Euskadi pone 650 millones para la contrata de ambulancias de Osakidetza y promete no pagar servicios con retraso

El Gobierno vasco ha reservado 650 millones de euros para costear, entre 2027 y 2031, la mayor contrata privada de la Sanidad pública, la de ambulancias. La licitación busca ordenar el servicio después de años convulsos por la salida abrupta de la anterior adjudicataria en Bizkaia y en Álava, la catalana Grup La Pau, y los contratos temporales firmados para mantener el servicio a finales de 2024 y que siguen vigentes. El Consejo de Gobierno ya había autorizado esta licitación hace unos días.

Según ha explicado este jueves el viceconsejero Aritz Uriarte, se destinarán 373 millones de euros en cuatro años a la red urgente y otros 277 a la no urgente, los servicios programados. El contrato, como siempre, se repartirá en tres lotes, uno por cada provincia. Se adjudicará inicialmente para cuatro años, pero con posibilidad de una prórroga máxima de otros tres. Es “una planificación a largo plazo”, ha destacado el Ejecutivo, que cree que esta externalización “refleja con claridad” la “forma de entender” la Sanidad pública de los actuales responsables de Osakidetza. Actualmente, Ambulancias Gipuzkoa gestiona ambas redes en su territorio de origen y en Álava, mientras que en Bizkaia opera la marca Bizkanb, una UTE de Alsa/Sanir con Baztan-Bidasoa.

Como novedad, el viceconsejero Uriarte ha indicado que los pagos a las contratistas serán mensuales y dependerán del grado de cumplimiento de los horarios. La redacción de los pliegos ha contado con la participación de asociaciones de pacientes, que han denunciado los continuados retrasos en el servicio y, a partir de ahora, según se ha prometido, si se sobrepasan unos tiempos no se abonará ese servicio. “No se trata de pagar por número de traslados, sino por traslados que den valor al paciente”, ha indicado Uriarte, que ha llamado al modelo “sistema de pago por resultados”. “No hablamos sólo de ambulancias. Hablamos de atención, de dignidad y de acompañamiento”, ha apostillado.

Según Uriarte, la elevada cantidad presupuestada -equivalente al presupuesto de todo el Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad o superior al del Departamento de Vivienda, por ejemplo- tiene en cuenta los costes laborales, las “obligaciones de subrogación”, los combustibles y las mejoras precisas en la flota. “Hablamos de un servicio que está presente en alguno de los momentos más difíciles de las personas”, ha argumentado sobre la importancia de esta licitación.

Algunos de los portavoces de las asociaciones de pacientes, presentes en la presentación de esta contrata, se han felicitado por haber podido participar. Una portavoz de Alcer Bizkaia, por ejemplo, ha explicado cómo su tratamiento de diálisis duraba “cuatro horas” y que los desplazamientos “podían durar otras tantas perfectamente”. “He sufrido el tema de las ambulancias”, ha manifestado. El Gobierno confía en tener el concurso resuelto para que las nuevas adjudicatarias empiecen el servicio el 1 de enero de 2027.