La fábrica de másteres del PP de Alicante debe más de un millón de euros a la Generalitat Valenciana
El escándalo del máster falsificado de Cristina Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid ha puesto el foco sobre los títulos que los políticos incluyen en sus currículos y sobre las condiciones en que los cursan, en el caso de que realmente lleguen a hacerlo. Si hubiese que organizar una clasificación de los másteres preferidos por los cargos públicos del PP en la Comunitat Valenciana, los del IESE Business School de la Universidad de Navarra serían, seguramente, los preferidos.
Sin embargo, a escala más local llaman la atención otras preferencias. Entre cargos, asesores y dirigentes del PP en Alicante, por ejemplo, son comunes los títulos obtenidos en Fundesem Business School, una antigua escuela profesional reconvertida en escuela de negocios del empresariado alicantino que actualmente está asediada por las deudas, ha tenido que recurrir a una colecta entre empresarios para pagar nóminas atrasadas del profesorado y debe a la Generalitat Valenciana más de un millón de euros, lo que puede abocarla al concurso de acreedores.
La deuda de Fundesem con el Instituto Valenciano de Competividad Empresarial (Ivace) se debe al impago del alquiler anual de 150.000 euros por el edificio que la escuela ocupa en Alicante. El magnífico inmueble fue construido a propósito, en la época de los gobiernos del PP en la Generalitat, para alquilarlo a Fundesem por el Impiva (Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana), organismo predecesor del actual Ivace.
Cuatro de los 15 diputados provinciales del PP, además de funcionarios de apoyo o asesores del grupo popular y hasta un diputado de las Corts Valencianes, así como concejales del Ayuntamiento de Alicante, exhiben en sus currículos cursos y másters de Fundesem o han participado en alguno de sus programas que recibe subvenciones de la Diputación.
De los cuatro diputados provinciales del PP con títulos de Fundesem, al menos dos publicaron en sus currículos que contaban con un máster en Dirección y Gestión de Administraciones Públicas para el que no tenían nivel académico suficiente al no ser licenciados ni graduados. Se trata de Javier Sendra, diputado de Medio Ambiente, que rebajó a “curso” el título en plena polémica sobre Cifuentes, y de Alejandro Morant, responsable de Hacienda y Contratación, que cursa además un MBA Executive también en Fundesem.
Los otros dos diputados provinciales del PP son Carlos Castillo, con un máster en Dirección y Gestión de Administraciones Públicas, y Francisco Manuel Sáez, con un curso de Alta Dirección Empresarial, ambos en Fundesem.
Entre el personal de los populares en la Diputación Provincial de Alicante hay otros currículos con títulos similares. Así, el director del área de Presidencia, Juan Bautista Roselló, y el funcionario de apoyo y asesor José Vicente Marcó cuentan también con el curso de Dirección y Gestión de Administraciones Públicas. El último añade que está realizando, también en Fundesem, un curso de Social Media Management en las Agencias de Desarrollo Local.
Los cursos llegan hasta las Corts Valencianes, donde el diputado alicantino José Juan Zaplana, que es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, reseña en su currículo el hecho de que es “titulado por la escuela de Negocios Fundesem en 2008”.
Actualmente, Fundesem recibe subvenciones de la institución en la que ejercen el gobierno los populares. El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Calp, César Sánchez, ha subvencionado en 2017 y este año 2018, con 50.000 euros en cada ejercicio, a la fundación para la realización de un Programa de Liderazgo Público que la entidad ofreció por carta a todos los diputados en la que les comunicaba que, aunque el coste de la matrícula es de 3.450 euros, “se ha creado un programa de becas apoyado por la Diputación Provincial de Alicante que permite reducir este importe a 950 euros para el alumno”.
En la clausura de la primera edición del programa, en junio de 2017, se fotografiaron como participantes en ese programa el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, los concejales de ese partido María Dolores Padilla e Israel Cortés y el exconcejal Antonio Ardid. También lo hizo el alcalde de Xàbia y portavoz socialista en la Corporación provincial, José Chulvi.
En su calidad de presidente de la Diputación, César Sánchez, que es también secretario ejecutivo del área de Formación en la dirección nacional del PP, aseguró en ese acto de clausura que la institución seguiría colaborando con ese programa. “Es nuestra responsabilidad construir una provincia mejor”, sentenció.
Fundesem está al borde de la quiebra. Una situación que llevó a la dimisión de su decano, José Santacruz, el pasado diciembre y que le impidió pagar los salarios a sus profesores en 2017. Solo hace unos meses, gracias a una colecta entre una cuarentena de empresarios, logró reunir 200.000 euros para abonar nóminas pendientes del profesorado.
Uno de sus principales lastres económicos es la deuda por el alquiler de sus sede con el Ivace, que aumenta cada mes. La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo abrió un plazo, antes de que la vía judicial se ponga en marcha el próximo mes de septiembre, para negociar una refinanciación de esa deuda, que ya supera un millón de euros. En caso contrario, se iniciará el proceso judicial para cobrar que podría llevar al desahucio y que obligaría a su vez a Fundesem a declarar el concurso de acreedores, como ya le ocurrió a la patronal alicantina Coepa, por sus deudas con la Generalitat Valenciana.
“Hay buena predisposición”, señala a eldiario.es un portavoz del departamento que dirige el conseller Rafael Climent. Pero el hecho es que el Ivace no ha recibido todavía la propuesta de Fundesem. “No es una buena noticia que este año, desde enero, tampoco han pagado ninguna mensualidad”.
