Por qué la ley de vivienda no es un chollo para los 'okupas'

El pleno del Congreso de los Diputados tendrá que dar este jueves luz verde a la ley de vivienda para que, una vez pase por el Senado y vuelva a la Cámara Baja, esté en vigor coincidiendo en el tiempo con las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo. No es un calendario casual, porque la vivienda y la emergencia climática se han convertido en ejes de la campaña.

El derecho a la vivienda centra el debate político no solo por las medidas para intentar frenar el precio de los alquileres. También porque el texto pactado por el Gobierno de coalición incluye nuevas medidas de protección para las personas vulnerables en caso de desahucio, lo que ha llevado al PP a asegurar que los 'okupas' tienen un “chollo” con el actual Ejecutivo.

“Sánchez es una oportunidad fantástica para los 'okupas', es un chollo para los 'okupas', pero tengo que decirles que este chollo se terminará cuando Feijóo llegue al Gobierno y no tendrán esta situación tan cómoda”, afirmó este lunes en la sede de Génova su portavoz de campaña, Borja Sémper.

“Es muy importante no confundir las okupaciones con K con una política pública de vivienda pensando en los que tienen más dificultades”, contestó la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

En esa misma dirección apunta a elDiario.es Laura Barrio, coordinadora de la Vivienda de Madrid de la Plataforma Antidesahucios (PAH). “Las declaraciones de que se favorece la okupación son una lectura interesada de los grandes capitales para meter miedo a los pequeños rentistas. En juego hay una batalla cultural. Tienen unos intereses de extracción de rentas y de meter miedo a los pequeños propietarios y que se contagien de esa ambición”, argumenta. 

¿Qué cambia con la ley?

En materia de desahucios, la medida clave que incluye la enmienda al texto que salió de Moncloa pasa por una modificación en la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje “para los grandes tenedores de vivienda cuando hay vulnerables económicos”, explican fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En este caso, se entiende como grandes propietarios a quienes tienen 10 o más inmuebles, matizan.

El objetivo de esta disposición es dar tiempo suficiente a las administraciones para poder encontrar una solución habitacional para las personas vulnerables, sin que se limiten ni eliminen los derechos de los propietarios. De esta forma, se respondería a las peticiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que en varias ocasiones ha reprendido a España por vulnerar el derecho a la vivienda. 

A ese procedimiento de intermediación no llegarán todos los casos, sino que se tendrán que cumplir varios requisitos al mismo tiempo. Por un lado, solo se aplica a viviendas de grandes tenedores y no de pequeños propietarios. Por otro, tiene que ser la vivienda habitual de la persona ocupante y esta además tiene que estar en situación de vulnerabilidad económica. Además, previamente no se ha tenido que iniciar un procedimiento de mediación y arbitraje sobre ese inmueble y tampoco tiene que haber un procedimiento judicial en marcha.

De esta forma, esa intermediación “solo se podrá aplicar cuando hay vulnerables acreditados por los servicios sociales y en riesgo de exclusión social” porque se busca “evitar que sean desahuciados por no poder pagar un alquiler niños, ancianos, dependientes o víctimas de violencia de género”. Es decir, las personas que ahora mismo están protegidas por el escudo social, que se aprobó para hacer frente a los efectos de la pandemia, que impide los desahucios de familias vulnerables y que decae el próximo 1 de julio.

Para llevar a cabo este proceso de mediación, indican las citadas fuentes, se establece un mecanismo para que cuando haya personas vulnerables, la administración tenga conocimiento e intente que no avance el desahucio. El órgano mediador será la comunidad autónoma donde esté el inmueble, para que intente alcanzar un acuerdo entre las partes y, si no es posible, que la administración aporte una solución habitacional a la persona o familia vulnerable antes de la interposición de la demanda. Para ello, recuerdan que las comunidades autónomas disponen de fondos aportados por el Estado a través del Plan Estatal de Vivienda y destinados específicamente para cubrir ese tipo de situaciones.

Críticas porque los cambios se quedan cortos

Este procedimiento de conciliación no es suficiente para la PAH, que considera que esta es una medida “maquillaje”. La PAH ya había sido muy crítica con el proyecto de ley que salió de Moncloa, al entender que, en materia de desahucios, dejaba un “cráter”. “El marco conceptual de la ley pasa por posponerlos, suspenderlos mientras los servicios sociales buscan alternativa. Y eso es una trampa. Sabemos que no siempre se da traslado a los servicios sociales, que, por otro lado, están colapsados. Además, no hay alternativa, porque no hay casas”, explicaba Laura Barrio en febrero a elDiario.es ante una ley que los expertos consideraban que se quedaba corta. 

Ahora, la medida de poner en marcha un procedimiento de mediación ante un posible caso de desalojo supone que ocupante y gran tenedor, en apariencia, “se sienten a negociar de buena fe, pero lo cierto es que no hay garantía de que esto ocurra”.

“Se va a tratar de una conciliación desigual, no entre dos partes con igualdad de poder. Esto es David contra Goliat”, compara Laura Barrio. No es que “vayamos a conseguir que los fondos buitres se sienten a negociar, que nos escuchen, es una ilusión utópica. Lo normal es que acudan a mediación con unos servicios jurídicos que contraten y que simplemente se demoren [los desahucios] hasta cinco meses”, con un mediador “que les va a costar 50 euros”. 

“No va a tener efectividad para los inquilinos. Seguirán las cosas tal cual porque no se obliga a los grandes tenedores” sobre “en qué tiene que derivar la conciliación, ni en un porcentaje mínimo de aceptación de alquiler social. No se pone una solución”, recalca. “Nosotros pedíamos que, antes de interponer en el juzgado cualquier demanda que pueda acabar en desalojo, había que poner un alquiler social encima de la mesa, en esa vivienda o en otra. Los grandes tenedores tienen que ofrecer una alternativa de alquiler asequible a las personas que quieren desahuciar porque no pueden pagar los precios de mercado. Se ha quedado un poco en una medida teatro”, concluye Barrio.