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La Xunta ocultó más de dos años la declaración de bienes de la mano derecha de Feijóo

Alberto Núñez Feijóo llega acompañado de Mar Sánchez a la sede nacional del PP para presentar en 2022 su candidatura a presidir el PP

Antonio M. Vélez / Gonzalo Cortizo

22 de octubre de 2024 22:27 h

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La Xunta de Galicia ha ocultado desde hace más de dos años la declaración de bienes de Mar Sánchez Sierra, mano derecha del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que acumula un patrimonio millonario en inmuebles que tiene a su nombre o a través de empresas heredadas de su familia.

El Gobierno de Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo, no ha publicado en su web esa declaración desde que en mayo de 2022 Sánchez cesó a petición propia como secretaria xeral de Medios de la Xunta para acompañar en Madrid a Feijóo tras su nombramiento como presidente del PP.

La actual diputada y máxima responsable de comunicación del PP a nivel estatal es la asesora de mayor confianza del actual líder del PP. Ha acompañado a Feijóo prácticamente toda su carrera política. En el portal de Transparencia de la Xunta no está disponible la declaración que debió presentar tras su cese en 2022.

En cumplimiento con la Ley de Transparencia estatal, la normativa de la Xunta obliga a todos sus altos cargos a presentar la correspondiente declaración patrimonial en el plazo de tres meses desde el nombramiento y el cese ante el Registro de Bienes Patrimoniales y la Oficina gallega de Incompatibilidades y Buenas Prácticas. Estas declaraciones deben publicarse en el Diario Oficial de Galicia. En la web de Transparencia de la Xunta pueden consultarse unas 300 declaraciones de este tipo, pero no la de Mar Sánchez, porque nunca se ha publicado, reconocen fuentes del Gobierno gallego.

Esas fuentes aseguran que la hoy diputada nacional presentó esa declaración “en tiempo y forma” y que poseen documentación que lo acredita. Sánchez dice no recordar cuándo la entregó. Esta redacción ha pedido en vano a la Xunta acceso a esos comprobantes para verificar en qué fecha lo hizo.

La legislación gallega califica de “falta muy grave” no presentar esos documentos al abandonar un alto cargo, bajo amenaza de medidas como la destitución de cargo público y multas. El impulso de tales castigos corresponde a la propia Xunta. Lejos de hacerlo, la administración gallega asume la culpa y da a entender que los papeles de la mano derecha de Feijóo llegaron a tiempo, pero se traspapelaron antes de llegar al Diario Oficial de Galicia, donde nunca se publicaron.

El cese de Sánchez como alto cargo de la Xunta se hizo efectivo el 5 de mayo de 2022. Más de un año después, tras recoger su acta de diputada en el Congreso el 23 de julio de 2023, presentó ante la Cámara Baja la declaración de bienes que tienen que entregar todos los parlamentarios nacionales, con un modelo mucho menos exigente que el que suelen fijar los organismos de prevención de conflictos de interés de ámbito estatal o autonómico. Esa declaración se publicó el 15 de septiembre de 2023 en el boletín oficial del Congreso.

Con ese trámite ante una Administración distinta y con unas exigencias mucho más laxas que para sus altos cargos, la Xunta interpretó que ya se había dado publicidad al patrimonio de su ex secretaria general de Medios tras cesar en su puesto en el Gobierno gallego. Y por eso decidió no publicar esa información, explican desde el Ejecutivo de Alfonso Rueda. 

La Xunta ha facilitado a elDiario.es un documento con la información sobre los bienes de Sánchez que debió publicar su Diario Oficial. Según ese documento, que no tiene fecha, tras su cese la hoy diputada declaraba activos de 1.747.150,02 euros: bienes inmuebles con un valor catastral [inferior al de mercado] de 458.650,02 euros y “otros bienes” por valor de 1.288.500 euros. En su pasivo (créditos, préstamos, deudas…) consignaba 18.186,36 euros.

En el verano de 2023, Sierra declaró en el Congreso acciones de la inmobiliaria familiar Inpronosa Inversiones, SL, que preside desde el año pasado, con un valor contable (que no tiene por qué corresponder al real) de 756.715,12 euros; y una participación en otra inmobiliaria familiar, Fincela SL, a la que asignaba un valor de 141.600 euros. También daba cuenta de acciones “depositidas” [sic] a fecha 2 de agosto de 2023 por otros 195.005,79 euros. 

En total, 1.093.320,91 euros en títulos. “No oculto nada de lo que tengo que hacer público”, indica en conversación telefónica la diputada, que rechaza detallar esas participaciones. A esa cifra se suman otros 198.185,34 euros en concepto de plan de pensiones, fondos de inversión y cuentas corrientes, y 78.461,57 euros procedentes de la herencia yacente de su madre, fallecida en febrero de 2022.

Un piso no declarado

El documento disponible en la web del Congreso recoge la propiedad de un Volkswagen Golf adquirido en enero de 2008, cero deudas y un importante patrimonio inmobiliario. Pero omite un piso de 153 metros cuadrados en el centro de A Coruña que Mar Sánchez tiene a su nombre desde este año. La escritura se formalizó el 15 de marzo. Sobre la finca pesa una hipoteca de 300.000 euros, según el Registro de la Propiedad. Pisos de esas dimensiones en esa zona se venden en idealista por 350.000 euros. Los diputados están obligados a actualizar los cambios en su situación patrimonial, pero no existe un plazo definido o una fecha límite para hacerlo.

A ese inmueble en A Coruña Sánchez Sierra suma a una cartera de pisos, locales, solares, oficinas y naves industriales fruto de un “pacto sucesorio de mejora” suscrito el 30 de diciembre de 2020 para repartir la herencia familiar con sus tres hermanos cuando sus padres todavía vivían (ambos fallecieron en 2022). En Galicia, esta herramienta legal permite a una persona transmitir bienes o derechos a sus descendientes, como hijos o nietos, incluso conservando el usufructo, como suele ocurrir con las viviendas.

Fruto de ese pacto, Sánchez declaró en el Congreso en 2023 ser dueña de, entre otros activos, el 25% de dos fincas urbanas y otra rústica en Cambre (A Coruña), sin especificar su superficie. Se trata de terrenos en ese municipio y en Oleiros, muy cerca de la capital coruñesa, a nombre de la empresa Fincela SL, de la que Sánchez es accionista junto a sus hermanos. Según el Registro de la Propiedad, Fincela tiene 13.258 metros cuadrados en torno a las conocidas como casas Bailly, dos mansiones en ruinas sobre unos terrenos de gran potencial urbanístico cuya recalificación avaló la Xunta de Feijóo en mayo de 2021, en un proceso que decidió recurrir ante el Tribunal Supremo el alcalde de Oleiros, que lo ha calificado de “pelotazo”.

Las tres fincas se escrituraron a nombre de Fincela por título de adjudicación en pago de deuda el 31 de agosto de 2012. Fue el día después de que esas dos mansiones de estilo modernista, que están en la denominada lista roja de patrimonio histórico, sufrieran el último de los incendios que las dejó en su actual estado de ruina.

Fruto de ese pacto sucesorio, Sánchez declaró también en el Congreso un piso de 64 metros cuadrados y un local comercial de 323 m² en A Coruña, adquiridos el penúltimo día de 2020 mediante una comunidad de bienes. Y, a nombre de sociedades en las que es accionista, el 25% de una cartera de treinta inmuebles: en A Coruña, sendas oficinas de 64 m², una nave industrial con 1.165,5 m²; dos pisos de 81,4 y 63,77 m², cinco plazas de garaje y dos locales comerciales de 115 y 113 m²; en Cambre (A Coruña), los terrenos ya citados y tres naves industriales con 1.405 m²; y diversos inmuebles en Miño y Laracha (A Coruña) y en Cacabelos (León).

La declaración incluyó también una vivienda, un garaje y dos trasteros en Madrid que, según indica, Sánchez compró en noviembre de 2000, cuando Feijóo presidía Correos y ella era directora de Comunicación en esta empresa pública; y una vivienda con garaje y trastero en Santiago de Compostela que adquirió en 2003, cuando regresó a Galicia.

Sánchez declaró en el Congreso 60.319,49 euros de ingresos en 2022 procedentes de su sueldo como responsable del área de Proyección e Imagen del PP, de su retribución en la Xunta en los meses en los que todavía fue alto cargo, y en concepto de dietas de dos empresas públicas gallegas en las que era consejera, además de dividendos y otros ingresos.

En una declaración de bienes que presentó en la Xunta el 20 de febrero de 2017, ya como secretaria general de Medios, la hoy diputada no comunicó participación en ninguna empresa. La inmobiliaria que preside desde el año pasado, un cargo “sin remunerar”, no tiene “ningún tipo de relación con la Administración Pública”, especifica el documento disponible en la web del Congreso.

Domiciliada en A Coruña, Inpronosa Inversiones se constituyó en febrero de 2004. En 2012 llegó a anotarse más de un millón de beneficios. Desde entonces ha presentado cifras muy discretas de actividad. En 2023 facturó 110.190 euros y tenía algo más de 3 millones en activos. 1,9 millones eran inversiones inmobiliarias, según sus últimas cuentas, accesibles a través de Insight View.

Sánchez preside esta empresa desde abril de 2023 en sustitución de su padre, fallecido en diciembre de 2022 a los 95 años. Como secretario y consejero delegado ejerce su hermano, Norberto Sánchez, que a su vez preside Fincela, constituida en 1996. Esta última cerró 2023 con 2,2 millones en activos y cero euros de facturación.

La diputada es nieta de Norberto Sánchez Méndez-Bálgoma, empresario con negocios de importación de carbón o vino en la posguerra que amasó un importante patrimonio inmobiliario en la dictadura y ocupó cargos en la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer, institución cuyo papel como instrumento de adoctrinamiento moral del Franquismo está ampliamente documentado.

La carrera política de Feijóo no se podría entender sin Mar Sánchez. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra y siempre al mando de su estrategia comunicativa, la periodista de 55 años acompañó a Feijóo cuando entró a dirigir Correos, en el año 2000, y en su salto a la Xunta, cuando se integró en el equipo de gobierno de Manuel Fraga.

Ya con Feijóo al frente de la Xunta, en 2009, fue la directora xeral de Comunicación. En 2013 fue nombrada secretaria xeral de Medios, con las competencias sobre los fondos que se distribuyen entre la prensa y las de supervisión de la Corporación Radio y Televisión de Galicia. Durante años una plataforma de trabajadores protestó allí cada viernes por la “manipulación informativa” en el ente público gallego.

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