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El Gobierno de Urkullu elige a Maite Basabe como primera persona al frente de la ventanilla anticorrupción

Maite Basabe, en una charla sobre contratación

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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El Gobierno de Iñigo Urkullu ha elegido a Maite Basabe como la primera responsable de la nueva oficina encargada de recibir denuncias de corrupción en la Administración vasca. Se trata de una ventanilla puesta en marcha recientemente a instancias de la normativa estatal y comunitaria después de haberse rechazado en las variadas ocasiones en que la había pedido la oposición.

Basabe, según su propio historial en LinkedIn, es desde 2021 la responsable de Contratación y Presupuestos del Ararteko, la defensoría del pueblo autonómica. Antes, fue alta funcionaria en materia de contratos en el propio Ejecutivo vasco. En concreto, tras una etapa en el área de Formación y Euskaldunización del IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública), fue responsable de contratación en Seguridad de 2004 a 2014 con los consejeros Javier Balza, Rodolfo Ares, Idoia Mendia y Estefanía Beltrán de Heredia y luego de 2014 a 2017 en Educación con Cristina Uriarte. Entre 2017 y 2021, antes de saltar al Ararteko, fue la responsable de la secretaría de la junta asesora de contratación pública de la comunidad autónoma.

“Licenciada en Derecho y diplomada en la especialidad jurídico-económica por la Universidad de Deusto, cuenta con un máster en Dirección de Comercio Internacional y un posgrado en Gestión del Talento y Dirección de las Personas”, según el IVAP. Y se añade: “Ha elaborado diversas circulares, instrucciones, recomendaciones, informes y pliegos de contratación pública, y ha impartido cursos sobre contratación pública y especialmente sobre la figura del responsable del contrato”. Se destaca de ella que ha buscado “la eficacia del dinero público, el enfoque en la correcta ejecución del contrato y la contratación no sólo como cobertura de necesidades sino como estrategia de mejora de la economía y la sociedad”.

En la presentación del nombramiento, el consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha indicado que esta oficina será “un órgano independiente” aunque esté dentro de la estructura de la Administración, en concreto en el área de Gobernanza Pública y Autogobierno. Basabe tendrá rango de directora, es decir, será un alto cargo de nueva creación. Zupiria indica que “contará con su propio equipo para desarrollar las gestiones sobre las que tenga que actuar en el cumplimiento de su cometido”.

El Gobierno de Urkullu aprobó hace seis meses, en junio, como adelantó este periódico, un decreto para establecer un sistema para recibir denuncias de posibles casos de corrupción o irregularidades en la Administración autonómica y para proteger a los denunciantes. Según se explicó, se trata de un decreto que “crea y regula el canal interno de información de infracciones normativas y de protección de las personas informantes” y “supone un fortalecimiento de una cultura de fomento de la colaboración ciudadana en la preservación del interés público”. El “canal externo”, es decir, la posibilidad de recibir denuncias de corrupción desde fuera, se iba a regular con la ley de Transparencia, pero esa ley se ha presentado en un momento tan tardío de la legislatura que no podrá ser aprobada, como ocurrió también en los dos mandatos anteriores de Urkullu.

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