El judo es conocido por ser un arte marcial en el que la técnica vale más que la fuerza. Sus llaves se basan en aprovechar la energía del rival para derribarlo: cuanto más ímpetu pone el adversario, más fácil resulta desequilibrarlo o bloquearlo. Y alguien en Junts parece haberse puesto el cinturón negro, porque la respuesta de Jordi Turull al apoyo a una moción de censura que les reclama Alberto Núñez Feijóo utiliza toda la contundencia de la propuesta del PP para dejarla en KO técnico.

En el escenario actual, todos los partidos intentan sobrellevar la presión como pueden. Para Junts, el equilibrio no es sencillo: dar por liquidado el Gobierno sin echarlo. La respuesta a Feijóo fue la acordada entre Carles Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras. El lunes a última hora se celebró una ejecutiva en la que se informó a la dirección que la estrategia sería la que el martes verbalizó el secretario general en una entrevista en Catalunya Ràdio (el mismo día en que el líder popular visitaba Barcelona, una coincidencia más casual que causal). A modo de resumen, si el PP tiene algo que proponerles, que vaya a Waterloo y se lo pida a Puigdemont.

Es una salida hábil porque de esta manera, los independentistas tranquilizan a quienes creen que deberían forzar ya la caída de Sánchez y, al mismo tiempo, pueden sostener que no lo hacen por culpa del PP y su negativa a asumir determinadas condiciones.

En Junts insisten en que no tienen “ninguna urgencia electoral”. Su lectura es que los votantes no les respaldan para decidir quién ocupa la Moncloa, sino para defender los intereses de Catalunya. Tampoco consideran, a diferencia de ERC, que deban contribuir a consolidar un bloque de izquierdas en el Congreso. “Ante el dilema de susto o muerte, nosotros defenderemos siempre lo que sea bueno para Catalunya”, resumió Turull.

Pero una cosa es no querer estar atados a los socialistas y otra muy distinta participar en una operación que incluya a la extrema derecha de Santiago Abascal. “No abriremos la puerta a un Gobierno de PP y Vox”, resumen fuentes de la formación.

Los independentistas recuerdan que, tras las últimas elecciones generales, algunos dirigentes populares intentaron aproximarse de manera informal. “Bien que nos buscaba González Pons por los pasillos”, ironizan en Junts. Añaden que quien comprendió que cualquier negociación pasaba por sentarse con Puigdemont fue el PSOE, que sí se atrevió a enviar al ahora innombrable Santos Cerdán a Waterloo.

Junts, como el resto de partidos y evidentemente el PSOE, está también pendiente de ver cómo va la declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero -otro de sus interlocutores caído en desgracia- y las posibles novedades del sumario del caso Leire. Consideran que, por el momento, no se ha acreditado la existencia de financiación ilegal en el PSOE y que eso les facilita la posición que han adoptado frente a la propuesta del PP.

Tras normalizar sus relaciones con el PNV, ambas formaciones mantienen una cierta coordinación, aunque lejos de la sintonía que exhibieron en la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy. En Junts son conscientes de que los nacionalistas vascos actúan guiados, como siempre y ante todo, por sus propios intereses. Y que el calendario electoral que más les convenga a ellos no tiene por qué coincidir con el de los independentistas catalanes. 

El tono de Feijóo

La reacción de Feijóo al desafío planteado por Turull no sorprendió a nadie. Sí llamó más la atención el tono empleado, especialmente ese “vamos a hablar de cosas serias” que lanzó a los periodistas en los pasillos del Palau de Congressos, donde se celebran las jornadas del Cercle d’Economia. El líder popular, a diferencia de las quince ocasiones anteriores en las que había acudido a este foro, no viajó a Barcelona en busca del aplauso del empresariado catalán. Más allá de prometer, como acostumbra, menos impuestos, otra política de vivienda, y ahora una política migratoria más restrictiva, no ofreció mucho más.

La presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, insistió en que los dos grandes partidos deberían ser capaces de alcanzar acuerdos en cuestiones estratégicas, especialmente en el actual contexto internacional que, en sus palabras, exige visión a largo plazo y grandes consensos. “No se puede construir desde la confrontación permanente”, afirmó ante un Feijóo que, imperturbable, dejó claro que no piensa sentarse a negociar nada con el PSOE.

Garcia-Milà volvió además a plantear una reivindicación clásica en estas jornadas: la reforma del modelo de financiación. La pregunta era previsible y Feijóo, que sabía que esta siempre toca, no improvisó aunque sorprendió porque su mensaje no pudo ser más frío: defendió que lo que tiene que hacer la Generalitat es gastar menos y advirtió de que, si llega a la Moncloa, Catalunya tendrá que situarse en la misma fila que el resto de comunidades autónomas en el reparto de los recursos.

Los aplausos fueron los justos, los de cortesía. Y, después de su intervención, es de suponer que tampoco esperaba muchos más.

Junts ha puesto una condición al PP para estudiar la moción de censura que exigen contra Pedro Sánchez: que Alberto Núñez Feijóo se reúna con Carles Puigdemont en Bélgica. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha declarado que si la propuesta de los populares es “seria”, Feijóo debe negociarla con Puigdemont en Waterloo. 

“Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”, ha insistido en Catalunya Ràdio Turull, que de esta forma no ha descartado de plano la moción. “Nos tienen que explicar si la propuesta va en serio y qué quiere decir una moción instrumental”, ha manifestado el dirigente.

Con todo, no es la primera vez que Junts reta a Feijóo a ese encuentro con su líder en Bélgica. Lo hicieron en julio de 2025 cuando los populares planteaban la moción tras el estallido del caso Santos Cerdán.

La respuesta de la formación de Puigdemont llega después de que este lunes el líder de los populares diera un paso más en su presión para lograr una moción contra Sánchez. Feijóo, que este martes está en Catalunya en las jornadas del Cercle d'Economia, pidió a Junts y al PNV que voten para echar al actual Gobierno socialista e investir a uno del PP sin Vox, que tenga como objetivo convocar elecciones anticipadas. 

Antes de esa última proposición, cuando el PP todavía no había detallado su estrategia, Junts dejó claro que su respaldo a la moción no estaba sobre la mesa. Tanto los independentistas como el PNV subieron el tono al conocerse la imputación del expresidente Zapatero y pidieron elecciones anticipadas, pero de momento ninguno de los dos se ha abierto a apoyar una candidatura alternativa de Feijóo.

Turull ha vuelto a pedir a Sánchez que avance los comicios de 2027. “La legislatura no da más de sí, el presidente del Gobierno debería convocarlas por convicción democrática”, ha reclamado el secretario general de Junts, que retiró su apoyo al Ejecutivo en octubre. Desde entonces, ha acusado a Sánchez de gobernar por decreto. 

A pesar de sus críticas al Gobierno, Turull ha dejado claro que cualquier valoración de una moción de censura pasa por Waterloo. “Seremos igual de exigentes con el PSOE que con el PP”, ha manifestado, en referencia a los desplazamientos de los socialistas a Bélgica para negociar la investidura de Sánchez en 2023. No obstante, en este caso Turull ha descartado que el PP pueda mandar un emisario. “El que hace las declaraciones es él [Feijóo]”, ha afirmado.

En plena celebración de las jornadas del Cercle d’Economia, que reúnen a la élite empresarial catalana, Turull se ha sacudido las posibles presiones desde este ámbito: “Hemos pasado por muchos momentos de presión y no nos despistarán de nuestras prioridades ni de nuestra misión en el Congreso”. “Ante el dilema de susto o muerte, nosotros defenderemos siempre lo que sea bueno para Catalunya”, ha zanjado.

“Entre la vieja política y la nueva política, la gente elige la buena política”. La entonces portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Marta Pascal, celebró así el 21 de mayo de 2016 el llamado , en el que un 70% de la militancia optó por bajar la persiana del partido que fundó Jordi Pujol y crear una nueva formación.

Diez años después, y con numerosas voces reivindicando un “reencuentro” del espíritu de CDC dentro de Junts, tanto el exalcalde de Barcelona Xavier Trias como el secretario general de Junts, Jordi Turull, ven aquella maniobra como un “error”. El expresident Artur Mas cree que la decisión de enterrar las siglas se la podrían haber “ahorrado”, aunque la defiende dada la voluntad de “salvar el proyecto”.

El “lío” de 2016

Diez años atrás, la nave convergente atravesaba la tormenta provocada en 2014 por la confesión del expresident Jordi Pujol sobre una herencia no declarada en Andorra y acababa de vivir el enésimo golpe de timón en la ruta hacia la independencia: el entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, había sido investido a principios de año en sustitución de Mas, que se apartó por el reiterado no de la CUP a apoyarle. Además, CDC cargaba con la losa de los recortes durante el primer Govern de Mas, entre 2010 y 2012.

Turull y Trias, en sendas entrevistas con la agencia ACN, comparten el diagnóstico sobre el final de CDC. El secretario general de Junts recuerda que él nunca fue partidario de matar el partido. Aquella fue una “decisión estructural” dictada por unas “circunstancias coyunturales”, en alusión al impacto de los recortes presupuestarios o al “acoso por posibles casos de corrupción”.

Sobre la primera carpeta, Turull cree que los recortes “no se explicaron como se debería haber hecho” y repercutieron en el “alma social”, que quedó “muy afectada”. Sobre la segunda, señala el papel de las cloacas del Estado. El exalcalde de Barcelona también es crítico con la hoja de ruta que desembocó en la extinción de CDC. “Nos metimos en un lío”, sostiene, porque “a muchos partidos les han pasado cosas más sonadas” que al espacio convergente y “no han cerrado”. “Había mucha gente que quedó disgustada porque era pujolista y quedamos en una situación de cierta orfandad”, lamenta.

Precisamente, Mas enarbola el legado pujolista en su argumentario para justificar la decisión de acabar con CDC. La cuestión era encontrar la manera de “salvar” el proyecto convergente, “que era el de Pujol”, aunque fuera prescindiendo de las siglas. En una entrevista con la ACN, Mas califica la confesión del expresident como una “inundación de agua fría” contra el partido, que también debía cambiar de dirección dados los vientos que soplaban en Catalunya.

“Teníamos que pasar de un partido que siempre había actuado en clave autonomista a uno que lo hiciera en clave soberanista e independentista, que no era la tradición de CDC”, sostiene. Así, el expresident niega que, en pleno 2016, fuera un error sacrificar CDC. “Ahora, visto con perspectiva y habiendo ido las cosas como fueron, quizá nos lo podríamos haber ahorrado. Nunca lo sabremos del todo”, añade.

El parto “tortuoso” del PDeCAT

Turull define como “tortuoso” el nacimiento del PDeCAT, que ya contaba con “muchos defectos de fábrica”. Uno de ellos, que el aparato del partido “se resistía” a la dinámica independentista. Menos de 18 meses después se celebraría el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Para afrontar aquel momento, el secretario general de Junts defiende que hacía falta una “herramienta muy fuerte” que el PDeCAT no llegó a ser.

Trias sobrevuela los acontecimientos que marcaron el PDeCAT, desde la ruptura con Junts —que se constituyó como formación en julio de 2020— hasta su disolución en 2023 tras numerosos reveses electorales: fue “una muerte anunciada” que dejó a parte de la militancia “disgustada”.

Mas señala que faltaron dos piezas clave dentro del engranaje del partido heredero de CDC: unidad interna y un liderazgo como al que el espacio estaba “acostumbrado”, al estilo de Pujol o del propio Mas. De hecho, el expresident se reprocha a sí mismo “haber dejado, un poco, ese vacío de liderazgo” dentro de la familia convergente durante su tránsito hacia el PDeCAT.

“Yo ahora me acuso de no haberme mantenido más en primera línea aquellos primeros meses”, afirma. Considera que debería haberse implicado “mucho más” en la construcción de la nueva formación.

Los ingredientes del “espíritu convergente”

Los tres entrevistados coinciden en su definición del espíritu convergente. Para Turull, es “una manera de entender el país, de ser y de hacer que se injerta en los valores del catalanismo”. Para Trias, significa encontrar cómo “se junta al máximo de gente posible” para trabajar por una Catalunya “soberana” y “no dependiente” del Estado. Mas añade que es “unna manera de hacer y de ser con éxito”.

El exalcalde barcelonés, que llenó su última campaña electoral —en 2023— de referencias a la herencia convergente, subraya que en CDC había gente tanto de derechas como de izquierdas que remaba para construir un “proyecto común”. Turull añade a la mezcla la “cultura del esfuerzo” y la visión de Catalunya “en conjunto”. Y aunque coinciden en que el terreno de juego es el independentismo, muestran ciertas discrepancias sobre cómo debería ser la política de alianzas desde ese prisma convergente.

Trias, aunque reconoce su enfado por el pacto del PSC con el PP y BComú para que Jaume Collboni fuera alcalde de Barcelona, cree que el candidato de Junts en las próximas elecciones municipales “debe tener claro qué problemas tiene la ciudad”, especialmente en vivienda, y “marcar” políticas adecuadas y hechas “en colaboración” con el PSC. Sin embargo, añade que el discurso y la actitud de los socialistas “que mandan ahora en Catalunya” lo ponen “difícil” para el entendimiento con Junts.

Turull considera que la “voluntad de acuerdo” siempre debe estar presente en política. “Las dinámicas locales son muy diferentes”, añade. Eso sí, no significa “renunciar” a los propios objetivos ni “ser la muleta de nadie”. “Llegar a acuerdos con unos socialistas absolutamente sumisos a Madrid y aceptar esa sumisión, no lo haremos nunca”, asevera.

En este debate, Mas receta a Junts, con la voluntad de ser una formación “central”, que pueda llegar a acuerdos “a derecha e izquierda”. “Un partido central siempre pone la ideología en segundo orden, nunca es la excusa para negar pactos con otros”, constata. Asimismo, pide “combatir” a los adversarios, desde Aliança Catalana a los Comuns, la CUP o el PSC, si bien eso no significa “odiar, aislarse o imposibilitar cualquier pacto”. Además, cree que, si existe un “gran objetivo nacional”, es válido “sacrificar la ideología” propia, pero no “para siempre”.

El “reencuentro” y el “reto” de 2026

En pleno 2026, Trias considera que el ecosistema convergente tiene la “voluntad de reencuentro” —sobre todo impulsada desde el mundo local— dentro de Junts. De hecho, el partido de Puigdemont ha cerrado pactos con formaciones de la órbita de CDC para concurrir a los comicios locales de 2027, como Convergents —del exconseller Germà Gordó—, y en 2024 integró a Demòcrates, escisión independentista de la antigua Unió Democràtica de Catalunya, en su dirección.

Turull constata que dentro del partido “hay mucho espíritu” convergente, aunque con una “evolución” hacia las tesis del siglo XXI. “El 80 o el 90% de los militantes de CDC acabaron en Junts y, igual que CDC, tenemos la vocación de sumar”, subraya.

Mas comparte el análisis del secretario general, pero recuerda que Junts nació sin la receta convergente como “nexo de unión principal”. “Se ha ido volviendo a ello, y yo creo que todavía no ha llegado al 100%. La prueba, que es muy evidente, es que no todo el mundo que se sentía convergente hoy está en Junts”, remacha.

Aun así, cree que el partido de Puigdemont es el único que puede encarnar el espíritu de CDC, y se sabrá si lo ha conseguido cuando se “confirmen” el “proyecto” de Junts, la “estructura de gente” y sus “liderazgos”, tres elementos básicos para “definir una acción política”.

“El reto que tiene ahora Junts no es nada fácil: cómo actualizas un proyecto que fue un gran éxito, pero que ahora cuesta volver a visibilizar en su conjunto, entre otras cosas porque hemos ido hacia una fragmentación de la política catalana mucho mayor”, concluye Mas.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido este sábado a Alberto Núñez Feijóo un día después de que el líder del PP pidiese ayuda a los empresarios catalanes para tener votos suficientes en una eventual moción de censura. “Lo que debería hacer [Feijóo] es pedirles perdón”, ha asegurado el político independentista.

“Debe pedir perdón por invitar a tantas empresas a marcharse y luego no pedir que vuelvan; perdón a los barceloneses por hacer una moción de censura preventiva a Xavier Trias y pactar con Jaume Collboni; perdón a los catalanes por lo que hicieron las cloacas del Estado, y perdón por el boicot al catalán en Europa”, ha asegurado Turull, que se ha alejado así de cualquier posibilidad de participar en una moción de censura instrumental de Feijóo contra Pedro Sánchez.

Con todo, desde Junts consideran que el Gobierno está “empantanado en temas judiciales”, detrás de los que ven “lawfare”. “Sí, de ese 'lawfare' que ellos negaban cuando nos lo aplicaban a los independentistas”, ha criticado el dirigente.

Turull además ha descartado por el momento volver a intentar un acercamiento a Sánchez. “No tenemos la vocación de ser muleta de nadie, no formamos parte de ningún bloque y a nosotros solo nos mueve defender Cataluña”, ha subrayado.

Aliança, “populismo descarnado”

El secretario general también se ha referido al crecimiento de Aliança Catalana en las encuestas. En concreto, se ha referido al último estudio del CEO, que apunta a que Junts podría perder prácticamente la mitad de los escaños actuales en las elecciones catalanas, de los 35 a los 19, y empataría como tercera fuerza con Aliança Catalana. Según el secretario general, la encuesta tiene “sesgos que causan vergüenza” pero cree que “cumple el objetivo” de crear “un relato de momento complicado para Junts”.

En este contexto, Turull ha asegurado que no se dejarán “distraer” y alertó a los miembros de su formación de que no se pueden “dejar impresionar ni verse tentados a dar golpes de volante”. Según Turull, estos movimientos tienen como objetivo que Junts “deje su posición firme y serena” que les convierte en “la única alternativa al Gobierno de Salvador Illa”.

Turull también se ha referido al hipotético crecimiento que viviría Aliança Catalana, según la encuesta. Sin referirse directamente a la formación de Sílvia Orriols, el dirigente de Junts ha alertado sobre “la aparición de un nuevo actor político que crece a partir del populismo descarnado y que alimenta miedos, prejuicios y rencores”.

Según el secretario general, Aliança “proyecta sombras donde se necesita luz” y “ofrece soluciones fáciles a problemas profundos”. “Es un momento complicado, pero no para el partido, sino para el país: Catalunya no puede caer en la deriva que transforma el malestar en odio, y la incertidumbre en exclusión”, avisó.

Cuentan que un veterano político ligado durante décadas a Convergència y que, pese a haberla acompañado en el giro independentista, era muy crítico con la retórica movimentista de Junts y el desembarco de caras conocidas de otros ámbitos, se quejaba tras el procés diciendo: “¿Cuándo pasó que los frikis asaltaron este partido?”.

La pregunta era un dardo obvio hacia la llamada “generación 1-O”, la que se incorporó a la política después de 2017 de la mano de Carles Puigdemont, en parte barriendo a las anteriores. Pero también refleja la preocupación de la vieja guardia nacionalista por lo que podría ocurrir en un partido que prescindiese de aquellos que conocían la importancia del poder y tenían experiencia en ejercerlo.

Junts es hoy una formación claramente mermada en lo que a poder e influencia se refiere. Pese a que en los últimos dos años haya podido reinventarse como circunstancial ariete del empresariado catalán en el Congreso, ese papel siempre estuvo condicionado. Junts era deudor de una aritmética parlamentaria concreta y, además, necesitaba mantener su ascendente sobre el Gobierno, tal como le han advertido a la formación desde los sectores económicos en encuentros como el que desveló elDiario.es.

A eso hay que sumarle que la formación de Carles Puigdemont vive un momento de clara mengua en su representación política en contraste con épocas recientes. Más aún si se pone en comparación con el elevado peso institucional que llegó a tener Convergència en tiempos de máximo esplendor.

Al espacio político del nacionalismo catalán de centroderecha le ha pasado en la última década casi de todo. El procés, varias escisiones y mutaciones, luchas internas y una desenfrenada acción judicial que le ha obligado a hacer relevos a marchas forzadas y a tener que mirar a Waterloo para tomar cada decisión. Por si eso fuera poco, en los últimos años Junts también ha padecido la irrupción de una extrema derecha independentista.

Pero el ocaso institucional de Junts no puede explicarse sin tener en cuenta, también, la gestión errática de su propio espacio electoral, su incapacidad para encontrar líderes duraderos (lejos quedan Quim Torra, Laura Borràs o Jordi Puigneró) o su reiterada tendencia a aislarse hacia afuera y purgarse hacia adentro.

La ruptura del pacto de investidura entre Junts y el PSOE es el último capítulo en el que los postconvergentes vuelven a demostrar poco instinto por la conservación del poder institucional. Antes salieron del Govern de Pere Aragonès y rechazaron (o no fueron capaces de alcanzar) pactos municipales que les hubieran garantizado puestos en ayuntamientos y diputaciones. Hay que señalar, no obstante, que por el momento ninguno de los cargos conseguidos por Junts para organismos y empresas públicas del Estado ha anunciado su salida.

En el año 2014, Convergència era de largo el partido más influyente de la política catalana. Tenía la presidencia de la Generalitat, la del Parlament y la de las cuatro diputaciones, además de la gran alcaldía de Barcelona. También controlaba buena parte de los grandes ayuntamientos, como Girona, Sant Cugat, Reus, Mataró, Martorell, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Figueres. En el Congreso, la formación contaba con 16 asientos, cerca de su récord de 1993.

Las municipales de 2015, las que ganó Ada Colau en Barcelona y que iniciaron la ola de las alcaldías del cambio, fueron una tormenta dura para el poder de la antigua Convergència. Pero aún mantuvieron entonces buena parte de sus bastiones, impulsados sobre todo por la presidencia del Govern, que recayó en manos de Puigdemont en enero de 2016 tras las tortuosas negociaciones que descabalgaron a Artur Mas.

Visto con la perspectiva de una década, nada de lo que ocurrió después en Catalunya, ni tampoco en el espacio político de la antigua Convergència, ayudó electoralmente al nacionalismo conservador.

Después del 1-O, ERC experimentó una pujanza extraordinaria, que hizo mella a Junts tanto en ayuntamientos como en el Parlament y Congreso. Quim Torra demostró que no era una propuesta ganadora para defender una plaza tan sensible como la presidencia de la Generalitat y quizás Laura Borràs, tocada ya por un caso de corrupción que la acabaría apartando, tampoco era la mejor apuesta para las elecciones generales.

En 2021, Junts cedió por primera vez su liderazgo dentro del bloque independentista a ERC. Lo hizo cuando el PSC ya se había recompuesto de su larga crisis y estaba en disposición de ser “el primer partido de Catalunya”, tal como proclamaba Miquel Iceta. El independentismo de centroderecha aceptó, no sin tiranteces, entrar en un gobierno presidido por ERC, que acabó abandonando un año después.

El poder institucional de Junts mermaba. Pero en el partido el paso afuera se justificaba como una muestra de coherencia independentista que daría sus frutos más adelante. Algo que nunca acabó de pasar. En las municipales de mayo de 2023, Junts perdió votos, pero consiguió imponerse como primera fuerza en Barcelona de la mano de Xavier Trias. La situación en el ayuntamiento era enrevesada pues, para quitarle la vara municipal al exconvergente, solo servia un extraño pacto a tres que pusiese de acuerdo a PSC, Comuns y PP. Sin embargo esa operación acabó fructificando en torno a Jaume Collboni. Trias acabaría acusando a Illa y el alcalde de haberlo engañado.

Perdida Barcelona, el Govern y buena parte de las capitales de comarca, en las siguientes elecciones, primero generales y después autonómicas, Junts solo pudo esconder sus malos resultados poniéndolos en comparación con unos números aún más nefastos para ERC.

La situación actual del partido no es demasiado prometedora. En Parlament lidera la oposición, un espacio que, según el análisis que la propia Junts hace, les da poca visibilidad en el debate político catalán. Puigdemont trató de remediar esa situación en el último debate de política general, cuando exigió que el PSC de Salvador Illa votara algunas de sus propuestas como muestra de buena voluntad para un posible acercamiento. En Junts hablaban incluso de la posibilidad de mirarse los presupuestos catalanes con otros ojos. Pero la oferta no cuajó.

En el mundo municipal, Junts solo conserva ahora la alcaldía de una ciudad de más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès, donde gobiernan con ERC. Tiene otros seis alcaldes en ciudades de más de 25.000 habitantes, cuatro de ellas capitales de comarca, como son Figueres, Vic, Igualada y Olot. Cuentan también con varios primeros ediles en ciudades medianas en la comarca del Maresme, además de la presidencia de la Diputación de Girona.

Pocas más líneas tiene la actual cuenta de resultados de un partido que llegó a parecer una dinastía pero que en los últimos años no ha parado de encoger hasta quedar en una posición bastante menguada. No queda nada de aquella apuesta por convertirse en una especie de movimiento social con el Consell per la República como bastión. Tampoco es hoy relevante el espacio internacional abierto por el equipo de Puigdemont en el plano político o judicial, en el que tantas esperanzas depositaron.

Junts, sobre todo desde la llegada de Jordi Turull a la sala de máquinas, es ahora un partido de toda la vida, de los que valen tanto como representación consiguen. La paradoja es que el ocaso institucional de Junts es una realidad con la que Puigdemont debe lidiar mientras, a la vez, hace frente al crecimiento entre su electorado de una formación como Aliança, que actúa como si enmendase la institucionalidad tradicional.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reiterado este sábado que el PSOE “se ha cargado la legislatura” y que la presión recae sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuesta a su vez por agotar la legislatura y mantener la “hoja de ruta”.

“Es paradójico que la presión sea para los que hemos cumplido y no para aquellos que no han cumplido”, ha señalado en declaraciones a los medios desde Vic (Barcelona), uno de los puntos de Catalunya donde este sábado Junts ha instalado paradas en el marco de la campaña 'Junts s'explica a peu de carrer'.

Ha calificado de “anomalía democrática” que Sánchez piense en tirar adelante las iniciativas en el Congreso sin contar con mayoría y ha dicho literalmente que es el presidente quien debe explicar como piensa afrontar esta situación, después de que Junts haya anunciado esta semana su 'no' a las leyes del Gobierno en tramitación.

Preguntado por el apoyo a una posible moción de censura de la derecha, Turull ha afirmado que “quien tiene el botón de elecciones o no elecciones es el presidente” y ha pedido que este problema no se traspase a Junts.

Sobre el bloqueo a las iniciativas en el Congreso ha señalado que su formación está en “concurso de acreedores” por lo que quieren “cobrar” todo aquello que acordaron con el Ejecutivo, y ha añadido que Sánchez se encontrará el resultado en el marcador de las votaciones.

En referencia a la campaña impulsada por el partido en todo el territorio, 'Junts s'explica', ha detallado que están haciendo charlas para que “cualquier persona pueda escuchar las propuestas en todos y cada uno de los temas que tiene el país como reto”. “Los ciudadanos están sedientos de propuestas y de esperanza, porque unos se resignan y los otros solo gritan”, ha sentenciado.

La avanzadilla de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Turull en Estrasburgo ha sido un fracaso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la prisión provisional de los líderes soberanistas en 2017 y ha descartado que vulnerara sus derechos políticos como parlamentarios. “Su ideología no fue la causa de su detención preventiva”, resuelven los jueces europeos en un párrafo demoledor ante el alegato de los independentistas de que fueron presos políticos.

Las 75 páginas de la sentencia que el TEDH ha emitido este jueves han devuelto a la realidad las altas expectativas creadas entre el independentismo de que las instancias judiciales europeas les darían la razón en sus contenciosos con el Supremo. Antes lo intentaron la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exdiputado de Junts Josep Costa con idéntico resultado: un rechazo de Estrasburgo a sus demandas.

En Estrasburgo ya solo queda la demanda principal que los independentistas interpusieron contra su condena y juicio por parte del Tribunal Supremo. “En la demanda de la prisión provisional estábamos 20-80 en contra, pero en la principal creo que seguimos 50-50 en las cuestiones jurídicas”, resumía una fuente soberanista este jueves tras el revés. A ello se añade la mayor incógnita de este pleito: los posibles efectos de la amnistía, que sobrevuela las demandas.

En el seno de esa familia mal avenida que es el independentismo ya hubo discrepancias sobre si presentar la demanda referida en exclusiva a vulneraciones de derechos fundamentales con motivo de la prisión preventiva ordenada por el juez Pablo Llarena. Muestra de ello es que solo tres de los políticos encarcelados (Sànchez y Turull, de Junts, y Junqueras de ERC) siguieron el camino de Estrasburgo.

Otros optaron por esperar a que el Supremo y el Constitucional sentenciaran el caso del procés porque argumentaron que, ante instancias europeas, es preferible agrupar el conjunto de reclamaciones, en vez de trocearlas.

¿La sentencia de este jueves es la antesala a un rechazo de la demanda principal? Fuentes jurídicas independentistas rechazaban esta hipótesis, toda vez que las cuestiones en juego son distintas entre ambos pleitos: mientras el de este jueves versaba en exclusiva sobre el derecho a la libertad y su incidencia en los derechos políticos como parlamentarios de Turull, Junqueras y Sánchez, el que está pendiente de resolver abarca todo el recorrido judicial en el Supremo.

Para empezar, Estrasburgo todavía debe pronunciarse sobre si el Supremo se arrogó artificialmente la competencia para juzgar el procés (los independentistas alegan que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley, pues el caso debía quedarse en el TSJ catalán). También sobre si las altas penas impuestas por sedición fueron proporcionadas y sobre los efectos de la condena en el derecho de reunión (un alegato liderado por el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart).

La sentencia definitiva sobre el caso procés de Estrasburgo todavía no tiene fecha. Mientras la esperan, incluso entre los soberanistas más optimistas leían este jueves con preocupación algunos de los párrafos de la resolución de los jueces europeos, pues denotan un espaldarazo total a la labor del magistrado Pablo Llarena.

Al igual que en el pleito principal, los independentistas se apoyaban en tres votos críticos de magistrados del Constitucional que rompieron la unanimidad y apoyaron que la prisión preventiva vulneraba los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull. La sección 5ª del TEDH resuelve, esta vez sí por unanimidad, todo lo contrario.

Además, los jueces europeos dejan algunas cargas de profundidad en lo que a la lectura de lo que fue el procés se refiere y que se alejan del relato soberanista. Para empezar, Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de “un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país”.

No observa el TEDH ningún elemento de “ilegalidad o arbitrariedad” en la prisión preventiva de Sànchez, Turull y Junqueras, pese a que en el caso de los dos primeros comportó que no pudieran someterse a su debate de investidura (el actual secretario general de Junts fue encarcelado, de hecho, en medio de las dos jornadas del debate).

Todo lo contrario: Estrasburgo avala que tanto el Supremo como el Constitucional “aportaron razones pertinentes y suficientes para justificar” la prisión preventiva y que existían “motivos razonables” para pensar que la medida “era necesaria para garantizar su comparecencia en el juicio y prevenir la reiteración delictiva, con el fin de preservar el orden constitucional”.

Las conclusiones del TEDH se sitúan en una línea reciente adoptada por el tribunal de otorgar mayor confianza en los tribunales nacionales frente a años anteriores de interpretaciones expansivas de los derechos fundamentales de los demandantes.

“El objetivo de prevenir actos contrarios al orden constitucional y democrático no puede considerarse 'político' en el sentido que le dan los demandantes”, zanja el TEDH, que remarca que en ningún momento ERC y Junts fueron prohibidos como partidos, se pudieron presentar a las elecciones y, finalmente, Quim Torra fue investido president en 2018 por ambas formaciones.

Los tres políticos, apostilla el tribunal, eran “objeto de procesamientos penales por delitos graves”, por lo que no se podía “razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción”. Y los jueces españoles, remarca el TEDH, permitieron a Junqueras, Turull y Sànchez “expresar sus opiniones o promover el proyecto político que defendían”.

En realidad, Estrasburgo ha repetido en 2025 algo que ya dijo Alemania en 2018: los jueces germanos rechazaron que Carles Puigdemont pudiera sufrir persecución política al ser entregado a España. “No es razonable sostener tal acusación al Estado español como miembro de la comunidad de valores y el área legal común de la Unión Europea”, dijo el tribunal alemán cuando apoyó extraditar a Puigdemont por malversación y no por rebelión, entrega que fue denegada por el juez Llarena.

Tras el revés a los independentistas de este jueves, el calendario judicial europeo del procés prosigue: el jueves 13 de noviembre, el abogado general de la Unión Europea emitirá sus conclusiones sobre la ley de amnistía. Para ello habrá que viajar de Estrasburgo a Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Estrasburg dóna la raó al Tribunal Suprem en la causa del procés. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha desestimat les primeres demandes dels independentistes contra l'actuació del magistrat Pablo Llarena en la investigació de la causa que va acabar en una històrica condemna per sedició. Els jutges europeus han rebutjat que la presó preventiva vulnerés els drets polítics de Jordi Sànchez i Jordi Turull (Junts) i Oriol Junqueras (ERC).

En una contundent sentència contra les tesis sobiranistes, el TEDH descarta que la ideologia independentista dels polítics fos “el motiu” de la seva presó preventiva. La mesura, agreguen els togats europeus, no va ser “arbitrària ni desproporcionada” en tenir en compte “la gravetat dels delictes” als quals es van enfrontar els sobiranistes el 2017 “i la vulneració dels valors fonamentals de l'Estat de Dret que comportaven” els tipus penals de rebel·lió i sedició.

A l'espera que el TEDH resolgui la demanda principal dels independentistes contra la causa del Suprem, la resolució d'aquest dijous era la primera en què Estrasburg dirimia dues de les grans controvèrsies del cas procés: la presó preventiva decretada pel magistrat Pablo Llarena i la seva incidència en els drets polítics dels sobiranistes.

La resolució suposa un suport total al Tribunal Suprem i una decepció per als independentistes, que confiaven que el TEDH acollís les seves denúncies de vulneració de drets fonamentals que una majoria de jutges del Suprem i el Constitucional han desestimat.

Després d'una etapa en què les demandes amb alt contingut polític tenien números per ser estimades, el TEDH ha elevat en els últims anys la seva confiança en els tribunals nacionals. Així ha ocorregut també en la primera resolució rellevant del cas procés.

Els magistrats d'Estrasburg donen suport que tant el Suprem com el Constitucional van considerar “en decisions motivades” que no hi havia cap altra mesura possible que la presó preventiva per evitar els riscos de reiteració delictiva o de fuga dels independentistes.

Les vulneracions de drets que denunciaven Junqueras, Sànchez i Turull versaven sobre la seva elecció com a diputats del Parlament el 2017 i la negativa del jutge a deixar-los sortir de la presó per exercir com a parlamentaris. En el cas dels llavors diputats electes de Junts, a més, la negativa es va estendre a l'assistència al seu debat d'investidura.

En el primer trimestre del 2018, el jutge Llarena va rebutjar treure de la presó Sànchez perquè pogués sotmetre's a la investidura al Parlament. També va denegar deixar lliure Turull per a la seva segona sessió d'investidura després que en la primera no obtingués els suports necessaris per ser president. Entre ambdues sessions, el jutge va processar Turull per rebel·lió i va ordenar el seu ingrés a presó el 23 de març.

Més enllà de remarcar que la presó preventiva va tenir un caràcter “provisional” i que la presó preventiva no va poder resultar “sorprenent” als electors de Junqueras (perquè ja estava empresonat quan es va votar el desembre del 2017), Estrasburg també s'endinsa en valoracions sobre el paper dels jutges en el procés per avalar l'actuació del Suprem.

Recorden els magistrats europeus que els jutges de l'Alt Tribunal van emmarcar l'actuació dels independentistes en “una amenaça per a l'essència mateixa d'un Estat democràtic”, i que els tribunals nacionals van subratllar que l'objectiu dels independentistes “era declarar la secessió d'una part del territori espanyol per mitjans contraris a la llei i prèviament declarats inconstitucionals pel Tribunal Constitucional”.

El Suprem i el Constitucional, conclou el TEDH, “van ponderar els diversos interessos en joc d'una manera que no pot qualificar-se d'arbitrària i sense menyscabar la llibertat d'expressió de l'opinió pública”. L'empresonament dels tres diputats electes, insisteix el tribunal, “no va ser incompatible amb l'essència mateixa del dret a ser elegit i a exercir el mandat parlamentari”.

En el cas de Junqueras, Turull i Sànchez, magistrats progressistes del Constitucional van formular vots particulars en contra de l'opinió majoritària de confirmar la presó preventiva. Els magistrats Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer i Juan Antonio Xiol sí van considerar que el Suprem va vulnerar els drets de participació política de Turull i Sànchez en impedir-los optar a la votació d'investidura.

Per contra, el TEDH, per unanimitat, avala que tant la presó preventiva com les altres mesures que van restringir els drets polítics de Junqueras, Sànchez i Turull “es van basar en el Dret i es van justificar”.

És més, en una rèplica directa a les tesis sobiranistes, Estrasburg conclou que l'objectiu de prevenir la comissió d'actes contraris a l'ordre constitucional (un dels fonaments de la presó preventiva en el cas procés) “no pot considerar-se 'polític' en el sentit que li atorguen els sol·licitants”, aquests són, els independentistes.

El context polític espanyol del 2017 i 2018, postil·la Estrasburg, “no pot, per si sol, provar que la finalitat” de la presó preventiva fos “obstaculitzar” la participació en la vida política de Junqueras, Sànchez i Turull. Tot el contrari: els jutges europeus donen suport que la mesura buscava “garantir la seva compareixença davant la Justícia”.

Estrasburgo respalda al Tribunal Supremo en la causa del procés. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado las primeras demandas de los independentistas contra la actuación del magistrado Pablo Llarena en la investigación de la causa que terminó en una histórica condena por sedición. Los jueces europeos han rechazado que la prisión preventiva vulnerara los derechos políticos de Jordi Sànchez y Jordi Turull (Junts) y Oriol Junqueras (ERC).

En una contundente sentencia contra las tesis soberanistas, el TEDH descarta que la ideología independentista de los políticos fuera “el motivo” de su prisión preventiva. La medida, agregan los togados europeos, no fue “arbitraria ni desproporcionada” al tener en cuenta “la gravedad de los delitos” a los que se enfrentaron los soberanistas en 2017 “y la vulneración de los valores fundamentales del Estado de Derecho que entrañaban” los tipos penales de rebelión y sedición.

A la espera de que el TEDH resuelva la demanda principal de los independentistas contra la causa del Supremo, la resolución de este jueves era la primera en la que Estrasburgo dirimía dos de las grandes controversias del caso procés: la prisión preventiva decretada por el magistrado Pablo Llarena y su incidencia en los derechos políticos de los soberanistas.

La resolución supone un espaldarazo total al Tribunal Supremo y una decepción para los independentistas, que confiaban en que el TEDH acogiera sus denuncias de vulneración de derechos fundamentales que una mayoría de jueces del Supremo y el Constitucional han desestimado.

Tras una etapa en los que las demandas con alto contenido político tenían números para ser estimadas, el TEDH ha elevado en los últimos años su confianza en los tribunales nacionales. Así ha ocurrido también en la primera resolución relevante del caso procés.

Los magistrados de Estrasburgo respaldan que tanto el Supremo como el Constitucional consideraron “en decisiones motivadas” que no había otra medida posible que la prisión preventiva para evitar los riesgos de reiteración delictiva o de fuga de los independentistas.

Las vulneraciones de derechos que denunciaban Junqueras, Sànchez y Turull versaban sobre su elección como diputados del Parlament en 2017 y la negativa del juez a dejarles salir de la cárcel para ejercer como parlamentarios. En el caso de los entonces diputados electos de Junts, además, la negativa se extendió a la asistencia a su debate de investidura.

En el primer trimestre de 2018, el juez Llarena rechazó excarcelar a Sànchez para que pudiera someterse a la investidura en el Parlament. También denegó dejar libre a Turull para su segunda sesión de investidura después de que en la primera no obtuviera los apoyos necesarios para ser president. Entre ambas sesiones, el juez procesó a Turull por rebelión y ordenó su ingreso en prisión el 23 de marzo.

Más allá de remarcar que la prisión preventiva tuvo un carácter “provisional” y que la prisión preventiva no pudo resultar “sorprendente” a los electores de Junqueras (porque ya estaba encarcelado cuando se votó en diciembre de 2017), Estrasburgo también se adentra en valoraciones sobre el papel de los jueces en el procés para avalar la actuación del Supremo.

Recuerdan los magistrados europeos que los jueces del Alto Tribunal enmarcaron la actuación de los independentistas en “una amenaza para la esencia misma de un Estado democrático”, y que los tribunales nacionales subrayaron que el objetivo de los independentistas “era declarar la secesión de una parte del territorio español por medios contrarios a la ley y previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”.

El Supremo y el Constitucional, concluye el TEDH, “ponderaron los diversos intereses en juego de una manera que no puede calificarse de arbitraria y sin menoscabar la libertad de expresión de la opinión pública”. El encarcelamiento de los tres diputados electos, insiste el tribunal, “no fue incompatible con la esencia misma del derecho a ser elegido y a ejercer el mandato parlamentario”.

En el caso de Junqueras, Turull y Sànchez, magistrados progresistas del Constitucional formularon votos particulares en contra de la opinión mayoritaria de confirmar la prisión preventiva. Los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol sí consideraron que el Supremo vulneró los derechos de participación política de Turull y Sànchez al impedirles optar a la votación de investidura.

Por el contrario, el TEDH, por unanimidad, avala que tanto la cárcel preventiva como las demás medidas que restringieron los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull “se basaron en el Derecho y se justificaron”.

Es más, en una réplica directa a las tesis soberanistas, Estrasburgo concluye que el objetivo de prevenir la comisión de actos contrarios al orden constitucional (uno de los fundamentos de la prisión preventiva en el caso procés) “no puede considerarse 'político' en el sentido que le otorgan los solicitantes”, estos son, los independentistas.

El contexto político español de 2017 y 2018, apostilla Estrasburgo, “no puede, por sí solo, probar que la finalidad” de la prisión preventiva fuera “obstaculizar” la participación en la vida política de Junqueras, Sànchez y Turull. Todo lo contrario: los jueces europeos respaldan que la medida buscaba “garantizar su comparecencia ante la Justicia”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado este sábado a sus alcaldes a estar “preparados” y dar su “mejor versión” ante “los momentos complicados” que vendrán, pero sin hacer alusión expresa a la posibilidad de que su partido deje caer al Gobierno de Pedro Sánchez.

Junts ha celebrado este sábado una convención municipalista en Barcelona a 48 horas de que la dirección del partido decida si rompe con el bloque de la investidura y somete su decisión a la militancia, mientras el Gobierno hace esfuerzos de última hora, como la reactivación del reconocimiento del catalán en la UE, para evitar la ruptura.

Más allá de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, otros asuntos pendientes con Junts son la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, y la delegación de las competencias de inmigración a Catalunya, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo entre otros de Podemos.

El “bloqueo” en el Congreso de los Diputados de la iniciativa legislativa para frenar la multirreincidencia es uno de los “incumplimientos” que figuran en la lista de Junts, al que este sábado Turull ha hecho referencia, poniendo el valor el papel de los alcaldes a la hora de situar el tema, así como en las “ocupaciones delincuenciales” o el “fraude” en el padrón municipal.

“Son temas que JxCat ha puesto en la agenda a nivel nacional y estatal. Se ha hecho con valentía, rigor y sin tópicos. Ahora hay muchos alcaldes de otras formaciones, de estas que nos pusieron tantas etiquetas, que os vienen a dar la razón”, ha señalado Turull, informa EFE.

Aunque todavía falta más de un año para las elecciones municipales, Turull ha reivindicado a Junts como el partido de la “centralidad” ante los que quieren “anestesiar” o “incendiar” Catalunya, en una alusión velada al PSC y a Aliança Catalana.

Por ello, ha antepuesto las “acciones” y las “soluciones” ante tanto “griterío”. “Vienen momentos complicados y habrá que dar lo mejor de nosotros. Pero estoy seguro de que estaremos a la altura, como siempre, a la altura de estar al servicio de lo que el país se merece”, ha resuelto.

Este fin de semana se producirán las primeras reuniones, más restringidas, y el lunes será cuando la ejecutiva de Junts se encerrará en un 'coworking' de Perpinyán para decidir cuál es la estrategia a seguir a partir de ahora. Las voces partidarias de romper con el PSOE han ido en aumento pero eso no implicaría encumbrar a Feijóo, al que acusan de bloquear avances en ámbitos como el catalán en Europa.

¿Esta vez va en serio?

Es la pregunta más repetida en los últimos días tras el juego de palabra que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, utilizó el miércoles para anunciar que para su partido ha llegado “la hora del cambio”. La respuesta es que sí o, para ser más precisos, el partido de Puigdemont va mucho más en serio que todas las anteriores ocasiones. Fuentes del partido señalan que el PSOE solo se mueve cuando nota que se acerca “al abismo” y que esta vez está más cerca que en las anteriores. La cuestión es qué les puede ofrecer ahora para rebajar un malestar que es bastante transversal porque es compartido tanto por miembros de la dirección como diputados y cargos municipales.

¿Qué consecuencias puede tener en su maltrecha relación con el PSOE?

Los partidarios de romper, que cada vez son más, consideran que hay que borrarse definitivamente del bloque que apoyó a Pedro Sánchez en su investidura. Los posconvergentes insistieron desde el principio que no querían formar parte de ese grupo, que ellos comían aparte y es lo que han intentado toda la legislatura. Pero a medida que Sánchez ha ido mirando a su izquierda, ya fuese en su apoyo a Palestina o la reducción de la jornada laboral, la distancia ha ido aumentando. Sánchez cada vez más busca atraer votantes de Sumar y Podemos mientras Junts intenta frenar la fuga de los suyos hacia Aliança Catalana.

Junts acusa al Gobierno de bloquear la ley sobre multirreincidencia que registraron el año pasado y que el Congreso tomó en consideración en mayo de 2024, con los votos de la derecha, del PSOE y de otros partidos del bloque de investidura como ERC. Sumar y el resto de grupos de izquierda rechazan el texto por considerar que avala los discursos racistas. Eso, sumado al fiasco del traspaso de competencias en inmigración, es algo que ha alimentado aún más el malestar. Para el partido de Puigdemont y más concretamente para sus alcaldes todo lo que esté vinculado a multirreincidencia es prioritario porque consideran que la única manera que tienen de combatir el discurso xenófobo de Silvia Orriols y los suyos es endureciendo su posición. Es algo que han trasladado tanto al expresident, la última vez hace solo unos días en Waterloo, como en reuniones con Jordi Turull. 

Tampoco hay que olvidar que muchos en el partido de Puigdemont defienden que, para remediar la pérdida de visibilidad en la política interna de Catalunya, Junts debería lograr acuerdos con el Govern de Salvador Illa. De hecho, la formación intentó este mes que el PSC aprobara varias de sus propuestas en el Parlament como un primer acercamiento antes de valorar la opción de sentarse a negociar los presupuestos. Pero ese primer intento quedó en nada porque no se entendieron y el Govern prefirió priorizar a sus socios tradicionales de ERC y Comuns.

¿Junts apoyaría una moción de censura del PP?

Esta es la pregunta del millón y que depende de Puigdemont pero no solo de él puesto que aquí entra Alberto Núñez Feijóo en la ecuación. Junts siempre había dicho que no haría caer al Gobierno para que fuese el PP quien ocupase su lugar. Públicamente solo un dirigente de peso, Antoni Castellà, ha especulado (y tampoco con especial convicción) con la posibilidad de apoyar una moción ‘instrumental’, esto es, forzarla solo con la condición de que el PP convocase inmediatamente elecciones. No parece que, a fecha de hoy, esa sea una opción mayoritaria en el partido, por más enfado que exista con el PSOE. Además, tampoco está claro que Feijóo estuviese dispuesto a jugar esa carta. 

¿Cómo influye el ‘factor Puigdemont’?

Al igual que pasó cuando se consultó a la militancia sobre la salida del Govern de Aragonès o sobre apoyar la investidura de Sánchez, el pulgar del expresident condiciona y mucho la decisión de la dirección y la de la militancia puesto que la pregunta se formula ya con intención. 

El expresident afronta la decisión sobre cómo enfocar lo que queda de legislatura sin que el arreglo de su situación personal vía ley de amnistía (lo que motivó el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez) esté solventado. Tras las caóticas negociaciones políticas, el rechazo del Supremo a amnistiar a Puigdemont le ha obligado a pedir amparo al Constitucional y esperar a que el tribunal de garantías corrija al alto tribunal.

A principios de octubre, el Constitucional admitió a trámite el recurso con el que Puigdemont pide que se amnistíe el delito de malversación por el que sigue en búsqueda y captura y que, en la práctica, le impide volver a España sin arriesgarse a ser detenido. La admisión a trámite se demoró unas semanas porque, antes, Puigdemont había recusado a tres magistrados conservadores.

El expresident ha pedido que, como medida cautelar mientras se resuelve el recurso sobre su amnistía, se suspenda su orden de ingreso en prisión en España. El Constitucional todavía tiene que resolver esta petición (a la que la Fiscalía se ha opuesto), aunque es infrecuente que el Constitucional acuerde una medida cautelar antes de abordar el fondo de un recurso. 

Lo más plausible es que Puigdemont no conozca si el Constitucional despeja su camino para volver a España hasta la sentencia de su caso, que todavía tardará unas semanas y se espera para el próximo invierno. En suma, la sentencia de Junts a la legislatura puede llegar antes que la sentencia sobre la amnistía a su principal beneficiario.

¿Qué pasará con la mesa de negociación?

Una de las opciones que se está debatiendo es la de finiquitar la mesa de negociación que se ha ido reuniendo periódicamente en Suiza y en algunas ocasiones también en Bruselas. En la última, celebrada en Zúrich, se constató que lo que siempre han sido dificultades para llegar a acuerdos ahora se antojan obstáculos insalvables.  

Con la entrada en prisión de Santos Cerdán, Junts perdió a su mejor aliado. La relación que habían tejido con Turull era prácticamente de amistad. Los independentistas se quejaban de que los acuerdos que alcanzaban con el entonces secretario de organización del PSOE quedaban después empantanados en los ministerios. Es algo que, según los independentistas, no se ha resuelto después, cuando el principal interlocutor es el expresidente Zapatero, que ya antes estuvo en más de uno de los encuentros bilaterales, ahora junto a Juanfran Serrano, mano derecha de Cerdán.

Una de las carpetas que se arrastra desde hace más tiempo es la de la oficialidad del catalán en Europa. Junts ha reconocido públicamente los esfuerzos del Gobierno y en especial del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para convencer al resto de estados y ha criticado duramente al PP por boicotear cualquier tipo de avance. De hecho, es uno de los ejemplos que citan para descartar el apoyo a una moción de censura de Feijóo.

El estado más reticente a que el catalán tenga un mayor reconocimiento es Alemania y, para alegría del PSOE, el canciller Merz ha aceptado “abrir un diálogo” para ver si es posible. No es garantía de nada pero al menos ya no lo bloquea. Es un paso aunque no se sabe cómo acabará. Este es un tema del que Puigdemont ha hecho bandera pero que a los alcaldes de Junts no les parece ni lo más urgente ni lo que les permitirá recuperar los votos que están perdiendo. Y el primer examen electoral, si Sánchez no adelanta las generales, es el suyo. 

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este domingo que sus “reproches” en torno a la financiación autonómica no iban contra Andalucía, sino contra el Estado, “que tiene un sistema de financiación que lo que hace es expoliar Catalunya”, informa EFE.

Turull, que encabeza una delegación de Junts que ha acudido a Vitoria para participar en la fiesta del Alderdi Eguna (Día del partido) del PNV, se ha referido a la polémica suscitada tras sus declaraciones en las que acusó a la Junta de Andalucía de fomentar deducciones fiscales, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, “con el dinero de los catalanes”.

Estas palabras fueron respondidas por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, quien criticó a Junts que presente a Andalucía como tierra de subsidios para alimentar el ataque entre territorios y ha defendido lo público como la forma de avanzar con igualdad.

Además de mostrar su “respeto y aprecio” hacia Andalucía y su Junta, Turull ha insistido en que su reproche es al Estado, que mantiene un sistema que hace que cada año 22.000 millones de euros “de los catalanes se van y no vuelven”.

Tras preguntarse “cómo es que hay muchos servicios básicos” de los catalanes a los que no se puede “dar respuesta”, el dirigente de Junts ha reclamado que “no digan que tener un perro, tener un gato o ir al gimnasio es un ámbito de la solidaridad”.

“La señora Montero lo que tendría que hacer es, de una vez por todas, cambiar esta injusticia desde el Estado” y ha considerado que en Cataluña “hay un amplio consenso” en torno a que “no se puede seguir con este sistema de financiación”.

Turull se ha referido a las relaciones con el PNV y ha dicho que ambos partidos comparten “mucho más” de lo que les separa. “Nos reconocemos en nuestras naciones”, ha afirmado.

“Tenemos una relación de complicidad, desde el respeto a los ritmos, a los que quieran decidir cada una de las naciones; nos sentimos respetados en nuestras decisiones y propuestas por el PNV y nosotros también siempre les damos apoyo”, ha recalcado.

En este sentido, ha negado que el PNV haya intercedido para que Junts mantenga su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. “Cada uno tiene sus propias dinámicas y sus propias realidades y necesidades en cada una de las naciones”.

“Ni nosotros le pedimos y no le pediremos nunca al PNV lo que tiene que hacer en cuanto a la gobernabilidad del Estado, ni ellos nos han pedido nada al respecto”, ha zanjado.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado este viernes contra las últimas deducciones fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de poderse permitir la medida debido a la aportación que hace Catalunya dentro del actual modelo de financiación. Turull ha arremetido contra las “subvenciones” que, a su juicio, Andalucía promueve a los gimnasios y a las mascotas “con el dinero de los catalanes”. “Es la perversión número uno”, ha apostillado.

“Aquí a mucha gente de clase media y trabajadora, que financia el Estado del Bienestar, no le podemos dar beca de comedor, o la ley de la dependencia”, ha argumentado el dirigente independentista, para criticar las exenciones fiscales en Andalucía. Tras sus palabras, desde Junts han aclarado que se refiere solo a esas deducciones, que consideran que son políticas que Catalunya no puede pemitirse por culpa del llamado “déficit fiscal”.

Sobre las deducciones andaluzas, lo que ha anunciado concretamente la Junta es, por un lado, que se podrán deducir hasta 100 euros de la cuota del gimnasio en la declaración del IRPF. Del otro, una deducción de los gastos veterinarios de las mascotas durante los primeros años de convivencia. 

Turull ha sacado a colación su demanda de mejorar la financiación para Catalunya para hacer frente también al aumento de la población extranjera. “Se nos están colapsando muchos servicios, porque el cuerpo ha crecido pero el traje es el mismo. ¿Por qué cree que tenemos tanta discusión con el sistema de financiación?”, ha expresado Turull durante la entrevista en Cafè d’Idees de RTVE. 

“Exigimos respeto a Turull”

La reacción del Gobierno de Juan Manuel Moreno no ha tardado. Su portavoz y consejera de Hacienda, Carolina España, ha enviado un mensaje grabado a los medios en los que carga duramente contra Turull y, de paso, contra la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

“Desde el Gobierno andaluz exigimos respeto al señor Turull. Ya está bien de que nos miren por encima del hombro, de que nos traten como si fuéramos inferiores y de que nos quiten la autoestima. Lo que está pasando es que Cataluña nos ve como una amenaza”, ha dicho la consejera andaluza, que ha demandado al dirigente de Junts que “si es tan independentista, debería respetar la autonomía de Andalucía y el derecho a gestionar nuestros recursos como queramos”. España, además, ha exigido a Montero que “pida una disculpa pública a Turull como vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y andaluza”. “No debe dejar pasar esto por alto”, ha sentenciado.

Continúa la digestión en Junts del fracaso de uno de sus proyectos estrella, la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha acusado de “catalanofobia” al exlíder de Podemos Pablo Iglesias, por el voto en contra de la formación al proyecto acordado entre PSOE y Junts. “No tiene ni idea de lo que es Catalunya”, ha apostillado Turull sobre el exvicepresidente del Gobierno.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Turull ha empleado un tono muy duro contra Podemos, cuyos votos en contra fueron decisivos para enterrar la delegación de competencias en inmigración y provocar otra derrota al Gobierno. La continuidad del apoyo de Junts al Ejecutivo se resolverá antes de fin de año.

El proyecto de delegación de competencias (de difícil puesta en marcha, pues en la práctica la última palabra en varios asuntos como expulsiones la seguiría teniendo el Estado) era una de las banderas de la legislatura de Junts, partido con todas las alarmas encendidas ante el avance de la extrema derecha independentista Aliança Catalana.

Turull ha cargado contra Iglesias después de que el exlíder de Podemos lamentara en TV3 que ERC “tragara toda esta mierda de Junts y el pujolismo”, en referencia a declaraciones de dirigentes neoconvergentes y al mismo texto de la proposición de ley, que abogaba por “derechos inclusivos”, pero también “deberes claros” para los migrantes, a los que reclamaba un “compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad”.

“Pablo Iglesias ha mostrado siempre un absoluto desconocimiento de Catalunya”, ha arrancado Turull, para a renglón seguido sacar de la hemeroteca intervenciones del exlíder de Podemos cuando acudía a la comunidad a hacer campaña y se refería al origen extremeño o andaluz de varios catalanes.

“Catalunya es un solo pueblo y esto lo hemos llevado siempre en el frontispicio, Pablo Iglesias no tiene ni idea de lo que es Catalunya”, ha ahondado Turull, que ha reprochado a Podemos el “recurso al insulto y la mentira”. “En vez de rectificar, aceleran hacia las rocas”, ha agregado.

A juicio del secretario general de Junts, Podemos ha votado en contra de la delegación de competencias “por catalanofobia”. “¿Por qué la migración la puede gestionar el PSOE y no el PSC en Catalunya? ¿La puede gestionar la Guardia Civil pero no los Mossos?”, ha enfatizado Turull.

También ha tenido Turull palabras duras contra la actual líder de Podemos, Ione Belarra: “Cuando era ministra ocurrió la desgracia de la valla de Melilla y miró hacia otro lado para mantener la silla”.

Menos contundencia ha empleado Turull para referirse a la extrema derecha independentista. Ante las encuestas que apuntan a un trasvase de voto de Junts hacia la formación ultra, el dirigente de Junts ha rechazado “hablar de otras fuerzas”, y se ha limitado a criticar que “la lógica” de Aliança sea “avivar el problema, el griterío y el eslogan”.

“Hay mucha gente cabreada y que toma decisiones desde el estómago, pero en Junts queremos ponerle corazón y cabeza y aportar soluciones”, ha defendido Turull, quien no obstante se ha referido a la izquierda en términos despectivos que habitualmente emplea la extrema derecha: “Me importa tres pepinos el postureo pijoprogre”.

Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, ha avisado esta mañana, en la apertura del Consell Nacional de la formación en Figueres, que vienen “tiempos inciertos” en referencia a la política estatal, y más concretamente ha vislumbrado un nuevo ciclo político “que puede empezar por las decisiones que sí que tendremos que tomar en breve”, en referencia implícita al apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.

“Debemos estar preparados”, ha avisado Turull a los suyos, pues considera que “será un ciclo, y os lo puedo asegurar, donde el independentismo y sobre todo Junts per Catalunya seremos motivo de muchas y muchas presiones”. “Estaremos sometidos a una brutal prueba de resistencia en nuestro país”, ha reiterado. Minutos antes había dicho en tono enigmático que “hay gente que quiere el poder por el poder, que es capaz de pactar con quien haga falta”.

Y seguidamente ha puesto como ejemplo de la situación de “un ciudadano de Barcelona” para atacar la verticalidad del poder socialista sobre los catalanes, en referencia al Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno español. “No hay presupuesto en su ciudad; no hay presupuesto en su nación; no hay presupuesto en el estado en el que vive”, ha sentenciado. “Por el momento no hay presupuesto, no hay proyecto de país y es la utilización del poder por el poder”, ha reiterado.

Podemos y las competencias de inmigración

Turull ha cargado poco después contra el más que previsible voto en contra de Podemos a la propuesta de Junts de Ley para la Delegación Integral de competencias en inmigración, que se vota la próxima semana. El secretario general de la formación independentista ha tildando a los morados de “anticatalanistas” e “ignorantes”. Se trata según Turull de “una ley de herramientas de instrumentos para hacer frente al reto migratorio de nuestro país”. “No es una ley de políticas de inmigración que se discute en Madrid: esta la queremos hacer desde el Parlament de Catalunya” ha recalcado.

“Es una ley que puede darnos las herramientas de estado para hacer frente a uno de los mayores retos que tiene planteada nuestra sociedad y quizás por eso hay partidos que votarán en contra y algunos sorprendentemente en contra”, ha dicho en referencia a Podemos. “Porque si algo demuestra el debate sobre este traspaso de competencias en inmigración es que la catalanofobia es algo transversal en el panorama político español”, ha proseguido para inmediatamente señalar a Podemos: “Estamos acostumbrados a lo que dice el PP y lo que dice Vox, pero mirad lo que nos dicen en Podemos, nos llegan a llamar racistas, un calificativo que ni las peores alcantarillas del Estado se atrevió a decir”. Y ha concluido: “No es una cuestión de racismo, es una cuestión de anticatalanismo de ellos.”

“No es una cuestión de traspasos”, ha insistido el político catalán, “es una cuestión, al final, como siempre, de quien pide los traspasos y desde dónde nos piden los traspasos”. “O no se han leído la ley o no conocen a Catalunya o no conocen los valores de siempre, del catalanismo político o son todas las cosas a la vez”, ha remachado para finalmente prever que en la votación “se activará lo de 'antes roja que rota' [en referencia a España] para garantizar 'el atado y bien atado'”. Y ha cerrado: “Los de Podemos comparten el modelo territorial con Vox y el Partido Popular”.

La bicefalia del PNV, ahora encarnada por Aitor Esteban en Sabin Etxea e Imanol Pradales en Ajuria Enea, se ha multiplicado este 11 de septiembre con el primero en Barcelona con motivo de la Diada nacional catalana y el segundo en Canarias con su homólogo Fernando Clavijo. Los nacionalistas vascos miman sus relaciones con Coalición Canaria (CC), partido amigo históricamente del PNV y con el que comparten espacio en Europa, y a la vez buscan seguir recuperando la cercanía perdida con Junts tras el 'procés', en el que la anterior bicefalia, la de Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu, medió entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy para evitar la declaración unilateral de independencia y el 155.

Tras la desaparición de CiU, el PNV ha estado más próximo al sector posconvergente más moderado, el que en su momento se articuló en torno al PDeCAT. Los sucesos de 2017 supusieron un punto de no retorno con Puigdemont que se tradujo en la ruptura de la coalición europea mantenida históricamente ya en 2019 y de nuevo en 2024. Los 'jeltzales' nunca han dejado de participar en la Diada -como a la inversa el PNV siempre recibe invitados catalanes en sus actos principales, como el Alderdi Eguna-, pero sí es cierto que hay que viajar en el tiempo a 2019 para ver el último año con un líder del partido en Barcelona un 11 de septiembre.

En 2024, el mismo Esteban fue el enviado, pero entonces como diputado en el Congreso. Ahora ha optado por asistir en primera persona como presidente y de la mano de Junts. Ha ido acompañado de un dirigente con gran peso en la nueva etapa, Joseba Díez Antxustegi, también portavoz parlamentario. Ortuzar, antes de dejar el cargo, ya había recompuesto los puentes, eso sí. El mismo día en que estalló la noticia de que Urkullu no iba a seguir con el lehendakari él se encontraba reunido con Jordi Turull y, después, viajó a Bélgica para estar con Puigdemont. En todo momento tuvo la asistencia de Joseba Aurrekoetxea.

“Queremos mostrar nuestro respeto al pueblo de Catalunya y recordar la defensa de la soberanía de Euskadi y Catalunya. Buena Diada nacional de Catalunya a todo el mundo”, ha escrito el PNV en euskera y catalán con motivo de la visita. Esteban y Díez Antxustegi aparecen en muchas fotografías hechas públicas por Junts muy cerca de sus máximos dirigentes, encabezados por Turull. “Es importante estar aquí. Pese a que las particularidades concretas de la vida política de Euskadi y Catalunya son diferentes, nos enfrentamos a problemas comunes y defendemos nuestra soberanía. Dentro de esos problemas comunes, nos toca darnos cuenta de que también nos está afectando toda la situación mundial y el contexto europeo. Nos va a tocar poner mucha atención a cómo se va a desarrollar ese nuevo orden europeo. Para que Europa no sea intrascendente se va a ver obligada a reforzarse, y ahí la nación vasca y la catalana tienen que buscar un hueco. Creo que tenemos que poner tanta o más atención al nuevo contexto europeo que al que hay en el Estado español. El PNV se siente en Catalunya como en casa”, ha dicho a los medios de comunicación Esteban en la capital catalana. El encuentro se ha producido después de la votación en el Congreso en la que el PNV secundó la reducción de la jornada laboral propuesta por Yolanda Díaz, a diferencia de Junts.

“Felicidades, Catalunya. Nación hermana de la nación vasca, tierra de acogida, pueblo cosmopolita con fuertes raíces e identidad propia. Visca Catalunya!”, ha publicado en X el propio Pradales. Pero él lo ha hecho desde Canarias, donde se encuentra de viaje oficial. El PNV tiene aún más vínculos con CC que con Junts y, de hecho, esta alianza le ha salvado el escaño europeo en 2019 y 2024 ante la ruptura con el nacionalismo catalán. CC gobierna en coalición con el PP en el archipiélago y defendió el 155 para Catalunya tras el 'procés'.

En el año y pocos meses que Pradales lleva al frente del Gobierno vasco ya ha mantenido varios encuentros con Clavijo. Han compartido las conferencias de presidentes de Santander y de Barcelona, pero el líder canario estuvo también en Vitoria, al igual que otros cargos de su equipo. Euskadi y Canarias comparten una línea conjunta sobre migración y de reclamación al Estado de cambios en esa materia, por ejemplo. De hecho, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, está también en la delegación en Canarias.

Ambas comunidades buscan extender esa visión común a otras áreas interrelacionadas. Por ejemplo, la alianza que han cerrado en Tenerife sobre I+D+i, empleo y formación este jueves tiene mucho que ver con ello. “Este protocolo permitirá a Euskadi beneficiarse de aprendizajes desarrollados por la comunidad canaria, como el del proyecto ‘Tierra Firme’, de formación en origen en cooperación con países de África Occidental, centrado en la formación profesional, el empleo y la migración regular. En Euskadi tenemos ya un déficit de trabajadores debido al envejecimiento de la población. A su vez, están llegando personas migrantes que muchas veces no se ajustan a las cualificaciones y perfiles que demanda nuestro tejido empresarial. Tenemos que gestionar esta realidad. Y creemos que ‘Tierra Firme’, con el conocimiento en formación profesional en origen que conlleva, puede ser una referencia muy importante para que también nosotros empecemos a desarrollar experiencias similares”, ha dicho en las islas Pradales, que ya tuvo un encontronazo con sus socios del PSE-EE al dar a entender en un foro con el presidente gallego del PP Alfonso Rueda que Euskadi no recibía la migración que necesitaba. En el viaje, Pradales tendrá también la oportunidad de conocer el barco de rescate Open Arms. Será este viernes.

Ambos Gobiernos, vasco y canario, entienden que ofrecen una forma de hacer política diferente (y mejor) que la que se ve en Madrid. “Política basada en el diálogo, la colaboración, y la búsqueda permanente del bien común, por encima del ruido, la bronca y la polarización. Nos separan miles de kilómetros, o de millas náuticas si lo prefieren. Pero nos une una forma de entender la política”, ha manifestado Pradales en un comentario repetido después por el portavoz canario, Alfonso Cabello, en Radio Club Tenerife, la emisora local de la Cadena Ser. “Es una gozada y hay buena sintonía. Ambos Gobiernos, en este momento, están intentando alejarse del ruido político. Modo canario o vasco. Política útil”, ha señalado el dirigente de CC.

Nadie ha sido más importante para la buena marcha de las relaciones entre el PSOE y Junts que Santos Cerdán. Junto a Jordi Turull desde la orilla independentista, el ya exsecretario de organización fue el hombre que muñó el acuerdo de investidura en otoño de 2023 y, desde entonces, en enlace constante entre el Gobierno y la formación de Carles Puigdemont. Por eso la caída de Cerdán por su implicación en las grabaciones sobre la trama de corrupción que envuelve a Koldo García inquieta especialmente a Junts.

Con la salida de Cerdán del partido, tanto los independentistas como el Gobierno pierden a un interlocutor que era considerado clave y que sostenía –y a veces remendaba– el frágil hilo de confianza entre Waterloo y la Moncloa que mantiene el pulso de la legislatura.

El pasado jueves por la mañana, cuando el contenido de las conversaciones entre Cerdán, Koldo y José Luís Ábalos aún no había salido a la luz de forma íntegra, Jordi Turull evitó hacer escarnio de un hombre con el que ha tenido una relación muy fluida. Pidió esperar a tener las explicaciones del implicado y defendió la presunción de inocencia del número tres socialista.

Por la tarde, y después de ver la contundencia de los audios recogidos por la Guardia Civil y la comparecencia en la que el presidente, Pedro Sánchez, pedía perdón por haber confiado en Cerdán, Junts cambió el guion.

En un escueto comunicado, la formación de Puigdemont solicitaba a los socialistas una reunión “urgente” con su secretario general Jordi Turull y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. Lo hacía después de conocer que Sánchez tenía previsto acabar la legislatura. En la formación independentista manifiestan dudas de si, para el Gobierno, el pacto de la investidura que firmó con ellos sigue teniendo recorrido y cómo piensa Sánchez encarar los dos años que le quedarían hasta las elecciones.

También necesita Junts, con cierta urgencia, un nuevo Cerdán, es decir, un interlocutor que combine las características que tenía el navarro: mando en el partido socialista, acceso al núcleo duro de Sánchez y confianza por parte de Puigdemont y Turull. Una confianza que no se desarrolla en dos días.

Los contactos de Turull y Cerdán

Las buenas relaciones entre Turull y Cerdán se iniciaron a mediados de 2023. Carles Puigdemont tenía interés en abrir una vía de contacto con el Gobierno y el entonces presidente de la dirección del PNV, Andoni Ortuzar, que mantenía contacto frecuente tanto con el secretario general de Junts como con el socialista navarro, hizo de mediador.

Cerdán ya era un hombre muy acostumbrado a tratar con los nacionalistas. Formaba parte de la familia del Partido Socialista de Navarra que, a partir de 2014, desprecintó los pactos con Geroa Bai e incluso con Bildu, tabú durante años para el socialismo foral. Como secretario de organización del PSOE, mantenía interlocución muy fluida con líderes del PNV y de la izquierda abertzale.

Por eso el contacto con Turull fue natural y los dos hombres se entendieron. Cuando tras los comicios de julio de 2023 Junts tuvo la llave de la investidura de Sánchez, las conversaciones no comenzaron de cero, porque los principales negociadores ya se conocían. El pacto avanzaba pero Junts reclamaba un gesto del PSOE para homologar a Puigdemont como un actor político respetable. Fue así como se cocinó la famosa fotografía de Cerdán con el líder de Junts en Bruselas, bajo una gran instantánea del 1-O.

Desde entonces, la relación con Cerdán ha sido muy fluida, según reconocen los independentistas. De hecho, en la negociación que PSOE y Junts mantienen en Suiza, con reuniones mensuales, el número tres siempre era un fijo, aunque a veces llegase acompañado de otras personas.

Cerdán también ha sido, como ha trascendido en ocasiones anteriores, uno de los hombres que se ha dedicado a apagar cada uno de los incendios surgidos entre Puigdemont y Sánchez. El último ocurrió en diciembre del año pasado, cuando el expresident consideró que los socialistas estaban dilatando el cumplimiento de los acuerdos para ganar tiempo. Puigdemont pidió a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza y las réplicas de aquel terremoto continuaron durante meses.

Junts, según explicaron fuentes del partido entonces, generó aquella crisis “pese a Cerdán” ya que, según indicaban los independentistas, las negociaciones con el secretario de organización fluían y eran satisfactorias. La formación exconvergente no se quejaba del interlocutor, sino de que los acuerdos que se alcanzaban en la mesa suiza acababan siendo bloqueados en los ministerios.

Finalmente aquella tormenta entre Junts y el PSOE pasó. Se cerró tras largas conversaciones y nuevos compromisos verbales pero, sobre todo, se acabó poniendo el sello con la delegación de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Era uno de los grandes empeños de Puigdemont y, su encaje entre los ministerios, uno de los retos a los que más se dedicó el político nacido en Milagro, en plena huerta navarra.

Tanto en público como en privado, Junts siempre ha tenido buenas palabras para Cerdán. Por eso, una vez el escándalo de corrupción se ha llevado por delante al hombre que los de Turull veían como puente, una de las grandes incógnitas es quien será el nuevo enviado de Sánchez para gestionar una de las alianzas más delicadas de todas las que el Gobierno necesita para continuar.

“Difícilmente podremos dar apoyo”. Es el aviso que ha lanzado el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, en un artículo en elDiario.es al respecto del aval de su partido al inicio de la tramitación en el Congreso de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. El dirigente soberanista ha reclamado debatir sobre una bajada de impuestos a las pequeñas y medianas empresas o los “agravios” que, a su juicio, sufren los trabajadores catalanes.

La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media ya está en el Congreso de los Diputados. La medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha arrancado su camino parlamentario después de una tortuosa negociación en el seno del Gobierno, pero no tiene los apoyos necesarios para salir adelante.

La norma cuenta con el respaldo de los partidos de izquierda, incluido el PSOE, pero choca con el socio de investidura que más quebraderos de cabeza ha traído al Ejecutivo desde el inicio de la legislatura: Junts ya ha anunciado una enmienda a la totalidad. El “difícil” apoyo de Junts a la medida, ha explicado Turull, no se basa en que su partido esté “políticamente en contra” de la reducción de jornada, sino porque su formación rechaza “medidas de parte que pongan en riesgo la ocupación de calidad”.

“No es buena opción imponer ideológicamente las 37 horas y media porque comportará serias consecuencias, algunas en el terreno económico”, alerta Turull, en unos planteamientos que se sitúan en la línea de los expresados por dirigentes patronales catalanes como el líder de la Pimec, Antoni Cañete.

En un tono duro contra la vicepresidenta, el número dos de Junts considera “torpe” la gestión del Gobierno, y en especial de Díaz, a la que acusa de haber convertido las 37 horas y media “más en un lema de campaña que en una propuesta seria” y reclama que vuelva “al diálogo social” para negociar la medida.

“Los sindicatos y las patronales han sabido reducir a mínimos la conflictividad laboral a través de la negociación colectiva. Por eso es aún más difícil de entender que en un caso tan trascendente no pueda ocurrir lo mismo”, sostiene Turull.

El secretario general de Junts reclama una negociación sobre “los verdaderos retos del mundo del trabajo y la empresa”, que, agrega, son la creación de empleo estable y de calidad, el incremento salarial, el aumento de la productividad, la modernización de las empresas y la protección de los emprendedores.

Además, Turull reclama a Díaz debatir estos retos en “declinación catalana”. Los trabajadores y trabajadoras de Catalunya, denuncia el secretario general de Junts, “pierden poder adquisitivo porque el salario mínimo en España no contempla las diferencias territoriales del precio de la vida”.

“Abramos este debate con coraje y abordemos este agravio que penaliza a los catalanes. Abrámoslo también desde la perspectiva de su impacto sobre la actualización según el IPC catalán de los salarios y, por tanto, de las pensiones. Y abramos al mismo tiempo el debate sobre la desproporcionada presión fiscal que al mismo tiempo sufren las pequeñas y medianas empresas en Catalunya”, agrega Turull en su artículo.

Tras una semana en que Junts ha constatado su lejanía del PP de Feijóo debido a las presiones del líder conservador en contra de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE, Turull ha insistido en presentar a Junts como un actor con autonomía fuera de la mayoría de izquierdas que arropa al Gobierno. Así lo vienen haciendo los de Carles Puigdemont desde su apoyo a la investidura de Sánchez en 2023.

“No nos busquen en uno de los bandos porque nuestro bando es Catalunya. Aquí nos encontrarán siempre”, remacha Turull. Y, además, con disposición a negociar.

Las reacciones políticas y empresariales se han sucedido este viernes después de que, a última hora del miércoles, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) diera su visto bueno a la OPA del BBVA al Sabadell, una operación que ahora está pendiente de ser aprobada en el Consejo de Ministros.

El secretario general de Junts, de cuyos votos depende la mayoría del Ejecutivo en el Congreso, ha asegurado que los suyos se “oponen sin matices, del todo” a la OPA y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que no autorice la operación en cuanto llegue a sus manos.

Turull ha aprovechado esta comparecencia ante la prensa para defender la labor realizada por Pere Soler, un consejero propuesto por Junts que votó a favor de la OPA en la CNMC. Un movimiento que generó bastante polémica, teniendo en cuenta la oposición de su partido a la operación. Consideran que el movimiento tiene que incluir un tratamiento especial para las pequeñas y medianas empresas de Catalunya y Baleares, siendo ese uno de los focos de negocio del Sabadell y lo que más preocupación ha levantado entre el empresariado y la clase política.

Pero según el secretario general de Junts, el papel de Soler (que fue director general de los Mossos cuando se celebró el referéndum del 1 de octubre) en la CNMC está alineado con la postura del partido. Asegura que el consejero introdujo unas modificaciones en el texto general que “dejaban clara la especificidad de Catalunya”, lo que daba “fundamento jurídico” y “ampara legal” al Consejo de Ministros para oponerse a la OPA.

Turull ha sostenido que “Catalunya no puede perder ni un banco más” y ha considerado que ahora “es el momento de la política”, recordando a Pedro Sánchez que la ley le permite no autorizar la operación. Por su parte, este viernes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha insistido en que el Gobierno “siempre va a defender el interés general” ante la OPA, aunque ha remarcado que quiere mostrar “mucha prudencia” y no puede adelantar medidas al respecto.

Por otro lado, el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha afirmado que ve “elevada” la predisposición del Gobierno de para denegar la OPA. “Soy de los que cree que esta operación sería muy mala para Catalunya”, ha zanjado en una entrevista en TV3.

Desde la patronal Cecot se ha advertido de que la OPA puede debilitar la capacidad de muchas empresas para negociar condiciones, diversificar riesgos y mantener relaciones bancarias estables, mientras que CCOO de Catalunya ha alertado este viernes de que existe una “alta probabilidad” de nuevos cierres de oficinas bancarias si la compra sale adelante.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este sábado que el PSOE ha aceptado la reunión urgente en Suiza, con presencia del mediador internacional, que exigió este viernes el expresident Carles Puigdemont para negociar cualquier nuevo proyecto legislativo del Gobierno.

En una atención a los medios desde la Feria de la Oliva Virgen Extra de Catalunya, Turull ha indicado que ya están “encajando agendas” tanto con el PSOE como con los mediadores internacionales para que la reunión se pueda celebrar pronto, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La reunión en Suiza con la presencia del mediador internacional se cerrará en los próximos días y no tardará en celebrarse, tal y como ha explicado elDiario.es. En el encuentro Junts volverá a exigir al PSOE avances decisivos en los compromisos pendientes. El principal, la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y a otros dirigentes, está en manos de la Justicia y no del Gobierno, si bien hay otras negociaciones en marcha.

La más avanzada es la de la delegación de competencias en la gestión migratoria a la Generalitat de Catalunya. Aunque hace un mes estuvo a punto de concretarse el acuerdo entre los independentistas catalanes y el ministerio de Migraciones de Elma Sáiz, un escollo impidió el pacto final: la demanda de Junts de incluir el control de los pasos fronterizos, una línea roja para el Ejecutivo.

También está pendiente otro de los acuerdos firmados, el de la incorporación del catalán como lengua cooficial de uso en las instituciones europeas, algo que tampoco depende directamente del Gobierno. Desde el ministerio de Exteriores se han multiplicado los pasos dados en los últimos meses para conseguirlo.

“No nos asustan las etiquetas, ni lo que nos puedan decir”, ha sostenido la mano derecha de Carles Puigdemont, quien ha reiterado que el PSOE “no ha respetado ni la letra ni el espíritu” del acuerdo de Bruselas que propició la investidura de Pedro Sánchez.

Según Turull, el encuentro de Junts y el PSOE en Suiza con el mediador servirá para valorar “si vale la pena continuar o no” con el apoyo parlamentario al Gobierno. “No tenemos por qué seguir de esta forma, así de claro”, ha agregado.

“De esta forma no se puede continuar. Y si no continuara, pues cada uno con sus convicciones democráticas tendrá que tomar decisiones”, ha aseverado Turull, al tiempo que, haciendo suyas las palabras de Puigdemont este viernes, ha mantenido que su partido no quiere “engañar a nadie, ni alargar según qué agonía”.