Los vecinos de Benicalap logran que el Ayuntamiento paralice los alojamientos turísticos que reventaron sus zonas comunes

El Ayuntamiento de València ha ordenado la paralización inmediata de las obras “irregulares” que se ejecutan en los bajos del edificio de la calle Carlos Cortina, 5 (esquina con las calles Salvador Cerveró y Encarna Albarracín), en el barrio de Benicalap, correspondientes a la construcción de un apartahotel de 38 habitaciones en los bajos comerciales, según ha informado el propio consistorio.

La medida, adoptada por el Servicio de Licencias tras las inspecciones de la Policía Local y de los técnicos municipales, llega después de comprobar que el promotor estaba ejecutando actuaciones no amparadas por el título habilitante concedido y después de que la comunidad de vecinos presentara un recurso de reposición acreditando diferentes irregularidades. En su recurso, tal y como avanzó elDiario.es, exigían que se paralizaran las obras. De lo contrario, acudirían al juzgado.

La actividad cuenta con licencia ambiental y de obras desde el 28 de mayo. Tras una primera intervención municipal en agosto por el acopio de materiales en la vía pública sin permiso de vallado, una denuncia vecinal alertó el 8 de septiembre de que los trabajos se estaban extendiendo a zonas expresamente excluidas del proyecto autorizado.

Según ha informado el Ayuntamiento, en las inspecciones oculares realizadas en septiembre, la Policía Local y los técnicos municipales constataron sobre el terreno la apertura y ampliación de 25 ventanas entre la planta baja y el entresuelo que recaen directamente sobre el patio y las zonas comunitarias del edificio.

Además, comprobaron que la constructora había abierto nuevos huecos en la fachada exterior de la calle Carlos Cortina y había tapiado por completo una puerta con persiana preexistente en la fachada de la calle Salvador Cerveró, sin disponer de la licencia complementaria necesaria.

El Ayuntamiento abrió un trámite de audiencia de diez días y el pasado 19 de octubre la promotora trató de justificar las obras en la zona excluida adjuntando una solicitud presentada ese mismo día para habilitar cuatro oficinas en el local restante.

Los servicios municipales concluyeron que esa petición confirmaba que las obras ejecutadas en casi 190 metros cuadrados y en las fachadas exteriores se estaban ejecutando sin licencia, por lo que han resuelto paralizarlas de inmediato.

Respecto a los huecos abiertos en la fachada interior que sí caen dentro del perímetro del apartahotel, el Ayuntamiento ha convocado a la promotora a una inspección in situ en un plazo de 15 días junto a los técnicos municipales para verificar cada detalle y decidir si exige adecuarlos o los paraliza. En una reunión con los residentes, el concejal Juan Giner trató de desentenderse de esta cuestión y remitió a los vecinos al juzgado con la excusa de que se trataba de un tema civil.

La promotora Business Decision And Advice SLU es la que ejecuta tanto este proyecto como otros similares en otros dos residenciales cercanos, uno en la calle de Encarna Albarracín, en el que como en la comunidad denunciante se han alterado fachadas en elementos comunes para la apertura de ventanales, y otro en la calle Carlos Cortina número 2.

La mercantil tiene contratados los servicios jurídicos del despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP). La firma tiene otros dos proyectos en marcha en Torrefiel y La Raiosa.

Diálogo vecinal

Fuentes municipales han asegurado que desde el pasado verano, la Delegación de Urbanismo mantiene abierto un canal de comunicación y colaboración con la administración de las comunidades de propietarios en las que se desarrollan estas obras con el objetivo de realizar un seguimiento de su ejecución a raíz de las quejas manifestadas por los vecinos.

En ese marco, la Concejalía de Urbanismo encargó un informe jurídico para valorar si los estatutos de la comunidad de propietarios permitían paralizar las obras a instancia de los vecinos, una vía que finalmente no resultó viable al ser la licencia un acto reglado que la administración no puede revocar de forma arbitraria.

Ha sido la constatación técnica del incumplimiento del promotor respecto a los términos de su licencia lo que ahora ha motivado la orden de paralización de la actividad irregular y la apertura de la vía sancionadora.

La resolución obliga al promotor a retirar en 48 horas el contenedor de obra, los materiales y la maquinaria de la zona afectada, bajo advertencia expresa de incurrir en responsabilidades penales en caso de incumplimiento y con el aviso de que, si no lo hace, el Ayuntamiento los retirará o precintará a costa de la empresa.

Asimismo, el Ayuntamiento ha ordenado comunicar la paralización al Registro de la Propiedad para que conste mediante nota marginal sobre el inmueble, ha trasladado la orden a la Policía Local para que vigile su estricto cumplimiento, ha remitido el expediente al Servicio Central Sancionador por si los hechos son constitutivos de infracción urbanística y ha requerido a la promotora para que, en el plazo de dos meses, regularice o restituya las actuaciones no amparadas por la licencia.