Gobierno y Unidos Podemos acuerdan poner coto a los “beneficios caídos del cielo” de las eléctricas

El acuerdo que han pactado este jueves Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para los Presupuestos Generales del Estado en 2019 incluye una batería de medidas relacionadas con la “transición energética” entre las que están varias propuestas destinadas a abaratar la luz que pueden impactar muy directamente en las cuentas de resultados de las eléctricas.

Así, se expresa la voluntad de “acabar” con los “beneficios caídos del cielo” o “sobrerretribución” que reciben en el mercado mayorista determinadas tecnologías de generación que “fueron instaladas en un marco regulatorio anterior a la liberalización”, esto es, hidráulica y la nuclear (no se cita ninguna expresamente), por considerar que “han recuperado sobradamente sus costes de inversión”.

Como posible medida, se plantea “un límite” a lo que pueden cobrar esas plantas, entregando la diferencia entre ese tope y el precio de mercado que fije el pool al sistema eléctrico para “abaratar la factura de la luz de todos los consumidores”.

El asunto de los beneficios caídos del cielo o windfall profits ya figuraba en el documento de expertos que encargó el PSOE para la transición energética y la ministra del ramo, Teresa Ribera, ya tuvo sobre la mesa el mes pasado poner un precio fijo a hidráulica y nuclear. Finalmente esta propuesta no se incluyó en la batería de medidas para intentar abaratar la luz que aprobó el Consejo de Ministros el viernes pasado, aunque el Gobierno ya ha anunciado una reforma “estructural” del mercado eléctrico.

El texto acordado, que permite al Gobierno enviar a Bruselas el marco presupuestario, de momento cuenta solo con 151 apoyos en el Congreso y para lograr los 176 votos que necesitan, los socialistas tendrán ahora que ganarse a ERC, PDeCAT y PNV. Esta última formación no suele ser proclive a medidas que afecten a la caja de Iberdrola, que tiene su sede fiscal en Euskadi y es líder destacado en energía hidroeléctrica.

El documento también acuerda “revisar los pagos por capacidad” que reciben determinadas centrales (en concreto, las de gas natural) por estar disponibles cuando, por ejemplo, las renovables no permiten cubrir la demanda, limitándolos a “medidas condicionales, transitorias, sin distorsiones, de último recurso y de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de reducción del precio de la electricidad, excluyendo la posibilidad de incurrir en ayudas ilegales y conforme en todo momento a la normativa europea vigente en la materia.”

Para el eurodiputado de Equo Florent Marcellesí, el acuerdo implia “que España se alinea” con la posición “ambiciosa” defendida por el Parlamento Europeo en esta materia, que actualmente se discute en Bruselas. Este sábado hay reunión de los Estados Miembro sobre esta cuestión. “Espero que España lleve este acuerdo e incline la balanza a favor de la transición ecológica”, indica el eurodiputado.

El acuerdo también prevé un fondo de 50 millones de euros para la lucha contra la pobreza energética y una “reforma profunda” (otra más) del bono social. Estos descuentos se amplían al gas, convirtiendo su solicitud en “automática”, y con novedades como que la renta per cápita del hogar vulnerable sea el “único criterio” para adjudicarlo.

Con ello, se dejaría fuera a las familias numerosas que ahora (no importa su renta) reciben el bono social automáticamente cuando lo piden. Solo se exceptúa el criterio de renta alguna “salvedad”: “Se podrán incluir también criterios de dependencia, discapacidad y otras situaciones como familias monoparentales”.

Además, se plantea que el bono lo paguen “todas las empresas del sector, proporcionalmente a su volumen de facturación”. Ahora lo costean las comercializadoras en función de su cuota de mercado.

También relacionado con la factura está el acuerdo de reducir el peso del término de potencia que el Gobierno del PP disparó, lo que hizo subir la factura de los usuarios aunque redujeran su consumo. Se plantea que el término variable “sea incremental en función de la energía consumida”, de forma que los primeros kilovatios consumidos sean más baratos, con el objetivo de penalizar el derroche de electricidad.

Otras medidas en materia de energía son un plan de “repotenciación” de las plantas de energías renovables existentes y un plan de ayudas para el vehículo eléctrico hasta 2020 que en ese año se financiará con “al menos” el 30% de los ingresos extra obtenidos con la subida del impuesto al diésel.

Asimismo, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos crearán “de manera inmediata” un grupo de trabajo para acordar el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que deberá presentarse en el Congreso de los Diputados antes de 2019 y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que el Gobierno debe remitir a Bruselas antes de que acabe este año.