El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido este sábado a Alberto Núñez Feijóo un día después de que el líder del PP pidiese ayuda a los empresarios catalanes para tener votos suficientes en una eventual moción de censura. “Lo que debería hacer [Feijóo] es pedirles perdón”, ha asegurado el político independentista.

“Debe pedir perdón por invitar a tantas empresas a marcharse y luego no pedir que vuelvan; perdón a los barceloneses por hacer una moción de censura preventiva a Xavier Trias y pactar con Jaume Collboni; perdón a los catalanes por lo que hicieron las cloacas del Estado, y perdón por el boicot al catalán en Europa”, ha asegurado Turull, que se ha alejado así de cualquier posibilidad de participar en una moción de censura instrumental de Feijóo contra Pedro Sánchez.

Con todo, desde Junts consideran que el Gobierno está “empantanado en temas judiciales”, detrás de los que ven “lawfare”. “Sí, de ese 'lawfare' que ellos negaban cuando nos lo aplicaban a los independentistas”, ha criticado el dirigente.

Turull además ha descartado por el momento volver a intentar un acercamiento a Sánchez. “No tenemos la vocación de ser muleta de nadie, no formamos parte de ningún bloque y a nosotros solo nos mueve defender Cataluña”, ha subrayado.

Aliança, “populismo descarnado”

El secretario general también se ha referido al crecimiento de Aliança Catalana en las encuestas. En concreto, se ha referido al último estudio del CEO, que apunta a que Junts podría perder prácticamente la mitad de los escaños actuales en las elecciones catalanas, de los 35 a los 19, y empataría como tercera fuerza con Aliança Catalana. Según el secretario general, la encuesta tiene “sesgos que causan vergüenza” pero cree que “cumple el objetivo” de crear “un relato de momento complicado para Junts”.

En este contexto, Turull ha asegurado que no se dejarán “distraer” y alertó a los miembros de su formación de que no se pueden “dejar impresionar ni verse tentados a dar golpes de volante”. Según Turull, estos movimientos tienen como objetivo que Junts “deje su posición firme y serena” que les convierte en “la única alternativa al Gobierno de Salvador Illa”.

Turull también se ha referido al hipotético crecimiento que viviría Aliança Catalana, según la encuesta. Sin referirse directamente a la formación de Sílvia Orriols, el dirigente de Junts ha alertado sobre “la aparición de un nuevo actor político que crece a partir del populismo descarnado y que alimenta miedos, prejuicios y rencores”.

Según el secretario general, Aliança “proyecta sombras donde se necesita luz” y “ofrece soluciones fáciles a problemas profundos”. “Es un momento complicado, pero no para el partido, sino para el país: Catalunya no puede caer en la deriva que transforma el malestar en odio, y la incertidumbre en exclusión”, avisó.

Cuentan que un veterano político ligado durante décadas a Convergència y que, pese a haberla acompañado en el giro independentista, era muy crítico con la retórica movimentista de Junts y el desembarco de caras conocidas de otros ámbitos, se quejaba tras el procés diciendo: “¿Cuándo pasó que los frikis asaltaron este partido?”.

La pregunta era un dardo obvio hacia la llamada “generación 1-O”, la que se incorporó a la política después de 2017 de la mano de Carles Puigdemont, en parte barriendo a las anteriores. Pero también refleja la preocupación de la vieja guardia nacionalista por lo que podría ocurrir en un partido que prescindiese de aquellos que conocían la importancia del poder y tenían experiencia en ejercerlo.

Junts es hoy una formación claramente mermada en lo que a poder e influencia se refiere. Pese a que en los últimos dos años haya podido reinventarse como circunstancial ariete del empresariado catalán en el Congreso, ese papel siempre estuvo condicionado. Junts era deudor de una aritmética parlamentaria concreta y, además, necesitaba mantener su ascendente sobre el Gobierno, tal como le han advertido a la formación desde los sectores económicos en encuentros como el que desveló elDiario.es.

A eso hay que sumarle que la formación de Carles Puigdemont vive un momento de clara mengua en su representación política en contraste con épocas recientes. Más aún si se pone en comparación con el elevado peso institucional que llegó a tener Convergència en tiempos de máximo esplendor.

Al espacio político del nacionalismo catalán de centroderecha le ha pasado en la última década casi de todo. El procés, varias escisiones y mutaciones, luchas internas y una desenfrenada acción judicial que le ha obligado a hacer relevos a marchas forzadas y a tener que mirar a Waterloo para tomar cada decisión. Por si eso fuera poco, en los últimos años Junts también ha padecido la irrupción de una extrema derecha independentista.

Pero el ocaso institucional de Junts no puede explicarse sin tener en cuenta, también, la gestión errática de su propio espacio electoral, su incapacidad para encontrar líderes duraderos (lejos quedan Quim Torra, Laura Borràs o Jordi Puigneró) o su reiterada tendencia a aislarse hacia afuera y purgarse hacia adentro.

La ruptura del pacto de investidura entre Junts y el PSOE es el último capítulo en el que los postconvergentes vuelven a demostrar poco instinto por la conservación del poder institucional. Antes salieron del Govern de Pere Aragonès y rechazaron (o no fueron capaces de alcanzar) pactos municipales que les hubieran garantizado puestos en ayuntamientos y diputaciones. Hay que señalar, no obstante, que por el momento ninguno de los cargos conseguidos por Junts para organismos y empresas públicas del Estado ha anunciado su salida.

En el año 2014, Convergència era de largo el partido más influyente de la política catalana. Tenía la presidencia de la Generalitat, la del Parlament y la de las cuatro diputaciones, además de la gran alcaldía de Barcelona. También controlaba buena parte de los grandes ayuntamientos, como Girona, Sant Cugat, Reus, Mataró, Martorell, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Figueres. En el Congreso, la formación contaba con 16 asientos, cerca de su récord de 1993.

Las municipales de 2015, las que ganó Ada Colau en Barcelona y que iniciaron la ola de las alcaldías del cambio, fueron una tormenta dura para el poder de la antigua Convergència. Pero aún mantuvieron entonces buena parte de sus bastiones, impulsados sobre todo por la presidencia del Govern, que recayó en manos de Puigdemont en enero de 2016 tras las tortuosas negociaciones que descabalgaron a Artur Mas.

Visto con la perspectiva de una década, nada de lo que ocurrió después en Catalunya, ni tampoco en el espacio político de la antigua Convergència, ayudó electoralmente al nacionalismo conservador.

Después del 1-O, ERC experimentó una pujanza extraordinaria, que hizo mella a Junts tanto en ayuntamientos como en el Parlament y Congreso. Quim Torra demostró que no era una propuesta ganadora para defender una plaza tan sensible como la presidencia de la Generalitat y quizás Laura Borràs, tocada ya por un caso de corrupción que la acabaría apartando, tampoco era la mejor apuesta para las elecciones generales.

En 2021, Junts cedió por primera vez su liderazgo dentro del bloque independentista a ERC. Lo hizo cuando el PSC ya se había recompuesto de su larga crisis y estaba en disposición de ser “el primer partido de Catalunya”, tal como proclamaba Miquel Iceta. El independentismo de centroderecha aceptó, no sin tiranteces, entrar en un gobierno presidido por ERC, que acabó abandonando un año después.

El poder institucional de Junts mermaba. Pero en el partido el paso afuera se justificaba como una muestra de coherencia independentista que daría sus frutos más adelante. Algo que nunca acabó de pasar. En las municipales de mayo de 2023, Junts perdió votos, pero consiguió imponerse como primera fuerza en Barcelona de la mano de Xavier Trias. La situación en el ayuntamiento era enrevesada pues, para quitarle la vara municipal al exconvergente, solo servia un extraño pacto a tres que pusiese de acuerdo a PSC, Comuns y PP. Sin embargo esa operación acabó fructificando en torno a Jaume Collboni. Trias acabaría acusando a Illa y el alcalde de haberlo engañado.

Perdida Barcelona, el Govern y buena parte de las capitales de comarca, en las siguientes elecciones, primero generales y después autonómicas, Junts solo pudo esconder sus malos resultados poniéndolos en comparación con unos números aún más nefastos para ERC.

La situación actual del partido no es demasiado prometedora. En Parlament lidera la oposición, un espacio que, según el análisis que la propia Junts hace, les da poca visibilidad en el debate político catalán. Puigdemont trató de remediar esa situación en el último debate de política general, cuando exigió que el PSC de Salvador Illa votara algunas de sus propuestas como muestra de buena voluntad para un posible acercamiento. En Junts hablaban incluso de la posibilidad de mirarse los presupuestos catalanes con otros ojos. Pero la oferta no cuajó.

En el mundo municipal, Junts solo conserva ahora la alcaldía de una ciudad de más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès, donde gobiernan con ERC. Tiene otros seis alcaldes en ciudades de más de 25.000 habitantes, cuatro de ellas capitales de comarca, como son Figueres, Vic, Igualada y Olot. Cuentan también con varios primeros ediles en ciudades medianas en la comarca del Maresme, además de la presidencia de la Diputación de Girona.

Pocas más líneas tiene la actual cuenta de resultados de un partido que llegó a parecer una dinastía pero que en los últimos años no ha parado de encoger hasta quedar en una posición bastante menguada. No queda nada de aquella apuesta por convertirse en una especie de movimiento social con el Consell per la República como bastión. Tampoco es hoy relevante el espacio internacional abierto por el equipo de Puigdemont en el plano político o judicial, en el que tantas esperanzas depositaron.

Junts, sobre todo desde la llegada de Jordi Turull a la sala de máquinas, es ahora un partido de toda la vida, de los que valen tanto como representación consiguen. La paradoja es que el ocaso institucional de Junts es una realidad con la que Puigdemont debe lidiar mientras, a la vez, hace frente al crecimiento entre su electorado de una formación como Aliança, que actúa como si enmendase la institucionalidad tradicional.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reiterado este sábado que el PSOE “se ha cargado la legislatura” y que la presión recae sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuesta a su vez por agotar la legislatura y mantener la “hoja de ruta”.

“Es paradójico que la presión sea para los que hemos cumplido y no para aquellos que no han cumplido”, ha señalado en declaraciones a los medios desde Vic (Barcelona), uno de los puntos de Catalunya donde este sábado Junts ha instalado paradas en el marco de la campaña 'Junts s'explica a peu de carrer'.

Ha calificado de “anomalía democrática” que Sánchez piense en tirar adelante las iniciativas en el Congreso sin contar con mayoría y ha dicho literalmente que es el presidente quien debe explicar como piensa afrontar esta situación, después de que Junts haya anunciado esta semana su 'no' a las leyes del Gobierno en tramitación.

Preguntado por el apoyo a una posible moción de censura de la derecha, Turull ha afirmado que “quien tiene el botón de elecciones o no elecciones es el presidente” y ha pedido que este problema no se traspase a Junts.

Sobre el bloqueo a las iniciativas en el Congreso ha señalado que su formación está en “concurso de acreedores” por lo que quieren “cobrar” todo aquello que acordaron con el Ejecutivo, y ha añadido que Sánchez se encontrará el resultado en el marcador de las votaciones.

En referencia a la campaña impulsada por el partido en todo el territorio, 'Junts s'explica', ha detallado que están haciendo charlas para que “cualquier persona pueda escuchar las propuestas en todos y cada uno de los temas que tiene el país como reto”. “Los ciudadanos están sedientos de propuestas y de esperanza, porque unos se resignan y los otros solo gritan”, ha sentenciado.

La avanzadilla de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Turull en Estrasburgo ha sido un fracaso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la prisión provisional de los líderes soberanistas en 2017 y ha descartado que vulnerara sus derechos políticos como parlamentarios. “Su ideología no fue la causa de su detención preventiva”, resuelven los jueces europeos en un párrafo demoledor ante el alegato de los independentistas de que fueron presos políticos.

Las 75 páginas de la sentencia que el TEDH ha emitido este jueves han devuelto a la realidad las altas expectativas creadas entre el independentismo de que las instancias judiciales europeas les darían la razón en sus contenciosos con el Supremo. Antes lo intentaron la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exdiputado de Junts Josep Costa con idéntico resultado: un rechazo de Estrasburgo a sus demandas.

En Estrasburgo ya solo queda la demanda principal que los independentistas interpusieron contra su condena y juicio por parte del Tribunal Supremo. “En la demanda de la prisión provisional estábamos 20-80 en contra, pero en la principal creo que seguimos 50-50 en las cuestiones jurídicas”, resumía una fuente soberanista este jueves tras el revés. A ello se añade la mayor incógnita de este pleito: los posibles efectos de la amnistía, que sobrevuela las demandas.

En el seno de esa familia mal avenida que es el independentismo ya hubo discrepancias sobre si presentar la demanda referida en exclusiva a vulneraciones de derechos fundamentales con motivo de la prisión preventiva ordenada por el juez Pablo Llarena. Muestra de ello es que solo tres de los políticos encarcelados (Sànchez y Turull, de Junts, y Junqueras de ERC) siguieron el camino de Estrasburgo.

Otros optaron por esperar a que el Supremo y el Constitucional sentenciaran el caso del procés porque argumentaron que, ante instancias europeas, es preferible agrupar el conjunto de reclamaciones, en vez de trocearlas.

¿La sentencia de este jueves es la antesala a un rechazo de la demanda principal? Fuentes jurídicas independentistas rechazaban esta hipótesis, toda vez que las cuestiones en juego son distintas entre ambos pleitos: mientras el de este jueves versaba en exclusiva sobre el derecho a la libertad y su incidencia en los derechos políticos como parlamentarios de Turull, Junqueras y Sánchez, el que está pendiente de resolver abarca todo el recorrido judicial en el Supremo.

Para empezar, Estrasburgo todavía debe pronunciarse sobre si el Supremo se arrogó artificialmente la competencia para juzgar el procés (los independentistas alegan que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley, pues el caso debía quedarse en el TSJ catalán). También sobre si las altas penas impuestas por sedición fueron proporcionadas y sobre los efectos de la condena en el derecho de reunión (un alegato liderado por el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart).

La sentencia definitiva sobre el caso procés de Estrasburgo todavía no tiene fecha. Mientras la esperan, incluso entre los soberanistas más optimistas leían este jueves con preocupación algunos de los párrafos de la resolución de los jueces europeos, pues denotan un espaldarazo total a la labor del magistrado Pablo Llarena.

Al igual que en el pleito principal, los independentistas se apoyaban en tres votos críticos de magistrados del Constitucional que rompieron la unanimidad y apoyaron que la prisión preventiva vulneraba los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull. La sección 5ª del TEDH resuelve, esta vez sí por unanimidad, todo lo contrario.

Además, los jueces europeos dejan algunas cargas de profundidad en lo que a la lectura de lo que fue el procés se refiere y que se alejan del relato soberanista. Para empezar, Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de “un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país”.

No observa el TEDH ningún elemento de “ilegalidad o arbitrariedad” en la prisión preventiva de Sànchez, Turull y Junqueras, pese a que en el caso de los dos primeros comportó que no pudieran someterse a su debate de investidura (el actual secretario general de Junts fue encarcelado, de hecho, en medio de las dos jornadas del debate).

Todo lo contrario: Estrasburgo avala que tanto el Supremo como el Constitucional “aportaron razones pertinentes y suficientes para justificar” la prisión preventiva y que existían “motivos razonables” para pensar que la medida “era necesaria para garantizar su comparecencia en el juicio y prevenir la reiteración delictiva, con el fin de preservar el orden constitucional”.

Las conclusiones del TEDH se sitúan en una línea reciente adoptada por el tribunal de otorgar mayor confianza en los tribunales nacionales frente a años anteriores de interpretaciones expansivas de los derechos fundamentales de los demandantes.

“El objetivo de prevenir actos contrarios al orden constitucional y democrático no puede considerarse 'político' en el sentido que le dan los demandantes”, zanja el TEDH, que remarca que en ningún momento ERC y Junts fueron prohibidos como partidos, se pudieron presentar a las elecciones y, finalmente, Quim Torra fue investido president en 2018 por ambas formaciones.

Los tres políticos, apostilla el tribunal, eran “objeto de procesamientos penales por delitos graves”, por lo que no se podía “razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción”. Y los jueces españoles, remarca el TEDH, permitieron a Junqueras, Turull y Sànchez “expresar sus opiniones o promover el proyecto político que defendían”.

En realidad, Estrasburgo ha repetido en 2025 algo que ya dijo Alemania en 2018: los jueces germanos rechazaron que Carles Puigdemont pudiera sufrir persecución política al ser entregado a España. “No es razonable sostener tal acusación al Estado español como miembro de la comunidad de valores y el área legal común de la Unión Europea”, dijo el tribunal alemán cuando apoyó extraditar a Puigdemont por malversación y no por rebelión, entrega que fue denegada por el juez Llarena.

Tras el revés a los independentistas de este jueves, el calendario judicial europeo del procés prosigue: el jueves 13 de noviembre, el abogado general de la Unión Europea emitirá sus conclusiones sobre la ley de amnistía. Para ello habrá que viajar de Estrasburgo a Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Estrasburg dóna la raó al Tribunal Suprem en la causa del procés. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha desestimat les primeres demandes dels independentistes contra l'actuació del magistrat Pablo Llarena en la investigació de la causa que va acabar en una històrica condemna per sedició. Els jutges europeus han rebutjat que la presó preventiva vulnerés els drets polítics de Jordi Sànchez i Jordi Turull (Junts) i Oriol Junqueras (ERC).

En una contundent sentència contra les tesis sobiranistes, el TEDH descarta que la ideologia independentista dels polítics fos “el motiu” de la seva presó preventiva. La mesura, agreguen els togats europeus, no va ser “arbitrària ni desproporcionada” en tenir en compte “la gravetat dels delictes” als quals es van enfrontar els sobiranistes el 2017 “i la vulneració dels valors fonamentals de l'Estat de Dret que comportaven” els tipus penals de rebel·lió i sedició.

A l'espera que el TEDH resolgui la demanda principal dels independentistes contra la causa del Suprem, la resolució d'aquest dijous era la primera en què Estrasburg dirimia dues de les grans controvèrsies del cas procés: la presó preventiva decretada pel magistrat Pablo Llarena i la seva incidència en els drets polítics dels sobiranistes.

La resolució suposa un suport total al Tribunal Suprem i una decepció per als independentistes, que confiaven que el TEDH acollís les seves denúncies de vulneració de drets fonamentals que una majoria de jutges del Suprem i el Constitucional han desestimat.

Després d'una etapa en què les demandes amb alt contingut polític tenien números per ser estimades, el TEDH ha elevat en els últims anys la seva confiança en els tribunals nacionals. Així ha ocorregut també en la primera resolució rellevant del cas procés.

Els magistrats d'Estrasburg donen suport que tant el Suprem com el Constitucional van considerar “en decisions motivades” que no hi havia cap altra mesura possible que la presó preventiva per evitar els riscos de reiteració delictiva o de fuga dels independentistes.

Les vulneracions de drets que denunciaven Junqueras, Sànchez i Turull versaven sobre la seva elecció com a diputats del Parlament el 2017 i la negativa del jutge a deixar-los sortir de la presó per exercir com a parlamentaris. En el cas dels llavors diputats electes de Junts, a més, la negativa es va estendre a l'assistència al seu debat d'investidura.

En el primer trimestre del 2018, el jutge Llarena va rebutjar treure de la presó Sànchez perquè pogués sotmetre's a la investidura al Parlament. També va denegar deixar lliure Turull per a la seva segona sessió d'investidura després que en la primera no obtingués els suports necessaris per ser president. Entre ambdues sessions, el jutge va processar Turull per rebel·lió i va ordenar el seu ingrés a presó el 23 de març.

Més enllà de remarcar que la presó preventiva va tenir un caràcter “provisional” i que la presó preventiva no va poder resultar “sorprenent” als electors de Junqueras (perquè ja estava empresonat quan es va votar el desembre del 2017), Estrasburg també s'endinsa en valoracions sobre el paper dels jutges en el procés per avalar l'actuació del Suprem.

Recorden els magistrats europeus que els jutges de l'Alt Tribunal van emmarcar l'actuació dels independentistes en “una amenaça per a l'essència mateixa d'un Estat democràtic”, i que els tribunals nacionals van subratllar que l'objectiu dels independentistes “era declarar la secessió d'una part del territori espanyol per mitjans contraris a la llei i prèviament declarats inconstitucionals pel Tribunal Constitucional”.

El Suprem i el Constitucional, conclou el TEDH, “van ponderar els diversos interessos en joc d'una manera que no pot qualificar-se d'arbitrària i sense menyscabar la llibertat d'expressió de l'opinió pública”. L'empresonament dels tres diputats electes, insisteix el tribunal, “no va ser incompatible amb l'essència mateixa del dret a ser elegit i a exercir el mandat parlamentari”.

En el cas de Junqueras, Turull i Sànchez, magistrats progressistes del Constitucional van formular vots particulars en contra de l'opinió majoritària de confirmar la presó preventiva. Els magistrats Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer i Juan Antonio Xiol sí van considerar que el Suprem va vulnerar els drets de participació política de Turull i Sànchez en impedir-los optar a la votació d'investidura.

Per contra, el TEDH, per unanimitat, avala que tant la presó preventiva com les altres mesures que van restringir els drets polítics de Junqueras, Sànchez i Turull “es van basar en el Dret i es van justificar”.

És més, en una rèplica directa a les tesis sobiranistes, Estrasburg conclou que l'objectiu de prevenir la comissió d'actes contraris a l'ordre constitucional (un dels fonaments de la presó preventiva en el cas procés) “no pot considerar-se 'polític' en el sentit que li atorguen els sol·licitants”, aquests són, els independentistes.

El context polític espanyol del 2017 i 2018, postil·la Estrasburg, “no pot, per si sol, provar que la finalitat” de la presó preventiva fos “obstaculitzar” la participació en la vida política de Junqueras, Sànchez i Turull. Tot el contrari: els jutges europeus donen suport que la mesura buscava “garantir la seva compareixença davant la Justícia”.

Estrasburgo respalda al Tribunal Supremo en la causa del procés. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado las primeras demandas de los independentistas contra la actuación del magistrado Pablo Llarena en la investigación de la causa que terminó en una histórica condena por sedición. Los jueces europeos han rechazado que la prisión preventiva vulnerara los derechos políticos de Jordi Sànchez y Jordi Turull (Junts) y Oriol Junqueras (ERC).

En una contundente sentencia contra las tesis soberanistas, el TEDH descarta que la ideología independentista de los políticos fuera “el motivo” de su prisión preventiva. La medida, agregan los togados europeos, no fue “arbitraria ni desproporcionada” al tener en cuenta “la gravedad de los delitos” a los que se enfrentaron los soberanistas en 2017 “y la vulneración de los valores fundamentales del Estado de Derecho que entrañaban” los tipos penales de rebelión y sedición.

A la espera de que el TEDH resuelva la demanda principal de los independentistas contra la causa del Supremo, la resolución de este jueves era la primera en la que Estrasburgo dirimía dos de las grandes controversias del caso procés: la prisión preventiva decretada por el magistrado Pablo Llarena y su incidencia en los derechos políticos de los soberanistas.

La resolución supone un espaldarazo total al Tribunal Supremo y una decepción para los independentistas, que confiaban en que el TEDH acogiera sus denuncias de vulneración de derechos fundamentales que una mayoría de jueces del Supremo y el Constitucional han desestimado.

Tras una etapa en los que las demandas con alto contenido político tenían números para ser estimadas, el TEDH ha elevado en los últimos años su confianza en los tribunales nacionales. Así ha ocurrido también en la primera resolución relevante del caso procés.

Los magistrados de Estrasburgo respaldan que tanto el Supremo como el Constitucional consideraron “en decisiones motivadas” que no había otra medida posible que la prisión preventiva para evitar los riesgos de reiteración delictiva o de fuga de los independentistas.

Las vulneraciones de derechos que denunciaban Junqueras, Sànchez y Turull versaban sobre su elección como diputados del Parlament en 2017 y la negativa del juez a dejarles salir de la cárcel para ejercer como parlamentarios. En el caso de los entonces diputados electos de Junts, además, la negativa se extendió a la asistencia a su debate de investidura.

En el primer trimestre de 2018, el juez Llarena rechazó excarcelar a Sànchez para que pudiera someterse a la investidura en el Parlament. También denegó dejar libre a Turull para su segunda sesión de investidura después de que en la primera no obtuviera los apoyos necesarios para ser president. Entre ambas sesiones, el juez procesó a Turull por rebelión y ordenó su ingreso en prisión el 23 de marzo.

Más allá de remarcar que la prisión preventiva tuvo un carácter “provisional” y que la prisión preventiva no pudo resultar “sorprendente” a los electores de Junqueras (porque ya estaba encarcelado cuando se votó en diciembre de 2017), Estrasburgo también se adentra en valoraciones sobre el papel de los jueces en el procés para avalar la actuación del Supremo.

Recuerdan los magistrados europeos que los jueces del Alto Tribunal enmarcaron la actuación de los independentistas en “una amenaza para la esencia misma de un Estado democrático”, y que los tribunales nacionales subrayaron que el objetivo de los independentistas “era declarar la secesión de una parte del territorio español por medios contrarios a la ley y previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”.

El Supremo y el Constitucional, concluye el TEDH, “ponderaron los diversos intereses en juego de una manera que no puede calificarse de arbitraria y sin menoscabar la libertad de expresión de la opinión pública”. El encarcelamiento de los tres diputados electos, insiste el tribunal, “no fue incompatible con la esencia misma del derecho a ser elegido y a ejercer el mandato parlamentario”.

En el caso de Junqueras, Turull y Sànchez, magistrados progresistas del Constitucional formularon votos particulares en contra de la opinión mayoritaria de confirmar la prisión preventiva. Los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol sí consideraron que el Supremo vulneró los derechos de participación política de Turull y Sànchez al impedirles optar a la votación de investidura.

Por el contrario, el TEDH, por unanimidad, avala que tanto la cárcel preventiva como las demás medidas que restringieron los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull “se basaron en el Derecho y se justificaron”.

Es más, en una réplica directa a las tesis soberanistas, Estrasburgo concluye que el objetivo de prevenir la comisión de actos contrarios al orden constitucional (uno de los fundamentos de la prisión preventiva en el caso procés) “no puede considerarse 'político' en el sentido que le otorgan los solicitantes”, estos son, los independentistas.

El contexto político español de 2017 y 2018, apostilla Estrasburgo, “no puede, por sí solo, probar que la finalidad” de la prisión preventiva fuera “obstaculizar” la participación en la vida política de Junqueras, Sànchez y Turull. Todo lo contrario: los jueces europeos respaldan que la medida buscaba “garantizar su comparecencia ante la Justicia”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado este sábado a sus alcaldes a estar “preparados” y dar su “mejor versión” ante “los momentos complicados” que vendrán, pero sin hacer alusión expresa a la posibilidad de que su partido deje caer al Gobierno de Pedro Sánchez.

Junts ha celebrado este sábado una convención municipalista en Barcelona a 48 horas de que la dirección del partido decida si rompe con el bloque de la investidura y somete su decisión a la militancia, mientras el Gobierno hace esfuerzos de última hora, como la reactivación del reconocimiento del catalán en la UE, para evitar la ruptura.

Más allá de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, otros asuntos pendientes con Junts son la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, y la delegación de las competencias de inmigración a Catalunya, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo entre otros de Podemos.

El “bloqueo” en el Congreso de los Diputados de la iniciativa legislativa para frenar la multirreincidencia es uno de los “incumplimientos” que figuran en la lista de Junts, al que este sábado Turull ha hecho referencia, poniendo el valor el papel de los alcaldes a la hora de situar el tema, así como en las “ocupaciones delincuenciales” o el “fraude” en el padrón municipal.

“Son temas que JxCat ha puesto en la agenda a nivel nacional y estatal. Se ha hecho con valentía, rigor y sin tópicos. Ahora hay muchos alcaldes de otras formaciones, de estas que nos pusieron tantas etiquetas, que os vienen a dar la razón”, ha señalado Turull, informa EFE.

Aunque todavía falta más de un año para las elecciones municipales, Turull ha reivindicado a Junts como el partido de la “centralidad” ante los que quieren “anestesiar” o “incendiar” Catalunya, en una alusión velada al PSC y a Aliança Catalana.

Por ello, ha antepuesto las “acciones” y las “soluciones” ante tanto “griterío”. “Vienen momentos complicados y habrá que dar lo mejor de nosotros. Pero estoy seguro de que estaremos a la altura, como siempre, a la altura de estar al servicio de lo que el país se merece”, ha resuelto.

Este fin de semana se producirán las primeras reuniones, más restringidas, y el lunes será cuando la ejecutiva de Junts se encerrará en un 'coworking' de Perpinyán para decidir cuál es la estrategia a seguir a partir de ahora. Las voces partidarias de romper con el PSOE han ido en aumento pero eso no implicaría encumbrar a Feijóo, al que acusan de bloquear avances en ámbitos como el catalán en Europa.

¿Esta vez va en serio?

Es la pregunta más repetida en los últimos días tras el juego de palabra que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, utilizó el miércoles para anunciar que para su partido ha llegado “la hora del cambio”. La respuesta es que sí o, para ser más precisos, el partido de Puigdemont va mucho más en serio que todas las anteriores ocasiones. Fuentes del partido señalan que el PSOE solo se mueve cuando nota que se acerca “al abismo” y que esta vez está más cerca que en las anteriores. La cuestión es qué les puede ofrecer ahora para rebajar un malestar que es bastante transversal porque es compartido tanto por miembros de la dirección como diputados y cargos municipales.

¿Qué consecuencias puede tener en su maltrecha relación con el PSOE?

Los partidarios de romper, que cada vez son más, consideran que hay que borrarse definitivamente del bloque que apoyó a Pedro Sánchez en su investidura. Los posconvergentes insistieron desde el principio que no querían formar parte de ese grupo, que ellos comían aparte y es lo que han intentado toda la legislatura. Pero a medida que Sánchez ha ido mirando a su izquierda, ya fuese en su apoyo a Palestina o la reducción de la jornada laboral, la distancia ha ido aumentando. Sánchez cada vez más busca atraer votantes de Sumar y Podemos mientras Junts intenta frenar la fuga de los suyos hacia Aliança Catalana.

Junts acusa al Gobierno de bloquear la ley sobre multirreincidencia que registraron el año pasado y que el Congreso tomó en consideración en mayo de 2024, con los votos de la derecha, del PSOE y de otros partidos del bloque de investidura como ERC. Sumar y el resto de grupos de izquierda rechazan el texto por considerar que avala los discursos racistas. Eso, sumado al fiasco del traspaso de competencias en inmigración, es algo que ha alimentado aún más el malestar. Para el partido de Puigdemont y más concretamente para sus alcaldes todo lo que esté vinculado a multirreincidencia es prioritario porque consideran que la única manera que tienen de combatir el discurso xenófobo de Silvia Orriols y los suyos es endureciendo su posición. Es algo que han trasladado tanto al expresident, la última vez hace solo unos días en Waterloo, como en reuniones con Jordi Turull. 

Tampoco hay que olvidar que muchos en el partido de Puigdemont defienden que, para remediar la pérdida de visibilidad en la política interna de Catalunya, Junts debería lograr acuerdos con el Govern de Salvador Illa. De hecho, la formación intentó este mes que el PSC aprobara varias de sus propuestas en el Parlament como un primer acercamiento antes de valorar la opción de sentarse a negociar los presupuestos. Pero ese primer intento quedó en nada porque no se entendieron y el Govern prefirió priorizar a sus socios tradicionales de ERC y Comuns.

¿Junts apoyaría una moción de censura del PP?

Esta es la pregunta del millón y que depende de Puigdemont pero no solo de él puesto que aquí entra Alberto Núñez Feijóo en la ecuación. Junts siempre había dicho que no haría caer al Gobierno para que fuese el PP quien ocupase su lugar. Públicamente solo un dirigente de peso, Antoni Castellà, ha especulado (y tampoco con especial convicción) con la posibilidad de apoyar una moción ‘instrumental’, esto es, forzarla solo con la condición de que el PP convocase inmediatamente elecciones. No parece que, a fecha de hoy, esa sea una opción mayoritaria en el partido, por más enfado que exista con el PSOE. Además, tampoco está claro que Feijóo estuviese dispuesto a jugar esa carta. 

¿Cómo influye el ‘factor Puigdemont’?

Al igual que pasó cuando se consultó a la militancia sobre la salida del Govern de Aragonès o sobre apoyar la investidura de Sánchez, el pulgar del expresident condiciona y mucho la decisión de la dirección y la de la militancia puesto que la pregunta se formula ya con intención. 

El expresident afronta la decisión sobre cómo enfocar lo que queda de legislatura sin que el arreglo de su situación personal vía ley de amnistía (lo que motivó el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez) esté solventado. Tras las caóticas negociaciones políticas, el rechazo del Supremo a amnistiar a Puigdemont le ha obligado a pedir amparo al Constitucional y esperar a que el tribunal de garantías corrija al alto tribunal.

A principios de octubre, el Constitucional admitió a trámite el recurso con el que Puigdemont pide que se amnistíe el delito de malversación por el que sigue en búsqueda y captura y que, en la práctica, le impide volver a España sin arriesgarse a ser detenido. La admisión a trámite se demoró unas semanas porque, antes, Puigdemont había recusado a tres magistrados conservadores.

El expresident ha pedido que, como medida cautelar mientras se resuelve el recurso sobre su amnistía, se suspenda su orden de ingreso en prisión en España. El Constitucional todavía tiene que resolver esta petición (a la que la Fiscalía se ha opuesto), aunque es infrecuente que el Constitucional acuerde una medida cautelar antes de abordar el fondo de un recurso. 

Lo más plausible es que Puigdemont no conozca si el Constitucional despeja su camino para volver a España hasta la sentencia de su caso, que todavía tardará unas semanas y se espera para el próximo invierno. En suma, la sentencia de Junts a la legislatura puede llegar antes que la sentencia sobre la amnistía a su principal beneficiario.

¿Qué pasará con la mesa de negociación?

Una de las opciones que se está debatiendo es la de finiquitar la mesa de negociación que se ha ido reuniendo periódicamente en Suiza y en algunas ocasiones también en Bruselas. En la última, celebrada en Zúrich, se constató que lo que siempre han sido dificultades para llegar a acuerdos ahora se antojan obstáculos insalvables.  

Con la entrada en prisión de Santos Cerdán, Junts perdió a su mejor aliado. La relación que habían tejido con Turull era prácticamente de amistad. Los independentistas se quejaban de que los acuerdos que alcanzaban con el entonces secretario de organización del PSOE quedaban después empantanados en los ministerios. Es algo que, según los independentistas, no se ha resuelto después, cuando el principal interlocutor es el expresidente Zapatero, que ya antes estuvo en más de uno de los encuentros bilaterales, ahora junto a Juanfran Serrano, mano derecha de Cerdán.

Una de las carpetas que se arrastra desde hace más tiempo es la de la oficialidad del catalán en Europa. Junts ha reconocido públicamente los esfuerzos del Gobierno y en especial del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para convencer al resto de estados y ha criticado duramente al PP por boicotear cualquier tipo de avance. De hecho, es uno de los ejemplos que citan para descartar el apoyo a una moción de censura de Feijóo.

El estado más reticente a que el catalán tenga un mayor reconocimiento es Alemania y, para alegría del PSOE, el canciller Merz ha aceptado “abrir un diálogo” para ver si es posible. No es garantía de nada pero al menos ya no lo bloquea. Es un paso aunque no se sabe cómo acabará. Este es un tema del que Puigdemont ha hecho bandera pero que a los alcaldes de Junts no les parece ni lo más urgente ni lo que les permitirá recuperar los votos que están perdiendo. Y el primer examen electoral, si Sánchez no adelanta las generales, es el suyo. 

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este domingo que sus “reproches” en torno a la financiación autonómica no iban contra Andalucía, sino contra el Estado, “que tiene un sistema de financiación que lo que hace es expoliar Catalunya”, informa EFE.

Turull, que encabeza una delegación de Junts que ha acudido a Vitoria para participar en la fiesta del Alderdi Eguna (Día del partido) del PNV, se ha referido a la polémica suscitada tras sus declaraciones en las que acusó a la Junta de Andalucía de fomentar deducciones fiscales, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, “con el dinero de los catalanes”.

Estas palabras fueron respondidas por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, quien criticó a Junts que presente a Andalucía como tierra de subsidios para alimentar el ataque entre territorios y ha defendido lo público como la forma de avanzar con igualdad.

Además de mostrar su “respeto y aprecio” hacia Andalucía y su Junta, Turull ha insistido en que su reproche es al Estado, que mantiene un sistema que hace que cada año 22.000 millones de euros “de los catalanes se van y no vuelven”.

Tras preguntarse “cómo es que hay muchos servicios básicos” de los catalanes a los que no se puede “dar respuesta”, el dirigente de Junts ha reclamado que “no digan que tener un perro, tener un gato o ir al gimnasio es un ámbito de la solidaridad”.

“La señora Montero lo que tendría que hacer es, de una vez por todas, cambiar esta injusticia desde el Estado” y ha considerado que en Cataluña “hay un amplio consenso” en torno a que “no se puede seguir con este sistema de financiación”.

Turull se ha referido a las relaciones con el PNV y ha dicho que ambos partidos comparten “mucho más” de lo que les separa. “Nos reconocemos en nuestras naciones”, ha afirmado.

“Tenemos una relación de complicidad, desde el respeto a los ritmos, a los que quieran decidir cada una de las naciones; nos sentimos respetados en nuestras decisiones y propuestas por el PNV y nosotros también siempre les damos apoyo”, ha recalcado.

En este sentido, ha negado que el PNV haya intercedido para que Junts mantenga su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. “Cada uno tiene sus propias dinámicas y sus propias realidades y necesidades en cada una de las naciones”.

“Ni nosotros le pedimos y no le pediremos nunca al PNV lo que tiene que hacer en cuanto a la gobernabilidad del Estado, ni ellos nos han pedido nada al respecto”, ha zanjado.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado este viernes contra las últimas deducciones fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de poderse permitir la medida debido a la aportación que hace Catalunya dentro del actual modelo de financiación. Turull ha arremetido contra las “subvenciones” que, a su juicio, Andalucía promueve a los gimnasios y a las mascotas “con el dinero de los catalanes”. “Es la perversión número uno”, ha apostillado.

“Aquí a mucha gente de clase media y trabajadora, que financia el Estado del Bienestar, no le podemos dar beca de comedor, o la ley de la dependencia”, ha argumentado el dirigente independentista, para criticar las exenciones fiscales en Andalucía. Tras sus palabras, desde Junts han aclarado que se refiere solo a esas deducciones, que consideran que son políticas que Catalunya no puede pemitirse por culpa del llamado “déficit fiscal”.

Sobre las deducciones andaluzas, lo que ha anunciado concretamente la Junta es, por un lado, que se podrán deducir hasta 100 euros de la cuota del gimnasio en la declaración del IRPF. Del otro, una deducción de los gastos veterinarios de las mascotas durante los primeros años de convivencia. 

Turull ha sacado a colación su demanda de mejorar la financiación para Catalunya para hacer frente también al aumento de la población extranjera. “Se nos están colapsando muchos servicios, porque el cuerpo ha crecido pero el traje es el mismo. ¿Por qué cree que tenemos tanta discusión con el sistema de financiación?”, ha expresado Turull durante la entrevista en Cafè d’Idees de RTVE. 

“Exigimos respeto a Turull”

La reacción del Gobierno de Juan Manuel Moreno no ha tardado. Su portavoz y consejera de Hacienda, Carolina España, ha enviado un mensaje grabado a los medios en los que carga duramente contra Turull y, de paso, contra la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

“Desde el Gobierno andaluz exigimos respeto al señor Turull. Ya está bien de que nos miren por encima del hombro, de que nos traten como si fuéramos inferiores y de que nos quiten la autoestima. Lo que está pasando es que Cataluña nos ve como una amenaza”, ha dicho la consejera andaluza, que ha demandado al dirigente de Junts que “si es tan independentista, debería respetar la autonomía de Andalucía y el derecho a gestionar nuestros recursos como queramos”. España, además, ha exigido a Montero que “pida una disculpa pública a Turull como vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y andaluza”. “No debe dejar pasar esto por alto”, ha sentenciado.

Continúa la digestión en Junts del fracaso de uno de sus proyectos estrella, la delegación de competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha acusado de “catalanofobia” al exlíder de Podemos Pablo Iglesias, por el voto en contra de la formación al proyecto acordado entre PSOE y Junts. “No tiene ni idea de lo que es Catalunya”, ha apostillado Turull sobre el exvicepresidente del Gobierno.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Turull ha empleado un tono muy duro contra Podemos, cuyos votos en contra fueron decisivos para enterrar la delegación de competencias en inmigración y provocar otra derrota al Gobierno. La continuidad del apoyo de Junts al Ejecutivo se resolverá antes de fin de año.

El proyecto de delegación de competencias (de difícil puesta en marcha, pues en la práctica la última palabra en varios asuntos como expulsiones la seguiría teniendo el Estado) era una de las banderas de la legislatura de Junts, partido con todas las alarmas encendidas ante el avance de la extrema derecha independentista Aliança Catalana.

Turull ha cargado contra Iglesias después de que el exlíder de Podemos lamentara en TV3 que ERC “tragara toda esta mierda de Junts y el pujolismo”, en referencia a declaraciones de dirigentes neoconvergentes y al mismo texto de la proposición de ley, que abogaba por “derechos inclusivos”, pero también “deberes claros” para los migrantes, a los que reclamaba un “compromiso de integración y de respeto a los valores cívicos y conocimientos lingüísticos y culturales que definen nuestra sociedad”.

“Pablo Iglesias ha mostrado siempre un absoluto desconocimiento de Catalunya”, ha arrancado Turull, para a renglón seguido sacar de la hemeroteca intervenciones del exlíder de Podemos cuando acudía a la comunidad a hacer campaña y se refería al origen extremeño o andaluz de varios catalanes.

“Catalunya es un solo pueblo y esto lo hemos llevado siempre en el frontispicio, Pablo Iglesias no tiene ni idea de lo que es Catalunya”, ha ahondado Turull, que ha reprochado a Podemos el “recurso al insulto y la mentira”. “En vez de rectificar, aceleran hacia las rocas”, ha agregado.

A juicio del secretario general de Junts, Podemos ha votado en contra de la delegación de competencias “por catalanofobia”. “¿Por qué la migración la puede gestionar el PSOE y no el PSC en Catalunya? ¿La puede gestionar la Guardia Civil pero no los Mossos?”, ha enfatizado Turull.

También ha tenido Turull palabras duras contra la actual líder de Podemos, Ione Belarra: “Cuando era ministra ocurrió la desgracia de la valla de Melilla y miró hacia otro lado para mantener la silla”.

Menos contundencia ha empleado Turull para referirse a la extrema derecha independentista. Ante las encuestas que apuntan a un trasvase de voto de Junts hacia la formación ultra, el dirigente de Junts ha rechazado “hablar de otras fuerzas”, y se ha limitado a criticar que “la lógica” de Aliança sea “avivar el problema, el griterío y el eslogan”.

“Hay mucha gente cabreada y que toma decisiones desde el estómago, pero en Junts queremos ponerle corazón y cabeza y aportar soluciones”, ha defendido Turull, quien no obstante se ha referido a la izquierda en términos despectivos que habitualmente emplea la extrema derecha: “Me importa tres pepinos el postureo pijoprogre”.

Jordi Turull, secretario general de Junts per Catalunya, ha avisado esta mañana, en la apertura del Consell Nacional de la formación en Figueres, que vienen “tiempos inciertos” en referencia a la política estatal, y más concretamente ha vislumbrado un nuevo ciclo político “que puede empezar por las decisiones que sí que tendremos que tomar en breve”, en referencia implícita al apoyo al gobierno de Pedro Sánchez.

“Debemos estar preparados”, ha avisado Turull a los suyos, pues considera que “será un ciclo, y os lo puedo asegurar, donde el independentismo y sobre todo Junts per Catalunya seremos motivo de muchas y muchas presiones”. “Estaremos sometidos a una brutal prueba de resistencia en nuestro país”, ha reiterado. Minutos antes había dicho en tono enigmático que “hay gente que quiere el poder por el poder, que es capaz de pactar con quien haga falta”.

Y seguidamente ha puesto como ejemplo de la situación de “un ciudadano de Barcelona” para atacar la verticalidad del poder socialista sobre los catalanes, en referencia al Ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno español. “No hay presupuesto en su ciudad; no hay presupuesto en su nación; no hay presupuesto en el estado en el que vive”, ha sentenciado. “Por el momento no hay presupuesto, no hay proyecto de país y es la utilización del poder por el poder”, ha reiterado.

Podemos y las competencias de inmigración

Turull ha cargado poco después contra el más que previsible voto en contra de Podemos a la propuesta de Junts de Ley para la Delegación Integral de competencias en inmigración, que se vota la próxima semana. El secretario general de la formación independentista ha tildando a los morados de “anticatalanistas” e “ignorantes”. Se trata según Turull de “una ley de herramientas de instrumentos para hacer frente al reto migratorio de nuestro país”. “No es una ley de políticas de inmigración que se discute en Madrid: esta la queremos hacer desde el Parlament de Catalunya” ha recalcado.

“Es una ley que puede darnos las herramientas de estado para hacer frente a uno de los mayores retos que tiene planteada nuestra sociedad y quizás por eso hay partidos que votarán en contra y algunos sorprendentemente en contra”, ha dicho en referencia a Podemos. “Porque si algo demuestra el debate sobre este traspaso de competencias en inmigración es que la catalanofobia es algo transversal en el panorama político español”, ha proseguido para inmediatamente señalar a Podemos: “Estamos acostumbrados a lo que dice el PP y lo que dice Vox, pero mirad lo que nos dicen en Podemos, nos llegan a llamar racistas, un calificativo que ni las peores alcantarillas del Estado se atrevió a decir”. Y ha concluido: “No es una cuestión de racismo, es una cuestión de anticatalanismo de ellos.”

“No es una cuestión de traspasos”, ha insistido el político catalán, “es una cuestión, al final, como siempre, de quien pide los traspasos y desde dónde nos piden los traspasos”. “O no se han leído la ley o no conocen a Catalunya o no conocen los valores de siempre, del catalanismo político o son todas las cosas a la vez”, ha remachado para finalmente prever que en la votación “se activará lo de 'antes roja que rota' [en referencia a España] para garantizar 'el atado y bien atado'”. Y ha cerrado: “Los de Podemos comparten el modelo territorial con Vox y el Partido Popular”.

La bicefalia del PNV, ahora encarnada por Aitor Esteban en Sabin Etxea e Imanol Pradales en Ajuria Enea, se ha multiplicado este 11 de septiembre con el primero en Barcelona con motivo de la Diada nacional catalana y el segundo en Canarias con su homólogo Fernando Clavijo. Los nacionalistas vascos miman sus relaciones con Coalición Canaria (CC), partido amigo históricamente del PNV y con el que comparten espacio en Europa, y a la vez buscan seguir recuperando la cercanía perdida con Junts tras el 'procés', en el que la anterior bicefalia, la de Andoni Ortuzar e Iñigo Urkullu, medió entre Carles Puigdemont y Mariano Rajoy para evitar la declaración unilateral de independencia y el 155.

Tras la desaparición de CiU, el PNV ha estado más próximo al sector posconvergente más moderado, el que en su momento se articuló en torno al PDeCAT. Los sucesos de 2017 supusieron un punto de no retorno con Puigdemont que se tradujo en la ruptura de la coalición europea mantenida históricamente ya en 2019 y de nuevo en 2024. Los 'jeltzales' nunca han dejado de participar en la Diada -como a la inversa el PNV siempre recibe invitados catalanes en sus actos principales, como el Alderdi Eguna-, pero sí es cierto que hay que viajar en el tiempo a 2019 para ver el último año con un líder del partido en Barcelona un 11 de septiembre.

En 2024, el mismo Esteban fue el enviado, pero entonces como diputado en el Congreso. Ahora ha optado por asistir en primera persona como presidente y de la mano de Junts. Ha ido acompañado de un dirigente con gran peso en la nueva etapa, Joseba Díez Antxustegi, también portavoz parlamentario. Ortuzar, antes de dejar el cargo, ya había recompuesto los puentes, eso sí. El mismo día en que estalló la noticia de que Urkullu no iba a seguir con el lehendakari él se encontraba reunido con Jordi Turull y, después, viajó a Bélgica para estar con Puigdemont. En todo momento tuvo la asistencia de Joseba Aurrekoetxea.

“Queremos mostrar nuestro respeto al pueblo de Catalunya y recordar la defensa de la soberanía de Euskadi y Catalunya. Buena Diada nacional de Catalunya a todo el mundo”, ha escrito el PNV en euskera y catalán con motivo de la visita. Esteban y Díez Antxustegi aparecen en muchas fotografías hechas públicas por Junts muy cerca de sus máximos dirigentes, encabezados por Turull. “Es importante estar aquí. Pese a que las particularidades concretas de la vida política de Euskadi y Catalunya son diferentes, nos enfrentamos a problemas comunes y defendemos nuestra soberanía. Dentro de esos problemas comunes, nos toca darnos cuenta de que también nos está afectando toda la situación mundial y el contexto europeo. Nos va a tocar poner mucha atención a cómo se va a desarrollar ese nuevo orden europeo. Para que Europa no sea intrascendente se va a ver obligada a reforzarse, y ahí la nación vasca y la catalana tienen que buscar un hueco. Creo que tenemos que poner tanta o más atención al nuevo contexto europeo que al que hay en el Estado español. El PNV se siente en Catalunya como en casa”, ha dicho a los medios de comunicación Esteban en la capital catalana. El encuentro se ha producido después de la votación en el Congreso en la que el PNV secundó la reducción de la jornada laboral propuesta por Yolanda Díaz, a diferencia de Junts.

“Felicidades, Catalunya. Nación hermana de la nación vasca, tierra de acogida, pueblo cosmopolita con fuertes raíces e identidad propia. Visca Catalunya!”, ha publicado en X el propio Pradales. Pero él lo ha hecho desde Canarias, donde se encuentra de viaje oficial. El PNV tiene aún más vínculos con CC que con Junts y, de hecho, esta alianza le ha salvado el escaño europeo en 2019 y 2024 ante la ruptura con el nacionalismo catalán. CC gobierna en coalición con el PP en el archipiélago y defendió el 155 para Catalunya tras el 'procés'.

En el año y pocos meses que Pradales lleva al frente del Gobierno vasco ya ha mantenido varios encuentros con Clavijo. Han compartido las conferencias de presidentes de Santander y de Barcelona, pero el líder canario estuvo también en Vitoria, al igual que otros cargos de su equipo. Euskadi y Canarias comparten una línea conjunta sobre migración y de reclamación al Estado de cambios en esa materia, por ejemplo. De hecho, la consejera del ramo, Nerea Melgosa, está también en la delegación en Canarias.

Ambas comunidades buscan extender esa visión común a otras áreas interrelacionadas. Por ejemplo, la alianza que han cerrado en Tenerife sobre I+D+i, empleo y formación este jueves tiene mucho que ver con ello. “Este protocolo permitirá a Euskadi beneficiarse de aprendizajes desarrollados por la comunidad canaria, como el del proyecto ‘Tierra Firme’, de formación en origen en cooperación con países de África Occidental, centrado en la formación profesional, el empleo y la migración regular. En Euskadi tenemos ya un déficit de trabajadores debido al envejecimiento de la población. A su vez, están llegando personas migrantes que muchas veces no se ajustan a las cualificaciones y perfiles que demanda nuestro tejido empresarial. Tenemos que gestionar esta realidad. Y creemos que ‘Tierra Firme’, con el conocimiento en formación profesional en origen que conlleva, puede ser una referencia muy importante para que también nosotros empecemos a desarrollar experiencias similares”, ha dicho en las islas Pradales, que ya tuvo un encontronazo con sus socios del PSE-EE al dar a entender en un foro con el presidente gallego del PP Alfonso Rueda que Euskadi no recibía la migración que necesitaba. En el viaje, Pradales tendrá también la oportunidad de conocer el barco de rescate Open Arms. Será este viernes.

Ambos Gobiernos, vasco y canario, entienden que ofrecen una forma de hacer política diferente (y mejor) que la que se ve en Madrid. “Política basada en el diálogo, la colaboración, y la búsqueda permanente del bien común, por encima del ruido, la bronca y la polarización. Nos separan miles de kilómetros, o de millas náuticas si lo prefieren. Pero nos une una forma de entender la política”, ha manifestado Pradales en un comentario repetido después por el portavoz canario, Alfonso Cabello, en Radio Club Tenerife, la emisora local de la Cadena Ser. “Es una gozada y hay buena sintonía. Ambos Gobiernos, en este momento, están intentando alejarse del ruido político. Modo canario o vasco. Política útil”, ha señalado el dirigente de CC.

Nadie ha sido más importante para la buena marcha de las relaciones entre el PSOE y Junts que Santos Cerdán. Junto a Jordi Turull desde la orilla independentista, el ya exsecretario de organización fue el hombre que muñó el acuerdo de investidura en otoño de 2023 y, desde entonces, en enlace constante entre el Gobierno y la formación de Carles Puigdemont. Por eso la caída de Cerdán por su implicación en las grabaciones sobre la trama de corrupción que envuelve a Koldo García inquieta especialmente a Junts.

Con la salida de Cerdán del partido, tanto los independentistas como el Gobierno pierden a un interlocutor que era considerado clave y que sostenía –y a veces remendaba– el frágil hilo de confianza entre Waterloo y la Moncloa que mantiene el pulso de la legislatura.

El pasado jueves por la mañana, cuando el contenido de las conversaciones entre Cerdán, Koldo y José Luís Ábalos aún no había salido a la luz de forma íntegra, Jordi Turull evitó hacer escarnio de un hombre con el que ha tenido una relación muy fluida. Pidió esperar a tener las explicaciones del implicado y defendió la presunción de inocencia del número tres socialista.

Por la tarde, y después de ver la contundencia de los audios recogidos por la Guardia Civil y la comparecencia en la que el presidente, Pedro Sánchez, pedía perdón por haber confiado en Cerdán, Junts cambió el guion.

En un escueto comunicado, la formación de Puigdemont solicitaba a los socialistas una reunión “urgente” con su secretario general Jordi Turull y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras. Lo hacía después de conocer que Sánchez tenía previsto acabar la legislatura. En la formación independentista manifiestan dudas de si, para el Gobierno, el pacto de la investidura que firmó con ellos sigue teniendo recorrido y cómo piensa Sánchez encarar los dos años que le quedarían hasta las elecciones.

También necesita Junts, con cierta urgencia, un nuevo Cerdán, es decir, un interlocutor que combine las características que tenía el navarro: mando en el partido socialista, acceso al núcleo duro de Sánchez y confianza por parte de Puigdemont y Turull. Una confianza que no se desarrolla en dos días.

Los contactos de Turull y Cerdán

Las buenas relaciones entre Turull y Cerdán se iniciaron a mediados de 2023. Carles Puigdemont tenía interés en abrir una vía de contacto con el Gobierno y el entonces presidente de la dirección del PNV, Andoni Ortuzar, que mantenía contacto frecuente tanto con el secretario general de Junts como con el socialista navarro, hizo de mediador.

Cerdán ya era un hombre muy acostumbrado a tratar con los nacionalistas. Formaba parte de la familia del Partido Socialista de Navarra que, a partir de 2014, desprecintó los pactos con Geroa Bai e incluso con Bildu, tabú durante años para el socialismo foral. Como secretario de organización del PSOE, mantenía interlocución muy fluida con líderes del PNV y de la izquierda abertzale.

Por eso el contacto con Turull fue natural y los dos hombres se entendieron. Cuando tras los comicios de julio de 2023 Junts tuvo la llave de la investidura de Sánchez, las conversaciones no comenzaron de cero, porque los principales negociadores ya se conocían. El pacto avanzaba pero Junts reclamaba un gesto del PSOE para homologar a Puigdemont como un actor político respetable. Fue así como se cocinó la famosa fotografía de Cerdán con el líder de Junts en Bruselas, bajo una gran instantánea del 1-O.

Desde entonces, la relación con Cerdán ha sido muy fluida, según reconocen los independentistas. De hecho, en la negociación que PSOE y Junts mantienen en Suiza, con reuniones mensuales, el número tres siempre era un fijo, aunque a veces llegase acompañado de otras personas.

Cerdán también ha sido, como ha trascendido en ocasiones anteriores, uno de los hombres que se ha dedicado a apagar cada uno de los incendios surgidos entre Puigdemont y Sánchez. El último ocurrió en diciembre del año pasado, cuando el expresident consideró que los socialistas estaban dilatando el cumplimiento de los acuerdos para ganar tiempo. Puigdemont pidió a Sánchez que se sometiera a una cuestión de confianza y las réplicas de aquel terremoto continuaron durante meses.

Junts, según explicaron fuentes del partido entonces, generó aquella crisis “pese a Cerdán” ya que, según indicaban los independentistas, las negociaciones con el secretario de organización fluían y eran satisfactorias. La formación exconvergente no se quejaba del interlocutor, sino de que los acuerdos que se alcanzaban en la mesa suiza acababan siendo bloqueados en los ministerios.

Finalmente aquella tormenta entre Junts y el PSOE pasó. Se cerró tras largas conversaciones y nuevos compromisos verbales pero, sobre todo, se acabó poniendo el sello con la delegación de las competencias en materia de inmigración a la Generalitat. Era uno de los grandes empeños de Puigdemont y, su encaje entre los ministerios, uno de los retos a los que más se dedicó el político nacido en Milagro, en plena huerta navarra.

Tanto en público como en privado, Junts siempre ha tenido buenas palabras para Cerdán. Por eso, una vez el escándalo de corrupción se ha llevado por delante al hombre que los de Turull veían como puente, una de las grandes incógnitas es quien será el nuevo enviado de Sánchez para gestionar una de las alianzas más delicadas de todas las que el Gobierno necesita para continuar.

“Difícilmente podremos dar apoyo”. Es el aviso que ha lanzado el secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, en un artículo en elDiario.es al respecto del aval de su partido al inicio de la tramitación en el Congreso de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. El dirigente soberanista ha reclamado debatir sobre una bajada de impuestos a las pequeñas y medianas empresas o los “agravios” que, a su juicio, sufren los trabajadores catalanes.

La ley para reducir la jornada laboral a 37 horas y media ya está en el Congreso de los Diputados. La medida estrella de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha arrancado su camino parlamentario después de una tortuosa negociación en el seno del Gobierno, pero no tiene los apoyos necesarios para salir adelante.

La norma cuenta con el respaldo de los partidos de izquierda, incluido el PSOE, pero choca con el socio de investidura que más quebraderos de cabeza ha traído al Ejecutivo desde el inicio de la legislatura: Junts ya ha anunciado una enmienda a la totalidad. El “difícil” apoyo de Junts a la medida, ha explicado Turull, no se basa en que su partido esté “políticamente en contra” de la reducción de jornada, sino porque su formación rechaza “medidas de parte que pongan en riesgo la ocupación de calidad”.

“No es buena opción imponer ideológicamente las 37 horas y media porque comportará serias consecuencias, algunas en el terreno económico”, alerta Turull, en unos planteamientos que se sitúan en la línea de los expresados por dirigentes patronales catalanes como el líder de la Pimec, Antoni Cañete.

En un tono duro contra la vicepresidenta, el número dos de Junts considera “torpe” la gestión del Gobierno, y en especial de Díaz, a la que acusa de haber convertido las 37 horas y media “más en un lema de campaña que en una propuesta seria” y reclama que vuelva “al diálogo social” para negociar la medida.

“Los sindicatos y las patronales han sabido reducir a mínimos la conflictividad laboral a través de la negociación colectiva. Por eso es aún más difícil de entender que en un caso tan trascendente no pueda ocurrir lo mismo”, sostiene Turull.

El secretario general de Junts reclama una negociación sobre “los verdaderos retos del mundo del trabajo y la empresa”, que, agrega, son la creación de empleo estable y de calidad, el incremento salarial, el aumento de la productividad, la modernización de las empresas y la protección de los emprendedores.

Además, Turull reclama a Díaz debatir estos retos en “declinación catalana”. Los trabajadores y trabajadoras de Catalunya, denuncia el secretario general de Junts, “pierden poder adquisitivo porque el salario mínimo en España no contempla las diferencias territoriales del precio de la vida”.

“Abramos este debate con coraje y abordemos este agravio que penaliza a los catalanes. Abrámoslo también desde la perspectiva de su impacto sobre la actualización según el IPC catalán de los salarios y, por tanto, de las pensiones. Y abramos al mismo tiempo el debate sobre la desproporcionada presión fiscal que al mismo tiempo sufren las pequeñas y medianas empresas en Catalunya”, agrega Turull en su artículo.

Tras una semana en que Junts ha constatado su lejanía del PP de Feijóo debido a las presiones del líder conservador en contra de la oficialidad del catalán, el gallego y el euskera en la UE, Turull ha insistido en presentar a Junts como un actor con autonomía fuera de la mayoría de izquierdas que arropa al Gobierno. Así lo vienen haciendo los de Carles Puigdemont desde su apoyo a la investidura de Sánchez en 2023.

“No nos busquen en uno de los bandos porque nuestro bando es Catalunya. Aquí nos encontrarán siempre”, remacha Turull. Y, además, con disposición a negociar.

Las reacciones políticas y empresariales se han sucedido este viernes después de que, a última hora del miércoles, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) diera su visto bueno a la OPA del BBVA al Sabadell, una operación que ahora está pendiente de ser aprobada en el Consejo de Ministros.

El secretario general de Junts, de cuyos votos depende la mayoría del Ejecutivo en el Congreso, ha asegurado que los suyos se “oponen sin matices, del todo” a la OPA y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que no autorice la operación en cuanto llegue a sus manos.

Turull ha aprovechado esta comparecencia ante la prensa para defender la labor realizada por Pere Soler, un consejero propuesto por Junts que votó a favor de la OPA en la CNMC. Un movimiento que generó bastante polémica, teniendo en cuenta la oposición de su partido a la operación. Consideran que el movimiento tiene que incluir un tratamiento especial para las pequeñas y medianas empresas de Catalunya y Baleares, siendo ese uno de los focos de negocio del Sabadell y lo que más preocupación ha levantado entre el empresariado y la clase política.

Pero según el secretario general de Junts, el papel de Soler (que fue director general de los Mossos cuando se celebró el referéndum del 1 de octubre) en la CNMC está alineado con la postura del partido. Asegura que el consejero introdujo unas modificaciones en el texto general que “dejaban clara la especificidad de Catalunya”, lo que daba “fundamento jurídico” y “ampara legal” al Consejo de Ministros para oponerse a la OPA.

Turull ha sostenido que “Catalunya no puede perder ni un banco más” y ha considerado que ahora “es el momento de la política”, recordando a Pedro Sánchez que la ley le permite no autorizar la operación. Por su parte, este viernes la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha insistido en que el Gobierno “siempre va a defender el interés general” ante la OPA, aunque ha remarcado que quiere mostrar “mucha prudencia” y no puede adelantar medidas al respecto.

Por otro lado, el presidente del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha afirmado que ve “elevada” la predisposición del Gobierno de para denegar la OPA. “Soy de los que cree que esta operación sería muy mala para Catalunya”, ha zanjado en una entrevista en TV3.

Desde la patronal Cecot se ha advertido de que la OPA puede debilitar la capacidad de muchas empresas para negociar condiciones, diversificar riesgos y mantener relaciones bancarias estables, mientras que CCOO de Catalunya ha alertado este viernes de que existe una “alta probabilidad” de nuevos cierres de oficinas bancarias si la compra sale adelante.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha afirmado este sábado que el PSOE ha aceptado la reunión urgente en Suiza, con presencia del mediador internacional, que exigió este viernes el expresident Carles Puigdemont para negociar cualquier nuevo proyecto legislativo del Gobierno.

En una atención a los medios desde la Feria de la Oliva Virgen Extra de Catalunya, Turull ha indicado que ya están “encajando agendas” tanto con el PSOE como con los mediadores internacionales para que la reunión se pueda celebrar pronto, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La reunión en Suiza con la presencia del mediador internacional se cerrará en los próximos días y no tardará en celebrarse, tal y como ha explicado elDiario.es. En el encuentro Junts volverá a exigir al PSOE avances decisivos en los compromisos pendientes. El principal, la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y a otros dirigentes, está en manos de la Justicia y no del Gobierno, si bien hay otras negociaciones en marcha.

La más avanzada es la de la delegación de competencias en la gestión migratoria a la Generalitat de Catalunya. Aunque hace un mes estuvo a punto de concretarse el acuerdo entre los independentistas catalanes y el ministerio de Migraciones de Elma Sáiz, un escollo impidió el pacto final: la demanda de Junts de incluir el control de los pasos fronterizos, una línea roja para el Ejecutivo.

También está pendiente otro de los acuerdos firmados, el de la incorporación del catalán como lengua cooficial de uso en las instituciones europeas, algo que tampoco depende directamente del Gobierno. Desde el ministerio de Exteriores se han multiplicado los pasos dados en los últimos meses para conseguirlo.

“No nos asustan las etiquetas, ni lo que nos puedan decir”, ha sostenido la mano derecha de Carles Puigdemont, quien ha reiterado que el PSOE “no ha respetado ni la letra ni el espíritu” del acuerdo de Bruselas que propició la investidura de Pedro Sánchez.

Según Turull, el encuentro de Junts y el PSOE en Suiza con el mediador servirá para valorar “si vale la pena continuar o no” con el apoyo parlamentario al Gobierno. “No tenemos por qué seguir de esta forma, así de claro”, ha agregado.

“De esta forma no se puede continuar. Y si no continuara, pues cada uno con sus convicciones democráticas tendrá que tomar decisiones”, ha aseverado Turull, al tiempo que, haciendo suyas las palabras de Puigdemont este viernes, ha mantenido que su partido no quiere “engañar a nadie, ni alargar según qué agonía”.

Junts ha dado este martes un nuevo portazo a la posibilidad de aliarse con PP y Vox para votar una moción de censura que desbanque al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de la Moncloa.

“Por la mañana te piden que les ayudes y por la tarde te quieren en la cárcel”, ha espetado el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull, en un desayuno en el Forum Nueva Economía de Barcelona. “Ni nos hemos planteado una moción de censura”, ha proseguido Turull. “Hacer algo con Vox es una broma macabra”, ha añadido.

El rechazo de Junts a aliarse con la derecha y la ultraderecha ha llegado minutos después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tratara de seducir de nuevo al resto de grupos parlamentarios para aliarse contra Sánchez. “Es urgente devolver a los españoles la posibilidad de decir cómo quieren ser gobernados. El que crea que es razonable tiene las puertas abiertas para conversar”, ha afirmado el líder conservador, que el lunes también planteó esta posibilidad en una entrevista en Onda Cero.

Junts ha insistido en que la voluntad de su partido es que “se desatasque” el traspaso de las competencias en inmigración para Catalunya, que el catalán sea oficial en Europa y que haya una “amnistía real” para líderes independentistas como Carles Puigdemont.

Al mismo tiempo que rechazaba la alianza con Vox y PP, Turull ha advertido al Gobierno de las consecuencias que tendría para el Ejecutivo no someterse a una cuestión de confianza, tal y como reclama Junts. “Tendremos que tomar decisiones que no gustarán al PSOE”, ha advertido Turull.

Carles Puigdemont ha convocado la dirección permanente de Junts a una reunión este viernes en Bruselas. Este encuentro servirá para abordar la situación el día siguiente de que la Mesa del Congreso haya tomado una decisión sobre la proposición no de ley (PNL) sobre la cuestión de confianza.

Turull ha insistido que lo que pase el jueves a este respecto “no es inocuo” ni “menor”. “La confianza no se ha restaurado. Nosotros hemos cumplido la parte que nos tocaba, pero, si cogemos tema por tema, todo son excusas”, ha denunciado el secretario general de Junts.

Respecto a los Presupuestos, Turull ha asegurado que su formación no los negociará hasta que las actuales cuentas estén ejecutadas. “Hasta que no haya presupuestos ejecutados y cumplidos, no hablaremos de los siguientes”, ha afirmado. “No puede ser el timo de la estampita”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull (Parets del Vallès, 1966) ya era la mano derecha de Carles Puigdemont, pero desde el último congreso del partido ha ganado aún más poder. Su interlocutor habitual en el PSOE es Santos Cerdán, y no solo por sus encuentros periódicos en Suiza. “Con él la relación es buena y fluida”, reconoce. El problema, añade, es que los acuerdos que alcanzan, después se encallan en los ministerios.

Turull insiste en que de momento no se dan las bases para sentarse a hablar de los Presupuestos. Además de reclamar que Pedro Sánchez se avenga a debatir sobre una cuestión de confianza, exige que el Gobierno compense los retrasos en las inversiones para Catalunya, esas que figuran en el ejercicio anterior y que, a diferencia de lo que pasa en la Comunidad de Madrid, siguen pendientes. “Por el balance del acuerdo de Bruselas y por la ejecución de las cuentas actuales, el PSOE sabe que no se dan las condiciones para negociar nada de Presupuestos”, advierte. 

Respecto a las relaciones entre Junts y ERC, siempre mejorables, el 'número dos' de Puigdemont deja caer una afirmación que es más que ilustrativa: “Rufián hace muy bien de portavoz del partido socialista”.

¿El PSOE ya les ha comunicado si apoyará la proposición para pedir que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza?

No nos han dicho nada. Nosotros les hemos dejado claro que habrá consecuencias si no se permite ni hablar de la cuestión y que no podamos debatirla. Y no nos han comunicado nada. Parecía que la iban a tumbar directamente, pero se han dado un tiempo. 

¿Ese tiempo lo han pactado?

No. Les advertimos hace un año de que no hay bases para la confianza. El acuerdo de Bruselas costó mucho y dijimos que al cabo de un año veríamos si se habían sentado esas bases. Los hechos demuestran que no puede haberla porque hay buenas intenciones en Ginebra, pero un discurso muy distinto en Catalunya y en Madrid. Y en cuanto a los hechos efectivos, ninguno. 

¿Esperarán a ver qué hace el PSOE para decidir si empiezan a negociar los Presupuestos?

De momento no se dan las bases para negociar los Presupuestos. Nosotros nunca les hemos querido engañar: dijimos que no negociaríamos ningún presupuesto nuevo hasta que no se acredite el cumplimiento del actual. En estos momentos el porcentaje de ejecución en Catalunya es muy bajo. Les hemos propuesto fórmulas para compensar y no las han concretado. Hasta que no se cumpla lo prometido a Catalunya en inversiones no negociaremos un nuevo presupuesto. No tiene ningún sentido.

Pero si el porcentaje de cumplimiento es bajo, algo habitual en gobiernos de todo color, ¿hay margen para negociar Presupuestos y a la vez alcanzar un porcentaje que les parezca razonable?

Hay una fórmula jurídica, la disposición adicional tercera del Estatut, que dice que si no se ha ejecutado el 40%, esto equivale a tantos millones, y es un talón que se entrega a las arcas de la Generalitat para que el Govern de Salvador Illa en este caso pueda ejecutar inversiones en Catalunya. Lo que no haremos es ir aprobando cosas que sabemos que no se cumplen. 

¿Ese cálculo en base al Estatut lo han hecho?

Se lo advertimos en julio. Presentaron los datos de ejecución públicos y estábamos en el 40%, mientras en Madrid se disparaba más allá del 100%. Es decir, más de lo prometido. Vamos de mal en peor. Pero a día de hoy no sé cual es el porcentaje de ejecución. 

¿El PSOE ve bien la opción de compensarlo vía cheque?

No nos han contestado. Es que hasta ahora no ha habido negociación de Presupuestos. No tenemos ni el techo de gasto, que votamos en contra porque el Estado se quedaba toda la capacidad de gastar de más y no los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, que son los que tienen más presión por las necesidades sociales.

Puigdemont afirmó que aquello que negocian en Suiza no hay forma de concretarlo cuando llega a los ministerios. ¿A qué casos se refería?

Pasa un poco en todos. Por ejemplo, hubo aquella conversación entre el ministro Urtasun y un diputado de ERC en la que el ministro decía que en el Consejo de Ministros le habían dicho que con Junts todos tranquilos porque se iba a aprobar el techo de gasto. Y nosotros habíamos advertido de que votaríamos en contra. No sé quién informa mal al Consejo de Ministros… O cuando negociamos la ley para el traspaso de la gestión de la inmigración. A veces cuando hablas con los ministros parece que tienen una versión que no tiene nada que ver con lo acordado en Ginebra. No sé donde se produce la distorsión, eso lo sabrá el PSOE. 

Se lo habrán preguntado a Santos Cerdán.

Con Santos Cerdán la relación es muy buena y fluida, pero a la hora de trasladarlo al Consejo de Ministros muchas veces hablas con ministerios y parece que están en otro tipo de acuerdo que no tiene nada que ver.

El acuerdo de inmigración debería estar pactado a 31 de diciembre. Ustedes piden que la Generalitat pueda resolver sobre permisos de residencia de corta y larga duración, reagrupación familiar, órdenes de expulsión, lengua catalana, control de fronteras… ¿Dónde está encallada la negociación?

Siempre decimos que queremos ser más nación y menos gestoría. Y las propuestas parecen más una encomienda de gestión que una delegación de competencias. La clave es la resolución. Lo que no podemos hacer es que la Generalitat haga la propuesta de resolución y la comunicación, pero que la resolución corresponda al Estado. Con esto no puedes hacer políticas de inmigración. En materia de gestión, si hay voluntad política, y yo creo que la hay, podríamos cumplir lo pactado antes de final de año. 

¿Usted cree que el ministro Marlaska va a decir que sí a que los Mossos d’Esquadra tengan el control de fronteras?

Yo no quiero anunciar nada hasta que no esté atado y bien atado. Pero en el caso de la ley del traspaso de competencias creo que estamos en un punto en el que solo hace falta la voluntad política un poco más allá del ministro Marlaska. 

¿Ya no es Marlaska sino el presidente Pedro Sánchez?

Claro. Ante la discusión es él quien tiene que tomar una decisión de acuerdo con lo que pactamos. Creo recordar que en el tema de la inmigración el acuerdo no sale de Ginebra, sino de la negociación de los reales decretos de principios de año. Y decía que se hará una delegación para la gestión integral de la inmigración. Por lo tanto, necesitamos todos los instrumentos para hacer esa gestión.

¿Estas cuestiones se resolverían con una llamada entre Sánchez y Puigdemont?

Seguramente. Pero de momento lo que hace Sánchez es dar por buena la interpretación que hacen Llarena y Marchena de la ley de amnistía. Ellos no lo aplican jurídicamente y Sánchez no la aplica políticamente. Por eso esa llamada no se ha producido. 

¿Qué es no aplicar políticamente la amnistía?

Decir que yo con este señor no me voy a reunir a no ser que me digan no se qué. Hacer el relato que hace Llarena de que Puigdemont es un prófugo, que cometió no se cuántos delitos… Menos la muerte de Kennedy, le han intentado imputar todas las atrocidades. No entiendo por qué si tienes un socio de gobierno no quieres hablar con el que sabes que lidera la otra parte. El balance del acuerdo de Bruselas no es bueno. Por eso el president dice que así no podemos seguir. 

Pero para concretar eso de que así no pueden seguir, la única manera de que Sánchez no continuase en Moncloa sería si ustedes apoyasen una moción de censura con PP y Vox y se eligiese a Feijóo o a otro presidente. Y usted siempre dice que eso es una fantasía del PP.

Votar una moción de censura con PP y Vox es una fantasía, no lo vamos a hacer. Ahora bien, hay un presidente que no aprueba Presupuestos, que no saca adelante sus proyectos de ley, que va aguantando… Él sabrá si le vale la pena seguir o no. Quizás desde su concepción de querer el poder a costa de lo que sea, los ciudadanos ya lo valorarán. Pero si se da por finalizado el acuerdo, no nos sentiremos comprometidos para nada con el Gobierno. Difícilmente habrá Presupuestos creíbles y beneficiosos para Catalunya, por lo tanto, si hay un presidente que no cumple lo acordado y quiere seguir a costa de lo que sea, será a su conciencia. Pero una moción de censura no es la única manera para que las cosas se resitúen políticamente.

¿Y qué otra manera habría?

Dar la palabra a los ciudadanos. Nosotros, lo dijo el president, creemos que un presidente en una democracia normal diría “me someto a una cuestión de confianza”. Que es lo que hemos pedido, y lo hacemos desde la credibilidad de haberlo hecho nosotros. Al president Puigdemont no le aprobaron los presupuestos la CUP y se sometió a una cuestión de confianza [en 2016] que sirvió para dar un nuevo impulso. A veces las cuestiones de confianza no son un tema negativo, sirven para resituar las cosas. 

¿Pero en esta cuestión de confianza ustedes qué votarían? Porque el president Puigdemont sabía que la podía superar.

O no. No sabíamos lo que haría la CUP y además les dijo una cosa en el Parlament: si no me votan los Presupuestos, no me voten a favor en la cuestión de confianza, porque yo no podré tirar adelante el proyecto que tengo sin estos Presupuestos. La cuestión de confianza no se sitúa la semana que viene. Hay muchas cosas que se podrían desencallar pero todo es de una lentitud y de una falta de voluntad política... Por ejemplo, el tema del catalán oficial en Europa, no ha habido una gestión del propio presidente del Gobierno para hablar con sus homólogos para que se den cuenta de la trascendencia que tiene este tema, que no les perjudica para nada. No lo ha hecho. En cambio sí que lo ha hecho para tener un cargo del PSOE en la Comisión Europea. No puede ser.

Bueno, el ministro Albares parece que se ha esforzado.

Cuando el ministro Albares ha hecho gestiones lo hemos puesto en valor, pero hay momentos y gestiones que se tratan de primer ministro a primer ministro y esto no se ha producido. Y si lo hace para un cargo del PSOE ¿por que no lo puede hacer por un tema que es tan trascendental como es el tema del catalán?

Si se da por finalizado el acuerdo, no nos sentiremos comprometidos para nada con el Gobierno

Ha quedado claro que se fían poco de Sánchez, pero algunos dirigentes de Junts han dicho que aún se fían menos de Feijóo.

No es un tema de fiarte más o menos, es un tema del relato político. El PP ha hecho auténticas atrocidades respecto a nosotros. El PP avala descaradamente todo el tema del lawfare. Yo no sé si son los portavoces de la toga nostra o es al revés: la toga nostra son los representantes políticos del PP vestidos con toga. No sabemos dónde empieza una cosa y dónde acaba la otra. Para nosotros, la política que hacemos en el Congreso de los Diputados en Madrid es en la lógica casi de Asuntos Exteriores. No vamos ahí a hacer amigos ni a encontrar homólogos. Vamos a defender los intereses que entendemos que son buenos para Catalunya. Por tanto no entraremos en la discusión de “si no es este tiene que ser el otro y si no el otro”. 

Pero que esté uno u otro depende de ustedes.

No. Depende de los ciudadanos.

Me refiero en el caso de que se recurriese a un instrumento como una moción de censura.

Nos decían que si llega el PP, no tendréis la ley de amnistía. Vale, como ahora. De momento el único que ha pactado con el PP es el PSOE para tener la alcaldía de Barcelona o para consagrar una cúpula judicial que digamos que es lo peor en términos de justicia en Europa. Por tanto que no nos vengan a nosotros con el PP. Quien está pactando los grandes temas con el PP es el PSOE. El discurso de que si no votas a Pedro Sánchez vienen el PP y Vox no nos impresiona para nada. Porque después ya está: saben que pueden incumplir lo que quieran y que nunca votarás en su contra. Esto ya le ha pasado a otro partido político catalán que aún prefiere seguir aguantando. Pedro Sánchez dirá que con ERC puede hacer lo que les de la gana porque le seguirán votando a favor, pero esta no es nuestra lógica. Es muy respetable, somos dos partidos distintos.

Ustedes le han reprochado siempre a ERC que Sánchez les tomaba el pelo y no cumplía con lo que prometía. Pero por el balance que hace de este año de la relación entre Junts y el PSOE les ha pasado un poco lo mismo.

Nosotros hemos conseguido cosas. Pero hacemos una cosa que no había sucedido hasta ahora y es decir “esto no funciona”. Le hemos pedido que se someta a una cuestión de confianza y si no tendrá consecuencias. Lo que no vamos a hacer es ir pasando año a año e ir incumpliendo y aquí como si no pasara nada por miedo a que llegue no sé quién. Creo que la diferencia es esta. Nosotros decimos que si usted está incumpliendo hasta aquí hemos llegado. Hemos de ser honestos. El acuerdo de Bruselas nace de la base de solucionar un conflicto político. Si están diciendo todo el día en Catalunya y en Madrid que se ha acabado el conflicto político, ¿qué sentido tiene este acuerdo? Y si no tiene sentido este acuerdo, a nosotros no nos tienen que necesitar para nada y por tanto nos debemos sentir libres de votar lo que queramos en cada momento sin entrar en la negociación para intentar dar estabilidad al Gobierno.

Gabriel Rufián repite a menudo en el Congreso que Junts está preparando el terreno para acabar apoyando a un Gobierno del PP.

Yo creo que Rufián hace muy bien de portavoz del partido socialista. Nosotros estamos defendiendo a los ciudadanos de Catalunya. Cuando afirmas que no puedes llevar la contraria al PSOE porque llega el PP, cotizas cero para el PSOE. Porque dirán 'bueno este podrá decir lo que quiera pero si al final tiene que elegir entre el PSOE y el PP ya ha dicho que me escoge a mí'. Nosotros hemos dejado claro que no vamos a escoger al PP ni al PSOE sino aquello que creamos que es mejor para los intereses de Catalunya. 

Lo que pasa es que el PP les dio la semana pasada la bienvenida a “su lado del muro”, literalmente. ¿Les molesta que el PP les sitúe a su lado?

No, porque no nos impresiona lo que nos puedan decir. Nos han dicho tantas cosas que estos argumentos de politiquería no tienen nada que ver. La reforma laboral porque se equivocó un diputado, pero votó en contra ERC con el PP, y a mí no se me pasa por la cabeza decir que defienden el mismo modelo laboral. Esto es no tomar a la gente por personas formadas y adultas y por tanto esta politiquería no nos impresiona lo más mínimo. La gente lo entiende. Nosotros no estamos negociando nada con el PP. Negociaremos pieza a pieza. ¿Esto es beneficioso para Catalunya? Lo votamos a favor. ¿Esto es consolidar el café para todos? Lo votaremos en contra. ¿Esto invade competencias de la Generalitat? Lo votamos en contra. Es muy fácil para el PSOE adivinar cómo vamos a votar las cosas. Todo lo que sea incrementar los agravios económicos o de invasión competencial para Catalunya saben que votaremos en contra. Todo lo que nos acerca al reconocimiento nacional y que implique superar estos agravios, va a tener nuestro voto favorable.

Sabe que en Madrid dicen que el BOE lo controla Junts.

Intentamos conseguir el máximo para los ciudadanos de Catalunya. Hay cosas que se están haciendo que provocan una gran inseguridad jurídica y asustan a los inversores, como cambiar las reglas fiscales de la inversión del Hard Rock a medio partido. Un inversor ve esto y puede decir 'yo aquí no vengo porque me ponen unas condiciones más gravosas que las pactadas'. El PSOE se ha acostumbrado a prometer una cosa y la contraria porque quiere pactar con gente muy distinta para mantener la presidencia. Ha ocurrido con la financiación: el PSOE ha puesto en un mismo párrafo que el nuevo sistema será bilateral y multilateral a la vez y que todas las comunidades estarán por encima de la media. Yo no soy de números, pero esto no puede ser porque si hay una media algunas estarán por encima y otras por debajo. 

¿Catalunya tendrá un modelo de financiación singular?

Forma parte del acuerdo de Bruselas. Pedimos salir de la LOFCA y el concierto vasco. El PSOE no estuvo de acuerdo y llegó a un acuerdo con ERC, que es muy legítimo, pero para Junts la carpeta de la financiación todavía se tiene que hablar. ¿Ustedes dónde están? Parece que [el PSOE] quiere estar en el poder por el poder. Si esto es así, nosotros no somos el socio que están buscando.

¿Les molesta que digan que Junts actúa como lobby de intereses empresariales, como hacía Convergència?

No nos tenemos que acomplejar por las etiquetas que nos pongan. Tenemos claro quiénes somos y qué defendemos, también en Madrid. El acuerdo de Bruselas dispone que habrá estabilidad si se cumplen los acuerdos y que Junts no está en ningún bloque. Tanto la empresa como los sindicatos de Tarragona pidieron no permitir el impuesto a las energéticas para que no se fuera la inversión.

El president Illa dice que las inversiones de Tarragona no peligraban por el impuesto.

Sí peligraban, porque la empresa planeaba aumentar actividad en Portugal [si se mantenía el impuesto]. Nuestra posición ha sido una defensa de los intereses de Tarragona. ¿Qué quiere hacer el Govern en Tarragona? Hay un 'no' al Hard Rock, 'no' a la reconversión de la petroquímica en una plataforma verde, la crisis de los pescadores y el ministro y el conseller, silbando. Nos creemos más las inversiones de según qué empresa que las del Estado, que las promete y no las acaba haciendo. 

Parece que el PSOE quiere estar en el poder por el poder. Si esto es así, nosotros no somos el socio que están buscando.

La última encuesta del CEO vaticinaba que Junts podría perder entre tres y cinco diputados. El resto se quedaban más o menos igual mientras que el partido que más subía era Aliança Catalana. ¿Intuye que pueden ser votantes suyos que se pasan a Silvia Orriols?

No lo sé, hay un poco de todo. Hay discursos que viven del conflicto y no de solucionarlo. Más que en las encuestas y de estar pendientes de otras fuerzas, nos tenemos que concentrar en hacer nuestro trabajo. En inmigración hemos propuesto una solución catalana porque hay que afrontar el problema en vez de no hacerlo por buenismo o por populismo. Si no tenemos todos los instrumentos, no podemos afrontar este reto, y esto es lo que estamos discutiendo con Madrid.

¿Le enfada que les llamen populistas?

No, porque no me siento populista. Nos han puesto tantas etiquetas... Somos los de Junts.

¿Por qué Puigdemont no ha cumplido la promesa de dejar la primera línea política si no era escogido president?

Para no blanquear la prevaricación de algunos jueces. El president Puigdemont tendría que estar amnistiado y poder ejercer de diputado para poder decidir si continuaba. Cuando él dijo lo que dijo, estaba a punto de publicarse una ley de amnistía que no se ha aplicado. No seguiremos el juego al señor Llarena y al señor Marchena.

¿Que el president Puigdemont y Junqueras sigan al frente de Junts y ERC complica esa unidad independentista que una parte del electorado reclama?

No puedo hablar por Oriol Junqueras, pero el president Puigdemont ha interpretado los aprendizajes de 2017. La gente reclama unidad de acción. Estábamos esperando el proceso interno de ERC para ver si la unidad es posible, aunque hay una cosa distinta: la apuesta estratégica de ERC para darlo todo al PSC, incluso la Generalitat a una persona que, para nosotros, representa el espíritu del 155. Si la lógica es recuperar lo bueno y lo mejor que nos llevó al 1 de octubre, nos podremos entender. 

La apuesta estratégica de ERC para darlo todo al PSC, incluso la Generalitat a una persona que, para nosotros, representa el espíritu del 155

¿Qué ha pasado en el Consell de la República?

Esto lo tiene que decir el Consell de la República. Yo me cuido de Junts.

Pero tendrá algo de información...

No se crea, no se crea. He estado muy concentrado en Junts y en nuestro congreso. Tengo plena confianza personal y política en las personas que han estado al frente del Consell de la República. 

¿Le consta si Toni Comín hizo un uso indebido de los fondos de la entidad?

Parto de la confianza. Mi experiencia con Toni Comín es en Junts, no en el Consell, y en Junts no hay queja. Cuando se constituyó el Consell de la República, yo estaba en la cárcel, y lo único que hice al salir fue hacerme socio.

¿Tiene sentido que siga existiendo el Consell?

Mantener el espíritu fundador del Consell e intentar aglutinar a todo el movimiento independentista puede tener sentido, pero esto es un debate que tiene que tener la gente del Consell. Mi responsabilidad es que Junts per Catalunya tenga una actitud favorable a la unidad. 

Vea aquí la entrevista íntegra:

Vídeo: Kike Rincón

Los números siguen sin salirle a Alberto Núñez Feijóo. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este viernes ha rechazado apoyar una eventual moción de censura del PP y Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez al considerar esta operación “una fantasía”.

El líder de la oposición ha abierto la puerta a presentar una moción de censura al ponerse a disposición de los socios de Pedro Sánchez para “abrir una nueva etapa”, después de que el comisionista Víctor de Aldama haya lanzado acusaciones de corrupción contra el Ejecutivo y el PSOE tildadas de “falsas” por el jefe del Gobierno.

En declaraciones a la prensa en la sede de Junts, Turull ha reiterado que no se trata de que el partido de Carles Puigdemont “retire o no” el apoyo a Sánchez, sino de que su colaboración con el Gobierno debe ir “pieza a pieza” y votación a votación. “Una moción de censura con el PP y Vox es una fantasía”, ha apostillado.

La aritmética del Congreso, tal y como ocurrió tras las elecciones de julio de 2023, impide que el éxito de una moción de censura del PP debido al veto a Vox de los partidos nacionalistas catalanes y vascos, cuya suma con la extrema derecha es necesaria para que triunfe la iniciativa de Feijóo.

En suma, Sánchez tiene que sudar cada votación y hacer equilibrios a izquierda y derecha para obtener victorias parlamentarias, pero no hay una mayoría viable que se pueda articular en su contra en una moción de censura.

La propuesta de Feijóo también ha generado reacciones en el resto de partidos que negocian con el Gobierno. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ha recordado que le dijo a Feijóo que él sería presidente “por acción o por omisión de Junts”.

“Creo que Vox es un actor que costará blanquear en Catalunya, pero hace ya meses que Junts vota con el PP y con Vox”, ha agregado Rufián.

En este sentido, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha tendido la mano al PP para “construir una alternativa” y se ha mostrado dispuesto “a lo que sea necesario”, pero ha apuntado que no se deben generar falsas esperanzas ni confundir a los ciudadanos sobre una moción de censura que desaloje a Sánchez de la Moncloa.

Tampoco, ha señalado, sobre la posibilidad de que los partidos separatistas puedan apoyarla, porque “disfrutan de un gobierno débil”, ha dicho Abascal.

Por su lado, el portavoz del PP, Borja Sémper, ha recalcado que su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, está dispuesto a “hablar” de cara a armar una moción de censura porque, ante los casos de corrupción, “más allá de la aritmética está la ética”.

“Si hay otros partidos políticos que ya no soportan este bochorno diario, nosotros estamos dispuestos a hablar y a ofrecer a los españoles una alternativa; esto es lo que venimos diciendo, lo que ha dicho Feijóo desde hace mucho tiempo, lo que decimos todos sin engañarnos de cuál es la situación aritmética”, ha afirmado.