“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido al que fuera miembro de la banda terorrista ETA Asier Aralluz, 'Santi', al tiempo que ha anunciado que no se le ha comunicado la decisión del Gobierno vasco de conceder el régimen de semilibertad al que fuera jefe de la organización terrorista Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki'.

A través de una nota de prensa, el Ministerio Público ha señalado que el coordinador de Vigilancia Penitenciara de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Carlos García Berro, considera procedente que “se revise la legalidad” de la resolución del Gobierno vasco “y se acuerde la clasificación en el segundo grado” de 'Santi', según recoge Europa Press.

La Fiscalía indica que “se valora favorablemente por la Administración aspectos como la petición de perdón a las víctimas y su posicionamiento hacia la reparación del daño, aceptando su implicación en todos los hechos objeto de condena y en el daño causado por ETA”.

“No obstante”, el Ministerio Fiscal indica que la ley “permite adaptar el segundo grado, pero su eficacia se evalúa en función de un uso sostenido, vinculado siempre a un programa de tratamiento”. “La doctrina penitenciaria muestra que su aplicación requiere periodos prolongados de observación para constatar resultados reales”, añade.

Al respecto, el fiscal asegura que el Tribunal Supremo “exige que la evolución tratamental tenga consistencia temporal y sea fruto de un proceso consolidado, no de un cambio reciente”. A su juicio, “un periodo tan breve como tres o cuatro meses no acredita estabilidad, no muestra evolución prolongada, no permite verificar cambios consolidados y no cumple el criterio de prudencia exigido para delitos graves”.

En lo relativo a 'Txeroki', la Fiscalía afirma no haber recibido “la resolución sobre la aplicación” de la semilibertad concedida por el Gobierno vasco. El que fuera jefe de la banda terrorista salió por primera vez de la cárcel de Martutene el pasado 9 de febrero.

Las trabajadoras -ya que casi en su totalidad son mujeres- del único centro de menores penitenciario de Euskadi, el recurso de Ibaiondo, en Zumarraga, van a protagonizar este miércoles, 11 de febrero, una protesta frente a la sede del Gobierno vasco para denunciar el “empeoramiento” de sus condiciones laborales. Lo harán antes de que se celebre una mesa de negociación entre el comité de empresa, compuesto por los sindicatos ELA, LAB y CCOO y, por parte del Ejecutivo vasco, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, áreas de las que dependen los convenios laborales de estas trabajadoras.

Según critican las trabajadoras, la última propuesta del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y a través de la cual partirá la negociación de este miércoles, muestra un “retroceso” en cuanto a condiciones laborales. “En 2023, el Comité acudió al Parlamento Vasco en busca de apoyo ante el envejecimiento de la plantilla y el deterioro de las condiciones laborales. Tras tres años el Gobierno vasco no ha tomado medidas, provocando que la situación sea aún peor. La nueva propuesta entregada por el Departamento de Justicia para el centro de Ibaiondo, no solo ignora las propuestas presentadas por los sindicatos, sino que propone una merma sustancial de las condiciones laborales que pone en peligro la salud del personal”, reconocen.

En este sentido, explican que el informe de riesgos psicosociales elaborado a finales de 2021 identificó “factores críticos con riesgo elevado o muy elevado, que provocan constantes situaciones de estrés, cargas de trabajo excesivas y desgaste psicológico-emocional”. “La falta de soluciones de Gobierno vasco está generando un aumento significativo en el número de bajas laborales de origen psicológico”, reconocen.

Aroa es una de las cerca de 65 trabajadoras que forman parte de la plantilla de Ibaiondo. Según detalla a este periódico, en estos momentos hay 38 menores internados en cinco módulos diferentes. En cada uno de los módulos, hay 10 educadoras sociales, cinco coordinadoras, dos trabajadoras sociales y dos psicólogas. Además, en el centro hay personal administrativo y de seguridad que cuenta con otras condiciones laborales. “Lo que pedimos es que la negociación parta de una base que sea justa. Tenemos jornadas semanales de 47 horas, con 12 horas seguidas por la noche y no contamos con acompañamiento psicológico después de las agresiones que sufrimos, que son frecuentes. Nos gusta nuestro trabajo, pero somos conscientes de que no es un trabajo que podamos hacer a los 60 años, por lo que solicitamos unos permisos por edad”, defiende Aroa, que a sus 46 años lleva 20 trabajando como educadora en Ibaiondo.

A pesar de que se trata de un centro de menores, algunos de los internos pueden llegar a tener hasta 23 años, según la fecha en la que fue impuesta su condena o declarado su internamiento. Por ello, uno de los módulos del centro es específico para mayores de edad. “Muchos se encuentran en una situación en la que ellos mismos piden ir a la cárcel porque aquí lo único que podemos hacer es contenerles emocionalmente, pero hay casos en los que los chavales pasan por episodios, problemas de adicciones, medicaciones psiquiátricas, descontrol, violencia y nosotras hacemos lo que podemos. En el centro tratamos de que tengan una vida cotidiana, tenemos aulas, talleres, actividades, dinámicas, desayunamos con ellos, comemos y cenamos, somos las que estamos con ellos las 24 horas del día. Nos gusta nuestro trabajo, pero consideramos que las condiciones que tenemos deberían ser mejores”, exige la trabajadora.

Los sindicatos denuncian que la plantilla se enfrenta a condiciones especialmente duras: nocturnidad, festivos, turnicidad, jornadas de hasta 47 horas semanales, imposibilidad de conciliación familiar o por causas relacionadas con la edad, carga psicológica, peligrosidad... Según sostienen desde el comité de empresa, esta situación se arrastra desde la legislatura anterior. Durante años, las reuniones con el Gobierno vasco se saldaron con respuestas evasivas como “se va a valorar, se va a estudiar”, hasta que al final del mandato la administración trasladó que “no iban a tomar decisiones que cayeran en el siguiente equipo de Gobierno”, lamentan los sindicatos, tras recordar que las trabajadoras del centro desarrollan “una labor educativa imprescindible” para la reinserción de menores y jóvenes sometidos a medidas privativas de libertad por delitos graves.

Desde el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco explican que “se está negociando el acuerdo de condiciones de trabajo” y que, desde su departamento, están presentes en la mesa de negociación de este miércoles “para que se tengan en cuenta las necesidades” del sector, pero consideran que la decisión final corresponde a las direcciones de Empleo Público y Relaciones Laborales del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno.

Recuerdo la primera vez que entré en prisión como abogada. Fue en el año 2016 y no tenía experiencia ni estaba familiarizada con el mundo penitenciario. En la APDHA, la asociación para la que colaboro como activista por la defensa de los derechos de las personas presas, habíamos recibido una carta de un preso que se encontraba cumpliendo condena en Puerto I, prisión de máxima seguridad que se encuentra ubicada en El Puerto de Santa María, Cádiz, y que data de la década de los 80. En esa carta nos hacía un relato de la situación en la que se encontraba para finalmente solicitar ayuda, sin especificar qué tipo de ayuda precisaba.  

A lo largo de todos los años que llevo entrando en prisión me he dado cuenta de que, cuando en las cartas no se concreta, la ayuda que se solicita trasciende de lo jurídico. Porque las cartas imprecisas suelen venir de los módulos de aislamiento. 

El régimen de aislamiento penitenciario afecta a las personas clasificadas en primer grado y también se utiliza como sanción para faltas muy graves, lo que lo convierte en una cárcel dentro de la cárcel.  

La falta de contacto humano y de actividad se traduce en un deterioro brutal de la salud física y mental de quienes lo sufren, constituyendo en muchos casos una situación irreversible en sus vidas, pues una cantidad desproporcionada de suicidios ocurre en los módulos de aislamiento

El aislamiento implica una limitación de las salidas al patio (entre 2 y 4 horas al día), limitación de contactos con otras personas presas, cacheos y registros diarios, cambios continuos de celda, comidas en solitario, negación de permisos de salida, restricción de las comunicaciones con personas del exterior y negación o limitación de actividades, entre otras cuestiones.  

Esta falta de contacto humano y de actividad se traduce en un deterioro brutal de la salud física y mental de quienes lo sufren, constituyendo en muchos casos una situación irreversible en sus vidas, pues una cantidad desproporcionada de suicidios ocurre en los módulos de aislamiento.  

Además, se trata de espacios de escasa transparencia que favorecen los abusos e irregularidades, resultando inviable pensar en la reinserción de las personas que se encuentran en dicha situación. 

La normativa penitenciaria indica que este régimen se aplica a personas clasificadas en primer grado por su “peligrosidad extrema” o “manifiesta inadaptación al régimen ordinario”. Sin embargo, la realidad es que muchas personas con patologías mentales acaban cumpliendo condena en aislamiento, siendo estas personas no tanto de “extrema peligrosidad” sino más bien de “extrema vulnerabilidad”.  

Falta sensibilidad en la sociedad para entender que el castigo por el castigo no es democrático, ya que no es asumible en un “Estado social y democrático de Derecho” (como se define España en la propia Constitución), pero esta falta de sensibilidad, sobre todo, se echa mucho de menos en los operadores jurídicos, especialmente los vinculados a la realidad penitenciaria, que entienden el aislamiento como algo irremediable

Por otra parte, las graves carencias de psiquiatras y la ausencia de psicólogos clínicos impiden descartar patologías y problemas de salud mental que deberían ser abordados de forma especializada, en lugar de agravados por el propio aislamiento y la falta de atención médica. 

Falta sensibilidad en la sociedad para entender que el castigo por el castigo no es democrático, ya que no es asumible en un “Estado social y democrático de Derecho” (como se define España en la propia Constitución), pero esta falta de sensibilidad, sobre todo, se echa mucho de menos en los operadores jurídicos, especialmente los vinculados a la realidad penitenciaria, que entienden el aislamiento como algo irremediable. 

Varias entidades de la sociedad civil trabajamos juntas desde hace años en una campaña por la abolición del aislamiento penitenciario, en la que hemos concluido que dicho régimen de vida es contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a las Reglas Mandela, las Reglas de Bangkok y a las Normas Penitenciarias Europeas, y atenta contra la dignidad de las personas.  

Así se expuso en las jornadas celebradas en Madrid el pasado 29 de noviembre de 2024 para la presentación del informe de dicha campaña, en las que participaron médicos, juristas y miembros de asociaciones internacionales que trabajan por la abolición del aislamiento en España y en Europa. 

Por todo ello, desde la APDHA concluimos que es urgente acabar con el aislamiento penitenciario porque resulta incompatible con los fines de reeducación y reinserción del artículo 25 de la Constitución Española, al que están orientadas las penas privativas de libertad, porque supone un trato inhumano y degradante de las personas presas y porque constituye tortura.

Primera condena en Catalunya a un funcionario de prisiones por amenazar a Iñaki Rivera, uno de los mayores defensores de los derechos de los internos en la comunidad. Una magistrada de Barcelona ha condenado a una pena de multa de 180 euros por un delito leve de amenazas al funcionario, quien a través de X dijo al jurista: “Si un día te encuentro por la calle, huye”.

En su sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada Myriam Linage concluye que la amenaza causó “profundo malestar y angustia” a Rivera. La jueza da total credibilidad a la declaración del jurista y resalta que Rivera detalló que el mensaje fue “la última pieza de un conjunto de actitudes hostiles” recibidas por parte de los funcionarios de prisiones “por largo tiempo y nunca antes denunciadas”.

“Más allá de la valoración personal, confío en que esta sentencia sirva para poner fin a las campañas de algunos funcionarios y sindicatos penitenciarios contra las personas que defendemos los derechos de las personas privadas de libertad”, ha indicado Rivera, defendido por el letrado David Aranda, tras conocer el fallo.

El mensaje ahora condenado por la Justicia supuso un nuevo capítulo del señalamiento a Rivera que, desde hace años, ejerce una parte de los funcionarios de prisiones por su labor de fiscalización de la actividad penitenciaria. El profesor de la UB está al frente del Observatorio del Sistema Penal y a los Derechos Humanos, institución que monitoriza las denuncias de los presos por supuestos malos tratos de los funcionarios.

El conflicto de parte del colectivo contra Rivera empezó hace 20 años, cuando el Observatorio fue la primera entidad que se entrevistó con los presos de la cárcel de Brians que denunciaron palizas de funcionarios en un motín. Más recientemente, CCOO llegó a denunciar una intervención del profesor en un programa de TV3 en la que afirmó durante un debate sobre el aislamiento penitenciario que en las cárceles catalanas “hay torturas, hay maltratos y hay vejaciones” por parte de los funcionarios a los internos, en un caso que terminó archivado.

En su sentencia, la magistrada hace hincapié que esa hostilidad pasada del colectivo de funcionarios contra Rivera “supuso un plus coercitivo” en el mensaje de X del empleado condenado, que causó “un racional temor” en el jurista.

El tuit del funcionario se produjo durante la última crisis penitenciaria del año pasado. El asesinato a manos de un interno de una cocinera de la prisión de Mas d'Enric (Tarragona) desembocó en un bloqueo de los centros penitenciarios por parte de funcionarios de prisiones, que impidieron entradas y salidas de internos, familiares y trabajadores penitenciarios sin convocar formalmente una huelga.

Al igual que varios miembros de la abogacía y de la judicatura, el Observatorio presidido por Rivera denunció a través de la red social X que el bloqueo penitenciario vulneraba los derechos de los internos y afectaba su salud mental.

La respuesta del funcionario al mensaje del Observatorio fue una amenaza que ahora ha condenado la Justicia: “Iñaki, hijo de la gran chirusa, si un día te encuentro por la calle huye, porque no tendré ningún tipo de contemplación hacia tu puta persona, gil de mierda, a mi no me engrupirás goruta de mierda [sic]”“.

El hecho de estar escrito en español argentino, país de origen de Rivera, denotaba “un particular conocimiento” del jurista por parte del funcionario, lo que “aumentó su personal desasosiego y malestar”, resalta la sentencia.

En su declaración en el juicio, el funcionario, defendido por un antiguo trabajador penitenciario acusado en 1998 de lesiones a internos y que a día de hoy ejerce como abogado, adujo que, si bien el mensaje sí salió de su perfil de X, pero apuntó a que podría haberlo escrito otra persona con acceso a su cuenta. Este alegato es una “excusa que carece de verosimilitud”, resuelve la magistrada, pues el acusado no indicó quién podría haber escrito el mensaje.

Este fin de semana se iban a celebrar las oposiciones de RTVE. Después de 17 años de espera la radiotelevisión pública ofertaba plazas de empleo a las que se presentaban más de 5.000 personas. Esto iba a ser así hasta media hora antes del examen, cuando los opositores se enteraron de que se suspendía porque se habían filtrado las preguntas. No es el único caso, relacionado con la filtración de preguntas o con complicaciones en oposiciones, que ha pasado en los últimos meses. ¿Son todos estos problemas simplemente incidentes aislados? ¿Pueden ser unos errores que afectan cada año a decenas de miles de personas, y a su futuro, ser tratados como si fueran incidentes aislados?

Hablamos con dos opositoras que han tenido complicaciones en distintos procesos selectivos y abordamos este problema con Fulgen Aledo, que ha sido secretario general del Instituto Vasco de Administración Pública, que es el órgano encargado de los procesos selectivos en la Comunidad Autónoma del País Vaso. Ha estado 30 años trabajando en procesos de selección. También con Marcos Peña, abogado, que suele llevar casos de este tipo y es socio de Administrativando Abogados.

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El día a día de las mujeres presas en los centros penitenciarios de Zaballa y Martutene en Álava y Gipuzkoa, es distinto al de los hombres. Para ellas, por ser menos, de un total de 1.577 personas en privación de libertad 127 son mujeres, es más complicado crear grupos para desarrollar actividades o talleres, son más sancionadas que los hombres -o eso es lo que dicen sentir- cuando les penalizan por “hablar mal” a alguna funcionaria de la cárcel y, además, son discriminadas cuando, por ejemplo, tienen que ir al ginecólogo. “Las cárceles se hicieron pensadas para hombres y eso supone una discriminación de base para ellas. No solo en lo relativo a la maternidad, sino en su día a día, la forma de tratarlas y cómo las infantilizan”, sostiene la antropóloga e investigadora Carmen Meneses autora de la investigación 'Mujeres en centros de hombres', un estudio realizado en estas dos cárceles vascas y presentado este lunes en el Curso de Verano de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) 'Humanizar la prisión: esperanza y reto para el modelo penitenciario vasco'.

Para elaborar la investigación, la antropóloga se ha adentrado a los módulos de mujeres y ha desarrollado entrevistas a nueve mujeres privadas de libertad y a 17 profesionales de los centros penitenciarios y profesionales externos. Haciendo un total de 26 entrevistas. Además ha realizado una encuesta a aquellas presas que han aceptado. Como dato, el 40% de esas encuestas se han realizado en euskera.

Entre las principales conclusiones que ha extraído Meneses, está el hecho de que en comparación con centros del resto del Estado, la situación de las mujeres en las cárceles de Zaballa y Martutene en cuanto a instalaciones y trato “es más positiva”. “La situación de los centros penitenciarios mejoró indudablemente tras la transferencia de su gestión del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco en 2021. Me he encontrado con ventajas por ejemplo en cuanto al sistema sanitario, aunque las propias mujeres no perciben que el acceso a la sanidad dentro de la cárcel sea correcto, no están muy a gusto con la atención médica”, sostiene.

Otro de los beneficios para las presas desde la transferencia es la posibilidad de residir en la unidad maternal de Martutene en el caso de ser madres. Antes de la transferencia, las reclusas que solicitaban convivir con sus hijos -una posibilidad hasta los tres años- debían ser trasladadas a otros centros del Ministerio del Interior. En 2022 se acondicionaron las instalaciones de la cárcel guipuzcoana para que las reclusas tuvieran esta posibilidad sin tener que ser trasladadas.

Algunos trabajadores entrevistados no son conscientes de la necesidad de la perspectiva de género en las cárceles ni la necesidad de una atención especial a las mujeres

En la otra cara de la moneda, una de las cuestiones negativas que más le han llamado la atención de las cárceles vascas a Meneses es el hecho de que las mujeres, al acudir al médico o al ginecólogo, lo hacen en su mayoría esposadas y durante todo el proceso siguen esposadas y con un Policía tras un biombo en la consulta. “Son situaciones discriminatorias y en ocasiones hasta violencia obstétrica. Cuando una mujer visita al ginecólogo y a la hora de realizarle alguna prueba debe limpiarse el líquido que le echan, pero como está esposada, dificulta mucho más una situación que ya de por sí es incómoda. Por no hablar de que un Policía está presente y escuchando toda la conversación. Es algo que nos debería hacer reflexionar porque atenta contra su dignidad, sobre todo, si están embarazadas. Además, es contradictorio, porque si damos por sentado que las mujeres privadas de libertad son menos peligrosas ¿por qué se considera necesario que estén esposadas incluso en el médico?”, se pregunta la investigadora.

En sus entrevistas a expertos y a trabajadores de los centros penitenciarios, cuando abordaba esta cuestión, muchos de ellos confiesan no saber que ocurría. Otros, según recalca, “no eran conscientes de la necesidad de la perspectiva de género en las cárceles ni la necesidad de una atención especial a las mujeres”. “Ellas, además sienten una percepción de discriminación y desigualdad en cuanto al control que tienen dentro de la cárcel en comparación con ellos. Dicen que lo hacen para protegerlas de los propios hombres, pero que ellas no necesitan ser infantilizadas. También aseguran ser sancionadas por cuestiones por las que los hombres no, como cuando hablan mal a una funcionaria de prisión”, explica Meneses.

Es más positivo para ellas enseñarles a convivir con hombres y que sean ellas mismas las que se defiendan en el caso de situaciones peligrosas

Sobre las actividades que realizan unos y otras, la antropóloga destaca que con ellas es más complicado encontrar un grupo dispuesto a realizar alguna actividad o taller debido a que son menos. “Con los hombres en seguida encuentras un grupo dispuesto a hacer cualquier actividad, mientras que para ellas es más complicado crear iniciativas y también que estas duren en el tiempo”, sostiene. Preguntada por si puede favorecer en estos casos la creación de grupos mixtos a la hora de llevar a cabo actividades, Meneses reconoce que sí y que en ocasiones se realiza, pero no lo suficiente. “Sucede un poco como en los colegios en la época de Franco. Se separan a chicos de chicas por protección sobre todo para evitar situaciones de peligro entre ellos o simplemente por miedo a que se embaracen. Es el celo de la institución penitenciaria. Aunque, en mi opinión, es más positivo para ellas enseñarles a convivir con hombres y que sean ellas mismas las que se defiendan en el caso de situaciones peligrosas”, reconoce.

El estudio ha sido entregado al Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y una vez publicado, la antropóloga se lo mostrará a las mujeres que han participado en su elaboración. “Para mí es importante que las personas que participan en las investigaciones se puedan beneficiar de ellas y no simplemente usarlas. Me interesa que conozcan la investigación y que opinen sobre el resultado”, concluye la antropóloga, que seguirá de cerca la situación de las mujeres en las cárceles vascas y de otros lugares del Estado para nuevas investigaciones.

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¿Qué pasa entre los muros de las cárceles? ¿Qué historias cuentan más allá del universo delictivo? ¿Cómo es nuestro sistema penitenciario? ¿Cómo funciona y cómo está regulado el trabajo de las personas privadas de libertad? ¿Por qué hay empresas que deciden llevar parte de su producción a las cárceles? ¿Qué supone para las mujeres entrar en prisiones diseñadas para hombres? 

Si las cárceles son un reflejo de la sociedad, tienen muchas cosas que decir sobre la nuestra, por mucho que intentemos mirar hacia otro lado. Por eso, en este programa cruzamos el muro de nuestras prisiones y nos colamos entre las rejas para escuchar las historias de quienes las habitan. Puedes ver el programa completo en vídeo aquí:

En este recorrido entrevistamos a David Miralles y Anais Berdié, el director y la investigadora de la serie documental “Muros” (Movistar+ y Buendía Estudios). En sus cuatro episodios siguen la vida de 10 personas en cuatro cárceles españolas: la de Mujeres de Alcalá Meco, la de Teixeiro en A Coruña, la de El Acebuche en Almería y la de Soto del Real. Hablamos con ellos para saber qué nos dicen estas historias de la vida en la cárcel y cómo se construye el relato de las personas privadas de libertad. 

Y después de escuchar a quienes habitan las cárceles de nuestro país, analizamos las condiciones que el sistema les ofrece y dónde está fallando. Hablamos de cómo está regulado el trabajo en el sistema penitenciario, de la falta de derechos y las diferencias de género que sufren las mujeres. Lo hacemos a través de la última investigación de la Fundación CIVIO sobre los derechos laborales en las prisiones estatales, vascas y catalanas, con su directora, la periodista Eva Belmonte, y Ter García, periodista especializada en derechos humanos que ha trabajado en este proyecto. 

La prisión de Ponent (Lleida) ha decidido que los internos que cumplen condena por delitos de homicidio o asesinato dejen de trabajar en la cocina. La medida se ha tomado como reacción al crimen de hace dos semanas de la jefa de cocina de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un interno que después se suicidó.

Según ha adelantado TV3 y han confirmado fuentes del departamento de Justicia, la decisión de la cárcel de Lleida se ha tomado en el seno de la dirección de la cárcel, mientras la conselleria sigue revisando el protocolo, vigente desde 2002, de trabajo en la cárcel para decidir si los presos condenados por asesinato pueden seguir trabajando en las cocinas.

Fuentes de Justicia han remarcado que en el contexto actual la prioridad es reforzar la seguridad y la percepción de seguridad, y no han visto inconvenientes en estos cambios. Ahora los internos seguirán trabajando en otras instalaciones de la cárcel como la lavandería, han apuntado desde la conselleria.

Trabajadores de Ponent han pedido ir más y que se externalice el servicio de cocinas, así como el de la cafetería, donde hay internos con cuchillos y productos de limpieza que pueden verter a la comida.

El Ejecutivo catalán, a falta de cerrarse la investigación de los Mossos d'Esquadra, concluyó que, si bien el crimen de Tarragona era imprevisible dados los 14 controles que no detectaron un riesgo alto en el interno, sí se podían revisar protocolos. El objetivo, minimizar el riesgo, que nunca puede desaparecer en una prisión. 

El frágil ecosistema de las prisiones se ha visto sacudido desde hace diez días en Catalunya. El asesinato de una cocinera en la cárcel de Tarragona a manos de un interno, un crimen inédito en 40 años, ha sido el detonante de unas protestas que van a la baja pero que se pueden reactivar en cualquier momento, toda vez que el diálogo entre Govern y sindicatos penitenciarios está roto.

El Ejecutivo catalán ha concluido que, si bien el crimen era imprevisible dados los 14 controles que no detectaron un riesgo alto en el interno, sí se pueden revisar protocolos. El objetivo, minimizar el riesgo, que nunca puede desaparecer en una prisión. 

Más allá del asesinato ocurrido en la prisión de Mas d’Enric, el crimen de la jefa de cocinas a manos de un interno ha puesto de manifiesto dos visiones sobre la seguridad en prisión. Existe un consenso entre las partes en conflicto sobre el aumento de agresiones y a necesidad de minimizar riesgos. La discrepancia estriba en cómo hacerlo.

Mientras parte de los trabajadores de prisiones reclama más autoridad y mano dura (y poder usar, por ejemplo, gases pimienta contra los presos en agresiones), desde Justicia y varios colectivos de empleados penitenciarios se pone énfasis en abordar el aumento de problemas de salud mental de los internos (la ratio de este tipo de problemáticas es cinco veces superior entre los internos que en la población general) y ahondar en las políticas de reinserción y de conexión del interno con la comunidad.

En otras palabras: ser reconocidos como agentes de la autoridad (algo que depende del Congreso y no de la Generalitat) y medidas reactivas o abordar la complejidad de fondo de la prisión y los internos.

“El malestar de los funcionarios es, en parte, comprensible, porque tienen que gestionar situaciones difíciles y no siempre saben cómo reaccionarán los internos, pero disponer solamente de más medios coercitivos no sirve”, valora la profesora de Criminología de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Cristina Güerri, que realizó su tesis doctoral sobre el rol de los funcionarios de interior en los centros penitenciarios españoles.

Un trabajador penitenciario expone su diagnóstico a elDiario.es: “Los funcionarios han perdido autoridad y el perfil del interno ha cambiado: el ‘caco’ que antes hablaba de usted ya no existe. Ahora hay muchos jóvenes sin vínculos fuera de la cárcel, que no tienen nada que perder”. “Yo he aguantado situaciones inadmisibles para ahorrarme expedientes disciplinarios cuando un interno no ha progresado al tercer grado”, confiesa.

Pese a compartir parte del diagnóstico de los sindicatos de prisiones, este trabajador se aparta de la crítica sin ambages de los sindicatos a la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y al secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, a quienes han exigido dimitir como condición para sentarse a negociar. “Calderó es una figura muy válida que apuesta de forma clara por la participación social dentro de los centros, lo que pasa es que choca con la parte más represora del colectivo”. Una muestra de que, como todos, el colectivo penitenciario no es homogéneo ni está anclado en los planteamientos más duros.

Más recursos en salud mental

Mientras espera que los sindicatos vuelvan a la mesa para negociar, la conselleria que dirige Ubasart ha redoblado su apuesta por la reinserción. La coyuntura económica favorable ha permitido una inyección presupuestaria de la cartera tradicionalmente más olvidada en las cuentas (las prisiones no dan muchos votos y solo pueden quitarlos) que no se veía desde los tiempos en la conselleria de Josep Maria Vallès.

A preguntas de elDiario.es, Vallès constata la paradoja de la política penitenciaria: “El grave fracaso de no haber podido asegurar la vida de una trabajadora recibe mucha más atención que el resultado positivo de centenares de condenados que no vuelven a delinquir”. Con todo, este desequilibrio “no ha de ser un pretexto para alterar una política penitenciaria bien orientada, como establece la Ley penitenciaria de 1979, a la reeducación y a la reinserción de los internos, tanto como a su custodia”, recalca el exconseller.

“A la vista de los cambios sociales, la política penitenciaria de la Generalitat ha de seguir insistiendo en el tratamiento de los déficits en salud mental y adaptación social de los internos, aportando los recursos especializados. Para ello, es indispensable la formación adecuada inicial y continuada de todos los profesionales penitenciarios a los que se confía una tarea compleja”, ahonda el que fuera conseller de Justicia entre 2003 y 2006.

Mejorar el clima social y el bienestar emocional a los centros y reducir los incidentes es el objetivo del equipo de Ubasart. La forma de concretarlo es mediante 111 nuevos profesionales especialistas en gestión de conflictos violentos, ampliar en 407 profesionales la plantilla penitenciaria y crear unidades de intervención especializadas para los internos con más problemas de salud mental y problemas de adaptación.

“Lo ideal en las prisiones es tener un orden acordado”, expone la profesora Güerri. Se trata de lograr, explica la docente, una “legitimidad” de la administración penitenciaria y de sus trabajadores entre los internos. ¿Cómo conseguirlo? “Mediante una atención adecuada a las necesidades de los internos y conseguir que vean que si reciben un trato razonable no les interesa crear conflictos”, razona Güerri. El objetivo de la seguridad dinámica y el orden acordado, agrega Güerri, también requiere de recursos y de formación para los trabajadores.

A nivel parlamentario, el pasado mes de febrero el modelo catalán de prisiones recibió un espaldarazo en el Parlament en una moción que respaldó la apuesta por la reinserción. El aval fue desde la CUP a Ciudadanos. Este jueves, sin embargo, Junts sostuvo una posición opuesta, se alineó con la derecha y la extrema derecha y cargó contra el “buenismo”, en palabras del diputado Francesc de Dalmases de las políticas de la conselleria. Cosas de la precampaña electoral.

“Los internos son víctimas de la desatención, la desidia y el caos, circunstancias que dan lugar a no evitar que a muchos internos les cueste la vida”. Con ese denuncia pública por delante, miembros de la Plataforma de Familias por las Muertes en Prisión se van a concentrar este lunes en Sevilla, de 10.30 a 12.00 frente a los juzgados, en la avenida Menéndez Pelayo, y de 12.30 a 14.00 en la Puerta de Navarra de la Plaza de España, frente a la Delegación del Gobierno, para mostrar sus quejas ante Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Ministerio del Interior.

Algunas de esas personas murieron dentro de la cárcel de Sevilla II, en Morón de la Frontera, por ejemplos los hijos de Victoria y Mari Ángeles. “El Estado era el último responsable de ellos”, sostuvieron a este periódico. La plataforma se manifestó en Madrid hace un año, después en Badajoz y de nuevo en Madrid ante sedes institucionales, antes de reunirse con el secretario general de Instituciones Penitenciarias. Después, recibieron “el mismo modelo de escrito, frío e impersonal, con vaguedades y falsas promesas”. Solo cambiaba el nombre del familiar fallecido, lamentan fuentes de la plataforma.

En esa carta, desde la Subdirección General de Análisis e Inspección se les indicaba que “cada fallecimiento en prisión es objeto de una investigación pormenorizada para conocer lo que ha sucedido, actuándose siempre con máxima transparencia”. El responsable traslada las “condolencias por tan luctuoso hecho” e informa la familia de los protocolos que se siguen tras cada muerte dentro de un centro penitenciario, enviando dicha carta “en atención a la inquietud mostrada en relación al fallecimiento de...”.

Personal sanitario “insuficiente”

“Durante varios años, numerosos familiares y amigos venimos pidiendo justicia para nuestros seres queridos”, con “numerosas reclamaciones y quejas”, pero “no vamos a dejar de reclamar la debida atención a quienes, además de las evidentes consecuencias de la falta de libertad, se sienten desprotegidos y sin el debido cuidado, atención y asistencia, que también merecen quienes pudieron cometer algún error en su vida que le llevó a tener que cumplir una condena privativa de libertad”, aseguran desde la plataforma.

Sostienen estas familias que “el número de personal sanitario de los centros penitenciarios es manifiestamente insuficiente”. “A veces ese escaso personal carece de una mínima sensibilidad y, en muchas ocasiones, los internos son víctimas de la desatención, la desidia y el caos, circunstancias que dan lugar a no evitar que a muchos internos les cueste la vida”. “No vamos a rendirnos hasta que se dote a los centros penitenciarios de los debidos recursos humanos y materiales, cuidando y vigilando la aptitud y la actitud de los funcionarios de prisiones, para que los internos no tengan un injusto e inhumano castigo añadido al que conlleva la privación de libertad durante meses o años”.

Los familiares exigen “una investigación a fondo de todos y cada uno de los casos de fallecimientos de internos durante su privación de libertad, que se vienen produciendo constantemente y que venimos denunciando insistentemente, pidiendo que se corrijan los errores que se vienen produciendo y se depuren las responsabilidades en las que hayan podido incurrir funcionarios de prisiones y, en especial, el personal sanitario, así como los directivos y responsables de los centros que no tengan el debido celo en su deber de control del personal que tienen a su cargo”.

Un preso despedido de forma irregular de su puesto de trabajo dentro de la cárcel también tiene derecho a una indemnización. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo en una sentencia pionera en la que da la razón a un preso de Sevilla despedido después de dos años trabajando en las cocinas del centro penitenciario. Su despido fue anulado y ahora los jueces reconocen por primera vez que, en estos casos, un preso tiene derecho a ser indemnizado como cualquier otro trabajador despedido irregularmente.

La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, explica que el preso que ha llevado su caso hasta el Supremo cumplía condena en Andalucía y empezó a trabajar en las cocinas, como auxiliar, en el verano de 2017. Tres horas y media al día, un máximo de cinco días a la semana y con un sueldo de 11,02 euros por cada día trabajado.

El despido por parte de Trabajo Penitenciario, organismo dependiente del Ministerio del Interior, llegó en 2019, cuando un parte de dos funcionarios de la cárcel afirmó que su actitud laboral era “negativa” con respecto a sus funciones en las cocinas “haciendo caso omiso de las órdenes que se le dan” así como teniendo una relación “crispada” con sus compañeros, “perjudicando el buen funcionamiento del departamento”.

El preso recurrió y un juzgado de lo social Sevilla le dio la razón, declarando irregular su despido y reconociendo, además, su derecho a ser indemnizado con 6.012,93 euros. Un aspecto que, hasta este momento, el Tribunal Supremo no había dejado claro en dos décadas de sentencias sobre el tema: qué derechos laborales tienen los presos que trabajan en las cárceles y si una indemnización de este tipo forma parte de ellas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló esta cantidad y ahora ha sido el Supremo el que ha sentado su jurisprudencia sobre este asunto, especificando que un recluso que trabaja en la cárcel sí tiene derecho a este tipo de resarcimientos económicos su si despido es declarado irregular por un tribunal.

El Tribunal Supremo explica en su sentencia que ha estudiado hasta nueve casos similares en los últimos 23 años –como por ejemplo el de este preso de Murcia indemnizado– pero que ninguno cumplía los requisitos necesarios para forma una jurisprudencia que marcase el camino a las reclamaciones de otros reclusos despedidos de forma irregular. “Hasta ahora no puede considerarse que hayamos resuelto el interrogante que se nos traslada”, reconocen los jueces.

No hay una “desprotección absoluta” de los presos

Cuando un tribunal declara la improcedencia o la nulidad del despido de un trabajador, la obligación del empresario es readmitir al afectado y, además, pagar indemnizaciones tanto por los daños morales en función del caso y los salarios de tramitación que ha dejado de cobrar desde que tuvo que marcharse. En el caso de los presos, su relación laboral con la cárcel en la que cumplen condena es distinta: se regula por un Real Decreto de 2001 específico que solo invita a aplicar el Estatuto de los Trabajadores en supuestos concretos.

Por norma general, reconoce el Supremo, “en esta relación laboral especial no opera la legislación laboral”. Pero eso no significa, reconoce en esta sentencia, que exista una “desprotección absoluta” cuando un tribunal da la razón a un preso y declara que su despido fue irregular. Y el “respeto modalizado” de sus derechos debe ser la guía de “cualquier litigio” de este tipo, en este caso de un preso despedido ilegalmente que reclama una indemnización. “Resulta indudable que nos encontramos ante una terminación de la relación de trabajo por voluntad del empleador y que la misma no es ajustada a Derecho”, zanjan los jueces.

La solución, dice el Supremo, no pasa por reconocer sin más a los presos el derecho a cobrar un salario de tramitación como sucedería con cualquier otro trabajador del ámbito público o privado cuyo despido es declarado improcedente. “Pero sí debe compensarse los daños y perjuicios ocasionados a la persona privada de forma ilícita de su empleo”, recuerda, y que la cantidad coincida “de manera indiciaria y general” con el salario que dejó de cobrar “parece razonable”. En el caso de este preso que trabajó durante año y medio en las cocinas de la cárcel, en este caso cerca de 550 días a razón de 11,02 euros el día.

Según las últimas estadísticas de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo relativas al año 2021, en las cárceles españolas hay una media mensual de 11.539 presos trabajando de los más de 47.000 que completan la población reclusa española. La mayor parte de estos presos trabajan en tareas auxiliares (4.550), manipulados (2.145) y las cocinas (1.745) de las cárceles donde cumplen condena. Ese año, las estadísticas recogen un gasto de salarios de 823.000 euros, el más alto desde que hay registros de la última década.

Aunque a menudo invisibilizadas, las cárceles no dejan de ser un reflejo de la sociedad. El machismo también traspasa los muros de las prisiones, tal y como constatan a diario las referentes de género, profesionales penitenciarias que velan por la igualdad en los centros. “Cuando yo empecé a trabajar en el módulo, para mis compañeros la mujer todavía era un estorbo”, cuenta a elDiario.es una de estas funcionarias con años de experiencia.

Una encuesta de la Conselleria de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha puesto cifras a las percepciones. El estudio, pionero en España, arroja datos que el departamento que encabeza Gemma Ubasart quiere revertir: un 7% de las profesionales que trabajan en cárceles y centros de justicia juvenil catalanes han sido víctimas de abusos o agresiones sexuales –acercamientos, rozamientos, insinuaciones, tocamientos o exhibicionismo– por parte de un compañero de trabajo en los últimos cinco años, porcentaje que se eleva al 10% cuando el agresor es un interno.

Para poner en contexto la cifra, el 15,3% de todas las empleadas en Catalunya ha sido víctima de alguna agresión sexual en el trabajo a lo largo de su carrera, y un 3% en 2021, según la última encuesta de violencias machistas del departamento de Interior.

“En las cárceles los roles de género todavía están muy marcados, tanto con los internos como con los trabajadores”, expone la referente. “Se necesita trabajar a pico y pala, pico y pala, y mucha formación, para acabar con el machismo en la prisión”, agrega.

Las conductas sexistas entre compañeros, cuenta esta funcionaria, no solo se reflejan en los casos más graves, como las agresiones o el exhibicionismo. “Hay 'mansplaining', te dicen 'quédate aquí que ya voy yo' cuando hay que ir a hablar con algún preso, hay bromas machistas... y ahora solemos responder, pero hay compañeras que todavía no lo perciben”.

Las cifras dan la razón a esta trabajadora: un 51% de las mujeres encuestadas confiesa haber recibido o presenciado comentarios, bromas o chistes de contenido sexual que las han incomodado, así como exhibición de imágenes pornográficas. Entre un 16 y un 21% de las participantes en el estudio revela haber sido víctima de rumores o de comentarios sobre su vida sexual y situaciones de acoso o presión sexual pese a haber expresado su rechazo, o haber sentido miedo de quedarse a solas con algún compañero.

“Antes te decían que las mujeres tenían que estar fregando, ahora no es tan bestia, pero te cuentan un chiste machista que, simplemente, sobra... el sustrato está ahí”, reflexiona la funcionaria, que ha tenido que parar los pies a sus compañeros en ocasiones. El ambiente laboral también es distinto cuando en el turno hay mayoría de mujeres o de hombres. “La diferencia se nota. Cuando se lía, se lía aunque estemos trabajando más mujeres... pero la forma de abordar los problemas es distinta”. 

En este sentido, el estudio muestra además una distinta percepción de los micromachismos en función de si quien responde es hombre o mujer: un 27% de los funcionarios encuestados cree que la opinión de las mujeres está menos valorada y se escucha menos, porcentaje que se eleva al 59% en el caso de las trabajadoras penitenciarias.

¿Y qué ocurre con el trato con los internos? En muchas ocasiones, explica la funcionaria, el trato que reciben de ellos es distinto en función del género del trabajador. “No es lo mismo que le dé una orden una funcionaria que un funcionario, hay veces que estando los dos se dirigen solo al él. Yo me tapo los oídos y cuando me ven así reaccionan, pero hasta entonces no lo ven. Es una forma de crear un vínculo con el interno, porque llegará un momento que estaré yo sola”.

Sobre la violencia sufrida por parte de presos o condenados a otras medidas de ejecución penal, el 63% de las trabajadoras afirman haber sido despreciadas por ellos; un 66% reportó haber sufrido situaciones de violencia psicológica −sexual o no− y entre un 9 y un 10% reveló haber sido víctima de abusos o agresiones sexuales por parte de internos.

Durante la presentación del estudio en Barcelona, la directora general de Prisiones de la Generalitat, Paula Montero, confirmó las impresiones a pie de módulo: “En las cárceles tenemos una cultura institucional profundamente masculinizada, no había denuncias presentadas ante Función Pública pese a que sabíamos que había situaciones de acoso”.

El estudio así lo refleja: la mitad de las trabajadoras de las prisiones catalanas ha soportado comentarios o bromas sexuales de compañeros, un 16% ha sufrido acoso y un 7%, agresiones o abusos, aunque en casi el 90% de los casos optaron por no presentar denuncia, ni interna ni externa.

Entre los motivos para no denunciar, un 2% de las víctimas se culpaba de la situación, un 5% no actuó por temor a represalias, un 21% consideró que era mejor resolverlo de otra forma y un 25% valoró que su caso no tenía importancia.

La difusión de estos datos, en palabras de la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, quiere ser un primer paso para “garantizar entornos laborales seguros, cómodos y libres de machismo”. En los próximos meses la Generalitat reforzará en todos los centros la figura de la “referente del protocolo”, encargada de acompañar a la víctima y de derivarla a los recursos de ayuda tras sufrir una agresión machista. También se impartirán más formaciones y se harán más campañas para dar a conocer los protocolos antiacoso.

¿Qué ocurrió en la cárcel de Brians 2 (Barcelona) a finales de 2016? A la pregunta deberá responder la Audiencia de Barcelona, que este miércoles ha escuchado a un exinterno acusar a un funcionario de prisiones de una agresión y varias amenazas de denuncias falsas por violar a un compañero de celda. El fiscal da credibilidad al interno y pide 4 años y dos meses de cárcel al funcionario, que niega los hechos y reclama su absolución.

El juicio ha puesto de manifiesto las dificultades de los internos para denunciar malos tratos en los centros penitenciarios. De los hechos no quedó constancia documental porque la dirección del centro penitenciario, según ha explicado el mosso d'esquadra que investigó los hechos, tuvo conocimiento de la denuncia un mes después de su presunta comisión, y por entonces las imágenes de las cámaras de seguridad ya no constaban los registros.

Según la Fiscalía, el funcionario de prisiones agarró al interno y le propinó tres puñetazos en el pecho después de que el preso acudiera a auxiliarlo porque el techo de un despacho ubicado junto al comedor de la cárcel se estaba desprendiendo por una fuga de agua. Pero no se quedó aquí, ya que en las semanas posteriores, mantiene el fiscal, el funcionario quiso “atemorizar” al interno amenazándolo con que lo denunciara falsamente por haber violado a otro interno.

A diferencia de otros casos, en los que son varios los mossos que desfilan como testigos de la acusación, en el juicio de este interno solo ha declarado el autor del atestado, a propuesta del fiscal. El agente no presenció los hechos pero ha explicado que, tras lo que le explicaron funcionarios y presos, concluyó que hubo un “trato discriminatorio” del funcionario, que según el agente “menoscabó” al interno “diciendo que era un violador”.

La versión del expreso, que ya ha recuperado la libertad, ha sido el relato de un clima de terror en la cárcel impuesto por el funcionario. “Él era muy conocido en Brians porque tomaba represalias contra los internos, sobre todo en los cacheos. Te castigaba, estaba allí como un 'sheriff' superior, era prepotente, narcisista, se creía el no va más”, ha aseverado sobre su relación con su supuesto agresor.

Respecto a los hechos concretos enjuiciados, el denunciante ha recalcado que el funcionario lo agarró y le dio “unos cuantos puñetazos en el pecho” durante el episodio del techo desprendido, que acabó con el funcionario diciendo “ya hablaremos”. En las semanas siguientes, ha proseguido, el funcionario se dirigió dos veces a él para instarle a que no explicara lo ocurrido en el comedor: “Me dijo que me acusaría de violar a mi compañero de celda si contaba algo”.

El acusado lo ha negado todo. “En 29 años de servicio siempre he desarrollado mis funciones como marca la ley y jamás he tenido los comportamientos violentos de los que se me acusan”, ha manifestado en su turno de última palabra. “No toqué al interno, solo le dije 'stop'”, ha agregado sobre el episodio del comedor. Tras abrirle un expediente que está pendiente de la resolución del juicio, el funcionario fue trasladado a la prisión de Puig de les Basses (Girona), donde sigue trabajando a día de hoy.

Antes su defensa ha afirmado que el caso tiene “motivaciones espurias” y ha insinuado, sin pruebas, que podría ser una represalia al funcionario por haber actuado contra la red de funcionarios detenida por tráfico de droga el pasado mes de febrero. Sin embargo la denuncia del interno es de 2017.

La prueba del algodón era una funcionaria que presuntamente presenció la amenaza de denuncia falsa. Pero su memoria se ha vuelto borrosa durante su declaración como testigo. A diferencia de lo que explicó en fase de instrucción, cuando ratificó la presunta amenaza de denuncia falsa, este miércoles la funcionaria ha dicho no recordar los hechos. Y ha reconocido que su relación con el acusado no era la mejor. “Estaba bastante incómoda con su presencia”, ha dicho. El juicio ha quedado visto para sentencia.

El magnate John McAfee se quitó la vida en prisión el pasado 23 de junio. En dos semanas se han producido otros dos suicidios en centros penitenciarios catalanes de presos menos mediáticos: Mohamed murió tras incendiar su celda hace diez días, y Ana se colgó de su celda de aislamiento este domingo. Esta escalada ha puesto en alerta a los centros penitenciarios y a la Generalitat, que se ha comprometido a mejorar a mejorar el tratamiento y la detección de los problemas de salud mental entre la población reclusa.

En el caso de Ana, su pena no era larga –27 meses– pero se encontraba en aislamiento, un régimen con el que se castiga el mal comportamiento de los presos, que pueden llegar a pasar más de 21 horas diarias encerrados y sin compañía. Sus efectos sobre la salud mental de los internos son devastadores, más teniendo en cuenta las trayectorias vitales complejas de buena parte de la población reclusa. Ana había agredido a su abuela y sus padres también habían estado en prisión. No formaba parte del programa de prevención de suicidios de la cárcel. La defensa de McAfee viene asegurando que el interno “no dio signos externos” de querer quitarse la vida.

La consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, ha valorado este lunes que “quizás” Ana no debería haber sido encerrada en prisión sino seguir un tratamiento psiquiátrico. En su primera comparecencia parlamentaria de la legislatura, Ciuró ha reconocido que la cárcel no es una excepción al incremento de los problemas ligados a la salud mental de la sociedad, que la pandemia ha incrementado, y ha abogado por intentar buscar soluciones junto a la conselleria de Salud. Hasta el pasado mes de mayo, según las estadísticas oficiales, tres internos se habían suicidado en las cárceles catalanas después de que el año pasado se alcanzara la cifra récord de 11 suicidios. En el lustro anterior la cifra se había movido entre los siete y ocho anuales.

Sindicatos de prisiones y entidades en defensa de los derechos humanos coinciden en que hacen falta más profesionales e instalaciones. “Si el Govern detecta que hay un problema, tiene que poner dinero: hemos perdido 500 efectivos en los últimos años y hace falta más personal sanitario específico para el tratamiento de los problemas de salud mental”, asevera Xavier Martínez, de UGT Presons. “Podemos hablar de los protocolos y los programas de prevención de suicidios, pero la realidad es que sin más profesionales no se puede hacer un buen seguimiento de los internos”, resume la abogada penitenciaria Mireia Salazar, del centro Irídia.

Martínez también hace hincapié en la complejidad del departamento de mujeres de la cárcel de Brians 1, el centro donde cumplía condena Ana. En esta cárcel, relata Martínez, conviven presas de perfiles muy diferentes, con condenas muy variadas, con buen y mal comportamiento y que encaran de forma muy diversa la rehabilitación, lo que dificulta la seguridad y la gestión del departamento. Por ello el representante sindical reclama que no haya más demoras en la construcción de la nueva cárcel de mujeres de la Zona Franca de Barcelona, un proyecto que acumula años de retraso y que ahora está previsto para el 2027.

“Cada vez hay más problemas de salud mental y menos recursos, lugares específicos y habilitados para ubicar correctamente a los centenares de internos que los sufren, y nos encontramos con que se tienen que compartir espacios, lo que conlleva graves problemas de seguridad”, denuncia Martínez. Las estadísticas públicas de la conselleria de Justicia muestran cuántos internos tienen sida, hepatitis o tuberculosis, pero no detallan problemas de salud mental.

Por su lado, Salazar pide poner el foco en el régimen cerrado. “El aislamiento genera graves consecuencias físicas y mentales, hace falta dejarlo atrás porque es obsoleto. El problema está en el propio mecanismo, cualquier cambio difícilmente será suficiente y hay que poner fin al aislamiento penitenciario”, razona. En su último informe sobre las cárceles catalanas, el Consejo de Europa pidió a la Generalitat dar “pasos adicionales” en relación al régimen de aislamiento “para promover un régimen más individualizado y para ayudar a los presos a reintegrarse en la población carcelaria convencional”.

A falta de la concreción presupuestaria, Ciuró ha adelantado que la intención de su departamento es “hacer más” y revisar el programa de prevención de suicidios. Sí ha avanzado la consellera que promoverá un plan de ejecución de pena específico para la población penitenciaria joven y para las mujeres presas ante la “realidad muy diferente” que viven respecto a los internos hombres. “Todas las vidas tienen igual valor, sean o no conocidas”, ha concluido la consellera.

El perdón y el reconocimiento del daño causado a las víctimas complementa, aunque sea simbólicamente, a la justicia penal. 16 internos del centro penitenciario de Picassent y de la cárcel de Alicante participan en un taller que prepara encuentros con sus víctimas, a imagen y semejanza de la vía Nanclares que propició diálogos entre arrepentidos de ETA y sus víctimas y familiares. El taller se desarrolla en diez sesiones preparatorias en las que la asociación de mediación CONCAES prepara a los presos para el encuentro con sus víctimas.

El proyecto de 'Diálogos restaurativos' incluye a condenados por delitos graves que cumplan condenas de prisión y hayan mostrado su arrepentimiento y su intención de reparar, al menos simbólicamente, el daño causado. Sólo están excluidos aquellos internos condenados por violencia de género o que sufran patologías psiquiátricas.

En Picassent se han incorporado al programa dos internos condenados por delitos de lesiones, uno por robo con fuerza y otro por robo con violencia, dos condenados por homicidio y uno por asesinato. En el centro penitenciario de Alicante participan ocho internos, cuatro hombres y cuatro mujeres, tres condenados por asesinato, dos por homicidio, uno por lesiones, por robo con fuerza y por tráfico de drogas.

A medida que avanza el programa y se determina qué condenados están preparados, los mediadores contactan con las víctimas para ofrecerles la posibilidad de participar en un encuentro restaurativo, de manera voluntaria y confidencial, acorde al Estatuto de la Víctima.

En caso de consentimiento, CONCAES también trabajará con las víctimas, en una o varias sesiones, a fin de preparar el encuentro, última fase de la Justicia restaurativa, que se produce en presencia del mediador, en el ámbito penitenciario o fuera de él, según el deseo de la víctima. El programa cuenta con una doble vertiente: la reinserción de los penados y que las víctimas puedan ser escuchadas, más allá de su experiencia en el juicio. 

“Con este programa partimos de la idea de utilizar el diálogo como un beneficio para ambas partes, de un lado, la víctima, quien tiene la oportunidad de expresar las consecuencias sufridas por un determinado delito; de otro lado, la persona infractora, quien puede ser más consciente del daño causado, expresarse, responsabilizarse y reparar, bien a su víctima si ella así lo desea o a víctimas indirectas y a la comunidad”, explica la entidad encargada de la mediación. 

Los talleres 'Diálogos Restaurativos’ comenzaron a impartirse en 2016 pero solo para aquellos penados a condenas alternativas a la prisión o los que se encontraban en tercer grado, última fase de la ejecución de la condena privativa de libertad. 

Tres años después se produjo un salto cualitativo al introducir la mediación en el interior de las prisiones para delitos de carácter grave. Los talleres de Justicia Restaurativa comenzaron aquel año en los centros penitenciarios de Sevilla, Valladolid y Burgos. En esta última cárcel, se produjo un llamativo encuentro entre un atracador de bancos y el director de una de las sucursales en las que robó propiciado por la presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, con quien el preso se había carteado.

A lo largo de 2021, Instituciones Penitenciarias tiene previsto extender los 'Diálogos restaurativos' a cárceles de 14 comunidades autónomas además de las prisiones de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

En el caso de la Comunitat Valenciana, según explica el director general de Reformas Democráticas y Acceso a la Justicia, José García Añón, la Generalitat Valenciana está tramitando un convenio con Instituciones Penitenciarias que permita la colaboración en el proyecto de justicia restaurativa desde la perspectiva de la competencia sobre víctimas que ostenta el Ejecutivo autonómico.

La semana pasada se publicaron las Estadísticas Penales Anuales del Consejo de Europa. Se trata de uno de los principales documentos con los que contamos a la hora de conocer las transformaciones que experimentan cada año las administraciones penitenciarias de los Estados que forman parte del Consejo de Europa. Por ello merece la pena resumir algunas de sus principales conclusiones y ponerlas en conexión con los datos que arroja nuestro sistema penitenciario.

El trabajo, coordinado por Marcelo F. Aebi y Mélanie M. Tiago, constata una tendencia que en el conjunto del continente europeo se detecta desde 2013 y es que, de las 49 administraciones documentadas, en 31 de ellas se corrobora un descenso sostenido de la población privada de libertad. Ese año la tasa media de encarcelamiento se situó en 131 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes y, desde entonces, este índice ha disminuido cada año, situándose actualmente en 103,2 por cada 100.000 habitantes.

En el caso de los datos correspondientes a España, que se subdividen entre los centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado y los que dependen del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, se observa un descenso de la tasa de encarcelamiento del 20,4% entre los años 2010 y 2020. Si se tiene en cuenta que la forma más habitual de medir la dureza con la que castiga una sociedad es atendiendo a su tasa de encarcelamiento, ¿se podría pensar que esta caída del número de personas privadas de libertad es un síntoma de una menor severidad de nuestro sistema penal?

Creo que la respuesta es negativa por diferentes motivos. Como apunta Ignacio González en su libro Neoliberalismo y castigo, aún no tenemos una explicación satisfactoria de cuáles son las causas que explican este descenso. El profesor Aebi advierte en la nota informativa que acompaña al informe SPACE que esta reducción global de la población privada de libertad tiene que ver con la disminución de delitos como el hurto durante el periodo 2010-2020. En cuanto a España, el descenso de la tasa de encarcelamiento también tendría relación con la reforma en 2010 del Código Penal que permitió reducir la pena por tráfico de drogas.

A pesar de este descenso, nuestro Estado, con 123,3 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes, sigue destacando en términos comparativos por el elevado número de personas que se encuentran dentro del sistema penitenciario. Al igual que Portugal, nuestro país mantiene unos índices anuales de personas que entran en prisión muy por debajo del resto de administraciones penitenciarias. Entonces, ¿cómo es posible que mantengamos una tasa de encarcelamiento tan elevada? Porque, según apunta el trabajo de Aebi, España –al igual que Portugal– tiene una de las cifras de estancia media en prisión más elevada de todo el continente; 20,4 meses, cuando la media europea se sitúa en los 8,5. Se puede decir de otro modo: aunque, en comparación con la mayor parte de países europeos, tanto en España como en Portugal entran pocas personas en prisión, quienes entran en nuestro sistema penal permanecen mucho más tiempo dentro.

Nuestro país también destaca respecto a la edad de la población privada de libertad. Si se suman las personas presas en centros dependientes tanto de la Administración General del Estado como del Departament de Justícia, nuestro Estado es el sexto país del Consejo de Europa con el mayor número de personas privadas de libertad con más de 50 años –alrededor del 20% de la población reclusa– y se encuentra por encima de la media europea en el caso de personas de más de 65 años.

También nos encontramos entre las administraciones penitenciarias con más mujeres privadas de libertad. Si bien la mayor parte de la población presa son hombres –alrededor del 95% en el ámbito europeo–, en nuestro caso la cifra de mujeres dentro de prisión es muy elevada: el 7,4% de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios dependientes de la Administración General del Estado son mujeres, lo que nos convierte en la octava administración penitenciaria con la tasa más elevada (en la décima si sumamos las cifras correspondientes a Catalunya).

En relación con la población extranjera que se encuentra dentro de prisión, los resultados del informe SPACE muestran variaciones significativas entre los países que componen el Consejo de Europa. En los países de Europa del Este la tasa de encarcelamiento de personas extranjeras suele ser inferior al 5%, mientras que en Europa Central y Occidental varía desde el 2% al 70%. Nuestro Estado refleja esta misma disparidad regional ya que, en los centros penitenciarios de la Administración General del Estado, el porcentaje de población extranjera se sitúa en el 25,1%, esto es, dentro de la media europea. Sin embargo, las prisiones de Catalunya son, con el 46%, la novena administración con la mayor tasa de personas extranjeras privadas de libertad.

A modo de conclusión se puede sostener que, si bien es cierto que España es uno de los países donde se ha producido un mayor descenso de la tasa de encarcelamiento en la última década, ello no se traduce en una menor intensidad punitiva de nuestro sistema penal. En primer lugar, porque, a pesar de este descenso, seguimos manteniendo un elevado número de personas privadas de libertad en comparación con el resto de países del continente. En segundo lugar, porque la dureza de la administración penitenciaria no afecta por igual a todo el mundo, ya que nuestro Estado se encuentra entre los diez sistemas penales del Consejo de Europa que más tiempo mantiene a una persona en prisión, con un mayor número de población con más de 50 años, con más mujeres privadas de libertad y, para el caso de Catalunya, con un mayor porcentaje de extranjeros entre su población reclusa.

Los nueve presos del procés han optado por no recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación del tercer grado ordenada por los jueces de vigilancia penitenciaria de Catalunya, lo que implica mantenerse en un régimen de prisión ordinario. Para poder volver a salir de la cárcel para trabajar y pasar el fin de semana los presos tendrán que esperar a la nueva clasificación que por ley los profesionales penitenciarios deben realizar cada seis meses y que está prevista para el próximo mes de julio. A día de hoy los presos, al volver al segundo grado, solo pueden salir los 36 días de permiso que, por ley, tienen al año al haber cumplido todos ya un cuarto de la pena.

Fuentes de las defensas de los presos argumentan que carecía de sentido recurrir ante el Supremo visto el antecedente del Alto Tribunal sobre el tercer grado: no solo porque el Supremo tumbó la semilibertad, sino porque la Sala presidida por Manuel Marchena tardó cuatro meses en resolver los recursos de la Fiscalía contra la decisión de los jueces penitenciarios, que entonces sí avalaron en primera instancia el tercer grado.

Esta vez, además, la resolución del recurso se conocería a las puertas de la nueva clasificación de los presos del mes de julio, lo que según explica una de las defensas sería dar una oportunidad al Supremo para “intentar condicionar” las propuestas de las juntas de tratamiento de los centros donde cumplen condena por sedición los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; y el exlíder de la ANC y actual secretario general de Junts, Jordi Sànchez.

Hasta ahora los presos han sido clasificados en tres ocasiones. La primera, en enero de 2020, cuando fueron clasificados en segundo grado y semanas después se les permitió salir de prisión para trabajar en base al artículo 100.2 del reglamento. La segunda, en julio del mismo año, cuando ya obtuvieron el tercer grado. Pero el Supremo tumbó en diciembre tanto el 100.2 como la semilibertad, dejando en la práctica el indulto como la única vía para flexibilizar la prisión de los líderes independentistas. La tercera clasificación, también en tercer grado, del pasado mes de enero no será revisada por el Alto Tribunal porque los presos no la han recurrido.

La decisión del Supremo del pasado mes de diciembre de anular tanto el tercer grado como las salidas laborales de los presos sigue marcando su futuro en prisión: los jueces penitenciarios que en verano sí avalaron el tercer grado concedido por la Generalitat lo han tumbado ahora debido a los argumentos expuestos por el Alto Tribunal. Según el Supremo, los presos no han pasado suficiente tiempo en prisión para merecer la semilibertad (tampoco indicó el tribunal cuántos años deben añadirse a los tres que ya llevan entre rejas) ni han realizado un tratamiento penitenciario específico sobre la sedición, algo que tanto la Generalitat como los jueces penitenciarios veían contrario a su libertad ideológica.

Todo ello acompañado de una dura crítica, solo comparable a la realizada por la Fiscalía, hacia los responsables penitenciarios catalanes que decidieron clasificar a los presos en tercer grado, a los que el Supremo acusó de realizar una “reinterpretación” y de “vaciar de contenido” la sentencia del procés. No era el primer encontronazo entre el Alto Tribunal y los responsables penitenciarios catalanes que deciden sobre los condenados por sedición. En el primer estado de alarma, desde el Supremo se llegó a advertir a los funcionarios de medidas penales si permitían a los presos pasar el confinamiento en casa.

Pese a la contundencia del Supremo, la Generalitat volvió a clasificar en enero de este año a los presos en tercer grado. Pero a diferencia de la primera clasificación en tercer grado, propuesta seis meses antes por unanimidad cuando el Supremo no se había pronunciado, en esa ocasión tan solo las propuestas de Cuixart, Sànchez y Bassa recibieron el aval de todos los miembros de las Juntas, mientras que la semilibertad del resto de presos fue aprobada solo por mayoría.

El secretario de Medidas Penales y Reinserción de la conselleria de Justicia de la Generalitat, Amand Calderó, defendió en enero que los seis meses más que los presos habían cumplido en prisión y el hecho de que todos ellos cumplieran en febrero una cuarta parte de la pena eran “nuevas circunstancias” que deberían facilitar que, ahora sí, el Supremo no volviera a considerar “prematura” la semilibertad. Pero el eco del primer fallo del Supremo sobre el tercer grado hizo que la decisión de la Generalitat no pasara ni el filtro inicial de los jueces penitenciarios catalanes.

Con estos mimbres las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses, integradas por psicólogos, juristas y educadores, deberán realizar la nueva propuesta de clasificación de los presos. Otra opción sería que, en este ínterin de tres meses hasta la nueva clasificación, las juntas de tratamiento debatan una nueva aplicación del 100.2, vetada igualmente por el Supremo. Sea cual sea su decisión, ahora o en julio, ya saben que la Fiscalía la recurrirá para impedir cualquier tipo de flexibilización del régimen carcelario de los presos del procés.

Tres técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, además de un médico forense externo, detectaron graves carencias en el centro penitenciario Alicante II de Villena durante una visita sin previo aviso realizada el 29 de junio de 2020. La inspección del organismo público, que incluye entrevistas reservadas con los internos, ha descubierto que la prisión, con 845 celdas, sólo cuenta con dos facultativos, que casi todos los funcionarios no portaban su identificación y la existencia de partes de lesiones con lagunas, entre otras graves carencias denunciadas por los presos. La dirección del centro no ha contestado a ninguna de las recomendaciones.

La ficha de la visita, cuyas conclusiones se han publicado seis meses después, alude al fallecimiento de tres internos en los últimos tres años. “La información recogida en la historia clínica correspondiente al día del fallecimiento es confusa y no incluye la información necesaria para clarificar las circunstancias de la muerte”, señalan los técnicos del organismo público dirigido, en funciones, por Francisco Fernández Marugán.

“La adecuada investigación de una muerte en situación de privación de libertad es responsabilidad de la autoridad a cargo de la custodia, teniendo como objetivos principales clarificar las circunstancias de la muerte, contribuyendo a disipar preocupaciones sobre una posible atención inadecuada y proporcionar información esencial para prevenir futuras muertes similares”, según las recomendaciones y guías internacionales citadas por el Defensor del Pueblo.

El organismo recomienda a los responsables del centro penitenciario, que cuenta con un total de 845 celdas, que en caso de fallecimiento de un preso se indique en la historia clínica del interno las actuaciones desarrolladas con posterioridad a la muerte, incluyendo la eventual intervención judicial o la autopsia. Las cárceles valencianas, tal como informó este diario, han registrado 108 fallecimientos de presos entre 2015 y 2019.  

Sin médico “de dos a tres días a la semana”

La plaza de subdirector médico, vacante desde hace dos años, la ocupa una facultativa que no se encontraba presente en el momento de la visita y que, “a pesar de los reiterados intentos de recabar información de esta profesional y pese a que, en varias ocasiones, aseguró que remitiría lo solicitado, la doctora no envió documentación ni información alguna”. La ficha de la visita indica que el organismo público no formula un recordatorio de deber legal al tratarse de una “rara excepción en el contexto de continua colaboración” entre el Defensor del Pueblo e Instituciones Penitenciarias. 

La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la prisión de Alicante II incluye siete plazas de médico pero solo se cubren cuatro, de las que “solo dos” estaban en activo en el momento de la visita sorpresa. Durante la pandemia, la asistencia médica se organiza con turnos de guardia de 24 horas que se alternan dos facultativos. “Ello supone la ausencia de médico en el centro de dos a tres días a la semana a consecuencia de los plazos de libranza (48 horas tras las 24 de guardia)”, según apuntan las conclusiones de la visita. Los días que no hay médico, se deriva la asistencia al 112 de la Generalitat Valenciana. 

La falta de médicos “limita, en las condiciones actuales, el adecuado control facultativo de las urgencias en ausencia del médico del centro”, concluye el organismo fiscalizador del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía. Además, según han detectado los técnicos del Defensor del Pueblo, los internos entrevistados en el módulo de régimen cerrado aseguraron que, desde la declaración del estado de alarma, el pasado 14 de marzo, el equipo médico “no había acudido a dicho módulo en ninguna ocasión”. “Todo ello”, advierte, “compromete el deber de garantizar a todos los internos una adecuada atención médico sanitaria, tal y como prevé la normativa penitenciaria”.

El personal de la prisión, a diferencia de lo que manifestaron los internos entrevistados, sostenía que se facilitaba una mascarilla a los presos “cada pocos días”. Aunque las instalaciones de los servicios médicos de la prisión son, “en términos generales, modernas y amplias” —cuentan con un área de ingreso para 64 internos con diferentes patologías o problemas de movilidad— los técnicos alertan de una “escasa integración de los servicios médicos en las actividades de prevención y difusión de información” sobre la COVID-19.

Partes de lesiones con lagunas

En la cárcel de Alicante II, “con frecuencia no se incluye en la historia clínica la copia de los partes de lesiones u otros documentos médico-legales emitidos” ni la asistencia prestada. Los partes describen de “forma poco detallada” las lesiones y, “con frecuencia”, no se cumplimentan los apartados correspondientes a hora y lugar, ni las manifestaciones del interno sobre el origen del daño sufrido.

Los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura también advierten de que “prácticamente ningún funcionario” portaba su identificación durante la visita, por lo que urgen a la dirección del centro a “adoptar con carácter urgente” las medidas necesarias para que los trabajadores de la prisión cumplan con su deber de portar su placa identificativa.

Las mujeres presas que fueron entrevistadas durante la visita denunciaron un trato discriminatorio respecto a los hombres, que tendrían un mayor acceso a destinos retribuidos y a más actividades. Así, el Defensor del Pueblo ha solicitado la lista de los destinos retribuidos y de actividades del centro desagregada por sexos. 

El equipo directivo de la prisión de Alicante II aseguró a los técnicos que los internos que permanecen en régimen cerrado participan en un programa especial con actividades que ayudan al preso a obtener el segundo grado. Los internos del módulo entrevistados aseguran, por el contrario, que no conocen el Programa de Intervención de Internos en Régimen Cerrado (PIRC) y que apenas tienen actividades.

Canarias no cuenta actualmente con unidades específicas para mujeres embarazadas o madres en ninguna de sus cárceles. Al menos, no con espacios que reúnan las condiciones necesarias. Las mujeres con hijos menores de tres años que se encuentren internas y que cuentan con el derecho de disponer de un lugar separado para la crianza son trasladadas actualmente a la Península. Así se recoge en la última memoria de la Fiscalía de la comunidad autónoma. “Se entiende necesaria la creación de una Unidad de Madres en las Islas, puesto que no existe ningún módulo específico a tal efecto, de manera que las internas tienen que ser trasladadas a la Península”, concluye el Ministerio Público. Pese a que las mujeres representan un porcentaje bastante inferior frente a los hombres reclusos, apenas un 7% del total (219 mujeres) sí se han dado casos en los que han tenido que ser llevadas a otros recintos penitenciarios por esta cuestión. 

En las visitas realizadas a los centros penitenciarios de las Islas durante el año 2019 y que se recogen en el informe de 2020, la Fiscalía de Canarias constata una serie de carencias en estas prisiones. Una de las que se reiteran es la falta de esa unidad de madres. En la prisión de Tenerife, en el año 2012 se terminó de acondicionar un espacio que se iba a destinar a este fin. Sin embargo, el sindicato CCOO ha denunciado varias veces que nunca se ha llegado a poner en marcha y que falta plantilla para atender este recurso. También recuerda que la normativa obliga a “evitar el desarraigo social de las personas que ingresan en prisión, procurando que existan dependencias y unidades orgánicas, al menos en cada comunidad autónoma, para satisfacer las necesidades penitenciarias que tengan”. La Unidad de Madres del centro penitenciario de Tenerife II es la única del Archipiélago y se construyó para que las mujeres condenadas y sus hijos no tuvieran que convivir sin separación del resto de internas en prisión o ser trasladadas a otros centros penitenciarios que disponen de ese recurso. 

En el apartado del informe sobre visitas a centros penitenciarios, la Fiscalía de Canarias hace referencia al expediente sobre el Centro Penitenciario Tenerife II y apunta sobre el denominado Módulo de Madres con Hijos de esa cárcel la “falta de condiciones y medios” para acoger a los menores de tres años junto a sus madres. Por ello, es contundente al proponer que “de ahora y en adelante, no se accediera a admitir el ingreso de tales menores en dicho centro, salvo razones excepcionales que lo justificaran y siempre con la perspectiva de acordar, a la mayor brevedad posible, el traslado de la madre y su hijo a otro centro penitenciario dotado de medios adecuados”. A lo largo del año 2019, el informe destaca que ingresó una madre con su hijo en la prisión de Tenerife II.

No es el único asunto que afecta a las reclusas y en el que la Fiscalía pone la lupa. También subraya en el informe que se ha detectado “cierta desigualdad en las oportunidades ofrecidas a los hombres con respecto a las mujeres internas, por lo que se refiere a los destinos a desempeñar, al tratamiento ofrecido y a las posibilidades de cursar estudios, circunstancia que ha de ser corregida, debiéndose tender a la plena integración de las mujeres internas siempre que la organización y la seguridad del Centro Penitenciario lo permitan”. 

Otras carencias: cerrar la cárcel de La Palma

Sobre el Centro Penitenciario Tenerife II, la Fiscalía también ha solicitado, a la vista de las reducidas dimensiones de las celdas individuales “que miden escasamente 5 metros cuadrados”, que solo se recluya en ellas a una persona por celda y no a dos como viene se ha venido haciendo desde hace años. Esto supondrá una reducción significativa del número efectivo de plazas disponibles. 

El informe también hace alusión a la situación en la que se encuentra el Centro Penitenciario de La Palma y advierte de que no reúne condiciones idóneas para albergar a los internos que acoge, “siendo inviable, por su propia configuración arquitectónica, efectuar una clasificación y separación de los internos, además de verse agravada la reclusión de los mismos”. Según detalla en la memoria, siguen existiendo dormitorios colectivos prohibidos por la legislación penitenciaria, los cuales deberían desaparecer.

En cuanto al denominado Módulo de Mujeres, la Fiscalía considera que por sus limitaciones, “debería ser simplemente utilizado para detenciones y privaciones de libertad muy limitadas en el tiempo con ocasión de práctica de diligencias judiciales y asistencia a juicios orales, pero no para el cumplimiento de penas privativas de duración media o larga”. Además, llega a la conclusión de que “la Administración competente debe plantearse el cierre de la prisión de La Palma y la construcción de un nuevo centro penitenciario adaptado a las necesidades de nuestro tiempo”.  

Desde el sindicato Acaip-UGT señalan que en la cárcel de Juan Grande, en Gran Canaria, aún no cuenta con todos sus módulos en funcionamiento por falta de personal. En esa prisión hay mujeres, pero no en la de Salto del Negro. Desde la asociación sindical señalan que actualmente no hay una gran demanda de mujeres que requieran de la unidad de madres como sí sucede en otros puntos de la Península y recalca el bajo número de mujeres presas en las Islas. No obstante, sí que abogan por la necesidad de poner en marcha un centro de inserción social en Gran Canaria. 

La lucha por la unidad de madres

En febrero de 2020, CCOO se mostró crítico con la decisión del Ministerio de Interior de utilizar la unidad de madres acabada en 2012 en la prisión de Tenerife como un lugar donde internar a personas migrantes que no habían cometido ningún delito. Entonces, el sindicato manifestó que “la unidad de madres debería estar cumpliendo su función desde hace mucho tiempo. Sin duda, las consecuencias las pagan las madres presas canarias con hijos, a quienes se penaliza por la falta de gestión y diligencia de los responsables penitenciarios”. 

En un informe sobre la realidad de las prisiones, CCOO destacó que el coste para la edificación del módulo de madres de Tenerife fue de 5 millones de euros y, sin embargo, nunca se puso en marcha. El diputado de Podemos, Alberto Rodríguez, también trasladó entonces al gobierno de Mariano Rajoy (PP) una pregunta sobre este espacio e instó a que se abriera. Este medio ha preguntado por escrito al actual Gobierno a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias sin recibir respuesta.