El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha descartado que su partido vuelva a dar sus votos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que repita en la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre: “A Pedro Sánchez no le investiremos. Hemos salido escarmentados”.

En una entrevista en TV3 este miércoles, Turull ha asegurado que Sánchez “no ha cumplido” sus compromisos con Junts.

El partido de Carles Puigdemont ya advirtió en 2023, tras investir a Sánchez a cambio de la amnistía, que no formaría parte del bloque parlamentario que apoya al Ejecutivo, y así ha sido durante la legislatura: el Gobierno ha tenido que sudar el visto bueno de Junts a cada proyecto de ley, y a la formación no le ha temblado el pulso para tumbar iniciativas como los decretos de vivienda.

El secretario general de los neoconvergentes ha reiterado que su partido no está en ninguno de los dos bloques liderados por el PSOE y el PP que dividen la política española. Este martes, la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, también rechazaba “absolutamente” pactar con un eventual Gobierno de PP y Vox tras los comicios.

El secretario general de Junts ha recordado que, ya antes de la convocatoria electoral, pidieron a Sánchez dar un paso al lado y que el PSOE propusiera otro candidato a la presidencia del Gobierno.

“Con este señor es imposible porque no ha cumplido”, ha insistido Turull, que ha acusado al líder del PSOE de hacer políticas “para quedar bien” y haber gobernado como si tuviera “mayoría absoluta” pese a no haber ganado las elecciones.

Sobre el retorno del expresidente catalán Carles Puigdemont tras el aval definitivo a la amnistía, Turull ha asegurado que no entrará en la “especulación”. No ha concretado si el líder de Junts podría regresar a Catalunya antes de fin de año ahora que el Supremo ha levantado la orden de detención contra él, y ha admitido que la campaña electoral “lo altera todo”.

La prioridad de Junts, ha subrayado, es que Puigdemont vuelva como “el presidente del país” tras haber “preservado la institución de la Generalitat y la presidencia” nueve años en Bélgica. “El retorno tiene que ser coherente con esto”, ha agregado.

El Tribunal Constitucional afronta esta semana el debate decisivo sobre la aplicación de la amnistía a los condenados del procés independentista catalán. Una deliberación del pleno en la que el conservador José María Macías defenderá una ponencia para rechazar las alegaciones del exconseller Jordi Turull y mantener su condena de inhabilitación por el delito de malversación que el Tribunal Supremo rechazó amnistiar. Un borrador que, además de respaldar a la Sala de lo Penal, orilla el aval a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio a la amnistía y sus argumentos sobre ese delito que, a día de hoy, impide el regreso de Carles Puigdemont a España sin riesgo de ser arrestado.

Jordi Turull, conseller del Govern de Carles Puigdemont, fue condenado a 12 años de cárcel por el Tribunal Supremo en 2019, la condena más alta del caso por detrás de Oriol Junqueras. Con su condena de prisión fuera de circulación tras el indulto parcial concedido por el Gobierno en 2021, la pelea del hoy secretario general de Junts per Catalunya se centró en que la amnistía se aplicara también a la condena de inhabilitación derivada del delito de malversación y que, en la práctica, le impide volver a la política. La respuesta no unánime del Tribunal Supremo –con una magistrada, la Fiscalía y la Abogacía del Estado en contra– fue negativa: no tuvo que pagar el procés de su bolsillo y eso, según los jueces, equivale a un enriquecimiento ilegal proscrito en la amnistía.

Su recurso llega a pleno después de que la amnistía haya pasado todos los filtros: tanto el del propio Tribunal Constitucional como el del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Este último contradijo al Tribunal Supremo en un punto ahora clave: el procés independentista de 2017 no afectó a los intereses económicos de la Unión Europea. Uno de los argumentos de la Sala de lo Penal para no aplicar la amnistía al delito de malversación. La ponencia que defenderá esta semana el magistrado conservador José María Macías priva de efectos a esta resolución europea al entender que no puede ser aplicada “retrospectivamente” a lo que antes dijo el Supremo.

El papel de Macías en los debates del Constitucional sobre la amnistía fue polémico desde su primera designación como ponente del recurso del Partido Popular contra la ley. Su pasado como vocal del Consejo General del Poder Judicial y su activa oposición a la ley de perdón del procés determinaron que la mayoría progresista del pleno aceptara su exclusión de todos los debates después de ser recusado por la Fiscalía. Se mantuvo como ponente del recurso de Jordi Turull porque, tal y como constató el tribunal, el exconseller lo pidió fuera de plazo.

La ponencia de este magistrado, que ha podido examinar elDiario.es, propone rechazar todos los argumentos de Turull, la Fiscalía y la Abogacía del Estado y respaldar al Tribunal Supremo en su negativa a amnistiar la malversación. El hecho de que la Sala de lo Penal dijera, por primera vez en el proceso judicial que arrancó en 2017, que los líderes del procés había tenido un “beneficio patrimonial”, no supone una “introducción sorpresiva de hechos o calificaciones” que haya vulnerado los derechos de Turull.

La negativa del Supremo a eliminar la condena de inhabilitación que le impide presentarse a unas elecciones, añade Macías, no vulnera sus derechos políticos. Eso lo hizo, en todo caso, la sentencia que le impuso 12 años de cárcel, pero como recuerda la ponencia ya fue avalada por el Tribunal Constitucional: “La negativa a aplicar la amnistía no introduce una nueva restricción sino que mantiene los efectos de una pena impuesta con todas las garantías, en virtud de un título judicial firme, que ya ha superado el correspondiente control constitucional”. Se apoya en otro caso ligado al procés donde el Constitucional argumentó lo mismo: la condena del expresident Joaquim Torra que le sacó de la presidencia de la Generalitat de Catalunya.

No hubo “animadversión” contra Turull

La ponencia de Macías, entre críticas formales al recurso del exconseller, también rechaza que se haya conculcado su derecho a la tutela judicial efectiva y descarta que el Supremo interpretara erróneamente la voluntad del legislador en la amnistía. “Ha desarrollado una respuesta razonada, completa y estructurada”, dice el borrador de sentencia. “Solicitar que interpretemos la Ley sin otra referencia que la voluntad del legislador es pedir que abdiquemos de nuestra función como jueces”, dijo entonces el Tribunal Supremo.

La interpretación del Supremo sobre la malversación y el procés, añade Macías, “no puede tildarse de sorpresiva o imprevisible, y mucho menos de caprichosa o fruto de una supuesta animadversión” hacia Turull. La doctrina establecida en casos de malversación como Emarsa –el saqueo millonario de la depuradora de València– apoya, según Macías, que el “beneficio” de un condenado por malversar no consista solo en quedarse el dinero: “También puede concretarse en la mera posibilidad de disponer indebidamente de unos fondos hasta entonces no disponibles”.

El magistrado del bloque conservador dedica las últimas páginas de su borrador a uno de los grandes hitos del tránsito judicial de la amnistía: la sentencia del TJUE que avaló la ley de perdón el pasado mes de julio. El tribunal europeo, reconoce Macías, “se ha pronunciado sobre esta cuestión en un sentido distinto al sostenido por la Sala Segunda”. Pero eso, añade, no cambia nada en el caso de Turull: “No permite proyectar retrospectivamente su contenido sobre el juicio de razonabilidad que ahora nos corresponde realizar, referido a la motivación ofrecida por el Tribunal Supremo en el contexto normativo y jurisprudencial existente en el momento en que adoptó las resoluciones impugnadas”.

El caso de Turull marcará el camino al resto de políticos catalanes, entre ellos a Carles Puigdemont, que espera un aval del Constitucional para ver desaparecer su orden de detención y poder regresar a España sin miedo a ser arrestado. Pero no será una decisión inmediata. La ponencia de Macías será analizada por una mayoría progresista que, hasta ahora, ha deliberado y votado en sentido contrario. Eso llevaría a un cambio de ponente y a una nueva deliberación en las semanas siguientes.

Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y el resto de exconsellers fueron los primeros candidatos a la amnistía y serán sus últimos beneficiarios. Más de dos años después de la publicación de la norma, el Tribunal Constitucional empieza a debatir esta semana los recursos de los dirigentes del procés contra la negativa del Tribunal Supremo a amnistiarles al plantear una novedosa interpretación al delito de malversación. Ahora sí, arranca la cuenta atrás para la materialización de la ley que facilitó la investidura de Pedro Sánchez y permitió arrancar la legislatura en 2023.

La fase final de la aplicación de la amnistía vuelve a moverse a caballo entre la política y la judicatura, igual que la última década del procés. El Tribunal Constitucional debate a partir de este martes la petición de amparo del secretario general de Junts y exconseller de Presidència, Jordi Turull, que marcará la pauta para el resto de exmiembros del Govern.

Se trata del primer caso particular de las negativas del Supremo a amnistiar a los líderes del procés que estudia el tribunal de garantías tras 22 sentencias en las que ya ha respaldado la constitucionalidad de la Ley en sentido general.

La deliberación de los recursos más sensibles le llega al Constitucional con el espaldarazo a sus tesis que supuso el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la ley de amnistía, en contra de lo que pretendían los juzgados españoles refractarios a aplicar la norma.

No cabe esperar una decisión del Constitucional a favor de los líderes del procés este mismo martes. El magistrado José María Macías, del grupo conservador del tribunal y ponente del recurso de Turull, quiere dar la razón al Supremo en su rechazo a aplicar la amnistía. No es una sorpresa: en 2024, mientras era vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), arremetió contra la Ley en una entrevista en OKDiario.

La mayoría progresista del Constitucional, salvo sorpresa, rechazará la ponencia de Macías y designará a un nuevo magistrado para que elabore un texto que avale la aplicación de la ley de amnistía a los investigados o condenados por malversación al entender que la interpretación que hizo el Tribunal Supremo no es válida. Esta ponencia alternativa podría aprobarse en el pleno del 6 de octubre. Esta es la fecha que tiene marcada en rojo todo el independentismo, ya que la decisión sobre el recurso de Turull señalará el camino del resto de impugnaciones.

Se espera que la mayoría progresista del Constitucional estime las peticiones de los exconsellers y los magistrados conservadores formulen votos particulares.

Las consecuencias del fallo del tribunal de garantías son notables: el aval a considerar que es amnistiable el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes del procés abre la puerta a la vuelta a España definitiva de Puigdemont, que permanece en Bélgica desde 2017, y a que Junqueras pueda volver a ser candidato a las próximas elecciones catalanas, previstas para 2028.

El expresident y el exvicepresident son los únicos líderes independentistas de 2017 que permanecen al frente de sus respectivas organizaciones. Especialmente relevante es para Junts el retorno de su presidente, en quien confían para lograr un revulsivo al trasvase de votos que todas las encuestas detectan hacia la extrema derecha de Aliança Catalana.

Aunque durante meses se especuló con que el Supremo buscara otra vía para no aplicar la amnistía pese a la decisión del Constitucional, en los últimos días las señales que llegan desde la plaza Villa de París, sede del Alto Tribunal, son más moderadas.

Fuentes próximas a los magistrados del Supremo trasladaron a la prensa en la apertura del año judicial que el juez Pablo Llarena no esperaría a conocer el fallo del recurso de amparo de Puigdemont, sino que tiene previsto actuar cuando el Constitucional dicte la sentencia de Turull, desbloqueando la aplicación de la amnistía a todos los dirigentes independentistas que recurrieron.

Es decir, si el tribunal de garantías estima el recurso de Turull, Llarena haría lo propio con el expresident, y la Sala de lo Penal con el resto de exconsellers, sin esperar a un goteo de sentencias caso por caso.

La pasada semana, el juez Llarena rechazó la petición de Puigdemont para aplicar la amnistía al delito de malversación tras la sentencia del TJUE, a la espera de lo que ocurra con el fallo del Constitucional.

Este cambio de actitud contrasta con la hemeroteca del propio juez. El año pasado, durante una intervención pública en Granada, Llarena aseguró que los recursos de amparo de los líderes del procés ante el Constitucional no tenían “ningún recorrido”.

El magistrado defendió que la particular interpretación del Supremo sobre la malversación, que por primera vez en el caso procés provocó la división del tribunal, se ajustaba “perfectamente al contenido semántico” de la Ley de amnistía. En consecuencia, agregó, no se daban las razones de seguridad jurídica ni previsibilidad para que el Constitucional enmendara la plana al Alto Tribunal, como reclaman las defensas de los líderes del procés.

La decisión sobre la malversación

El Constitucional tiene que decidir sobre una de las argumentaciones recientes más controvertidas del Tribunal Supremo. Pese a que la sentencia de 2019 descartó que los dirigentes se llevaran un euro al bolsillo, los jueces rechazaron aplicarles la amnistía al considerar que el delito de malversación cometido en el procés incluyó un “beneficio personal de carácter patrimonial” para Puigdemont y los exconsellers por el dinero ahorrado como consecuencia de haber pagado los gastos del referéndum ilegal con fondos públicos y no de su propio bolsillo.

La interpretación del Supremo sobre la malversación en el procés, convertida ahora en un acto de enriquecimiento personal para impedir la amnistía, chocó con su propia sentencia, en la que el tribunal constató que los dirigentes soberanistas “no solo ejecutaron actos de manifiesta deslealtad en la administración de fondos, sino que, además, lo anunciaron públicamente”.

Tan controvertida fue la argumentación del Supremo que, por primera vez en el procés, se rompió la unanimidad en el seno del tribunal. Ana Ferrer, una de las magistradas que firmó la sentencia que condenó a los exconsellers por sedición, malversación y desobediencia, quiso dejar por escrito que “la única interpretación razonable” de la ley de amnistía era perdonar la malversación, no la “deducción artificiosa” de sus compañeros. Otros jueces catalanes también desoyeron la interpretación del Supremo y amnistiaron sin problemas el delito de malversación.

Tras casi diez años de causa especial en el Tribunal Supremo y dos años de trabas del Constitucional para aplicar al completo la Ley, Junts y ERC solo creerán en la materialización de la amnistía cuando la lean en papel timbrado. 

“Queremos ver las sentencias”, resumió el portavoz de Junts, Josep Rius. Este otoño, salvo giro de guion, será el definitivo para poner punto y final a la judicialización del procés.

Pocos la han mencionado por su nombre, pero Aliança Catalana ha sido una de las protagonistas la Diada. No por su capacidad de movilización en la calle, sino porque el catalanismo y el independentismo han encendido definitivamente las alarmas ante el avance de la extrema derecha. La jornada ha mostrado que existe consenso en advertir contra el auge de los de Sílvia Orriols, pero el contexto preelectoral impide ir más allá. Catalunya no es distinta a tantos países de Europa y tampoco encuentra la tecla para frenar la ola ultra.

Desde el expresident Jordi Pujol al actual jefe del Govern, Salvador Illa, pasando por Junts, ERC, la CUP, la ANC, Òmnium Cultural y los Comuns: las llamadas a la cohesión del catalanismo y a no ceder ante los “discursos de odio” se han repetido a lo largo de la jornada. Este año, además, se cumplían 50 años de la Diada en la que todo el catalanismo salió a la calle en Sant Boi de Llobregat por primera vez tras el franquismo. La Generalitat y varios partidos han pedido recuperar el espíritu de unidad de esa jornada histórica.

La propuesta más clara de este viernes ha venido del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich. Sin dejar de reivindicar la autodeterminación y la independencia, Antich ha reorganizado las prioridades del soberanismo y ha pedido “un gran acuerdo del catalanismo democrático” para “avanzar de forma constructiva en la defensa de los derechos, las libertades y soberanía nacional”.

“Si Catalunya deja de ser tierra de acogida, pierde su razón de ser”, ha apostillado Antich, que ha pedido “dejar de normalizar” a los que “alimentan la fractura social, pretenden recortar derechos y libertades y movilizan el miedo para transformar el malestar en odio”, en referencia a Orriols.

Por su lado, el líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha llamado a rebelarse ante la “decadencia lingüística y nacional” mediante “la construcción de una república catalana”. “O independencia o decadencia”, ha zanjado, además de pedir una “gran movilización” en otoño de 2027, coincidiendo con los 10 años del 1-O.

La Diada ha dejado de ser la exhibición de fuerza en la calle que en la pasada década empujó al independentismo hasta el otoño soberanista de 2017. Nueve años después, para poner fin al procés solo queda la amnistía a sus líderes este otoño. El Govern de Illa cuenta con el apoyo de ERC y Comuns en el Parlament, donde el independentismo perdió la mayoría absoluta en 2024 tras años de reproches cruzados.

Por si fuera poco, apareció Aliança Catalana, la extrema derecha independentista a la que todas las encuestas pronostican un gran crecimiento tanto en las municipales de 2027 como en las elecciones al Parlament de 2028.

Al igual que el año pasado, la manifestación independentista se ha descentralizado en tres ciudades (Barcelona, Girona y Amposta), sin la lectura de manifiesto conjunto y cada entidad ha realizado una intervención. En conjunto, las marchas han reunido a unas 60.000 personas.

Las cifras de este viernes confirman una vez más la desmovilización independentista: en Barcelona los asistentes han sido 45.000 personas, según la Guàrdia Urbana (el año pasado, marcado por la lluvia, fueron 28.000). Además, en los discursos políticos de la jornada que antes monopolizaban los planes soberanistas ahora se habla de extrema derecha, servicios públicos y la obra del Govern de Illa.

La presencia de militantes y simpatizantes de Aliança Catalana ya fue motivo de controversia en la última edición de la Diada y, este año, la tensión se repitió en la víspera de la Diada con los choques en el Fossar con grupos antifascistas. Este viernes no ha ido a más en la manifestación de la tarde, en la que la aparición de banderas de Aliança no ha comportado más que algunos silbidos.

La jornada se cerró con algunos contenedores quemados por grupos antifascistas que protestaron contra la marcha de los neonazis Núcleo Nacional. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a 18 antifascistas, diez de ellos menores, por desórdenes públicos.

“Un solo pueblo”

El apelativo a “un solo pueblo” que, igual que en la Diada de Sant Boi, han repetido todos los partidos este año es más un ideal retórico que una realidad (si es que alguna vez lo fue). Catalunya ha cambiado mucho desde aquel 1976, pero hoy las altas tasas de desigualdad, la crisis de vivienda y el debilitamiento de servicios públicos esenciales son obstáculos a la cohesión social y, a la vez, el caldo de cultivo ideal para Aliança y Vox, como ocurre en toda Europa con las formaciones ultras.

El partido que más sufre por el auge de Aliança es Junts. La formación de Puigdemont, que en los últimos años ha comprado en ocasiones el discurso ultra en seguridad, ha marcado distancias con Orriols esta Diada (aunque en el partido hay debate sobre qué hacer en los pactos tras las municipales). “No convirtamos la revuelta de las sonrisas en la revolución del odio”, ha advertido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que también ha acusado al Govern de buscar la “polarización” con Aliança.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido Catalunya como una “casa amplia”. “No somos un búnker pequeño y aislado”, ha mantenido, al tiempo que ha reivindicado la lengua catalana y “una economía con salarios dignos, vivienda digna y transporte digno para todos.”. “Un país no se construye dividiendo ni restando sino sumando”, ha agregado en su vuelta a una marcha de la Diada, a la que no acudía desde 2021.

Por parte de los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido de que defender Catalunya “no será nunca levantar muros entre catalanes” y ha rechazado que los “extremistas vengan a dar carnés de catalanidad en función del origen” de las personas.

En un tono más duro se ha expresado la CUP, que ha querido “señalar”, en palabras de la portavoz de su secretariado, Su Moreno, “la ofensiva españolista y la extrema derecha que intenta apropiarse de la cuestión nacional para dividir a la sociedad”.

Por la mañana, en línea con el mensaje de este jueves del president, la consellera Sílvia Paneque ha pedido “fraternidad, orgullo y esperanza por una Catalunya sin exclusiones” y ha advertido a la extrema derecha de que “el odio no tiene cabida”: “Catalunya somos todos y todas”, ha remachado.

Hasta el expresident Jordi Pujol ha reivindicado su visión inclusiva de la catalanidad, al definir la Diada como la “fiesta de todos los que viven y trabajan en Catalunya y quieren ser catalanes”, y, a sus 96 años, ha apelado a la “esperanza”. No ha sido la Diada más optimista, pero todo es susceptible de empeorar: el de 2027 puede ser el primer 11 de septiembre con un Gobierno de PP y Vox.

Junts y ERC han marcado distancias con la extrema derecha independentista de Aliança Catalana. Durante sus intervenciones en la Universitat Catalana d'Estiu en Prada de Conflent (Francia), secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, han coincidido en identificar al partido de Sílvia Orriols con el “odio”.

En la familia mal avenida que es el independentismo catalán ha irrumpido una formación de extrema derecha, Aliança Catalana, que pese a tener solo dos diputados en el Parlament ha logrado que Junts vire hacia posiciones más duras en materia de migración y seguridad, tal y como ha ocurrido en España con el PP y Vox.

A todos los partidos catalanes, no solo a los soberanistas, preocupa el crecimiento que todas las encuestas otorgan a la formación ultra, tanto en los comicios a la Cámara catalana previstos para 2028 como, en especial, en las municipales del año que viene. Aliança crece especialmente a costa de Junts, que teme el auge de los de Orriols en sus feudos locales tradicionales.

En la antesala del nuevo curso político catalán que tradicionalmente abre la conmemoración de la Diada, Turull, llamó este miércoles a combatir a la extrema derecha para “salvar la nación” catalana sin tacticismo partidista. “Aunque algunos lo querrían así, la batalla contra la ultraderecha no es una batalla ideológica para lograr una supremacía o una hegemonía electoral”, subrayó.

Turull abogó por un “combate de valores” contra la extrema derecha, más allá de una batalla “electoral” con los partidos que la representan. “Estamos concentrados en soluciones y esperanzas, no en fomentar aún más la desesperación de la gente por cuatro votos. Nunca lo haremos”, se comprometió.

“Es en términos de ética política que deben combatirse los mensajes de odio, de señalamiento a lo diferente, de división de la sociedad y eso es lo que Junts, mayoritariamente, está hablando y decidiendo”, aseveró. “Si el odio va inoculándose en la sociedad catalana, acabará dividida”, pronosticó.

El número dos de Junts sostuvo que a la extrema derecha se la combate “con valores” como la libertad, la democracia, la tolerancia, la fraternidad, la cohesión social, el esfuerzo personal y el progreso. El mensaje de Turull llega después de que el empresario David Madí, expeso pesado convergente ahora sin cargo orgánico alguno pero que pretende influenciar en Junts, avalara los pactos de Junts con Aliança.

Turull criticó a los representantes políticos que intentan “distraer” a Junts para que miren “hacia una determinada formación política”, en alusión a Aliança Catalana, y subrayó que en su partido están concentrados en ser la alternativa al Govern de Salvador Illa, tras lo que ha acusado a ERC de ser muleta del Ejecutivo catalán.

Por su lado, Junqueras ha aseverado que “no se puede hacer nada bueno ni serio con cualquier grupo político o social o de cualquier tipo que predica el odio contra su propio país y contra su propia sociedad”.

Para el líder de ERC, que ha confirmado su asistencia a la manifestación independentista de la Diada en Barcelona tras su ausiencia del año pasado, “el odio es incompatible, sobre todo el odio dirigido a tu propio país y tu propia sociedad, con la construcción de un futuro compartido”.

Junts y ERC, los dos partidos catalanes con más dirigentes a la espera de la aplicación completa de la ley de amnistía, han exigido a los tribunales españoles que cumplan con la norma tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambas formaciones, que lo ven como una victoria independentista, han pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie ya sobre la exclusión del expresident Carles Puigdemont y sus exconsellers de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

Además, desde el president de la Generalitat, Salvador Illa, hasta partidos como los Comuns o la CUP han celebrado también la sentencia del TJUE y han apremiado a aplicarla en su totalidad.

El expresident del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha calificado la sentencia de “victoria rotunda”. “Es un triunfo político del independentismo ante los poderes del Estado”, ha escrito en un mensaje en redes sociales.

Con todo, ha llamado a los suyos a no dejarse llevar por la euforía, porque según ha indicado, “el camino para acabar con la represión no ha acabado” y “sabemos con quien nos tenemos que enfrentar”, en referencia a los tribunales españoles. En ese sentido, el político ha subrayado que a partir de ahora el partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Además, el líder de Junts ha pedido que el independentismo pueda volver a enfocarse en el conflicto político. “Necesitamos que acabe la represión no para el beneficio personal (para estas cosas ya hay otras figuras que no son la amnistía) sino para poder recuperar fuerza y recursos para centrarnos en el objetivo principal, que es la independencia de Catalunya”, ha asegurado.

Puigdemont se ha pronunciado horas después de una rueda de prensa en la que el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su abogado, Gonzalo Boye, han reivindicado que Luxemburgo les da la razón. “Hoy es un gran día. La sentencia es rotunda”, se ha expresado Boye. “La discusión ha terminado”, ha afirmado.

Turull ha recalcado lo que significa el pronunicamiento del tribunal de Luxemburgo: “Hoy Europa ha vuelto a hablar claro”. Y también se ha dirigido a los jueces españoles, los que, según él, “siguen haciendo política con toga”. “Pero hoy ya no hay más excusas, empezando por el Constitucional, que debe resolver de inmediato”, ha dicho. “La Justicia es lo que se ha vivido hoy”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado como “muy importante” la sentencia. “El TJUE valida la esencia de una ley que da una respuesta política a lo que siempre ha sido un conflicto político”, ha dicho Junqueras. “Ahora corresponde a los tribunales españoles cumplir la ley de inmediato”, ha dicho.

El líder de ERC ha recordado además que hace dos años que se aprobó una ley que, ahora, el TJUE determina plenamente ajustada al derecho europeo. Por ello, Junqueras cree que debe cuestionarse la calidad democrática de España. “Los derechos políticos no pueden depender de determinados jueces que acaban decidiendo quién puede presentarse a unas elecciones y quien no”, ha dicho.

En este sentido, ha pedido aplicar la amnistía “de forma inmediata”. “La sentencia de hoy y las decisiones judiciales que han de llegar han de quitarle definitivamente las esposas al independentismo”, ha concluido el dirigente republicano.

Aunque la amnistía se ha aplicado en los últimos años por parte de algunos tribunales –se cuentan unos 400 beneficiados–, lo cierto es que los casos más delicados para el independentismo estaban pendientes de la Justicia europea. El más importante era el de Puigdemont y su Govern de 2017. El Supremo les negó la posibilidad de acogerse a la ley al considerar que se habían enriquecido personalmente, lo les excluía de la amnistía.

Ahora, tras descartar el TJUE este argumento, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por los partidos contra esa decisión del Tribunal Supremo.

Illa celebra: “¿Qué más hace falta para aplicarla?”

El president Salvador Illa se ha mostrado también “satisfecho” con el aval a la ley de amnistía, que considera que permite a Catalunya “mirar hacia adelante” y avanzar en su apuesta por el “reencuentro” tras el procés. En una comparecencia institucional desde el Palau de la Generalitat, Illa ha defendido que la resolución judicial europea es una “buena noticia” para la democracia y para España.

El jefe del Ejecutivo catalán ha reclamado que se aplique la ley en su totalidad. “¿Qué más hace falta para aplicar la ley sin subterfugios? No hay vuelta de hoja, ya forma parte de nuestro marco legal y es de obligado cumplimiento”, ha manifestado. Y ha insistido: “No hay obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida su plena aplicación.

Aunque no ha hecho referencia a los políticos, altos cargos y ciudadanos pendientes de la aplicación de la norma, sí haexpresado que “las formaciones políticas” y “personas” afectadas deben poder “participar y contribuir” al futuro de Catalunya

El Congreso concluyó esta semana su periodo ordinario de sesiones con una votación histórica por inédita: la mayoría absoluta de los diputados pidieron la dimisión del presidente del Gobierno y, a la vez, que Pedro Sánchez presente una moción de confianza para volver a recabar la confianza de la Cámara. La iniciativa del PP, meramente declarativa, salió adelante con los votos de Vox y Junts. Pero Alberto Núñez Feijóo no dará el paso de presentar una moción de censura, temeroso de que el independentismo catalán no le apoye. Por si más adelante sí se atreve, los suyos siguen cortejando a los del fugado Carles Puigdemont.

Feijóo ha cerrado una de las peores semanas para el Gobierno con un sonoro triunfo parlamentario que se derretirá con la canícula veraniega. La sentencia del caso mascarillas y la condena de 24 años para el exministro José Luis Ábalos es un duro golpe para Pedro Sánchez, quien le confió además la siempre delicada Secretaría de Organización del PSOE. Pero los vaivenes de Junts escaman en las plantas altas del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede del cuartel general del PP.

Un repaso sucinto a lo ocurrido este mes de junio permite comprender los temores del PP. En las últimas semanas, el juez Juan Carlos Peinado ha propuesto mandar a juicio a la esposa del presidente y le ha retirado el pasaporte, tras poner en duda la labor de la Policía Nacional en evitar una hipotética huida. El expresidente del Gobierno y uno de los principales arietes de Sánchez, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado como investigado por presunta corrupción. También sus hijas y su secretaria personal han sido imputadas. En los registros de su oficina se encontraron joyas valoradas en más de un millón de euros en una tasación “preliminar”.

El presidente del Gobierno compareció el miércoles ante el Congreso con todas estas piedras en su mochila para, en teoría, dar explicaciones. Para entonces, Feijóo ya había intentado todo para convencer a los socios de Sánchez de que le invistan a él con una moción de censura que, sin embargo, no se atreve a presentar. “Son los socios los que deben moverse”, dijo el portavoz nacional, Borja Sémper, el día que se conoció la imputación de Zapatero. “Estaremos a la altura”, remachó su jefe de filas, quien unas semanas antes ya había dicho: “Yo presentaría una moción de censura mañana, si tuviese votos”. 

El objetivo de Feijóo es el mismo desde 2023: atraer al PNV y a Junts. Sabe, o cree, que son los únicos capaces de cambiar de bando. Pero todos y cada uno de sus intentos han fracasado. Hasta el punto de que la relación con el nacionalismo vasco, con quien la colaboración ha sido habitual desde que Xabier Arzalluz hiciera presidente a José María Aznar, está totalmente rota.

Junts amaga con la 'vía Starmer'

Con Junts, la situación es diferente, al menos en apariencia. La coincidencia ideológica entre el independentismo de derechas catalán y las derechas españolas es mayor. Y no solo porque Feijóo ya intentó en 2023 convencer con un posible indulto a Carles Puigdemont para que le apoyara tras las elecciones. El rechazo a subir los impuestos a las principales empresas y fortunas del país, su negativa a intervenir el mercado de la vivienda o la criminalización de las personas migrantes les ha unido en múltiples votaciones parlamentarias.

Pero Junts tampoco termina de atreverse a dar el paso de dejar a Sánchez e investir a Feijóo en una moción de censura, aunque Vox se ha quitado de la ecuación y el líder del PP les ha prometido una convocatoria electoral inmediata. “No tengo ningún inconveniente en pactar una fecha”, llegó a decir el jefe de la oposición.

La respuesta de Junts llegó por boca de Jordi Turull. El secretario general del partido dijo que estaban dispuestos a negociar la moción de censura. Eso sí: si Feijóo viaja a Waterloo y se reúne directamente con Puigdemont. Todo un jarro de agua fría para las pretensiones de la derecha española. Y también una forma de intentar cortocircuitar la creciente presión sobre Junts, sabedores de que mencionar la ciudad belga es un anatema para el PP.

Feijóo descartó inmediatamente tal opción. El ‘no’ del PNV y las condiciones imposibles de Junts podrían hacer pensar que en el PP han descartado absolutamente la idea de la moción de censura. Pero no lo han hecho porque los movimientos de Junts alientan la idea de que, en algún momento, los siete diputados de Puigdemont en Madrid podrían bajar el pulgar a Sánchez. Y así pareció ocurrir el miércoles pasado, cuando la portavoz de Junts pidió la dimisión de Sánchez, pero sin convocatoria electoral. Es decir, que este mismo Congreso elija a otro presidente.

Una idea directamente copiada de los últimos movimientos de la política británica, donde Keir Starmer ha dimitido para dejar paso a otro laborista como primer ministro, al alcalde de Manchester, Andrew Burnham. Será el séptimo jefe del Ejecutivo desde el Brexit de hace una década.

Míriam Nogueras no explicó a quién proponía como nuevo presidente ni qué condiciones debería cumplir esa persona. Eso lo hizo su secretario general, Jordi Turull, unos días después en una entrevista: un candidato que no necesariamente sea del PSOE, que se comprometa a cumplir los acuerdos de investidura supuestamente incumplidos y que viaje a Waterloo para recibir el plácet de Puigdemont. Son condiciones que se antojan inasumibles para el PSOE y que no están pactadas con el resto de grupos que apoyaron la investidura de Sánchez. 

El mismo miércoles a la misma hora, Junts plantó al PP en una votación en el Senado sobre la dimisión de Sánchez. Pero un día después sí votó a favor de la moción del Congreso, sin explicar los motivos ni en la tribuna parlamentaria ni ante los medios de comunicación. Desde el jueves, silencio de radio.

“Que se mueva Sánchez”

En Génova, no saben qué esperar de Junts. De momento no hay intención de activar la moción de censura, pero la estrategia pasa por seguir cortejando al independentismo catalán. El jueves por la noche, el secretario general, Miguel Tellado, aseguró en la Cadena Ser que el independentismo de ahora no tiene nada que ver con el de antes. “Estamos en el año 2026, y lo que ha sucedido en Catalunya en el año 2017, pues sucedió en el 17”, explicó.

“No se esperará que sigamos pensando exactamente lo mismo”, cuestionó. Tellado insistió: “Hoy el contexto es otro. Hoy la amenaza para la democracia española no es el secesionismo en Catalunya, es la permanencia en el Gobierno de una especie de organización criminal que se ha dedicado a robar desde el primer minuto”.

Feijóo estudió en 2023 la amnistía para Puigdemont y se planteó el indulto al ‘president’ que decretó la independencia de Catalunya durante unos segundos a cambio de la investidura.

Desde la dirección del PP refrendan las palabras de Tellado: “Lo peligroso es ceder ante el secesionismo”.

El calvario judicial no ha terminado para el Gobierno, que afrontará en las próximas semanas y meses otros hitos: la sentencia sobre el hermano de Sánchez, el juicio a la esposa del presidente y el avance de otras causas que afectan igualmente a José Luis Ábalos, a Santos Cerdán y a los pagos en metálico del PSOE. El hito que podría precipitar los acontecimientos es que se diera una imputación del PSOE como organización. Mientras eso llega, en el PP creen que su jefe de filas no tiene que hacer nada, de momento. “Lo analizaremos y usaremos, pero no hay más novedades”, explican fuentes de Génova, que remiten a las palabras de Feijóo tras su éxito parlamentario: “Espero que cada uno siga manteniendo la coherencia de esta votación”.

“Lo del jueves implica que se tiene que mover Pedro Sánchez”, apuntan desde la dirección del partido. El presidente del Gobierno no da la sensación de estar pensando en tirar la toalla. A la vuelta del verano, si no antes, Feijóo y el PP tendrán que volver a responder sobre la moción de censura y seguir dando vueltas en la rueda de ratón hasta que lleguen las elecciones.

El judo es conocido por ser un arte marcial en el que la técnica vale más que la fuerza. Sus llaves se basan en aprovechar la energía del rival para derribarlo: cuanto más ímpetu pone el adversario, más fácil resulta desequilibrarlo o bloquearlo. Y alguien en Junts parece haberse puesto el cinturón negro, porque la respuesta de Jordi Turull al apoyo a una moción de censura que les reclama Alberto Núñez Feijóo utiliza toda la contundencia de la propuesta del PP para dejarla en KO técnico.

En el escenario actual, todos los partidos intentan sobrellevar la presión como pueden. Para Junts, el equilibrio no es sencillo: dar por liquidado el Gobierno sin echarlo. La respuesta a Feijóo fue la acordada entre Carles Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras. El lunes a última hora se celebró una ejecutiva en la que se informó a la dirección que la estrategia sería la que el martes verbalizó el secretario general en una entrevista en Catalunya Ràdio (el mismo día en que el líder popular visitaba Barcelona, una coincidencia más casual que causal). A modo de resumen, si el PP tiene algo que proponerles, que vaya a Waterloo y se lo pida a Puigdemont.

Es una salida hábil porque de esta manera, los independentistas tranquilizan a quienes creen que deberían forzar ya la caída de Sánchez y, al mismo tiempo, pueden sostener que no lo hacen por culpa del PP y su negativa a asumir determinadas condiciones.

En Junts insisten en que no tienen “ninguna urgencia electoral”. Su lectura es que los votantes no les respaldan para decidir quién ocupa la Moncloa, sino para defender los intereses de Catalunya. Tampoco consideran, a diferencia de ERC, que deban contribuir a consolidar un bloque de izquierdas en el Congreso. “Ante el dilema de susto o muerte, nosotros defenderemos siempre lo que sea bueno para Catalunya”, resumió Turull.

Pero una cosa es no querer estar atados a los socialistas y otra muy distinta participar en una operación que incluya a la extrema derecha de Santiago Abascal. “No abriremos la puerta a un Gobierno de PP y Vox”, resumen fuentes de la formación.

Los independentistas recuerdan que, tras las últimas elecciones generales, algunos dirigentes populares intentaron aproximarse de manera informal. “Bien que nos buscaba González Pons por los pasillos”, ironizan en Junts. Añaden que quien comprendió que cualquier negociación pasaba por sentarse con Puigdemont fue el PSOE, que sí se atrevió a enviar al ahora innombrable Santos Cerdán a Waterloo.

Junts, como el resto de partidos y evidentemente el PSOE, está también pendiente de ver cómo va la declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero -otro de sus interlocutores caído en desgracia- y las posibles novedades del sumario del caso Leire. Consideran que, por el momento, no se ha acreditado la existencia de financiación ilegal en el PSOE y que eso les facilita la posición que han adoptado frente a la propuesta del PP.

Tras normalizar sus relaciones con el PNV, ambas formaciones mantienen una cierta coordinación, aunque lejos de la sintonía que exhibieron en la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy. En Junts son conscientes de que los nacionalistas vascos actúan guiados, como siempre y ante todo, por sus propios intereses. Y que el calendario electoral que más les convenga a ellos no tiene por qué coincidir con el de los independentistas catalanes. 

El tono de Feijóo

La reacción de Feijóo al desafío planteado por Turull no sorprendió a nadie. Sí llamó más la atención el tono empleado, especialmente ese “vamos a hablar de cosas serias” que lanzó a los periodistas en los pasillos del Palau de Congressos, donde se celebran las jornadas del Cercle d’Economia. El líder popular, a diferencia de las quince ocasiones anteriores en las que había acudido a este foro, no viajó a Barcelona en busca del aplauso del empresariado catalán. Más allá de prometer, como acostumbra, menos impuestos, otra política de vivienda, y ahora una política migratoria más restrictiva, no ofreció mucho más.

La presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, insistió en que los dos grandes partidos deberían ser capaces de alcanzar acuerdos en cuestiones estratégicas, especialmente en el actual contexto internacional que, en sus palabras, exige visión a largo plazo y grandes consensos. “No se puede construir desde la confrontación permanente”, afirmó ante un Feijóo que, imperturbable, dejó claro que no piensa sentarse a negociar nada con el PSOE.

Garcia-Milà volvió además a plantear una reivindicación clásica en estas jornadas: la reforma del modelo de financiación. La pregunta era previsible y Feijóo, que sabía que esta siempre toca, no improvisó aunque sorprendió porque su mensaje no pudo ser más frío: defendió que lo que tiene que hacer la Generalitat es gastar menos y advirtió de que, si llega a la Moncloa, Catalunya tendrá que situarse en la misma fila que el resto de comunidades autónomas en el reparto de los recursos.

Los aplausos fueron los justos, los de cortesía. Y, después de su intervención, es de suponer que tampoco esperaba muchos más.

Junts ha puesto una condición al PP para estudiar la moción de censura que exigen contra Pedro Sánchez: que Alberto Núñez Feijóo se reúna con Carles Puigdemont en Bélgica. El secretario general del partido, Jordi Turull, ha declarado que si la propuesta de los populares es “seria”, Feijóo debe negociarla con Puigdemont en Waterloo. 

“Él sabe que las reuniones con la máxima dirección se hacen en Waterloo, ya saben como funciona”, ha insistido en Catalunya Ràdio Turull, que de esta forma no ha descartado de plano la moción. “Nos tienen que explicar si la propuesta va en serio y qué quiere decir una moción instrumental”, ha manifestado el dirigente.

Con todo, no es la primera vez que Junts reta a Feijóo a ese encuentro con su líder en Bélgica. Lo hicieron en julio de 2025 cuando los populares planteaban la moción tras el estallido del caso Santos Cerdán.

La respuesta de la formación de Puigdemont llega después de que este lunes el líder de los populares diera un paso más en su presión para lograr una moción contra Sánchez. Feijóo, que este martes está en Catalunya en las jornadas del Cercle d'Economia, pidió a Junts y al PNV que voten para echar al actual Gobierno socialista e investir a uno del PP sin Vox, que tenga como objetivo convocar elecciones anticipadas. 

Antes de esa última proposición, cuando el PP todavía no había detallado su estrategia, Junts dejó claro que su respaldo a la moción no estaba sobre la mesa. Tanto los independentistas como el PNV subieron el tono al conocerse la imputación del expresidente Zapatero y pidieron elecciones anticipadas, pero de momento ninguno de los dos se ha abierto a apoyar una candidatura alternativa de Feijóo.

Turull ha vuelto a pedir a Sánchez que avance los comicios de 2027. “La legislatura no da más de sí, el presidente del Gobierno debería convocarlas por convicción democrática”, ha reclamado el secretario general de Junts, que retiró su apoyo al Ejecutivo en octubre. Desde entonces, ha acusado a Sánchez de gobernar por decreto. 

A pesar de sus críticas al Gobierno, Turull ha dejado claro que cualquier valoración de una moción de censura pasa por Waterloo. “Seremos igual de exigentes con el PSOE que con el PP”, ha manifestado, en referencia a los desplazamientos de los socialistas a Bélgica para negociar la investidura de Sánchez en 2023. No obstante, en este caso Turull ha descartado que el PP pueda mandar un emisario. “El que hace las declaraciones es él [Feijóo]”, ha afirmado.

En plena celebración de las jornadas del Cercle d’Economia, que reúnen a la élite empresarial catalana, Turull se ha sacudido las posibles presiones desde este ámbito: “Hemos pasado por muchos momentos de presión y no nos despistarán de nuestras prioridades ni de nuestra misión en el Congreso”. “Ante el dilema de susto o muerte, nosotros defenderemos siempre lo que sea bueno para Catalunya”, ha zanjado.

“Entre la vieja política y la nueva política, la gente elige la buena política”. La entonces portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Marta Pascal, celebró así el 21 de mayo de 2016 el llamado , en el que un 70% de la militancia optó por bajar la persiana del partido que fundó Jordi Pujol y crear una nueva formación.

Diez años después, y con numerosas voces reivindicando un “reencuentro” del espíritu de CDC dentro de Junts, tanto el exalcalde de Barcelona Xavier Trias como el secretario general de Junts, Jordi Turull, ven aquella maniobra como un “error”. El expresident Artur Mas cree que la decisión de enterrar las siglas se la podrían haber “ahorrado”, aunque la defiende dada la voluntad de “salvar el proyecto”.

El “lío” de 2016

Diez años atrás, la nave convergente atravesaba la tormenta provocada en 2014 por la confesión del expresident Jordi Pujol sobre una herencia no declarada en Andorra y acababa de vivir el enésimo golpe de timón en la ruta hacia la independencia: el entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, había sido investido a principios de año en sustitución de Mas, que se apartó por el reiterado no de la CUP a apoyarle. Además, CDC cargaba con la losa de los recortes durante el primer Govern de Mas, entre 2010 y 2012.

Turull y Trias, en sendas entrevistas con la agencia ACN, comparten el diagnóstico sobre el final de CDC. El secretario general de Junts recuerda que él nunca fue partidario de matar el partido. Aquella fue una “decisión estructural” dictada por unas “circunstancias coyunturales”, en alusión al impacto de los recortes presupuestarios o al “acoso por posibles casos de corrupción”.

Sobre la primera carpeta, Turull cree que los recortes “no se explicaron como se debería haber hecho” y repercutieron en el “alma social”, que quedó “muy afectada”. Sobre la segunda, señala el papel de las cloacas del Estado. El exalcalde de Barcelona también es crítico con la hoja de ruta que desembocó en la extinción de CDC. “Nos metimos en un lío”, sostiene, porque “a muchos partidos les han pasado cosas más sonadas” que al espacio convergente y “no han cerrado”. “Había mucha gente que quedó disgustada porque era pujolista y quedamos en una situación de cierta orfandad”, lamenta.

Precisamente, Mas enarbola el legado pujolista en su argumentario para justificar la decisión de acabar con CDC. La cuestión era encontrar la manera de “salvar” el proyecto convergente, “que era el de Pujol”, aunque fuera prescindiendo de las siglas. En una entrevista con la ACN, Mas califica la confesión del expresident como una “inundación de agua fría” contra el partido, que también debía cambiar de dirección dados los vientos que soplaban en Catalunya.

“Teníamos que pasar de un partido que siempre había actuado en clave autonomista a uno que lo hiciera en clave soberanista e independentista, que no era la tradición de CDC”, sostiene. Así, el expresident niega que, en pleno 2016, fuera un error sacrificar CDC. “Ahora, visto con perspectiva y habiendo ido las cosas como fueron, quizá nos lo podríamos haber ahorrado. Nunca lo sabremos del todo”, añade.

El parto “tortuoso” del PDeCAT

Turull define como “tortuoso” el nacimiento del PDeCAT, que ya contaba con “muchos defectos de fábrica”. Uno de ellos, que el aparato del partido “se resistía” a la dinámica independentista. Menos de 18 meses después se celebraría el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Para afrontar aquel momento, el secretario general de Junts defiende que hacía falta una “herramienta muy fuerte” que el PDeCAT no llegó a ser.

Trias sobrevuela los acontecimientos que marcaron el PDeCAT, desde la ruptura con Junts —que se constituyó como formación en julio de 2020— hasta su disolución en 2023 tras numerosos reveses electorales: fue “una muerte anunciada” que dejó a parte de la militancia “disgustada”.

Mas señala que faltaron dos piezas clave dentro del engranaje del partido heredero de CDC: unidad interna y un liderazgo como al que el espacio estaba “acostumbrado”, al estilo de Pujol o del propio Mas. De hecho, el expresident se reprocha a sí mismo “haber dejado, un poco, ese vacío de liderazgo” dentro de la familia convergente durante su tránsito hacia el PDeCAT.

“Yo ahora me acuso de no haberme mantenido más en primera línea aquellos primeros meses”, afirma. Considera que debería haberse implicado “mucho más” en la construcción de la nueva formación.

Los ingredientes del “espíritu convergente”

Los tres entrevistados coinciden en su definición del espíritu convergente. Para Turull, es “una manera de entender el país, de ser y de hacer que se injerta en los valores del catalanismo”. Para Trias, significa encontrar cómo “se junta al máximo de gente posible” para trabajar por una Catalunya “soberana” y “no dependiente” del Estado. Mas añade que es “unna manera de hacer y de ser con éxito”.

El exalcalde barcelonés, que llenó su última campaña electoral —en 2023— de referencias a la herencia convergente, subraya que en CDC había gente tanto de derechas como de izquierdas que remaba para construir un “proyecto común”. Turull añade a la mezcla la “cultura del esfuerzo” y la visión de Catalunya “en conjunto”. Y aunque coinciden en que el terreno de juego es el independentismo, muestran ciertas discrepancias sobre cómo debería ser la política de alianzas desde ese prisma convergente.

Trias, aunque reconoce su enfado por el pacto del PSC con el PP y BComú para que Jaume Collboni fuera alcalde de Barcelona, cree que el candidato de Junts en las próximas elecciones municipales “debe tener claro qué problemas tiene la ciudad”, especialmente en vivienda, y “marcar” políticas adecuadas y hechas “en colaboración” con el PSC. Sin embargo, añade que el discurso y la actitud de los socialistas “que mandan ahora en Catalunya” lo ponen “difícil” para el entendimiento con Junts.

Turull considera que la “voluntad de acuerdo” siempre debe estar presente en política. “Las dinámicas locales son muy diferentes”, añade. Eso sí, no significa “renunciar” a los propios objetivos ni “ser la muleta de nadie”. “Llegar a acuerdos con unos socialistas absolutamente sumisos a Madrid y aceptar esa sumisión, no lo haremos nunca”, asevera.

En este debate, Mas receta a Junts, con la voluntad de ser una formación “central”, que pueda llegar a acuerdos “a derecha e izquierda”. “Un partido central siempre pone la ideología en segundo orden, nunca es la excusa para negar pactos con otros”, constata. Asimismo, pide “combatir” a los adversarios, desde Aliança Catalana a los Comuns, la CUP o el PSC, si bien eso no significa “odiar, aislarse o imposibilitar cualquier pacto”. Además, cree que, si existe un “gran objetivo nacional”, es válido “sacrificar la ideología” propia, pero no “para siempre”.

El “reencuentro” y el “reto” de 2026

En pleno 2026, Trias considera que el ecosistema convergente tiene la “voluntad de reencuentro” —sobre todo impulsada desde el mundo local— dentro de Junts. De hecho, el partido de Puigdemont ha cerrado pactos con formaciones de la órbita de CDC para concurrir a los comicios locales de 2027, como Convergents —del exconseller Germà Gordó—, y en 2024 integró a Demòcrates, escisión independentista de la antigua Unió Democràtica de Catalunya, en su dirección.

Turull constata que dentro del partido “hay mucho espíritu” convergente, aunque con una “evolución” hacia las tesis del siglo XXI. “El 80 o el 90% de los militantes de CDC acabaron en Junts y, igual que CDC, tenemos la vocación de sumar”, subraya.

Mas comparte el análisis del secretario general, pero recuerda que Junts nació sin la receta convergente como “nexo de unión principal”. “Se ha ido volviendo a ello, y yo creo que todavía no ha llegado al 100%. La prueba, que es muy evidente, es que no todo el mundo que se sentía convergente hoy está en Junts”, remacha.

Aun así, cree que el partido de Puigdemont es el único que puede encarnar el espíritu de CDC, y se sabrá si lo ha conseguido cuando se “confirmen” el “proyecto” de Junts, la “estructura de gente” y sus “liderazgos”, tres elementos básicos para “definir una acción política”.

“El reto que tiene ahora Junts no es nada fácil: cómo actualizas un proyecto que fue un gran éxito, pero que ahora cuesta volver a visibilizar en su conjunto, entre otras cosas porque hemos ido hacia una fragmentación de la política catalana mucho mayor”, concluye Mas.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha respondido este sábado a Alberto Núñez Feijóo un día después de que el líder del PP pidiese ayuda a los empresarios catalanes para tener votos suficientes en una eventual moción de censura. “Lo que debería hacer [Feijóo] es pedirles perdón”, ha asegurado el político independentista.

“Debe pedir perdón por invitar a tantas empresas a marcharse y luego no pedir que vuelvan; perdón a los barceloneses por hacer una moción de censura preventiva a Xavier Trias y pactar con Jaume Collboni; perdón a los catalanes por lo que hicieron las cloacas del Estado, y perdón por el boicot al catalán en Europa”, ha asegurado Turull, que se ha alejado así de cualquier posibilidad de participar en una moción de censura instrumental de Feijóo contra Pedro Sánchez.

Con todo, desde Junts consideran que el Gobierno está “empantanado en temas judiciales”, detrás de los que ven “lawfare”. “Sí, de ese 'lawfare' que ellos negaban cuando nos lo aplicaban a los independentistas”, ha criticado el dirigente.

Turull además ha descartado por el momento volver a intentar un acercamiento a Sánchez. “No tenemos la vocación de ser muleta de nadie, no formamos parte de ningún bloque y a nosotros solo nos mueve defender Cataluña”, ha subrayado.

Aliança, “populismo descarnado”

El secretario general también se ha referido al crecimiento de Aliança Catalana en las encuestas. En concreto, se ha referido al último estudio del CEO, que apunta a que Junts podría perder prácticamente la mitad de los escaños actuales en las elecciones catalanas, de los 35 a los 19, y empataría como tercera fuerza con Aliança Catalana. Según el secretario general, la encuesta tiene “sesgos que causan vergüenza” pero cree que “cumple el objetivo” de crear “un relato de momento complicado para Junts”.

En este contexto, Turull ha asegurado que no se dejarán “distraer” y alertó a los miembros de su formación de que no se pueden “dejar impresionar ni verse tentados a dar golpes de volante”. Según Turull, estos movimientos tienen como objetivo que Junts “deje su posición firme y serena” que les convierte en “la única alternativa al Gobierno de Salvador Illa”.

Turull también se ha referido al hipotético crecimiento que viviría Aliança Catalana, según la encuesta. Sin referirse directamente a la formación de Sílvia Orriols, el dirigente de Junts ha alertado sobre “la aparición de un nuevo actor político que crece a partir del populismo descarnado y que alimenta miedos, prejuicios y rencores”.

Según el secretario general, Aliança “proyecta sombras donde se necesita luz” y “ofrece soluciones fáciles a problemas profundos”. “Es un momento complicado, pero no para el partido, sino para el país: Catalunya no puede caer en la deriva que transforma el malestar en odio, y la incertidumbre en exclusión”, avisó.

Cuentan que un veterano político ligado durante décadas a Convergència y que, pese a haberla acompañado en el giro independentista, era muy crítico con la retórica movimentista de Junts y el desembarco de caras conocidas de otros ámbitos, se quejaba tras el procés diciendo: “¿Cuándo pasó que los frikis asaltaron este partido?”.

La pregunta era un dardo obvio hacia la llamada “generación 1-O”, la que se incorporó a la política después de 2017 de la mano de Carles Puigdemont, en parte barriendo a las anteriores. Pero también refleja la preocupación de la vieja guardia nacionalista por lo que podría ocurrir en un partido que prescindiese de aquellos que conocían la importancia del poder y tenían experiencia en ejercerlo.

Junts es hoy una formación claramente mermada en lo que a poder e influencia se refiere. Pese a que en los últimos dos años haya podido reinventarse como circunstancial ariete del empresariado catalán en el Congreso, ese papel siempre estuvo condicionado. Junts era deudor de una aritmética parlamentaria concreta y, además, necesitaba mantener su ascendente sobre el Gobierno, tal como le han advertido a la formación desde los sectores económicos en encuentros como el que desveló elDiario.es.

A eso hay que sumarle que la formación de Carles Puigdemont vive un momento de clara mengua en su representación política en contraste con épocas recientes. Más aún si se pone en comparación con el elevado peso institucional que llegó a tener Convergència en tiempos de máximo esplendor.

Al espacio político del nacionalismo catalán de centroderecha le ha pasado en la última década casi de todo. El procés, varias escisiones y mutaciones, luchas internas y una desenfrenada acción judicial que le ha obligado a hacer relevos a marchas forzadas y a tener que mirar a Waterloo para tomar cada decisión. Por si eso fuera poco, en los últimos años Junts también ha padecido la irrupción de una extrema derecha independentista.

Pero el ocaso institucional de Junts no puede explicarse sin tener en cuenta, también, la gestión errática de su propio espacio electoral, su incapacidad para encontrar líderes duraderos (lejos quedan Quim Torra, Laura Borràs o Jordi Puigneró) o su reiterada tendencia a aislarse hacia afuera y purgarse hacia adentro.

La ruptura del pacto de investidura entre Junts y el PSOE es el último capítulo en el que los postconvergentes vuelven a demostrar poco instinto por la conservación del poder institucional. Antes salieron del Govern de Pere Aragonès y rechazaron (o no fueron capaces de alcanzar) pactos municipales que les hubieran garantizado puestos en ayuntamientos y diputaciones. Hay que señalar, no obstante, que por el momento ninguno de los cargos conseguidos por Junts para organismos y empresas públicas del Estado ha anunciado su salida.

En el año 2014, Convergència era de largo el partido más influyente de la política catalana. Tenía la presidencia de la Generalitat, la del Parlament y la de las cuatro diputaciones, además de la gran alcaldía de Barcelona. También controlaba buena parte de los grandes ayuntamientos, como Girona, Sant Cugat, Reus, Mataró, Martorell, Manresa, Vic, Vilanova i la Geltrú, Figueres. En el Congreso, la formación contaba con 16 asientos, cerca de su récord de 1993.

Las municipales de 2015, las que ganó Ada Colau en Barcelona y que iniciaron la ola de las alcaldías del cambio, fueron una tormenta dura para el poder de la antigua Convergència. Pero aún mantuvieron entonces buena parte de sus bastiones, impulsados sobre todo por la presidencia del Govern, que recayó en manos de Puigdemont en enero de 2016 tras las tortuosas negociaciones que descabalgaron a Artur Mas.

Visto con la perspectiva de una década, nada de lo que ocurrió después en Catalunya, ni tampoco en el espacio político de la antigua Convergència, ayudó electoralmente al nacionalismo conservador.

Después del 1-O, ERC experimentó una pujanza extraordinaria, que hizo mella a Junts tanto en ayuntamientos como en el Parlament y Congreso. Quim Torra demostró que no era una propuesta ganadora para defender una plaza tan sensible como la presidencia de la Generalitat y quizás Laura Borràs, tocada ya por un caso de corrupción que la acabaría apartando, tampoco era la mejor apuesta para las elecciones generales.

En 2021, Junts cedió por primera vez su liderazgo dentro del bloque independentista a ERC. Lo hizo cuando el PSC ya se había recompuesto de su larga crisis y estaba en disposición de ser “el primer partido de Catalunya”, tal como proclamaba Miquel Iceta. El independentismo de centroderecha aceptó, no sin tiranteces, entrar en un gobierno presidido por ERC, que acabó abandonando un año después.

El poder institucional de Junts mermaba. Pero en el partido el paso afuera se justificaba como una muestra de coherencia independentista que daría sus frutos más adelante. Algo que nunca acabó de pasar. En las municipales de mayo de 2023, Junts perdió votos, pero consiguió imponerse como primera fuerza en Barcelona de la mano de Xavier Trias. La situación en el ayuntamiento era enrevesada pues, para quitarle la vara municipal al exconvergente, solo servia un extraño pacto a tres que pusiese de acuerdo a PSC, Comuns y PP. Sin embargo esa operación acabó fructificando en torno a Jaume Collboni. Trias acabaría acusando a Illa y el alcalde de haberlo engañado.

Perdida Barcelona, el Govern y buena parte de las capitales de comarca, en las siguientes elecciones, primero generales y después autonómicas, Junts solo pudo esconder sus malos resultados poniéndolos en comparación con unos números aún más nefastos para ERC.

La situación actual del partido no es demasiado prometedora. En Parlament lidera la oposición, un espacio que, según el análisis que la propia Junts hace, les da poca visibilidad en el debate político catalán. Puigdemont trató de remediar esa situación en el último debate de política general, cuando exigió que el PSC de Salvador Illa votara algunas de sus propuestas como muestra de buena voluntad para un posible acercamiento. En Junts hablaban incluso de la posibilidad de mirarse los presupuestos catalanes con otros ojos. Pero la oferta no cuajó.

En el mundo municipal, Junts solo conserva ahora la alcaldía de una ciudad de más de 50.000 habitantes, Sant Cugat del Vallès, donde gobiernan con ERC. Tiene otros seis alcaldes en ciudades de más de 25.000 habitantes, cuatro de ellas capitales de comarca, como son Figueres, Vic, Igualada y Olot. Cuentan también con varios primeros ediles en ciudades medianas en la comarca del Maresme, además de la presidencia de la Diputación de Girona.

Pocas más líneas tiene la actual cuenta de resultados de un partido que llegó a parecer una dinastía pero que en los últimos años no ha parado de encoger hasta quedar en una posición bastante menguada. No queda nada de aquella apuesta por convertirse en una especie de movimiento social con el Consell per la República como bastión. Tampoco es hoy relevante el espacio internacional abierto por el equipo de Puigdemont en el plano político o judicial, en el que tantas esperanzas depositaron.

Junts, sobre todo desde la llegada de Jordi Turull a la sala de máquinas, es ahora un partido de toda la vida, de los que valen tanto como representación consiguen. La paradoja es que el ocaso institucional de Junts es una realidad con la que Puigdemont debe lidiar mientras, a la vez, hace frente al crecimiento entre su electorado de una formación como Aliança, que actúa como si enmendase la institucionalidad tradicional.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reiterado este sábado que el PSOE “se ha cargado la legislatura” y que la presión recae sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que apuesta a su vez por agotar la legislatura y mantener la “hoja de ruta”.

“Es paradójico que la presión sea para los que hemos cumplido y no para aquellos que no han cumplido”, ha señalado en declaraciones a los medios desde Vic (Barcelona), uno de los puntos de Catalunya donde este sábado Junts ha instalado paradas en el marco de la campaña 'Junts s'explica a peu de carrer'.

Ha calificado de “anomalía democrática” que Sánchez piense en tirar adelante las iniciativas en el Congreso sin contar con mayoría y ha dicho literalmente que es el presidente quien debe explicar como piensa afrontar esta situación, después de que Junts haya anunciado esta semana su 'no' a las leyes del Gobierno en tramitación.

Preguntado por el apoyo a una posible moción de censura de la derecha, Turull ha afirmado que “quien tiene el botón de elecciones o no elecciones es el presidente” y ha pedido que este problema no se traspase a Junts.

Sobre el bloqueo a las iniciativas en el Congreso ha señalado que su formación está en “concurso de acreedores” por lo que quieren “cobrar” todo aquello que acordaron con el Ejecutivo, y ha añadido que Sánchez se encontrará el resultado en el marcador de las votaciones.

En referencia a la campaña impulsada por el partido en todo el territorio, 'Junts s'explica', ha detallado que están haciendo charlas para que “cualquier persona pueda escuchar las propuestas en todos y cada uno de los temas que tiene el país como reto”. “Los ciudadanos están sedientos de propuestas y de esperanza, porque unos se resignan y los otros solo gritan”, ha sentenciado.

La avanzadilla de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Turull en Estrasburgo ha sido un fracaso. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha avalado la prisión provisional de los líderes soberanistas en 2017 y ha descartado que vulnerara sus derechos políticos como parlamentarios. “Su ideología no fue la causa de su detención preventiva”, resuelven los jueces europeos en un párrafo demoledor ante el alegato de los independentistas de que fueron presos políticos.

Las 75 páginas de la sentencia que el TEDH ha emitido este jueves han devuelto a la realidad las altas expectativas creadas entre el independentismo de que las instancias judiciales europeas les darían la razón en sus contenciosos con el Supremo. Antes lo intentaron la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y el exdiputado de Junts Josep Costa con idéntico resultado: un rechazo de Estrasburgo a sus demandas.

En Estrasburgo ya solo queda la demanda principal que los independentistas interpusieron contra su condena y juicio por parte del Tribunal Supremo. “En la demanda de la prisión provisional estábamos 20-80 en contra, pero en la principal creo que seguimos 50-50 en las cuestiones jurídicas”, resumía una fuente soberanista este jueves tras el revés. A ello se añade la mayor incógnita de este pleito: los posibles efectos de la amnistía, que sobrevuela las demandas.

En el seno de esa familia mal avenida que es el independentismo ya hubo discrepancias sobre si presentar la demanda referida en exclusiva a vulneraciones de derechos fundamentales con motivo de la prisión preventiva ordenada por el juez Pablo Llarena. Muestra de ello es que solo tres de los políticos encarcelados (Sànchez y Turull, de Junts, y Junqueras de ERC) siguieron el camino de Estrasburgo.

Otros optaron por esperar a que el Supremo y el Constitucional sentenciaran el caso del procés porque argumentaron que, ante instancias europeas, es preferible agrupar el conjunto de reclamaciones, en vez de trocearlas.

¿La sentencia de este jueves es la antesala a un rechazo de la demanda principal? Fuentes jurídicas independentistas rechazaban esta hipótesis, toda vez que las cuestiones en juego son distintas entre ambos pleitos: mientras el de este jueves versaba en exclusiva sobre el derecho a la libertad y su incidencia en los derechos políticos como parlamentarios de Turull, Junqueras y Sánchez, el que está pendiente de resolver abarca todo el recorrido judicial en el Supremo.

Para empezar, Estrasburgo todavía debe pronunciarse sobre si el Supremo se arrogó artificialmente la competencia para juzgar el procés (los independentistas alegan que se vulneró su derecho al juez predeterminado por ley, pues el caso debía quedarse en el TSJ catalán). También sobre si las altas penas impuestas por sedición fueron proporcionadas y sobre los efectos de la condena en el derecho de reunión (un alegato liderado por el expresidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart).

La sentencia definitiva sobre el caso procés de Estrasburgo todavía no tiene fecha. Mientras la esperan, incluso entre los soberanistas más optimistas leían este jueves con preocupación algunos de los párrafos de la resolución de los jueces europeos, pues denotan un espaldarazo total a la labor del magistrado Pablo Llarena.

Al igual que en el pleito principal, los independentistas se apoyaban en tres votos críticos de magistrados del Constitucional que rompieron la unanimidad y apoyaron que la prisión preventiva vulneraba los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull. La sección 5ª del TEDH resuelve, esta vez sí por unanimidad, todo lo contrario.

Además, los jueces europeos dejan algunas cargas de profundidad en lo que a la lectura de lo que fue el procés se refiere y que se alejan del relato soberanista. Para empezar, Estrasburgo señala que un Estado debe poder impedir la realización de “un proyecto político, incompatible con las normas de la Convención (Europea de Derechos Humanos), antes de que sea puesto en práctica por actos concretos que comprometan la paz civil y el régimen democrático del país”.

No observa el TEDH ningún elemento de “ilegalidad o arbitrariedad” en la prisión preventiva de Sànchez, Turull y Junqueras, pese a que en el caso de los dos primeros comportó que no pudieran someterse a su debate de investidura (el actual secretario general de Junts fue encarcelado, de hecho, en medio de las dos jornadas del debate).

Todo lo contrario: Estrasburgo avala que tanto el Supremo como el Constitucional “aportaron razones pertinentes y suficientes para justificar” la prisión preventiva y que existían “motivos razonables” para pensar que la medida “era necesaria para garantizar su comparecencia en el juicio y prevenir la reiteración delictiva, con el fin de preservar el orden constitucional”.

Las conclusiones del TEDH se sitúan en una línea reciente adoptada por el tribunal de otorgar mayor confianza en los tribunales nacionales frente a años anteriores de interpretaciones expansivas de los derechos fundamentales de los demandantes.

“El objetivo de prevenir actos contrarios al orden constitucional y democrático no puede considerarse 'político' en el sentido que le dan los demandantes”, zanja el TEDH, que remarca que en ningún momento ERC y Junts fueron prohibidos como partidos, se pudieron presentar a las elecciones y, finalmente, Quim Torra fue investido president en 2018 por ambas formaciones.

Los tres políticos, apostilla el tribunal, eran “objeto de procesamientos penales por delitos graves”, por lo que no se podía “razonablemente esperar que pudiesen participar en las elecciones sin ninguna restricción”. Y los jueces españoles, remarca el TEDH, permitieron a Junqueras, Turull y Sànchez “expresar sus opiniones o promover el proyecto político que defendían”.

En realidad, Estrasburgo ha repetido en 2025 algo que ya dijo Alemania en 2018: los jueces germanos rechazaron que Carles Puigdemont pudiera sufrir persecución política al ser entregado a España. “No es razonable sostener tal acusación al Estado español como miembro de la comunidad de valores y el área legal común de la Unión Europea”, dijo el tribunal alemán cuando apoyó extraditar a Puigdemont por malversación y no por rebelión, entrega que fue denegada por el juez Llarena.

Tras el revés a los independentistas de este jueves, el calendario judicial europeo del procés prosigue: el jueves 13 de noviembre, el abogado general de la Unión Europea emitirá sus conclusiones sobre la ley de amnistía. Para ello habrá que viajar de Estrasburgo a Luxemburgo, sede del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Estrasburg dóna la raó al Tribunal Suprem en la causa del procés. El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha desestimat les primeres demandes dels independentistes contra l'actuació del magistrat Pablo Llarena en la investigació de la causa que va acabar en una històrica condemna per sedició. Els jutges europeus han rebutjat que la presó preventiva vulnerés els drets polítics de Jordi Sànchez i Jordi Turull (Junts) i Oriol Junqueras (ERC).

En una contundent sentència contra les tesis sobiranistes, el TEDH descarta que la ideologia independentista dels polítics fos “el motiu” de la seva presó preventiva. La mesura, agreguen els togats europeus, no va ser “arbitrària ni desproporcionada” en tenir en compte “la gravetat dels delictes” als quals es van enfrontar els sobiranistes el 2017 “i la vulneració dels valors fonamentals de l'Estat de Dret que comportaven” els tipus penals de rebel·lió i sedició.

A l'espera que el TEDH resolgui la demanda principal dels independentistes contra la causa del Suprem, la resolució d'aquest dijous era la primera en què Estrasburg dirimia dues de les grans controvèrsies del cas procés: la presó preventiva decretada pel magistrat Pablo Llarena i la seva incidència en els drets polítics dels sobiranistes.

La resolució suposa un suport total al Tribunal Suprem i una decepció per als independentistes, que confiaven que el TEDH acollís les seves denúncies de vulneració de drets fonamentals que una majoria de jutges del Suprem i el Constitucional han desestimat.

Després d'una etapa en què les demandes amb alt contingut polític tenien números per ser estimades, el TEDH ha elevat en els últims anys la seva confiança en els tribunals nacionals. Així ha ocorregut també en la primera resolució rellevant del cas procés.

Els magistrats d'Estrasburg donen suport que tant el Suprem com el Constitucional van considerar “en decisions motivades” que no hi havia cap altra mesura possible que la presó preventiva per evitar els riscos de reiteració delictiva o de fuga dels independentistes.

Les vulneracions de drets que denunciaven Junqueras, Sànchez i Turull versaven sobre la seva elecció com a diputats del Parlament el 2017 i la negativa del jutge a deixar-los sortir de la presó per exercir com a parlamentaris. En el cas dels llavors diputats electes de Junts, a més, la negativa es va estendre a l'assistència al seu debat d'investidura.

En el primer trimestre del 2018, el jutge Llarena va rebutjar treure de la presó Sànchez perquè pogués sotmetre's a la investidura al Parlament. També va denegar deixar lliure Turull per a la seva segona sessió d'investidura després que en la primera no obtingués els suports necessaris per ser president. Entre ambdues sessions, el jutge va processar Turull per rebel·lió i va ordenar el seu ingrés a presó el 23 de març.

Més enllà de remarcar que la presó preventiva va tenir un caràcter “provisional” i que la presó preventiva no va poder resultar “sorprenent” als electors de Junqueras (perquè ja estava empresonat quan es va votar el desembre del 2017), Estrasburg també s'endinsa en valoracions sobre el paper dels jutges en el procés per avalar l'actuació del Suprem.

Recorden els magistrats europeus que els jutges de l'Alt Tribunal van emmarcar l'actuació dels independentistes en “una amenaça per a l'essència mateixa d'un Estat democràtic”, i que els tribunals nacionals van subratllar que l'objectiu dels independentistes “era declarar la secessió d'una part del territori espanyol per mitjans contraris a la llei i prèviament declarats inconstitucionals pel Tribunal Constitucional”.

El Suprem i el Constitucional, conclou el TEDH, “van ponderar els diversos interessos en joc d'una manera que no pot qualificar-se d'arbitrària i sense menyscabar la llibertat d'expressió de l'opinió pública”. L'empresonament dels tres diputats electes, insisteix el tribunal, “no va ser incompatible amb l'essència mateixa del dret a ser elegit i a exercir el mandat parlamentari”.

En el cas de Junqueras, Turull i Sànchez, magistrats progressistes del Constitucional van formular vots particulars en contra de l'opinió majoritària de confirmar la presó preventiva. Els magistrats Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer i Juan Antonio Xiol sí van considerar que el Suprem va vulnerar els drets de participació política de Turull i Sànchez en impedir-los optar a la votació d'investidura.

Per contra, el TEDH, per unanimitat, avala que tant la presó preventiva com les altres mesures que van restringir els drets polítics de Junqueras, Sànchez i Turull “es van basar en el Dret i es van justificar”.

És més, en una rèplica directa a les tesis sobiranistes, Estrasburg conclou que l'objectiu de prevenir la comissió d'actes contraris a l'ordre constitucional (un dels fonaments de la presó preventiva en el cas procés) “no pot considerar-se 'polític' en el sentit que li atorguen els sol·licitants”, aquests són, els independentistes.

El context polític espanyol del 2017 i 2018, postil·la Estrasburg, “no pot, per si sol, provar que la finalitat” de la presó preventiva fos “obstaculitzar” la participació en la vida política de Junqueras, Sànchez i Turull. Tot el contrari: els jutges europeus donen suport que la mesura buscava “garantir la seva compareixença davant la Justícia”.

Estrasburgo respalda al Tribunal Supremo en la causa del procés. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado las primeras demandas de los independentistas contra la actuación del magistrado Pablo Llarena en la investigación de la causa que terminó en una histórica condena por sedición. Los jueces europeos han rechazado que la prisión preventiva vulnerara los derechos políticos de Jordi Sànchez y Jordi Turull (Junts) y Oriol Junqueras (ERC).

En una contundente sentencia contra las tesis soberanistas, el TEDH descarta que la ideología independentista de los políticos fuera “el motivo” de su prisión preventiva. La medida, agregan los togados europeos, no fue “arbitraria ni desproporcionada” al tener en cuenta “la gravedad de los delitos” a los que se enfrentaron los soberanistas en 2017 “y la vulneración de los valores fundamentales del Estado de Derecho que entrañaban” los tipos penales de rebelión y sedición.

A la espera de que el TEDH resuelva la demanda principal de los independentistas contra la causa del Supremo, la resolución de este jueves era la primera en la que Estrasburgo dirimía dos de las grandes controversias del caso procés: la prisión preventiva decretada por el magistrado Pablo Llarena y su incidencia en los derechos políticos de los soberanistas.

La resolución supone un espaldarazo total al Tribunal Supremo y una decepción para los independentistas, que confiaban en que el TEDH acogiera sus denuncias de vulneración de derechos fundamentales que una mayoría de jueces del Supremo y el Constitucional han desestimado.

Tras una etapa en los que las demandas con alto contenido político tenían números para ser estimadas, el TEDH ha elevado en los últimos años su confianza en los tribunales nacionales. Así ha ocurrido también en la primera resolución relevante del caso procés.

Los magistrados de Estrasburgo respaldan que tanto el Supremo como el Constitucional consideraron “en decisiones motivadas” que no había otra medida posible que la prisión preventiva para evitar los riesgos de reiteración delictiva o de fuga de los independentistas.

Las vulneraciones de derechos que denunciaban Junqueras, Sànchez y Turull versaban sobre su elección como diputados del Parlament en 2017 y la negativa del juez a dejarles salir de la cárcel para ejercer como parlamentarios. En el caso de los entonces diputados electos de Junts, además, la negativa se extendió a la asistencia a su debate de investidura.

En el primer trimestre de 2018, el juez Llarena rechazó excarcelar a Sànchez para que pudiera someterse a la investidura en el Parlament. También denegó dejar libre a Turull para su segunda sesión de investidura después de que en la primera no obtuviera los apoyos necesarios para ser president. Entre ambas sesiones, el juez procesó a Turull por rebelión y ordenó su ingreso en prisión el 23 de marzo.

Más allá de remarcar que la prisión preventiva tuvo un carácter “provisional” y que la prisión preventiva no pudo resultar “sorprendente” a los electores de Junqueras (porque ya estaba encarcelado cuando se votó en diciembre de 2017), Estrasburgo también se adentra en valoraciones sobre el papel de los jueces en el procés para avalar la actuación del Supremo.

Recuerdan los magistrados europeos que los jueces del Alto Tribunal enmarcaron la actuación de los independentistas en “una amenaza para la esencia misma de un Estado democrático”, y que los tribunales nacionales subrayaron que el objetivo de los independentistas “era declarar la secesión de una parte del territorio español por medios contrarios a la ley y previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional”.

El Supremo y el Constitucional, concluye el TEDH, “ponderaron los diversos intereses en juego de una manera que no puede calificarse de arbitraria y sin menoscabar la libertad de expresión de la opinión pública”. El encarcelamiento de los tres diputados electos, insiste el tribunal, “no fue incompatible con la esencia misma del derecho a ser elegido y a ejercer el mandato parlamentario”.

En el caso de Junqueras, Turull y Sànchez, magistrados progresistas del Constitucional formularon votos particulares en contra de la opinión mayoritaria de confirmar la prisión preventiva. Los magistrados Fernando Valdés Dal-Ré, María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol sí consideraron que el Supremo vulneró los derechos de participación política de Turull y Sànchez al impedirles optar a la votación de investidura.

Por el contrario, el TEDH, por unanimidad, avala que tanto la cárcel preventiva como las demás medidas que restringieron los derechos políticos de Junqueras, Sànchez y Turull “se basaron en el Derecho y se justificaron”.

Es más, en una réplica directa a las tesis soberanistas, Estrasburgo concluye que el objetivo de prevenir la comisión de actos contrarios al orden constitucional (uno de los fundamentos de la prisión preventiva en el caso procés) “no puede considerarse 'político' en el sentido que le otorgan los solicitantes”, estos son, los independentistas.

El contexto político español de 2017 y 2018, apostilla Estrasburgo, “no puede, por sí solo, probar que la finalidad” de la prisión preventiva fuera “obstaculizar” la participación en la vida política de Junqueras, Sànchez y Turull. Todo lo contrario: los jueces europeos respaldan que la medida buscaba “garantizar su comparecencia ante la Justicia”.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha emplazado este sábado a sus alcaldes a estar “preparados” y dar su “mejor versión” ante “los momentos complicados” que vendrán, pero sin hacer alusión expresa a la posibilidad de que su partido deje caer al Gobierno de Pedro Sánchez.

Junts ha celebrado este sábado una convención municipalista en Barcelona a 48 horas de que la dirección del partido decida si rompe con el bloque de la investidura y somete su decisión a la militancia, mientras el Gobierno hace esfuerzos de última hora, como la reactivación del reconocimiento del catalán en la UE, para evitar la ruptura.

Más allá de la oficialidad del catalán en la Unión Europea, otros asuntos pendientes con Junts son la aplicación de la amnistía a Puigdemont, a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional, y la delegación de las competencias de inmigración a Catalunya, que fue tumbada en el Congreso con el rechazo entre otros de Podemos.

El “bloqueo” en el Congreso de los Diputados de la iniciativa legislativa para frenar la multirreincidencia es uno de los “incumplimientos” que figuran en la lista de Junts, al que este sábado Turull ha hecho referencia, poniendo el valor el papel de los alcaldes a la hora de situar el tema, así como en las “ocupaciones delincuenciales” o el “fraude” en el padrón municipal.

“Son temas que JxCat ha puesto en la agenda a nivel nacional y estatal. Se ha hecho con valentía, rigor y sin tópicos. Ahora hay muchos alcaldes de otras formaciones, de estas que nos pusieron tantas etiquetas, que os vienen a dar la razón”, ha señalado Turull, informa EFE.

Aunque todavía falta más de un año para las elecciones municipales, Turull ha reivindicado a Junts como el partido de la “centralidad” ante los que quieren “anestesiar” o “incendiar” Catalunya, en una alusión velada al PSC y a Aliança Catalana.

Por ello, ha antepuesto las “acciones” y las “soluciones” ante tanto “griterío”. “Vienen momentos complicados y habrá que dar lo mejor de nosotros. Pero estoy seguro de que estaremos a la altura, como siempre, a la altura de estar al servicio de lo que el país se merece”, ha resuelto.

Este fin de semana se producirán las primeras reuniones, más restringidas, y el lunes será cuando la ejecutiva de Junts se encerrará en un 'coworking' de Perpinyán para decidir cuál es la estrategia a seguir a partir de ahora. Las voces partidarias de romper con el PSOE han ido en aumento pero eso no implicaría encumbrar a Feijóo, al que acusan de bloquear avances en ámbitos como el catalán en Europa.

¿Esta vez va en serio?

Es la pregunta más repetida en los últimos días tras el juego de palabra que la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, utilizó el miércoles para anunciar que para su partido ha llegado “la hora del cambio”. La respuesta es que sí o, para ser más precisos, el partido de Puigdemont va mucho más en serio que todas las anteriores ocasiones. Fuentes del partido señalan que el PSOE solo se mueve cuando nota que se acerca “al abismo” y que esta vez está más cerca que en las anteriores. La cuestión es qué les puede ofrecer ahora para rebajar un malestar que es bastante transversal porque es compartido tanto por miembros de la dirección como diputados y cargos municipales.

¿Qué consecuencias puede tener en su maltrecha relación con el PSOE?

Los partidarios de romper, que cada vez son más, consideran que hay que borrarse definitivamente del bloque que apoyó a Pedro Sánchez en su investidura. Los posconvergentes insistieron desde el principio que no querían formar parte de ese grupo, que ellos comían aparte y es lo que han intentado toda la legislatura. Pero a medida que Sánchez ha ido mirando a su izquierda, ya fuese en su apoyo a Palestina o la reducción de la jornada laboral, la distancia ha ido aumentando. Sánchez cada vez más busca atraer votantes de Sumar y Podemos mientras Junts intenta frenar la fuga de los suyos hacia Aliança Catalana.

Junts acusa al Gobierno de bloquear la ley sobre multirreincidencia que registraron el año pasado y que el Congreso tomó en consideración en mayo de 2024, con los votos de la derecha, del PSOE y de otros partidos del bloque de investidura como ERC. Sumar y el resto de grupos de izquierda rechazan el texto por considerar que avala los discursos racistas. Eso, sumado al fiasco del traspaso de competencias en inmigración, es algo que ha alimentado aún más el malestar. Para el partido de Puigdemont y más concretamente para sus alcaldes todo lo que esté vinculado a multirreincidencia es prioritario porque consideran que la única manera que tienen de combatir el discurso xenófobo de Silvia Orriols y los suyos es endureciendo su posición. Es algo que han trasladado tanto al expresident, la última vez hace solo unos días en Waterloo, como en reuniones con Jordi Turull. 

Tampoco hay que olvidar que muchos en el partido de Puigdemont defienden que, para remediar la pérdida de visibilidad en la política interna de Catalunya, Junts debería lograr acuerdos con el Govern de Salvador Illa. De hecho, la formación intentó este mes que el PSC aprobara varias de sus propuestas en el Parlament como un primer acercamiento antes de valorar la opción de sentarse a negociar los presupuestos. Pero ese primer intento quedó en nada porque no se entendieron y el Govern prefirió priorizar a sus socios tradicionales de ERC y Comuns.

¿Junts apoyaría una moción de censura del PP?

Esta es la pregunta del millón y que depende de Puigdemont pero no solo de él puesto que aquí entra Alberto Núñez Feijóo en la ecuación. Junts siempre había dicho que no haría caer al Gobierno para que fuese el PP quien ocupase su lugar. Públicamente solo un dirigente de peso, Antoni Castellà, ha especulado (y tampoco con especial convicción) con la posibilidad de apoyar una moción ‘instrumental’, esto es, forzarla solo con la condición de que el PP convocase inmediatamente elecciones. No parece que, a fecha de hoy, esa sea una opción mayoritaria en el partido, por más enfado que exista con el PSOE. Además, tampoco está claro que Feijóo estuviese dispuesto a jugar esa carta. 

¿Cómo influye el ‘factor Puigdemont’?

Al igual que pasó cuando se consultó a la militancia sobre la salida del Govern de Aragonès o sobre apoyar la investidura de Sánchez, el pulgar del expresident condiciona y mucho la decisión de la dirección y la de la militancia puesto que la pregunta se formula ya con intención. 

El expresident afronta la decisión sobre cómo enfocar lo que queda de legislatura sin que el arreglo de su situación personal vía ley de amnistía (lo que motivó el apoyo de Junts a la investidura de Sánchez) esté solventado. Tras las caóticas negociaciones políticas, el rechazo del Supremo a amnistiar a Puigdemont le ha obligado a pedir amparo al Constitucional y esperar a que el tribunal de garantías corrija al alto tribunal.

A principios de octubre, el Constitucional admitió a trámite el recurso con el que Puigdemont pide que se amnistíe el delito de malversación por el que sigue en búsqueda y captura y que, en la práctica, le impide volver a España sin arriesgarse a ser detenido. La admisión a trámite se demoró unas semanas porque, antes, Puigdemont había recusado a tres magistrados conservadores.

El expresident ha pedido que, como medida cautelar mientras se resuelve el recurso sobre su amnistía, se suspenda su orden de ingreso en prisión en España. El Constitucional todavía tiene que resolver esta petición (a la que la Fiscalía se ha opuesto), aunque es infrecuente que el Constitucional acuerde una medida cautelar antes de abordar el fondo de un recurso. 

Lo más plausible es que Puigdemont no conozca si el Constitucional despeja su camino para volver a España hasta la sentencia de su caso, que todavía tardará unas semanas y se espera para el próximo invierno. En suma, la sentencia de Junts a la legislatura puede llegar antes que la sentencia sobre la amnistía a su principal beneficiario.

¿Qué pasará con la mesa de negociación?

Una de las opciones que se está debatiendo es la de finiquitar la mesa de negociación que se ha ido reuniendo periódicamente en Suiza y en algunas ocasiones también en Bruselas. En la última, celebrada en Zúrich, se constató que lo que siempre han sido dificultades para llegar a acuerdos ahora se antojan obstáculos insalvables.  

Con la entrada en prisión de Santos Cerdán, Junts perdió a su mejor aliado. La relación que habían tejido con Turull era prácticamente de amistad. Los independentistas se quejaban de que los acuerdos que alcanzaban con el entonces secretario de organización del PSOE quedaban después empantanados en los ministerios. Es algo que, según los independentistas, no se ha resuelto después, cuando el principal interlocutor es el expresidente Zapatero, que ya antes estuvo en más de uno de los encuentros bilaterales, ahora junto a Juanfran Serrano, mano derecha de Cerdán.

Una de las carpetas que se arrastra desde hace más tiempo es la de la oficialidad del catalán en Europa. Junts ha reconocido públicamente los esfuerzos del Gobierno y en especial del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, para convencer al resto de estados y ha criticado duramente al PP por boicotear cualquier tipo de avance. De hecho, es uno de los ejemplos que citan para descartar el apoyo a una moción de censura de Feijóo.

El estado más reticente a que el catalán tenga un mayor reconocimiento es Alemania y, para alegría del PSOE, el canciller Merz ha aceptado “abrir un diálogo” para ver si es posible. No es garantía de nada pero al menos ya no lo bloquea. Es un paso aunque no se sabe cómo acabará. Este es un tema del que Puigdemont ha hecho bandera pero que a los alcaldes de Junts no les parece ni lo más urgente ni lo que les permitirá recuperar los votos que están perdiendo. Y el primer examen electoral, si Sánchez no adelanta las generales, es el suyo. 

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha asegurado este domingo que sus “reproches” en torno a la financiación autonómica no iban contra Andalucía, sino contra el Estado, “que tiene un sistema de financiación que lo que hace es expoliar Catalunya”, informa EFE.

Turull, que encabeza una delegación de Junts que ha acudido a Vitoria para participar en la fiesta del Alderdi Eguna (Día del partido) del PNV, se ha referido a la polémica suscitada tras sus declaraciones en las que acusó a la Junta de Andalucía de fomentar deducciones fiscales, como la cuota del gimnasio o los gastos veterinarios, “con el dinero de los catalanes”.

Estas palabras fueron respondidas por la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder de los socialistas andaluces, María Jesús Montero, quien criticó a Junts que presente a Andalucía como tierra de subsidios para alimentar el ataque entre territorios y ha defendido lo público como la forma de avanzar con igualdad.

Además de mostrar su “respeto y aprecio” hacia Andalucía y su Junta, Turull ha insistido en que su reproche es al Estado, que mantiene un sistema que hace que cada año 22.000 millones de euros “de los catalanes se van y no vuelven”.

Tras preguntarse “cómo es que hay muchos servicios básicos” de los catalanes a los que no se puede “dar respuesta”, el dirigente de Junts ha reclamado que “no digan que tener un perro, tener un gato o ir al gimnasio es un ámbito de la solidaridad”.

“La señora Montero lo que tendría que hacer es, de una vez por todas, cambiar esta injusticia desde el Estado” y ha considerado que en Cataluña “hay un amplio consenso” en torno a que “no se puede seguir con este sistema de financiación”.

Turull se ha referido a las relaciones con el PNV y ha dicho que ambos partidos comparten “mucho más” de lo que les separa. “Nos reconocemos en nuestras naciones”, ha afirmado.

“Tenemos una relación de complicidad, desde el respeto a los ritmos, a los que quieran decidir cada una de las naciones; nos sentimos respetados en nuestras decisiones y propuestas por el PNV y nosotros también siempre les damos apoyo”, ha recalcado.

En este sentido, ha negado que el PNV haya intercedido para que Junts mantenga su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez. “Cada uno tiene sus propias dinámicas y sus propias realidades y necesidades en cada una de las naciones”.

“Ni nosotros le pedimos y no le pediremos nunca al PNV lo que tiene que hacer en cuanto a la gobernabilidad del Estado, ni ellos nos han pedido nada al respecto”, ha zanjado.

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha cargado este viernes contra las últimas deducciones fiscales aprobadas por la Junta de Andalucía, a la que ha acusado de poderse permitir la medida debido a la aportación que hace Catalunya dentro del actual modelo de financiación. Turull ha arremetido contra las “subvenciones” que, a su juicio, Andalucía promueve a los gimnasios y a las mascotas “con el dinero de los catalanes”. “Es la perversión número uno”, ha apostillado.

“Aquí a mucha gente de clase media y trabajadora, que financia el Estado del Bienestar, no le podemos dar beca de comedor, o la ley de la dependencia”, ha argumentado el dirigente independentista, para criticar las exenciones fiscales en Andalucía. Tras sus palabras, desde Junts han aclarado que se refiere solo a esas deducciones, que consideran que son políticas que Catalunya no puede pemitirse por culpa del llamado “déficit fiscal”.

Sobre las deducciones andaluzas, lo que ha anunciado concretamente la Junta es, por un lado, que se podrán deducir hasta 100 euros de la cuota del gimnasio en la declaración del IRPF. Del otro, una deducción de los gastos veterinarios de las mascotas durante los primeros años de convivencia. 

Turull ha sacado a colación su demanda de mejorar la financiación para Catalunya para hacer frente también al aumento de la población extranjera. “Se nos están colapsando muchos servicios, porque el cuerpo ha crecido pero el traje es el mismo. ¿Por qué cree que tenemos tanta discusión con el sistema de financiación?”, ha expresado Turull durante la entrevista en Cafè d’Idees de RTVE. 

“Exigimos respeto a Turull”

La reacción del Gobierno de Juan Manuel Moreno no ha tardado. Su portavoz y consejera de Hacienda, Carolina España, ha enviado un mensaje grabado a los medios en los que carga duramente contra Turull y, de paso, contra la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero.

“Desde el Gobierno andaluz exigimos respeto al señor Turull. Ya está bien de que nos miren por encima del hombro, de que nos traten como si fuéramos inferiores y de que nos quiten la autoestima. Lo que está pasando es que Cataluña nos ve como una amenaza”, ha dicho la consejera andaluza, que ha demandado al dirigente de Junts que “si es tan independentista, debería respetar la autonomía de Andalucía y el derecho a gestionar nuestros recursos como queramos”. España, además, ha exigido a Montero que “pida una disculpa pública a Turull como vicepresidenta del Gobierno, ministra de Hacienda y andaluza”. “No debe dejar pasar esto por alto”, ha sentenciado.