El 22 de febrero de 2000, hace ahora 25 años, ETA cometió un “magnicidio” en Vitoria. Asesinó con una furgoneta-bomba en el campus universitario a Fernando Buesa, de 54 años, y a su escolta, el ertzaina de 26 años Jorge Díez Elorza. Dos mujeres resultaron heridas. Buesa era 'de facto' el jefe de la oposición en Euskadi, portavoz socialista en el Parlamento Vasco y secretario general de su partido en Álava. Antes había sido vicelehendakari y consejero de Educación de 1991 a 1995 y diputado general entre 1987 y 1991, entre otros cargos institucionales y orgánicos, muchos de ellos simultáneos. Rechazó propuestas para ser ministro.

Es el historiador Antonio Rivera el que emplea el término “magnicidio”, poco usual en el historial de ETA, por el destinatario principal del atentado y por las consecuencia políticas que acarreó. Remarca que ningún miembro del Gobierno autonómico había sido asesinado desde que fue ejecutado el republicano Alfredo Espinosa en la Guerra Civil. Sin embargo, si el asesinato de Miguel Ángel Blanco en Ermua espoleó un “espíritu” de unidad contra el terrorismo dos años y medio antes, los plúmbeos días que siguieron al de Buesa fueron jornadas de polarización social al haber alcanzado el lehendakari del PNV, Juan José Ibarretxe, un acuerdo político con EH, la marca que entonces empleaba la izquierda abertzale.

Buesa era abogado y, sobre todo, político. Se estrenó en las elecciones de 1977, las primeras tras el final de la dictadura, encabezando un partido democristiano que no obtuvo representación. Esto siempre fue utilizado en su contra por los críticos que tuvo en la federación vasca del PSOE cuando fue escalando de la mano de su gran colega y amigo Javier Rojo. En 1979, Rojo y él entraron al Gobierno de la Diputación de Álava dentro de una coalición con el PNV. Fue su bautismo institucional. Fue concejal, juntero, parlamentario y dirigente del partido, en ocasiones todo al mismo tiempo. No pudo ser alcalde de Vitoria pero en 1987 se convirtió en diputado general de Álava. El libro 'Fernando Buesa, una biografía política', redactado por el propio Rivera y por Eduardo Mateo, desliza que confrontó de una manera abierta con el alcalde de la capital, José Ángel Cuerda, que en aquellos años estaba en EA y luego volvió al PNV, su partido inicial. Cuentan que había que subir el volumen de la música durante sus reuniones para que no se escucharan los gritos. De aquellos años dejó un gran proyecto, la reforma de la antigua plaza del ganado de Zurbano para convertirla en un pabellón de baloncesto, el Araba Arena que, desde 2000, es oficialmente conocido como Fernando Buesa Arena en su memoria.

En 1991 fue el cabeza de entre los consejeros socialistas en la coalición con el PNV bajo la presidencia de José Antonio Ardanza. Era vicelehendakari para las políticas sociales y, específicamente, consejero de Educación. De esta época son las normativas que han estado vigentes hasta hace tan sólo unos meses cuando, en el final del mandato de Iñigo Urkullu, se aprobó la reforma educativa. Su mayor herencia fue el impulso a la publificación de las ikastolas privadas. Euskadi es aún hoy la comunidad autónoma con más peso de la enseñanza concertada y en aquellos años se habilitó una pasarela que algunos de estos colegios en euskera aceptaron. Eso también le granjeó críticas como supuesto enemigo de la lengua vasca.

El “magnicidio” tuvo un contexto. En septiembre de 1998, las fuerzas nacionalistas y el entorno de ETA suscribieron el pacto de Lizarra. Vino acompañado de una tregua. José María Aznar, líder del PP, estaba en La Moncloa. De aquellos años es su apuesta por dialogar con el “movimiento vasco de liberación”, como llamó a la organización armada, y centenares de acercamientos de presos. En 1999, PNV y EA, en minoría en Euskadi tras las elecciones en las que Ibarretxe sucedió a Ardanza, suscribieron un acuerdo de colaboración parlamentaria con Euskal Herritarrok o EH, la reformulación de la época de la antigua HB. En enero de 2000, ETA rompió la tregua y asesinó en Madrid un militar de alta graduación del Ejército de Tierra, Pedro Antonio Blanco. El 18 de febrero, en el que sería su último pleno antes de morir, Buesa afeó al lehendakari que no bastaba con tener “en suspenso” el pacto con EH, que tenía que romper amarras con la izquierda abertzale. Llegó a sugerirle que se sometiera a una cuestión de confianza. En ese debate con Ibarretxe, Buesa avisó: “ETA sigue en el intento de cometer nuevos crímenes terroristas”.

El 22 de febrero

El 22 de febrero era martes. En Vitoria hacía un día oscuro e invernal pero en Donostia era una jornada luminosa. El PSE-EE presentó allí, por la mañana, un manifiesto electoral. El 12 de marzo había generales en España y la campaña era inminente. Buesa fue uno de los participantes, junto con el entonces líder de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros. Llegó tarde y no salió en la fotografía de familia del evento. Allí estaba también Rojo, su 'número dos' en Álava.

“Hacía un día muy bonito. Había gente bañándose en el mar. Íbamos a ir a comer a Getaria pero, casualidades de la vida, me llamó mi abogado, Paulino Corcuera, para preparar un juicio en Bilbao y anulé la comida con Fernando. 'No te preocupes, hay más días', me contestó”, explica el ya retirado dirigente socialista, que en 2004 se convirtió en cuarta autoridad del Estado al ser designado como presidente del Senado. A primera hora de la tarde, ya estaban ambos en Vitoria. A las 17.00 horas había una reunión de campaña del PSE-EE alavés en la sede de la plaza del Arca.

A las 16.30 horas, los inseparables Rojo y Buesa estaban hablando por teléfono. Se escuchó el timbre del portero en medio de la llamada. “Te dejo, que viene Jorge. Nos vemos a las cinco”, le despidió Buesa tras anunciarle la llegada de Díez Elorza, su único guardaespaldas. En una zona de su ruta hacia la sede del partido, un joven había movido un Ford Fiesta con matrícula NA para dejar aparcar una Renault Express con placas falsas VI. Dentro, el 'comando Ituren' había instalado un potente explosivo que habían preparado en un piso franco ubicado en la calle de Federico García Lorca. A las 16.40 horas detonaron la bomba al paso de la pareja. El político murió en el acto y el policía minutos después. Dos transeúntes resultaron heridas. En 2011, en la primera sentencia judicial tras conocerse el cese del terrorismo, la Audiencia Nacional condenó a Francisco Javier García Gaztelu, conocido como 'Txapote', como autor intelectual del atentado. Antes lo habían sido los ejecutores materiales del doble asesinato, Asier Carrera, Luis Mariñelarena y Diego Ugarte.

Rojo escuchó desde su casa la explosicón. “Corrí las cortinas de la sala de estar y todas las palomas volaban. Volví a llamar a Fernando al móvil. No daba señal. Salí de casa inmediatamente con mi hija, Natalia. Se nos verá, porque nos grabó la televisión. Cuando llegamos, la Policía no nos dejaba pasar. Había muchos periodistas. Un ertzaina me agarró y me dijo textualmente: 'Es quien usted cree que es'. Y yo me derrumbé”, rememora su amigo.

¿Por qué había tantos periodistas a los pocos segundos del bombazo? El atentado tuvo lugar en un esquina del campus universitario de la UPV/EHU, junto a la escuela de Ingeniería y dos institutos. A pocos metros está la sede de la Presidencia vasca. A esa hora, en Lehendakaritza, se celebraba la rueda de prensa semanal tras el Consejo de Gobierno. El portavoz de Ibarretxe, Josu Jon Imaz, ahora presidente de Repsol, se vio interrumpido por el estruendo. Una de aquellas periodistas, todavía en activo, recuerda cómo tembló el suelo, cómo salieron corriendo a ver qué pasaba y cómo se encontraron los cuerpos en el suelo y las llamas tras la deflagración. “La época más dolorosa de mi vida profesional”, titula. También recuerda aquella tarde el responsable de la brigada de limpieza que tuvo que intervenir tras el atentado, como en tantas otras ocasiones en aquella época. Recuerda cómo encontraron muy lejos los trozos de un reloj y cómo se lo entregaron a los ertzainas que allí recogían pruebas.

“Iba de camino a la sede cuando llamaron al escolta. Había habido una bomba en el campus. Yo pensé en Txema Portillo... Al cabo de cinco minutos ya me dijeron que era Fernando. Fue directamente a casa de Nati, su mujer”, cuenta Jesús Loza, entonces portavoz del PSE-EE en Vitoria y años después comisionado vasco para la paz y delegado del Gobierno de España en Euskadi. “Fernando no era sólo mi jefe. Era mi amigo”, lamenta. Asegura que se encontró a la familia “en un ambiente de desolación”. “Nati estaba hecha polvo, pero poco a poco se fue serenando. Y nos dijo a los presentes: 'Lo que tenéis que hacer es mantener la memoria de Fernando'. En ese mismo momento surgió la idea de la fundación”, explica. Se refiere a la Fundación Fernando Buesa, que sigue activa en la actualidad y que es junto con Covite una de las más relevantes en lo tocante a víctimas del terrorismo en España.

Uno de los asesores de Loza era Óscar Rodríguez Vaz, que entonces contaba 23 años. “Llevaba cuatro meses trabajando en el Ayuntamiento para Jesús. Teníamos un acuerdo para hacer alcalde a Alfonso Alonso, del PP. Fue una colaboración externa que funcionó muy bien. Dio tranquilidad en momentos muy convulsos”, cuenta. Si el nacionalismo vasco había acumulado fuerzas, en la otra parte del tablero político PP y PSE-EE habían fraguado un acercamiento muy importante e impensable en la actualidad. Rosa Díez era otra de las referencias socialistas, junto con Redondo Terreros. Ambos ya están lejos del partido. En los 'populares' estaban Carlos Iturgaiz y Jaime Mayor Oreja como grandes nombres.

“Sí, vivíamos unión con el PSE-EE a pesar de la tensión electoral en España. Estábamos en campaña y se enfrentaban Aznar y [Joaquín] Almunia”, confirma Alonso, el entonces alcalde, y que más tarde fue ministro de Sanidad con Mariano Rajoy, entre otros cargos. “Salíamos del pacto de Estella [por Lizarra] y la tregua se había roto. Por encima de todo, había humanidad, amistad y cercanía con los socialistas. No éramos lo mismo, pero estábamos unidos”, agrega en una entrevista telefónica.

“Recuerdo aquello como un día de 'shock' y rabia, pero también de futuro”, sigue Rodríguez Vaz, ya alejado de la primera línea del PSE-EE desde hace años. “El 'shock' era, claro, porque que a los cuatro meses maten a tu jefe es acojonante. Pero tras ese estadio de rabia bestial, vimos que esa misma tarde empezó a acercarse gente al partido. Llenaron la sede. Muchos políticos de hoy salieron de aquellos días. Era gente de mi generación. Fue el germen de unas juventudes superfuertes, de igual 45 ó 50 personas activas, que para Álava era muchísimo”.

Las movilizaciones empezaron ya esa misma tarde. Cuerda, el enemigo político de Buesa y ya fuera de la alcaldía de Vitoria, fue uno de los que se puso en primera fila para condenar lo ocurrido. Jóvenes socialistas también acudieron a la zona del campus, escenario habitual de protestas del entorno abertzale, para realizar pintadas y otras acciones de denuncia del crimen. Parte de la indignación empezó también a dirigirse hacia Ibarretxe, aunque esa noche sí hizo lo que le pidió Buesa unos días atrás, romper totalmente con EH.

El miércoles, 23 de febrero, aniversario del golpe de Estado de 1981, el Parlamento Vasco celebró un breve pleno extraordinario para dar lectura a un texto de condena. En el escaño vacío del asesinado se colocaron unas flores rojas. De negro y con gafas oscuras lloraba Isabel Celáa. Había sido su viceconsejera en Educación y también compañera parlamentaria. En 2009 ella misma se convirtió en consejera del ramo y, aunque no tenía el título, era igualmente la vicelehendakari 'de facto' de Patxi López por ser la de más edad en su gabinete. Y luego fue ministra. Ahora, a sus 75 años, es la embajadora de España en la Ciudad del Vaticano y en la Orden de Malta. “Era una figura espléndida. Fue un hombre excelente en todos los sentidos, de profundas convicciones éticas. Era un hombre de razón. Vivíamos un tiempo duro. Era el tiempo de Lizarra, de profundo nacionalismo. Y él siempre mantuvo que la sociedad era plural. La pérdida fue enorme”, relata al otro lado del teléfono desde Roma. Ella no olvida la campaña contra su jefe por la reforma educativa, pero prefiere no entrar en detalles sobre el pasado. En aquella sesión plenaria no participó la representación de EH. Los asignados de esta formación en la comisión de Derechos Humanos eran Arnaldo Otegi, Jone Goirizelaia y Josu Urrutikoetxea, más conocido como 'Ternera'.

Tras el pleno, se abrió al público la capilla ardiente de Buesa. Dirigentes socialistas como un joven Patxi López portaron el féretro hasta el espacio habilitado en el vestíbulo principal. Llevaba encima una bandera roja donde ponía “PSOE” y aparecía el puño y la rosa. Después se le añadió una ikurriña aportada por el presidente de la institución, el nacionalista Juan María Atutxa. Cientos de personas anónimas acudieron a la Cámara. En la actual sala de prensa se colocó un biombo para preservar la intimidad de la familia más cercana, de Nati y de sus tres hijos, Marta, Sara y Carlos. Estuvieron en Vitoria el presidente Aznar, el líder de la oposición Almunia, presidentes autonómicos de Catalunya, Extremadura o Andalucía y otras muchas autoridades. Una guardia rotatoria compuesta por agentes de gala de la Ertzaintza, del cuerpo de Miñones de Álava, de la Policía de Vitoria, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil velaba el cadáver.

El presidente del PNV, Xabier Arzalluz, también acudió. Al llegar, se fundió en un abrazo con Jon Buesa, hermano de Fernando y dirigente del PNV de Álava. Dio la mano al socialista 'Txiki' Benegas. Pero no se saludó con Díez, Rojo o Loza. “Fue algo aterrador. Nos dolió y nos pareció intolerable”, recuerda el tercero. Ese mismo día, por la noche, se celebró el funeral. Se hizo en la catedral nueva de Vitoria, pegada al Parlamento. Rojo le había dicho a Loza que tuviera preparado un cura por si el obispo se negaba a oficiar las exequias, como ocurrió en el pasado con otros atentados. “Si hacía falta, estábamos dispuestos a tirar la puerta abajo”, bromea ahora Rojo sobre las tensiones que también se vivieron con parte de la jerarquía católica en el pasado.

La celebración religiosa fue a puerta cerrada por expreso deseo de la familia, aunque miles de personas se congregaron en el exterior. Ibarretxe y su Gobierno tuvieron que salir escoltados y por una puerta lateral ante las protestas de parte de los allí congregados. El clima político continuaba enrareciéndose. El Parlamento Vasco conserva digitalizada un amplísima colección de más de medio millar de negativos sobre estos acontecimientos y ha cedido parte de ese archivo para la elaboración de este reportaje.

Las manifestaciones enfrentadas

Y llegó el fin de semana. En Vitoria se había convocado una gran manifestación de repulsa. Iba a partir de la plaza de la Constitución y terminaría en el centro, en la Virgen Blanca. El PNV movilizó autobuses para arropar al lehendakari Ibarretxe. La crónica de 'El País' reflejaba que eran vehículos con matrículas BI y SS, lo que indicaba la procedencia de los asistentes. Hubo contactos entre el PSE-EE y el PNV pero no se logró un consenso. Los periodistas -la reportera de CNN+ era Letizia Ortiz, ahora esposa del jefe del Estado- contaron cómo hubo dos y hasta tres convocatorias en una. Por un lado, salió en cabeza la marcha gubernamental. Jon Buesa iba con sus compañeros de partido. Por otro lado, la familia más próxima iba con los dirigentes socialistas y los cargos institucionales del PP. En medio, Gesto por la Paz intentaba coser la herida, sin éxito.

La primera columna llegó rápido e Ibarretxe pronunció un discurso que terminó augurando que la paz estaba más próxima en aquel momento. Jon Buesa, con el que este periódico no ha podido contactar para este reportaje, tuvo un protagonismo muy importante. Rojo no olvida cómo el lehendakari se marchó del lugar antes de que llegaran la viuda y los hijos. Cuenta que Jáuregui le pidió que improvisara unas palabras ante la masa. Y lo hizo. “Intervine en la Virgen Blanca. No se trata de pasar facturas a nadie. No tengo odio ni rencor, pero sí memoria. Y no quiero perderla. Después de un asesinato tan brutal, algunos quisieron manipular una manifestación. Hubo muchísima tensión. En aquellos momentos el Gobierno del PNV estaba tonteando con el mundo de ETA y marginándonos a los que no éramos nacionalistas”, explica. ¿Y qué dijo Rojo? Quien ya era a la fuerza el nuevo líder de los socialistas alaveses se dirigió a Ibarretxe: “Aquí falta el lehendakari. ¿Dónde está? Quiero transmitirle y pedirle que nos escuche, que nos mire, que nos vea, que no sea sordo y no fracase. Queremos ser parte importante de este pueblo, porque todos los que estamos aquí somos vascos”.

Josune Ariztondo era la 'número dos' del Euzkadi Buru Batzar del PNV, la única mujer en la ejecutiva, a la que había accedido apenas unas semanas antes. Ella acompañaba al ya fallecido Arzalluz en aquellos primeros pasos de ocho años en la dirección nacional del principal partido vasco. “El año 2000 fue terrible”, explica. A su juicio, “el ambiente ya era malo antes del asesinato”. La “complicidad histórica” entre nacionalistas y socialistas estaba rota desde Lizarra y “los mensajes contra Ibarretxe y contra el PNV eran muchísimos”. El funeral fue “terrible”, como también el desarrollo de la manifestación. Recuerda cómo algunos militantes del partido acabaron empapados porque les arrojaron agua. Ariztondo recuerda que también después de otros asesinatos de ese mismo año, como el de Juan María Jáuregui, también socialista, les generaron momentos de tensión. “En la capilla ardiente nos gritaron 'Ibarretxe, asesino', por ejemplo”, cuenta. “Es verdad que se señaló muhco al PNV en la manifestación. Pero es que, claro, habían hecho un acuerdo con ETA. La reivindicación de Ibarretxe fue lamentable. Quiero pensar que se equivocó”, interpreta Alonso desde la óptica del PP.

El presidente de la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco era un joven Iñigo Urkullu. El lehendakari entre 2012 y 2024 explica que desde su posición intentaba en esos años “coadyuvar” a las “bases de una convivencia” compartida en Euskadi, aunque asume que no era una misión sencilla. Urkullu estaba en Sabin Etxea, la sede central del PNV, cuando se produjo el atentado. Califica de “triste” -textualmente 'tamalgarri', en euskera- todo lo que rodeó al asesinato de Buesa. “Tres manifestaciones paralelas, dos de ellas plegadas a intereses que parecían alejados de lo que la inmensa mayoría de la sociedad pedía y, sobre todo, necesitaba”, escribió también años después Pello Salaburu, rector de la UPV/EHU próximo al PNV.

Para Rafa Larreina el crimen fue “impactante”. Él era el portavoz de EA en el Parlamento, partido socio del PNV y también firmante del acuerdo con EH. Era el vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos igualmente. “Con Fernando tenía una relación estrecha. Coincidíamos todos los sábados en la tertulia de Radio Euskadi y luego tomábamos café y hablábamos más allá de ser los portavoces de nuestros respectivos grupos. Fue un golpe muy duro. En la tregua habíamos hablado mucho. Estábamos ilusionados de que aquello acabase, de que aquello saliese bien”, explica. Considera que este atentado “truncó” las expectativas políticas depositadas en el final de ETA y admite que se generó “mucha tensión” en los días siguientes. “Hubo quien lo quiso convertir en un apoyo a Ibarretxe y eso generó malestar. Yo lo critiqué en unas declaraciones a los medios de comunicación en ese momento. Creo que en ese enfrentamiento se olvidó lo fundamental: el rechazo del asesinato y la solidaridad con la familia. Fue un momento triste. Me sentí el único criticando aquella polarización”, añade.

EA, su partido, es ahora parte de EH Bildu y Larreina terminó su vida política como diputado en el Congreso. Desde hace una década, aproximadamente, la coalición EH Bildu participa en los actos anuales de homenaje a Buesa. También lo hacen cargos de Sortu, el actual nombre de la izquierda abertzale, y no solamente los independientes o los procedentes de EA. Sin embargo, hasta fechas muy recientes ha habido también ataques a la tumba de Buesa y al monumento en su memoria, así como homenajes en las fiestas de Judizmendi a uno de los asesinos, Ugarte.

¿Y Díez Elorza? La capilla ardiente del agente estuvo en otro lugar de Vitoria. Algunos políticos como Almunia o Arzalluz también visitaron a su familia. El agente, con número profesional 13.115 por ser de la decimotercera promoción de la Policía vasca, era deportista y llegó a participar con su pueblo, San Vicente de Arana, en el Grand Prix de TVE.

“Jorge era una persona con muchísima profesionalidad e ilusión. Es de mi promoción. Desde que entró, su idea era ir a la unidad de escoltas, aun sabiendo lo que conllevaba. Cuando entramos, en 1993, todos sabíamos lo que era ETA”, explica un compañero en la academia de Arkaute. “El día del atentado iba solo con él. Se había advertido a los políticos de que había que cambiar de rutas. Pero esos avisos solían ser desatendidos”, agrega.

No el primer ertzaina asesinado por ETA y, desde luego, tampoco el primer policía. Pero sí el primer guardaespaldas. “Aquello fue un palo gordísimo”, señala esta fuente, que sigue en activo y prefiere mantener el anonimato. Este atentado motivó que se cambiaran las rutinas y se pasara a duplicar la escolta. “Y se forzó más a que la persona bajo custodia siguiera una serie de pautas”, agrega el ertzaina consultado.

“Ahora no hay terrorismo. Y eso es muy importante. Personas como Fernando dieron lo mejor de sí para llegar hasta aquí. Nos queda mucho dolor, pero los que defendían la violencia han fracasado. Decir ahora que no podíamos pasear por las calles de nuestra ciudad parece que es como inventarse un libro. Pero era así. Aquello tuvo un objetivo, quebrarnos. Pero fue lo contrario. Nos dio ética e impulso”, concluye Rojo. Y apostilla Celáa: “Aquel asesinato, desde una perspectiva social, fue una grandísima conmoción. La pérdida fue inmensa”. Para el 22 de febrero se ha convocado ya una ofrenda floral en lugar del atentado y una nueva edición del 'In Memoriam' a Buesa y Díez Elorza, cuyo lema es “luces para el futuro”.

Otros reportajes sobre el terrorismo en Euskadi

En la película ‘Maixabel’, que cuenta el encuentro restaurativo entre la viuda de un asesinado por ETA, Maixabel Lasa, y dos de los tres terroristas del comandó que ejecutó el atentado, Luis Carrasco e Ibon Etxezarreta, una de las escenas más impactantes muestra al segundo comprando un ramo de flores para participar en el homenaje a su víctima, a Juan María Jáuregui, gobernador civil de Gipuzkoa durante el último tramo del mandato de Felipe González e impulsor de la investigación contra los GAL. Son tantas rosas rojas como años ausente de la conmemoración y una blanca como símbolo del arrepentimiento sincero. El personaje que interpreta Luis Tosar monta en un Golf y se dirige al lugar y se encuentra con Blanca Portillo. Espontáneamente, ella le pide que le acerque al lugar y llegan juntos para sorpresa del resto de invitados.

Es una licencia artística de la película, porque en la realidad había una tercera persona en el coche. El conductor se llamaba Edu. Detrás del hipocorístico está el abogado, profesor de Derecho y mediador Eduardo Santos Itoiz (Pamplona, 1973), ahora consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra. Con la socialista María Chivite al frente, este gabinete es una coalición entre PSN, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Podemos en la que él es el único representante morado. Antes fue diputado en el Congreso por esta misma formación política. Recientemente ha dejado la secretaría general de Podemos en la comunidad foral.

Su papel en trama real detrás de ‘Maixabel’ es crucial. Santos fue, de hecho, el anfitrión del primero de los encuentros entre Lasa y Etxezarreta, al que han seguido muchos otros. Se produjo en su casa, a las afueras de Pamplona, y asistió a la reunión de principio a fin, así como a todos los trabajos preparatorios. En la cita solamente se refleja el papel de Esther Pascual, la mediadora principal en la ‘vía Nanclares’, pero no la única. El periodismo, siempre más exacto y certero que el cine, sí lo documentó. Una cámara de Mercedes Milá, a la que acompañaba otro de los invisibles de ‘Maixabel’, Txema Urkijo, recogió el antes y el después de esa cita y grabó dentro de la vivienda. En la mesa no había tres vasos sino cuatro, los de Maixabel, Ibon, Esther y Edu.  

La viuda de Jaúregui, que con Juan José Ibarretxe y Patxi López fue responsable de la Oficina de Víctimas del Gobierno vasco, se había reunido antes con Carrasco en la cárcel de Nanclares de la Oca, en Vitoria. Allí se estaban agrupando en aquella época los condenados que se desmarcaban de ETA y del colectivo de presos oficial, el denominado EPPK, mientras el resto estaba alejado y disperso. Un tercer terrorista participó en el atentado, Patxi Xabier Makazaga. De hecho, fue él quien apretó el gatillo. Nunca se desmarcó del EPPK aunque algunas informaciones apuntan a que recientemente habría pedido verse con su víctima, sin que ninguna fuente oficial lo confirme. “Es difícil ausentarse un día entero y decir que vas a comprar tabaco. Siempre hay alguien que hace la pregunta: ‘Oye, ¿tú no estarás metido en esto?’. Hemos mentido como bellacos”, ha dejado escrito Santos en un libro titulado ‘Los ojos del otro’ y que se editó en 2013. “Estas cosas no se hacen bajo los focos”, se limita a responder en el presente sobre esta hipótesis.

Santos bromea con que la directora, Icíar Bollaín, ha hecho un trabajo magnífico: el buen mediador ha de ser “invisible” y esta cualidad está fielmente recogida en 115 minutos de metraje. No hay atisbo de enfado; al contrario, en Santos hay emoción por ver el resultado de la película. El facilitador, de hecho, impulsó desde se nueva responsabilidad en el Gobierno una ‘première’ muy especial en la cárcel de Pamplona a la que asistieron Bollaín y Lasa y que congregó a medio centenar largo de presos, que agradecieron entre aplausos el alegato a favor de las segundas oportunidades. Los de ETA, del EPPK, optaron por seguir su rutina y no acercarse a ver la película.

Santos decide contar su historia a elDiario.es en un restaurante del centro de Pamplona. Euskaldun, con un mensaje rotundo en contra de cualquier tipo de violencia y temeroso de la “involución” en algunos mensajes políticos, se expresa con pausa, como midiendo cada palabra. También en los encuentros entre víctimas y victimarios todo estaba guionizado y calculado. Antes de la cita ya se había realizado un cuestionario de más de veinte preguntas a ambas partes. “Yo ya sabía que le iba a decir que prefería ser la viuda de Juan Mari que su madre”, explica. Ese cuestionario está en el libro 'Los ojos del otro'. Una de las preguntas clave a los terroristas es ésta: “Si tuviese pastillas mágicas que borrasen el dolor, ¿a quiénes se las daría?”.

Hemos ido a encerrarnos en casa con un paquete de pañuelos y con la sensación de no poder soportar tanta miseria

¿Por qué alguien se presta a poner su casa para algo semejante? Cuenta Urkijo -paradojas de la vida ha acabado en el bando ‘contrario’ al de Santos, en Más País, aunque con mucho cariño le considera “un tipo encantador”- que los encuentros restaurativos se gestaron con apoyo institucional, pero que la llegada de Mariano Rajoy al Gobierno central los frenó en seco. Con ETA aún activa formalmente porque hasta octubre de 2011 no comunicó el cese del terrorismo, Mercedes Gallizo en Instituciones Penitenciarias -hasta hace nada las cárceles vascas las gestionaba el Estado-, Lasa y Urkijo en la Oficina de Víctimas y el socialista Jesús Loza como comisionado para la Convivencia del lehendakari López fraguaron el proyecto. Pascual se reunió con los presos de la ‘vía Nanclares’ -con todos a la vez- y les sondeó. Hubo con ellos “talleres de convivencia”. Varios dieron el paso de querer ver a sus víctimas. Los primeros encuentros se hicieron en la propia prisión, ahora ya en desuso pero que sigue en pie y que acogió parte del rodaje. En paralelo, varios familiares de asesinados quisieron hacer lo propio con los exterroristas.  

De repente, el cambio de Gobierno dejó unos procesos necesariamente lentos quedaron sin amparo institucional. Y ahí es cuando Santos propuso ceder su casa para que se vieran Lasa y Etxezarreta. Era mayo de 2014, muchos años después ya de iniciado el proceso. Y luego de dos meses, el 29 de julio de ese año, se produjo la fotografía de Etxezarreta, arrepentido, en el homenaje a su víctima. En la imagen que acompaña a esta información aparece Santos en medio de ambos protagonistas con un paraguas… y una sonrisa.

“Maixabel e Ibon no son amigos”

“El proceso pertenece a las partes y las consecuencias también. El facilitador no puede tener más tiempo de protagonismo que el estrictamente necesario para tender el puente que las partes decididas a reunirse le solicitan. Luego debe retirarse y prepararse para el siguiente encuentro”, escribió también en el libro. Pero, obviamente, ese mediador no es un mero figurante: “Hemos reído y hemos llorado con las personas con las que estábamos, porque la expresión de sentimientos no es incompatible con la neutralidad; a veces en silencio, a veces con una sensación interior de desgarro o de sorpresa por el dolor que nos estaban confiando. A veces con una sensación de irrealidad profunda. Y luego hemos ido a encerrarnos en casa con un paquete de pañuelos y con la sensación de no poder soportar tanta miseria”.

“Maixabel e Ibon no son amigos”, cuenta sobre la sorpresa que genera en quienes han descubierto ahora esta historia la buena relación entre ambos. Explica Santos que el arrepentimiento de Etxezarreta es genuino. Asegura que en sus permisos carcelarios -cumple todavía una larga condena y nada de esto le ha supuesto un beneficio penitenciario- no puede desplazarse por Gipuzkoa sin recordar que aquí hizo un seguimiento, que allá cometió un atentado y que acullá vigiló un cuartel de la Guardia Civil para informar a la banda. Eran mercenarios que recibían las instrucciones de la misión en un sobre y la ejecutaban. “No hay nada más deslegitimador de la violencia que quienes la han ejercido te digan que no sirve absolutamente para nada”, concluye el mediador invisible.

El 28 de febrero de 2020, el mismo día en que el coronavirus llegaba a Vitoria y a Euskadi, justamente unas horas antes, uno de los primeros médicos del hospital de Txagorritxu que horas después tuvo que ponerse en cuarentena, el veterano Jesús Loza, cedió el testigo al frente de la Delegación del Gobierno de España al más joven Denis Itxaso, con la ministra Isabel Celaá como maestra de ceremonias. Aunque fue un relevo de socialista por socialista, el cambio ha dotado de mayor protagonismo a la institución, de modo similar a lo que ocurrió con el PP cuando cambió a Carlos Urquijo por Javier de Andrés. El representante del Estado comunica ahora tanto en euskera como en castellano y, según defiende, siente que ha reforzado el vínculo “emocional” de los vascos con España.

“Creo que la gente es más consciente que nunca de la pertenencia a un 'club' que es España y que, en la pandemia, ha defendido los intereses de los vascos”, señala Itxaso en conversación con este periódico, en la que menciona entrega de mascarillas, gestión de fondos europeos y hasta los contratos para el suministro de vacunas contra la COVID-19. Y añade: “Ha habido un deshielo en términos identitarios. Hemos pasado de la desconexión a la reconexión”. El delegado se dice obsesionado por proyectar que las competencias del Gobierno central en Euskadi van más allá de la Policía Nacional y de la Guardia Civil –y antes la lucha contra ETA– y que tienen mucha influencia en la economía, en la industria o en la cultura.

¿En qué se traduce esa “reconexión”? Itxaso pone como ejemplos al Ejército “saliendo aplaudido en Irún o en Vitoria” después de realizar trabajos de desinfección de infraestructuras durante la primera fase de la pandemia o la imagen de la Ertzaintza acudiendo al cuartel de la Guardia Civil de Sansomendi para homenajear a un agente fallecido con COVID-19. “Que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga el apoyo político de PNV y EH Bildu es importante. Casi todo el arco político vasco está en el consenso de la investidura y ha estado también en las prórrogas del estado de alarma y en las medidas sociales”, explica Itxaso, que antes de acceder al cargo fue diputado foral en Gipuzkoa.

Itxaso ha sido el primer delegado del Gobierno en conceder entrevistas en euskera a medios de comunicación públicos. “Esto es un elemento fundamental. Que vaya a los medios públicos multiplica nuestra capacidad de comunicación. Nos amplía el abanico de temas y contribuye a que nos vean distintos”, explica el dirigente socialista, que ya prometió que lo haría en la toma de posesión. Como muestra, en el reciente Euskaraldia –jornadas para promover el uso del euskera–, el Ejecutivo español fue una de las entidades participantes y se crearon grupos de trabajo en lengua vasca entre los funcionarios estatales.

Pero el año en el cargo también ha tenido momentos de tensión. Itxaso forma parte de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi, un órgano denominado Labi y que está presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu. Se conformó el 13 de marzo pero al día siguiente se vio despojado de la mayoría de sus atribuciones por el mando único decretado por Pedro Sánchez en el primer estado de alarma. Las fricciones entre los Ejecutivos de Madrid y de Vitoria fueron casi constantes desde entonces hasta que la denominada “cogobernanza” se fue engrasando a fuerza de la necesidad del presidente de mantener los votos del PNV en las Cortes Generales. Las polémicas surgieron en Twitter en la desescalada. “Donde las dan las toman”, encajaron en Ajuria Enea. Pero más recientemente también Itxaso ha cuestionado la velocidad de Euskadi a la hora de poner vacunas. Las dosis “no están para ser almacenadas”, ha sido una de sus últimas declaraciones en relación a la estrategia vasca de almacenar por sistema el 50% de todas las remesas que recibe para garantizar la segunda dosis a todos los que reciben el primer pinchazo.

2020 ha sido un año intenso en lo informativo incluso más allá de la COVID-19. Fue intenso el arranque con la caída del vertedero de Zaldibar en febrero, los contratos de Montai y la resaca de la sentencia del 'caso De Miguel' de corrupción y la continuidad de la investigación de las irregularidades en las oposiciones de Osakidetza. Además, en la política Podemos y PP han vivido sus particulares crisis mientras el PNV ganó con solvencia las elecciones autonómicas -la pandemia las movió de abril a julio en una decisión para la historia, lo mismo que la sesión telemática del Parlamento- y gobierna con mayoría absoluta fruto de su acuerdo con el PSE-EE. EH Bildu, entre tanto, ha sido un actor determinante en Madrid.

El principal foco de contagio del coronavirus en Euskadi es la sede de Txagorritxu del Hospital Universitario de Álava, en Vitoria. Una doctora dio positivo y había estado varios días trabajando y, por lo tanto, en contacto con colegas y pacientes. Hay un total de seis infectados -el dato es del domingo a última hora- y un centenar de “contactos” monitorizados. Una de las personas que se hallan en aislamiento es el exdelegado del Gobierno de España en el País Vasco, Jesús Loza, hematólogo de profesión.

Loza ha estado en contacto con uno de los sanitarios de Txagorritxu que ha dado positivo. Aunque se encuentra asintomático, como en tantos otros casos se ha optado por extrema la precaución y se ha activado una cuarentena de 14 días, según ha podido confirma este periódico.

El veterano socialista había regresado hace solamente escasos días a su plaza en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) tras ser relevado en el cargo por Denis Itxaso. La toma de posesión se realizó hace apenas unos días, este viernes, y en ella participaron Loza, Itxaso, la ministra Isabel Celaá y varias decenas de invitados.

Denis Itxaso González (Donostia, 1975) es el primer delegado del Gobierno de España en el País Vasco que habla euskara con fluidez. Y ha querido imprimir ese sello a su discurso de toma de posesión en sustitución del veterano socialista Jesús Loza, que regresa a su puesto de facultativo en la Sanidad pública. Itxaso ha realizado buena parte de su primer parlamento en lengua vasca -incluido la promesa del cargo con fidelidad al Rey y a la Constitución-. Citando autores como Koldo Mitxelena o Ramón Saizarbitoria, ha enfatizado que es un patrimonio no sólo de los nacionalistas que debe proteger España. “Quiero que ocupe, siempre junto al castellano, un lugar preeminente en la comunicación y en todas las relaciones de esta delegación con la sociedad. Es por ello que asumo el compromiso de trabajar para fortalecer la presencia y protagonismo del euskara en todos los servicios que presta el Estado en Euskadi”, ha querido solemnizar para prometer también impulsar la cultura vasca dentro de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha ejercido de madrina de la toma de posesión de Itxaso. Celaá ha agradecido los servicios prestados por Loza y ha destacado el perfil del nuevo delegado. Sus primeras palabras han sido también en lengua vasca. En el acto, celebrado en Vitoria este viernes, han participado numerosos cargos públicos -incluidos consejeros del PNV en el Gobierno vasco-, colegas de Itxaso en el PSE-EE, miembros del PP y autoridades policiales, militares y judiciales. No ha participado ningún representante de Podemos, el otro socio del Ejecutivo progresista de Sánchez.

Itxaso ha pronunciado un largo discurso, de denso contenido político. Ha indicado que Euskadi tiene un “aliado de lujo” en el Ejecutivo y en la Delegación y ha remarcado el compromiso del Estado con el “autogobierno” vasco y su singularidad fiscal. Ha garantizado que trabajará para completar el “exigente” calendario de transferencias pendientes del Estatuto de 1979, algo que incluye el traspaso de Prisiones -no ha hecho mención a los presos de ETA- y el inicio del análisis para la gestión por parte de Euskadi del régimen económico de la Seguridad Social.

Sobre la gestión del final de ETA, el delegado ha indicado que se dará continuidad al trabajo iniciado por Loza y también ha felicitado por su labor a las Fuerzas de Seguridad del Estado y a la Ertzaintza. Ha hablado de la “oportunidad histórica de construir una Euskadi sin sus ancestrales odios internos” y buscando “reconstruir puentes”, pero ha dicho que hay que pasar página “después de leerla línea a línea” y “sin saltarse párrafos”. “Hemos avanzado mucho pero nos queda todavía un camino importante por recorrer. Deslegitimar el uso de la violencia es una tarea vital para nuestra sociedad si queremos que los 50 años de terror y oscuridad a los que nos sometió ETA no vuelvan a repetirse”, ha añadido.

Pero la función de un delegado del Gobierno no se circunscribe a estas políticas. Es algo que ya hicieron ver predecesores como Javier de Andrés (PP) o Jesús Loza (PSE-EE). Ha recordado las “importantes inversiones” del Estado en infraestructuras y las políticas contra el cambio climático o la violencia de género. En su discurso escrito tenía previsto cerrar con una frase que no ha leído: “Trabajaré para que esa conexión íntima entre Euskadi y España no sólo no falle, sino que alumbre un futuro de entendimiento, progreso y bienestar”.

El Gobierno de Pedro Sánchez formalizará el próximo martes, en el Consejo de Ministros, el relevo de Jesús Loza como delegado en Euskadi y el nombramiento para el cargo del también socialista Denis Itxaso, actualmente diputado foral en Gipuzkoa. Con este movimiento y la designación del portavoz donostiarra, Ernesto Gasco, como alto comisionado contra la pobreza infantil, el PSE-EE renueva completamente sus principales cargos guipuzcoanos en los últimos años.

Denis Itxaso González (Donostia, 1975) es euskaldun -una novedad en el cargo de máximo representante del Gobierno central- y tiene una larga trayectoria como edil en San Sebastián (2003-2015) y diputado de Cultura en Gipuzkoa (hasta la actualidad) en un Gobierno de coalición con el PNV, en el que ejerce de teniente del diputado general, el nacionalista Markel Olano. Es también miembro de la Ejecutiva de los socialistas vascos y aficionado a la Real Sociedad.

Relevará a Jesús Loza Aguirre (Vitoria, 1952), un veterano socialista alavés, médico de profesión, que accedió al cargo en 2018, tras la moción de censura. Los dos hitos más importantes de su etapa como delegado del Gobierno de España llegaron en agosto de 2019. Por un lado, tuvo un papel decisivo en la coordinación policial con motivo del G7 de Biarritz. Por otro lado, realizó unas polémicas declaraciones sobre la posibilidad de que se produjera un rebrote del terrorismo.

El delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en el País Vasco, el veterano socialista Jesús Loza, anunció este jueves por la tarde en la Cadena Ser la puesta en marcha de una nueva 'vía Nanclares', la denominación que recibieron los procesos de acercamiento y reinserción de presos de ETA arrepentidos diseñados durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y que quedaron en 'stand by' con el 'popular' Mariano Rajoy. Pero horas después, bien entrada la noche, la propia Delegación del Gobierno envió un comunicado oficial en la que se rectificaban esas palabras, se pedían disculpas y se recordaba que “la política penitenciara la dirige, y con gran acierto, el Ministerio del Interior” y no “ningún delegado del Gobierno”.

Según manifestó Loza en la entrevista radiofónica, existen “indicios” de que presos enrolados ahora en el colectivo oficial (EPPK) podrían acceder a desmarcarse de la violencia y beneficiarse de un “acercamiento progresivo” a la cárcel de Álava, ahora ya no en Nanclares de la Oca sino en Zaballa. “La delación no es obligatoria, pero la autocrítica es fundamental”, explicó el delegado del Gobierno sobre los requisitos exigibles. Añadió que el gran 'handicap' para ese plan era justamente que no había un Ejecutivo constituido en España y adelantó que “se está trabajando para que cuando lo haya se pueda poner en marcha inmediatamente”.

Sin embargo, a las pocas horas y sin que se haya explicado públicamente qué ocurrió internamente, Loza quiso “dejar claro que ningún delegado del Gobierno puede poner en marcha ninguna 'vía Nanclares'”. “No ha sido esa mi intención y quiero rectificar y decirlo de forma explícita. La política penitenciara la dirige, y con acierto, el Ministerio del Interior, y ha estado y estará siempre en el marco de la legalidad española. No hay abierta ninguna 'vía Nanclares' ni previsiones en esa línea”, señaló el máximo representante del Gobierno de Pedro Sánchez en Euskadi, quien pide “disculpas” por “si alguien se ha podido molestar”. “Mi compromiso en la lucha contra el terrorismo y en apoyo a sus víctimas viene de antiguo y ha sido y va a seguir siendo siempre el espíritu que guíe mi actuación”, añade también Loza.

“Mi reflexión se produce desde la experiencia de años pasados de trabajo en materia penitenciaria, desde la sensibilidad de alguien amenazado por ETA que busca que ese mundo realice una autocrítica de su pasado como elemento básico para construir una convivencia en paz y en libertad”, reflexiona Loza, que fue alto comisionado de Convivencia durante el final del mandato de Patxi López, que ha sido interlocutor habitual de su partido con los colectivos de víctimas y que, en efecto, fue uno de los muñidores de la 'vía Nanclares'.

Se da la circunstancia de que Loza, en agosto, fue noticia por asegurar en varios foros que existe un riesgo de “rebrote” del terrorismo de ETA. En un artículo publicado en este periódico, el socialista defendía que “hoy” no se aprecia una “ventolera” que pueda avivar la llama de esos “rescoldos”, pero añade que, mientras no se apaguen del todo, “siempre es posible” que “pueda producirse un nuevo incendio”, es decir, una “radicalización” en el entorno de la izquierda abertzale que podría dar lugar “al uso de la violencia para conseguir objetivos que no logran alcanzarse por vías pacíficas”.

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y el delegado del Gobierno de España en el País Vasco, Jesús Loza, han presentado este lunes en Vitoria al nuevo jefe superior del cuerpo en Euskadi, el comisario José Moisés Pérez Cornejo, como “probablemente la persona que más sabe de lucha antiterrorista en España” y un “excelente comunicador”. Pérez Cornejo, el tercer jefe superior en menos de dos años, ha tomado posesión con la encomienda de incrementar la cercanía de la institución a la ciudadanía vasca. “Hay que cambiar el 'que se vayan' por un 'que se queden'”, ha enfatizado Loza.

El Gobierno aspira que la ciudadanía vasca aprecia los “cometidos muy relevantes” de los 1.300 agentes destinados en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. Apela también a profundizar en la colaboración con la Policía principal, la Ertzaintza, con la Guardia Civil y con el resto de cuerpos locales. “Vamos poco a poco ganando esa visibilidad y esa cercanía”, ha planteado Loza sobre las Fuerzas de Seguridad del Estado. Ha puesto como ejemplo de ello el operativo especial con motivo del G7 en Biarritz, que movilizó a numerosos efectivos en la zona fronteriza con Francia.

El propio Pérez Cornejo ha defendido también la presencia de la Policía Nacional en Euskadi. “ETA intentó sacarnos de esta sociedad y no lo han logrado. Somos la Policía Nacional en el País Vasco. La Policía Nacional del País Vasco. No somos fuerzas de ocupación”, ha asegurado el nuevo mando policial, que hasta ahora era la mano derecha del jubilado José Antonio Santamaría, que ha participado en el acto ya sin uniforme.

Según ha explicado el jefe superior, un 31% de los vascos cree que las Fuerzas de Seguridad del Estado son un “obstáculo” para la paz y la convivencia en Euskadi. Por ello, ha pedido no conformarse con servir al otro 69% sino por mostrar al conjunto de la sociedad una “utilidad” y una “pasión por el servicio público”. “Vamos a exprimir al máximo nuestras competencias”, ha prometido Pérez Cornejo, quien también ha defendido estrechar lazos con la Ertzaintza y otros cuerpos: “La seguridad hay que gestionarla multilateralmente”. En la misma línea, la Guardia Civil realizará en Vitoria este fin de semana una jornada de puertas abiertas.

Durante el acto, todos los oradores han tenido un recuerdo a las víctimas de ETA, principalmente los 112 policías asesinados. El delegado del Gobierno ha dicho que “las Fuerzas de Seguridad del Estado continuarán trabajando a la hora de resolver esos atentados” pendientes de esclarecer. “No cejaremos hasta que todos los asesinos sean puestos a disposición judicial”, ha enfatizado.

Este lunes, el comisario principal José Moisés Pérez Cornejo toma posesión como nuevo jefe superior de la Policía Nacional en el País Vasco a propuesta del director general, Francisco Pardo. El acto tendrá lugar en Vitoria y le cederá el testigo José Antonio Santamaría, que se jubila y que únicamente ha ocupado el cargo desde diciembre de 2017. Antes el máximo responsable del cuerpo fue Fernando Amo, quien también lo abandonó por jubilación. Fuentes policiales indican que, por los mismos motivos de edad, la etapa de Pérez Cornejo será necesariamente corta.

Pérez Cornejo ingresó en la Policía Nacional en 1982 y buena parte de su carrera la ha desarrollado en el País Vasco vinculado a las unidades de Información antiterroristas. En 2012 fue designado jefe de Información de la comisaría de Bilbao y en 2017 promocionó a responsable de Operaciones en Euskadi.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, el acto de relevo en la cúpula de la Policía Nacional en Euskadi tendrá lugar en Vitoria este lunes a mediodía. Además del propio delegado, Jesús Loza, asistirán el director general, Francisco Pardo, y el director adjunto operativo (conocido por las siglas DAO), José Ángel González.

La Policía Nacional dispone de unos 1.200 efectivos en Euskadi y tiene comisarías en las capitales, en Basauri y en la frontera con Francia, en Irún. Entre sus competencias se halla el control de fronteras e inmigración, DNI y pasaportes y trabajos compartidos de investigación e información en materia de crimen organizado y terrorismo. 

El delegado del Gobierno en el País Vasco, el veterano socialista Jesús Loza, muestra su preocupación en una tribuna publicada por este periódico titulada Holocausto, los homenajes y la no repetición por los “rescoldos de odio” que perduran en el País Vasco a pesar de “la derrota de ETA” de 2011 certificada con su disolución “hace poco más de un año”. Cita como ejemplos los recibimientos como “héroes” a expresos terroristas al salir de la cárcel este verano o la ausencia de autocrítica y deslegitimación del pasado de violencia por parte de Sortu, el partido de la izquierda abertzale, en referencia a una entrevista en Venezuela de Arkaitz Rodríguez en que alude al cese de la “lucha armada” como algo meramente táctico y no ético.

Entiende Loza que “hoy” no se aprecia una “ventolera” que pueda avivar la llama de esos “rescoldos” pero añade que mientras no se apaguen del todo “siempre es posible” que “pueda producirse un nuevo incendio”, es decir, una “radicalización” en el entorno de la izquierda abertzale que podría dar lugar “al uso de la violencia para conseguir objetivos que no logran alcanzarse por vías pacíficas”.

Según Loza, los 'ongi etorri' tienen “una escenografía muy similar a la que sucede cuando un campeón manomanista llega a su pueblo”. “[Hay] Mucha gente en la calle, vítores, aplausos, bengalas… celebrando la gesta del campeón. En ambas ocasiones se homenajea al héroe, al campeón, por lo realizado: la obtención de la txapela en un caso y el asesinato o el secuestro en el otro. Nos encontramos así ante el homenaje a un vecino al que se vitorea por lo que ha hecho. Asesinar y secuestrar. Nos encontramos ante el homenaje al terrorista y, por ende, a la legitimación de sus acciones, al uso de la violencia para conseguir objetivos políticos. Hechos como los descritos ponen de manifiesto que el odio cultivado en un sector minoritario pero significativo de la sociedad vasca persiste. Y bien sabemos que el odio es el germen de la radicalización, y que la radicalización puede dar lugar al uso de la violencia para conseguir objetivos que no logran alcanzarse por vías pacíficas y democráticas”, argumenta el máximo representante del Gobierno de Pedro Sánchez en Euskadi, que el pasado fin de semana alertó en una entrevista con 'El Correo' de un posible “rebrote” de la violencia.

Loza sostiene que el objetivo prioritario en esta fase de gestión del final de ETA es “hacer realidad el principio de no repetición”, como ocurrió tras el régimen nazi. “Memoria de los horrores y deslegitimación, condena de los perpretadores”, reclama Loza, que advierte del riesgo de “tergiversación” de la historia y “riesgo de olvido”. 

Jesús Loza (Vitoria, 1952) es médico de profesión y ha ocupado cargos públicos con el PSE-EE en Vitoria, Álava y Euskadi. Una de sus áreas de especialización ha sido precisamente la atención a las víctimas y la lucha contra ETA. Es uno de los mayores muñidores de la 'vía Nanclares' y defiende cambios en la política penitenciaria. Fue alto comisionado para la Convivencia en el Gobierno de Patxi López. Retirado de la política en 2012, fue rescatado como delegado del Gobierno en 2018 por Pedro Sánchez. 

El delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Euskadi, el veterano socialista vasco Jesús Loza, ha alertado en una entrevista concedida a 'El Correo' este domingo que “hay opción de que a medio plazo rebrote el terrorismo” de ETA. “Hasta ahora la Audiencia Nacional había dicho con buen criterio que ETA había desaparecido y que no es probable a corto plazo. Vale, corto plazo no. Pero a medio plazo...”, deja caer Loza en unas declaraciones que han sorprendido en muchos ámbitos por su alcance.

El máximo representante del Ejecutivo central en el País Vasco, con una larga trayectoria asociada al trato con las víctimas y a favor de la convivencia y ahora en funciones, contextualiza sus palabras en vista de los últimos recibimientos a expresos de ETA en algunas localidades del País Vasco, algo que la izquierda abertzale ha enmarcado dentro de la “normalidad” y que ha aventurado que se repetirá mientras sigan saliendo de la cárcel los miembros del EPPK -no los de la 'vía Nanclares'-. “Viendo el odio que aún existe, la cantidad de niños y chavales que acuden a esos homenajes para exaltar a los terroristas y legitimar su actividad sin una autocrítica del mundo de la izquierda abertzale, a medio plazo aboca a una posibilidad de rebrote del terrorismo”, explica Loza.

En la entrevista, el periodista le repregunta si está seguro de sus afirmaciones y el delegado se explica: “Es que los hechos e imágenes son absolutamente nítidos. Les homenajean como si fueran campeones del cuatro y medio o del manomanista [modalidades de pelota a mano], pero en este caso por haber sido terroristas. Es algo absolutamente grave, no sólo porque humilla a las víctimas, sino porque legitima el terrorismo y pone en riesgo la estrategia fundamental de no repetición de lo que sufrimos”.

Loza indica que la respuesta institucional ante los 'ongi etorri' o recibimientos de terroristas no puede ser la misma que hace unos meses porque la izquierda abertzale ha cambiado de estrategia y ha pasado de una “normalización progresiva” a “retrotaerse” a actitudes respecto al pasado de violencia de hace cinco años. “Ha habido un cambio clarísimo”, señala Loza, que califica de “muy muy importante” el retroceso. En este sentido, advierte de que este cambio “no ayuda” a que el Gobierno de Sánchez siga flexibilizando la política penitenciaria respecto a los presos del EPPK, que se había traducido en acercamientos en el último año.

Loza añade también que es complicado abordar la respuesta a estos homenajes desde el punto de vista penal pero plantea hacerlo por vía administrativa. “Hay que ponerla en marcha”, apunta el delegado, que recuerda que durante el mandato de Patxi López en Euskadi se aplicó por parte de la Ertzaintza una política de “tolerancia cero” que se tradujo en retirada de carteles y pintadas alusivas al terrorismo y a los presos.

Las reflexiones de Loza contrastan con los análisis policiales sobre ETA y su entorno. Fuentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado insisten en que es ahora el yihadismo el mayor riesgo en Euskadi y, de hecho, el grueso de los efectivos destinados a la lucha contra ETA ahora están volcados en esa tarea. La disidencia del sector oficial de ETA, desaparecida como tal el pasado año, desarmada hace dos y silente desde 2011, es minoritaria y se agrupa en torno a ATA o siglas rescatadas como HB, según estas fuentes.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la consejera vasca de Infraestructuras, Arantxa Tapia, y las máximas autoridades locales han ido cerrando esta semana, con actos en Irún y en Vitoria y la licitación de tramos en Bizkaia, el proyecto casi definitivo -a falta de algunas soluciones para el tráfico de mercancías- para la llegada de la alta velocidad a Euskadi. Ábalos, incluso contraviniendo la letra pequeña de sus propios presupuestos y a las declaraciones del delegado del Gobierno, Jesús Loza, insiste en que es posible que las obras estén completadas en 2023. Sin embargo, está todavía en el aire la conexión de la denominada 'Y vasca' (Vitoria-Bilbao-San Sebastián conectadas en un nudo en Bergara) con Navarra y, por extensión, con Zaragoza y el Mediterráneo, otra promesa fechada en 2023.

Ábalos ha completado este jueves su visita a Euskadi iniciada el miércoles por la tarde a Irún, donde se ha presentado un ambicioso proyecto de regeneración urbana en torno al actual corredor ferroviario fronterizo entre España y Francia. Este jueves, el ministro ha acudido al Ayuntamiento de Vitoria para sellar con la ciudad, la Diputación alavesa y el Gobierno vasco el acuerdo para dar luz verde al plan de acceso del AVE a la capital vasca, que incluye un tramo de túnel falso soterrado de 3,6 kilómetros (se excava a cielo abierto y luego se tapa) para que los convoyes lleguen a Vitoria a la actual estación de Eduardo Dato, que sufrirá una transformación casi integral aunque se respetará el edificio clásico.

Vitoria, el “broche” que ya se ideó en 1997

La solución definitiva para Vitoria es el “broche”, en palabras de las instituciones, al diseño general de la 'Y vasca', ya que los accesos a Bilbao y Donostia ya estaban perfilados. Se da la circunstancia de que Ábalos sigue a una larga lista de ministros de Fomento (Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, Ana Pastor, José Blanco o hasta el pasado año Íñigo de la Serna) que han pisado Vitoria para presentar la llegada de la alta velocidad. También a otros como Rafael Catalá que descartó soterramientos y obras “faraónicas”. Muy lejos quedan aquellos planos -los primeros eran de 1997- que situaban la estación en Lakua al lado de la autobuses (que sí fue construida) y en conexión con un tranvía que mantiene el nombre de “intermodal” que se le dio a aquel fracasado proyecto.

Ábalos ha reconocido esos retrasos y esa deuda con Vitoria y ha asegurado que no ha venido a “justificar la dilación”, sino a poner encima de la mesa un compromiso concreto para que, esta vez sí, la revolución urbanística prometida sea una realidad. “No hay reto imposible cuando hay voluntad”, ha dicho para añadir que el documento firmado ahora vincula no sólo a los actuales gobernantes sino “a los futuros”.

El presupuesto total del proyecto suma 724,5 millones de euros, una inversión “mayor de la prevista pero que está plenamente justificada”. Ese dinero suma el soterramiento propiamente dicho, la conexión de Vitoria con la 'Y vasca' salvando con una gran curva los humedales de Salburua, el enlace con Burgos hacia Madrid (el tiempo de viaje en AVE serán dos horas) y todos los estudios informativos.

¿Quién pagará la factura? El reparto interinstitucional supone que el Estado asume los accesos a Vitoria como parte de una infraestructura de “interés general”. El soterramiento en sí mismo son 434,8 millones y lo que se pueda -sin que haya datos concretos aún- se financiará con las plusvalías que puedan obtenerse del uso urbanístico de los 90.000 metros cuadrados que quedarán liberados cuando se elimine la actual playa de vías entre Pedro Asúa y el 'boulevard' de Salburua. Fuentes conocedoras del proyecto explican que, a diferencia de en Bilbao, el aprovechamiento para viviendas será mínimo en esta zona, principalmente porque la técnica del falso túnel no permite soportar tanto peso.

El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, sin embargo, ha destacado que la eliminación de la cicatriz del ferrocarril será una oportunidad histórica para la regeneración del centro de Vitoria. La Universidad y los barrios del sur quedarán unidos al centro y calles como San Antonio o Rioja no tendrán ya túneles. Finalmente, se aprovechará el nuevo corredor para instalar un tranvía Este-Oeste que una Salburúa y Zabalgana y que parará a la altura de la estación (esto no se incluye en los 724,5 millones). El tráfico rodado también será más sencillo porque, además de que las calles que van del centro al Sur no quedarán cortadas, se aprovechará el túnel del ferrocarril para crear un corredor de circunvalación que alivie el tráfico en la superficie. Igualmente, habrá un gran estacionamiento subterráneo.

Las dudas sobre Navarra: diferencias entre instituciones

Las infografías presentadas contemplan también que en esa gran curva a la altura de la academia de la Ertzaintza de Arkaute se conecte un ramal en dirección a Pamplona. El alcalde Vitoria y el diputado general de Álava, Ramiro González, han parecido dar por sentado en sus intervenciones que la conexión de la 'Y vasca' con Navarra será por ese punto, pero la consejera Tapia ha enfriado esas expectativas.

Ábalos ha explicado que está pendiente de reunirse “en unos pocos días” una comisión técnica conformada por Fomento y los Ejecutivos autonómicos vasco y navarro para zanjar esta polémica. Tapia ha insistido en que las infografías sólo son una previsión en caso de que se opte por la solución Vitoria-Pamplona dado que formalmente todavía no se ha descartado plenamente la conexión por Ezkio. El ministro anterior, De la Serna, pareció decantarse por la primera opción porque cuesta 1.000 millones de euros menos y tiene menor impacto ambiental (ir a Ezkio requiere un túnel de 21 kilómetros bajo Aralar). Sin embargo, obligaría a viajar a Vitoria a los trenes Pamplona-Donostia, con los consiguientes retrasos.

Fuentes de Adif han indicado a este periódico que todas las opciones están abiertas, principalmente porque se han recibido del orden de 7.000 alegaciones al trazado entre Vitoria y Pamplona, que ha generado cierta oposición en la Llanada Alavesa. Sin ir más lejos, la plataforma AHTrik ez Lautada ha asegurado que se puede soterrar el tren a su paso por Vitoria sin que ello implique la llegada de la alta velocidad.

La última palabra sobre la conexión navarra es de Fomento, aunque atenderá la sensibilidad de las partes implicadas, según prometen desde el Gobierno. Las instituciones alavesas confían en que, en esa comisión técnica pendiente, Tapia escuche los argumentos alaveses para modular una posición que, en principio, parece más proclive a las obras por Ezkio.

Los datos de Navarra

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, considera que en “breve” se podrá saber si se mantienen las fechas previstas para la llegada de la alta velocidad a Navarra. El anterior ministro de Fomento, De la Serna, fijó el año 2023, si bien el actual Gobierno socialista está revisando los proyectos, especialmente la conexión con la 'Y vasca'. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, evitó en su visita del pasado 10 de enero a Pamplona confirmar fecha alguna, y tampoco se decantó por ninguna de las dos opciones: por Ezkio o por Vitoria.

Se remitió a esa reunión a tres bandas, en la que se deberá decidir si la unión por Álava es la que cuenta con más posibilidades, como parece. Aunque la conexión por Ezkio (Gipuzkoa) es más directa, con 25 kilómetros menos, resulta mucho más compleja técnicamente por la orografía montañosa del terreno y su composición. También tendría un mayor impacto ambiental, ya que afectaría a la sierra de Aralar, una zona protegida. Además, dispararía los costes, ya que se cifra en 1.670 millones, 950 más que la conexión por Vitoria.

Esas razones llevan a Fomento a mirar con mejores ojos la conexión por Álava. El vicepresidente de Navarra, Manu Ayerdi, no se ha pronunciado al respecto, ya que aparte de las decisiones técnicas tiene en su contra la política: los socios de cuatripartito EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra no están de acuerdo con la infraestructura, que sí apoyan UPN, Geroa Bai y el PSN.

Según estimaciones, el trazado de unión del TAV navarro con la Y vasca por Ezkio tendría una longitud de 55 km frente a los 80 km de la unión con Vitoria. Pero de esos 55 km, 30 km irían por túneles, el más largo de 21 km. Además, incluiría unos 17 viaductos con una longitud total de 3.200 metros, el más largo de 685 metros. Por el contrario, la conexión del corredor navarro con el vasco a través de Vitoria supondría un gasto estimado en 720 millones de euros sin IVA. Los túneles sumarían una longitud de 5,7 km y el más largo sería de 1,9 km. El número de viaductos sería similar, unos 15, con una longitud total de 1.800 metros, el más largo de 450 metros. En contra de esta opción juega la conexión Pamplona-San Sebastián, mucho menos directa. La conexión entre Pamplona y el corredor vasco del TAV será una nueva plataforma de ancho internacional con doble vía que transportará viajeros y mercancías.

El delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, no ha podido sino admitir la “complejidad” de las obras de construcción del ferrocarril de alta velocidad que unirá las tres capitales vascas y que el cumplimiento del último plazo fijado para su inauguración, 2023, “no va a ser fácil” de satisfacer. En verdad, como publicó este periódico, los propios presupuestos generales del Estado ya contemplan 2025 como “fin” de ese proyecto, la mayor infraestructura jamás acometida, y 2026 como plazo para la conexión de esa 'Y vasca' con Burgos y con Pamplona.

Loza ha subrayado que la llegada del AVE a Euskadi es una vieja aspiración y que en un inicio se manejó el plazo de 2010 para su puesta en marcha. “Las fechas las carga el diablo [...]. Ahora estamos en 2019 y es complicado mantener 2023”, ha indicado el delegado del Ejecutivo del PSOE, que propone destinar en 2019 un total de 234 millones de euros al corredor Vitoria-Bilbao-Donostia, que se sumarían al dinero adelantado por el Gobierno vasco para el ramal guipuzcoano, unas cuantías que luego asume el Estado con descuentos en el Cupo. Precisamente la consejera vasca de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, ha recogido con “preocupación” estos posibles retrasos.

La reflexión de Loza contrasta con el optimismo sobre 2023 que aún mantenía su predecesor, Javier de Andrés, del PP, que todavía el año pasado insistía en esa fecha aunque la documentación oficial que acompañaba a los presupuestos indicaba ya 2024 como fecha de final de las obras. Sea como fuere, el delegado socialista ha indicado que será el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el que dé más detalles sobre estas inversiones en la visita a Euskadi que realizará esta semana. Está previsto que aclare las intervenciones necesarias en Irún o Vitoria.

Loza ha comparecido este martes en Vitoria para informar de los efectos en el País Vasco del proyecto de presupuestos aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y entregado ya a las Cortes Generales. Ha sido muy comentada la pérdida de peso inversor que atañe a Euskadi (-8,86% exactamente) pero Loza ha querido matizar los datos. En primer lugar, ha remarcado que 2018 fue un año excepcional con un crecimiento de las inversiones en Euskadi muy potente e imposible de mantener. En segundo lugar, ha indicado que la tendencia analizando los últimos años sigue siendo ascendente. “Euskadi es la tercera comunidad [en gasto estatal] en función de kilómetros cuadrados. Desde el punto de vista global [la inversión] se mantiene”, ha insistido el delegado, que ha recordado también que la mayoría absoluta del PP en el Senado impidió ampliar el margen de déficit, lo que habría supuesto 6.000 millones adicionales.

El dirigente socialista ha querido hacer hincapié, asimismo, en que también las partidas “no territorializables” benefician de manera directa a la ciudadanía vasca. Es un presupuesto “para la recuperación social”, defiende el Gobierno. Según Loza, por ejemplo, las mejoras en pensiones afectarán “al 22,9% del total de la población”. 502.982 pensionistas recibirán mejoras valoradas en 35,5 millones. Igualmente, ha indicado que 352.362 personas pagarán menos por los medicamentos debido a la “supresión progresiva del copago farmacéutico a los pensionistas”. Entre otros datos, Loza ha dicho también que 2.191 parados con edades comprendidas entre los 52 y los 55 años podrán beneficiarse de la reducción de la edad mínima para cobrar un subsidio de desempleo. Sin embargo, los fondos municipales para violencia de género apenas repercutirán en los ayuntamientos vascos: 0,6 millones.

Los Gobiernos central y vasco ultiman en este final del mes de julio la redacción del acuerdo político que posibilitará la retirada del recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica de 2016 de víctimas policiales a cambio de una modificación 'exprés' en el Parlamento Vasco que suavice sus aristas más espinosas para evitar que se interprete como un cauce paralelo a la Justicia para investigar estos casos. En medio de este complejo debate jurídico se ha conocido la sentencia del Tribunal Constitucional (y sus votos particulares) que tumba la normativa de Navarra para reparar a estas mismas víctimas. “Creemos que no hay dudas, nuestra ley es totalmente constitucional”, ha enfatizado este lunes el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, que ha subrayado las diferencias entre el texto vasco y el navarro “desde su primer artículo” a pesar de abordar el mismo tema. Con todo, Erkoreka ha querido hacer constar el “interés tan notable” en España por “echar tierra sobre un episodio concreto de la historia”.

El punto de discusión en ambas normativas autonómicas es que se plantea la creación de una comisión administrativa que atenderá las denuncias de las víctimas. El Gobierno de Mariano Rajoy interpretó que un Gobierno autonómico no podía arrogarse competencias exclusivas del poder judicial y además abrir procesos sin garantías de presunción de inocencia o derecho a la defensa para los victimarios, en este caso miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Precisamente el Gobierno actual de Pedro Sánchez ha accedido a desistir de su impugnación en el caso vasco si se cambia la redacción original de la ley y se enfatiza que sólo se atiende a la víctima desde un punto de vista de la asistencia social, sin buscar depurar responsabilidades.

Erkoreka ha mostrado la perplejidad de ciertos sectores en el Estado en “reconducir exclusivamente al ámbito judicial unos hechos que pudieran ser delictivos” cuando “todo el mundo sabe” que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos “ha condenado a España ocho veces por denuncias de torturas que no se han investigado”. Además, ha remarcado que hay “algunos” que “se jactan” en público de haber practicado la violencia, en referencia al libro de Manuel Pastrana.

Agarrándose a los votos particulares de la sentencia del Constitucional sobre Navarra, Erkoreka ha remarcado que “en muchos casos hay investigaciones con actuaciones administrativas tendentes a fijar hechos” y que ello “es lícito salvo que la finalidad sea la de provocar una resolución privativa de libertad”. Son habituales, por ejemplo, las comisiones de investigación en los Parlamentos. La negativa a autorizar la reparación de estas víctimas, según el portavoz del Ejecutivo vasco, integrado por PNV y PSE-EE, sólo se explicaría desde un interés en “echar tierra” sobre las víctimas policiales.

La normativa de 2016 cubría las actuaciones ilícitas de las Fuerzas de Seguridad desde 1978 a 1999, en el período democrático. Antes en Euskadi se atendió a las víctimas del período 1960-1978 con un decreto. En total, hubo 187 beneficiarios y se esperaba del orden de 400 con la nueva ley. “Cubre una laguna que venía siendo reclamada por documentos internacionales. Los derechos de verdad, justicia y reparación no habían encontrado satisfacción adecuada. Y esas normas internacionales no distinguen entre poderes públicos, sean judiciales o administrativos deben comprometerse con que prevalezca los derechos de verdad, justicia y reparación”, ha explicado Erkoreka.

La batalla jurídica en torno a la norma, en todo caso, no acabará con la retirada del recurso, previsiblemente este viernes tras el Consejo de Ministros. Por una parte, el Constitucional puede decidir no atender al acuerdo político y resolver sobre la ley vasca de manera autónoma, un escenario en el que podría repetirse la misma mayoría que ha tumbado la norma navarra. Por otro lado, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en nombre de una plataforma de sindicatos policiales y asociaciones de víctimas, ha activado un proceso contencioso-administrativo contra la comisión de valoración de las víctimas con el ánimo de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco active una cuestión de inconstitucionalidad.

En apenas 24 horas, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el sindicato SUP de la Policía Nacional contra la constitución de la comisión de valoración prevista en la ley de víctimas policiales de 2016 para analizar las solicitudes de reconocimiento y reparación. Mediante este ardid jurídico, el SUP -como cabeza de una plataforma más amplia que agrupa a otras asociaciones policiales y de víctimas de ETA- pretende lograr activar una cuestión de inconstitucionalidad ante el acuerdo político entre los Gobiernos central y vasco para la retirada del recurso de inconstitucionalidad presentado contra esta normativa a cambio de una modificación 'exprés' en el Parlamento Vasco.

Si el recurso se presentó el 24 de julio, el 25 de julio la sala de lo contencioso-administrativo del Superior ya había admitido a trámite el escrito del SUP. Esta decisión, en todo caso, no entra en ningún caso al fondo del asunto y se limita a reseñar que formalmente las documentación presentada es correcta y que la sala es competente para resolver. Se ha designado ponente a María del Mar Díaz Pérez. Completarán el tribunal Ángel Ruiz y José Antonio Alberdi. Por el momento, la única decisión adoptada es requerir al Gobierno vasco que remita el expediente administrativo completo afecto a este caso.

La ley de reconocimiento de las víctimas policiales entre 1978 y 1999 se halla sumida en una batalla jurídica. La norma es de 2016 y fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno del PP al entender que Euskadi se arrogaba la función jurisdiccional que corresponde en exclusiva a jueces y magistrados al proceder a investigar casos sin garantías procesales como el derecho a la defensa o a la presunción de inocencia. El actual Ejecutivo del PSOE asume que la redacción vigente lleva también a esa conclusión pero ha acordado esta semana con el Gobierno vasco el “desestimiento” en el pleito a cambio de modular algunos artículos. La idea es dejar claro que sólo se atiende a las víctimas en el uso de una competencia de asistencia social, sin que en ningún momento se investigue o condene a victimarios al margen de la vía judicial ordinaria.

Estos movimientos, en cambio, han suscitado la creación de una plataforma encabezada por el SUP y a la que se han unido otras organizaciones como Covite o la AUGC, incluso también Erne de la Ertzaintza. Están asesorados por Macarena Olona, exresponsable de la Abogacía del Estado en Euskadi ahora en otro destino, autora en su día del recurso de inconstitucionalidad.

En este grupo entienden que, pese a los cambios, la normativa continúa estableciendo responsabilidades de las Fuerzas de Seguridad del Estado sin las debidas garantías y comprobaciones. Políticamente, van un paso más allá y aseguran que esta normativa alimenta la “teoría del conflicto” al dar a tender que hubo víctimas del Estado como las hubo de ETA. El nuevo delegado del Gobierno, Jesús Loza, ha asegurado públicamente y en privado que hará pedagogía para evitar esta, a su juicio, incorrecta interpretación. Ha destacado incluso que las víctimas -que las hubo- fueron casos aislados y que han ido disminuyendo en el tiempo conforme se ha consolidado la democracia constitucional española.

El delegado del Gobierno de España en el País Vasco, Jesús Loza, se ha encontrado con apenas un mes de experiencia en el cargo una 'patata caliente': en un movimiento inédito, prácticamente el conjunto de las agrupaciones profesionales de policías nacionales y guardias civiles (además de Erne de la Ertzaintza) se han agrupado para criticar el acuerdo político con el Gobierno vasco por el que el Estado desistirá del recurso de inconstitucionalidad contra la ley autonómica para la reparación de las víctimas de violencia policial entre 1978 y 1999. Aseguran en esta plataforma que el texto alimenta la 'teoría del conflicto' del entorno de ETA para minimizar su historial terrorista e inflar las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Loza, sin embargo, ha querido ofrecer una rueda de prensa extraordinaria en una tarde de julio víspera de fiesta en Vitoria para negar la mayor, para poner en valor la labor de los uniformados y para recalcar que los abusos policiales “fueron aislados, no sistemáticos y han ido disminuyendo” conforme España fue abandonando los vicios de la dictadura.

Loza se define a sí mismo como “muñidor”. Como tal, medió en 2012 con el Gobierno central para aprobar un primer decreto para reparar a las víctimas de violencia policial desde 1960 hasta la aprobación de la Constitución, en 1978. Explica que fueron 187 los expedientes tramitados sin que la labor de la comisión de valoración creada al efecto recibiera “ningún tipo de crítica”. Fue una medida aprobada por el Gobierno de Patxi López.

Sin embargo, sí fue recurrida una modificación de ese decreto llevada a cabo en 2013, ya con Iñigo Urkullu en Ajuria Enea. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco emitió una sentencia en 2015 en la que echaba para atrás algunos cambios en la línea de que sin pruebas fehacientes no se podía acreditar la condición de víctima. “Lo que sí podemos afirmar es que el sistema establecido por el decreto recurrido, al no prever ningún órgano médico independiente que analice los informes aportados por los interesados, no garantiza la exigencia de fehaciencia”, estipuló el Superior.

El punto de fricción estriba en que la ley de 2016 para resarcir a las víctimas del período constitucional fue recurrida por el Estado al entender que la comisión de valoración se arrogaba funciones jurisdiccionales de investigación y condena de los victimarios, policías, una competencia exclusiva del poder judicial y que, además, requiere una serie de garantías como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. Ese texto recibió el apoyo de unos socialistas que ahora, en el Gobierno de España, exigen modificaciones de calado, como hacen constar algunos observadores en privado.

Como adelantó este periódico, el acuerdo para la retirada del recurso ante el Constitucional conllevará que el Parlamento Vasco promueva una modificación de la redacción original para suavizar todas las referencias que puedan dar a entender que se busca crear una especie de 'comisión de la verdad' paralela. La normativa, en suma, se agarrará a las competencias autonómicas de “asistencia social” a las víctimas sin analizar la culpabilidad o no de los victimarios, según Loza, de nuevo como “muñidor” en este asunto espinoso que viene a cerrar el círculo de reconocimiento a las víctimas tras las normativas que atienden a las de la Guerra Civil y el franquismo y a las de ETA, el GAL y otros terrorismos.

“Respeto absoluto a la presunción de inocencia y al honor”, ha repetido Loza en varias ocasiones en su comparecencia de prensa. Y ha lanzado un dardo: las modificaciones que se harán en la ley siguen punto por punto el argumentario elaborado por la abogada del Estado que redactó el recurso de inconstitucionalidad. Esa letrada es Macarena Olona, ahora ya fuera del País Vasco y que en esta nueva etapa asesora jurídicamente a la plataforma de organizaciones sindicales policiales, en la que también colaboran asociaciones de víctimas como Covite.

“Serán pocos cambios en número pero muy importantes en contenido. La comisión de valoración quedará alejada absolutamente de ser un órgano jurisdiccional”, ha asegurado Loza, que ha subrayado que reconocer a estas víctimas no supone “ninguna equiparación” con los asesinados por ETA como tampoco poner una sola tacha a la actividad en Euskadi de las Fuerzas de Seguridad del Estado, cuya labor ha aplaudido.

Fuentes de la plataforma, sin embargo, no están convencidos de estos cambios anunciados. “El hecho objetivo para ser declarado víctima existe un victimario. Y para declarar que ha habido un victimario necesitas que haya habido un delito. Y eso no se puede hacer sin una resolución judicial”, explican. Y recuerdan que para ser declarado víctima del terrorismo hay que presentar una “acreditación fehaciente”, si no es una sentencia al menos una denuncia, un auto o un informe, lo que supondría un agravio comparativo.

Entretanto, el SUP ha activado un ardid judicial para intentar que se mantenga el control de constitucionalidad a pesar de la retirada del recurso por parte del Estado, algo que se formalizará probablemente este viernes en el Consejo de Ministros. Ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) contra la constitución de la comisión de valoración de las víctimas. En los próximos días se adherirán una a una el resto de organizaciones de la plataforma, según este sindicato de la Policía Nacional. Pretende que la sala eleve una cuestión de inconstitucionalidad y que el pleito siga vivo. Más inverosímil es el camino activado por Dignidad y Justicia, que según ha informado 'El Mundo' pretende “personarse” en el Constitucional y “sustituir” al Gobierno de España como recurrente contra la ley vasca de víctimas. No existen precedentes de semejante maniobra.

Lo que sí es posible es que el Constitucional no acepte el desestimiento del Estado y de manera autónoma decida mantener la revisión de la normativa autonómica. Según Erkoreka, sería una “cierta desconsideración a un acuerdo político” pero “hay precedentes” de situaciones en las que la corte de garantías ha actuado así.

Los Gobiernos central y vasco, en el marco de una “comisión técnica bilateral de cooperación”, han acordado entre la noche del lunes y la mañana del martes que el Estado desista de dos recursos de inconstitucionalidad contra leyes vascas, en concreto contra la normativa que persigue reparar a las víctimas de violencia policial en democracia y contra los apartados de los presupuestos autonómicos de 2018 que contemplaban una subida salarial del 1,5% para los funcionarios vascos que luego quedó superada por una mejora mayor (1,75%) prevista en las cuentas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy antes de la moción de censura. Los equipos de Meritxell Batet y Josu Erkoreka han acordado también desbloquear algunas de las 37 transferencias pendientes para completar el Estatuto de 1979, empezando por las autopistas AP-1 y AP-68.

El punto que mayores debates jurídicos ha motivado entre los equipos técnicos de ambos Ejecutivos ha sido el relativo a la ley aprobada por el Parlamento Vasco en 2016 -también con el apoyo socialista- para reconocer y reparar a unas 400 víctimas de la violencia de actuaciones policiales ilícitas en el marco de la lucha contra el terrorismo de ETA. El Gobierno del PP había presentado un recurso de inconstitucionalidad al entender que Euskadi se arrogaba una competencia para investigar delitos invadiendo las funciones exclusivas del poder judicial -sin procurar garantías a los victimarios, como la presunción de inocencia- y los apartados fundamentales de la normativa estaban en suspenso.

Como adelantó eldiarionorte.es, ambos Gobiernos han acordado el “desestimiento” de ese recurso de inconstitucionalidad a cambio de el Parlamento Vasco modifique la docena de artículos cuestionados por el Estado en busca de una mayor “seguridad jurídica”. Según ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Gobierno de Iñigo Urkullu, Josu Erkoreka, se trata de “modificaciones puntuales y concretas” de redacción que no afectan al espíritu de resarcimiento de la ley de víctimas pero que sí deje claro que “no se sustituirá a los tribunales” ni se producirá “un señalamiento de culpas” a los victimarios. Se trata de ejercer “competencias de asistencia social”, ha enfatizado Erkoreka, que ha asegurado que es “un buen acuerdo”.

El acuerdo político extrajudicial, sin embargo, no está exento de riesgos. Por un lado, el Tribunal Constitucional puede adoptar una “decisión autónoma” de continuar con la revisión de la ley vasca de víctimas a pesar de que el promotor del recurso entienda que ya no hay motivos para ello. Sería una “cierta desconsideración a un acuerdo político” pero “hay precedentes”. Y, por otro lado, los partidos que apoyan al Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, no tienen mayoría absoluta en el Parlamento para modificar en solitario la redacción actual de la ley.

El responsable de Derechos Humanos de Urkullu, Jonan Fernández, ya ha iniciado los contactos con la oposición para poder solventar con “rapidez” este trámite. El Gobierno da por descartado el apoyo del PP al entender que está en la línea argumental del recurso de su Gobierno. Sin embargo, no descarta a EH Bildu, aunque ya rechazó en 2016 votar 'sí' por ver insuficiente aquella redacción que ahora se va a modular. La tercera opción sería la de Elkarrekin Podemos. Hay “disposición favorable”, ha asegurado Erkoreka preguntado por las conversaciones con la oposición, sin dar demasiados detalles.

De igual manera, este acuerdo político tendrá que hacer frente a los movimientos de una nueva plataforma que agrupa a sindicatos de todos los cuerpos policiales y a asociaciones de víctimas del terrorismo (SUP, CEP, SPP, UFP, UGC, AUGC, APROG, Aserfavite, ACFSEVT, Erne o Covite). En nombre de todos ellos, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha presentado ya un recurso contencioso-administrativo contra la constitución de la comisión de valoración prevista en la ley para determinar el reconocimiento de las víctimas. Ese pleito se ha residenciado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) y, según las fuentes consultadas, podría derivar en una cuestión de inconstitucionalidad que tumbara la ley. Apoya a este grupo la exjefa de la Abogacía del Estado en Euskadi y autora del recurso, Macarena Olona.

Asimismo, 'El Mundo' ha informado de que Dignidad y Justicia se ha “personado” en el Constitucional para “sustituir” al Gobierno como promotor del recurso si éste desiste. Fuentes del Gobierno vasco, en cambio, indican que es dudoso que un particular tenga “legitimidad jurídica” para sostener un contencioso en la jurisdicción constitucional.

Subida a los funcionarios tras el verano

El Consejo de Ministros formalizará la retirada del recurso este viernes o, como muy tarde, el 3 de agosto. En todo caso, el compromiso es sustanciarlo antes de las vacaciones. Asimismo, ordenará la retirada del recurso contra los presupuestos vascos de 2018 en lo tocante a la subida salarial del 1,5% (más 0,5% en EPSV) a los alrededor de 70.000 funcionarios autonómicos.

Este recursos del exministro Cristóbal Montoro se produjo porque la subida vasca entró en vigor antes de la promulgación de los presupuestos generales, que autorizan las condiciones laborales del conjunto de empleados públicos de España. Pero se dio la paradoja de que el Estado preveía una mejora de hasta el 1,75%, es decir, mayor que la vasca.

Euskadi, una vez retirado el recurso, elaborará los informes jurídicos preceptivos para aplicar la subida a la vuelta del verano. Se articulará en una mejora del 1,5% desde el 1 de enero de 2018 y del 1,75% desde el momento de aprobación de los presupuestos del Estado. La media anual será del 1,65%, aproximadamente. Asimismo, se mejorará la aportación a la EPSV Itzarri del 0,5% al 1% antes de final de año. Fuentes del Gobierno vasco indican que no será necesario retocar la ley de presupuestos para acometer estos cambios porque ya se previó que las medidas propias podrían aplicarse sin perjuicio de las mejoras que pudiera proponer el Estado.

La relación “fluida” del Gobierno vasco con el nuevo equipo de Pedro Sánchez y, singularmente, entre el consejero Erkoreka y la ministra Batet se plasmará también en el desbloqueo de varias transferencias de las 37 pendientes para completar el Estatuto de 1979. En septiembre se firmará ya la cesión de dos líneas menores de ferrocarril en Bizkaia, algo ya cerrado con Soraya Sáenz de Santamaría. Asimismo, se abordará la cesión de las autopistas AP-1 y AP-68 (la primera ya libre de peaje desde noviembre) y un posible acuerdo en torno al puerto de Pasaia, aunque según Fomento es de “interés general” y, por lo tanto, intransferible. Nada ha comentado Erkoreka sobre las dos cuestiones “prioritarias” para Euskadi en este terreno, las Prisiones y el régimen Económico de la Seguridad.

Los Gobiernos central y vasco encaran una semana decisiva para zanjar, mediante un acuerdo político extrajudicial, el contencioso constitucional abierto por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy en torno a la ley vasca de víctimas de violencia policial, unas 400 según cálculos estimativos. El nuevo equipo del PSOE está dispuesto a retirar el recurso de inconstitucionalidad contra este texto aprobado en 2016 en el Parlamento Vasco –también por los socialistas- pero la decisión del Consejo de Ministros sólo se adoptará si existe un compromiso de “ajustar” ciertas aristas de la redacción original. Según las fuentes consultadas, ello podría obligar a reenviar el texto a la Cámara autonómica para una modificación ‘exprés’, si bien PNV y PSE-EE no cuentan con mayoría absoluta y deberían buscar el apoyo o la abstención de Elkarrekin Podemos ante lo improbable de que, por motivos opuestos, PP y EH Bildu entren a esta operación.

La ley para reparar a las víctimas de actuaciones policiales ilícitas ocurridas en democracia, entre 1978 y 1999, fue aprobada ahora hace dos años en el último pleno de la legislatura pasada merced a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE. EH Bildu, que defiende el reconocimiento de este colectivo en pie de igualdad con las víctimas de ETA, se abstuvo al entender que se había quedado corto, mientras que PP y UPyD votaron ‘no’.

Ya en los debates parlamentarios se puso de manifiesto la posible inseguridad jurídica de esta ley, que daba continuidad a un decreto para reparar a las víctimas policiales, las de la dictadura (unas 200). La clave estribaba en que el reconocimiento de la condición de beneficiario de las previsiones de la norma la iba a determinar una comisión de valoración de manera paralela a los tribunales, es decir, sin que fuese imprescindible una resolución judicial.

El PSE-EE insistió hasta el final en la necesidad de modular esta parte del articulado, pero ello no evitó el recurso del Gobierno del PP. Según la Abogacía del Estado, que consideró “loable” el deseo de reparar a estas víctimas, hasta 11 disposiciones eran inconstitucionales porque Euskadi no puede arrogarse la competencia jurisidiccional por encima de los tribunales y porque la comisión no ofrece las mismas garantías de presunción de inocencia o derecho a la defensa para los victimarios. Para el Gobierno de Iñigo Urkullu, en cambio, esa argumentación era una simple “excusa” para no aceptar la existencia de violencia policial en el marco de la lucha contra ETA.

Ante el anuncio del recurso de inconstitucional, la normativa procesal prevé la creación de una comisión bilateral para negociar durante seis meses una interpretación satisfactoria para ambas partes y evitar el pleito. No fue posible y el PP formalizó el recurso. Varios artículos quedaron suspendidos cautelarmente. No era toda la ley pero sí su corazón. La comisión de valoración de las víctimas, por ejemplo, se ha podido constituir recientemente pero no puede iniciar su misión.

Pero el cambio de inquilino en La Moncloa ha modificado el escenario. El PNV apoyó la investidura de Pedro Sánchez y los socialistas vascos impulsaron esta ley y ahora gobiernan en coalición en Euskadi. El nuevo delegado del Gobierno, Jesús Loza, anunció la voluntad de zanjar el contencioso en julio, antes del parón estival. Agotado ya el plazo para llegar a un acuerdo de interpretación, la única salida pasa por la retirada del recurso antes de que el Constitucional resuelva. La decisión corresponde al Consejo de Ministros -se reúne el 27 de julio- pero las fuentes consultadas apuntan que no se hará sin unas garantías previas por parte del Gobierno vasco de que se introducirán algunos cambios en la línea de modular el carácter ‘sentenciador’ de la comisión de valoración de las víctimas. La intención es justificar su labor con base en las competencias autonómicas en materia de protección social.

“Si no hay cambios de redacción mantendremos el recurso”, ha explicado por escrito el delegado del Gobierno a una plataforma de nueva creación en la que participan sindicatos de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de la Ertzaintza, así como  asociaciones de víctimas del terrorismo como Covite. Este grupo entiende que la ley forma parte de una estrategia de “construcción de un relato paralelo” por el cual las Fuerzas de Seguridad del Estado ejercieron la violencia al mismo nivel que ETA. De hecho, se muestran críticos con la presencia en la comisión del forense Francisco Etxebarria, autor de un informe para el Gobierno vasco que cifra en unos 4.000 los casos de tortura de los tres cuerpos.

Esos “cambios de redacción” que asumen ambos Gobiernos sólo pueden hacerse con una modificación en el Parlamento. El problema es que PNV y PSE-EE están faltos de un escaño para la mayoría. Es improbable que EH Bildu entrase a negociar una ‘rebaja’ de un texto que ya hace dos años le pareció insuficiente y el PP ha defendido siempre la argumentación plasmada en el recurso de inconstitucional. La única opción parece ser Elkarrekin Podemos, con cuya abstención bastaría para cambiar la ley de víctimas.

Entretanto, la plataforma que agrupa a SUP, CEP, SPP, UFP, UGC, AUGC, Aserfavite, Erne o Covite, entre otros, ha ‘fichado’ a la abogada del Estado Macarena Olona para relanzar su posición contraria a la retirada del recurso. Olona fue la redactora del escrito que elevó el Gobierno del PP al Constitucional cuando ocupaba la jefatura de los servicios jurídicos del Estado en Euskadi. En la actualidad ocupa otro cargo público. Ante la inminencia del acuerdo entre las partes, este grupo de trabajo anuncia ya una reunión en los próximos días. Quieren evitar un “agravio” a la “dignidad” de los cuerpos policiales, que han sido “víctimas de la banda terrorista ETA” y no victimarios. No descartan incluso activar la vía judicial.

El Ayuntamiento de Vitoria, según ha confirmado el propio alcalde, Gorka Urtaran (PNV), ha trasladado a la Fiscalía el anuncio de la celebración de actos de homenaje al terrorista de ETA Diego Ugarte, asesino de Fernando Buesa y Jorge Díez Elorza, en las fiestas de San Juan del barrio de Judizmendi. Asimismo, en su primera decisión como delegado del Gobierno en el País Vasco, el socialista Jesús Loza, que fue representante de la Fundación Buesa y amigo del político, ha solicitado informes jurídicos para explorar la posibilidad de prohibir los actos incluidos en el programa festivo.

El enfado por el homenaje preparado a Ugarte y a otros presos por San Juan ha sido generalizado. Más si cabe debido a que no es la primera ocasión en que se ensalza la figura de este miembro de ETA en el barrio vitoriano de Judizmendi. Ocurrió en 2015 y también el pasado año, cuando se instaló una fotografía de grandes dimensiones del recluso en la plaza de Sefarad que finalmente fue retirada. En esta ocasión, la polvareda levantada ha sido mayor porque la revista del bario recoge una biografía del condenado en la que glosa su figura y su trayectoria omitiendo su doble crimen y también que preparó un coche-bomba contra otro dirigente político, Ramón Rabanera (PP).

El alcalde Urtaran ha explicado que los servicios jurídicos municipales han notificado el posible delito de enaltecimiento del terrorismo a la Fiscalía. También ha indicado que se ha abierto un expediente para reclamar la devolución de la subvención municipal a la asociación vecinal que organiza estas fiestas y que ha editado la revista. Se trataría de aproximadamente 10.000 euros -Judimendikoak es la que más dinero recibe, según 'Gasteiz Hoy'- y la pérdida de ese dinero podría motivar la suspensión de las fiestas.

En un comunicado, Judimendikoak Auzo Elkartea ha explicado que “la revista publicada desde hace más de 25 años desea ser un reflejo de la sociedad del barrio”. Y añade: “Por ello diferentes colectivos, asociaciones y personas a nivel individual publican artículos de diferente índole teniendo la libertad de expresión como principal argumento”. La asociación -continúa- “no se hace responsable ni enjuicia las opiniones vertidas por los diferentes colaboradores” aunque sí “lamenta” si “alguna persona o colectivo” se ha sentido “ofendido” y envía un recuerdo para “las víctimas de la violencia, de cualquier tipo”. Según la Cadena Ser, este martes se ha convocado una reunión extraordinaria para valorar la situación y decidir si se puede llevar adelante o no el programa para San Juan.

En el plano político, el PSE-EE -partido que dirigió en Álava Buesa y por el que fue vicelehendakari y diputado general- ha activado desde la Delegación del Gobierno los mecanismos legales para estudiar una posible prohibición de los actos de homenaje a Ugarte. Se trata de la primera medida del nuevo representante del Estado en Euskadi, Jesús Loza, designado el viernes por el Consejo de Ministros y en ejercicio de este martes tras la publicación de su nombramiento en el BOE.

Igualmente, otras formaciones como el PP han denunciado estos hechos. La secretaria general 'popular', Amaya Fernández, ha emplazado a Loza a que de continuidad a la labor de Javier de Andrés contra el enaltecimiento del terrorismo “ante la inoperancia del Gobierno vasco”.

Por su parte, Covite ha advertido de que denunciará a Judimendikoak por enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas si finalmente se celebra durante las fiestas del barrio el homenaje previsto. Para el colectivo de víctimas el comunicado de la asociación de vecinos es “un ejercicio de cinismo” porque mientras “profundiza las heridas y consagra el culto al terrorista” al “homenajear a los asesinos de nuestros familiares” dice que “pretende ayudar a superar las secuelas del terrorismo”. Covite se ha referido también a la posibilidad de que el Ayuntamiento retire la subvención a las fiestas: “No puede permitir que se humille a las víctimas y se convierta a terroristas en héroes con el dinero de todos”.

Los sindicatos de la Ertzaintza, cuerpo al que pertenecía el escolta de Buesa, Díez Elorza, también han mostrado su enfado. Erne ha mostrado su “perplejidad y repulsa” por unos hechos que “devuelven a épocas negras”. “No podemos mirar para otro lado ante hechos que enaltecen a terroristas y que humillan a las víctimas”, sostiene la central. Euspel, igualmente, entiende que “esto no tendría explicación ni cabida en otros lugares de Europa”. “En ningún país civilizado se permitiría lo que se viene permitiendo aquí”, abunda Aitor Rabanal.