma de la ley mordaza ha sido una de las principales demandas del conjunto de los socios parlamentarios progresistas del Gobierno ya desde la pasada legislatura. También en el plan de regeneración aprobado en septiembre se aludía a a ella, aunque sin concreción alguna. En el capítulo titulado “Establecimiento de mayores garantías de la independencia de los medios de comunicación” se fija la “reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, en su artículo 36, apartado 23, sobre la calificación de la sanción por el uso de imágenes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

La derogación de esta ley orgánica, que ha acabado siendo popularmente conocida como ley mordaza, formó parte de las promesas de campaña de Pedro Sánchez, en su etapa como líder de la oposición, cuando afirmaba que el PSOE derogaría la norma en cuanto llegase al Gobierno. También Podemos e Izquierda Unida reclamaban la reversión de la norma, lo que quedó plasmado en el acuerdo firmado entre PSOE y Unidas Podemos para la primera coalición progresista.

El acuerdo sobre esta ley entre PSOE y Sumar quedó plasmado en el pacto de investidura: “Reformaremos, y derogaremos, aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión (la «ley mordaza» y el Código Penal)”, recogía el documento firmado el 24 octubre de 2023.

Pese a todo, la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó para cercenar el derecho de protesta lleva ya más tiempo en vigor bajo la mayoría parlamentaria que prometió derogarla que con el Ejecutivo que la impulsó.

Intento fallido de reformar la norma en 2023

El Congreso estuvo a punto de desmontar la ley el año pasado, después de una tortuosa negociación entre los socios parlamentarios y el Gobierno. Las conversaciones chocaron en cuatro puntos: el uso de las pelotas de goma –que no regula esta norma–, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad. ERC y EH Bildu exigían la eliminación de esos cuatro puntos, los más “lesivos”, según sus argumentos, y el PSOE desestimaba esas demandas que consideraba “excusas”.

El uso de las pelotas de goma no estaba regulado en la ley de 2015 y la permisividad sobre las devoluciones en caliente estaban incluidas en una disposición adicional de ese texto, pero el Gobierno pedía abordarlas en una futura reforma legislativa.

Ya en la legislatura actual, Sumar registró una propuesta que rescataba todos los acuerdos conseguidos durante los años anteriores, pero que volvía a dejar fuera esos cuatro puntos polémicos, en aras de volver a abrir una discusión dentro del Congreso con los demás grupos. La propuesta, defendían desde el grupo parlamentario, desmontaba el 98% de la ley mordaza.

No obstante, a mediados de julio de 2023 la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, aseguró que su grupo había llegado a un acuerdo con el PSOE para la derogación de la norma, que finalmente solo incluía la modificación de un punto del texto: el referente a la difusión de imágenes policiales; algo mucho menos ambicioso que lo acordado en la pasada legislatura y que lo registrado por ese grupo en el Congreso hace unos meses, lo que provocó que ERC y Bildu no apoyasen la modificación. 

ERC y EH Bildu han seguido manteniendo sus líneas rojas sobre esa ley, como se comprobó en la comparecencia de Sánchez del mes de agosto, y se negaron entonces a dar sus votos para una reforma que no abordase los cuatro puntos que habían generado conflicto en la negociación anterior.

La cicatriz en la cabeza de Roger no engaña. Fue la marca que le recordará siempre la operación de urgencia a la que se sometió en octubre de 2019 tras recibir el impacto de una bala de goma. Cuatro años después de los hechos, este joven de Sant Celoni (Barcelona) todavía no ha obtenido un reconocimiento de la administración de que sus heridas las causó un policía.

El de Roger (prefiere no desvelar su apellido) es un ejemplo de la carrera de obstáculos a la que se enfrentan las víctimas de proyectiles policiales a la hora de reclamar responsabilidades. Para el abogado del centro Irídia Brian Ventura, que representa al joven, el caso “evidencia la necesidad de establecer organismos de control externo de la policía que eviten la impunidad”.

“Las balas de goma son armas muy peligrosas y sin control alguno”, expresa Roger en conversación con elDiario.es. Todos los informes médicos de este joven respaldan la autoría policial de sus lesiones en la cabeza.

Roger fue herido la noche del 16 de octubre de 2019  en el centro de Barcelona, al inicio de una de las noches de disturbios contra la sentencia del procés. “Estábamos con unos amigos lejos de donde hubo follón, sabíamos que estábamos en una manifestación pero no llegamos a pensar que podríamos estar en peligro. Antes del impacto vimos a un padre con su hijo en brazos”, recuerda este estudiante de arquitectura.

Lo primero que notó tras el impacto de un proyectil policial fue la sangre. “No llegué a perder la conciencia, pero fue bastante aparatoso, me asusté”. Sus amigos intentaron contener la hemorragia con pañuelos y le trasladaron a un bar en una zona más tranquila. Allí se encontraron con unos sanitarios voluntarios que le atendieron.

“Los sanitarios me dijeron que había tenido suerte, si me llega a dar unos centímetros más abajo, me deja sin ojo”, rememora. En el bar estuvo cerca de dos horas, porque los disturbios no cesaban y no llegaba ninguna ambulancia. Quien sí llegó, relata el joven, fueron unos agentes de la Policía Nacional que conminaron a salir, golpes en la persiana mediante, a los manifestantes que se habían refugiado en el local.

“Tanto los camareros como mis amigos y los sanitarios me dijeron que me quedara en el fondo del bar escondido mientras ellos obedecían a la Policía y salían”, expone el joven que confiesa sentir “cierta impresión” cuatro año después de los hechos cuando piensa qué le podría haber pasado en caso de terminar detenido y no ser operado de urgencia esa misma noche.

En las horas que pasó en el bar esperando a la ambulancia, Roger se iba, en sus propias palabras, “quedando grogui y atontado”. Cuando al fin llegaron los servicios de emergencias y se lo llevaron hacia el Hospital de Sant Pau, el joven estaba muy mareado. El traslado hasta el centro hospitalario fue una combinación de vómitos y sangrado.

Ya en Urgencias, un TAC confirmó que padecía una fractura en la zona frontal izquierda del cráneo con un hematoma que le había provocado un desplazamiento de la línea media cerebral. Fue operado de madrugada por el servicio de neurocirugía y cuatro años después sigue acudiendo a revisiones periódicas porque no se descarta que deba volver a pasar por el quirófano.

Los Mossos descartan que dispararan

Tras la operación, estuvo varias semanas de reposo absoluto y medicándose con calmantes y analgésicos por prescripción médica. Las cefaleas que le dejaban tirado en el sofá sin poder hacer nada, por suerte, han ido remitiendo y ahora solo tiene “dolores de cabeza de vez en cuando”.

Perdió medio curso, pero pudo recuperarse y volver a la universidad la primavera siguiente. “La lesión me dolió porque era un momento en que empezaba la carrera con toda la ilusión por estudiar y conocer a los nuevos compañeros, pero creo que he podido llevarlo todo bastante bien y superar el trauma inicial”, constata cuatro años después.

Cuando estuvo más recuperado, Roger buscó el asesoramiento del centro Irídia para reclamar a la administración por sus lesiones. Ante las dificultades de la Justicia para hallar a los concretos que dispararon en otros casos de lesionados por balas de goma de la Policía Nacional o proyectiles de ‘foam’ de los Mossos d’Esquadra, Roger optó por presentar una reclamación patrimonial a la administración e intentar lograr una indemnización de 91.873 euros por las lesiones y secuelas sufridas.

Como tanto la víctima como los testigos recordaban que el impacto se produjo en una zona donde había furgones de los Mossos, el abogado de Roger presentó en 2021 una reclamación ante la conselleria de Interior de la Generalitat.

Sin embargo, el pasado mes de febrero el departamento de Interior negó que los Mossos actuaran en la zona donde Roger fue herido y atribuyó el disparo a la Policía Nacional, por lo que derivó la petición de indemnización a la Delegación del Gobierno en Catalunya.

Según un informe del subjefe de los antidisturbios de los Mossos que consta en el expediente de reclamación de Roger, la policía autonómica “no efectuaron disparos” en la hora y la zona donde el joven fue herido, sino que quien actuó fue la Policía Nacional.

De lo que hay duda es de la autoría policial del disparo, tal y como dictaminan los informes médicos y forenses del caso, que determinan “un nexo causal y cierto” entre las lesiones que sufrió el joven en la cabeza y un proyectil policial, sin poder concretar si es una bala de goma de la Policía o una de ‘foam’ de los Mossos, quienes no usan las primeras desde que el Parlament se lo prohibiera tras el caso Ester Quintana.

“Es un poco frustrante porque tienes que remar mucho para conseguir que la administración reconozca que te lesionó. No me extraña que muchos heridos prefieran no denunciar, hay veces que sientes una impotencia muy grande porque el Estado que en teoría te tiene que proteger parece como si no quisiera asumir su responsabilidad”, reflexiona Roger.

Por su lado, Ventura remarca que tanto un proceso penal como ante la propia administración suponen “un desgaste” para la víctima: “No es fácil reclamar ante toda una institución”. Ahora espera la respuesta del Gobierno.

La vida de Gabriel Mattioli dio un vuelco la madrugada del 15 de agosto de 2015. Tras pasar una noche de juerga en las Fiestas de Gràcia, y cuando ya se iba a casa, resultó víctima de una brutal paliza que le llevó directo al Hospital de Sant Pau. Horas después, le comunicaron que le había estallado el globo ocular del ojo izquierdo y que iba a perder la visión. Y a la mañana siguiente, menos de 48 horas después del incidente, ese joven barcelonés de 28 años tuvo una suerte de revelación: iba a dedicarse impulsar la investigación científica centrada en la oftalmología y la pérdida de visión. 

Aquella decisión repentina pudo parecerle, incluso a él mismo, una reacción “febril”, fruto de la medicación, de las operaciones y de las horas en cama. Pero con el paso de los años, la idea no se desvaneció, rememora Mattioli, hasta el punto de que hoy dirige la fundación Punt de Vista, que se dedica exactamente a eso: otorga anualmente un premio de 20.000 dólares –10.000, en esta edición– a la mejor investigación académica del mundo en materia de recuperación de pérdidas de visión, ya sea por daños físicos o por las múltiples enfermedades que pueden causar ceguera, entre las que destaca el glaucoma. 

Mattioli, que actualmente tiene 36 años, es matemático de formación, con un doctorado centrado en los modelos estadísticos aplicados a la neuroimagen. La tesis, de hecho, la presentó mientas estaba de baja, meses después de la agresión. “Soy científico y sé que la solución a dolencias como esta pasan por la investigación”, constata. “Hoy todavía no existe el trasplante de ojos, pero estoy convencido de que algún día la humanidad sabrá hacerlo. Quizás yo no pueda recuperar mi ojo, pero sí contribuir a que quien sufra una agresión igual dentro de diez años sí pueda”. 

Desde la sede de la fundación en la calle Balmes, donde trabajan actualmente tres personas, Mattioli explica a elDiario.es cómo empezó todo, aquella madrugada de agosto de 2015. “Estaba con unos amigos, y en el momento de irnos a casa apareció un grupo de jóvenes, de entre 14 y 16 años, que buscaban literalmente pelea, sin ningún conflicto previo”, relata. Al principio, pareció que podían evitarlo y siguieron su camino. Pero minutos después, todo se torció. “Regresaron poco después varios chicos más y armados con palés que habían cogido de la decoración de las calles”, prosigue Mattioli. 

Lo que pasó a continuación, él no lo recuerda. Mientras trataba de ayudar a uno de sus amigos, le golpearon en la parte posterior del cráneo con un palo. “Me pudo haber matado”, sentencia hoy Mattioli. Ya en el suelo, le empezaron a golpear y a dar patadas hasta que una de ellas impactó contra su ojo. “Me estalló el globo ocular. Es la misma lesión de quienes reciben una bala de goma de la policía”, pone como ejemplo. Tras el suceso, le ingresaron de urgencia en el Hospital de Sant Pau y allí le comunicaron que no volvería a ver por aquel ojo. 

“Al segundo día, me desperté asumiendo que no volvería a ver de ese ojo”, arranca Mattioli, “y pensé que algún día habría un juicio, que en el mejor de los casos me darían un dinero que no me solucionaría la vida, que no me devolvería la visión, y que tampoco me lo habría ganado trabajando. Entonces decidí que la mitad me lo quedaría para mí y la otra, para darlo a la investigación”. Aquella idea fue un flechazo que sorprende incluso a Mattioli, que añade sin embargo que durante tiempo permaneció en un segundo plano entre sus prioridades.

Tras el juicio, la hora de la verdad

Durante más de un año, este joven barcelonés se tuvo que someter a ocho operaciones. Al principio, optaron por no quitarle el ojo dañado. Aquello le infundió cierto ánimo. “Intuía que si la medicina podía aportar soluciones en 10 o 20 años, sería mejor si yo conservaba el ojo”, evoca. Pero al final tuvo que tirar la toalla y, tras sucesivas visitas a quirófano, aceptó que le pusieran una prótesis. Si no, nadie le garantizaba que no fuese a necesitar más cirugías y él había llegado a la conclusión de que de esa forma no podía recuperar la normalidad.

Con los años, llegó el juicio y, después, la indemnización de 100.000 euros. Mattioli debía decidir si daba parte de ella a la ciencia. Era 2017. “Entonces me di cuenta de que no había sido un impulso febril, sino un compromiso que no se había resfriado”, relata. Dejó su trabajo en el sector privado –en una empresa de gaming– y decidió que no iba a dar sencillamente el dinero, sino que crearía la fundación Punt de Vista para promocionar la investigación, la divulgación y la red de acompañamiento a personas con pérdida de visión.

Su creación fue en 2018 y, desde entonces, han organizado tres premios. Un “punto de inflexión” para la entidad, explica, fue llegar a un acuerdo con la norteamericana Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO), la red de investigación más reputada del mundo en su ámbito. Es ella la que se encarga de gestionar el premio Point of View Award, que entrega la fundación de Mattioli, en lo que respecta a la selección y evaluación de los estudios académicos. A cargo de la fundación barcelonesa corre la financiación y la difusión, que incluye la visita del ganador a la capital catalana para participar en actos de divulgación. 

Una investigación para todas las dolencias

En cuanto a la temática, para optar al premio las investigaciones deben centrarse en la recuperación de la visión. “Al igual que los demás sentidos, la visión es una función cerebral: la profundidad, los colores, la identificación de caras… Todo pasa por el cerebro y el ojo es solo un sensor”, describe Mattioli. “De esta forma, yo y la gran mayoría de quienes perdemos la visión, sea por un glaucoma, por una catarata o por un golpe, lo que nos ocurre es que sencillamente se nos apaga la bombilla, pero el cerebro sigue funcionando”, describe.

De ahí que muchas de las soluciones que se estudian puedan ser válidas para una gran variedad de dolencias. En 2021, la ganadora de la primera edición del premio fue la investigadora Nasha Nelidova, del Institute of Molecular and Clinical Ophthalmology de Basilea, en Suiza. Y en 2022, se hizo con el galardón Tasneem Khatib, de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), que está investigando la recuperación del nervio óptico a través de tratamientos genéticos. 

Khatib estará en Barcelona para participar en una mesa redonda el 19 de octubre en el Colegio de Ópticos y Optometristas de Catalunya. El otro gran evento de la Fundació Punt de Vista, el 9 de noviembre, será la gala Noche de la Visión, una cena benéfica en el Hotel Hilton que organizan junto la Asociación Discapacidad Visual Catalunya B1+B2+B3. Los eventos solidarios, junto con las donaciones, los socios y las subvenciones, son la fórmula actual de financiación de la entidad.

Al margen de consolidar el premio, la entidad de Mattioli trabaja ahora para acompañar a quienes sufren pérdida de visión. Al no ser una enfermedad que pone en riesgo tu vida, como puede ser el cáncer, no existen redes de afectados con los que hablar ni referentes a los que acudir para superar la parte más psicológica. “Desde el primer momento te asaltan dudas como si podrás volver a trabajar, a usar el móvil, a conducir… Es mucho más que dejar de ver por un ojo”, reivindica. 

La identificación de los agentes policial responsables de lesiones a manifestantes es el gran obstáculo que habitualmente encuentran los jueces. Un nuevo ejemplo de ello es el hombre que perdió un testículo por una bala de 'foam' de los Mossos d'Esquadra en 2018, que este jueves ha hecho público que ha identificado al agente que presuntamente le disparó después de que la policía catalana no señalara a ningún responsable.

A falta de que la Justicia corrobore el informe pericial de parte, el caso vuelve a constatar las dificultades de las víctimas de balas de goma o 'foam' para identificar a los agentes. En los últimos años, en Catalunya, la mayoría de causas abiertas por este tipo de lesiones han terminado en archivo por falta de autor conocido al no poder hallar a los uniformados que dispararon. Este hecho, para entidades de defensa de derechos humanos, se debe a la falta de mecanismos de control de la policía.

La nueva causa se remonta a la concentración contra la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona en diciembre de 2018. El joven, Ignasi, recibió el impacto de un proyectil directamente en el testículo derecho. El chico tuvo que someterse a una intervención quirúrgica y perdió el órgano.

El centro Irídia presentó una querella y ahora asegura que ha logrado identificar el agente que disparó mediante una prueba pericial independiente a partir del análisis de varias imágenes. La investigación anterior de los Mossos d'Esquadra, por contra, no había hallado a ningún agente como autor concreto del disparo y había tildado la actuación policial de “justificada y ajustada a protocolo”.

Sònia Olivella, abogada de Irídia, ha señalado que el caso de Ignasi es “paradigmático” porque el joven tuvo en todo momento una actuación “pacífica” durante la concentración del 21 de diciembre de 2018 y salió con una lesión grave, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La entidad también ha recordado que, según el protocolo de los Mossos, solo se puede disparar a un manifestante si éste está poniendo en riesgo la vida o la integridad física de los agentes o terceras personas, algo que, a juicio de la letrada, no ocurría en este caso.

Olivella ha hecho hincapié en que, a pesar de las imágenes aportadas durante la instrucción, los Mossos no han identificado al agente autor del disparo. Por todo ello, la abogada ha denunciado que “todos los mecanismos internos han fallado” y ha insistido en que ha sido gracias a la sociedad civil y a la “persistencia” de todos estos años que finalmente se ha podido identificar al escopetero que habría disparado al joven.

En concreto, se ha realizado un peritaje independiente de las imágenes aportadas durante el procedimiento judicial, incluidas las imágenes de las cámaras que llevaban los agentes. Según ha detallado la abogada, se triangularon las imágenes y analizaron tanto la imagen como el sonido, lo que les permitió determinar el segundo concreto en el que el joven sufrió la lesión y qué agente era el que disparó.

Tanto Irídia como Amnistía Internacional (AI) tienen prevista una reunión con la subdirección general y el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra para abordar el caso. Por su parte, el colectivo Stop Balas de Goma ha constatado una vez más que los proyectiles de 'foam' son muy lesivos, y que los mecanismos de control y trazabilidad no funcionan en estos casos, según ha denunciado su portavoz, Carles Guillot.

También Amnistía Internacional ha puesto el foco en los daños que causan los proyectiles. Júlia Pérez, representante de la entidad, ha criticado que el protocolo de uso de 'foam' de los Mossos no cumple con los estándares internacionales de Derechos Humanos.

Una persona ha fallecido en España y otras 29 han resultado heridas de gravedad desde el año 2000 en España por el impacto del material antidisturbios que usan los policías en altercados callejeros. Es el recuento que realiza Amnistía Internacional en el informe Me estalló el ojo, en el que exige la “prohibición” de las balas de goma y la “suspensión del uso” de los proyectiles de ‘foam’ que las sustituyeron. A nivel global, la ONG reclama “controles estrictos del uso” y un “tratado global” para regular el comercio de este material. 

Amnistía Internacional recuerda que la Policía Nacional y la Guardia Civil siguen utilizando en España pelotas de goma, unos proyectiles incontrolables y que pueden alcanzar hasta los 360 kilómetros por hora. En las dos últimas décadas, estas pelotas han causado la muerte de una persona —el joven seguidor del Athletic de Bilbao Iñigo Cabacas, en 2012— y han provocado “lesiones graves” a otras 24, de las que cuatro acabaron perdiendo la visión de un ojo como consecuencia del impacto de este material, según recoge el informe.

Policías autonómicas, como la Ertzaintza y los Mossos d’Esquadra, reemplazaron estas pelotas de goma por balas de ‘foam’ a raíz de los casos de Cabacas y Ester Quintana, que perdió un ojo por una bala de goma en 2012 y emprendió una campaña que logró prohibirlas dos años después en Catalunya. Sin embargo, Amnistía Internacional denuncia que estos proyectiles viscoelásticos de precisión “también han causado lesiones graves y se han utilizado para dispersar multitudes, algo prohibido por los estándares internacionales”. La organización ha documentado cinco casos de lesiones muy graves ocasionadas por su “mal uso”: dos personas que perdieron un ojo, dos con traumatismo craneoencefálico severo y otra que perdió un testículo. 

De hecho, la ONG considera que debe suspenderse su uso para evaluar los protocolos puestos en práctica por las fuerzas de seguridad y sus especificaciones técnicas. Por ejemplo, el informe subraya que el protocolo de la Generalitat de Catalunya autoriza el uso de este tipo de munición a una distancia de entre 20 y 50 metros, pese a que su fabricante recomienda no dispararlo nunca a menos de 30 metros, ya que por debajo de esta distancia aumenta de forma exponencial el riesgo de lesión grave. 

El trabajo recoge el caso de África, una joven que tenía 19 años cuando el 16 de febrero de 2021, durante las protestas en Barcelona por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, recibió un impacto de una bala de ‘foam’ por parte de los Mossos por el que perdió un ojo. Por esos hechos están siendo investigados dos escopeteros de los antidisturbios de los Mossos que estaban en el lugar y momento de la lesión cuando la policía autonómica disparó decenas de proyectiles de ese material para dispersar la manifestación. 

Un informe pericial aportado a esa causa concluyó que los protocolos de la policía catalana sobre este tipo de proyectiles “no se ajustan” a las normas internacionales de Naciones Unidas, además de ser demasiado “ambiguos” en relación a su potencial lesivo. Ese estudio fue realizado por dos investigadores del centro Omega, un organismo británico especializado en el uso de tecnologías militares, de seguridad y policiales que también ha elaborado este informe junto a Amnistía Internacional. 

El trabajo de la ONG también incluye el testimonio de Eric Cuesta, el padre de la joven que perdió un ojo en esas protestas. “Ahora tiene mucho miedo a cualquier ruido, con un petardo o un claxon se asusta. Era una chica con mucha vida social, que iba a muchas manifestaciones, y ahora no quiere ir a un sitio donde haya mucha gente. El impacto para ella ha sido brutal, ha dejado de estudiar incluso. No puede ser que una persona vaya a una manifestación y vuelva sin un ojo”, afirma. 

El informe de Amnistía Internacional se publica en pleno debate parlamentario sobre la ley mordaza, que ha tenido en el uso de las pelotas de goma uno de los principales escollos para el acuerdo entre los grupos. El texto sobre el que se trabaja desde hace más de dos años en el Congreso se vota este martes en la Comisión de Interior sin que haya por el momento un acuerdo para que salga adelante y siga el trámite parlamentario. Uno de los asuntos que ha dificultado la negociación en los últimos meses ha sido precisamente el uso de armamento disuasivo. El trámite de este martes necesita al menos la abstención de los dos socios independentistas, pero los republicanos ya han avanzado que, si no hay un acuerdo in extremis, se opondrán.

Los dos socios del Gobierno de coalición proponen que el Ministerio del Interior elabore un estudio y que las autoridades competentes redacten a partir de ese informe un protocolo específico sobre la gestión policial de “manifestaciones y reuniones” que incluya el uso de la fuerza y material antidisturbios. Ese protocolo regularía “la adecuada identificación de los agentes asignados en las unidades que utilicen este tipo de material, técnicas de aislamiento selectivo de grupos violentos y sistemas de rendición de cuentas” con el objetivo de utilizar siempre “los medios menos lesivos”. Tanto ERC como EH Bildu rechazan esta propuesta, pues defienden que las pelotas de goma deben ser prohibidas como material antidisturbios. 

El informe de Amnistía Internacional también se hace eco del estudio científico más relevante realizado por este asunto publicado en 2017 por la revista The British Medical Journal. Ese trabajo hizo una revisión sistemática de la literatura médica sobre los daños provocados por balas de goma y plástico y concluyó que entre 1990 y  2017 un total de 1984 personas resultaron heridas en conflictos en diferentes lugares del mundo por el impacto de este material, de las que 53 murieron como consecuencia de las heridas y 300 sufrieron discapacidad permanente. 

Como conclusión, Amnistía Internacional denuncia que las directrices nacionales sobre el uso de este tipo de proyectiles “casi nunca se ajustan a las normas internacionales sobre el uso de la fuerza, que establecen que su utilización debe limitarse a situaciones de último recurso cuando individuos violentos representen una amenaza inminente de causar daños a otras personas”. La ONG reitera que las fuerzas policiales “infringen de forma habitual la normativa con impunidad”.

Final descafeinado de la comisión de estudio del modelo policial catalán. La falta de acuerdo entre los grupos ha llevado al Parlament a rechazar tanto la prohibición total de las balas de 'foam' como la creación de un mecanismo de control independiente para los Mossos d'Esquadra similar al que tienen varios países anglosajones, tal y como reclamaban las entidades de defensa de derechos humanos.

Después de más de 22 sesiones y 100 comparecencias, las votaciones este viernes de las conclusiones de la comisión han dejado un “sabor agridulce” a Amnistía Internacional y el centro Irídia, tal y como ha expresado su codirectora, Anaïs Franquesa. Para Adriana Ribas, de AI, la creación de un mecanismo independiente de control era “un paso muy importante” en la rendición de cuentas de las actuaciones policiales, por lo que ha rechazado su veto parlamentario.

La comisión se ha comprometido a retirar “urgentemente” los proyectiles de 'foam' más lesivos, llamados SIR-X, pero no de forma total. Se estudiará la sustitución del 'foam' por otros medios potencialmente menos lesivos, si bien esta votación queda a la espera de que la conselleria de Interior, en manos de ERC, la ejecute, y los republicanos han tildado de “irresponsable” dejar a los Mossos sin este armamento mientras no se analiza una alternativa viable.

Solo la CUP y los comuns han apostado por la prohibición total del 'foam'. “Si hoy no lo prohibimos, la responsabilidad de las nuevas lesiones recaerá en los partidos que voten por mantener el 'foam'”, ha advertido Marc Parés, de los comuns, mientras Xavier Pellicer, de la CUP, ha criticado en especial que Junts haya vetado la creación del mecanismo de control independiente: “Quien no tiene nada que esconder no tiene miedo de enseñar y ser controlado”.

En suma, la policía catalana podrá seguir disparando 'foam' si bien no su proyectil más lesivo gracias a los votos de Junts, la CUP y comuns. ERC se ha abstenido y el resto de grupos ha votado en contra. La comisión también ha votado en contra de que los Mossos tengan un mecanismo de control independiente. Ha resultado decisivo el voto contrario de PSC y Junts.

En su intervención, el diputado de ERC Chakir el Homrani ha rechazado valorar la prohibición del 'foam' y ha abogado por una mirada “global” sobre el modelo policial. Ramon Espadaler (PSC-Units) ha defendido que Catalunya tiene un buen modelo de orden público, al tiempo que ha expresado su “confianza” en el cuerpo, por lo que ha rechazado la creación de un organismo externo de control.

En la misma línea, la diputada de Junts Jeannine Abella ha considerado innecesario ese tipo de organismo ya que “hay otras formas para controlar a los Mossos”, como reforzar la División de Asuntos Internos (DAI), que no obstante pertenece al propio cuerpo.

Por otro lado, la comisión también ha aprobado “prohibir las técnicas como las del 'carrusel'”, que consiste en conducir los furgones policiales de un punto hacia otro a gran velocidad repetidamente para dispersar o cercar a manifestantes, utilizadas por los Mossos d'Esquadra durante las manifestaciones.

La CUP también había propuesto en sus conclusiones finales suprimir las unidades del Área Regional de Recursos Operativos (Arro) y de la Brigada Móvil (Brimo) de la policía catalana, hecho que no ha generado consenso, y tampoco se ha aprobado fomentar “más rotación en las unidades de Brimo y Arro” como pedía ERC.

Dos expertos ingleses han dictaminado ante el juez que investiga la mutilación de una manifestante por parte de una bala de 'foam' de los Mossos d'Esquadra que los protocolos de la policía catalana sobre este tipo de proyectiles “no se ajustan” a las normas internacionales de Naciones Unidas, además de ser demasiado “ambiguos” en relación a su potencial lesivo.

Estas son las dos conclusiones principales del informe pericial elaborado por Neil Corney y Matthew McEvoy, dos investigadores del centro Omega, un organismo británico especializado en el uso de tecnologías militares, de seguridad y policiales. El informe lo ha aportado al juez el centro Irídia, que representa a la joven herida por los Mossos durante las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel en Barcelona en 2021.

El juez investiga a dos escopeteros de los antidisturbios de los Mossos que estaban en el lugar y momento de la lesión, cuando la policía autonómica disparó decenas de proyectiles de 'foam' para dispersar una manifestación en favor de Hasel que había derivado en altercados.

En su informe, los peritos concluyen que los protocolos de la policía catalana sobre el 'foam' “se tendrían que modificar para adaptarlos a las normas internacionales y evitar el dolor y el sufrimiento indebidos”, y recomiendan que hasta que no se cambien “se suspenda” su uso.

La conselleria de Interior, entonces en manos de Junts, desoyó la exigencia del Parlament y publicó sin varios de sus puntos clave el protocolo del 'foam', pero elDiario.es logró el documento completo. Entre la información que Interior ocultó a los grupos parlamentarios se incluye un aspecto que puede tener relevancia en la investigación judicial del caso de la manifestante mutilada: el punto del protocolo que insiste en que el 'foam' debe dispararse “del abdomen hacia abajo”, aunque si la persona tiene “un objeto arrojadizo [que no precisa], contundente o arma blanca” sí podrá dirigirse el proyectil a las extremidades superiores.

El proyectil de 'foam' es la principal munición de los dispositivos de orden público de los Mossos después de que el Parlament prohibiera en 2014 las balas de goma por el caso Ester Quintana. El 'foam', que recibe su nombre por el tipo de espuma con el que está fabricado, tiene 40 milímetros de diámetro y al estar hecho de material viscoelástico su impacto queda repartido entre el proyectil y el objetivo. La principal diferencia con la bala de goma es que el 'foam' no rebota cuando toca el suelo: al ser un proyectil de precisión, las lesiones que provoca se producen por un impacto directo en el cuerpo, y no fruto de un rebote incontrolado. Se dispara mediante un fusil de mira telescópica que incrementa su precisión.

Los peritos Corney y McEvoy comparan en su informe el protocolo de los Mossos sobre el 'foam' con las disposiciones de Naciones Unidas y la doctrina sobre uso de la fuerza establecida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). La conclusión es que la normativa de la policía catalana contradice la internacional en tres aspectos, relativos al uso de 'foam' contra concentraciones de personas en manifestaciones así como en la distancia mínima y a las partes del cuerpo a las que disparar.

Así, donde el manual básico de la ONU sobre el uso de proyectiles policiales establece que este tipo de munición solo debe emplearse contra “personas individuales que suponen un riesgo”, el protocolo de la policía catalana autoriza el disparo del 'foam' en “zonas acotadas o puntos calientes” de manifestaciones donde se estén produciendo disturbios.

“La disposición del uso del 'foam' para la dispersión de un espacio confinado o la dispersión general puede interpretarse como opuesta a las normas internacionales de derechos humanos por cuanto la dispersión, por definición, afecta a grupos de personas y no solo a individuos que participan en conductas violentas”, argumenta el dictamen.

Por otro lado, el informe también reprocha que cuando los Mossos autorizan a disparar el 'foam' hacia las extremidades superiores, aunque sea en casos excepcionales, no tienen en cuenta que se aumenta el riesgo de provocar lesiones graves y que este tipo de proyectiles son “imprecisos”. Recuerdan además los peritos que la guía de las Naciones Unidas sobre este tipo de proyectiles recoge que se deben disparar “hacia la parte inferior del abdomen o las piernas”.

El documento aportado al juez también resalta que el protocolo de la policía catalana autoriza el uso de este tipo de munición a una distancia de entre 20 y 50 metros, pese a que su fabricante recomienda no dispararlo nunca a menos de 30 metros ya que por debajo de esta distancia aumenta de forma exponencial el riesgo de lesión grave. Los criterios “confusos y contradictorios” sobre la distancia y las partes del cuerpo a las que disparar, abunda el dictamen, “pueden contribuir al uso innecesario y desproporcionado” de los proyectiles.

“Las orientaciones contradictorias del protocolo [de los Mossos] podrían dar lugar a un uso indebido de los proyectiles, lo que provocaría lesiones a personas no implicadas en actos de violencia”, concluye el informe de los peritos ingleses. Esto es justamente lo que la defensa de la joven mutilada cree que pasó el 16 de febrero de 2021 en la Via Augusta de Barcelona.

El juez de Barcelona que investiga la mutilación del ojo de una joven con una bala de 'foam' durante los incidentes contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel del año pasado ha imputado al sargento de los Mossos d'Esquadra que comandó sobre el terreno el operativo donde resultó herida la manifestante.

Según han informado a elDiario.es fuentes jurídicas, el juez ha aceptado la petición de la representación de la víctima, que ejerce el letrado Xavier Muñoz, y de la acusación popular del centro Irídia, que comanda la abogada Anaïs Franquesa, y ha citado al sargento para el próximo 1 de junio. El mando se suma a los dos imputados en el caso, los dos escopeteros de la policía catalana que dispararon balas de 'foam'  en la Via Augusta de Barcelona para dispersar una manifestación en favor de Hasel que había derivado en altercados, momento en que la joven fue mutilada por un proyectil policial.

Tras meses de investigación sigue sin poder esclarecerse la autoría concreta del disparo. Fueron los Mossos, según admitió hasta la conselleria de Interior, pero los agentes, en su declaración como investigados, evitaron autoinculparse. Así buscan eludir cualquier responsabilidad penal -si no hay autor conocido, el caso tendrá que archivarse-, aunque igualmente la víctima podría reclamar una indemnización a la Generalitat por vía administrativa.

A la confusión como estrategia de defensa se ha sumado este miércoles el jefe de los antidisturbios de la policía autonómica, Xavier Pastor, el encargado de redactar el protocolo sobre el uso del 'foam' que la conselleria de Interior escondió durante meses a los grupos parlamentarios y cuyo contenido solo reveló en parte después de que elDiario.es accediera al mismo mediante una petición de Transparencia.

Pastor ha declarado como testigo ante el juez después de que la defensa de la víctima e Irídia descubrieran que el protocolo de la policía autonómica permite disparar balas de 'foam' a una distancia en la que pueden provocar lesiones graves, al contrario de lo que recomiendan las disposiciones del fabricante. Sobre este extremo Pastor ha contradicho ante el juez las tesis que viene manteniendo Interior, cuyos inquilinos describen el 'foam' como un arma de precisión que impacta directamente en el objetivo, y ha rechazado que este tipo de proyectiles sean “de precisión”.

El mando policial ha afirmado que no se puede considerar el 'foam' como un arma de precisión ya que no se puede asegurar con suficiente concreción el impacto allí donde el agente apunta. Ha matizado, no obstante, que el protocolo de uso sí cumple los requisitos del fabricante sobre la distancia de los disparos y la zona del cuerpo donde dispararlos.

Según fuentes jurídicas presentes en la declaración, cuando las acusaciones han querido contradecir las tesis de Pastor mostrándole el protocolo del fabricante, el mando policial ha preguntado en primer lugar de dónde habían obtenido el documento -fue requerido por el juez a los Mossos- y después ha alegado que no podía leerlo porque se había dejado las gafas-

También ha declarado este miércoles como testigo el fotoperiodista que fotografió a los dos escopeteros investigados mientras uno de los dos disparaba el 'foam' que impactó en el ojo de la víctima. El informador ha explicado que instantes después de hacer la foto se volvió hacia la víctima y la vio de pie y con la mano en el ojo.

En su querella, la joven recalcó que en el momento de la lesión se encontraba junto a un grupo de viandantes y periodistas que grabaron los hechos, “lejos” del cordón formado por los antidisturbios, a unos 20 metros, y “alejada de la zona donde se podrían producir lanzamientos que causaran un riesgo a la línea policial”. Establecer si, como sostiene la víctima, en el momento del disparo no se producían altercados será un elemento clave para el futuro de la investigación.

La inexistencia de disturbios fue determinante para que dos mossos fueran a juicio en el caso Ester Quintana, pero en otros casos la vía penal se ha cerrado al constatar que el armamento antidisturbios se empleó en respuesta a agresiones. En estas ocasiones los jueces han abierto la puerta a una indemnización de la Generalitat a la víctima por la vía administrativa. En el caso de la víctima en la marcha por Hasel, el Govern ya ha admitido la autoría policial del disparo, si bien todavía no ha anunciado si el agente ya ha sido identificado y si contra él se han iniciado acciones disciplinarias.

La otra pata del caso será la autoría del disparo que hirió a la víctima. La mutilación de la joven solo puede provenir de una bala, pero hay dos agentes investigados y que dispararon en el momento y lugar de la lesión. Otros casos de mutilados por proyectiles de 'foam' de los Mossos se han archivado al no poder determinar qué agente disparó.

“Lesiones graves como laceraciones, fracturas craneales, fracturas del bazo, el hígado o el corazón, traumatismo del tórax o hemorragias internas”. Estos son los posibles efectos, según su fabricante, del impacto de una de las balas de 'foam' que utilizan los Mossos d'Esquadra si se dispara a menos de 30 metros. El protocolo de la policía catalana, sin embargo, autoriza el uso de este tipo de munición para disolver altercados a una distancia de entre 20 y 50 metros, esto es, diez metros menos de lo recomendado si se quieren evitar los mayores daños en las personas.

La revelación la ha efectuado este martes el centro Iridia de defensa de los derechos humanos, y supone un nuevo capítulo en la polémica por el uso de este tipo de armamento policial. La conselleria de Interior ocultó durante dos años a los grupos parlamentarios el protocolo íntegro del 'foam', del que colgó solo una versión mutilada en su web. No fue hasta que la Comisión de Transparencia atendió la petición de elDiario.es que el departamento hizo pública toda la instrucción interna.

Según el informe de test del proyectil SIR-X, redactado por la empresa fabricante B&T, a distancias menores de 30 metros este tipo de armas pueden causar las “lesiones graves” antes citadas, si bien en la regulación de su uso el departamento de Interior hace constar que “la distancia para disparar este cartucho es de 20 a 50 metros”. Desde la conselleria de Interior se ha indicado que el fabricante también permite emplear el 'foam' a menos de 30 metros si hay situaciones que así lo requieren, como incendios o graves disturbios.

Las instrucciones del fabricante añaden que por encima de los 30 metros el impacto del 'foam' causa lesiones igualmente, pero menos graves: “Contusiones, abrasiones en la piel, fracturas de costilla y daños subcutáneos en órganos como el hígado”.

Las recomendaciones del fabricante sobre este tipo de armas han aflorado en una de las causas abiertas contra la policía catalana por las lesiones provocadas por el disparo de balas de 'foam'. Un juzgado de Barcelona mantiene investigados a dos mossos por reventar el ojo de una manifestante contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel durante los disturbios ocurridos hace un año.

A juicio de Iridia, que ejerce la acusación popular de la causa, resulta “muy grave” que el departamento de Interior autorizara a disparar un proyectil desde esa distancia sabiendo las lesiones graves e irreversibles que puede provocar. Por ello han pedido citar como testigos al jefe de los antidisturbios de los Mossos y al responsable de la armería, que declararán como testigos el 8 de marzo.

Hasta el momento tres personas han perdido el globo ocular por impacto de un proyectil de 'foam': dos en los hechos del 14 y 18 de octubre de 2019 durante las protestas tras la sentencia del procés y la tercera está en el del 2021 contra el encarcelamiento de Hasel. Otra joven sufrió un grave traumatismo craneoencefálico por el impacto de un proyectil de 'foam' en la cabeza el 18 de octubre de 2019 en la zona de Jardinets de Gràcia.

Hace ya más de ocho años de aquella huelga general, en noviembre de 2012, en la que Ester Quintana recibió el impacto de una bala de goma de los Mossos d’Esquadra que la dejó sin un ojo. Tenía entonces 42 años. Su caso despertó una oleada de indignación, alimentada por las contradictorias versiones del entonces conseller de Interior, Felip Puig, que derivó en la prohibición de las balas de goma por parte del Parlament en 2014. 

Durante varios años, Quintana luchó para ser la última de este tipo de víctimas, pero no lo ha sido. Desde que se prohibieron las pelotas de goma en Catalunya, seis personas han perdido un ojo en unos disturbios. Uno de ellos fue Roger Español, durante el 1-O, por bala de goma de la Policía Nacional. Cuatro más durante las protestas de sentencia del procés. Y, la última, una joven de 19 años este lunes por una bala de ‘foam’ –según denunció en primera instancia el colectivo Irídia–, los proyectiles viscoelásticos de precisión que todavía usan los Mossos d’Esquadra. 

Por lo que respecta al caso de Quintana, que llegó a juicio en 2016, los agentes fueron absueltos porque no se pudo determinar cuál de ellos disparó. Tampoco si fue una bala de goma o de foam. Lo que sí consideraron probado los jueces es que fue un policía quien le disparó incumpliendo el protocolo. Y reprocharon a Interior haber perjudicado la investigación con su negación desde el inicio de los hechos. 

Ocho años después, Quintana cree que algunas cosas han mejorado en la gestión de estos casos. En el suyo, Interior lo negó todo y el conseller nunca la llamó. Esta vez se ha abierto una investigación y se han puesto en contacto con la familia. Pero aun así, para esta mujer lo fundamental es que se prohíban estos proyectiles para siempre y también las balas de goma en toda España. A sus 50 años, y afincada fuera de Barcelona en parte para poner distancia sobre lo ocurrido, reconoce que no podrá pasar página definitivamente mientras siga viendo casos como el suyo.

Hace más de ocho que se quedó sin un ojo por el disparo de una bala de goma. ¿Cómo le ha cambiado la vida desde entonces? 

Me ha cambiado bastante. Primero está la afectación física, que todavía la estoy superando pero no lo haré nunca del todo porque me veo en el espejo cada día. Luego está la psicológica, que me ha costado muchos años de terapia. Ahora ya no voy y espero no tener que volver en el futuro. Y después está el día a día de tener una discapacidad visual, de no poder controlar las distancias, la profundidad, no ver igual que veía antes, no poderme mover como antes… Y, por último, está la faceta de persona pública. Si ahora me estás entrevistando es porque ha vuelto a pasar. Hasta que no se prohíban estos y otros proyectiles que pueda haber en el futuro esto no se acabará.

¿Cuáles son las secuelas psicológicas de una mutilación así por parte de la policía?

Primero, sientes impotencia. Yo soy una persona, una ciudadana que ha resultado herida, frente a toda la estructura de los Mossos y de la Generalitat… Yo me sentí muy, muy abandonada por ellos. Por su negación continua, las versiones y versiones de mi caso que no eran ciertas, que el conseller sabía que no eran ciertas pero él las seguía diciendo...Todo esa parte me afectó mucho. Y también el no verme como era antes. Tú ahora no me puedes ver como yo era antes porque el ojo ya no lo tengo. Además, mi golpe fue muy grave. Los huesos se rompieron, la mandíbula, la órbita… Este trauma y la negación de los que gobernaban me provocó sentimientos de todo tipo. 

Tras la sentencia que absolvió a los agentes en 2016, pese a dictaminar que había sido la policía, ¿tiene la esperanza de que se acabe esclareciendo?

Hombre, la esperanza nunca se pierde. Yo soy muy positiva. Aquí quiero recordar unas palabras durante el juicio de Manel Prat: dijo que algún día saldrían las imágenes. Él era entonces el Director General de los Mossos y seguramente sabía si había o no las imágenes. Nunca salieron. Quizás están guardadas en un cajón, en una caja fuerte, en un USB… Pero sí, yo sigo teniendo esperanza. 

¿Cree que Interior ocultó información?

Hubo un poco de todo. De confusión, de que la ciudadanía se les echó encima… Que hubo impacto de un proyectil quedó probado en el juicio, y ellos eran los únicos que tenían los medios para saber si fue con una bala de goma o un proyectil de ‘foam’. Expedientaron al policía del 'foam' y el que fue a juicio fue el escopetero de las balas de goma. Yo creo que hubo falta de investigación y de decisión. Además, el primer informe se encargó a uno de los cabos imputados. En esa cadena hasta entregar el informe al conseller, alguien se inventó cosas. Es lo que yo creo.

Otro elemento que recogía la sentencia es que si de entrada no se hubiese rechazado de plano su versión, probablemente se hubiese sabido la verdad.

No se si se hubiese acabado sabiendo cuál de los policías disparó, pero al menos habrían dado otra imagen a la ciudadanía. Que por muchos consellers nuevos que pongan, la imagen no la han cambiado, porque el grueso de los agentes sigue siendo el mismo. 

El siguiente conseller después de Felip Puig, Ramon Espadaler, la llamó para pedirle disculpas. Y tras el juicio recibió una indemnización. ¿Eso repara el daño?

Repara una parte. Cuando tienes un accidente, o muere alguien, la persona responsable debe asumir una indemnización económica. Así está estipulado en nuestra sociedad. A mi me dieron 260.000 euros y es importante, pero de estos una parte se fue con los informes médicos y forenses y otra en abogados. Esto último fue muy valioso, porque piensa que el mío fue el primer juicio por un caso de lesiones de balas de goma. La indemnización era importante porque reconocía la responsabilidad de los Mossos y así se puede hacer con otros casos que no han tenido tanta repercusión mediática pero han sufrido igual que yo. Y las disculpas que me dieron no eran de verdad, sino solo para limpiar su imagen deteriorada.

Fue la cara más visible de un movimiento, el de prohibir las balas de goma, que concluyó con éxito: el Parlament prohibió esta munición en 2014 y Interior lo adoptó. ¿Pensaba entonces que sería la última víctima de este tipo?

Yo quería serlo. Deseaba ser la última persona y por eso luché y sigo haciéndolo. Pero no lo he sido. El más conocido ha sido Roger Español [durante el 1-O], que fue la Policía Nacional. Dispararon balas de goma cuando aquí en Catalunya ya estaban prohibidas. La policía hace lo que le da la gana. Todavía espero que nadie vuelva a pasar por lo que yo pasé.

¿Qué valoración hace de aquella campaña que logró prohibir las balas de goma?

Magnífica. Conseguimos que la sociedad se sumase, que llegase al Parlament gracias a la presión. Hubo un debate político de los modelos de orden público policial. La campaña fue un éxito, se implicó gente del mundo de la cultura, deportistas, políticos… Recuerdo una foto de Raül Romeva con el parche en el ojo. Fue todo gracias al esfuerzo de la ciudadanía. Nosotros pusimos la cara. Así se prohibió. 

¿Cree que desde entonces cambió la percepción social sobre cómo la policía debe abordar unos disturbios?

Sí. La gente cree que la policía forma parte del pueblo y debe estar a su servicio, y no poner los suyos por encima. La sociedad cree que la policía debe estar de su parte, por algo les pagamos el sueldo entre todos.

¿Cree que hay que prohibir los proyectiles de ‘foam’?

Sí. Ya lo dije en 2013. Todos los proyectiles se deben prohibir, los de 'foam' también. No puedes disparar contra una persona que está desarmada. Los policías van protegidos, llevan todo tipo de protección, el casco, van armados… Deberían estar del lado de la población.

La conselleria de Interior anunció el jueves que quería abrir un nuevo debate sobre el modelo de orden público de los Mossos. ¿Tiene la sensación de haberlo vivido ya? ¿Cree que servirá?

Sí lo hacen de verdad, sí. Si hacen como la auditoría que anunciaron, que duró seis meses y de la que no se ha sacado nada… ¿Qué malas praxis han detectado en esa auditoría? Deberían ser específicos a la hora de explicar qué cambios han hecho. Sí hemos conseguido cambios en el número de identificación de los agentes, y esto es gracias al esfuerzo de entidades como Irídia, Stop Bales de Goma o Amnistía… Todo puede servir de algo y desde luego hay prohibir los proyectiles de 'foam'. Esto serviría. Pero yo no soy especialista en modelos policiales.

Seguís con Stop Balas de Goma e Irídia para pedir que se prohíba no solo el 'foam' en Catalunya, sino las balas de goma en toda España. 

Todavía estamos con esta campaña, sobre todo a raíz de lo que le pasó a Roger Español. Entonces decidimos que era importante seguir para prohibir las balas de goma en toda España, no solo en Catalunya. Porque si luego viene otro cuerpo policial aquí y las usa, ¿de qué sirve que el Parlament haga estas leyes? Si no son respetadas…

Decía al inicio que para una víctima de este tipo como fue usted es más difícil superarlo si ve que sigue ocurriendo.

Está claro. ¿Cómo lo superas si vuelves a ver que le pasa a una chica de 19 años? Esta chica, cuando me pasó a mí, tenía 11 años. ¿Qué visión puede tener de la policía que tenemos, si cuando era una niña a mi me pasó esto y ahora que tiene 19, le ha pasado a ella? ¿Qué imaginario tendrá de la policía? No está justificado disparar a nadie, nunca. Hay otros medios para reprimir, si se diese el caso de ser necesario. No justifico que se pueda disparar a nadie con un arma, porque la persona suele estar indefensa. La oftalmóloga Estrella Fernández ya dijo en la comisión del Parlament que estas armas provocan “lesiones de guerra”. Los mismos médicos nos dicen que esto no es civilizado.

¿Qué le diría a la joven que ha perdido el ojo?

Que tiene que ser muy fuerte y valiente para poder superar lo que le ha pasado. Que las heridas sanan. Que se deje rodear de personas de confianza, de su familia y amigos, que se deje asesorar legalmente y que, si puede, trate de luchar contra estos proyectiles. Yo, ocho años después, hace ya tres años que trabajo y hago casi vida normal, a pesar de la discapacidad. Se puede seguir adelante.

¿Usted ha podido volver a alguna manifestación?

Al principio me costaba mucho. Si hay ruidos fuertes mi cabeza hace click, me asusto mucho. El tipo de ruido de la bala de goma, el disparo… Incluso por Sant Joan con los petardos. Las manifestaciones me dan miedo. Es que ese día yo estaba en Passeig de Gràcia con Gran Via, no había nada allí, ni manifestación… He ido a alguna protesta más pequeña, alguna del 8-M, pero con calma, nunca sola y siempre con miedo. No me escondo. Solo tengo un ojo y un día el hijo de una amiga me dijo que tenía que cuidarme mucho más este ojo porque es el único que me queda. ¡Y cuanta razón!

420. Es la cifra de balas de 'foam', también llamados proyectiles viscoelásticos de precisión, que los Mossos d'Esquadra dispararon en las dos primeras noches de altercados en Catalunya a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Este tipo de munición sustituyó a las balas de goma, que los Mossos d'Esquadra utilizaban hasta que el Parlament pidió prohibirlas en 2014 a raíz del caso Ester Quintana. El armamento disuasivo de las unidades de antidisturbios de la policía catalana, al igual que su modelo de orden público, vuelve a estar en cuestión por la pérdida del ojo de una manifestante tras recibir el impacto de un proyectil de 'foam' este martes en las protestas en Barcelona contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel.

El proyectil de 'foam' recibe su nombre por el tipo de espuma con el que está fabricado. Tiene 40 milímetros de diámetro y al estar hecho de material viscoelástico su impacto queda repartido entre el proyectil y el objetivo. A diferencia de la bala de goma, el 'foam' no rebota cuando toca el suelo. Esto no quiere decir que sea menos lesivo que la bala de goma, sino que, al ser un proyectil de precisión, las lesiones que provoca se producen por un impacto directo en el cuerpo, y no fruto de un rebote incontrolado. Se dispara mediante un fusil de mira telescópica que incrementa su precisión.

Respecto a la joven mutilada, que ha sido operada este jueves del estallido ocular que sufrió el martes, la conselleria de Interior y los Mossos siguen sin confirmar que la lesión se produjera por un disparo de 'foam'. Según ha explicado este jueves el comisario y portavoz de los Mossos, Joan Carles Molinero, la policía está estudiando la trazabilidad de todos los proyectiles de 'foam' que se utilizaron durante los altercados para determinar “dónde, cómo y en qué franja horaria” se dispararon. En este contexto, ha agregado, todavía no hay conclusiones, ya que el propósito es realizar una investigación “quirúrgica y cuidadosa”, lo que requiere varios días, para poder determinar si las heridas son de autoría policial.

La abogada del centro Irídia Anaïs Franquesa, que representa a la joven herida, no tiene dudas: “Es evidente que ha sido un 'foam'. Es un tipo de proyectil que impacta donde se apunta”. Este jueves la investigación ha ganado un elemento que puede resultar fundamental: el fotoperiodista Àngel Garcia ha facilitado al departamento de Interior el número de identificación del mosso que disparó el proyectil de 'foam' que ha dejado sin visión a la manifestante, una secuencia que asegura que su cámara captó completa. Según ha relatado a EFE Garcia, en el momento en que resultó herida la manifestante no existía una situación de riesgo para los mossos, sino que escopeteros de los antidisturbios empezaron a disparar de forma “indiscriminada” contra grupos de personas que, en la acera contraria, corrían de un lado para otro intentando sortear la intervención policial.

El debate sobre este tipo de proyectil no es nuevo. Ya en el año 2013, en la comisión parlamentaria tras el caso Quintana, ICV y la CUP se quedaron solas pidiendo que también se prohibieran los proyectiles de 'foam', tal y como recuerda el exdiputado ecosocialista y experto en seguridad Jaume Bosch, autor de 'La nostra policia' (Eumo). “Los forenses que comparecieron en la comisión dictaminaron que la pelota de goma y el 'foam' podían provocar efectos lesivos similares, pero la mayoría de partidos no quiso recogerlo en las conclusiones”, rememora Bosch.

En 2019, a instancias de Catalunya en Comú, el Parlament volvió a votar que los Mossos retiraran los proyectiles viscoelásiticos de su armamento. El resultado fue el mismo que seis años antes: la moción de los 'comuns' solo obtuvo el apoyo de la CUP y de un diputado de ERC. El resto de partidos votó en contra. En la misma votación, los partidos sí se pusieron de acuerdo –con la excepción de JxCat– para reclamar que los Mossos hicieran público el protocolo sobre el uso del 'foam', un mandato parlamentario que a día de hoy la policía catalana sigue sin cumplir.

En este sentido, Franquesa ha reclamado a la conselleria que haga público el protocolo sobre este tipo de arma para cotejarlo con las directrices internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y de Naciones Unidas, que establecen que los proyectiles de 'foam' no pueden emplearse de forma “indiscriminada” y que deben dirigirse siempre por debajo del abdomen hacia las personas que pongan en riesgo a los manifestantes o a los agentes.

El modelo de orden público, de nuevo bajo el foco

Lo que sí acordó el Parlament en 2013, y los Mossos encabezados por el major Trapero lo implantaron, fue un nuevo modelo de orden público basado en la mediación y la planificación, el mantenimiento de la distancia con las concentraciones, la movilidad de las unidades policiales y la carga como última opción, similar al empleados en Alemania o los países nórdicos. El cambio de filosofía en los dispositivos de orden público no vino por casualidad, sino después de una serie de actuaciones muy contundentes de los Mossos –el desalojo del 15-M en la plaza Catalunya o en el intento de bloqueo del Parlament, así como las intervenciones en altercados durante las huelgas generales– que provocaron un reguero de imputaciones de agentes y la erosión de la imagen del cuerpo. El caso Quintana fue la gota que colmó el vaso.

Tras el consenso parlamentario de 2013, hasta ahora la reclamación de un cambio general en el modelo de orden público de los Mossos solo la habían llevado a cabo partidos como la CUP o organizaciones en defensa de los derechos humanos que, como Irídia, monitorizan las actuaciones policiales, y que son pioneras en España. Paradójicamente este jueves se ha sumado a la iniciativa el actual conseller de Interior en funciones, Miquel Sàmper, y su partido, JxCat, que bien con su denominación actual bien bajo las siglas de Convergència lleva gestionando la cartera de Interior en la última década, con la excepción de la etapa del conseller Ramon Espadaler (Unió).

En una convocatoria de prensa en la que el departamento de Interior no ha invitado a todos los medios, Sàmper ha pedido una revisión “urgente” del modelo de orden público de Catalunya en sede parlamentaria. Sàmper, que se ha ofrecido a responder las preguntas que sean necesarias en el marco de la Diputación Permanente, ha dicho que “no se puede permitir” que una manifestación del siglo XXI acabe con una persona perdiendo un ojo.

Sàmper ha obviado que en 2019, en las protestas por la sentencia del procés, donde hubo muchos más heridos que en los altercados de estos días por el encarcelamiento de Hasel, los Mossos también dispararon proyectiles de 'foam'. La Policía Nacional hizo lo propio con las balas de goma, pese a que el Parlament pidió que no se usaran en Catalunya en 2014 y los Mossos, con competencias en orden público en la comunidad, sí atendieron este mandato parlamentario. Durante los disturbios de 2019, cuatro personas perdieron un ojo. Según cuenta Franquesa, en dos de los heridos en esas protestas la investigación no ha podido determinar si sus lesiones en el ojo fueron provocadas por un 'foam' de los Mossos o una bala de goma de la Policía Nacional.

Buen conocedor de los debates parlamentarios y de los modelos policiales, para Bosch “no ayuda” que la reapertura del debate sobre los Mossos coincida con las negociaciones para formar Govern. “Corremos el peligro de que cualquier pacto de Govern incluya una mención cosmética sobre la policía que se haga de prisa y corriendo de cara a la galería”, apunta. A juicio del exparlamentario, sería más adecuado que el Parlament, en una nueva comisión, abordara todas las cuestiones relativas al modelo de orden público y de seguridad, con la participación de expertos y de todos los actores implicados en el debate, pero sin olvidar la condena a los actos violentos.

“El major Trapero sabe y ha apostado por un modelo de proporcionalidad”, recuerda Bosch, que pide “no hacer demagogia” en este debate: “Abordar el modelo policial sin abordar y dejar claro que las manifestaciones no pueden utilizar la violencia es un enfoque parcial”. “La sociedad catalana tiene que hacer una reflexión sobre la violencia de grupos minoritarios, no es justificable quemar motos ni asaltar la comisaría de Vic. Si solo se enfoca el debate desde el punto de vista policial, no saldremos adelante”, remarca Bosch. “Se puede hablar de métodos y dispositivos y se debe controlar y evaluar la intervención policial, pero debe existir una unidad antidisturbios formada y especializada que intervenga en los altercados”, concluye.

En Europa, los cuerpos policiales británicos y franceses emplean balas de goma y proyectiles de 'foam'. En cambio otros países como Grecia, Italia y Alemania prohibieron este tipo de proyectiles. Los cuerpos antidisturbios italianos y griegos los sustituyeron por gases lacrimógenos, mientras que los alemanes optaron por los cañones de agua, un material que los Mossos solo han empleado una vez, en los graves disturbios tras la sentencia del procés de 2019. El debate vuelve a estar servido y será uno de los protagonistas de la legislatura catalana que acaba de empezar.

Había sido su cumpleaños el día antes. Alcanzar la mayoría de edad, 18 años, no es cualquier cosa, y menos para un adolescente que llegó solo a España desde Marruecos. Así que decidió irse a Barcelona con un amigo a comprarse una camisa de regalo. Era 18 de octubre de 2019 y el centro de la ciudad iba a ser aquella tarde el escenario de los disturbios más violentos de su historia reciente. 

Sus educadores en el centro de menores, titularidad de la Generalitat, trataron de convencerle de que no fuese ese día a esa zona de la ciudad. “Yo no tenía ni idea de que había todo eso”, cuenta un año después A. K., que prefiere no revelar su identidad. Al final, cogió su paga semanal, la juntó con la que le dieron por su cumpleaños, y se fue de compras. Horas después ingresaba en la UCI del Hospital Sant Pau con el ojo reventado por un proyectil compatible con los que disparan los antidisturbios. 

Pasado un año, el joven A. K. cuenta su relato sobre lo que sucedió aquel día, el mismo que plasmó en la denuncia que interpuso para saber si su mutilación fue por una bala de goma de la Policía Nacional o un proyectil de 'foam' de los Mossos d’Esquadra. También explica hasta qué punto lo sucedido le ha sumido en el año más duro de su vida y ha torcido sus planes de buscar trabajo para ayudar a su familia, razón por la que vino a España.

A. K. explica su historia desde el jardín del centro de menores que gestiona la Fundación EVEHO en una localidad de la comarca del Maresme. Allí, pese a ser ya mayor de edad, le han alargado la estancia unos meses, concretamente hasta esta semana, que se mudará a una residencia para adultos extutelados. En el ojo lleva una prótesis que hace difícil intuir la pérdida total de la visión, gracias a una operación a la que se sometió en junio para conservar parte del órgano. 

Tímido y poco hablador, A. K. narra que salió con su amigo hacia el centro de Barcelona. “Allí había un argelino que tenía una tienda de ropa y quería ir a mirar”, explica. Sabía que estaba por la zona de la calle Trafalgar y Arc de Triomf, aunque añade que no conoce bien las calles. Al salir del metro de Plaza Catalunya, bajaron por la Rambla y giraron hacia Via Laietana, donde alrededor de las 18:00 habían empezado unos fuertes disturbios entre los manifestantes independentistas y la Policía Nacional, que pronto se trasladaron a los aledaños en plaza Urquinaona o Trafalgar. 

“Pasamos por Via Laietana y vimos que más arriba había la policía y toda la gente, pero no nos acercamos”, explica. Debido a los duros enfrentamientos, con contenedores quemados y cargas policiales por toda la zona, A. K. cuenta que no supieron encontrar la tienda. “Nos habíamos perdido y nos queríamos ir”, asegura. Al querer volver a Plaza Catalunya, poco antes de las 20:00 horas, pasaron por la calle Trafalgar cerca del cruce con Ortigosa, que estaba siendo uno de los escenarios de la batalla campal entre policía y manifestantes, con barricadas y cargas. Una media hora antes había habido un importante fuego con contenedores quemados que tuvieron que apagar los bomberos. El joven insiste en que no se acercaron a los enfrentamientos. “No fuimos a mirar”, añade. 

Explica que se separó un momento de su amigo, que fue en busca de un bar para usar el baño, y fue entonces cuando recibió el impacto. “Me caí, alguien me metió dentro de una casa… No lo recuerdo mucho. Luego vino la ambulancia, pero no me acuerdo”, resume. A. K. Aquella noche el balance fue de 182 heridos, incluidos policías. Tres personas, entre ellos este joven, acabarían perdiendo el ojo por “estallido ocular”, una herida compatible con las balas de goma o los proyectiles de 'foam', según el propio centro sanitario. 

“Me han quitado un ojo y lo he denunciado para que no vuelva a pasar”, asegura ahora el joven, que pasó un mes ingresado en el hospital y se ha sometido a dos operaciones, la primera de urgencia. Su denuncia la ha asumido Iridia, el colectivo de derechos humanos que lleva varios casos de heridos por parte de la policía y que logró identificar al agente que, durante el 1-O, reventó el ojo a Roger Español. “Si denuncio a lo mejor dejan de hacerlo”, argumenta A. K. en referencia al uso de balas de goma. De momento, no han encontrado vídeos ni testimonios concluyentes sobre los hechos, pero en la denuncia piden que los responsables policiales den todos los detalles del dispositivo y de los agentes que actuaron en la zona para identificar al que disparó. El joven insiste: “Yo lucharé hasta el final”. 

“Me miraba al espejo y no me lo creía”

Por ahora, y por culpa de la pandemia, todavía no se ha podido someter a la valoración de un forense para que pueda dictaminar, a través de la inclinación de la herida y la mecánica del impacto, qué proyectil le destrozó el ojo. Mientras, tiene otras prioridades: “aprender a vivir con esto”, apunta, retomar los estudios y, pronto, buscar un empleo, que para eso cruzó el Mediterráneo. 

La historia de A. K. empieza en un pueblo cerca de Rabat, de donde es su familia y de dónde se marchó con tan solo 15 años. Como tantos otros adolescentes, entró solo a Ceuta y solo cruzó hasta Algeciras en un camión. “Vine a Barcelona porque me gustaba la ciudad, porque antes me gustaba mucho el fútbol y miraba el Barça”, explica. Estuvo primero en un centro de menores de la capital y luego en el actual, que comparte con ocho jóvenes. 

Durante estos dos años, ha coleccionado cursos de formación profesional inicial. Desde uno de jardinería hasta otro de premonitor, pasando por uno de cocina que le despertó el interés por la pastelería. “Es lo que más me gusta y quiero llegar a hacer un grado medio”, explica. En breve empezará un curso específico sobre repostería.

Aunque estos días comenta que ha soñado con lo ocurrido, quizás porque se cumple un año, quizás porque le mandaron vídeos de Instagram de las últimas protestas, él asegura que está mejor que entonces. “Las primeras semanas fueron muy difíciles, lo pasé muy mal. Nunca hubiese pensado que me pasaría esto y me sentía fatal”, insiste. “A veces me despertaba, me miraba al espejo y no me lo creía, no puede ser verdad”. Al no estar acostumbrado a la falta de visión, derramaba el agua cuando se llenaba el vaso, chocaba con gente por la calle…  Hubo momentos de desesperación en los que pensaba que no saldría adelante, comentan quienes le han rodeado durante este tiempo.

Pero desde entonces han sido muchas las cosas que le han ayudado a salir adelante. Enumera, en primer lugar, a su educador del centro y a la psicóloga de Iridia, pero también leer el Corán, puesto que es religioso, ir al gimnasio –su principal afición– y pasear por la playa. “El mar me ayuda mucho a pensar, a sacar las cosas que tengo dentro cuando estoy solo, me da paz”, explica. También habérselo contado a miembros de su familia en Marruecos, algo que le daba miedo hacer. Tardó ocho meses en llamarles. “Les costó entenderlo, pero al final son mi familia y se preocupan por mí”, resume. 

Perdió el tren de la inserción laboral

Pese a ser un chico de pocas palabras, sí se extiende un poco para lamentar que por culpa de que le reventaron un ojo no ha podido seguir adelante con su proceso de inserción laboral, algo decisivo para un menor migrante no acompañado que cumple los 18. Son muchos los jóvenes tutelados que con la mayoría de edad se quedan sin su hogar de acogida, sin trabajo y abocados a vivir en la calle, en una espiral de marginalidad muy difícil de romper.

Durante estos meses, y pese a la pandemia, A. K. ha visto cómo varios de sus compañeros de su edad del centro han entrado en programas de inserción laboral. “Tienen un trabajo, yo no”, constata. Sus educadores consideraron que, debido a su estado psicológico y anímico, todavía no estaba preparado. Esto le ha perjudicado a la hora de renovar su permiso de residencia, que le caduca en enero. “Me lo han denegado dos veces”, se queja, y resume el bucle en el que se encuentran tantos jóvenes como él: “Para darme la autorización necesito un contrato de trabajo, pero no me darán trabajo sin un permiso”. 

Mientras tanto, ha podido extender unos meses su estancia en el centro de menores y en los próximos días pasará a una residencia de mayores. ¿Y qué pasará en enero, cuando caduque el permiso? “A lo mejor me echan, no lo sé”, se encoge de hombros. Lo que tiene claro es que no quiere volver a Marruecos. “Así, no”, remarca. 

Tampoco quiere dejar la denuncia a medias. “No está bien lo que pasó. La policía se supone que nos tiene que ayudar y a mí me hizo daño”, razona. Desde entonces, explica, solo ha vuelto al centro de Barcelona para hacer un reconocimiento del sitio con los abogados. “No me gustó nada”, resume. Tampoco ha vuelto nunca a por la camisa.

El agente de la Policía Nacional UC563 no solo fue, según los Mossos d'Esquadra, el autor del disparo de la bala de goma que reventó el ojo a Roger Español el 1-O. Instantes antes de la lesión, el mismo agente ya había disparado a Español. Así lo constata la policía autonómica en su informe pericial, al que ha tenido acceso eldiario.es, aportado al juez de Barcelona que investiga las cargas de la Policía para impedir el referéndum.

El juez ha convocado este lunes a los peritos de los Mossos d'Esquadra para que se ratifiquen en su informe. El dictamen reseña segundo a segundo los movimientos del agente sospechoso de dejar sin visión del ojo derecho a Español el 1-O en la calle Sardenya de Barcelona, tras desalojar el colegio Ramon Llull. Tanto los Mossos como la defensa de Español, que ejerce la letrada Anaïs Franquesa del centro Iridia, señalan al mismo agente.

La identificación por parte de los Mossos allana el camino al juez para llevar a juicio al agente. Además, el número de disparos que el policía investigado habría efectuado apuntando a Español es relevante para el futuro del caso, ya que puede dar pie a las acusaciones para argumentar que el disparo que finalmente hirió al joven fue intencionado y no se trató de una mera imprudencia.

“El informe de los Mossos confirma y avala la labor hecha por Iridia para identificar al agente que lesionó a Español”, asevera Franquesa, que destaca además el hecho de que el policía imputado “realizara más de un disparo” al joven.

En su informe, los Mossos no aclaran si el primero de los disparos fue una salva –disparo sin proyectil– o una bala de goma, como ocurriría segundos después, provocando la herida Español. El dictamen presentado por Iridia al juez contabiliza además un tercer disparo de bala de goma hacia del mismo agente hacia Español antes de la lesión.

En lo que no hay diferencia alguna entre ambos informes es en señalar la autoría de la lesión. Para ello los Mossos se han basado en los más de 30 vídeos que constan en el sumario y en la complexión física, la posición en el momento del disparo y los elementos diferenciales de la vestimenta de cada uno de los policías presentes en la zona (de qué lado del cinturón llevaban colgando la gorra, si vestían espinilleras y guantes o las características de la bolsa de munición).

El juez mantiene imputados tanto a Español (excandidato de JxCat al Senado) por lanzar una valla a los agentes como a los once escopeteros de la Policía Nacional que intervinieron el día del referéndum en los aledaños de la escuela Ramon Llull, donde fue herido Español. Ninguno de ellos ha reconocido la agresión en sus respectivas declaraciones ante el instructor, y todos han ofrecido una versión común: se tenían que disparar balas de goma –prohibidas en Catalunya a los Mossos d'Esquadra, cuerpo competente en orden público– porque quedaron “aislados” y tenían que abandonar la zona para evitar “una tragedia”.

En concreto, el agente UC563, en su declaración como investigado, no se reconoció entre los agentes que estaban en la zona donde fue herido Español, sino que se situó en la acera contraria de la calle Sardenya. También reconoció haber lanzado dos balas de goma, siempre en dirección a “la masa”. “No se puede apuntar a alguien porque ese alguien… Tiene que ser a la masa más violenta”, apostilló.

En ninguno de los anteriores casos de heridos por balas de goma en Catalunya fue posible identificar al mosso d'esquadra que había disparado. En el caso de Ester Quintana, el único que ha llegado a juicio, los agentes acusados terminaron absueltos al no poderse determinar al 100% que dispararon. Otros casos de mutilaciones por balas de goma de la policía catalana no llegaron ni a juicio. Y otro caso reciente, el de la muerte de Iñigo Cabacas en Euskadi, la Justicia tampoco encontró al autor material del disparo, si bien se condenó al jefe del dispositivo de la Ertzaintza por permitir el disparo en un callejón cuando no era necesario.

Dos jueces de El Prat de Llobregat (Barcelona) y de la capital catalana han abierto sendas investigaciones para intentar determinar qué agente de la Policía Nacional o de los Mossos d'Esquadra reventó un ojo a dos jóvenes durante las protestas contra la sentencia del procés. Así lo ha informado el centro Iridia para la defensa de los derechos humanos en una rueda de prensa en la que, junto a otros colectivos sociales, ha hecho balance de los heridos durante los incidentes del pasado mes de octubre.

En el caso de El Prat, el joven resultó herido durante la protesta de Tsunami Democràtic en el aeropuerto del 14 de octubre, y Iridia ha hecho un llamamiento para que se aporten imágenes de lo ocurrido. Según su versión, en el momento del impacto en el ojo, había no solo un grupo de antidisturbios de la Policía Nacional disparando balas de goma, sino que también estaban presentes dos agentes de los Mossos d'Esquadra con escopetas de proyectiles de 'foam'. De ahí que todavía no se pueda determinar qué cuerpo policial habría lesionado al joven.

El segundo caso bajo investigación judicial es el de un joven herido por una bala de goma de la Policía Nacional en los altercados de la plaza Urquinaona de Barcelona del pasado 18 de octubre. En conjunto, Iridia representa a 15 de los heridos por actuaciones policiales durante las protestas que han decidido presentar denuncia. Según los datos de la entidad, a día de hoy se han presentado 21 denuncias en los juzgados catalanes.

En conjunto, la red de observadores Som Defensores, formada por Iridia, Novact, Stop Balas de Goma, el Espacio de Coordinación Antirrepresiva, el sistema de registro y comunicación para la protección de víctimas de violencia institucional y el observatorio del sistema penal y los derechos humanos ha atendido a 149 personas afectadas por las actuaciones policiales tras la sentencia.

De estas, según los datos facilitados por Marta Valldaura de Iridia y Thais Bonilla de Novact, 18 se quejaron de haber recibido porrazos en la cabeza –la normativa de todos los cuerpos indica que los golpes deben propinarse por debajo de la cintura–; 32, por balas de 'foam' –el proyectil viscoelástico de los Mossos que sustituyó a las balas de goma–; y 22 por balas de goma de la Policía. Otras ocho personas refirieron malos tratos psicológicos.

Por su lado, Alejandro Forero, del Sirecovi, ha alertado de que la veintena de detenidos que fueron enviados a prisión provisional durante las protestas han relatado que hubo presencia policial durante las evaluaciones médicas realizadas antes de pasar a disposición judicial, algo que contraviene tanto la normativa internacional como la de la conselleria de Salut de la Generalitat. Y desde Stop Bales de Goma, Carles Guillot ha reclamado la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, y que se prohíban también los proyectiles de 'foam'.

Varias entidades por los derechos humanos han denunciado este viernes abusos policiales y actuaciones fuera de los protocolos por parte de los agentes que han actuado en los altercados de Barcelona y otras ciudades catalanas. También exigen que la Policía Nacional deje de usar balas de goma –prohibidas por el Parlament para los Mossos– y exigen responsabilidades por las agresiones a periodistas mientras cubren los disturbios.

La red de observadores 'Som defensores', integrada por colectivos de defensa de los derechos humanos como Iridia, Novact o ACCDH, aseguran haber registrado solo en la noche del viernes al menos cinco casos en los que Mossos o Policía Nacional intervinieron con “clara intencionalidad” de castigar o humillar a manifestantes. “Estas prácticas supondrían vulneraciones de la integridad moral según criterios adoptados por Naciones Unidas”, reflejan en un comunicado.

En las imágenes recogidas por el centro IRIDIA, que integra esta red, se aprecian actuaciones en la que grupos de agentes de la Policía Nacional golpean a personas que no ofrecen resistencia aparente, como el caso de un joven en Via Laietana el viernes por la tarde o una mujer, en la misma calle, cuando los altercados ya estaban lejos de la zona.

El mismo grupo de entidades también denuncia en su comunicado otras prácticas policiales que consideran que están que consideran que contribuyen a “aumentar la tensión” en las manifestaciones, como es el caso del carrusel. Se trata de una práctica que consiste en hacer circular las furgonetas policiales en círculo para dispersar a los manifestantes y que el Govern se comprometió a utilizar solo en las situaciones de altercados más graves.

Otras entidades, como el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) o Amnistía Internacional, también han exigido estos días a la policía que actúe con proporcionalidad. Sin entrar en detalles, el Síndic ha pedido a los mandos de Mossos y Policía Nacional que “abran expedientes ante las actuaciones impropias de policías democráticas”. Amnistia, por su parte, documentó varios casos de “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía y lo denunció en el comunicado en el que pedía a las autoridades a que contribuyan “a desescalar la tensión”.

Contra el uso balas de goma

El uso de las balas de goma por parte de la Policía Nacional, cuando esta herramienta está prohibida por el Parlament para los Mossos –que usan proyectiles de foam–, ha despertado numerosas críticas no sólo entre entidades, sino también entre los partidos en el Govern de la Generalitat. Hasta tres personas han perdido un ojo durante los altercados por impacto de proyectiles compatibles con estas balas.

En las últimas horas, el colectivo Stop Balas de goma, a través de su portavoz Nicola Tanno –que perdió un ojo en unos disturbios de 2010–, ha exigido también a la policía que abandone el uso de esta herramienta.

Hasta 58 agresiones a periodistas

Las denuncias de abusos policiales durante toda la semana se refieren también a las agresiones sufridas por periodistas que, pese a estar acreditados con distintivos de prensa, han recibido golpes de porra y disparos de proyectiles de la policía. Desde el observatorio de medios Mediacat han realizado un recuento que cifra en 58 los periodistas agredidos mientras documentaban los altercados.

Aunque no todas las agresiones que han registrado vienen de los policías, en la última noche, de los 20 casos de los que han tenido noticia, 14 fueron por actuaciones de la Policía Nacional o los Mossos d'Esquadra, una por un manifestante de extrema derecha (esta en Valencia), y las cinco restantes “sin que se conozcan los autores”. Recuerdan además que un fotoperiodista de El País, Albert Garcia, fue detenido por la Policía Nacional y acusado de agresión a la autoridad cuando solo hacía su trabajo.