El Constitucional activa la cuenta atrás para la vuelta de Puigdemont a las puertas de las elecciones generales

El pleno del Tribunal Constitucional afronta esta semana una deliberación clave sobre la amnistía y a las puertas de las próximas elecciones generales. Los magistrados tienen previsto dar luz verde a la aplicación de la ley de perdón al delito de malversación por el que fueron condenados Jordi Turull y Dolors Bassa, un movimiento que pondrá en marcha la cuenta atrás para que este criterio se aplique al caso de Carles Puigdemont y, en la práctica, pueda volver a España sin miedo a ser detenido. Los tiempos que maneja el tribunal de garantías hacen factible que todos los recursos pendientes queden solucionados antes del comienzo de la campaña electoral aunque vaya a tener una incidencia moderada en la elaboración de las listas de Junts y ERC, los dos partidos presentes en la lista de políticos pendientes de sentencia.

Los 12 magistrados tendrán este martes dos recursos encima de la mesa con los casos de los exconsellers Jordi Turull y Dolors Bassa. Los dos acudieron al Constitucional porque, después del indulto que conmutó su pena de prisión, la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación mantenía intacta su condena de inhabilitación y eso les impedía presentarse a unas elecciones. El debate sobre el fondo del asunto no parece polémico: el ponente conservador del caso de Turull se ha comprometido a asumir el criterio de la mayoría y la ponencia de Cándido Conde-Pumpido sobre Dolors Bassa tampoco tendrá problema en salir adelante gracias a la mayoría progresista del organismo.

Está previsto, por tanto, que ambos recursos queden sentenciados entre el martes y el miércoles, aunque eso no significa que las resoluciones sean dictadas y notificadas el mismo día en que se conozca el resultado de las votaciones. Además de acometer el redactado definitivo de las resoluciones, los magistrados conservadores que previsiblemente discrepen también necesitarán tiempo para elaborar sus votos particulares. Sobre su cumplimiento, el propio presidente del Tribunal Constitucional dejó claro recientemente en un desayuno informativo que los tribunales de la Justicia ordinaria, entre ellos el Tribunal Supremo, estaban obligados a acatar y aplicar sus resoluciones, deslizando una crítica: “A veces surge una cierta voluntad de no atender las resoluciones del Tribunal Constitucional”, lamentó.

Las decisiones sobre Turull y Bassa no solo afectarán a estos dos exconsellers del Govern de Carles Puigdemont. Serán las primeras sentencias en las que el Constitucional dará por amnistiado el delito de malversación del procés, la acusación que mantiene al expresident bajo una orden de detención del Tribunal Supremo que implicará su detención si pone un pie en España. La decisión del Constitucional sobre este asunto, sin embargo, no se aplicará de forma automática al político catalán. La sentencia, una vez dictada y notificada, debe ser puesta en conocimiento formal del juez Pablo Llarena, en el Tribunal Supremo, para que levante la acusación de malversación y, con ella, la orden de detención. Está por ver si antes de hacerlo pide, por ejemplo, alegaciones a las partes.

Puigdemont y el 29N

Carles Puigdemont no tiene a día de hoy ningún impedimento que le aparte de una lista electoral de su partido –ya fue cabeza de lista de Junts al Parlament en 2024 y candidato a la investidura, entre otras–, pero la orden nacional de detención que pesa sobre él limita su actividad parlamentaria a delegar su voto, algo que también ha sido discutido por los tribunales. Está previsto que eso cambie en las próximas semanas cuando el Tribunal Supremo aplique las decisiones del Constitucional y haga desaparecer su imputación con malversación, aunque con la duda de en qué momento de la campaña electoral sucederá. Si antes 26 de octubre, límite para presentar candidaturas, o si ya en noviembre con la campaña en marcha y con Junts recuperando así su mayor activo electoral.

El resto de exconsellers condenados libran su batalla en paralelo y con un calendario igualmente ajustado en caso de querer figurar en alguna lista electoral del 29N. Los recursos de Oriol Junqueras, Joaquim Forn y otros condenados todavía no están en el calendario, pero podrían quedar resueltos por aplicación de doctrina en el siguiente pleno del 20 de octubre, un día antes del comienzo del plazo para presentar candidaturas.

La aplicación de la amnistía se ha convertido en uno de los grandes choques entre Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Fiscalía. La Sala de lo Penal se negó a amnistiar el delito de malversación y, además, planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. El procés, dijeron por primera vez a lo largo de la causa, pudo afectar a los intereses económicos europeos y, además, supuso un enriquecimiento injusto para los políticos porque no tuvieron que pagar el referéndum del 1-O de su bolsillo. Las sentencias que dicte el Constitucional en los próximos días, tal y como figura en las ponencias que se votarán y cuentan con el apoyo mayoritario del pleno, apuntan en sentido contrario con algunas críticas muy duras al criterio del Tribunal Supremo.

La ponencia de Cándido Conde-Pumpido sobre el caso de Dolors Bassa, por ejemplo, acusa al Supremo de emitir “dos pronunciamientos distintos e inconciliables” sobre si la malversación es o no amnistiable, comparando la sentencia del procés con los autos que negaron el perdón a ese delito. Una “contradicción flagrante”, entre otras críticas a los autos del Supremo sobre el caso, que ahora serán sometidas a votación en un día que supondrá el principio del fin de la causa abierta contra Carles Puigdemont en 2017 a las puertas de unas elecciones generales convocadas, entre otros factores, por la posición de su partido en cuanto a la crisis de vivienda y los decretos que el Gobierno no consiguió sacar adelante en el Congreso la semana pasada.