El Parlamento Vasco ha dado el antepenúltimo paso para aprobar, a la cuarta, una ley de transparencia. La Cámara, este miércoles, ha cerrado la redacción definitiva del articulado, con la introducción de una treintena de cambios con respecto a la propuesta inicial del Gobierno de Imanol Pradales. Por ejemplo, PNV y PSE-EE han acordado con Sumar que la nueva agencia Gardena no tenga una presidencia de designación política sino que opere de un modo similar a otros órganos de control como el Ararteko, con control parlamentario y mayorías reforzadas. También ha habido un par de ajustes pactados con el PP. EH Bildu, por el contrario, no ha alcanzado ninguna transacción con los partidos del Ejecutivo y, aunque algunas de sus medidas sí estarán, adelanta ya que no apoyará la ley cuando pase a comisión, el penúltimo paso, y a pleno, el momento final de su promulgación.

Euskadi es la única comunidad autónoma sin normativa propia de transparencia, de modo que se opera con la legislación estatal. La actual es la cuarta legislatura en la que se tramita una propuesta. Por diferentes circunstancias, en los tres mandatos de Iñigo Urkullu nunca se cumplió ese compromiso lanzado allá por 2012, pero ahora sí se podrá aprobar. De hecho, la previsión es que el pleno definitivo pueda celebrarse antes del parón vacacional de verano, es decir, en este período de sesiones. El texto pasará ahora a comisión el 22 de abril y seguramente ya en mayo pueda quedar resuelto, indican fuentes parlamentarias.

La sesión legislativa de este miércoles, que sigue a una que ya tuvo lugar este viernes, era decisiva para perfilar el articulado. Se han discutido las enmiendas presentadas por los partidos. Como adelantó este periódico, los propios PNV y PSE-EE habían accedido ya a once cambios, incluido uno de cierta relevancia para forzar a la Administración a hacer público trimestralmente un informe con los contratos menores, los que se adjudican sin concurso por ser de pequeña cuantía. El PP también lo demandaba.

La novedad más relevante de este trámite, en todo caso, es que Sumar ha forzado, con un escaño, a que PNV y PSE-EE accedan a dar más “independencia” a la nueva autoridad vasca de la transparencia, de nombre Gardena. “A pesar de que estamos ante una mala ley, hemos evitado que la autoridad la elija 'a dedo' el Gobierno vasco”, ha señalado el portavoz de la coalición de izquierdas, Jon Hernández. Era “inaceptable” que el Ejecutivo pretendiese “controlar” un órgano de fiscalización externo. La fórmula escogida hará que el titular de ese puesto sea elegido por el Parlamento con una mayoría de tres quintos -ahora mismo los partidos del Gobierno precisarían de un tercer partido- y “tras un proceso público, transparente y basado en criterios de mérito, capacidad e independencia, con comparecencias ante la comisión competente”, según se congratula Sumar. La formación, sin embargo, no ha acudido este miércoles al Parlamento.

También PNV y PSE-EE han destacado de modo “especial” este acuerdo con Sumar. “Se refuerzan así los mecanismos de control democrático”, sostienen. Desde el PNV, Xabier Barandiaran ha puesto en valor la “política útil desde el acuerdo” y que la redacción final tenga aportacones de “todos” los partidos. Según el socialista Pau Blasi, Euskadi tendrá con la ley “una Administración más abierta, inteligente y transparente, que rinda cuentas de su gestión” y abierta a la participación de la ciudadanía y al “empoderamiento ciudadano”.

Por el contrario, EH Bildu ha reporechado a nacionalistas y socialistas “falta de voluntad para mejorar” el texto inicial del Ejecutivo. La formación abertzale indican que PNV y PSE-EE han tumbado la “inmensa mayoría” de las propuestas que habían lanzado, 127 en total. “No significará un avance cualitativo de cara a reforzar la transparencia en las políticas públicas y en la gestión de las administraciones”, entiende Lamia Arcas, que avisa que la norma orilla fenómenos candentes como la inteligencia artificial o los algoritmos.

El Gobierno de Juan Manuel Moreno acaba de suprimir de un plumazo el régimen sancionador de la Ley andaluza de Transparencia que su propio partido, estando en la oposición, usó para denunciar a la Junta por restringir el acceso a información pública, logrando que se abriera el primer expediente sancionador contra el entonces Ejecutivo andaluz por falta de transparencia.

El PP andaluz ha usado una enmienda al proyecto de Ley de Universidades de Andalucía, aprobado este miércoles en el Parlamento, para modificar una parte sustancial de la Ley de Transparencia autonómica, con la que nada tiene que ver. Esta reforma “por la puerta de atrás” elimina todos los artículos que regulaban las sanciones contra los altos cargos de las administraciones por restringir el libre acceso a la información pública, una potestad que hasta ahora correspondía al Consejo Andaluz de la Transparencia.

La decisión es llamativa porque fueron precisamente los populares, ya bajo el liderazgo de Juanma Moreno, los primeros en hacer valer ese régimen sancionador –pionero en España y que luego copiarían Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Castilla La Mancha– para denunciar a la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, por incumplir esos mismos artículos de la Ley de Transparencia.

El primer expediente sancionador incoado a la Junta

El 28 de octubre de 2016, el grupo parlamentario del PP en el Parlamento andaluz presentó una denuncia ante el Consejo de Transparencia contra la Consejería de Hacienda, entonces dirigida por María Jesús Montero, hoy vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, líder del PSOE andaluz y rival de Moreno en las próximas elecciones autonómicas.

Los populares denunciaron el “incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa”, porque el departamento de Montero no había publicado en el Portal de Transparencia de la Junta el anteproyecto de ley de Presupuestos para Andalucía del año 2017, a pesar de que el Consejo de Gobierno ya había remitido al Consultivo dicho anteproyecto para su dictamen (el 18 de octubre de 2016).

El órgano de consulta de la Junta de Andalucía emitió ese dictamen sobre los Presupuestos seis días después, el 24 de octubre, y a la fecha de la denuncia del PP, el 28 de octubre, el anteproyecto con las cuentas de la comunidad seguían sin haberse publicado en el Portal de Transparencia, como obliga la ley cuando se trata de “información de relevancia jurídica”.

En aquella denuncia, recuperada hoy por elDiario.es, el PP requirió tanto al Consejo de Gobierno como a la Consejería de Hacienda la publicación “con carácter urgente” del anteproyecto de ley de Presupuestos y solicitó al Consejo de Transparencia que “adoptase las medidas oportunas para evitar que en posteriores ocasiones no se publiquen” estos documentos.

Pero los populares fueron más allá y decidieron apelar al artículo 57 de la Ley andaluza de Transparencia –uno de los eliminados ahora por el Gobierno de Moreno– para que el Consejo incoase un procedimiento sancionador y fijase “los responsables, las infracciones y, en su caso, las sanciones oportunas por el incumplimiento reiterado” de la citada ley. Los de Moreno acompañaron la tramitación de esta denuncia por la vía administrativa con una fortísima oposición dentro de la Cámara, acusando a Montero de saltarse la Ley de Transparencia para dificultar a sus rivales la fiscalización de las cuentas públicas.

El régimen sancionador, un elemento diferenciador

En aquella legislatura, del que sería el último Gobierno del PSOE en Andalucía (bajo la presidencia de Susana Díaz), formaba parte del grupo parlamentario popular la diputada Teresa Ruiz Sillero, hoy senadora. Ruiz fue una de las que impulsó aquella denuncia por incumplimiento de la Ley de Transparencia y, posteriormente, escribió un extenso artículo en una revista especializada explicando el hito de lograr el primer expediente sancionador incoado a la Junta de Andalucía por este motivo.

En el artículo, al que ha tenido acceso este periódico, subraya precisamente el régimen sancionador específico de la Ley andaluza de Transparencia como “elemento diferenciado, que no se incluye en la legislación básica”. “Frente al prácticamente inexistente régimen sancionador en materia de transparencia en la Ley estatal (...), el artículo 52 de la ley andaluza [ahora eliminado] hace extensiva la condición de personas responsables de las infracciones a quienes, aun a título de simple inobservancia, realicen acciones o incurran en las omisiones tipificadas en la ley con dolo, culpa o negligencia”, reza el texto de la senadora popular.

Para justificar la no publicación de su proyecto de Presupuestos en el día previsto, el departamento de Montero alegó “la especificidad” de dicha ley y “la celeridad” con la que se tramita. Y respecto a la petición de apertura de expediente sancionador “mercedor de una sanción por no publicar una materia en un día exacto, cuando la exigencia es actualizar y publicar trimestralmente”, la hoy ministra de Hacienda afeó al PP que se trataba de una exigencia “cuanto menos exagerada y alarmista”.

El Consejo andaluz de Transparencia dio la razón al PP y ordenó a la Consejería de Hacienda que publicase cuanto antes el referido anteproyecto de ley presupuestaria y le conminó a no volver a incurrir en este retraso. La resolución fue extemporánea, porque cuando se emitió el departamento de Montero ya había corregido y hecho público el borrador de la ley.

Sin embargo, en esa misma resolución (de enero de 2017), el director del Consejo no se pronunció sobre la petición del PP para que se incoase un procedimiento sancionador contra la Junta. Ante esta falta de pronunciamiento, el PP andaluz interpuso un recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Transparencia, que finalmente terminaría abriendo expediente sancionador contra la Consejería de Hacienda “por incumplimiento de su obligación en la publicidad activa”.

Cambios en las políticas de transparencia del PP andaluz

La capacidad de dictar resoluciones como ésta, “con fuerza vinculante”, era la competencia “más relevante” que otorgaba la Ley andaluza de Transparencia al director del Consejo, hasta que el Gobierno de Moreno ha decidido retirarle dicha potestad y suprimirla de la norma, usando una enmienda a una ley sobre política universitaria.

Durante los últimos años de oposición, el PP de Moreno explotó mucho el régimen sancionador de la Ley de Transparencia que ahora, desde el Gobierno, ha decidido cargarse.

La denuncia contra Montero por no publicar a tiempo el anteproyecto de ley de Presupuestos de 2017 no fue la única que interpuso el grupo parlamentario popular en aquella época para acusar a la Junta de incumplir sus obligaciones de publicidad activa en el Portal de Transparencia. También registraron una denuncia similar por no haber colgado a tiempo de su página web el anteproyecto de ley de Fomento del Emprendimiento.

La relación del PP andaluz con las políticas de transparencia ha cambiado desde que están dentro del Palacio de San Telmo, sede de la Junta. Los de Moreno suelen argumentar que todos los contratos sanitarios a dedo con clínicas privadas que hoy investiga la Justicia por supuestos delito de prevaricación y malversación están disponibles en el Portal de Transparencia de la Junta, por eso el PSOE pudo hacerse con ellos para interponer una querella contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Eso cuando gobernaban los socialistas no pasaba”, advierten.

En realidad, la mayoría de expedientes públicos se empiezan a volcar en los servidores digitales de la Junta precisamente a partir de la Ley estatal de Transparencia (2013) y del desarrollo de la ley andaluza, de 2014. Ni el Consejo de Transparencia ni el Gobierno andaluz han querido responder a cuántos altos cargos se han multado desde que entró en vigor la ley ni cuántas veces ha pedido el Consejo la apertura de un expediente sancionador y a qué administraciones.

La “paradoja” de estar en manos del órgano infractor

Con el procedimiento ya abierto contra la Junta por parte del Consejo de Transparencia, el PP llevó el asunto al Pleno en el Parlamento con varias preguntas orales dirigidas a Montero. La entonces consejera de Hacienda reconoció que se llegó a tomar “declaración y testimonio” a casi todos los empleados de su departamento que intervienen en la tramitación del presupuesto, pero nunca se reveló si algún cargo público fue multado. A la postre, el expediente sancionador concluyó sin fijar ni la posible infracción cometida y sin ninguna propuesta de sanción.

Ante las reiteradas denuncias, el Consejo de Transparencia terminó fijando el criterio a seguir cuando se solicita la apertura de un expediente sancionador previsto en el artículo 57 de la ley (recién suprimido): “Ante la ausencia de reglamentación aplicable a estos casos, es criterio del Consejo que declarar el incumplimiento de una obligación de publicidad activa y dictar un Acuerdo para instar al órgano a que incoe el procedimiento correspondiente constituyen distintos procedimientos que han de tramitarse y resolverse separadamente, otorgando los pertinentes trámites de alegaciones derivados de la instrucción de ambos procedimientos. En consecuencia, este Consejo procederá a tramitar el procedimiento correspondiente para instar, en su caso, la incoación del procedimiento que corresponda, dando cuenta al ahora denunciante del resultado de los mismos”.

En decir, la tramitación del expediente sancionador quedaba en manos del mismo órgano que supuestamente había incumplido la Ley de Transparencia –en aquel caso la Consejería de Hacienda– “con la única obligación de comunicar el resultado” al Consejo. Aquel criterio fue analizado y muy debatido por expertos en el desarrollo de la citada ley.

José María Pérez Monguió, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, destacó en uno de sus artículos esta “paradoja”. “Hubiera resultado oportuno que la ley andaluza hubiera otorgado a los denunciantes la posibilidad de conocer, al menos, si su acto de denuncia dio lugar a la incoación del procedimiento”, escribe en un artículo titulado Régimen sancionador, que forma parte del 'Estudio sobre la Ley de Transparencia Pública de Andalucía', publicado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, en 2015

Pérez Monguió defendía aquí que el grado de exigencia en materia de transparencia debe ser mayor para las “autoridades” que para los funcionarios, distinguiendo la responsabilidad de los altos cargos de la administración que ocupan puestos de “confianza política” (nombrados a dedo por el Gobierno de turno), de los “empleados públicos profesionales”, cubiertos por “el paraguas del mérito profesional y la capacidad”. “Las infracciones que cometan deberían ser conocidas”, concluye.

El Gobierno de PNV y PSE-EE accede a incorporar en la ley de Transparencia que ahora tramita el Parlamento Vasco una enmienda para que la publicación de los denominados “contratos menores”, los que se hacen de modo directo y sin concurso, sea obligatoria cada tres meses. Nacionalistas y socialistas han registrado conjuntamente una batería de autocorrecciones al proyecto de su propio Ejecutivo y en una de ellas acceden a cambiar el “podrá” por el “deberá” para asegurar esa dación de cuentas sobre adjudicaciones pequeñas pero que, en ocasiones, arrojan información muy relevante.

Los partidos del Gobierno, en total, han registrado once autoenmiendas a la normativa de Transparencia. Tienen asegurada su aprobación porque gozan de mayoría absoluta. La mayor parte de ellas buscan mejorar la parte de participación ciudadana e introducen el concepto de “gobernanza colaborativa”. “Se establece la gobernanza colaborativa como mecanismo para institucionalizar la construcción de la realidad política incorporando a la sociedad organizada y a la sociedad civil al sistema de deliberación pública, al mismo tiempo que mecanismo de gobernanza pública para hacer frente a la desafección política y responder, desde una visión sistémica, a las necesidades de los diversos ecosistemas que integran el diseño y la implementación de las políticas públicas. Para ello, además de contemplar la implementación de programas de gobernanza colaborativa por parte del sector público de la comunidad autónoma vasca, se establece los fundamentos básicos para el desarrollo de proyectos en materia de procesos participativos y gobernanza colaborativa y sus funciones así como los fundamentos de los procesos a seguir”, explican. Igualmente, plantean que “el plan de transparencia deberá establecer un sistema de evalvación basado en indicadores claros, medibles y comparativos, que permita realizar un seguimiento periódico del grado de implantación e impacto de las medidas adoptadas”.

Euskadi es la única comunidad autónoma sin ley de Transparencia. Es una promesa desde hace varias legislaturas, pero en los tres mandatos de Iñigo Urkullu decayeron otras tantas propuestas. Ahora, nada hace pensar que el primer intento de Imanol Pradales, con María Ubarretxena como consejera responsable, no vaya a prosperar. De momento, los partidos ya han presentado sus enmiendas después de tres prórrogas del plazo. Y solamente Vox, con un escaño de 75, pide la devolución del proyecto con una de totalidad que será rechazada de forma amplia.

Desde la oposición, EH Bildu ha planteado 127 correcciones parciales, el PP 27 y Sumar 46. El Ejecutivo, en todo caso, no precisa de negociar con ningún partido porque goza de mayoría absoluta. La principal fuerza de la oposición, la coalición abertzale, ha insistido en que quiere darle una “última oportunidad” a una normativa estratégica y, por ello, no ha planteado una enmienda de totalidad. Sin embargo, sus propuestas piden incluso modificar el título planteado por el Gobierno.

En un comunicado, su portavoz en la materia Lamia Arcas ha explicado que entre las novedades que desearían está la forma de elección de la presidencia de Gardena, la nueva Autoridad Vasca de la Transparencia. “La propuesta de EH Bildu es que la presidencia no la decida el Gobierno, como ahora, sino que sea designada por el Parlamento por mayoría cualificada de tres quintos, igual que se hace para nombrar al [titular del] Ararteko. Además, abre la puerta a que las organizaciones sociales que trabajan contra el fraude y la corrupción propongan candidaturas”, exponen. Igualmente, plantea garantizar por ley un registro de algoritmos e inteligencia artificial y señalan que sería necesario adquirir un compromiso para crear una ley de Participación ya que la de Transparencia no atiende esa necesidad.

El PP, de su lado, también había reclamado que la publicación de los contratos menores fuese preceptiva. “Debe constituir una obligación y no una opción para los sujetos públicos obligados a suministrar información por el principio de transparencia conforme al presente proyecto de ley”, plantea en sus enmiendas. Igualmente, quiere también pasar del “podrá” al “deberá” en otro ámbito, las sanciones. “La imposición de la sanción, cuando se acredita la comisión de la infracción tipificada en el texto normativo, no puede constituir una opción para el que tiene la obligación de incoar el procedimiento sancionador, por lo que el verbo 'podrá' no parece compatible con el derecho sancionador, salvo el caso de las sanciones accesorias. La sanción de las infracciones leves con solo una amonestación privada no nos parece suficiente, ni la sanción de las graves y muy graves solo con una declaración de incumplimiento y su publicación en el boletín correspondiente; consideramos que todas las infracciones, además, deben llevar aparejada una sanción económica”, apuntan desde las filas 'populares'.

La Comisión de Transparencia es el órgano que se encarga de resolver las reclamaciones relativas al acceso a la información pública, tal y como recoge la ley de transparencia gallega. Hasta ahora depende de la Valedora do Pobo, pero la Xunta ha decidido arrebatarle este mecanismo y entregárselo al Consello Consultivo de Galicia. El cambio aparece en el proyecto de la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos de 2026 -que acaba de entrar en el Parlamento para su tramitación y aprobación-, como publica praza.gal.

El texto remitido a la Cámara gallega, en donde todavía se podrían introducir modificaciones -con el visto bueno del PP, que tiene mayoría absoluta-, modifica la Lei de transparencia e bo goberno para adscribir la Comisión de Transparencia al Consultivo y establecer su nueva composición. El presidente o presidenta será quien ocupe ese cargo en el Consello Consultivo. Habrá tres vocales: un representante de la Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación de la Xunta, otro del Consello de Contas y uno más de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). El secretario o secretaria será un letrado o letrada que esté al servicio del Consultivo.

El órgano que gestiona las quejas amparadas en la ley de transparencia saldrá así de la órbita de la Valedora. En este periodo, la Comisión de Transparencia ha emitido numerosas resoluciones obligando a la Xunta a hacer públicas informaciones que el Gobierno gallego se había negado a aportar.

La composición de esta Comisión adscrita a la Valedora tenía a esta como presidenta y a su adjunto o adjunta -habitualmente propuesto por la oposición- en la Vicepresidencia. Los vocales eran una persona de la Comisión Interdepartamental de Información e Avaliación de la Xunta, otra en representación del Consello Consultivo de Galicia, otra del Consello de Contas y una más de la Fegamp. Es decir, el Consultivo estaba representado en la Comisión de Transparencia dependiente de la Valedora, pero la Valedora no lo va a estar en la que dependerá del Consultivo.

Hay diferencias en la elección de los integrantes de la Valedora do Pobo y el Consello Consultivo. Según recogen sus respectivas leyes, en un caso el proceso en el Parlamento exige una mayoría cualificada -que implica, en la práctica, una negociación con la oposición-, mientras que los representantes del Consultivo pueden ser elegidos con la mayoría absoluta que tiene el PP. En concreto, la norma indica que en el Consultivo hay consejeros natos -pueden serlo quienes hayan presidido la Xunta- y electivos, que son cinco. Estos últimos deben ser juristas reconocidos y con experiencia. El nombramiento lo hace el presidente de la Xunta: elige a dos tras haber escuchado al Consello de la Xunta y a los otros tres a propuesta del Parlamento “de forma proporcional a la representación de los grupos parlamentarios”. El pleno debe aprobar esa lista con una mayoría de tres quintos en primera votación o mayoría absoluta en segunda votación.

En el caso de la Valedora, en la votación en el pleno del Parlamento, el candidato o candidata debe alcanzar el voto favorable de tres quintas partes del hemiciclo. Si no hay candidato que llegue a ese nivel de apoyo, la Comisión de Peticiones del Parlamento debe remitir sucesivas propuestas “hasta la obtención de la mayoría señalada”.

En Consello Consultivo fue objeto de modificaciones anteriores a través de la ley de acompañamiento, en la que la Xunta incluye habitualmente cambios de decenas de leyes en un trámite que evita un debate por separado. En 2017 introdujo un cambio por el cual los letrados pueden ser elegidos a dedo.

El Gobierno ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Administración Abierta con el que pretende incrementar la transparencia y rendición de cuentas de los altos cargos, que estarán obligados a hacer pública su agenda institucional. La nueva norma afectará a los distintos niveles de la Administración hasta el nivel de subdirector general. De esta forma, no sólo los ministros tendrán que publicar su actividad sino también los secretarios de Estado y escalones por debajo. Lo mismo sucederá en el caso de la Casa Real. No sólo los reyes tendrán que informar de su agenda sino también el jefe de la Casa del Rey, entre otros.

Fuentes gubernamentales apuntan, no obstante, a la tramitación completa de la ley (que tendrá que pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y por el Congreso y el Senado antes de su aprobación) para establecer el detalle de lo que tendrá que hacerse público. Por ahora el ministro de Función Pública, Óscar López, ha dicho que tendrá que publicarse toda la agenda institucional.

¿Pero qué es la agenda institucional? ¿Una reunión de un ministro o el presidente con un empresario? En principio la respuesta es sí, pero ¿y si la reunión se enmarca en el ámbito personal? Ese, según fuentes del Gobierno, es el debate que se abre ahora. López se ha remitido, no obstante, a la ley que regulará la relación con los lobbies, y que también está en tramitación, como una forma de controlar los encuentros de altos cargos, miembros del Gobierno o parlamentarios con sectores afectados. “Cuanta más transparencia, mejor”, ha dicho el ministro.

Sin embargo, no está claro que esa ley sirviera para detectar, por tanto, casos de corrupción como la relación de José Luis Ábalos con el empresario Víctor Aldama. Tampoco para dar transparencia a citas como la comida que protagonizó Carlos Mazón con una periodista el día de la DANA en el restaurante El Ventorro. “¿La comida del señor Mazón era oficial? ¿Estaba hablando con la periodista de la televisión pública?”, se ha preguntado López, que ha dicho que sobre ese asunto tiene “más preguntas”.

El proyecto legislativo también ampliará la obligación de publicar los asesores del Gobierno, incluyendo los temporales, y los salarios y otorgará, además, al Consejo de Transparencia la capacidad de imponer multas de entre 600 y 1.000 euros a quienes vulneren la normativa.

Les informacions sobre els currículums i els títols falsos han provocat una revisió exhaustiva dels mèrits acadèmics que els polítics i els càrrecs públics diuen que tenen. També una revisió dels portals de transparència i la normativa sobre bones pràctiques i publicitat activa, que obliga els representants públics a informar la ciutadania de qüestions com la seua formació, renda, patrimoni o incompatibilitats. Dues setmanes després de l’inici de les polèmiques sobre els currículums de parlamentaris i alts càrrecs, que va arrancar amb la dimissió de la diputada del PP Noelia Núñez, i que s’ha cobrat la carrera del comissionat del Govern per a la dana, José María Ángel, i que elDiario.es apuntara que una vintena de càrrecs del Govern valencià incompleixen la llei de transparència autonòmica, encara queden la meitat dels responsables públics amb llacunes en els seus perfils.

La normativa de Bon Govern vigent obliga tots els alts càrrecs a aportar en la pàgina web de l’Administració “la reproducció gràfica acreditativa dels principals mèrits del seu currículum”, cosa que al cap de dos anys de Govern encara no han fet huit d’aquests càrrecs, mentre que més d’una dotzena ho han fet amb un retard notable.

Aquesta desena d’incomplidors estan en el càrrec des de l’estiu del 2023, entre la primera i la segona tanda dels nomenaments de Carlos Mazón. Pel que sembla, en dos anys, cap responsable de Transparència els ha exigit publicar les seues titulacions. No consta que se’ls haja expedientat, malgrat que la llei indica que han d’acreditar els principals mèrits de la seua trajectòria professional. La vicepresidenta i portaveu del Consell, Susana Camarero, va apuntar en roda de premsa que “no sabien” que havien de fer-ho, i ho va atribuir, senzillament, a un descuit. No obstant això, una bateria d’ex-alts càrrecs del Govern del Botànic s’han afanyat a recordar que els treballadors de Transparència –abans conselleria, ara departament adscrit a Presidència– vigilen i requereixen constantment que els alts càrrecs complisquen les seues obligacions i actualitzen les seues declaracions.

Els alts càrrecs que encara no han justificat els seus títols són:

• Davinia Bono. Directora general d’Igualtat i de l’Institut de les Dones. És tècnica superior en Administració i Finances. Postgrau d’Inversions i Assessorament Financer en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, diu el seu CV. Va ser nomenada el juliol del 2023.

• Bárbara Congost, directora general de les Persones amb Discapacitat. Nomenada el juny del 2023, i dos anys des que està en el càrrec, no ha acreditat les titulacions que assegura que té. En el seu currículum indica que és llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses, Construcció, per la Universitat Politècnica de València el 2001 i màster en Urbanisme per ESIC, títol que va obtindre el 2002.

• José Vicente Anaya, director general de Gestió del Sistema Sociosanitari i de l’Institut Valencià de Formació, Investigació i Qualitat dels Serveis Socials. El també alcalde d’Aiora indica que és expert universitari en residus per la Universitat Miguel Hernández, sense concretar si té titulació. Tampoc l’ensenya.

• Venancio Aguado, secretari autonòmic per a la Recuperació Econòmica i Social. És diplomat en el Comandament de Tropes de Muntanya, un distintiu de les forces armades, i indica que és pertanyent a la XL Promoció de l’Acadèmia General Militar. Tampoc aporta cap document.

• Raúl Mèrida, secretari autonòmic de Medi Ambient. Presenta un extens currículum ple de reconeixements, en què no concreta formació. Tampoc l’acredita. Diu: “Professionalment dedicat ininterrompudament a la Protecció dels animals, a la conservació de la biodiversitat i a la defensa del medi ambient des del 1995. Naturalista i ambientalista. Membre de l’Associació Espanyola de Periodistes d’Informació Ambiental. Escriptor, conferenciant, educador i divulgador. Especialitzat en medi ambient, zoologia, dret animal, veterinària, en la lluita contra el tràfic il·legal d’espècies i en la direcció i la gestió d’actuacions i centres per a la protecció animal, el medi ambient, la sostenibilitat i la conservació de la biodiversitat”, entre altres qüestions. Va ser nomenat el juliol del 2023.

• Javier Sendra, secretari autonòmic d’Infraestructures. És auxiliar administratiu de Formació Professional. En el seu currículum continua indicant que té un màster en alta direcció, encara que el Consell ha reconegut que és un curs d’una escola privada de negocis que es va impartir per part de la Diputació d’Alacant, en què era responsable d’Emergències amb el PP. No ha acreditat cap de les dues qüestions. També està en el càrrec des de juliol del 2023.

• Montserrat Tello, directora de l’Institut Cartogràfic de València. És, segons el seu currículum, enginyera industrial per la Universitat de Saragossa. Agent de la propietat immobiliària (Universitat de Barcelona), tècnica intermèdia en Riscos Laborals, màster en Recursos Humans (Universitat-Empresa) i màster en Direcció General (ESADE). No ha publicat ni un d’aquests títols en el portal de Transparència. I això que està nomenada des de juny del 2023.

• Israel Martínez, director general de Turisme. És tècnic superior en Administració i Finances. Va ser nomenat el juliol del 2024, en la primera crisi de govern de Mazón després de trencar amb Vox. No acredita res en el portal de Transparència.

Per contra, des de la publicació per part d’aquest diari que una vintena d’alts càrrecs incomplien la llei per no haver acreditat els seus títols, pràcticament la meitat es van afanyar a corregir aquesta llacuna i han complit la seua obligació de transparència, després d’un pànic inicial en les conselleries. En els últims dies se sumen a la llista el director general d’Infraestructures Sociosanitàries, Borja Ottobrino, que ha pujat còpia del seu títol del grau en Enginyeria Civil, i el secretari autonòmic d’Economia, Jesús Gual, que ha publicat un justificant del seu títol com a llicenciat en Dret. Aquests documents es poden sol·licitar en la seu electrònica del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. Com ja han demostrat altres alts càrrecs, es tarda a penes uns minuts a fer-ho.

Las informaciones sobre los currículums y títulos falsos han provocado una revisión exhaustiva de los méritos académicos que los políticos y cargos públicos dicen tener. También una revisión de los portales de transparencia y la normativa sobre buenas prácticas y publiciadad activa, que obliga a los representantes públicos a informar a la ciudadanía sobre cuestiones como su formación, renta, patrimonio o incompatibilidades. Dos semanas después del inicio de las polémicas sobre los currículums de parlamentarios y altos cargos, que arrancó con la dimisión de la diputada del PP Noelia Núñez, y que se ha cobrado la carrera del comisionado del gobierno para la dana, José María Ángel, y de que elDiario.es apuntara que una veintena de cargos del Gobierno valenciano incumple la ley de transparencia autonómica, aún quedan la mitad de los responsables públicos con lagunas en sus perfiles.

La normativa de Buen Gobierno vigente obliga a todos los altos cargos a aportar en la página web de la administración “la reproducción gráfica acreditativa de los principales méritos de su currículo”, algo que tras dos años de Gobierno todavía no han hecho ocho de estos cargos, mientras que más de una docena lo ha realizado con un notable retraso.

Esta decena de incumplidores lleva en el puesto desde el verano de 2023, entre la primera y la segunda tanda de los nombramientos de Carlos Mazón. Al parecer, en dos años, ningún responsable de Transparencia les ha exigido publicar sus titulaciones. No consta que se les haya expedientado, pese a que la ley indica que deben acreditar los principales méritos de su trayectoria profesional.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero, apuntó en rueda de prensa que “no sabían” que tenían que hacerlo, y lo atribuyó, sencillamente, a un descuido. Sin embargo, una batería de ex altos cargos del Gobierno del Botánico se han apresurado a recordar que los trabajadores de Transparencia -antes conselleria, ahora departamento adscrito a Presidencia- vigilan y requieren constantemente que los altos cargos cumplan sus obligaciones y actualicen sus declaraciones.

Los altos cargos que todavía no han justificado sus títulos son:

Por contra, desde la publicación por parte de este diario de que una veintena de altos cargos incumplían la ley al no acreditar sus títulos, prácticamente la mitad se apresuraron a corregir esta laguna y han cumplido su obligación de transparencia, tras un pánico inicial en las consellerias. En los últimos días, se suman a la lista el director general de Infraestructuras Sociosanitarias, Borja Ottobrino, que ha subido copia de su título del grado en Ingeniería Civil, y el Secretario autonómico de Economía, Jesús Gual, que ha publicado un justificante de su título como Licenciado en Derecho. Estos documentos se pueden solicitar en la sede electrónica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Como ya han demostrado otros altos cargos, se tarda apenas unos minutos en hacerlo.

El secretari autonòmic d'Infraestructures, l'home fort de Carlos Mazón per a les obres de la dana, ja va maquillar el seu currículum quan era diputat provincial a Alacant.Francisco Javier Sendra, alcalde de Planes i amic personal de Mazón, el seu baró en els municipis d'interior d'Alacant, és un dels càrrecs de l'Executiu autonòmic que encara no ha publicat la seua titulació acadèmica com a marca la llei valenciana de Transparència. A més, és un dels alts càrrecs del Consell que presenta incongruències al seu currículum publicat al portal GVA Oberta.

Sendra, que és auxiliar administratiu per Formació Professional, apunta al seu currículum que posseeix un “màster d'alta direcció” a càrrec de Fundesem, una escola privada de negocis. En el moment de tancar aquesta edició, ni ha publicat el títol de FP, ni de bon tros el del màster que assegura tenir. Aquest diari ha pogut contrastar mitjançant un títol exactament igual al de Sendra que aquests estudis estan lluny de ser un “màster”, una habilitació per a la qual hauria d'haver cursat un grau o llicenciatura, sinó que corresponen amb un curs de 140 hores.

No és la primera vegada que Sendra maquilla el seu currículum i adorna els mèrits acadèmics. L'alt càrrec que controla les adjudicacions de les obres públiques a la Comunitat Valenciana ja va ser objecte de polèmica el 2018, en plena psicosi pels màsters dels exlíders del PP Pablo Casado i Cristina Cifuentes desvetllats per elDiario.es. Sendra va modificar llavors la seua titulació en la Corporació Provincial i va canviar dos títols: de màsters van passar a cursos. En concret, un per la Universitat Politècnica de València i un altre per Fundesem, el mateix que actualment s'ha tornat a convertir en un màster. El curs de la UPV ja no figura entre els mèrits que Sendra considera destacables.

Fonts de la Conselleria d'Infraestructures, de què depèn el secretari autonòmic, apunten que ln e seu moment el curs portava la denominació de màster. Va ser una formació per part de la Diputació d'Alacant a membres dels diferents grups parlamentaris, afegeixen. L'alt càrrec ha rebutjat fer comentaris sobre això a través del gabinet de comunicació.

El dirigent va cursar aquests estudis l'any acadèmic 2011-2012, quan era diputat en la Corporació Provincial d'Alacant, a la qual va entrar en el mateix exercici. No va ser l'únic: quatre diputats provincials, un parlamentari autonòmic, diversos assessors i una tanda de regidors del PP alacantí han passat per aquesta escola de negocis, amb la cúpula de l'empresariat alacantí.

En el seu dia, el canvi li va valdre el retret de PSPV i Compromís en la Corporació Provincial, tant per les diferents versions sobre la seua trajectòria com pels vincles dels populars amb l'escola que imparteix la formació. A l'època de César Sánchez -predecessor de Mazón- com a president, la Diputació d'Alacant va subvencionar amb 100.000 euros en dos anys (2017 i 2018) l'escola de negocis, fàbrica de màsters per a càrrecs del PP, per finançar un programa de beques. El sistema rebaixava l'import dels cursos a 950 euros per alumne, una informació que es va oferir per carta als diputats. En el seu moment, l'escola va estar a la vora de la fallida, i va deure un milió d'euros a la Generalitat Valenciana pel lloguer de la seu, propietat de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial.

Sendra ha estat diputat provincial entre 2011 i 2023, fins que Carlos Mazón el va nomenar secretari autonòmic de Medi Ambient, en la Conselleria que llavors dirigia Salomé Pradas. Un any després, amb la reestructuració de l'Executiu després de l'eixida de Vox, va passar a ocupar la secretaria autonòmica d'Infraestructures i Transports, ara amb Vicente Martínez Mus al capdavant. En l'etapa de Mazón com a president de la Diputació (2015-2019), Sendra es va ocupar dels departaments d'Emergències i Medi Ambient en la Corporació provincial.

La llei valenciana de Transparència i el Codi de Bon Govern, la subscripció del qual és obligatòria per als alts càrrecs, preveuen un càstig per incomplir les obligacions de publicitat activa -entre elles, publicar l'acreditació dels mèrits acadèmics-. Les sancions depenen del “grau de culpabilitat i intencionalitat, la reiteració o reincidència”. La valoració de la conducta i la sanció dependran del Consell de Transparència. El codi de Bon Govern subratlla: “Es concretaran de forma individualitzada la trajectòria i els mèrits acadèmics, professionals i tècnics de la persona nomenada. No podran, en cap concepte, falsejar o mentir sobre cap de les dades pròpies del seu currículum professional, de les seues titulacions o de la seua experiència”. Són les línies ètiques bàsiques de l'Administració.

El secretario autonómico de Infraestructuras, el hombre fuerte de Carlos Mazón para las obras de la dana, ya maquilló su currículum cuando era diputado provincial en Alicante. Francisco Javier Sendra, alcalde de Planes y amigo personal de Mazón, su barón en los municipios de interior de Alicante, es uno de los cargos del Ejecutivo autonómico que aún no ha publicado su titulación académica como marca la ley valenciana de Transparencia. Además, es uno de los altos cargos del Consell que presenta incongruencias en su currículum publicado en el portal GVA Oberta.

Sendra, que es auxiliar administrativo por Formación Profesional, apunta en su currículum que posee un “máster de alta dirección” a cargo de Fundesem, una escuela privada de negocios. En el momento de cerrar esta edición, ni ha publicado su título de FP, ni mucho menos el del máster que asegura tener. Este diario ha podido contrastar mediante un título exactamente igual al de Sendra que esos estudios distan de ser un máster oficial, una habilitación para la que debería haber cursado un grado o licenciatura, sino que corresponden con un curso de 140 horas.

No es la primera vez que Sendra maquilla su currículum y adorna sus méritos académicos. El alto cargo que controla las adjudicaciones de las obras públicas en la Comunitat Valenciana ya fue objeto de polémica en 2018, en plena psicosis por los másteres de los exlíderes del PP Pablo Casado y Cristina Cifuentes desvelados por elDiario.es. Sendra modificó entonces su titulación en la Corporación Provincial y cambió dos títulos: de másteres pasaron a cursos. En concreto, uno por la Universitat Politécnica de València y otro por Fundesem, el mismo que en la actualidad ha vuelto a convertirse en un máster. El curso de la UPV ya no figura entre los méritos que Sendra considera destacables.

Fuentes de la Conselleria de Infraestructuras, de la que depende el secretario autonómico, apuntan que en su momento el curso llevaba la denominación de máster. Fue una formación por parte de la Diputación de Alicante a miembros de los diferentes grupos parlamentarios, añaden. El alto cargo ha rechazado hacer valoraciones al respecto a través del gabinete de comunicación.

El dirigente cursó estos estudios en el año académico 2011-2012, cuando era diputado en la Corporación Provincial de Alicante, a la que entró en el mismo ejercicio. No fue el único: cuatro diputados provinciales, un parlamentario autonómico, varios asesores y una tanda de concejales del PP alicantino han pasado por esta escuela de negocios, junto a la cúpula del empresariado alicantino.

En su día, el cambio le valió el reproche de PSPV y Compromís en la Corporación Provincial, tanto por las distintas versiones sobre su trayectoria como por los vínculos de los populares con la escuela que imparte la formación. En la época de César Sánchez -predecesor de Mazón- como presidente, la Diputación de Alicante subvencionó con 100.000 euros en dos años (2017 y 2018) a la escuela de negocios, una fábrica de másters para cargos del PP, para financiar un programa de becas. El sistema rebajaba el importe de los cursos a 950 euros por alumno, una información que se ofreció por carta a los diputados. En su momento, la escuela estuvo al borde de la bancarrota, adeudando un millón de euros a la Generalitat Valenciana por el alquiler de su sede, propiedad del Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial.

Sendra ha sido diputado provincial entre 2011 y 2023, hasta que Carlos Mazón lo nombró secretario autonómico de Medio Ambiente, en la Conselleria que entonces dirigía Salomé Pradas. Un año después, con la reestructuración del Ejecutivo tras la salida de Vox, pasó a ocupar la secretaría autonómica de Infraestructuras y Transportes, ahora con Vicente Martínez Mus al frente. En la etapa de Mazón como presidente de la Diputación (2015-2019), Sendra se ocupó de los departamentos de Emergencias y Medio Ambiente en la Corporación provincial.

La ley valenciana de Transparencia y el Código de Buen Gobierno, cuya suscripción es obligatoria para los altos cargos, prevén un castigo por incumplir las obligaciones de publicidad activa -entre ellas, publicar la acreditación de los méritos académicos-. Las sanciones dependen del “grado de culpabilidad e intencionalidad, la reiteración o reincidencia”. La valoración de la conducta y la sanción dependerán del Consejo de Transparencia. El código de Buen Gobierno subraya: “Se concretarán de forma individualizada la trayectoria y los méritos académicos, profesionales y técnicos de la persona nombrada. No podrán, bajo ningún concepto, falsear o mentir sobre ninguno de los datos propios de su currículo profesional, de sus titulaciones o de su experiencia”. Son las líneas éticas básicas de la Administración.

La futura ley de transparencia vasca reforzará la protección de los ciudadanos que informen sobre infracciones normativas y cuestiones relacionadas con la corrupción en el sector público, según ha prometido en el Parlamento Vasco la consejera María Ubarretxena. La titular de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha explicado en la Cámara el proyecto aprobado en abril por el Gobierno de Imanol Pradales.

Esta ley será aprobada en los próximos meses con total seguridad ya que, independientemente de la postura que adopte la oposición, PNV y PSE-EE, los dos socios del Gobierno vasco, tienen mayoría en la Cámara. Así, Euskadi dejará de ser una excepción y tendrá por fin una normativa de transparencia después de que proyectos normativos similares no pudieran aprobarse las tres anteriores legislaturas anteriores por distintas circunstancias.

Un anterior proyecto similar fue aprobado en último tramo de la legislatura de Iñigo Urkullu, en noviembre de 2023, aunque la convocatoria de las elecciones el 21 de abril de 2024 dejó este texto sin poder completar sus trámites en la Cámara vasca. Precisamente ese proyecto fallido es el mismo, con idéntico contenido, que el que se ha remitido ahora al Parlamento, informa Efe.

En lo tocante a la protección de los ciudadanos que denuncien sobre infracciones o corrupciones se articulará a través de un canal externo a través del cual las personas puedan dirigirse sin temor a represalias. Ubarretxena ha recordado que ya existen herramientas de transparencia y participación en el Gobierno vasco desde hace tiempo pero ha reconocido que “hay mucho por hacer” para desarrollar nuevos mecanismos frente a las corrientes “de autoritarismo y populismo”, la desinformación y la demagogia.

Reforzará, ha remarcado, la credibilidad y confianza de la ciudadanía en las administraciones, así como la rendición de cuentas y la gestión de lo recursos públicos. La nueva normativa será de obligado cumplimiento en la administración vasca, las instituciones locales, las Juntas Generales de los tres territorios, el Ararteko, el Consejo de Relaciones Laborales, el Parlamento y en algunos aspectos en el sector privado, pero no a las diputaciones forales, que disponen de sus propias regulaciones, ha explicado la consejera.

Incluye la creación de la Autoridad Vasca de Transparencia, Gardena, un órgano “independiente” que velará por garantizar que la Administración pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso a la información. La ciudadanía podrá interponer ante este órgano una reclamación cuando le sea denegado el derecho a la información o ésta no sea la deseada por el ciudadano.

Este organismo velará por garantizar que la Administración pública cumple con las obligaciones en publicidad activa y derecho al acceso, por lo que tendrá capacidad para dictar soluciones con medidas correctivas y para incoar procedimientos sancionadores o actuaciones disciplinarias. Contra sus resoluciones solo se podrá interponer un recurso contencioso administrativo. Además, actuará como autoridad independiente de protección a informantes sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, con un ámbito de actuación que abarcará la totalidad de las administraciones, organismos y entidades del sector público y las privadas cuando su incumplimiento se circunscriba a Euskadi. Este organismo, que contará con personal funcionario y personalidad jurídica propia y plena independencia en el ejercicio de sus funciones, estará sometido a control parlamentario.

Otro de los puntos que recoge es la creación del registro de grupos de interés, también conocidos como 'lobbies', con el que se facilitará su identificación pública y se asegurará la transparencia y el control de la actividad que realizan ante el sector público de Euskadi. El proyecto de ley establece también un régimen sancionador por infracciones en materia de transparencia.

Se fijan unas sanciones para incumplimientos de la ley imputables a altos cargos, con multas de hasta 12.000 euros o el cese en el cargo en el caso de infracciones muy graves. Si los incumplimientos se dan por parte de entidades privadas y corporaciones de derecho público obligadas a suministrar información, las sanciones podrían llegar a los 400.000 euros, con la obligación, en algunos casos, de reintegro de las subvenciones recibidas o en su caso la resolución del contrato o concierto.

El PSE-EE ha coincidido con las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y PP, en que Euskadi va “tarde” en relación a la transparencia y en considerar una “buena noticia” que el Gobierno de Imanol Pradales haya acelerado ya su propuesta para aprobar una ley en el que será el cuarto intento tras los tres fallidos en otras tantas legislaturas de Iñigo Urkullu. El Consejo de Gobierno dio luz verde este martes al proyecto, que toma como base el último de los borradores no aprobados del anterior Ejecutivo para poder agilizar la tramitación. Con tres años de legislatura por delante y una mayoría absoluta de PNV y los propios socialistas, sería una sorpresa que esta vez volvierse a naufragar la ley vasca de transparencia. Euskadi es la única comunidad autónoma sin esa herramienta junto con Ceuta y Melilla.

“Es una ley que llevamos tiempo esperando y que los socialistas hemos reclamado durante años. Peleamos porque estuviera en el acuerdo de Gobierno”, ha señalado Pau Blasi, que ha indicado que podrían llegarle “mejoras” en el trámite de enmiendas. “Seguro que en esta legislatura por fin aprobaremos la ley de transparencia en Euskadi”, ha agregado en euskera el portavoz socialista.

Por pura coincidencia en el calendario, en la semana en que el Gobierno vasco ha puesto sobre la mesa la ley de transparencia la consejera responsable, María Ubarretxena, ha comparecido este miércoles por la tarde en el Parlamento Vasco a instancias de EH Bildu para hablar de la Comisión de Ética, de la que es presidenta desde hace meses. Este órgano analiza el comportamiento de los altos cargos y en el pasado ha recibido críticas porque habitualmente nunca censura las actuaciones de los miembros de los diferentes niveles del Gobierno. No se ha abierto nunca un expediente de oficio, por ejemplo. Así lo ha hecho constar la coalición abertzale, que ha insistido en que son cargos públicos elegidos por un partido los que analizan los casos que afectan a otros cargos públicos de ese mismo partido. Tiene asentado el criterio, por ejemplo, de que no se ha de forzar una dimisión en caso de investigación penal salvo que se llegue a juicio.

Ubarretxena, acompañada del viceconsejero y secretario de la Comisión de Ética Xabier Otxandiano, ha presentado de una tacada las memorias de este organismo de 2023 y 2024. Ella es la tercera presidenta del foro sucediendo a Josu Erkoreka y Olatz Garamendi y, por el momento, solamente ha resuelto un caso, aunque en la fecha de la resolución figura febrero “de 2024”, cuando ni siquiera estaba nombrada. En los últimos años ha sido habitual que estos documentos obligatorios se hayan publicado con retraso. Los propios expedientes también se publican muchos meses después. Otxandiano, sin embargo, ha asegurado que este órgano opera “casi en tiempo real”. Además, las resoluciones públicas reducen tanto los datos que ofrecen que su lectura es casi ininteligible.

EH Bildu, en ese sentido, ha propuesto que al menos se indique el delito que se imputa a los investigados. También ha adelantado que usará la tramitación de la ley de transparencia para proponer cambios en la Comisión de Ética. Lamia Arcas ha sugerido que sean funcionarios los que asuman los casos y que puedan operar con criterios técnicos y no políticos. Ubarretxena ha respondido que otro organismo de control, la oficina que revisa el salto a la empresa privada de los excargos en los dos años siguientes a su cese, sí está liderada por funcionarios y ha mostrado su sorpresa por que ésa sea la propuesta cuando también hay críticas. De hecho, el PP ha aprovechado la coyuntura para recordar que el reciente fichaje de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui, por una clínica privada de Vitoria no se hizo en tiempo y forma, según ha explicado Laura Garrido.

Desde la bancada del PNV, Xabier Barandiaran ha terciado en el debate para pedir un análisis “sin populismos” sobre transparencia. Ha criticado que se quiera usar la Comisión de Ética para hacer “oposición” o como tribunal de justicia. De hecho, el único dato concreto que ha dado Ubarretxena sobre los casos de 2023 y 2024 es que dos de ellos fueron denunciados por “un parlamentario”. Nada se ha mencionado sobre el contenido de las investigaciones en las que están incursos los altos cargos. Barandiaran ha aprovechado para recordar que la ciudadanía vasca confía en gran nivel en su Gobierno, más que en otras instituciones. Arcas le ha respondido que pretender que los órganos de control sean “más transparentes” y “ágiles” no es hacer “populismo”.

Ubarretxena, en su último turno, ha defendido que la nueva ley de transparencia es una “buena oportunidad” para dar “un bonito paso adelante” en la mejora de la “calidad democrática”. El Gobierno ha comprometido un paquete más amplio de medidas, incluso una ponencia parlamentaria para discutirlas. Lo manifestó en la Cámara el propio lehendakari. La consejera ha dicho también que en la próxima semana se actualizarán otros datos que llevaban meses sin ser publicados relativos a altos cargos más allá de las autorizaciones para fichar por empresas privadas, ya conocidos. El Ejecutivo, según la consejera, funciona “estupendamente” en este ámbito.

El Gobierno de Imanol Pradales ha tomado como base exactamente el mismo borrador de ley de transparencia que dejó el de Iñigo Urkullu y que nunca llegó a ser aprobado en el Parlamento Vasco. Es un intento de acelerar la tramitación y que, esta vez sí, Euskadi deje de ser una excepción y se quite el sambenito de ser la única comunidad autónoma sin un marco propio para regular la publicidad activa, el acceso a información pública o la participación ciudadana. “Estamos positivos. Estamos muy positivos”, ha afirmado la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, al ser preguntada por los periodistas si esta vez sí, a la cuarta, se podrá promulgar una ley de transparencia. Quedan más de tres años de legislatura y PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta.

Como ha adelantado este periódico, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde este martes al proyecto de ley de transparencia para Euskadi. Ahora pasa al Parlamento, donde se abrirá un período de comparecencias de expertos y luego de posibles enmiendas. Pradales, en la última comparecencia en la Cámara, dijo querer acelerar esta ley y crear una ponencia para estudiar otras posibles medidas en busca de más “calidad democrática”. Y así ha sido. La consejera Ubarretxena ha explicado que se ha valorado reiniciar toda la tramitación pero que se ha entendido que era más rápido usar el mismo texto. Así, se evitan decenas de informes y trámites internos. Los posibles ajustes que quiera introducir este Gobierno podrán hacerse con enmiendas. Según Ubarretxena, este articulado “tiene buena base”.

La actual es la cuarta legislatura en que Euskadi debate su ley de transparencia. En la primera de Urkullu (2012-2016) el Ejecutivo tenía minoría y tuvo que retirar una normativa que también abarcaba otras materias. En la segunda (2016-2020) se avanzó en un texto pero no terminó de cristalizar aunque la ya extinta coalición Elkarrekin Podemos ofreció a PNV y PSE-EE un acuerdo. En la tercera (2020-2024), la consejera encargada, Olatz Garamendi, presentó el articulado incluso después que el partido comunicara al lehendakari que no iba a seguir, en puertas de las elecciones.

Irónicamente, hace unos días el Parlamento Vasco aprobó una ley de transparencia en una sesión plenaria simulada con estudiantes de la Universidad de Deusto. “Y lo han hecho en vísperas de que el Ejecutivo de Pradales presente el suyo, puesto que tal y como ha anunciado recientemente el propio lehendakari en sede parlamentaria, el Gobierno vasco expondrá a tramitación parlamentaria dicho proyecto en breve”, informó la Cámara.

El eje de la nueva ley sigue siendo la creación de la agencia Gardena como “autoridad vasca de la transparencia”. Ubarretxena promete que será un “órgano independiente” para velar por la correcta aplicación de la ley. El texto recoge “mayores obligaciones de publicidad activa”. Actualmente, en Euskadi, esto está disperso en varias leyes. Asimismo, se regularán las solicitudes de información y la participación de la ciudadanía, ahora fundamentadas en la normativa estatal.

La consejera ha indicado, a preguntas de los periodistas, que las obligaciones afectarán a la Administración autonómica, a organismos como el Parlamento Vasco o el Ararteko y “a la Administración local”. No será tan exigente con las Diputaciones forales, que se regirán por sus propios marcos en muchos supuestos. Habrá también un marco sancionador para los incumplimientos en materia de transparencia. El proyecto de Garamendi recibió informes negativos de órganos consultivos precisamente por no contemplar para su aplicación algunos organismos del perímetro del Gobierno vasco.

El Gobierno, en la pasada legislatura, ya reguló al margen de la ley -y forzado por la normativa estatal y comunitaria- el “canal interno” para recoger denuncias sobre irregularidades dentro de la Administración. De hecho, se fichó a Maite Basabe, procedente del Ararteko, como responsable de esa nueva ventanilla. Sin embargo, sin la ley no existe el “canal externo”, esto es, la oficina que atenderá las denuncias ciudadanas sobre posibles casos de corrupción y que protegerá de represalias a los alertadores.

El Gobierno de Imanol Pradales aprobará este martes el anteproyecto para dotar a Euskadi de una ley de transparencia, según explican tres fuentes. La vasca es la única comunidad sin un texto de esas características junto con Ceuta y Melilla, como se puede corroborar en la web del Gobierno central. En la etapa anterior de Iñigo Urkullu naufragaron tres intentos, uno por legislatura. El propio lehendakari aludió al asunto en la última sesión de control del Parlamento y se han acelerado los trámites para enviar a la Cámara una propuesta del Gobierno. Si en esta legislatura no se aprueba no será por falta de tiempo porque quedan tres años de mandato y el Ejecutivo de PNV y PSE-EE goza de mayoría absoluta.

Será la portavoz, María Ubarretxena, que es también la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, la que presente los contenidos concretos de esta propuesta a los periodistas. La de transparencia se convertirá así en la primera gran ley de la legislatura. El Parlamento ha aprobado en estos meses desde la llegada de Pradales media docena de leyes. Salieron adelante los presupuestos, una modificación de las cuentas del 2024 para dotar de fondos adicionales por valor de 67 millones a las patronales de la concertada, un ajuste de la ley de caza de 2011 para que los menores puedan ir a batidas -en ambos casos votaron a favor PNV, PSE-EE, PP y Vox-, una revisión exprés de la normativa de cooperativas para ayudar a las afectadas por las inundaciones de otoño en Valencia y dos trámites, la disolución del colegio de aduaneros de Bilbao y el texto refundido de la ley de tasas.

La consejera Ubarretxena ya anunció que se intentaría sacar adelante esta ley en su primera comparecencia en el Parlamento. Asimismo, está incluida en el calendario legislativo. Se dio como fecha genérica 2025 pero, a la luz del discurso de Pradales, se han acelerado todos los trámites. De hecho, el lehendakari habló también de una ponencia parlamentaria paralela para analizar otras posibles medidas. “Están en juego el modelo y los valores fundacionales de la Europa moderna [...]. Nadie los defenderá si no somos nosotros. Por eso, plantearemos en este Parlamento abrir un debate público para poner en marcha la ponencia para la mejora de la calidad democrática de Euskadi. El objetivo es que Euskadi cuente con un marco normativo amplio y de vanguardia para fortalecer la democracia ante los ataques que está sufriendo en un mundo en el que ganan cada día más fuerza los totalitarismos y autoritarismos. La democracia exige hoy, más que nunca, adhesión y compromiso. Personal y colectivo. Hago un llamamiento para que recorramos juntos este camino”, solemnizó.

El camino de la ley de transparencia en Euskadi no ha sido sencillo. En el mandato de Patxi López se fueron aprobando algunas medidas, como la creación de Irekia como portal institucional o de las webs de datos abiertos. Después, entró en vigor la normativa estatal de 2013, que ejerce de marco supletorio para cuestiones como las peticiones de información. Sin embargo, Urkullu no consiguió incorporar este hito a su legado a pesar de haber habido intentos en cada una de las legislaturas, la última con mayoría absoluta.

En el primer calendario legislativo de Urkullu, de 2012 a 2016, no constaba ninguna propuesta en este sentido. Eso sí, se prometió un capítulo sobre ello dentro de la norma general sobre Administración Pública. Sin embargo, en 2015 el Ejecutivo -entonces del PNV en solitario y en minoría- la retiró del Parlamento en vista de la falta de apoyos y el rechazo en bloque de la oposición. Acto seguido, uno de los planteamientos fue separar el texto en dos, creando uno 'ad hoc' para transparencia. Pero no dio tiempo en lo que quedaba de legislatura, ya que todas las propuestas legislativas -salvo contadas excepciones- decaen cuando se convocan elecciones.

En la legislatura de 2016 a 2020 se hizo una promesa para el “primer cuatrimestre de 2018” que nunca se sustanció. Sin embargo, un año antes, PNV y PSE-EE presentaron como partidos una proposición no de ley en la Cámara con la intención de “agilizar” la tramitación de la norma. Era, en esencia, la propuesta pendiente del mandato anterior. Se presentaron enmiendas y se reunió varias veces la ponencia legislativa, pero dejó de hacerlo en marzo de 2019. El acuerdo estaba casi listo pero había discrepancias al unir en un mismo texto puntos de información pública y otros de participación. Nada se hizo en el tramo final de aquella legislatura a pesar de una oferta de Elkarrekin Podemos al Gobierno para cerrarla. En 2020 volvió a decaer.

En el tercer mandato, de 2020 a 2024, la promesa era que el Ejecutivo la enviase a la Cámara en el “segundo semestre de 2022”. No fue así. La consejera predecesora de Ubarretxena, Olatz Garamendi, la presentó en el primer Consejo de Gobierno después de que se conociera que Urkullu no iba a continuar como lehendakari. Eso sí, era noviembre de 2023 y el último plazo que había planteado era diciembre. La Cámara se disolvió en febrero y, antes, en diciembre y enero, se centró en los presupuestos y otras leyes más avanzadas como las de educación o cambio climático. La propuesta volvió a quedar en nada. La oposición, particularmente EH Bildu, pero antes también la extinta Elkarrekin Podemos, habían lanzado algunas propuestas que fueron bloqueadas por el Gobierno para materias como la protección de denunciantes de corrupción o la puesta en marcha de organismos reguladores independientes.

Se desconoce cuánto de la base del último texto se mantendrá ahora. Garamendi, por ejemplo, explicó que la última versión recogía ya algunas aportaciones para extender el ámbito de aplicación también a organismos como el Parlamento Vasco, el Ararteko o el Tribunal de Cuentas y no solamente al Gobierno. Incluso se barajó que algunas disposiciones incluyeran a las instituciones forales y municipales. La base de esa norma era la creación de un organismo llamado Gardena para gestionar estas políticas.

El Gobierno de Imanol Pradales ha actualizado al fin este viernes, después de meses sin hacerlo, el listado con las autorizaciones recibidas por exaltos cargos de la Administración para empezar a trabajar en la empresa privada, una revisión preceptiva en los dos años siguientes al cese para evitar posibles conflictos de intereses. Ahí figura el caso más controvertido y conocido extraoficialmente, el del fichaje por la clínica privada Vithas San José de Vitoria de la exconsejera de Salud, Gotzone Sagardui. Y figura igualmente su colaborador Mikel Sánchez, ahora en Mutualia. Y también el presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, que tuvo un breve paso por Mondragon después de dejar de ser director del Ente Vasco de la Energía (EVE). Otro nombre destacado es el de Jonan Fernández, asesor para todo del anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha regresado a Baketik.

El total de nombres en ese listado es de 17. Aparecen Estíbaliz Alkorta (directora de Promoción del Euskera que ha tenido contratos con dos empresas privadas sin relación con su posición anterior), José María Armentia (viceconsejero de Función Pública que ahora es asesor en Bitartesport), Ignacio Barredo (viceconsejero de Economía fichado por Naider), Yurdana Burgoa (jefa de gabinete con Pedro Azpiazu y con Noël d'Anjou recién incorporada a Last Tour), Ana Belén Camacho (de directora de Industria a directora general de Inser Robótica), Iñigo Camino (responsable de Comunicación con Beatriz Artolazabal y Nerea Melgosa que pasó primero a la Fundación Sabino Arana del PNV y después a EiTB), Peli Manterola (de Hazi a Gorbeialde), José Ángel María Muñoz (asesor en Cultura antes, en Tabakalera en la actualidad), José Carlos Peña (asesor de Presidencia que ha regresado a Innobasque), Arantxa Picón (jefa de enfemería en un hospital público que ahora dirige una clínica privada en Gipuzkoa), Humberto Unzueta (asesor de comunicación con Olatz Garamendi que ha vuelto a 'Deia') y Aitor Urzelai (director general de Spri y ahora directivo de Lawesome).

Hay uno más, de la parte del PSE-EE. Se trata de Iván Pedreira, director de Medio Ambiente con Iñaki Arriola -una época en la que llegó a recibir un aviso por cumplimiento insuficiente del Código Ético y a ser investigado en los tribunales- pero que ya dejó el Ejecutivo en 2023 para irse a la Diputación de Gipuzkoa. Sin embargo, al cesar allí en 2024 y no haber pasado aún dos años, también su caso ha sido revisado por el Gobierno vasco. Se incorporó en noviembre a la empresa Lurgiro. Sus funciones son, concretamente, “diseño y ejecución de investigaciones exploratorias de la calidad del suelo, gestión integral de residuos peligrosos y no peligrosos, restauraciones y rehabilitaciones ambientales, recuperación de emplazamientos contaminados, estudios de calidad del medio”.

Como ya informó este periódico, el Ejecutivo llevaba meses sin publicar información sobre altos cargos a la que está obligado. El apagón venía ya del tramo final de la legislatura anterior. De hecho, estos nuevos listados son solamente una parte de los datos y siguen faltando más. Se trata de las indemnizaciones o cesantías cobradas por quienes dejan un cargo, de las retribuciones nominales y el número total de personal de libre designación, de las declaraciones de bienes, de las abstenciones o inhibiciones de altos cargos actuales por posibles conflictos de intereses en adjudicaciones y otros asuntos o de las compatibilidades autorizadas a esos mismos directivos y aserores para otras funciones políticas, académicas o similares. Fuentes del Gobierno indican que estos datos también verán la luz en breve.

Con todo, la consejera responsable de la materia, María Ubarretxena, del PNV, ha dejado esta frase este viernes en el diario de sesiones del Parlamento Vasco: “Euskadi tiene 100 puntos sobre 100 en transparencia en el 'ranking' de comunidades autónomas que elabora Transparencia Internacional. Es un 'ranking' elaborado por una organización no gubernamental reconocida internacionalmente por su trabajo y en favor de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Su independencia está fuera de toda duda”. Euskadi es también la única comunidad autónoma sin ley propia de transparencia. Ha habido tres intentos fallidos, tantos como legislaturas de Urkullu. Está también prometida por Pradales.

En la primera sesión de control de 2025, PP y EH Bildu, con enfoques diferentes, han realizado preguntas tanto al lehendakari como a Ubarretxena por asuntos de esta índole. El líder de los 'populares', Javier de Andrés, ha denunciado las “puertas giratorias” -aunque no les ha puesto nombres y apellidos- y ha ironizado que la Presidencia se ha convertido en una productora de Netflix porque hay nuevos cargos de “asesor de identidad digital, asesor audiovisual de fotografía, asesora de publicidad, asesor de diseño gráfico y de asesor de contenidos”. También insiste en criticar las externalizaciones de los procesos de selección. El lehendakari, que llevaba desde noviembre sin responder preguntas de la oposición en la Cámara, ha lamentado que el PP busque importar las “formas y maneras” de hacer política en Madrid y ha retado a De Andrés a que lleve a los tribunales lo que considere irregular. Garikoitz Mujika ha alertado de problemas de “estética” con algunos nombramientos de Presidencia y con la financiación de los medios de comunicación. Ubarretxena le ha respondido igualmente a la coalición abertzale que no han de dar lecciones.

La noticia de que Gotzone Sagardui, exconsejera de Salud, ha fichado como directora médica de la clínica San José de Vitoria del grupo privado Vithas ha destapado que el portal de información sobre altos cargos del Gobierno vasco lleva meses sin ser actualizado. La autorización para que Sagardui puede saltar a ese puesto —es obligatorio tenerla en los dos años posteriores al cese— no apareció en su momento en el apartado correspondiente de la página web, como tampoco la de otros excargos como Mikel Sánchez, también ahora en la Sanidad privada, en su caso en Mutualia.

En un repaso a ese portal, en el que se especifica que los datos han de ser “públicos” y de fácil acceso, no solamente no hay información de los numerosos cargos que salieron con la llegada de Imanol Pradales y que han podido encontrar acomodo en empresas privadas u otras actividades. Faltan muchos más datos.

La relación del personal con autorización para compatibilizar su puesto político con otras actividades (como la docencia, las colaboraciones en medios o los cargos en los partidos) no se ha actualizado desde el 2 de noviembre de 2023. La evolución del número de cargos públicos no se ha modificado desde el 23 de junio de 2023, cuando es conocido que la llegada de Pradales ha implicado un incremento de carteras y de altos cargos y asesores.

Desde el 14 de junio de 2023 no se modifica el listado de cargos que se han abstenido de tramitar o firmar un asunto por un conflicto de intereses. No es tema menor. La exconsejera Arantxa Tapia, por ejemplo, se inhibía en todo lo relativo a la compañía de su marido, Vicomtech. Lógicamente, no hay información alguna de posibles casos de esta legislatura, con muchas caras nuevas.

En cuanto a salarios, el 7 de febrero de 2024 se publicaron los datos relativos a las declaraciones del IRPF de los altos cargos correspondientes a 2022 y liquidadas en 2023. No hay información más reciente. Se indica que en octubre de 2024 se actualizaron los datos con las retribuciones nominativas de los altos cargos, pero no hay datos recientes. En otras tablas se agotan en 2023, cuando ya están en vigor los presupuestos de 2025. Finalmente, son del 29 de septiembre de 2023 las tablas sobre las indemnizaciones que cobran los altos cargos cuando salen del Gobierno, por lo que tampoco hay información sobre Urkullu y sus exconsejeros.

Cuando surgió el caso de Sagardui, fuentes del área de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, la que gestiona la política de altos cargos y funcionarios, indicaron que asumían el error de no tener actualizado ese portal y que “en breve” se aportarán todos los datos pendientes. De momento, la oposición los ha solicitado ya por vía parlamentaria igualmente.

Se da la circunstancia de que Euskadi es la única comunidad autónoma sin ley de Transparencia propia. Ha habido tres intentos, tantos como legislaturas de Urkullu, pero nunca se terminó por aprobar por diferentes circunstancias, aunque en las dos últimas ha habido mayorías absolutas. Ahora, Pradales también ha prometido sacar adelante esa normativa. La consejera al cargo es nuevamente la de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.

Las advertencias de la Valedora do Pobo -el equivalente en Galicia al Defensor del Pueblo- por los incumplimientos en materia de transparencia se acumulan en algunos despachos de la Xunta. La Comisión de Transparencia, que depende de este órgano, acaba de reprender a la Consellería de Sanidade porque no ha dado siquiera respuesta a una petición de información sobre las quejas de pacientes que recibe el Servizo Galego de Saúde (Sergas). En un escrito fechado el 8 de noviembre le exigía que comunicase una resolución fundamentada en un plazo de 10 días, pero la administración autonómica no lo ha hecho.

En la petición se reclamaban los datos de quejas en la sanidad pública gallega entre los años 2019 y 2023, con información específica sobre cada centro y sobre cuántos de los escritos se refieren a las listas de espera. Pasado un mes, la Xunta no había dado respuesta. Ese es el plazo máximo que fija la ley gallega de transparencia para notificar las resoluciones. Si en ese periodo no hay una comunicación expresa, añade, “se entenderá que la solicitud ha sido desestimada”. Y, cuando esto ocurre, la norma permite pedir amparo a la Comisión de Transparencia, que en este caso, aceptó la queja por el silencio de la administración y le preguntó por el caso a finales de julio.

La respuesta llegó a la Valedora casi tres meses después, de acuerdo con el escrito de la Comisión de Transparencia. La Xunta indica en esa contestación que las reclamaciones, quejas y sugerencias sobre la sanidad le llegan por “múltiples canales y organismos en las diferentes áreas y centros” y que, por ese motivo, no puede hacer “una explotación unificada de la información con garantías”. Es decir, el Sergas alega que no tiene sistematizada la clasificación y organización de las quejas que recibe. Y añade que, para responder a las preguntas, tendría que hacer una reelaboración de información -uno de los motivos que recoge la ley para denegar el acceso a datos-, extraer datos de diferentes canales y tratarlos para garantizar su coherencia.

La Comisión de Transparencia replica a la Xunta que el derecho de los ciudadanos a pedir información amparándose en las leyes de transparencia -hay una estatal y una gallega- “implica el derecho a recibir una respuesta documentada, completa y satisfactoria”. Razona que este tipo de respuestas son “una herramienta indispensable para poder ejercer el control de la actuación pública”. Llevándolo a este caso, considera que la Consellería de Sanidade debe dictar “resolución expresa” sobre una petición sobre la que se ha limitado a guardar silencio. Si hay “límites o causas de inadmisión a trámite”, añade, deben quedar justificadas.

El escrito recuerda a Sanidade que la ley estatal considera una infracción grave el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo las peticiones. En la resolución, la Comisión pide a la Xunta que dé una respuesta en un plazo de 10 días, pero tampoco tras esta advertencia ha aportado ni los datos solicitados ni una resolución en la que se deniegue el acceso.

Otras trabas a la transparencia

Dos leyes regulan los procedimientos de transparencia: la estatal, de 2013, y una gallega, de 2016. Pero, pese a las declaraciones de intenciones de ambas normas, las peticiones de información a la Xunta se encuentran a menudo con distintas trabas: demoras de meses, falta de respuesta o contestaciones opacas o parciales. Para tratar de obtener los datos cuando no hay respuesta del Gobierno gallego o no se considera suficiente, el recurso habitual es presentar una queja en la Comisión de Transparencia, aunque las amonestaciones del órgano dependiente de la Valedora tampoco son siempre garantía de que la información se entregue con claridad.

El propio presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admitió que su equipo puede mejorar en materia de transparencia. Lo hizo después de que la Valedora enviase un escrito reprendiendo a la administración gallega por ocultar datos sobre vivienda pública nueva o rehabilitada. Esta opacidad contrasta con la campaña, con anuncios semanales, sobre los avances hacia el objetivo de duplicar en 2028 el parque de pisos públicos en la comunidad. El compromiso, asumido por Rueda en la campaña de las autonómicas de febrero de 2024, es llegar a 8.000, después de años de gestión en los que la materia no recibió apenas atención por parte del Gobierno gallego. Sus datos sobre el periodo anterior -desde 2009, cuando Feijóo llegó a la Xunta- eran globales y no distinguían entre los proyectos que había dejado en marcha el equipo del bipartito de PSOE y BNG y los iniciados después. Tampoco se aclararon las cifras de pisos para emergencia social, pese a, una vez más, los avisos de la Valedora.

La opacidad reina en el Ayuntamiento de Medina del Campo, en Valladolid (20.090 habitantes), que encabeza el alcalde 'popular' Guzmán Gómez en un gobierno de coalición con Vox y Medina Primero. Los contratos menores, que se dan 'a dedo', no se publicitan trimestralmente como obliga la Ley y el Juzgado de Instrucción de Medina tiene abierta una investigación sobre posible obstrucción de la oposición a participar en los Asuntos Públicos.

Los contratos menores han estado meses sin publicarse en el portal de Contratación Pública —de hecho, se han publicado en diciembre los que ha firmado la Alcaldía en todo el año y aún no están los de la Junta de Gobierno— a pesar de que deben publicarse trimestralmente y con la siguiente información: su objeto, duración, el importe de adjudicación y la identidad del adjudicatario.

La semana pasada estos contratos ni siquiera estaban publicados, según pudo comprobar este diario, aunque después se subieron los contratos menores de todo el último año: eso sí, solo las de más de 5.000 euros, que es el mínimo legal para publicarlo en el portal de Contratación Pública. Sin embargo, en la web del Ayuntamiento solo figuran los contratos menores de 2018 a 2022. Antes, a petición de Gana Medina, el Ayuntamiento le envió publicación relativa a los contratos menores, aunque faltaban datos imprescindibles como la cuantía y la empresa adjudicataria.

Este diario se puso en contacto con el alcalde de Medina del Campo, que al saber que el reportaje iba a ser sobre transparencia, remitió a esta periodista al portavoz del equipo municipal y también concejal de Hacienda, Luis Carlos Salcedo, del Partido Popular. Salcedo justifica esta desactualización por falta de personal. “Entre finales del pasado mandato o al principio de este se jubiló uno de los dos informáticos y no se ha incorporado otro hasta hace seis meses; pero tenemos casi 200 trabajadores con equipos informáticos y llegan hasta donde llegan”, apunta en declaraciones a elDiario.es. Salcedo asegura que se están “poniendo al día”. Salcedo lamenta que también han estado durante un tiempo sin secretario, vicesecretario, interventor ni viceinterventor y considera que han sido plazas “difíciles” de cubrir y que han conseguido por el “arraigo familiar” de los trabajadores públicos que ahora ocupan esos puestos.

Escasa transparencia

El Portal de Transparencia tiene varias carencias, como la relativa a las declaraciones de bienes de los concejales y los sueldos públicos: la información relativa a las retribuciones e indemnizaciones de los cargos municipales llega hasta marzo de 2020, cuando había hasta otro equipo de gobierno. De hecho, el Grupo Socialista pidió en octubre de 2023 conocer esta información relativa a 2022 y 2023. “Se nos dejó de comunicar esta información en las comisiones pertinentes, obstaculizando visiblemente nuestra labor como oposición”, lamentaba entonces el grupo político, según el escrito, al que ha tenido acceso este diario.

Además, ni siquiera el listado de concejales está actualizado: todavía figuran dos ediles que dimitieron en agosto de 2024. Las declaraciones de bienes del alcalde y todos los concejales —salvo uno— datan de 2019, no han sido actualizadas con el nuevo mandato que arrancó en julio de 2022 según los metadatos de los archivos publicados. La excepción —y aun así, es del anterior mandato— es el portavoz del Grupo Socialista, puesto que su información personal fue actualizada en 2020. Desde entonces, no ha habido ninguna actualización en las declaraciones de bienes de los concejales de Medina del Campo, aunque la oposición asegura que han remitido las nuevas declaraciones al Consistorio, como es obligatorio. De hecho, de algunos concejales —de varios signos políticos— solo figura información tributaria relativa a la base imponible general del IRPF de 2018.

Además, al pinchar sobre apartados como 'contratación' o, el portal manda a una web que dice: “Sentimos las molestias. No hemos podido encontrar la página que está buscando”. Los convenios solo figuran hasta 2022 a pesar de que se han firmado otros convenios.

Obstrucción de los concejales

En febrero de 2023 la oposición —PSOE y Gana Medina— registró un escrito en Fiscalía contra el regidor medinense (PP) y la segunda teniente de alcalde, Olga Mohíno (Medina Primero), por obstrucción de su trabajo público. Un caso que aún sigue en el Juzgado de Instrucción de Medina. El juez responsable acordó incoar diligencias previas en noviembre de 2023 y pidió documentación a todas las partes.

El Ayuntamiento de Medina del Campo tiene tres tenientes de alcalde: uno del PP, otro de Medina Primero y un tercero de Vox. De hecho, el alcalde 'popular' cuenta con trece concejalías delegadas, una más de la que tiene la capital vallisoletana (PP-Vox) y cuatro más de las que tiene otra ciudad que gobierna el Partido Popular —ahora en minoría—, Burgos.

La oposición ha pedido información relativa al presupuesto de las fiestas patronales, los encierros taurinos, expedientes urbanísticos, facturas protocolarias y en publicidad institucional y contratos, entre otros datos. Desde la agrupación socialista y Gana Medina aseguran que estuvieron varios meses sin siquiera poder acceder a las entradas del registro municipal, lo cual dificulta su trabajo de oposición. “Es como darse cabezazos contra la pared”, lamenta María Jesús Vázquez, de Gana Medina. “Ha sido entrar Guzmán Gómez en la Alcaldía y los funcionarios dicen que están presionados”, remata el portavoz del Grupo Socialista de Medina del Campo, Luis Manuel Pascual.

Peguntado por esta cuestión, el portavoz del equipo municipal reduce las reclamaciones a un “argumento político”. “Piden varias veces lo mismo cuando se les ha respondido. En cada pleno hablan de un supuesto oscurantismo cuando en las comisiones no preguntan nada. Yo he estado en la oposición y he utilizado ese argumento político. Ninguno de ellos se dedica a ello ni es especialmente trabajador, no sé a qué se refieren en concreto”, protesta Salcedo, que pide a la oposición “un poco de esfuerzo”.

Entidad no colaboradora

El Comisionado de Transparencia también le ha criticado su falta de colaboración. El Ayuntamiento de Medina del Campo ni siquiera le ha contestado al cuestionario de autoevaluación que sirve para comprobar si cuentan con la publicidad activa mínima, según afea esta institución en su Memoria Anual de 2023. Desde el Ayuntamiento aseguran que ahora van “como un avión” y lamentan que los problemas que tienen muchos ayuntamientos para cubrir sus plazas, no solo Medina del Campo. “Somos una Administración grande en cuanto a la Ley, pero la realidad es que somos una administración de pueblo”, lamenta Salcedo.

El Procurador del Común —encabezado por la misma persona, Tomás Quintana— incluyó en 2023 al Ayuntamiento de Medina del Campo como entidad no colaboradora precisamente por incumplir la obligación de informar. También ha sido incluido en el listado de administraciones que no colaboran por no contestar a las resoluciones del defensor del pueblo de Castilla y León en cinco resoluciones de 2019 a 2020.

También le criticó que, en otro proceso, el Ayuntamiento no respondiera siquiera a un escrito del Procurador, que intervino al amparo de un ciudadano que había pedido información sobre el abastecimiento de agua potable. En su resolución, a la que no había respondido el Consistorio, el Procurador del Común insiste en el derecho del ciudadano de participación pública y la obligación de las Administraciones de responder a las solicitudes: “La solicitud presentada lleva más de un año sin haber obtenido respuesta. Como conoce, los principios de celeridad y eficacia deben presidir la actuación de toda Administración pública, y son aplicables como rectores de su actividad”, afea.

En otra ocasión, un ciudadano interpeló por redes sociales al Ayuntamiento para saber dónde se podía consultar el presupuesto de las actividades programadas para las fiestas. La respuesta del alcalde fue, en ese mismo hilo, burlándose de las quejas de otro ciudadano: “Quizás te creas más listo que el resto de la población y como no tienes mucho que hacer, te encargas de estas cositas. A ver si para otra vez hay más aportaciones y menos exigencias”.

El Gobierno de Imanol Pradales también promete dotar a Euskadi de una ley de Transparencia. Así lo hizo el Ejecutivo de Iñigo Urkullu en 2012, en 2016 y en 2020, pero nunca terminó de completar la tramitación, de modo que la vasca es la única comunidad autónoma sin una norma de ese tipo en 2024. La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, ha incluido esta ley entre sus propuestas para la nueva legislatura.

Todos los integrantes del equipo de Pradales están pasando uno por uno en el Parlamento Vasco para exponer las líneas maestras de su programa y este martes le ha tocado el turno a la también portavoz. Ha estado acompañada por sus viceconsejeros, Xabier Ochandiano, Sabino Torre, Maite Barruetabeña y Agustín Zubillaga. De la cartera de Ubarretxenea cuelgan organismos como el IVAP, Ejie (la sociedad informática), la Agencia de Protección de Datos o la Comisión de Ética, entre otros.

Ubarretxena ha incluido la ley de Transparencia entre los “compromisos legislativos” de cara a 2028. La consejera ha apelado a una Administración “más abierta, más inteligente y más transparente”. En el caso concreto de esta norma, ha mencionado la necesidad de fomentar la “participación” ciudadana y el acceso a información. Hasta ahora, eran de aplicación las normativas generales estatales o europeas. No ha ofrecido muchos más detalles en su comparecencia. Tampoco plazos, aunque ha apelado a iniciar el debate “en el menor tiempo posible” y tomando como base los borradores anteriores.

El propio socio del PNV, el PSE-EE, ha alertado de la carencia vasca en este ámbito. En su debut parlamentario, Pau Blasi ha recordado el dato de que Euskadi es la única comunidad sin ley de Transparencia “junto con Ceuta y Melilla”, las ciudades autónomas. “Hace falta un nuevo impulso modernizador”, ha pedido Blasi. Y también lo ha mencionado la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, que entiende que no ha habido un problema de tiempo o de mayorías sino de falta de “voluntad” del PNV. “Somos la excepción ibérica”, ha ironizado Nerea Kortajarena. La consejera ha respondido con argumentos idénticos a los del Ejecutivo anterior: “Aunque no tengamos una ley, estamos haciendo ya muchísimas cosas, mucho más que aquellas comunidades que ya disponen de una ley de Transparencia”.

Fricciones por el “nuevo estatus”

La consejera se ha referido también al capítulo de autogobierno. Ha repetido la máxima del PNV de que a más autonomía mayor es también el bienestar de la ciudadanía vasca. Ha mencionado, por un lado, a la “defensa” de las competencias propias. De su cartera dependen los servicios jurídicos, es decir, quienes batallan en el Tribunal Constitucional y otras instancias. Se denunciará “cualquier actuación que obstaculice o reduzca las políticas públicas aprobadas en el Parlamento Vasco o en el Gobierno vasco”, ha garantizado en euskera.

Además, ha instado al Estado a “culminar” los traspasos pendientes desde 1979. Ha cuantificado en 29 las materias pendientes de transferir. Confía en que para diciembre está resuelta la transferencia de la gestión del litoral, que permitirá gestionar desde Euskadi permisos sobre playas o pantalanes, por ejemplo.También ve muy “avanzadas” otras áreas como las autorizaciones iniciales de trabajo de personas extranjeras, Salvamento Marítimo, Meteorología, el fondo de protección del cine y el Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (ubicado en Barakaldo). El acuerdo entre el PNV y el Gobierno de Pedro Sánchez es que el proceso se complete de cara a 2025.

Sin esperar a las preguntas de la oposición, ha indicado que ya está “activada” la transferencia de la materia más relevante de las pendientes, la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a otras comunidades. Y también aspira a un acuerdo sobre los aeropuertos y puertos de interés general, que son competencia exclusiva del Estado según la Constitución. El Gobierno vasco ya gestiona los puertos más pequeños, como el de Donostia, y propone a los responsables de los grandes, los estatales de Bilbao y Pasaia. En el caso de los aeródromos, en Catalunya se creó un organismo autonómico pero solamente gestiona pistas más pequeñas, ya que El Prat continúa en manos de Aena. “Hablamos de unas infraestructuras y servicios en los que la implicación de Euskadi supondrá un salto cualitativo directo de las aspiraciones de nuestro país, de su industria y de su ciudadanía”, ha explicado Ubarretxena.

“Tenemos mucho trabajo por delante pero también firmeza y voluntad política para conseguir que Euskadi vea cumplido el Estatuto de Gernika”, ha agregado. Ha apelado también a la reforma del Estatuto, al que se ha referido como “nuevo estatus”. El PSE-EE, esta vez por boca de Ekain Rico, uno de sus más relevantes dirigentes, ha puntualizado que hay que “evitar equívocos” y que no se puede hablar de “nuevo estatus” sino de “nuevo Estatuto”. “Los socialistas estamos abiertos a grandes pactos pero no vale apostar por unas mayorías en las instituciones y otras para transitar por otro camino”, ha dicho Rico, recordando que en el anterior intento el PNV optó inicialmente por explorar una reforma de corte soberanista de la mano de EH Bildu que no llegó a puerto. Rico ha avisado de que el PSE-EE no aceptará “reformas constitucionales encubiertas” en esta ocasión.

“El debate tiene que ser sobre un estatus político”, ha terciado la coalición abertzale por boca de su portavoz, Nerea Kortajarena, que lleva tiempo demandando que se rescate aquel acuerdo con el PNV, que data de 2018. Por si había dudas, Kortajarena ha repetido el mensaje en castellano y en euskera. El PP, por el contrario, interpreta que la ciudadanía no demanda un “nuevo estatus” y que un proceso soberanista solamente serviría para suscitar “división” en la sociedad. En el turno de réplicas, Ubarretxena ha empleado como sinónimos “nuevo estatus” y “nuevo Estatuto”.

La derecha señala el incremento de cargos

La 'popular' Laura Garrido ha denunciado también que el nuevo Ejecutivo “no es un ejemplo de austeridad” precisamente por haber incrementado de doce a dieciséis el número de carteras. Asimismo, se ha preguntado en euskera si se van a rebajar los requisitos lingüísticos para acceder a puestos de funcionario en la Administración vasca. Desde Vox, Amaia Martínez Grisaleña ha ido en la misma línea y ha hablado del Gobierno con “más políticos de la historia”. Hay “más altos cargos, más asesores, más coches oficiales y más gastos de representación”, según la ultraderecha. También ha demandado una “Comisión de Ética fiable, ajena a cualquier vínculo político”.

Ubarretxena, en su respuesta, no ha aportado cifras y ha tirado de argumentario: “El lehendakari lo dijo claramente. Como sociedad tenemos nuevos retos y para hacerles frente mejor hacía falta una mayor especialización. De ahí esa reorganización. En vez de macrodepartamentos, se ha ido a quince [departamentos] para atender mejor el reto demográfico, la vivienda o las universidades. Es una estructura para responder mejor a los retos de la ciudadanía”.

La pasada primavera, la herramienta de consulta de expedientes urbanísticos (Conex) puesta en marcha por el Ayuntamiento de Madrid en 2020 dejó de funcionar en su parte más importante: la descarga de todas las licencias y resoluciones emitidas por el consistorio, unos documentos muy utilizados por vecinos, profesionales y asociaciones para poder conocer qué está pasando a nivel urbanístico en un determinado edificio.

El cierre se producía poco después de que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, hubiera denunciado al Ayuntamiento de Madrid por la filtración de datos sobre las obras ilegales en su piso de Chamberí, de la que aún no se conoce su resolución. La existencia de sus documentos en Conex fue clave a la hora de conocer que había efectuado estos trabajos sin permiso del consistorio, por lo que después tuvo que iniciar un proceso de legalización, que previsiblemente acabará en el abono de una multa por saltarse la normativa.

Meses después de estos hechos, la herramienta de transparencia urbanística sigue sin permitir la descarga de documentos. El área de Vicealcaldía, responsable de su funcionamiento a través de la Agencia de Actividades, asegura que se reabrirá “tan pronto como sea posible” pero no da una fecha concreta. Además, explica que impide descargar los documentos después de un informe de la Oficina de Protección de Datos del propio Ayuntamiento de Madrid.

El informe, que no ha sido hecho público, asegura que Conex contiene alguna información “que no cumple con la normativa de protección de datos (…) y que constituye un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas”, indica el Ayuntamiento. Por ello recomendaba “proceder a eliminar de Conex todos los documentos y planos que contengan datos personales” o “en el caso de mantener esa documentación, realizar la anonimación de esta, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas”.

Las mismas fuentes municipales explican que la Agencia de Actividades está manteniendo reuniones con el Organismo Autónomo de Informática del Ayuntamiento de Madrid para ir anonimizando los datos contenidos en Conex y así no mostrar datos personales protegidos. “La aplicación se abrirá tan pronto como sea posible”, añaden desde el consistorio.

El veto a la descarga de los documentos en Conex forma parte de la desaparición de algunos datos que antes se encontraban abiertos, como también cifras sobre movilidad en los buses de la Empresa Municipal de Transportes o en el número de viajes y bicicletas disponibles de Bicimad. También ha desaparecido la página web que catalogaba todos los árboles callejeros de la capital.

Patricia Argerey Vilar fue la directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) entre diciembre de 2016 y abril de 2024. A principios de julio trascendió que había fichado por Cipherbit, una empresa especializada en ciberseguridad integrada en el grupo Oesía. Solo cuatro días antes de que se formalizase su cese, la ex alto cargo había firmado una licitación en la que la adjudicataria es otra empresa del grupo Oesía, Tecnobit. No lo es en solitario, sino a través de una UTE (unión temporal de empresas) en la que participa también Aertec. El importe de la adjudicación son 21,6 millones de euros repartidos en cinco anualidades. El objetivo, que estas empresas actúen como socio estratégico de la Xunta en una iniciativa para desarrollar vehículos no tripulados.

La de Argerey fue una de las salidas de altos cargos anunciada con la formación del nuevo gobierno encabezado por Alfonso Rueda tras la mayoría absoluta de febrero de este año. La reorganización de competencias entre departamentos de la Xunta cambió la Axencia de Innovación incluso de consellería: pasó de depender de la de Economía a la de Educación. El decreto que comunica el cese de Argerey está fechado el 22 de abril –y publicado dos días después en el Diario Oficial de Galicia–. La adjudicación a la UTE de Tecnobit y Aertec está firmada por la ex alto cargo el día 18.

Y dos meses después, el 17 de junio, figura la autorización de la Consellería de Facenda, para que la que fue directora de la GAIN pase a la empresa privada. En concreto, para que ocupe el puesto de responsable del área de estrategia del departamento de desarrollo corporativo en Cipherbit. Una portavoz del grupo Oesía confirma en conversación con elDiario.es la contratación y expone que se debe a que el de Argerey es un perfil “muy valioso” en una empresa con “un alto componente de innovación”: “Por las circunstancias de la compañía, de alta tecnología, un aspecto crítico es el talento y, si encontramos un perfil que es bueno en este sentido, lo incorporamos”.

Los límites de esta autorización, según hace constar la propia Consellería, son los artículos 45 y 46 de la ley de transparencia y buen gobierno de Galicia. Es decir, los que especifican que los altos cargos no pueden tener fondos en paraísos fiscales en los dos años siguientes a su cese y que, durante ese mismo periodo de tiempo, tienen también vetado incorporarse como trabajadores a entidades privadas si han tomado decisiones sobre las mismas estando en el cargo.

La Consellería de Facenda es la encargada de revisar si el paso de un ex alto cargo a la empresa privada respeta la normativa por ser la que tiene competencias en función pública. En respuesta a las preguntas remitidas por esta redacción, se limita a señalar que le concedió la compatibilidad a Argerey porque considera que cumple específicamente el artículo 45.1 de la ley, aunque no aclara los motivos por los que llega a esta conclusión. Esa disposición dice que, en los dos años posteriores a salir de la Xunta, los altos cargos “no podrán realizar actividades ni prestar servicios en entidades privadas relacionadas con expedientes sobre los cuales hubiesen dictado resolución en el ejercicio del cargo”. Es decir, el Gobierno gallego interpreta que el fichaje por una empresa del mismo grupo que Tecnobit respeta esta disposición.

La norma permite una excepción a la prohibición: las personas que se reincorporan a entidades privadas en las que ya habían trabajado antes de ocupar un alto cargo. No es el caso de Argerey, que es economista y que estuvo vinculada en el inicio de su carrera a las universidades CEU San Pablo y Complutense. En 2009 pasó a ser asesora de Alberto Núñez Feijóo, que había ganado ese año sus primeras elecciones en Galicia. En 2013 fue nombrada jefa de gabinete del conselleiro de Economía, que por aquel entonces era Francisco Conde. En ese cargo permaneció hasta que en 2016 asumió la dirección de la GAIN.

La adjudicación

Todo el proceso comienza en agosto de 2021. Ahí se abre la licitación para que la Xunta elija a sus socios estratégicos para desarrollar sistemas y vehículos no tripulados. Lo hace mediante acuerdos de asociación para desarrollos precomerciales. El contexto es el Polo Aeroespacial de Rozas (en Lugo), promovido por la Xunta y en el que ya se pusieron en marcha con anterioridad tres programas de innovación con las empresas Indra, Babcock y Boeing. Con los nuevos acuerdos, el Gobierno gallego se fijaba como objetivo atraer a más compañías del sector aeroespacial a este polo y crear nuevos productos y servicios. En total, eran 40 millones de euros que se podían repartir entre varias empresas. Un año después, en 2022, el Gobierno gallego amplió la cantidad hasta 49,9 millones.

Al proceso se presentaron una decena de interesados. Y la Xunta, a través del modelo de diálogo competitivo, terminó por adjudicar, en noviembre de 2022, el contrato a tres de ellos: Telespazio Iberica (8,9 millones), Babcock (12,3 millones) y Airbus (28,7 millones). Tecnobit no estaba en la lista inicialmente, pero hubo un cambio posterior. Según consta en la documentación publicada por la Xunta, la mesa de contratación se reunió en enero de 2024 porque un mes antes se había autorizado una modificación del contrato con Airbus. Se recortaban algunos de los proyectos “a consecuencia de la situación geopolítica actual” y, por lo tanto, pedía menos fondos públicos para llevarlos adelante. Ese dinero que quedaba sin destino con este cambio abría la posibilidad de recurrir a la empresa que había quedado en el siguiente lugar en la valoración. Esa era la UTE de Tecnobit y Aertec, a la que se concedieron 21,6 millones tres meses después con la firma de Argerey en sus últimos días al frente de la Axencia de Innovación.