La Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo y la Asociación Elebo celebran este jueves 12 de febrero la sesión de apertura en España del proyecto europeo 'Rural Connect', una iniciativa transnacional financiada por la Unión Europea a través del programa CERV, orientada a fortalecer la participación cívica y la capacidad de incidencia de los territorios rurales en las políticas europeas.

El encuentro contará con la presencia de delegaciones procedentes de España, Italia, Rumanía, Irlanda y Luxemburgo, reforzando el carácter internacional del proyecto y el intercambio de propuestas entre territorios rurales europeos.

Kike Collada, alcalde de El Recuenco y que además preside la Mancomunidad de Municipios del Alto Tajo explica que este proyecto consta de “compartir experiencias, organizar y conectar a la gente de los distintos territorios de la Unión Europea para proponer medidas y comunicar las necesidades que tenemos”.

Es por ello que este punto de partida tendrá un espacio de diálogo abierto en el Centro de Interpretación de Zaorejas el 12 de febrero entre las 16:00 y las 17:30 horas, al que podrán acudir agentes del territorio, asociaciones, colectivos y empresarios de la comarca, así como cualquier entidad interesada.

Las principales necesidades del Alto Tajo: vivienda y transporte público

Collada señala que hay medidas que pueden llevar a cabo por ellos mismos, pero que hay otras en la que es necesario contar con la colaboración de otras administraciones. “Por ejemplo, con la vivienda que es de competencia autonómica, pero que al final los ayuntamientos hacemos lo posible por poner medidas, y notamos que en cuanto ponemos viviendas en el mercado del alquiler o arreglarlas siempre hay demanda”, expone. Por otro lado, sobre el transporte público explica que en la actualidad “es muy sensible a la demanda, recientemente en la comarca de Molina y que siempre ha sido nuestro talón de Aquiles, porque antes brillaba por su ausencia”.

Collada vuelve a apostar por el aprovechamiento de los recursos forestales: “España es muy diversa, al igual que Europa, pero el hecho de estar en una zona forestal nos hace que muchos de nuestros proyectos quieran sacar riqueza de nuestros pastos, nuestra madera, nuestros ríos, y cómo podemos hacer una gestión responsable de estos recursos”, apunta.

Al mismo tiempo, el alcalde de El Recuenco señala que en la Mancomunidad del Alto Tajo ha existido un rejuvenecimiento de los Ayuntamientos y que esa es una de las “claves principales”. Para él es importante que “la gente joven coja esas entidades locales para hacer cosas nuevas no solo para arreglar dos o tres baches que hay en las calles del pueblo, sino de apostar por proyectos como este, de conectarnos con instituciones europeas y utilizar las nuevas tecnologías para promocionar el territorio”.

Collada considera que “lo que más falta hace en el mundo rural es el talento y recurso humano, personas formadas y preparadas que puedan hacer frente a estos retos, porque muchas veces lo que nos falta a las entidades locales es personal técnico suficiente para hacer frente a toda la burocracia que hay”.

Encontrar puntos comunes “para cambiar el mundo”

Rural Connect es un proyecto europeo que estará en funcionamiento durante dos años. En primer lugar, parte en Zaorejas, pero Kike Collada expone que “en el trascurso del proyecto haremos encuentros en los que consigamos atraer a figuras que sean interesantes para nuestros territorios y que pongan soluciones interesantes, donde se va a ir generando una batería de propuestas con la idea de compartirlo con las instituciones europeas que son las que financian y nos tutorizan en este proyecto”.

El alcalde de El Recuenco explica que otro objetivo es “precisamente fortalecer la democracia en Europa, acercando las instituciones europeas a las personas, empresas, asociaciones y colectivos del territorio”, teniendo en cuenta que “aunque los diferentes países participantes podemos ser distintos, pero pondremos en común los principales retos y soluciones que tenemos”. Apunta que “en ocasiones sin mala intención, en las instituciones europeas se toman decisiones erradas, donde no se tienen en cuenta algunos puntos de vista, pero estos procesos ayudan a dar voz a la ciudadanía y trasladar necesidades que no están siempre en la agenda”.

Kike Collada expresa que encontrar puntos comunes entre diferentes países “es más necesario que nunca”, teniendo en cuenta “el contexto internacional en el que vivimos”. Para él, “estamos preocupados por hacer comunidades, en los que se pueda vivir y mejorar las condiciones de vida de la gente que los habita”, teniendo también en cuenta a las asociaciones y las ONG porque “la idea es poder sumar más, son las minorías organizadas las que cambian el mundo”.

El alcalde de El Recuenco expone que en la actualidad en el panorama internacional surgen temas como “la defensa y la competitividad o el mercado interior, cuestiones que eclipsan otras que tenemos que poner sobre la mesa. Porque cuando se habla de autonomía estratégica, ¿dónde están los recursos? Los tenemos en el territorio, lo que comemos, la energía, los materiales, etcétera”. Para él “el mundo rural es un activo estratégico muy importante”, pero el problema llega cuando “se utiliza como espolio y no funciona para mejorar la vida de las personas que viven en ese entorno”. Por ello, considera “interesante poner en diálogo lo que ocurre en oros países” y contar con un espacio en el que “hacer un poco de Pepito Grillo y poner en valor lo que tenemos para que se nos escuche”.

La Asamblea de Ceuta celebró la pasada semana las dos primeras sesiones plenarias en las que los diputados no adscritos suman más que cualquiera de las formaciones de la oposición. El PP ocupa nueve asientos, los parlamentarios sin partido ya son seis, hay tres de Vox y PSOE y dos de los partidos locales MDyC y Ceuta Ya, que terminan de completar el colorido entramado político de la ciudad al que ahora se suma un grupo heterogéneo de expatriados por diversas razones que ha permitido al Ejecutivo popular aprobar los presupuestos.

Lo logró cuando la suma de no adscritos solo iba por cuatro –hace poco más de dos semanas que alcanzó los seis–: tres exediles del PSOE, Navil Rahal, Fidda Mustafa y Hikma Mohamed, y una de Vox, Teresa López –a la que a no mucho tardar se sumaría su ahora excompañero de siglas y otrora portavoz, Carlos Verdejo, que acaba de presentar una moción de censura contra el Gobierno–, que votaron a favor de las cuentas del Ejecutivo. El resto de la oposición lo hizo en contra.

Los presupuestos enmendados a última hora con casi medio centenar de modificaciones introducidas tras la aprobación inicial por el propio PP incluían en su primer borrador una partida de 377.180 euros, que fue ampliada vía enmienda a 580.896 euros, para los mataderos portátiles de la Fiesta del Sacrificio. Se trata de un servicio que desde 2022 presta la empresa R&B Sebta, de la que fue apoderado Rahal y que pertenece a su entorno familiar, con su esposa a la cabeza.

Esta vinculación en forma de adjudicaciones de contratos a firmas de su órbita cercana provocó que sus excompañeros socialistas acusaran al PP de compra de voluntades y al ahora diputado no adscrito de transfuguismo. A mediados de 2024, Rahal y Mustafa se saltaron la disciplina de voto del PSOE en la Asamblea apoyando una iniciativa del Gobierno. Ambos fueron expulsados de su partido y supusieron las primeras incorporaciones a la bancada de los no adscritos.

Para aquel entonces, la firma R&B Sebta ya había sido adjudicataria de tres contratos por parte de la Administración local, correspondientes al servicio de inhumación de finados (24.833 euros), el de captura de animales (25.615 euros) y el más cuantioso –y vigente en el momento de la ruptura del diputado con el PSOE– relativo a la gestión de los citados mataderos portátiles entre 2022 y 2025, por 1,5 millones de euros. Esto serían unos 375.000 euros anuales, más de 200.000 menos de la cuantía cerrada para 2026 tras la enmienda presupuestaria del propio PP y apoyada por el diputado.

Este miércoles, la Ciudad ha sacado además a concurso el servicio de los espacios móviles para sacrificio de animales, incrementando aún más la cuantía. El Ejecutivo ofrece 2,3 millones de euros por cuatro años, es decir, algo más de 575.000 euros por anualidad. Los pliegos exigen experiencia demostrable en los últimos tres años en actividades de similar naturaleza.

Otra sociedad que recibió encargos de la Ciudad, en concreto de la compañía pública del agua, Acemsa, fue Academia Rahal S.L., de la que es administrador el hermano del ex del PSOE, que en el pasado figuró como apoderado. En este caso, la firma obtuvo un contrato menor por 41.270 euros para reconstruir un muro de contención en febrero de 2024.

Además, la compañía Quarry Urban Developments, que administra la nuera del socio de Rahal en los mataderos portátiles, acumuló cinco adjudicaciones de contratos menores entre 2024 y 2025 por importe de 174.117 euros. Entre ellos, uno del pasado once de diciembre relativo a la adecuación de espacios en materia de accesibilidad universal y salubridad en la barriada Príncipe Alfonso.

Estas relaciones contractuales entre las partes –se entiende, las que ya se habían rubricado entonces– fueron defendidas como “legales” por el portavoz municipal y vicepresidente segundo de la Asamblea, Alejandro Ramírez (PP) en una comparecencia poco después de que Rahal dejara el PSOE.

Acusaciones de racismo

Otro voto clave para que el PP sacara adelante los presupuestos para 2026 fue el de Teresa López, exdiputada de Vox y tercera en unirse a los no adscritos, que actualmente se desempeña en el gabinete de comunicación del equipo de fútbol local –ahora en segunda división– y que es la entidad deportiva con subvención más elevada de todas las que financia la Ciudad Autónoma.

La cuarta incorporación al grupo de los no amparados por siglas políticas llegó a finales del pasado mes de mayo. La socialista Hikma Mohamed ahondaba en la crisis parlamentaria del PSOE que se quedaba en la Asamblea con tan solo tres representantes. A la par, otro miembro de la dirección del partido presentaba su dimisión entre acusaciones de racismo, Mohamed Haidor.

Unos meses después, hace apenas tres semanas, con los presupuestos ya aprobados, Vox se veía también con tres diputados después de la decisión Carlos Verdejo de dar el salto al amplio grupo de los 'sin partido' tras meses apartado de sus compañeros. El que fuera durante años portavoz en la Asamblea de la ultraderecha llevaba meses acusando a su propia formación de haber perdido la identidad, llegando a deslizar en ruedas de prensa en solitario supuestos usos poco éticos de los fondos públicos que llegaban a la agrupación.

Aunque en varias ocasiones amenazó con difundir documentación, nunca llegó hacerlo. Mientras tanto, acumulaba expedientes sancionadores por parte de Vox. Finalmente, Verdejo dio el paso a los no adscritos un 28 de diciembre, definiéndose entonces a sí mismo como “antipolítico”, calificando la Asamblea de “circo” e ironizando sobre presentar una moción de censura contra el Gobierno de Juan Vivas. Al final cumplió esa determinación y llevó esta misma semana la propuesta ante la cámara para su debate en una sesión plenaria con fecha aún por fijar.

Casi a la vez que Verdejo dejaba Vox, salía de prisión –de manera provisional y tras pagar una fianza– el diputado del MDyC y funcionario de prisiones, Mohamed Ali Duas. Investigado por narcotráfico en el seno de la operación de la Audiencia Nacional en la que apareció un narcotúnel que conectaba Ceuta con Marruecos, dejó su partido al poco de llegar de vuelta a la ciudad autónoma. Este último, sin embargo, mantiene su acta de diputado, por lo que podría volver a los plenos próximamente.

Una reprobación salvada: “No soy el artífice”

La acción de los parlamentarios sin siglas volvió a notarse la pasada semana, en los plenos celebrados el martes y el miércoles, cuando, por ejemplo, el Ejecutivo se libró de la reprobación por su gestión en materia de salud mental, en parte, gracias a los votos de algunos de los seis diputados. Un efecto que podría repetirse de manera constante en lo que resta de legislatura, con unos presupuestos y medidas de calado aún por aprobar.

Preguntado por esta cuestión en la rueda de prensa de cierre de año, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, se sacudió la responsabilidad. El líder local dejó la pelota en el tejado de los partidos de los que salieron los representantes ahora no adscritos y aseguró que sus contactos con ellos siempre se han enmarcado en la “legalidad” y ceñido “exclusivamente” a cuestiones políticas. “No soy el artífice”, zanjó, sobre la atípica situación en la que se encuentra la Asamblea ceutí.

Podemos Aragón ha anunciado la puesta en marcha de su asamblea ciudadana, un proceso interno que servirá para renovar la dirección autonómica y definir el rumbo político de la formación en los próximos años. “El próximo día 6 arranca la asamblea ciudadana de Podemos Aragón. Abre una nueva etapa para decidir juntas y juntos el curso del partido”, ha explicado Pilar Gimeno, miembro del equipo técnico que ha gestionado la organización durante los últimos meses.

Gimeno ha subrayado que el objetivo de este proceso es “seguir construyendo un Podemos útil y fuerte”. “Lo que nos une es algo más grande que los nombres. No va de cargos, va de seguir levantando un proyecto necesario para Aragón”, ha añadido. Por su parte, Héctor Almazán ha detallado el calendario de la asamblea, que se desarrollará entre noviembre y finales de mes. El proceso se inicia con la apertura de las preinscripciones de candidaturas, y concluirá el 29 de noviembre con la proclamación de la nueva coordinación y del Consejo Ciudadano. Las votaciones se realizarán de manera telemática entre los días 24 y 28 de noviembre.

“Es un proceso que conocemos bien y que siempre se ha desarrollado con tranquilidad en esta comunidad”, ha señalado Almazán, quien ha recordado que el equipo técnico “intenta ser neutral y mantener la imparcialidad” respecto a las candidaturas. Para optar a la coordinación será necesario reunir 90 avales, mientras que las listas al Consejo Ciudadano serán avaladas por el propio equipo organizador.

El responsable técnico ha destacado también el trabajo realizado en el último año: “Nos nombraron a principios de octubre de 2024 para mantener la gestión económica y administrativa del partido, relanzar los contactos con los círculos del territorio y reorganizar la forma de hacer política, tanto en la calle como en las instituciones”. Según ha explicado, la actividad orgánica se ha reactivado en localidades como La Almunia, Sabiñánigo, Huesca o Ejea, donde “las ganas de participar son evidentes”.

Almazán ha afirmado que el proceso se convoca “en un contexto político en el que el Gobierno de Aragón es incapaz de presentar presupuestos”, y ha recalcado que el nuevo equipo deberá “seguir haciendo política en la calle”. “Estamos satisfechos con el trabajo hecho y con haber llegado hasta aquí con paz y sin mal ambiente. A nivel estatal también nos han trasladado su apoyo y confianza”, ha añadido.

El dirigente ha recordado además que en estas votaciones podrán participar las personas inscritas en el censo estatal del partido, y destacó el papel de la militancia y de las bases en la revitalización de la organización. “Después del acto de Irene Montero hemos notado un repunte importante de afiliaciones y de gente que quiere volver a implicarse. El partido está muy vivo y con ilusión”, ha dicho Gimeno. Desde la dirección técnica confían en que el proceso contribuya a reforzar la cohesión interna y a abrir una etapa de debate constructivo. “Ojalá haya varias candidaturas, que haya debate, democracia y todo en buen ambiente. Lo más bonito es la democracia participativa”, han dicho, insistiendo en que el objetivo es entregar el relevo “con normalidad y sin tensiones”.

Preguntados por la carta difundida la semana pasada por un grupo de firmantes anónimos que decían representar a “una buena parte de la militancia de Aragón” en la que se criticaba la gestión de equipo técnico, Almazán ha dicho que no saben quién está detrás de esta carta “ni nos interesa”: “El equipo técnico no es quien para responder estas cartas”. Gimeno ha dicho que no creen que esta carta “haya salido de la militancia, no creo que haya nadie que tenga ese sentimiento de machacarnos” y ha continuado asegurando que lo que desean es “que haya mucha democracia participativa, ojalá haya varias candidaturas, todo en buen ambiente. Lo más bonito que hay es la democracia participativa”. 

En dicha carta, “un numeroso grupo de militantes de Podemos Aragón hemos tomado la determinación de denunciar públicamente este injustificado retraso”, indicaban. Lo hacían, sostenía, “desde el anonimato debido al acoso al que se han visto sometidos durante todo este tiempo los compañeros que simplemente ejercieron su derecho a criticar a la dirección interina actual”.  A continuación, estos militantes acusaban a la dirección interina –de la que destacan su “escaso bagaje”– de no visitar a los círculos y de un “apagón comunicativo” ante la militancia. Una forma de actuar que, desde su punto de vista, ha conseguido que los afiliados no participen en los actos de la formación morada. “La imagen que proyectamos hacia afuera como partido nos hace sentir, a muchos militantes, vergüenza ajena”, aseguraban.

Gimeno ha aprovechado además su comparecencia para valorar las recientes palabras de Carlos Mazón tras presentar su dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana: “Me da vergüenza escucharlo. Ni siquiera en este día ha podido empatizar con las víctimas. Es deprimente que el último día no sea capaz de pedir perdón o de reconocer el dolor y el sufrimiento”, ha afirmado la dirigente de Podemos Aragón.

Los vecinos Amara Berri, en Donostia, llevan años soportando el ruido que generan los trenes de Euskotren al paso por su barrio. Opinan que “hay que buscar una solución a la contaminación acústica”. “Tenemos todo el derecho del mundo a descansar en casa o paseando por el barrio”, afirman. El pleno del Ayuntamiento ha votado a favor de la cubrición pero el asunto ha dividido al Gobierno municipal, con el PNV en el 'sí' y el PSE-EE en el 'no'. Los socialistas dirigen el área de Movilidad en el Gobierno vasco y han apuntado a un coste superior a 50 millones de euros como justificación.

La propia asociación del barrio, conocida por las siglas ABAE, lleva 12 años reivindicando una solución. De hecho, se constituyó una comisión específica llamada junta para la cubrición. Según Josu Crespo, miembro de la ABAE e ingeniero, actualmente, el ruido afecta de forma directa alrededor de 3.500 vecinos de Amara Berri, que es uno de los barrios más poblados de Donostia con casi 30.000 habitantes. Los vecinos sufren el paso de trenes desde las 05:20 horas hasta las 23:30 horas. “Anteriormente, el primer tren aparecía a las 7:00 de la mañana. Cada vez pasan con más frecuencia y con más ruido”, comenta.

Además, señalan que cada 7 minutos y medio pasan dos trenes, “uno para un lado y otro hacía el lado contrario”. Es decir, un paso cada menos de cuatro minutos. Por otra parte, durante los fines de semana y verano, la frecuencia aumenta. Según la asociación, tras realizar algunos cálculos, pasan un total de 89.000 trenes al año.

Por otra parte, Crespo afirma que, en las inmediaciones, hay un ambulatorio donde, por indicación sanitaria, las ventanas deben estar abiertas, pero el ruido del tren impide escuchar bien al personal. Además, hay dos colegios, y en uno de ellos, se pide a las familias que no abriguen mucho a los niños en los meses calurosos porque no pueden abrir las ventanas a causa del ruido.

La propuesta de la asociación para hacer frente a la problemática es la cubrición de las vías. Según Crespo, consiste en la implantación de dos paredes verticales y techadas, con el objetivo de no tener que desviar y parar el tráfico ferroviario. La pared lateral que da al paseo sería en forma de jardín vertical que se uniría con el talud del monte. Arriba, tal como comenta Crespo, se generaría un paseo y un “bidegorri” que uniría el centro de la ciudad con Anoeta. La propuesta incluiría la cubrición tanto en el tramo Morlans-Anoeta (700 metros), como en el tramo Anoeta-Riberas de Loyola (300 metros).

Un paseo por el barrio

Durante un paseo por la zona del barrio de Amara Berri, se repite el mensaje. Algunos, incluso sin vivir allí, lo notan. “No vivo en el barrio, pero entiendo que a quienes sí lo hacen les moleste”, comenta una mujer que se encuentra en la zona. “Si viviera por aquí, estaría harta”, agrega. Los más afectados, por supuesto, son quienes tienen sus casas encima del paso del tren. Una pareja que vive desde hace años en el barrio lo cuenta con frustración: “El ruido va hacia arriba. No podemos abrir la puerta del salón que da a la terraza, ya que no se oye ni la televisión”.

El caso de Jaime, un vecino del Paseo Zorroaga, es representativo de las medidas que algunos se han visto obligados a tomar: “He cambiado tres ventanas. Me he gastado 6.000 euros solo en aislar la cocina. Y aun así, en verano tengo que cerrar todo: ventanas, persianas, puertas,... toda la casa sellada. Porque si no, el tren se cuela por todos los rincones”. Además, cuenta que desde las cinco y diez de la mañana ya empieza el ruido. “Cada tres minutos pasa, vivo en un tercero. Tengo suerte de que mi habitación da a la plaza trasera y se oye menos”, apunta.

Aunque algunas viviendas sufren menos el impacto, las molestias se extienden por todo el vecindario. Una vecina que vive frente al ambulatorio del barrio, en un octavo piso, cuenta que “ahora con las obras, el tren se oye un poco menos, pero cuando no las había, era tremendo”. “Y hay vecinos, sobre todo los de las esquinas, que lo sufren aún más. Hay casas en las que les cuesta mucho dormir”, indica. Esa misma vecina subraya algo que muchos coinciden en destacar: la necesidad de apoyo mutuo entre los vecinos. “Tenemos que ayudarnos entre nosotros. Porque lo que hoy nos afecta a nosotros, mañana le pasará a otro. Esto no va de comodidad, va de salud, de poder descansar, de calidad de vida. En el barrio se comenta que el ruido es una problemática”, destaca.

La reivindicación principal es clara: no quieren soluciones parciales ni “pantallas acústicas”, como se les ha planteado. El barrio exige una obra estructural: el cubrimiento del trazado que permitirá, según los afectados, reducir de forma real y efectiva la contaminación acústica.

La lucha en las instituciones

En 2013, un miembro de la asociación puso la primera denuncia en el ayuntamiento de Donostia. Desde entonces ha habido multitud de reuniones con la institución. Incluso han podido llevar la iniciativa hasta el Parlamento Vasco en dos ocasiones: una de forma presencial y otra online. En febrero del 2025, tres miembros de la ABAE se reunieron con el Gobierno local, con algunos concejales y también con el director general de ETS (Euskal Trenbide Sarea). ETS es el administrador ferroviario autonómico.

Según Crespo, en aquella reunión quedó claro que el problema por contaminación existía y que había que buscar una solución a los miles de afectados. El 6 de mayo, se solicitó una comparecencia y tres miembros de la ABAE acudieron a la sede del Ejecutivo autonómico. Allí, decidieron mostrar un video que captaba el ruido que se escuchaba desde las casas de los vecinos. “Al final una imagen con sonido vale más que mil palabras y creíamos que un video podría ilustrar perfectamente lo que sentíamos los vecinos y las vecinas del barrio”, comenta la asociación. Según Crespo, quedó claro que la cubrición era técnicamente viable y que dependía solo de la financiación y de voluntad política. Por otra parte, también quedó claro que al tratarse de una integración urbana, debía de haber una cofinanciación entre el Ayuntamiento de Donostia y el Gobierno Vasco.

Mientras tanto, la asociación seguía luchando desde las calles. El 31 de mayo, 400 vecinos de Amara Berri, se manifestaron por el barrio. Se pedía que se garantizara su derecho al descanso, para ello, el cubrimiento era la única vía. Según comenta la asociación, “esta manifestación fue clave, porque salió en los medios de comunicaciones y nos dio la oportunidad de que la problemática se conociera más allá del barrio”.

También, se pegaron unas pancartas a favor del cubrimiento. En total, colocaron 11, un sábado. “El lunes las habían quitado”, lamentan la asociación. Por otra parte, se realizó una recogida de firmas para el encubrimiento en dos sábados distintos. Se recogieron en dos puntos, uno en la zona de Paseo de Errondo y otro en la del Paseo de Zorroaga. En total en 2 horas se reunieron entre 900 y 1000 firmas.

El 26 de junio, el pleno de Donostia aprobó instar al Parlamento Vasco ejecutar la cubrición de los tramos ferroviarios de Amara. La propuesta salió adelante con los votos a favor de EH Bildu, PNV y PP, la abstención de Elkarrekin Podemos y el voto en contra del PSE-EE. El PNV se alineó contra su socio. Los miembros de la asamblea recuerdan lo ocurrido en el Ayuntamiento con felicidad: “Cuando se hizo la votación, nos pusimos de pie, sin hacer ningún ruido. Ha sido un paso importante lo que sucedió allí”.

La asociación explica que “por parte de EH Bildu nos hemos sentido apoyados desde el primer momento, la verdad sea dicha”, tanto en el Ayuntamiento, en las Juntas Generales y en el Parlamento Vasco. “El PSOE ofrecía otra solución: unas pantallas que se están desarrollando en Tecnalia”, narra la asociación. Según ETS, el ente público dependiente del Departamento de Movilidad Sostenible del Gobierno vasco, la cubrición total no está entre los planes.

Un futuro esperanzador

Mientras dos miembros de la asociación realizan un paseo por el barrio en una tarde de verano, se les observa con ilusión cara al futuro. “EH Bildu va a hacer esta misma propuesta en las Juntas Generales, en el pleno que va a haber en el mes de septiembre”, comentan. Dejan claro también que su actividad no se limita al problema con los tres. “Estamos preocupados también por los malienses que se encuentran en el barrio”, apuntan. Llevan semanas pernoctando alrededor de la oficina de CEAR Euskadi. “El otro día organizamos, un 'almuerzo solidario' para apoyarles y estar con ellos”, comentan ambos.

Uno de ellos sigue caminando. Observa las vías del tren y vuelve la vista hacia los bloques de viviendas. Su implicación es constante. Más allá de los plenos institucionales, lo que realmente le mueve es mejorar la vida de su barrio: “Son muchos años de lucha, pero seguiremos trabajando”.

Alrededor de un centenar de cargos y excargos de Vox, críticos con la deriva que ha tomado la formación de extrema derecha, se han reunido este sábado en un hotel de Madrid para reclamar a la dirección que preside Santiago Abascal un congreso de “refundación” del partido para recuperar las señas de identidad con las que nació y volver a celebrar elecciones primarias, entre otras muchas cosas. Según denuncian tienen “la dolorosa sensación general” de que “les han robado el partido” y “no saben quién está al mando ni qué rumbo lleva”.

 Además, el grupo de descontentos, que por primera vez se han decidido a plantar cara al líder, se preguntan si Abascal podría ser “rehén de esta situación o un colaborador necesario” por lo que exigen responsabilidades a toda su Ejecutiva por su “desprecio al espíritu de regeneración que provocó el nacimiento y éxito de Vox”.

 A la cita han asistido los procuradores de las Cortes de Castilla y León expulsados recientemente, Ana Rosa Hernando, de Burgos, y Javier Teira, de Salamanca y la portavoz del Ayuntamiento de Palencia, Sonia Lalanda, que también fue expulsada por manifestar sus discrepancias con la cúpula de Vox  También ha ido la diputada díscola de Baleares Idoia Ribas, además de ex cargos públicos de diversas comunidades y varios concejales en activo.

Ninguno de los dirigentes que abandonaron la formación por discrepancias con Abascal, como Macarena Olona, Espinosa de los Monteros, Rocío Monasterio, o Juan García Gallardo, que dimitió de todos sus cargos recientemente, se ha dejado ver por allí.

 El descontento de este grupo, que crece cada día más, se ha ido larvando a lo largo de los últimos meses porque creen que los actuales dirigentes de Vox están tomado decisiones que perjudican a la formación, entre ellas dejar el grupo de los conservadores europeos (ECR) que lidera Giorgia Meloni en Europa, e impulsar el de Patriots junto con el primer ministro de Hungría, Viktor Orban, que ha financiado a Vox. Estos cargos ya criticaron esta decisión en el manifiesto 'Patriotas de quien pague', que hicieron público antes de la celebración de la cumbre de dicho partido en Madrid bajo la tutela de Abascal.

 Otro de los reproches que hacen a la dirección es “ausencia de democracia interna, la anulación del derecho a opinar, el ordeno y mando a través de listas de difusión, el miedo a represalias e injurias hacia quien se atreve a hablar o la nula transparencia en el manejo de los fondos”.

En concreto, claman por volver a celebrar primarias, derogadas “abusando de la buena fe de los afiliados para blindar a la cúpula”. Solo se mantiene las que se convocan para la presidencia del partido pero los críticos recuerdan que la inesperada convocatoria de la Asamblea Extraordinaria “hizo imposible presentar cualquier candidatura alternativa”.

También consideran que fue un error abandonar los gobiernos autonómicos de coalición con el PP por las discrepancias con los de Feijóo por la inmigración y lamentan que se haya “echado o invitado a marcharse” a quienes han contribuido “en distintos niveles de responsabilidad a construir el proyecto de Vox”.

Como “conclusión” afirman que “nada queda ya del espíritu de regeneración de la vida pública que inspiró la creación de Vox”. Los reunidos en dicha cumbre han hecho público, al término del encuentro, un documento que han bautizado como “Declaración de Barajas”, dado que el cónclave se ha celebrado en un hotel de ese distrito de Madrid

Movimiento Sumar camina en su reconversión a un partido político tradicional después del intento frustrado de convertirse en una plataforma amplia que agrupase a todas las formaciones de la izquierda transformadora. La formación tiene listo ya el documento organizativo que concreta sobre el papel una realidad que ya funciona en la práctica y que terminará de consolidarse con la nueva asamblea prevista para marzo. En esa cita, también se resolverá la sustitución de Yolanda Díaz como líder del partido: su cargo pasará a estar desempeñado por dos personas.

Apenas habían pasado unos meses desde la asamblea constituyente de Sumar como germen de un frente amplio de la izquierda cuando los documentos aprobados en ese cónclave habían quedado ya en papel mojado. La forma en que el proyecto de Díaz negoció la construcción de la plataforma política con los partidos políticos y los resultados de elecciones que se sucedieron en la primera parte del año llevaron en junio a la dimisión de la vicepresidenta segunda del Gobierno como coordinadora general y obligaron a una reformulación de la hipótesis inicial.

El documento que votará la nueva asamblea reconoce los problemas experimentados por el proyecto en los últimos meses. “Este ciclo electoral ha demostrado que la acumulación de fuerzas y capital político colectivo que garantizó la reedición del gobierno progresista y cuya llave fue Sumar, no se trasladaba en las mismas condiciones al resto de citas electorales”, sostiene el texto. 

El resultado del ciclo político tuvo “dos consecuencias”, añade el documento: la dimisión de Yolanda Díaz y la “necesidad de actualizar la hipótesis Sumar para el corto y medio plazo”. “Cambia el escenario político, pero no cambian los elementos que convocaron la construcción de Sumar”, sintetiza. 

Esa actualización de la hipótesis se hará en varios planos. Por un lado, recoloca a Movimiento Sumar como un partido más, en pie de igualdad con el resto de fuerzas y no como cabeza o paraguas de la coalición. Y por otro, plantea una respuesta a la decisión de Díaz de dimitir del liderazgo orgánico para centrarse en su tarea de Gobierno y tratar de recuperar la imagen que le granjeó su gestión durante la legislatura pasada. 

Para ello, el nuevo partido no elegirá un único nombre para sustituir a la vicepresidenta, sino que creará una dirección colegiada de dos personas, similar a la que acaban de elegir los comuns en su congreso. El partido cambia también su forma de elegir a sus órganos y de votar los nuevos documentos: lo hará por un sistema de delegados y no mediante una consulta a la militancia como hace un año.

No obstante, Movimiento Sumar sí deja claro en sus documentos su predisposición a celebrar primarias en los procesos de confluencias con otras formaciones políticas. “Si bien los acuerdos relacionados con dichos procesos se desarrollarán sin aprioris, buscando procesos de confluencia y unidad, sí creemos importante indicar que Movimiento Sumar promoverá que estos procesos se aborden con sistemas de primarias, con reglas inclusivas y abiertas a la sociedad civil”, dice el texto. 

La política de alianzas es precisamente uno de los elementos clave del documento y de lo que quiere ser Movimiento Sumar a partir de ahora. A pesar de que la formación renuncia a ser el paraguas de la izquierda, sigue reivindicándose como una formación con vocación de tejer alianzas tanto entre partidos como entre los movimientos sociales. 

“Militar en Movimiento Sumar debe partir siempre de que formamos parte de un ecosistema más amplio, con compañeras y compañeros de otras organizaciones muy diversas. No competimos por las marcas, ni por la visibilidad. Construimos, cooperamos, priorizamos el acuerdo y la propuesta. Queremos ser útiles a los territorios en los que estamos, aportar ideas, fortalecer el Movimiento Sumar fortaleciendo también otros espacios”, dice el documento, cuya redacción ha liderado la secretaria de Organización, Lara Hernández. 

Es por eso que el documento establece la doble militancia, con la que ya ejercen cargos importantes de Movimiento Sumar como el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que también es dirigente de los comuns. 

Despliegue en todos los territorios salvo en Catalunya

La cuestión territorial ha provocado intensos debates en la formación desde su fundación. En gran parte debido a que muchos de los partidos que están en la coalición son de arraigo territorial, como Más Madrid, los comuns en Catalunya o Compromís en la Comunitat Valenciana. Antes de la asamblea constituyente del pasado marzo, Sumar chocó con el partido de Mónica García, que veía con recelo las intenciones del partido estatal de crear una estructura en la Comunidad de Madrid. 

Tras un largo debate estos últimos meses, el documento deja claro que Movimiento Sumar creará una estructura territorial con asambleas constituyentes en todas las comunidades autónomas y también lo hará, si es necesario, en clave local. Con la única salvedad de Catalunya, donde el partido cuenta con un acuerdo con los comuns. “Es el espacio para la participación política de las personas inscritas en Movimiento Sumar”, establece el texto.

En el resto, el partido se desplegará aunque con un reconocimiento expreso en su documento a la “la experiencia, la fuerte implantación territorial y el capital político acumulado” por fuerzas a las que califica de “hermanas” en territorios como “Madrid, Asturies, País Valencià o Baleares”. “Las estructuras y órganos de Movimiento Sumar actuarán en permanente y estrecha coordinación y colaboración con estas fuerzas en toda su acción política, reconociendo su posición en el espacio progresista del territorio. Estos reconocimientos y los de otros territorios y fuerzas estarán sujetos a los debates autonómicos fundacionales”, expone. También hace una mención a las “experiencias municipalistas consolidadas y arraigadas”. En Madrid, por ejemplo, el proceso autonómico comenzará inmediatamente después de la asamblea estatal. 

En Galicia y en Euskadi, Movimiento Sumar ya tiene estructura creada. Ambos territorios celebraron respectivas asambleas el pasado noviembre, aunque en estos dos casos se trata de partidos con personalidad jurídica propia, federados a la entidad estatal. 

Tras la publicación de los documentos por parte de la dirección de Movimiento Sumar esta semana, el partido abrió un calendario que durará hasta finales de enero para que los miembros de la formación (militantes al día del pago de su cuota) puedan proponer documentos alternativos, enmiendas a los oficiales y proponer candidaturas a la coordinación general tanto estatal como autonómica.

Con ello, Movimiento Sumar inicia el proceso de una asamblea con la que no solo busca reorientar las hipótesis que fracasaron a mediados de este año, también recuperar la iniciativa política después de un año muy duro al que se sumó este octubre el caso de Íñigo Errejón, que dimitió del partido entre acusaciones de acoso sexual.

En un sistema democrático solamente puede ser censurado el presidente del Gobierno o primer ministro que ha llegado al poder con un mandato del cuerpo electoral. Un mandato nítido, alcanzado con un voto mayoritario hacia su persona o con una negociación por él liderada con otras formaciones políticas. La legitimidad parlamentaria resultante del ejercicio del derecho de sufragio mediante la que se llega a ser presidente del Gobierno o primer ministro es la premisa de la moción de censura. Sin dicha legitimidad la moción de censura no se dirige contra él, sino contra la persona que lo ha puesto al frente del Gobierno.

Esto es lo que acaba de ocurrir en Francia. Michel Barnier ha sido primer ministro porque Emmanuel Macron así lo ha decidido, pero nada más. De ahí que el voto de la moción de censura a quien desautoriza es al que tomó la decisión y no a quien ha ocupado el lugar como consecuencia de la misma. En los libros de historia, Michel Barnier figurará al lado de George Pompidou como los dos únicos primeros ministros destituidos mediante una moción de censura. Y jurídicamente ha sido así. Pero la distancia política entre Barnier y Pompidou es infinita. Barnier ha sido un político destacado, pero sin legitimidad propia. Pompidou fue quien consolidó la Vª República, como primer ministro bajo la Presidencia del general De Gaulle y como presidente elegido por sufragio universal tras la renuncia de De Gaulle.

Ha sido Emmanuel Macron quien tomó la decisión de disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones anticipadas tras los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo, con la finalidad de frenar lo que parecía un ascenso irresistible de Marine Le Pen hacia la presidencia de la República. Con buen criterio, en mi opinión, Macron pensó que el sistema electoral parlamentario permitiría poner de manifiesto que la extrema derecha no era mayoritaria, dibujando de esta manera un escenario distinto para la elección presidencial de 2027. 

Y acertó. Mientras que en las elecciones europeas el Frente Nacional ganó de manera rotunda, en las elecciones a la Asamblea Nacional se volvió a evidenciar que existe una suerte de “frente republicano” que supera claramente al “frente nacional”. La mayoría que llevó a la Presidencia de la República a Jacques Chirac frente a Le Pen padre y a Emmanuel Macron frente a Le Pen hija ha sido la mayoría que ha frustrado la victoria del Frente Nacional en las elecciones a la Asamblea Nacional. 

Si Emmanuel Macron hubiera sido coherente con la lógica parlamentaria de las elecciones a la Asamblea Nacional que él mismo subrayó durante la campaña electoral dentro de su propio partido, recordando que él era presidente de la república gracias al voto de la izquierda, y hubiera respetado el resultado electoral y designando como primer ministro a un candidato propuesto por la izquierda que había ganado las elecciones, se habría producido una nueva “cohabitación”, como ocurrió bajo las presidencias de Mitterand y de Chirac. Y no se habría puesto en cuestión ni la legitimidad presidencial ni la legitimidad parlamentaria, que tienen que ser combinadas desde la reforma constitucional que introdujo la elección del presidente de la República por sufragio universal.

Pero no ha sido así. Emmanuel Macron ha traicionado la voluntad manifestada en las urnas por el cuerpo electoral y ha colocado como primer ministro a un diputado que únicamente podía mantenerse en el cargo con la anuencia de la extrema derecha. Ha desconocido el “principio de legitimidad parlamentaria” y ha hecho un uso abusivo del “principio de legitimidad presidencial” con el resultado de poner en cuestión la vigencia de ambos.

La especificidad de la crisis constitucional francesa actual proviene del desconocimiento del “principio de legitimidad parlamentaria” expresada en las urnas y únicamente puede ser resuelta con una rectificación de Emmanuel Macron. De no ser así, la única salida acabará siendo la dimisión del propio presidente y la convocatoria de elecciones anticipadas para su sustitución.   

Ciudadanos no quiere echar definitivamente la persiana pese al descalabro que ha ido sufriendo poco a poco en las urnas, que prácticamente les ha hecho desaparecer de todas las instituciones, salvo de unos cuantos ayuntamientos en los que aún cuentan con representación. Los pocos dirigentes que no han abandonado el barco han decidido continuar hasta que se acabe el remanente económico que les queda en la caja, que fuentes del partido cifran en más de seis millones de euros.

Con ese dinero la formación que fundó Albert Rivera en 2006 pretende resurgir de sus cenizas y resistir unos años más, aunque sin sus referentes y las cabezas visibles que fueron sus señas de identidad tanto en sus inicios como en el pasado más reciente, como el propio Rivera, su sucesora, Inés Arrimadas, o el exportavoz parlamentario, Edmundo Bal, ni su antecesor, Juan Caros Girauta –ahora eurodiputado de Vox–, ni los efímeros y últimos líderes, Patricia Guasp y el eurodiputado Adrián Vázquez –que representa en Bruselas ya al PP–, o la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, hoy, como muchos otros de sus compañeros, trabajando en la empresa privada.

También han desaparecido del cartel los emblemáticos dirigentes que formaron parte de las primeras ejecutivas de Rivera, como el economista Luis Garicano, su pupilo Toni Roldán, Francisco de la Torre y Javiert Nart –quien, no obstante, repitió en las listas de las europeas–, o los exdiputados Miguel Gutiérrez, Guillermo Díaz y María Muñoz. Como tampoco están los líderes autonómicos que antaño lograron sentar a Ciudadanos en casi todos los Parlamentos regionales, como el catalán Carlos Carrizosa, el andaluz Juan Marín –que acabó echándose en brazos del PP, al igual que lo hizo el valenciano Toni Cantó, aunque con peor suerte–; o el madrileño Ignacio Aguado, así como los fichajes 'estrella' de Rivera: el propio Bal, Marcos de Quinto o Sara Giménez, entre otros. Uno tras otro fueron sucumbiendo ante el desangre electoral de Ciudadanos, lo que les llevó a alejarse del proyecto. Estos fracasos empujaron al partido a renunciar a concurrir a las últimas generales de julio de 2023. Uno de los pocos líderes que le quedaba 'vivo' a Ciudadanos era Francisco Igea, fue expulsado por la anterior dirección junto con Bal por las duras críticas que ambos vertieron contra la cúpula. La misma suerte corrió, pero por distintos motivos, el único presidente autonómico que la formación había logrado en Melilla, Eduardo de Castro.

Cañas, último cabeza de lista a las europeas, dice adiós

La última cita con las urnas a la que se presentó el partido fueron las europeas, en las que tampoco sacaron representación con el catalán Jordi Cañas liderando la candidatura tras la fuga de Vázquez. Precisamente Cañas, hasta ahora portavoz político del partido, se despedía de su cargo en la VII Asamblea General extraordinaria celebrada entre el 26 y 27 de este mes en Ciudad Real bajo el lema 'Cambiemos el Futuro', en la que fue ratificado como secretario general el navarro Carlos Pérez-Nievas, uno de los pocos antiguos cargos de la era Arrimadas que se mantiene fiel al proyecto. Al cónclave, eso sí, no faltó Carrizosa, que también se despedía, ni algunos de los fundadores del partido, como el periodista Arcadi Espada o el actor Albert Boadella cuya hija, Mariana Boadella, exportavoz de gobierno en el Ayuntamiento manchego, tomó posesión como secretaria de Organización, y quien en su intervención en el cónclave insistió: “Hemos sido capaces de cambiar muchas cosas, y seremos capaces de renacer y cambiar el futuro”. Una idea que repitieron machaconamente los nuevos dirigentes que siguen creyendo que Ciudadanos puede seguir siendo “útil” a la sociedad española, capaz de “transformar” España y de “afianzar un espacio político que destierre la forma de hacer y ser del bipartidismo” del PSOE y el PP. Según insistieron, en estos meses venideros la nueva dirección “sentará las bases para ofrecer al electorado un proyecto político a la altura de España”.

Además de los dirigentes ya citados, la nueva Ejecutiva estará integrada por Kevin Romero Navas, concejal en el área metropolitana de Barcelona, que se ocupará de la Secretaría de Comunicación; el ingeniero Carlos Rodríguez Alemany, que será el encargado de la Secretaría de Relaciones Institucionales; y María Vázquez Limeres, trabajadora de las instituciones europeas, quien asumirá la Secretaría de Movilización, Programas y Acción Europea. Caras absolutamente desconocidas para la mayoría de los pocos militantes que le quedan a la formación y para los antiguos votantes de Ciudadanos que les han dado la espalda.

“Hay dinero suficiente para aguantar hasta las municipales”

Con estos endebles mimbres la formación naranja piensa seguir adelante con intención de volver a presentarse dentro de tres años al menos a las municipales y quizá a las generales. Pérez- Nievas confirmó hace unos meses a esta redacción que el partido cuenta con “dinero suficiente para mantener una estructura sencilla y ser eficaces”. Aunque el navarro no quiso concretar cuál es el remanente de caja, fuentes que conocen ese dato aseguran a esta redacción que no baja de los seis millones de euros, lo que les da margen para continuar manteniendo su sede central en Madrid y pagar nóminas “modestas” a los principales dirigentes de la nueva Ejecutiva y a los pocos empleados que trabajan para la formación.

Todos ellos aseguran que salen de este último cónclave como “un partido unido” que en el pasado “cambió la historia” y que ahora tiene “la obligación de volver a hacerlo ante la deprimente situación política”. “El partido no se disuelve, se resetea”, sentencian.

De la misma manera que el resultado de las elecciones parlamentarias europeas en 2014 pusieron fin a la alternancia del PSOE y el PP en solitario en el Gobierno de la Nación, pienso que el resultado de las elecciones parlamentarias europeas de 2024 han puesto fin a la tendencia a que la mayoría presidencial y la mayoría parlamentaria en Francia coincidan y a que, en consecuencia, esté garantizada una alternancia normalizada en la dirección del país.  

Nunca ha dejado de haber en la V República una tensión entre la mayoría presidencial y la mayoría parlamentaria. En tres ocasiones ha habido cohabitación como consecuencia de la disonancia entre ambas mayorías. Pienso que esta va a ser la norma y no la excepción de ahora en adelante. 

Esa ha sido la respuesta de los ciudadanos y ciudadanas franceses a la decisión del presidente Macron de disolver la Asamblea Nacional tras el resultado de las elecciones europeas. Esta es la conclusión que yo desprendo del artículo de Enric Jiuliana , 'El mapa y el territorio', de este pasado martes en La Vanguardia, aunque a lo mejor él mismo se sorprende de mi interpretación y piensa que no lo he entendido bien. Pero el contraste de los dos mapas que incluye en su artículo deja pocas dudas. Ni Ressemblement National puede imponerse al “frente republicano” al que inevitablemente tendrá que enfrentarse en unas futuras elecciones presidenciales o parlamentarias en la segunda vuelta, ni tampoco los partidos que constituyen ese “frente republicano” en la segunda vuelta pueden por separado alcanzar una mayoría tan amplia en la primera vuelta en unas elecciones presidenciales como para poder pensar en ir sin acuerdo de ningún tipo a la segunda.

La prevalencia del principio de legitimidad presidencial sobre el principio de legitimidad parlamentaria me parece que está llegando a su fin. La complejidad de la sociedad francesa, como la de los demás países europeos, no se va a poder expresar con una fórmula tan brutal como es la fórmula presidencial. La manera en que Emmanuel Macron ha ejercido el poder en este su segundo mandato lo ha venido poniendo de manifiesto. El abuso de la “legislación no parlamentaria” ha sido la mejor prueba de ello. De ahí su pérdida de popularidad. Y no es probable que haya próximamente ningún presidente que vaya a contar con un grupo parlamentario como el que ha tenido él en esta pasada Asamblea Nacional que acaba de disolver.        

En su primer mandato presidencial en los años 80 del siglo pasado, François Mitterand ya intuyó algo de esto y ensayó el cambio del sistema mayoritario a doble vuelta por el sistema de representación proporcional.  Era una forma de fortalecer el principio de legitimidad parlamentaria. Pero el ensayo no resistió la primera experiencia en las urnas y, tras perder las elecciones, la nueva mayoría parlamentaria volvió al sistema anterior. 

En el continente europeo el principio de legitimidad parlamentaria es mucho más sólido que el principio de legitimidad presidencial. La tendencia natural es a desembocar en él. La experiencia francesa de la V República ha sido la excepción que confirma la regla. Regla que, por lo demás, ha tenido excepciones. La cohabitación es una expresión de la prevalencia del principio parlamentario sobre el presidencial. La precipitación de Mitterand en los años ochenta, que fue vista como una operación “ventajista” por los gaullistas, puso fin al experimento y revalorizó, de paso, el principio presidencialista frente al parlamentario. 

Pero ahora estamos en circunstancias muy distintas. Todos los partidos que han sido inequívocamente mayoritarios en los diferentes países europeos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial están dejando de serlo de manera igualmente inequívoca. Incluso está disminuyendo de manera acusada la suma de porcentaje de votos y escaños de los dos partidos mayoritarios, como acabamos de ver en las recientes elecciones en el Reino Unido. Y como hemos visto con anterioridad en Alemania y España.

Hay que contar, además, con las elecciones europeas, en las que cada país es una circunscripción única y la proporcionalidad del sistema electoral opera a la perfección, lo que supone un espejo al que todos los partidos de todos los países tienen que enfrentarse. La lógica presidencial es disfuncional. No facilita ya, sino todo lo contrario, la negociación política y, como consecuencia de ello, el difícil proceso de síntesis de sí misma que cada sociedad tiene que hacer para poder autogobernarse. 

Lo estamos comprobando ya en Francia en estos días. La falta de experiencia en la negociación dificulta la formación de gobierno y genera una sensación de estar al borde del precipicio. 

Afortunadamente para ellos, Francia ha sido el laboratorio constitucional más importante de todos los países del llamado mundo occidental durante más de dos siglos. Y encontrará con seguridad la forma de hacer la inversión de la prevalencia del principio presidencial al principio parlamentario.

En la sala principal del Centro Parroquial San Carlos Borromeo (Entrevías, Vallecas), la estatua del Cristo Crucificado sujeta la bandera palestina durante la inauguración del Encierro, una reivindicación asamblearia y solidaria organizada por los vecinos del barrio. En su exterior, unas 150 personas aproximadamente se concentraron este viernes para realizar la primera actividad que inaugura este evento: un mosaico urbano por Palestina.

A lo largo de este fin de semana, se espera que alrededor de unas setenta personas duerman entre las paredes de este centro que, en épocas anteriores, también dio cobijo a once refugiados devueltos a España duermen en una parroquia tras ser excluidos del sistema de acogida. “Lo importante y lo más bonito son los vecinos”, aseguró Javier Baeza, párroco de este histórico centro y conocido popularmente por su contribución en el barrio, durante el acto inaugural. Su objetivo “es hacer que las semillas de las sandías saquen su fruto”, generar una reflexión común entre los vecinos del barrio y buscar vías para presionar al gobierno español. “Hay muchas cosas que no podemos hacer, pero, por lo menos, que no nos digan que no gritamos”, concluye finalmente el párroco de este centro eclesiástico. 

“Aquí han colaborado todos”, sostiene Víctor, uno de los miembros de asamblea de Vallekas por Palestina, organización que junto al Centro Parroquial San Carlos Borromeo han tomado la iniciativa de este Encierro. Desde octubre de 2023, esta asamblea se conformó por diferentes colectivos vecinales, organizaciones de apoyo a la resistencia palestina, partidos políticos y personas a título individual con el objetivo de trabajar en solidaridad con el pueblo palestino y en apoyo a su resistencia. “La que más: Asún”. 

Con más de ochenta años a sus espaldas, a Asún le llevó cuatro días confeccionar otra bandera para el Encierro. La bandera de más de 48 metros que decora la fachada del centro que este fin de semana concentrará actividades para todos los vecinos e implicados en la causa palestina: desde actividades para niños y niñas del barrio a actuaciones de flamenco, bailes urbanos hasta la preparación de una paella multitudinaria. Sin embargo, la actividad que encabeza el Encierro es la escucha de las “Voces Palestinas”, un espacio de debate y reflexión sobre la situación actual. 

Juan es uno de los jóvenes que esta noche va a dormir en este Encierro y también es miembro de la asesoría jurídica del centro. Su objetivo es “ir más allá”, encontrar otras vías y dinámicas de reflexión y acción. “Tenemos que cambiar las dinámicas asamblearias –que siempre son las mismas– y llevar la lucha social al barrio. Pero no sólo la lucha por palestina, sino también la lucha antirracista, la lucha feminista. Porque es en el barrio donde vivimos”, sostiene Juan. “Estamos en ese momento de reconstruir el tejido popular”.

Saad Yousef es un joven palestino nacido en Madrid e hijo de padre refugiado de Tulkarem, una de las principales Ciudades de Cisjordania que también se va a quedar a dormir en este encierro. También es miembro de Samidoun, una red de solidaridad con los presos y presas de Palestina, y Al Yulur, de la juventud Palestina organizada desde la diáspora, dos de las organizaciones que presidirán los debates durante el Encierro. Para él, esta iniciativa es un “granito para el barrio y para todo el Estado; un esfuerzo muy consciente para amplificar las voces de los palestinos y las palestinas que están organizadas en la resistencia”, argumenta Yousef. “Parece que solamente tenemos que estar tristes por lo que está pasando, porque es verdad, el genocidio está en marcha. Pero por otra parte el paradigma de la resistencia está frustrando las intenciones de Israel”. 

Otra de las problemáticas a las que también se van a tratar en este Encierro son las trabas para pedir el asilo de las personas palestinas. “No hay citas, porque no hay voluntad para que las haya. Y tampoco hay ningún plan del gobierno especial como sí que pasó con las personas ucranianas”, asegura Juan. En esa línea, el último informe publicado por CEAR, en España, el tiempo de solicitud y trámite para el asilo puede retrasarse unos tres años. 

Aún pendientes de hacer peticiones al gobierno y a la administración, Juan y el resto del equipo de asesoría jurídica también critican la inacción administrativa del gobierno tras el reconocimiento del Estado de Palestina. “A día de hoy, cuando personas procedentes de Palestina que ya están asentadas en España y va a realizar un trámite, en el expediente sigue apareciendo ‘país no reconocido’”, asegura Juan. “Puede que se deba a un retraso administrativo o que el reconocimiento fuera algo más de cara la galería, pero para una persona palestina eso afecta”, sentencia finalmente. 

El domingo 9 de junio Ciudadanos desapareció del Parlamento Europeo, una de las últimas instituciones donde aún tenía representación. Con ello cerraba todo un ciclo político de 18 años desde su nacimiento en 2006 bajo el liderazgo de Albert Rivera. Aquella noche electoral, el candidato Jordi Cañas, y el líder en Catalunya, Carlos Carrizosa, dos de las caras más visibles que le quedaban al partido, admitían con tristeza una derrota sin paliativos que todas las encuestas habían vaticinado de antemano pero que ellos trataron de conjurar. A pesar del varapalo, en su comparecencia, Cañas daba a entender que el partido no se resigna a desaparecer, como terminó haciendo UPyD, de donde provienen muchos de los cargos de Ciudadanos, que vivieron también aquel agónico final.

Después de sus consecutivos fracasos en las urnas, y tras intentar aguantar unos años más, la formación magenta que lideró Rosa Díaz echó finalmente la persiana en diciembre de 2020, sin dinero, con deudas y con una orden del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid que declaró su extinción como partido en el registro del Ministerio del Interior.

Ciudadanos en cambio tiene un remanente en caja que, a preguntas de esta redacción, las fuentes consultadas no han llegado concretar. Pero ya no van a recibir subvenciones públicas. Además de su fracaso en las europeas, el partido perdió en las elecciones catalanas los seis diputados que tenía en el Parlament. Tampoco logró representación en los recientes comicios vascos y gallegos, y lo mismo que le pasó en las generales de julio de 2023, cuando desaparecieron del Congreso y del Senado. Esto les obligará a mantener abierta únicamente la sede de Madrid como cuartel general ya que todavía les quedan unos 500 concejales repartidos por varios municipios de la  geografía española a los que seguirán “dando apoyo”. “Es lo más operativo para nuestros cargos y afiliados. Las sedes territoriales ya estaban cerradas al 90% y para septiembre estarán cerradas todas”, afirma a esta redacción el aún coordinador general, el navarro Carlos Pérez- Nievas, que confirma que el partido cuenta con “dinero suficiente para mantener una estructura sencilla y ser eficaces”. Incluso pronostica que podrían aguantar hasta la próxima legislatura municipal. “¡Solo llevamos un año! Y aún quedan tres”, exclama.  

Los planes más inmediatos de la formación son celebrar una Asamblea General extraordinaria, posiblemente en otoño, en la que se decidirá qué va ser de la organización. Así lo anunciaron los dirigentes que se mantienen en funciones en el Comité Permanente tras la reunión que mantuvieron al día siguiente de las elecciones europeas. “El futuro del partido lo decidirán los afiliados en esa Asamblea General. Y eso incluye valorar todas las opciones que los afiliados planteen en sus agrupaciones para ser tratadas en ese cónclave”, dice Pérez-Nievas, que reconoce que habrá “un cambio radical de estatutos, simplificando al máximo la estructura orgánica y territorial actual”. Entre las opciones de futuro que podrían plantearse están las de “resetear” Ciudadanos, integrase en otras formaciones, o bien convertirse en una Fundación, lo que les garantizaría recibir subvenciones públicas y mantener a los cargos que decidieran dirigirla.

En una carta enviada a la afiliación tras el fracaso electoral, que ha dado la puntilla al partido, tanto Jordi Cañas como Pérez-Nievas lamentaban los pésimos resultados obtenidos por Ciudadanos que confirman que Ciudadanos “no tiene actualmente el respaldo del electorado en España”. “Pese al esfuerzo titánico de nuestros candidatos recorriendo España de punta a cabo [lo que vaticinaban los sondeos] no se ha podido revertir” entonaban, mientras criticaban a aquellos exdirigentes que, después de abandonar Ciudadanos, decidieron impulsar nuevos proyectos para concurrir a las europeas, sin conseguir tampoco nada, en velada alusión al exportavoz parlamentario, Edmundo Bal, o la exeurodiputada Soraya Rodríguez. “Otras opciones, más o menos cercanas, que surgieron queriendo ocupar nuestro espacio y que contaron con el apoyo entusiasta de compañeros e incluso afiliados nuestros, como Cree-Nexo (9.000 votos), Izquierda Española (32.000) o Municipalistas (40.107), han fracasado con estrépito en su intento de ocupar nuestro espacio político”, dejaban caer.

Ambos dirigentes, sin embargo, se mostraban esperanzados de que esa próxima Asamblea “sea el renacer de Ciudadanos” y “no sea su final”. Pero, ¿de la mano de quién? Es otra de las preguntas que quedan por despejar. El partido está prácticamente sin dirección después de que Adrián Vázquez dimitiera como secretario general y aceptara, como muchos barruntaban, ir en la candidatura europea del PP después de fracasar en su intento de llegar a un pacto para concurrir los dos partidos juntos a las elecciones. Sus funciones las asumió de forma provisional Cañas, que ya había relevado a Patricia Guasp en la portavocía de la formación cuando la dirigente balear también se marchó.

Hace apenas unos días también tiró la toalla el excandidato a la Generalitat, Carlos Carrizosa, que ejercía como presidente del Comité Autonómico del partido en Catalunya. En una carta enviada a sus compañeros, a la que ha tenido acceso esta redacción, Carrizosa hacía esta reflexión: “Los últimos resultados electorales nos obligan a plantearnos reformas profundas en el Partido para seguir dando voz en el futuro al espacio político del centro liberal no nacionalista que existe y que estoy convencido que la sociedad añorará cuando la actual deriva política acabe decepcionando a la inmensa mayoría”. El exdirigente catalán anunciaba después que no se va a desvincular del todo de la formación ya que seguirá “aportando y ayudando con lealtad”.

En su mensaje, lanzaba duras puyas contra Adrián Vázquez, aunque sin citarlo. “Hemos vivido también defecciones y apuñalamientos a traición. Bastante pena tienen los mezquinos cuyas vergüenzas han quedado expuestas a todos”. “Entramos en una nueva etapa”, auguraba. “Por mi parte, también es una nueva etapa y la afronto con ilusión en lo personal y profesional, pero con la misma determinación de ayudar a este partido y a su gente, como he hecho desde 2006, a partir de ahora apoyando a quienes asuman responsabilidades en el futuro”, adelantaba también.

Semana importante para la izquierda, una más en los últimos meses. Izquierda Unida entra en la fase final del plazo que se impuso la dirección para lograr una candidatura de unidad para la asamblea federal, la decimotercera de la organización y la que elegirá al sustituto o sustituta del exministro Alberto Garzón. De momento hay tres precandidaturas: la ministra Sira Rego, el excoordinador andaluz Antonio Maíllo y Antonio García Rubio, que abandera al sector más crítico. 

La comisión preparatoria de la asamblea, el órgano encargado de pilotar el partido hasta el congreso que se celebrará el 18 y 19 de mayo, estableció hace un mes la semana del 15 de abril para llegar a un acuerdo en el seno de la dirección para una lista unitaria. Tras la salida de Garzón hace unos meses, las principales corrientes de la organización pactaron buscar un consenso amplio para que el relevo de liderazgos no partiese a Izquierda Unida por la mitad. 

Ante las dificultades en esa comisión para alcanzar un acuerdo, las partes aceptaron el límite de mediados de abril para llegar al consenso, aunque algunas fuentes de la federación sostienen que las fechas podrían terminar siendo flexibles. El plazo que es inamovible, según los documentos ya aprobados, es el 29 de abril: último día para que cualquier militante pueda presentar su candidatura a la coordinación federal.

Las negociaciones estallaron hace justo un mes. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, anunció que se presentaba a la coordinación federal de IU, un rumor a voces desde hacía tiempo. El problema, para un sector de la organización, es que lo hizo en pleno proceso de primarias para elegir al candidato a las elecciones europeas. Esa parte de IU, encabezada por el Partido Comunista de España (PCE) y la federación andaluza, la mayoritaria, se alineó poco después con Maíllo, que anunció que lanzaría una precandidatura con el objetivo de articular un acuerdo de unidad dentro de la dirección. La primera consecuencia de ese movimiento fue que todas las partes volvieran a la mesa para seguir negociando la candidatura unitaria. 

Fuentes de las dos partes aseguraban en las últimas semanas que las conversaciones se habían encauzado aunque han trascendido pocos detalles de por dónde marchan las negociaciones. Un dirigente sostiene que hasta hace unos días el problema ni siquiera era todavía la lista de personas que integrarán esa dirección sino las diferencias sobre el “diagnóstico”de la organización y los “problemas políticos”. 

En lo que coinciden diversas fuentes consultadas es en los problemas que provocaría una asamblea con dos listas que dividieran a la formación. “Aunque alguien gane con un 60% difícilmente podrá lidiar con ello al día siguiente”, sostiene un dirigente que ve improbable pronosticar un resultado certero en una competición entre Rego y Maíllo. 

“Nosotros entendemos la política desde el debate, la síntesis política y el trabajo político a través de la confrontación de ideas y yo estoy convencida de que nos vamos a entender, porque conversar con él siempre es un placer a todos los niveles”, dijo Rego sobre Maíllo hace apenas unos días en declaraciones a Canal Sur. 

Es menos probable que a esa candidatura de unidad se adhiera José Antonio García Rubio, que ya se presentó por fuera en la anterior asamblea, en 2021, con el objetivo de representar a la parte de IU crítica con las políticas de confluencia de Garzón. También se presentó en 2016 dentro de la lista que encabezó Paloma López y cerró de forma simbólica Cayo Lara. Cinco años después Rubio tomó el relevo y presentó una candidatura acompañada de un documento que tituló La Izquierda Necesaria. Obtuvo el 20% de los apoyos frente al ex coordinador federal.

Rubio ve muy lejos el acuerdo para una candidatura de unidad, entre otros asuntos porque no hay acuerdo, dice, sobre varios puntos importantes, entre ellos la política de alianzas. El dirigente asegura que su equipo ya tienen cerrada una lista de 95 personas: cerrarán la lista de forma simbólica el ex coordinador federal de IU Cayo Lara y el alcalde de Zamora, Francisco Guarido.

“Consideramos que, en las actuales circunstancias, lo más unitario es el acuerdo sobre la agenda de trabajo político de la nueva dirección y sobre su estructura. Sobre ello hemos presentado varias propuestas concretas en la Comisión Preparatoria de la Asamblea”, explica García Rubio, que sí ve posible llegar a un acuerdo después del congreso de mayo.

Su candidatura, La izquierda Necesaria, publicó en Twitter esta semana algunas de esas propuestas: “Trabajar conjuntamente en la preparación de una Conferencia sobre Política de Alianzas y Frente Amplio; preparar unitariamente la propuesta política y organizativa a debatir en esa Conferencia; elaborar una ley municipal que incremente la autonomía financiera de las corporaciones locales y asegure mayores competencias a los Ayuntamientos para reforzar nuestro carácter municipalista; y comprometerse a ejercitar la autonomía [...] en aquellas medidas que no sean objeto de los acuerdos de Gobierno”.

Negociaciones para las europeas

La asamblea federal se producirá apenas semanas después de las negociaciones para la lista de las elecciones europeas que Sumar cerró con los partidos esta semana y en las que Izquierda Unida ha tenido que conformarse con un cuarto puesto. Tanto el resultado de esas negociaciones como la forma en la que se han desarrollado causaron un ostensible enfado en la dirección de la organización.

La negociación de las europeas y la de la asamblea son vasos comunicantes. Porque junto a los nombres que salgan del congreso de mayo también se aprobará una nueva estrategia política que abordará la relación con Sumar en un momento en el que el proyecto de Yolanda Díaz está construyendo su articulación con los partidos políticos.

Además de García Rubio, hay parte de las bases de Izquierda Unida que muestran desde hace tiempo su descontento con el papel que Sumar quiere otorgar a la federación dentro de su espacio. El descontento desborda el de las federaciones más críticas como ha sido tradicionalmente la de Madrid.

Por eso el resultado de la negociación de las europeas puede influir en las posiciones que los diferentes candidatos puedan tomar a partir de ahora, después de que haya cundido entre los dirigentes la sensación de que se ha infrarrepresentado a IU en una lista en la que son la única formación estatal para una campaña en la que van a aportar tanto el dinero por subvenciones como el tiempo en espacios publicitarios y en debates.

Varios dirigentes mostraron su descontento público con esas negociaciones. Incluso Rego retuiteó en su perfil de X un mensaje en el que se comparaban el papel de IU en Sumar con el de las mujeres para con los hombres en el “reparto de roles patriarcal”. “Encargada de los cuidados, sin la cual nada funcionaría”, pero que no recibe a cambio “más que desaires y desprecios”. 

Santiago Abascal quiere dejar atado y bien atado su cargo para seguir liderando Vox en la complicada legislatura que acaba de arrancar. El máximo jefe de la extrema derecha ha decidido adelantar la Asamblea Nacional de su partido, en la que se presentará a la reelección, al 27 de enero. Abascal busca un equipo de dirección hecho a su medida en el que mantendrá a los más fieles e incorporará caras nuevas, prescindiendo de aquellos en los que ya no confía. Con su decisión de adelantar el cónclave ha desactivado a Javier Ortega Smith, cuya continuidad en una de las tres vicepresidencias que tiene ahora la formación se da por acabada.

De este modo Abascal pretende afrontar los próximos cuatro años que, como ha reconocido, van a ser “muy difíciles para Vox y para España”. Pero también para él, ya que el horizonte político de 2024 se presenta intenso al ser un año marcadamente electoral en el que habrá al menos tres citas con las urnas: las gallegas –que se celebrarán el 18 de febrero–, las europeas de junio, y las vascas, aún por convocar pero que podrían coincidir con estas últimas. Encadenar nuevos reveses en esos próximos comicios podría poner en peligro la continuidad de Abascal como presidente de la formación de extrema derecha, un cargo para el que por primera vez empezaba a haber ciertos movimientos internos que podrían desembocar en la presentación de una candidatura alternativa.

Sin embargo, su inesperada propuesta, refrendada el pasado lunes por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), para celebrar un cónclave extraordinario para finales de este mes –cuando oficialmente no tocaba hasta marzo– deja sin margen de maniobra a posibles rivales que deben recoger el 10% de apoyos del censo de afiliados antes del día 16 de este mes. Este requisito pone muy difícil que alguien pueda hacerle sombra en la Asamblea a la que la dirección le ha dado carácter “extraordinario”.

Un censo reducido a la mitad

En las cuentas presentadas en 2022, Vox declaraba tener algo más de 66.000 afiliados que pagaban sus cuotas, lo que supondría recoger unas 6.600 firmas. Pero la cifra a día de hoy ya no es esa. Según ha informado el Comité Electoral de Vox, el número actual de afiliados es de 66.949 afiliados. En la información facilitada por el propio partido se concreta que los aspirantes a la presidencia de Vox deben recoger “3.269 avales de los afiliados con pleno derecho a voto del Censo Electoral, cerrado el 31 de diciembre de 2023”.

De ello se deduce que aunque la militancia del partido ha crecido durante este año, el censo real, es decir, de los afiliados al corriente de pago, ha quedado reducido a la mitad, estableciéndose en 35.548 afiliados, de los cuales tan solo 32.690 pueden otorgar avales al tener una antigüedad superior a nueve meses. Esto supondrá que si llega el caso solo podrá votar el 53% de la militancia, al quedar también excluidos aquellos que hayan sido objeto de sanción administrativa. 

Los apresurados planes de Abascal han sentado muy mal a un sector crítico que no ha parado de crecer y se ha acentuado más tras la pérdida de 19 escaños del Congreso en las elecciones del 23J, la abrupta salida de Macarena Olona y la renuncia al cargo del portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, una figura emblemática de Vox. La propia Olona no dudó en relacionar la convocatoria de esta Asamblea Extraordinaria con la posibilidad de que Ortega Smith pudiera estar recabando apoyos para disputar el liderazgo de la formación a Abascal, al que acusa de “eliminar toda disidencia para convertir Vox en un búnker”.

Otros dirigentes de este sector interpretan los movimientos del líder como un signo de “debilidad” y de “temor” a que le removieran en marzo de la silla si este 18 de febrero fracasa en su intento de entrar por primera vez en el parlamento autonómico gallego y Vox no es “decisivo” para la formación del nuevo gobierno, todo ello si el PP gana otra vez esos comicios pero no alcanza la mayoría absoluta. “Es una clara jugada de autodefensa”, afirman las voces críticas, que vaticinan que el partido, tal y como apuntan casi todas las encuestas, no va a lograr alcanzar tampoco en Galicia esta vez el 5% necesario de votos con la candidatura de Álvaro Díaz-Mella, el actual líder de Vox en Pontevedra.

Estos dirigentes acusan, además, al presidente de Vox de haber empezado el proceso “haciendo trampa”, sin explicar de inmediato el procedimiento y los plazos de cara a la renovación de la actual cúpula del partido. De hecho, en una carta enviada a la militancia poco después de comparecer el lunes en rueda de prensa desde la sede nacional del partido, el propio Abascal se limitaba a animarles a “participar” y les informaba de que “en unos días” recibirían información con todos los detalles de esas elecciones internas para las que el líder de Vox dijo desconocer si habría otras candidaturas al margen de la suya. “Esa información debería haber aparecido en esta carta informativa de Abascal”, esgrimen. Los críticos incluso cuestionan la legalidad de la convocatoria de la Asamblea. Según argumentan, “si no se disuelve el CEN previamente no se puede convocar una Asamblea extraordinaria, y si se disuelve el CEN no se pueden elegir candidatos”.

La incógnita que queda por despejar es si algún dirigente de cierto peso se atreverá a plantar cara al líder y logra recabar ese 10% de apoyos necesarios en tan poco tiempo. La sensación más extendida es que no parece que vaya a ser así, de modo que como ya ocurrió en la anterior Asamblea Nacional celebrada en 2020, el actual presidente de Vox revalidará su cargo sin problemas y sin necesidad siquiera de votación. Abascal tendrá manos libres para hacer una dirección a su medida en la que todos los consultados dan por seguro que mantendrá a Jorge Buxadé y a Ignacio Garriga, pero no a Ortega Smith, e incorporará posiblemente a Pepa Millán, la actual portavoz parlamentaria, entre otras personas de su confianza.

En junio del año pasado Vox celebró su Asamblea ordinaria anual en la que se aprobaron las cuentas de 2022 y en la que el líder logró introducir importantes cambios en el funcionamiento del partido. Entre otros asuntos, endureció el régimen disciplinario, se estableció que la Asamblea General podría celebrarse “presencialmente o por medios telemáticos”, mientras “el voto será preferentemente telemático para garantizar el respeto al principio de funcionamiento democrático”.

Abascal, además ganó un gran poder interno al ampliarse las funciones que los estatutos ya otorgaban a la presidencia del partido, como ampliar el número de miembros del CEN. Aunque en realidad el poder real del partido está en manos del Comité de Acción Política (CAP), un órgano creado por el propio Abascal y formado por un reducido número de personas, del que terminó excluyendo a Espinosa.

Ortega Smtih, la esperanza frustrada de algunos críticos

En los últimos meses, un nada desdeñable grupo de críticos ha estado pidiendo y animando al exsecretario general del partido y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, a que diera un paso adelante para liderar una candidatura alternativa a Abascal. Estas Navidades esa posibilidad ha sido la 'comidilla' en las diversas cenas y comidas que han mantenido excargos públicos y orgánicos de Vox, a las que en alguna ocasión también se han sumado algunos de los actuales diputados de la formación de extrema derecha.

La información publicada por Libertad Digital, el diario de Federico Jiménez Losantos, que apuntaba a esa posibilidad, molestó mucho a Abascal, cuyas relaciones con Ortega no pasan precisamente por un buen momento. Sobre todo desde que le despojó de sus galones de secretario general para colocar en ese cargo a Ignacio Garriga –hombre de la total confianza de Jorge Buxadé–, desplazándole a una de tres vicepresidencias del partido, sin gran influencia en la toma de decisiones internas.

Ante esos rumores Ortega se limitó cargar en su cuenta de X contra “la objetividad y la profesionalidad que cada vez están más alejadas de los mal llamados medios de comunicación”. Pero en ningún momento hizo un desmentido rotundo a la noticia.

A pocos les extrañó, sin embargo, que no estuviera acariciando esa idea. Desde su defenestración como número dos, el dirigente madrileño se ha mostrado muy beligerante y crítico con la estrategia de Vox, advirtiendo tras el fracaso del 23J de que Vox no podía convertirse en una agencia de colocación“, y lamentando las causas –nunca contadas– de la inesperada marcha de Espinosa de los Monteros.

La decisión de Abascal de precipitar la Asamblea Nacional, según aseguran algunos compañeros de partido a esta redacción, le ha parecido “muy mal” a Ortega Smith, que se ha quejado de ello en chats internos. Este mismo miércoles, en los pasillos del Senado, el otrora todopoderoso dirigente de Vox descartaba que fuera a rivalizar por el puesto de Abascal: “No. No ha estado en mi intención presentarme”, replicó con sequedad al ser preguntado al respecto.

Horas después transcendía que la portavoz adjunta del grupo municipal, Carla Toscano, dejaba el acta por Madrid del Congreso que ocupó hace unos meses tras las renuncias de Espinosa de los Monteros y de Juan Luis Steegmann. Su escaño será ocupado en breve por Rocío Gil de Biedma, hermana de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid, al ser la siguiente de la lista. Toscano, número dos de Ortega Smith en Cibeles, se centrará a partir de ahora solo en el Ayuntamiento.

Que algo se mueve en Vox ya nadie lo pone en duda. Y no precisamente para la tranquilidad de Abascal.

Mientras en toda España se constituían los Ayuntamientos, en un municipio de la Val d´Onsella, a 134 kilómetros de Zaragoza, la vecindad se reunía para intentar comprender porqué ellos ya no serán Concejo Abierto, y cuales son razones por las que tampoco pueden, por el momento, constituir un Ayuntamiento con el representante político que han elegido en las urnas. Estaban todos citados a las 13:00 en una de las casas más céntricas del pueblo, un edificio rehabilitado que ahora cumple la función de punto de encuentro para la puesta en común de ideas y toma de decisiones vecinales. 

A las 12:30 en el Bar-Restaurante, que a la vez es hostal, también terraza para la tarde y discoteca por la noche, gente de todas las edades entra y se arremolina en los diferentes círculos que hay en la única sala de la que dispone el bar; unos cerca de la barra, otros en unas sillas, y otras tantas personas alrededor de la mesa alta improvisada que nace del pilar que hay en medio de la habitación. Todos los grupos tienen algo en común, son pequeños; no más de cinco o seis personas, y son heterogéneos; hay un chico de 30 años, dos mujeres que se acercan a los 60, algún señor de 50 y hasta vecinos de 80 años. El tema de conversación esta mañana también es común, todos hacen cávalas sobre cuál será la próxima sorpresa que el destino y las elecciones de este año les tendrá preparada. 

A las 12:55, ya en la sala del Concejo, las sillas se van ocupando, pero también las paredes sirven de apoyo, y el alfeizar de las ventanas; todas abiertas para que la corriente, más bien la brisa tímida de junio, compita con el calor y la falta de aire acondicionado. A las 13:00 son 39 asistentes en el público, más el alcalde y el secretario; que comparten con la localidad de Longás. A las 13:05 se suman otros dos vecinos, y unos minutos después llega otra habitante del pueblo. En total 43 personas asisten a una cita en la que el alcalde Armando Soria, ahora en funciones, explica “el drama más incomprensible” como él lo define, que ha vivido en el último mes y medio la localidad desde que en abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales en España. El silencio se respira, y solo lo rompen los aplausos de los vecinos en apoyo al emocionado alcalde hasta ahora que les “garantiza” que este no será el último pleno de la asamblea vecinal “porque esto pasa en otro pueblo y lo destroza, pero a nosotros no: nosotros somos Urriés”, puntualiza Soria.

¿Por qué es tan importante para Urriés seguir siendo Concejo Abierto?

Salvo excepciones por problemas de salud, por la edad (la madre de María tiene 101 años y no sale de casa, pero su hija la pone al día de todo), o por trabajo, casi todos los habitantes de Urriés, y otros tantos que son asiduos cada fin de semana, han acudido a la convocatoria. Desde Asier, vecino de Donosti que ese día cumplía 24 años, hasta Sixto, que ayudado de su andador a sus 81 años estaba en las primeras filas del auditorio con vigas de maderos irregulares en el que antes mandaban las gallinas que lo habitaban. 

Agurtzane y Xabier son de San Sebastián, pero hace 14 años recalaron en Urriés, se enamoraron de su paz y compraron una de las casas nuevas del pueblo. “No podíamos faltar hoy, tenemos que mostrar nuestro apoyo a Armando y al pueblo, es nuestra segunda casa, y así lo sentimos”, confiesa Agurtzane a la salida de la reunión.

María Paula también llegó a Urriés desde Sofuentes, su pueblo natal, hace 50 años. En este tiempo no se ha marchado del pueblo, y nunca se lo ha planteado. Cuenta 75 años y ha criado a sus cinco hijos en Urriés; el pequeño, con 36 años, ha decidido quedarse a vivir en el pueblo y es ahora el alguacil. A pesar de que en casa la necesitaban, ha “bajado” para participar en la reunión con el resto de sus vecinos. Lo cuenta mientras Loli, otra de las vecinas de toda la vida, recuerda que en Urriés llegó a haber tres escuelas “la de los pequeños, la de las chicas y la de los chicos”, dice, y sonríe. Urriés, como tantos otros pueblos de Aragón, sufrió los efectos de la despoblación, la falta de oportunidades laborales y la tendencia de las generaciones más jóvenes a vivir en las ciudades. Pero, desde hace casi una década, esta localidad de las altas Cinco Villas, se han vuelto a poner en el mapa como ejemplo de buenas prácticas gracias a las iniciativas culturales que sostiene como las Jornadas Culturales de Julio o el congreso de Periodismo y Repoblación que organizan. Pero también algo ha cambiado en la vida interna del pueblo, “en los últimos años se han hecho muchas cosas en este pueblo, para todos: los pequeños, los mayores, para todos”, añade Sixto a la conversación. “Estas calles, las arreglaron gracias a Armando” apunta este vecino, mientras Loli y María Paula asienten.

Y no solo las calles facilitan el tránsito por la localidad, también la forma de vida de su gente y su carácter: “me sorprende el sentimiento de comunidad que hay en Urriés” confiesa Chelo, bombera forestal de la cuadrilla terrestre de las altas Cinco Villas que, a sus 52 años, en diciembre descubrió este pueblo y se mudó desde Sos, para vivir en él. “Soy de Murcia y vine por trabajo, en Sos tenía más servicios, pero en dos años no conseguí lo que aquí tengo: además de la paz y el paisaje, el poder salir sola de casa, llegar al bar y saber que voy a tener un ratito de conversación con cualquiera de las personas que estén allí”, apunta entre sonrisas. “Estos detalles son los que hace que sigamos siendo personas”, añade Chelo. 

Contexto: un pueblo que no sabe que será Ayuntamiento

Unas semanas antes de que se celebren las elecciones municipales, el Departamento de Administración Local del Gobierno de Aragón decide que Urriés, que ha superado los 40 habitantes desde los últimos comicios, dejará de ser Concejo Abierto (una fórmula en la que son los habitantes en asamblea quienes toman las decisiones por votación, y un alcalde los representa), para ser constituido como Ayuntamiento con concejales que representarán a los habitantes con su único voto. Ni el alcalde de Urriés, de Chunta Aragonesista, ni el resto de partidos políticos comarcales se dieron cuenta de este cambio, que “tampoco fue notificado por la administración pública al pueblo”, subraya Armando Soria. Así, y creyendo que seguían siendo Concejo, cada partido presentó un candidato, y no tres como sería necesario para la constitución de un Ayuntamiento al uso. “Aquí comenzó el calvario, porque si hubiéramos sido avisados, podríamos haber presentado dos candidatos más y eso hubiera facilitado todo lo que ha venido después”, explica Soria. 

Un voto que lo cambia todo

Urriés cuenta con 54 personas censadas, de las que 43 tienen derecho a voto. El día de las elecciones municipales, pasaron por las urnas 31 vecinos y vecinas. 30 de ellos votaron a la figura de Armando Soria, alcalde durante las dos últimas legislaturas. Pero un votante ejerció su derecho y votó a las otras dos listas candidatas: Partido Popular y Partido Socialista. “Voté a ambos partidos para desequilibrar la balanza”, confiesa José Lacosta, el vecino de Urriés que admite que quería “poner un toque de atención en el pueblo” y ejercer su derecho “a votar distinto al resto”, añade. Una decisión fruto de una larga lista de desacuerdos con la gestión actual del pueblo y por la resolución municipal de un problema de tierras en la que asegura haber salido “perjudicado”. 

Estos dos votos, rompieron de nuevo la baraja porque, ante la Ley Electoral vigente, se presentaba ahora un panorama tripartito, independientemente de que un partido hubiera recibido 30 votos y los otros dos uno cada uno. 

Un resultado que, tal y como explican los vecinos, no hubiera supuesto un problema si los candidatos de esos partidos fueran “gente del pueblo”, y no “fantasmas”, es decir “personas de las que no se sabe nada, que no tienen vinculación con el pueblo ni lo conocen y que tampoco se han puesto si quiera en contacto con nosotros en este tiempo” añade el actual alcalde en funciones. 

El pueblo de Urriés decide entonces poner en conocimiento de su malestar a la Junta judicial de zona. Hasta la fecha no han obtenido respuesta. Tampoco este medio ha podido contactar con la Junta para conocer su postura en este sentido. 

Los fantasmas desaparecen, pero llegan nuevos candidatos no votados

A escasos dos días de que el proceso de constitución como ayuntamiento se tenga que acordar en firme, los candidatos “fantasma” renuncian. “Este fue un momento de felicidad, porque al fin podríamos asegurarnos de que nadie que no conozca Urriés decida por sus habitantes”, añade Armando Soria en su explicación a los vecinos. Esta situación permitiría poner en marcha una Comisión Gestora, que funcionaría como un símil de Concejo Abierto, permitiendo que sean la vecindad la que decida su futuro. 

Pero dos horas más tarde, el PP y el PSOE presentan nuevos candidatos a su lista en Urriés por decisión de la Junta judicial de zona. Una decisión que invalida la Junta Provincial, ya que los dos nuevos nombres propuestos por los partidos PP y PSOE no son candidatos electos, es decir, nadie les ha podido votar en las urnas. “Volvemos a tener esperanza porque es el órgano provincial el que nos ha animado a denunciar la gestión del proceso que se han hecho desde la Junta de zona”, comenta Armando Soria, “que se ha escudado en que este ha sido un cúmulo de casualidades desafortunadas porque la junta es nueva y no han procedido como debieran”, añade. 

¿Qué serán? Y ¿cuándo?

Por el momento, desde la Diputación Provincial de Zaragoza esperan que esta situación esté resulta en un plazo de un mes. Desde Urriés, luchan por poder constituir una Comisión Gestora a través de la que poder funcionar, ya que, a día de hoy no tienen ningún tipo de organización política en el pueblo “todo está en funciones”, apunta Soria. 

En cuanto a si podrán volver a ser Concejo Abierto, el secretario aclara que con la ley en la mano se podría volver a esta figura, pero en las próximas elecciones, es decir, dentro de cuatro años. Hasta ese momento, los vecinos y vecinas de Urriés están dispuestos a acudir a la norma estatal, para ello y antes de dar este paso, han consultado a la administración provincial y también a la autonómica, y ambos órganos “ven con buenos ojos esta forma de proceder para conseguir nuestro propósito, que cada vecino conserve su voto para decidir en cualquier asunto de su pueblo, y eso solo lo garantiza la fórmula que llevamos empleando en Urriés desde 1987, y antes: el Concejo Abierto”, insiste el alcalde en funciones. 

Un precedente al que agarrarse

Existe un precedente en Aragón, el caso de la localidad de Salvatierra de Esca, donde en 2011 la Diputación Provincial de Zaragoza se vio abocada a nombrar en pleno una comisión gestora tras no poderse constituir la corporación municipal porque no se presentó el número mínimo de concejales. 

Aunque por diferente motivo, este podría ser el camino a seguir por Urriés. Por ello, y para ser previsores, en la reunión del sábado, el alcalde en funciones y los vecinos acordaban dejar firmado, junto a su decisión de seguir luchando por volver al Concejo Abierto, un documento en el que se propone a Armando Soria (único candidato electo) como alcalde y a dos vecinas voluntarias: Carmen y Ana Pili, como concejalas, en caso de que se constituya la Comisión Gestora para los próximos cuatro años. 

Se levanta la sesión

Por el momento, la localidad de Urriés seguirá funcionando sin Ayuntamiento con concejales y sin Concejo Abierto, en un estado de transición con un alcalde en funciones, pero “con los deberes hechos”, subraya Armando Soria, porque en previsión “de lo que está sucediendo”, la Asamblea Vecinal dejó aprobados los presupuestos municipales, las obras previstas y los trámites necesarios “para que los servicios no dejen de funcionar en el pueblo mientras esta situación se prolongue”, añaden. 

Son las 14:30 del sábado 17 de junio, día en el que quedan constituidos los Ayuntamientos en toda España. Los vecinos y vecinas de Urriés, y otras tantas personas de otras localidades; como un concejal de Sos y la alcaldesa de Navardún, inmortalizan este “peculiar momento” de su historia política reciente en una fotografía en la calle en cuesta. Una de las calles de piedra reacondicionadas en los últimos años para que personas como Sixto puedan seguir paseándolas con su muleta y su andador.

Cada cuatro años, algunos pueblos de Aragón antes regidos por el sistema de Ayuntamiento con concejales pasan a ser Concejo Abierto cuando bajan de los 40 habitantes. Los datos del censo son suficientes para cambiarlo. También, si un pueblo está entre los 40 y los 100 habitantes, la Ley de Concejos Abiertos contempla la posibilidad de pasarlo automáticamente a ser Ayuntamiento. 

Urriés, una localidad de las altas Cinco Villas con 54 habitantes censados, se ha visto afectada por este hecho. Pasando en estos comicios de ser considerada Concejo Abierto a ser Ayuntamiento con concejales, sin notificación previa por parte de la administración pública. De un día para otro, esta localidad recibió las papeletas para los comicios del próximo 28 de mayo y “en un primer momento pensamos que se trataba de un error, puesto que recibimos papeletas para ayuntamientos con concejales, y en nuestro pueblo llevamos cerca de cuarenta años siendo Concejo Abierto”, explica Armando Soria, alcalde de Urriés desde 2015. Urriés es una de las pocas localidades aragonesas que, teniendo menos de 100 habitantes, ha conseguido aumentar su población en los últimos años. “En 2015 éramos 36 vecinos, ahora somos 54 los censados”, apunta su alcalde. 

La Ley reguladora de los Concejos Abiertos (Ley 9/2009, de 22 de diciembre) contempla el paso de Concejo Abierto a Ayuntamiento con concejales en las localidades de más de 40 habitantes porque, como explica el texto “el régimen -de Concejo Abierto- plantea notables dificultades específicas: no es fácil obtener el quórum de asistencia necesario para la correcta constitución y adopción de acuerdos de la Asamblea vecinal (…); la soledad del Alcalde, único cargo electivo (…); la dificultad de debatir directamente en una Asamblea cuestiones de determinada complejidad técnica o legal”. 

En el caso particular de Urriés, su alcalde asegura que el funcionamiento en el pueblo es parte de su identidad porque “aquí los vecinos y vecinas están acostumbrados a participar en la Asamblea, y votar todo lo que se decide hacer en Urriés”, afirma. Y que el problema está siendo explicarles que, a partir de ahora, “lo más probable es que funcionemos como Ayuntamiento, al menos durante un tiempo, y que eso significa que habrá concejales que decidirán por ellos, y que la Asamblea ya no existirá, tras casi cuatro décadas”, recuerda Armando Soria. 

Los vecinos y vecinas están acostumbrados a participar en la Asamblea, y votar todo lo que se decide hacer en Urriés

Y no es el único caso. La localidad vecina, Longás, también situada en la Val d'Onsella, pasaba en estos comicios del funcionamiento como Concejo Abierto a ser un Ayuntamiento. El motivo: el mismo que Urriés; haber aumentado el número de habitantes. En las elecciones de 2019 Longás registraba 31 habitantes censados, lo que lo situaba por debajo de los 40 necesarios para cambiar y regirse como Ayuntamiento. En estos cuatro años, Longás ha sumado 15 vecinos. Y con el censo de 2022 en la mano, el Gobierno de Aragón lo incluyó, al igual que a Urriés, en la relación de municipios y entidades locales menores que debían pasan a regirse por Ayuntamiento o Junta vecinal. 

Un largo proceso para seguir siendo Concejo Abierto

Ambas localidades, en desacuerdo con este cambio “inesperado y sin notificación previa”, apunta Miguel Ángel Nieto, alcalde de Longás, comenzaron hace dos semanas un largo y acelerado trámite para solicitar ser devueltos al sistema de Concejo Abierto. El primer paso fue presentar un recurso ante la Delegación del Gobierno en el que ambos pueblos defendían la necesidad de seguir regidos por la forma organizativa democrática que habían tenido hasta la fecha. La motivación: los beneficios que esta figura aportaba a los habitantes de Urriés y de Longás que con su voto en Asamblea han tenido, desde los años 1987 y 1985 respectivamente, la capacidad de participar directamente en todas las decisiones locales. 

La Delegación del Gobierno ha considerado la petición de la localidad de Longás, pero no así la de Urriés. En el caso de Longás, “el régimen de Concejo abierto se viene aplicando con anterioridad a 1985, por tanto, se ha considerado un régimen de carácter tradicional en nuestro municipio”, explica su alcalde, algo que la Ley reguladora de los Concejos Abiertos contempla en su texto. En este punto, sin embargo, la Ley deja fuera a Urriés por dos años, como explica su alcalde, Armando Soria: “nuestro pueblo lleva funcionando como Concejo Abierto desde el año 1987”, pero la Ley pone el límite en los que comenzaron antes de 1985“. 

Un desconocido decidiendo en mi pueblo

La no comunicación de este cambio por parte de la administración central en Aragón a los pueblos afectados les ha dejado, además, “sin la posibilidad de elaborar sus propias listas de candidatos y candidatas alcaldables”, apunta el alcalde de Urriés. A la alcaldía de esta localidad se presentan en estas elecciones, como Ayuntamiento, tres partidos políticos: Chunta Aragonesista, Partido Socialista y Partido Popular. Armando Soria, alcalde durante las dos últimas legislaturas afirma “no conocer” a las otras dos personas candidatas a la alcaldía de su pueblo “no son ni del pueblo ni de la zona, nadie las conoce, ni siquiera hemos encontrado información sobre ellas en las redes sociales y desde los dos partidos; PSOE y PP, tampoco conocen su relación con esta zona”, asegura Soria. 

Esta situación de desconocimiento es lo que ha aumentado la preocupación entre los y las habitantes de Urriés, una localidad reconocida en los últimos años por su dinamismo y participación en múltiples actividades culturales a nivel nacional y la organización de eventos como las Jornadas Culturales y el Congreso de Periodismo y Repoblación. “Es muy difícil explicar a los vecinos que el sistema de votación de toda la vida cambia y que las personas que los representarían ni son del pueblo ni saben nada de nosotros o de lo que hacemos, esa es nuestra máxima preocupación ahora”, insiste el actual alcalde. Por otra parte, también sienten recelo a que un cambio en el sistema político frene la actividad que estos años han logrado poner en marcha. 

También critican la rigidez de la norma y el hecho de que no se haya tenido en cuenta una media ponderada del censo porque, como explican tanto el alcalde de Urriés como el de Longás “hoy somos 42 y mañana fallecen dos de nuestras personas mayores o algún joven encuentra trabajo en otro lugar y volvemos a ser muchos menos de 40”. Por eso piden que se tengan en cuenta las características propias de los municipios pequeños y su funcionamiento hasta el momento a través de la participación en Asamblea, antes de tomar decisiones que “afectan directamente al futuro de nuestros pueblos” y a que sigan o no vivos. 

Aunque tras sus alegaciones la DGA ha dado la razón a Urriés, también ha informado que, dada la cercanía del día de votación y lo farragoso del proceso burocrático, por el momento deberán seguir adelante con el nuevo sistema de Ayuntamiento con concejales. “Pero no vamos a rendirnos”, anuncia Armando Soria: “Una vez pasadas las elecciones, pase lo que pase en ellas, vamos a solicitar de nuevo, y a través del sistema que dicta la Ley, volver a ser Concejo Abierto para que todos los vecinos y vecinas de Urriés puedan decidir de nuevo en Asamblea como lo llevan haciendo desde 1987”, explica.

El Ayuntamiento de Barcelona convocará una asamblea deliberativa encargada de decidir acciones ante la emergencia climática. La iniciativa se pondrá en marcha a partir de septiembre y estará formada por un centenar de personas de entre 16 y 75 años elegidas por sorteo.

El objetivo es que el grupo escogido presente al gobierno municipal un documento con recomendaciones y propuestas para hacer frente a la crisis climática. Las propuestas serán fruto de diversos debates y procesos deliberativos.

Para el proceso de selección, el Ayuntamiento enviará la información a 20.000 personas. La pre selección se habrá basado en criterios de estratificación social en función del género, edad, origen y barrio. Una vez se hayan recibido los consentimientos para participar, los 100 escogidos se decidirán de manera aleatoria, “asegurando que corresponda a una muestra representativa de la ciudadanía de Barcelona”, según han afirmado desde el consistorio.

Una vez escogidos los participantes, estos debatirán durante un periodo de dos meses para encontrar las propuestas y las acciones que se quiere plantear al Ayuntamiento. La presentación final de los resultados está prevista para enero de 2023.

Así, Barcelona se convierte en una de las primeras ciudades en desarrollar esta propuesta en el ámbito local, siguiendo experiencias internacionales recientes como la asamblea por el clima francesa, escocesa o española.

Hace dos años y medio que el Gobierno aprobó la Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en España, bajo el paraguas de la comunidad científica, que reclama acciones urgentes para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía ante los efectos del cambio climático. Uno de los compromisos de esa iniciativa era reforzar los mecanismos de participación ya existentes con la convocatoria de una Asamblea Ciudadana para el Clima, que se consagró en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada en mayo de 2021.

Tras ocho meses de trabajo, esta asamblea ha quedado constituida por 100 personas elegidas aleatoriamente entre diferentes ámbitos, edades, perfiles, territorios y culturas de la sociedad civil, y su objetivo es contribuir al proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático aportando la visión de la ciudadanía.

La Asamblea se configura como un foro de participación ciudadana, un ejercicio participativo deliberativo para generar reflexión, conocimiento colectivo, y que permite a la ciudadanía informarse, deliberar y generar consensos sobre cuáles deben ser las soluciones a las grandes transformaciones que es necesario acometer para alcanzar la neutralidad climática antes del año 2050 y para hacer un país más resiliente a los impactos del cambio climático, todo ello de una manera justa y solidaria.

Funciona de acuerdo con los principios de representatividad, imparcialidad, independencia, transparencia, acceso a la información medioambiental sobre cambio climático con carácter previo a la participación y pluralidad de la información.

La llegada de las conclusiones al Gobierno

El pasado 6 de junio, representantes de esta Asamblea se reunieron con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y con la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, para presentarles un documento que recoge el trabajo realizado: 172 recomendaciones, divididas por cada una de las cinco áreas de vida sobre las que se ha trabajado en estos meses (Consumo, Trabajo, Ecosistemas, Alimentos y Uso del Suelo, y Comunidades, Salud y Cuidados).

Dentro de este centenar de personas está Nuria Borda. Tiene 57 años, es natural de Guadalajara y portavoz en materia de Comunidades, Salud y Cuidados. Su llegada a la asamblea derivó de su interés por cuestiones de medio ambiente, aunque al integrarse en el proceso y recibir la formación por parte de expertos, se dio cuenta de que “en realidad no sabemos nada”. Trabajaba en mantenimiento informático y cuida de sus padres desde que comenzó la pandemia.

“Se pusieron en contacto conmigo debido a mi interés en estos temas, decidí apuntarme, me seleccionaron y entré a formar parte de esta mini-España diversa, en la que ha sido fabuloso encontrar todos los puntos de vista”, cuenta a elDiarioclm.es. Desde la ‘cita cero’ online que tuvo lugar en noviembre del año pasado para comenzar a formar la Asamblea, no ha dejado de aprender. Todas sus acciones, reflexiones y debates se han deliberado y votado en diferentes procesos que han sido anónimos para que no hubiera influencias externas. “Hubo una primera fase de aprendizaje y conocimiento con muchas dudas y temores respecto al futuro del planeta, pero poco a poco fuimos adquiriendo las nociones de todo lo que se puede aportar. Y la conclusión es que podemos hacer que estos cambios en el planeta no sean tan rápidos”, precisa.

Considera por ello que esta Asamblea es necesaria y que “no siempre sean los políticos los que hablen”. Precisamente, la petición general de este colectivo es que haya un pacto de Estado sobre los efectos del cambio climático. “Es necesario que todos los partidos se unan, no hay otra forma de hacerlo. Lo que he visto y lo que hemos aprendido es que de aquí a 30 años las cosas van a estar muy mal y lo más urgente es sensibilizar a la sociedad de algo que se ve todos los días: sequía, lluvias torrenciales, olas de calor, fenómenos que están sucediendo en muy poco tiempo”.

Salud y cuidados

En el caso concreto de la salud, Nuria Borda considera fundamental el blindaje de la sanidad pública, poniendo énfasis en que el cambio climático trae consigo nuevos problemas de salud y “eso hay que trasladarlo al sistema sanitario”, así como la prevención de nuevas enfermedades y pandemias y los efectos de los fenómenos meteorológicos extremos en la gente mayor.

Respeto a los cuidados, hay propuestas de todo tipo en el documento de conclusiones, pero destaca la información dirigida a la Atención Primaria y a los ayuntamientos para activar más alertas dirigidas a la población de mayor edad, así como avances para el acceso a la tecnología. Todo ello supone “una unión de todos los actores, entre médicos, protección civil, ONG y voluntariado, y también de las propias personas que, como yo, cuidamos a nuestros padres”.    

Tras entregar el documento al Gobierno, ahora la Asamblea quiere dar visibilidad a su trabajo y a sus recomendaciones. Lo presentarán en el Congreso y en el Senado, se reunirán con diferentes partidos políticos y después todos los asambleístas podrán difundir el mensaje mediante propuestas que dirigirán a ayuntamientos, sindicatos, empresas y todo tipo de colectivos de la sociedad civil. 

En la Asamblea Ciudadana por el Clima reconocen que hay avances en la lucha contra el cambio climático pero no lo suficientemente ágiles. “Debemos informar bien y no dejar que se vuelva atrás”, afirma la portavoz en relación a medidas ya derogadas como el ‘impuesto al sol’ para la energía fotovoltaica. “Se están haciendo cosas pero proponemos otras que como ciudadanía creemos que se pueden hacer y para las que no hacen falta grandes inversiones. Si en la Asamblea nos hemos puesto de acuerdo, los políticos también deberían”.

Un ejemplo de sus propuestas más viables lo pone en el modelo económico circular, que la Asamblea ha resumido en las 7 erres: rediseñar, reducir,  reutilizar, reparar, reciclar, recuperar y renovar. Para Nuria Borda, son acciones fáciles que pueden realizarse con la alimentación, con la ropa, con los utensilios. Y sobre los plásticos, también opina que serían muy sencillo implantar un sistema que facilitara más su reciclaje y separación.

“En todo esto soy muy positiva, creo que todo se puede hacer. En general la visión de la asamblea es realista pero positiva, porque si no, la gente no va a hacer nada. Y se puede hacer, no es tan difícil”.

Cuenta la integrante de la Asamblea Ciudadana por el Clima que Pedro Sánchez, cuando recibió el documento de recomendaciones, afirmó que “no quería dejar esto de lado” y les emplazó a reunirse en un año para ver los resultados. Pese a su desconfianza en la política, Borda quiere pensar se darán pasos adelante. “Para salvar el planeta, para que otras generaciones conozcan lo que nosotros hemos conocido. Ha sido algo necesario, como necesario es lo que se debe seguir haciendo. Tenemos que informar a todo el mundo sobre lo que está pasando y tengo fe en que si nos juntamos todos y ponemos de nuestra parte, podemos conseguir que el planeta se salve”, concluye.

Seis fundaciones, consorcios o entidades de la Junta de Extremadura, en concreto Fundesalud, la Fundación Extremeña de la Cultura, la Fundación Orquesta de Extremadura, Computaex, la Fundación de Relaciones Laborales y la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex), presentan deficiencias críticas en el Informe General de Auditoría del Gobierno regional correspondiente al ejercicio 2020.

La interventora general de la Junta, Elisa Cortés, ha comparecido este lunes ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura, para informar, a petición del PP, sobre este Informe General, que consta de 60 páginas y que ya fue remitido a este órgano del parlamento extremeño.

Elisa Cortés ha expuesto el contenido global de este documento y se ha centrado más en la auditoría correspondiente a fondos europeos, con una cuantía de más de 500 millones de euros, frente a los 23 millones que corresponden a lo destinado a fundaciones, consorcios y entidades.

Esto ha dado lugar a un cruce de acusaciones entre ella y el diputado del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón que ha acusado a la interventora general de “falta de respeto” a la Asamblea de Extremadura por centrarse en los fondos europeos y en los procedimientos de la intervención y “pasar de puntillas por los problemas graves” que tienen las entidades dependientes de la Junta.

A su vez, Elisa Cortés ha dicho que lo que supone una falta de respeto hacia ella y el departamento que representa es hacer una pregunta global sobre el Informe General de Auditoría y pretender que su comparecencia se centre solo en una parte. Además, ha dejado claro que la Intervención detecta las deficiencias si las hay, pero en ningún caso propone soluciones, ya que no es esa su competencia.

En ese sentido, Cortés ha indicado que en las auditorías de cuenta de estos entes, dos recibieron informe satisfactorio; 14 informe favorable con salvedad; y seis, desfavorable al presentar deficiencias consideradas críticas. Según ha explicado, en Extremadura ninguna fundación alcanza el volumen de gastos requerido por la ley para ser incluida en el plan de auditoría por la Intervención General, y aún así sus cuentas son auditadas.

Cortes también ha indicado que para un total de las 18 entidades dependientes de la Junta que han sido auditadas se ha pedido que las consejerías de las que dependen elaboren un plan de acción para solventar las deficiencias detectadas, planes que en estos momentos estudia la Intervención General, “por lo que aún no podemos dar resultados”. Sí ha dejado claro, sin embargo, que cuando se han cobrado retribuciones superiores a lo establecido, se solicita el reintegro sin necesidad de requerir ningún plan de acción.

Por su parte, Luis Alfonso Hernández Carrón ha expuesto que solo la Fundación Godofredo Ortega y Muñoz y la Fundación Helga de Alvear presentan un grado correcto en sus auditorías, con deficiencias muy débiles o débiles, mientras que 14 entidades presentan deficiencias importantes y seis, críticas.

Según el diputado del PP, el Informe General de Auditoría recoge que en el Festival de Teatro Clásico de Mérida se ha abusado de compras mediante procedimiento negociado sin publicar por valor de 350.000 euros. Igualmente, señala que el el Consorcio Gran Teatro de Cáceres hay trabajadores que no tienen contrato ni relación laboral pero reciben gratificaciones fijas y periódicas por valor de 16.000 euros; y que en la Fundación Orquesta de Extremadura “se adjudican los contratos a dedo sin procedimiento de licitación por un valor de más de 142.000 euros”.

Además, se indica de su gerente el cobro indebido, superior a su salario, de 13.000 euros, al igual que el director gerente de Fundecyt, que tiene un sueldo que supera en 8.000 euros los límites legales.

También ha citado que en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres se han detectado contrataciones sin proceso de licitación por valor de 270.000 euros; en Agenex contrataciones de personal a dedo o en Fundesalud el pago por ensayos clínicos a profesionales del SES sin la correspondiente compatibilidad, por sociedades interpuestas, y por una cantidad de 700.000 euros.

Todos los grupos de la oposición han destacado el trabajo y el rigor de la Intervención General de la Junta de Extremadura, aunque el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín García ha lamentado que no cuente con recursos propios suficientes, ya que, tal y como se recoge en el propio informe, el 56,25% de las auditorías se realizan por firmas privadas contratadas por este departamento del Gobierno regional. 

El PNV reunirá a más de 600 representantes del partido en su Asamblea General del próximo fin de semana, que se celebrará bajo el lema 'Abian Zurekin. En marcha contigo' en el BEC de Barakaldo. Esta cita, que suele ser cuatrianual y ha sido pospuesta en dos ocasiones por la COVID-19, se celebrará en tercera convocatoria, y supondrá el primer “reencuentro” con la militancia en dos años de pandemia.

Los 'jeltzales' ofrecerán para la ocasión “un espacio seguro”, con medidas de seguridad garantizadas cuando ya más del 90% de la población se encuentra vacunada, y confirmarán que “Euskadi está en marcha y el PNV también”. La formación dirigida por Andoni Ortuzar dará a conocer dos procesos innovadores, uno de 'Escucha activa' a la sociedad, y una nueva forma de relacionarse de los vascos con el partido, informa Europa Press. La secretaria del EBB, Mireia Zarate, ha sido la encargada de dar a conocer los detalles de la “gran cita cuatrianual” del PNV, que reunirá a más 600 representantes del partido. La cumbre estaba prevista para julio de 2020, pero tuvo que ser pospuesta al coincidir con la celebración de las elecciones autonómicas vascas, que tuvieron que aplazarse a esa fecha por la COVID-19.

La incidencia de la pandemia obligó a un segundo aplazamiento tras haberse convocado el encuentro para diciembre de ese año. No obstante, de manera excepcional, la Asamblea Nacional del PNV procedió el 10 de ese mes a la elección del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y de los ocho burukides de la Ejecutiva nacional, y decretó la inmediata entrada en vigor de la reforma de los estatutos del partido aprobados ese mismo día. Por ello, Zarate ha subrayado que la Asamblea Nacional del próximo fin de semana será “atípica”, al haberse consumado hace once meses la renovación de la dirección, que siempre se realiza en el marco de la cumbre cuatrianual. En todo caso, la secretaria del EBB se ha congratulado de que vaya a haber “un reencuentro” del partido con su militancia tras dos años, 2020 y 2021, en los que la Ejecutiva no ha podido celebrar con las bases de la formación ni el Alderdi Eguna ni el Aberri Eguna.

Zarate ha explicado que en la Asamblea General se darán a conocer dos procesos o dos iniciativas con las que el PNV pretende “conectar, comunicarse y colaborar con la sociedad vasca” a la hora de definir su camino y de diseñar su acción política “en este nuevo mundo que ha dejado la pandemia”. El primero de ellos será el anunciado 'proceso de escucha activa', que se prolongará a lo largo de los próximos meses, y en segundo lugar, “un nuevo modelo de relacionarse con el PNV, distinto al de la militancia tradicional, pero que posibilitará, a quien así lo desee, establecer y mantener una conversación de calidad” con los responsables del partido 'jeltzale'.

Tras reconocer que no es “un buen momento en lo que a la incidencia de la COVID-19 se refiere”, ha considerado que “el hecho de contar ya en Euskadi con una vacunación masiva, superior al 90% entre las personas adultas”, les permite “afrontar con seguridad y garantías” este encuentro con su militancia y con la sociedad vasca. “Como ha sido una constante en nuestro proceder en los más de 20 meses de pandemia, no escatimaremos esfuerzos para garantizar la salud y la seguridad de todas las personas que nos acompañen en el BEC”, ha asegurado. Para ello, será obligatorio el uso de la mascarillas, se guardarán las medidas de seguridad, se dispondrá de gel hidroalcohólico, habrá la ventilación apropiada y se facilitará un sistema de acceso y desalojo de las instalaciones que se ajustarán a los protocolos establecidos.

Euskadi y el PNV, “en marcha”

El lema de esta VIII Asamblea General del PNV, 'Abian Zurekin. En marcha contigo', quiere reflejar que, con más del 90% de la población vacunada “y pese a la difícil coyuntura actual”, Euskadi “está en pie, está en marcha, y el PNV, también”. Por ello, se volverá a reencontrar con su militancia “en un espacio seguro”, en el que ofrecerá a la ciudadanía “la posibilidad de condicionar, orientar y mejorar la acción política del PNV, el partido líder de este país”, a través del proceso de escucha activa y una nueva forma de relacionarse con la formación, “similar, pero muy diferente y muy innovadora, respecto a la figura de simpatizante que ya contemplan otras formaciones políticas”.

El encuentro comenzará a las 9.30 horas del sábado y en el desarrollo de la Asamblea General no se presentarán, en esta ocasión, ponencias políticas, “pero sí un enriquecedor debate interno y un diagnóstico que el EBB compartirá” con los 'jeltzales' que asistan a la cita, que será “el documento de partida a la hora de afrontar el proceso de escucha a la sociedad”, ha asegurado la secretaria del Ejecutiva. Zarate ha manifestado que el PNV no acudirá “con un folio en blanco, sino con una base ya definida sobre la que trabajar con la ciudadanía, que, a su vez, podrá mejorarla, optimizarla y enriquecerla con sus aportaciones”.

El sábado por la tarde, a las 16.30 horas, se procederá a la presentación pública de estos procesos innovadores, que tendrán “nombre, identidad corporativa y calendario”. Ya el domingo, a partir de las 11.30 horas, se celebrará el acto central, con la intervención del presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y de una representante de EGI. El PNV quiere dar a los jóvenes “un papel destacado” en él, que estará amenizado con música y danza. Zarate ha afirmado que las puertas de BEC, en el que se lanzarán “mensajes y compromisos”, estarán abiertas para quienes quieran acompañar a los 'jeltzales' “en este nuestro reencuentro físico con la militancia y con la sociedad vasca”. “Animamos a que nos acompañen en este día tan especial. Les esperamos con la máxima seguridad y con la máxima ilusión”, ha concluido.

La Asamblea Político y Social de Izquierda Unida, máximo órgano de debate y decisión de esta formación, acordó que la XII Asamblea Federal tenga lugar los días 15 y 16 de enero de 2021, además de aprobar un detallado documento de 'Calendario y Normas' para su desarrollo práctico.

Esta XII Asamblea Federal se debería haber celebrado los días 12, 13 y 14 de junio, atendiendo a la periodicidad de convocatoria en IU cada cuatro años. Sin embargo, esa fecha fue suspendida temporalmente en una reunión también telemática en abril de la Coordinadora Federal, en pleno confinamiento por los efectos de la pandemia del coronavirus.

Fue entonces cuando esta instancia de dirección de Izquierda Unida acordó valorar más adelante “una nueva fecha y un nuevo calendario para continuar con el proceso”, en referencia al proceso asambleario decidido en una reunión de la Asamblea Político y Social anterior, celebrada en febrero, tal y como marcan los Estatutos Federales de IU.

El documento aprobado hoy por amplia mayoría -67 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones- señala de manera explícita que las normas que contiene pretenden adaptarse lo máximo posible a la situación del Covid-19 y por ello se marcarán siempre dos alternativas para celebrar las reuniones y asambleas, de forma presencial y de forma telemática.

A partir de hoy serán los integrantes de la actual Comisión Colegiada -órgano ejecutivo de dirección de IU- quienes se encargarán de preparar la XII Asamblea Federal y todo el proceso que conlleva en los próximos meses para que, de esta forma, quede “representada la pluralidad de la organización para intentar buscar el consenso en la propuesta política y la elaboración de las candidaturas”.

Además de los múltiples preparativos políticos, organizativos y de intendencia que deben acometer hasta enero la actual dirección federal y las distintas federaciones que componen IU a nivel territorial, se deberá valorar y votar el informe de gestión de la dirección saliente así como debatir y aprobar las enmiendas que consideren de entre las que se habrán presentado al documento organizativo y a los Estatutos Federales.

Esta asamblea deberá a su vez ratificar la candidatura a la dirección de Izquierda Unida que habrá elegido previamente la militancia las personas que integrarán otros órganos fundamentales como la Comisión Federal de Arbitraje y Garantías Democrática o la Comisión Federal de Control Financiero.