Ley Mordaza, educación infantil o vivienda pública: los compromisos que recupera el pacto entre PSOE y Sumar

PSOE y Sumar han firmado este martes un pacto de coalición, un acuerdo de 48 páginas que recoge las prioridades legislativas de cara a una investidura que tiene que aglutinar aún los votos de ERC, Bildu, PNV, Junts y BNG. El acuerdo recoge medidas como la reducción de la jornada laboral a 37 horas semanales, la subida del Salario Mínimo, universalizar la educación de 0 a 3 años o aumentar el parque de vivienda pública hasta que suponga un 20% del total.

Pero el documento también recoge compromisos ya presentes en el acuerdo que se firmó en 2019 con Unidas Podemos pero que no se culminaron en la pasada legislatura. Algunos porque el adelanto electoral irrumpió su tramitación, otros por una falta de acuerdo al que PSOE y Sumar se enfrentarán de nuevo, ahora con los números más ajustados aún.

El ejemplo más claro de compromiso arrastrado es la reforma de la ley Mordaza. El acuerdo de 2019 recogía la aprobación de “una nueva Ley de seguridad ciudadana, que sustituya a la ‘Ley mordaza’ para garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica”. No se hizo, así que el nuevo compromiso es reformar “aquellos aspectos de la normativa vigente que limita los derechos de reunión y libertad de expresión” y, en concreto, introducir “un sistema de sanciones restaurativas y reparadoras, que contemple la capacidad económica de los sancionados”.

Entre el compromiso de 2019 para hacer una nueva ley y el acuerdo de 2023 para reformar algunos de los aspectos ha habido numerosos intentos de acabar con la ley Mordaza, todos infructuosos. Tras un complicado periplo parlamentario, la reforma fracaso en la Comisión de Interior del Congreso: ERC y EH Bildu votaron en contra porque reclamaban que se prohibieran las pelotas de goma y las devoluciones en caliente, además de argumentar que el texto pactado entre PSOE, Unidas Podemos y PNV no acababa con “los aspectos más lesivos”.

Los socialistas criticaron la posición de ERC y Bildu por permitir que “la norma del PP siga vigente” y desde Unidas Podemos, Enrique Santiago dijo que “ningún demócrata”, “nadie de izquierdas” podía entender que no se hubiese alcanzado un acuerdo. Ahora, reformar la ley Mordaza obliga a incluir a Junts en el pacto y la propuesta es, por ahora, la misma que ya se rechazó.

Universalizar el acceso a la educación infantil

El pacto de gobierno entre el PSOE y UP recogía en el punto 2.1.11: “Universalización del acceso a la Educación Infantil 0-3 años a través de la red pública en condiciones de equidad. Elaboraremos, conjuntamente con las comunidades autónomas y en el seno de la Conferencia Sectorial, un plan de extensión de la Educación Infantil, con una red pública e integrada de recursos que garantice una oferta suficiente de plazas públicas para todos los niños y niñas menores de 3 años (...)”.

En el pacto de gobierno entre el PSOE y Sumar, en el apartado de Educación, el segundo punto señala: “Universalizaremos la educación de 0 a 3 años promoviendo su inclusión plena en el sistema educativo, así como el aumento progresivo de la oferta de escuelas infantiles públicas. Al final de la legislatura el acceso a la educación pública para niñas y niños de 2 años será universal”.

Como este ejemplo –aspecto en el que se ha avanzado, pero no se ha alcanzado la universalidad prometida– el acuerdo de coalición también recupera la promesa de un sistema de gratuidad de los libros de texto es otra. En 2019 se hablaba de “libros, material escolar y comedor”. En 2023 la fórmula es impulsar “el Programa de gratuidad de libros de texto y ayudas para el material escolar”. En otro punto aparece la intención de aumentar las becas de comedor.

Alcanzar una financiación del sector del 5% es otro objetivo común en ambos acuerdos, aunque en el de 2019 se especificaba que era de cara al 2025, lo que justificaría incluirlo por segunda vez. En 2023 no se ha fijado un límite temporal, por lo que se sobreentiende que aplica a la legislatura entera.

Salud bucodental y Atención Primaria

En el acuerdo de gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos en 2019 ya se incluía la introducción progresiva de la atención a la salud bucodental en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y la creación de un plan para abordar estas incorporaciones. En el verano de 2022, el Consejo de Ministros aprobó destinar 44 millones de euros para incorporar nuevas prestaciones y el nuevo acuerdo entre los socialistas y Sumar sigue por esa línea. Porque si hace cuatro años se hablaba de “introducir”, el verbo ahora es “incrementar” las prestaciones en materia de salud bucodental, en concreto para todos los niños, niñas y adolescentes.

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han acordado impulsar un “plan de choque” para fortalecer la atención primaria: aumento de plantillas, mejora de las infraestructuras y nuevos equipos. Unos compromisos que recuerdan a los que el PSOE asumió con Unidas Podemos. Aquel pacto, firmado por Pablo Iglesias, ya incluía avanzar en la actualización de este primer escalón asistencial, con medidas encaminadas a resolver el déficit de planificación de recursos humanos.

En la última legislatura se han hecho esfuerzos en esa línea, con una inversión por parte del Gobierno central de 1.000 millones de euros en infraestructura o una política de aumento progresivo del número de plazas en facultades de medicina y de especialistas de familiar y comunitaria. Sin embargo, no se puede obviar que la pandemia dio al traste con todas las previsiones sanitarias y tensionó hasta el extremo a los trabajadores de atención primaria. En los últimos dos años, profesionales sanitarios han salido a la calle en varias comunidades autónomas para reclamar mejoras laborales y asistenciales, en su mayoría competencia autonómica.

Hay algunos asuntos en materia sanitaria que se repiten en ambos acuerdos, aunque si bien en el primero se hablaba de impulsar, en este caso se trata ya de hacer efectivos derechos reconocidos por ley. Ocurre con la atención temprana. O con la digitalización del sistema sanitario. O con el blindaje del sistema sanitario público de salud, con una ley pendiente de aprobación en las Cortes y que PSOE y Sumar se comprometen ahora a culminar. En otros casos, el textual es idéntico. “Integraremos las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal, garantizando el acceso a diagnóstico y tratamiento”, se leía en 2019 y se lee ahora.

Ya entonces PSOE y Unidas Podemos eran conscientes de la necesidad de “construir un verdadero sistema de atención (a la salud mental), con un enfoque de género y derechos humanos, que atienda a los y las pacientes crónicos” y el “desarrollo de una estrategia de prevención de la conducta suicida”. La crisis del coronavirus supuso un antes y un después en la percepción social de la salud mental. Según la OMS, el 32% de la población asegura haber sufrido un empeoramiento. Y la tasa de suicidios no ha parado de subir. De culminar en positivo las negociaciones para la reedición del gobierno de coalición con el resto de grupos políticos, las medidas que quieren implementar ahora los socios van en la línea de incrementar la cartera de servicios y prestaciones, poner el foco en las personas jóvenes y reforzar las ratios de especialistas, una de las más bajas de nuestro entorno, así como un plan de medidas “específicas orientadas a prevenir el suicidio juvenil”.

Alimentos no saludables y desperdicios

Una de las novedades de este acuerdo es el compromiso de garantizar “la protección de los menores frente a la publicidad de alimentos no saludables”. En 2019 se hablaba de reducir el impacto de la comida basura, con “obligaciones claras en el etiquetado”, pero nada de los anuncios a los que niños, niñas y adolescentes están expuestos. Pese a esto, el Ministerio de Consumo, de la cuota de Unidas Podemos y liderado por Alberto Garzón, elaboró un borrador para proteger a los menores de la publicidad de productos insanos. Agricultura, en manos del socialista Luis Planas, se opuso, escudándose en la autoregulación. Está por ver si la promesa rubricada este martes está destinada también a dejar a las empresas tomar sus propias decisiones, al margen de una ley estatal.

A Garzón se le quedó una norma a punto de aprobar que ahora se recupera. La Ley contra el Desperdicio Alimentario estaba en el Senado para su remate final cuando se convocaron anticipadamente las elecciones. Esta legislación busca evitar que acaben en la basura cada año más de 1.300 millones de kilos de comida. Sumar y PSOE se comprometen a recuperarla.

Medidas similares a 2019 sobre el agua

El acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar dice que se pretende“blindar el derecho ciudadano de acceso al agua y su gestión en clave de emergencia climática”. Al inicio de la anterior legislatura, el pacto de gobierno también dijo que se consagraría el agua como  “derecho humano”. Al mismo tiempo, tanto en 2019 como en 2023 se habla de potenciar el “uso sostenible” del agua.

Igualdad: a la espera de la ley de usos del tiempo

Ya en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos de 2019 se incluía la ley de usos del tiempo como parte del paquete de medidas sobre igualdad en el empleo. Durante la legislatura, tanto la vicepresidenta Yolanda Díaz como la ministra de Igualdad, Irene Montero, se han referido a esta norma, que querían ligar, por un lado, a la reducción de la jornada y, por otro, a un sistema público de cuidados. En junio, Díaz presentaba un estudio sobre el que fundamentar la norma, que quedaba en un cajón por el adelanto electoral. El acuerdo entre el PSOE y Sumar la recupera como parte de la apuesta por la conciliación y la corresponsabilidad.

También quedaban en el cajón dos normas que se han trabajado durante la legislatura. Es el caso de la ley de familias, que ya en 2019 se contemplaba como una herramienta para “garantizar la protección efectiva de las distintas realidades familiares”. Aunque el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley a finales de marzo (después de meses de diferencias entre los socios de Gobierno sobre varios de sus puntos), su tramitación parlamentaria se frenó con el adelanto electoral. Solo salieron adelante varios permisos que el Ejecutivo tenía que tramitar con urgencia para cumplir con la trasposición de una directiva europea.

Es el caso de la ley de paridad, no estaba en el anterior acuerdo, pero Pedro Sánchez la anunció a comienzos del pasado marzo para ir más allá de lo establecido en la ley de igualdad de 2007: la paridad debía llegar también a los consejos de administración y a los colegios profesionales, entre otros organismos. El compromiso de este martes recupera la aprobación de una norma “de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres”.

Un recorrido similar ha tenido la ley de trata: la ministra de Justicia encargó un texto a la Comisión de Codificación y, posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley en el que intervenían los ministerios de Justicia, Igualdad, Seguridad Social e Interior. La ministra de Igualdad también abordaba esta norma en la comisión sectorial con las comunidades autónomas y puso en marcha un plan de inserción laboral para víctimas. La ley integral, sin embargo, no salió adelante y ahora se encuentra, de nuevo, en el acuerdo entre PSOE y Sumar.

El tipo mínimo del 15% de Sociedades y el impuesto a los ricos

El Gobierno de coalición de la pasada legislatura cumplió en gran parte con su programa fiscal. Sin embargo, hay tres ideas que se incluyeron en el programa de 2019 que, con matices, se repiten en el anunciado este martes. La primera de ellas es el tipo mínimo del 15% de Sociedades para grandes empresas. La propuesta se incluyó en el anterior programa sin concretar cómo se calcularía. El Gobierno aprobó para los presupuestos de 2022 un tipo mínimo, pero que se aplicaba sobre la base imponible, lo que limitaba su impacto. Ahora, el efecto recaudatorio se ampliará al aplicarlo sobre el beneficio.

La segunda de las propuestas hace referencia a la tributación de los más ricos. Ya se incluyó en 2019 ampliar la carga fiscal a las grandes fortunas, una idea que ahora se repite. De nuevo, con matices. Por medio, el Gobierno aprobó un impuesto específico para gravar a los ricos de comunidades que bonifican el impuesto sobre Patrimonio. Si bien, la medida es temporal y termina este año. Por ello, ahora la coalición vuelve a plantear “avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica”.

Por último, la fiscalidad verde es reincidente entre los acuerdos de 2019 y 2023. Es una de las tareas pendientes fiscales de España, recaudando menos que otros socios europeos. Durante los últimos cuatro años se han aplicado tímidos avances, ya que quedó pendiente la reforma fiscal debido al impacto de la guerra de Ucrania. En ambos acuerdos de coalición se repite una idea: incrementar la tributación para evitar comportamientos contra el medioambiente, pero con compensaciones directas o indirectas para clases medias y bajas.

Beneficios caídos del cielo

El nuevo acuerdo promete profundizar en la reforma del mercado eléctrico mayorista para “resolver los elementos perjudiciales del actual mecanismo marginalista” y los llamados “beneficios caídos del cielo”. Este compromiso llega tras el reciente acuerdo a escala europea para reformar este mercado y después de las medidas extraordinarias adoptadas en los últimos años, como la excepción ibérica, que ha ahorrado unos 5.000 millones a los consumidores, o el límite a los beneficios extra de las eléctricas por la subida del gas. 

El anterior acuerdo de gobierno ya contemplaba introducir las reformas necesarias “para acabar con la sobrerretribución” de tecnologías “que fueron instaladas en un marco regulatorio diferente, anterior a la liberalización y que han recuperado sobradamente sus costes de inversión”, tal y como pactaron entonces PSOE y Podemos a finales de 2018.

Bono social

En 2019, las dos formaciones acordaron “una reforma profunda de bono social” que solo se ha cumplido en parte. Este mismo año, la vicepresidenta Teresa Ribera volvía a plantear, por ejemplo, poner coto a su acceso por parte de las familias numerosas, independientemente de su renta, tras destaparse que varios políticos madrileños cobraban esas ayudas.

Ahora, PSOE y Sumar prometen revisar y desplegar la estrategia contra la Pobreza Energética ya en vigor, que contempla desde hace años que esos descuentos se concedan sin tener que pedirlos, “reforzando los instrumentos de protección a los consumidores vulnerables” y ampliarlo hasta “duplicar el número de hogares acogidos al bono social eléctrico”, hasta unos 3 millones de beneficiarios.

Más competencia empresarial

El acuerdo de 2019 prometía perseguir “las prácticas de competencia desleal y/o abuso de posición dominante de las grandes empresas multinacionales que, en ocasiones, perjudican a los autónomos y PYMES”. Ahora, se va más allá: para “limitar la excesiva concentración empresarial y promover la competencia en los mercados con una regulación y supervisión adecuadas”, se impulsará una revisión de la Ley de Defensa de la Competencia, de 2007, y la Ley de creación de la CNMC, de 2013. Además, “se dotará de más medios a los organismos reguladores para que puedan llevar a cabo correctamente su tarea de supervisión”. Además se troceará la CNMC recuperando la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE).

Flecos de la Ley de Vivienda

El acuerdo de las formaciones progresistas lleva a avanzar en cuestiones como la creación de un parque público de pisos y el control de los precios de los alquileres, que ya están contempladas en la Ley de Vivienda que se aprobó en mayo, pero donde quedaron aspectos pendientes. Uno de ellos, cómo aplicar un índice de precios para mitigar las subidas del alquiler en las zonas donde hay más presión de rentas, que la ley definió como zonas tensionadas, y que aún está por diseñar. Ahora, PSOE y Sumar instan a desarrollarlo de manera inmediata para “identificar municipios y distritos” e impulsar la regulación de precios. En el acuerdo sellado en 2019 con Unidas Podemos se contempló que los ayuntamientos pudieran declarar zonas con mercado tensionado. Sin embargo, la Ley de Vivienda acotó esa competencia a las Comunidades Autónomas y las gobernadas por el PP están boicoteando la declaración de estas áreas con precios disparados, aunque haya consistorios que lo reclamen.

Por otro lado, la Ley de Vivienda dejó dudas sobre cómo aplicar las alternativas habitacionales en el caso de desahucios. El acuerdo de 2019 reflejaba que tenía que haber un informe obligatorio de servicios sociales para que las administraciones garantizasen una alternativa habitacional. Ahora, el acuerdo entre Sumar y PSOE habla de impulsar actuaciones para que, cuando los procedimientos de desahucio de personas vulnerables ya estén judicialmente en marcha, las administraciones competentes –las autonómicas– presenten al Juzgado una propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social. Además, los dos acuerdos de las formaciones progresistas contemplan revisar la regulación de los inmuebles de uso turístico, que también quedó fuera de la ley aprobada en la recta final de la legislatura.

Reformas laborales pendientes

La pasada legislatura, de intensa actividad legislativa en el ámbito del trabajo, como la reforma laboral, dejó no obstante en el tintero algunas de las medidas comprometidas por PSOE y Unidas Podemos, que ahora se recuperan en el nuevo pacto de coalición con Sumar. Algunas no dio tiempo a abordarlas apenas, en un mandato marcado por las urgencias por la pandemia que derivaron en los ERTE, entre otras medidas, y otras políticas estaban muy avanzadas, pero no llegaron a ver la luz.

El proyecto de mayor envergadura, que no dio tiempo a emprender con los agentes sociales, es la revisión en profundidad del Estatuto de los Trabajadores para transformarlo en el llamado “Estatuto del Trabajo del siglo XXI”, que tratará de modernizar el marco legislativo ante retos como las transformaciones digital y verde. También con medidas concretas que no se trataron en la pasada reforma laboral ante las reticencias de los empresarios, como la reforma de las causas del despido (y ahora también de su indemnización tras las demandas de los sindicatos por incumplir la Carta Social Europea), y reforzar a los empleados en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y en los descuelgues de los convenios colectivos.

Por otro lado, destacan las reformas avanzadas en el pasado mandato, pero que no lograron llegar al BOE por distintos motivos. En primer lugar el Estatuto del Becario, que el Ministerio de Trabajo pactó con los sindicatos y en el que hubo choques dentro de la coalición, así como con otros socios de investidura y los rectores de universidades. Por otro lado, la reforma de los subsidios de desempleo, comprometida con Bruselas y que el departamento de Yolanda Díaz estuvo a punto de aprobar en los últimos compases de la legislatura, con el rechazo de los sindicatos por ser poco ambiciosa.

Con información de Rodrigo Ponce de León, Laura Olías, Daniel Yebra, Cristina G. Bolinches, Diego Larrouy, Antonio M. Vélez, Daniel Sánchez Caballero, David Noriega, Raúl Rejón y Ana Requena.

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