El Partido Socialista de Catalunya (PSC) vive momentos convulsos en Ripoll, zona cero del poder territorial de la Aliança Catalana. Y la razón de esta crisis no es otra que la relación entre los socialistas y la alcaldesa ultra, Sílvia Orriols, después de que la semana pasada los dos concejales socialistas optaran por abstenerse para dejar pasar las primeras cuentas del gobierno municipal de extrema derecha.

Tras esa decisión, que la dirección socialista no tardó en censurar, el PSC decidió el lunes por la noche cesar a sus dos concejales. Lo que no se esperaba era que esa expulsión acabara en rebelión de toda la agrupación ripollense, que el partido ha acabado disolviendo y nombrando una gestora.

En un comunicado trasladado este martes, la formación explicó que había tomado la decisión de cesar a los concejales tras reunir a miembros de la ejecutiva nacional con la federación de comarcas de Girona y miembros del grupo municipal. Las actas de ambos concejales debían ser asumidas, según indicó entonces el partido, por otros miembros de la lista del PSC.

Pero los dos ediles cesados replicaron que esta decisión fue tomada “de forma unilateral” por la dirección nacional del PSC“ e insistieron en que no hubo ninguna reunión para abordar el tema. ”Ni ayer por la tarde ni en el momento en que hemos tenido conocimiento de esta decisión por los medios de comunicación. Ni se nos ha trasladado ninguna comunicación formal al respecto“, apuntaron ambos concejales en un comunicado.

En el mismo texto, añadieron que ninguno de sus compañeros de lista quiere tomarles el relevo y aseguraron que la formación local “no comparte en ningún caso esta decisión y está en absoluto desacuerdo”. Los dos ediles afearon al PSC que se “nadie del partido se ha acercado presencialmente a trasladar la petición de dimisión”, con lo que consideraron que se han visto forzados a hacerlo. “A pesar de eso, y con la información conocida, hemos actuado con responsabilidad y hemos formalizado la renuncia”, manifestaron.

Ambos concejales ya pusieron sus cargos a disposición del partido tras la abstención. En un comunicado, los concejales admitieron el “error” de haberse abstenido y afirmaron que su proyecto estaba en las “antípodas” de los valores que defiende Orriols. Lo publicaron después de haber sido reprobados de la Federación del PSC de Girona, que pidió actuar “en consecuencia”.

“Es un voto que se adoptó con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll”, añadieron en el comunicado. “Aun así, no se tuvo suficientemente en cuenta que el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha es superior a aquella intención inicial”, añadieron.

Orriols logró aprobar sus primeras cuentas en pleno de este mandato tras activar su voto de calidad para desempatar la votación: la alcaldesa de Aliança Catalana tenía 7 votos favorables y 7 en contra (Junts, ERC y CUP). Los socialistas, con su abstención, permitieron que salieran adelante las cuentas.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, defendió que la dimisión anunciada este martes de los dos concejales socialistas de Ripoll responde a una “asunción de responsabilidades” tras una reunión de “madurez política”.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por la agencia ACN, Moret subrayó que Enric Pérez y Anna-Belén Avilés “dejan su responsabilidad institucional” después de haber puesto sus cargos a disposición del partido, y remarcó que el PSC mantiene que “nunca” pactará con fuerzas que, según ha dicho, no defienden “los valores democráticos y de la convivencia”, en referencia a Aliança Catalana y Vox.

La renuncia de estos dos concelajes del PSC se suma a la cascada de dimisiones que ha habido entre los partidos de la oposición: a menos de un año de las elecciones municipales, ya son 7 de los 11 ediles los que han dimitido.

Los primeros fueron los de Junts, formación que ha renovado completamente su grupo local después de la fallida moción de censura contra la alcaldesa ultra. Durante las negociaciones de dicha moción, también presentó su dimisión uno de los concejales de la CUP. Poco después, ERC también tuvo que despedirse de los dos primeros nombres de su lista.

Con todo, los únicos ediles electos que continúan en el consistorio son dos de ERC -habiendo uno de ellos que renunciará a final de mandato-, otro de la CUP y Joaquim Colomer, que lidera una lista independiente. Por contra, los seis concejales de Aliança Catalana, todos con cargos de gobierno, se han mantenido intactos.

La Justicia ha imputado a un concejal del PSC en Granollers por el taller dentro de las fiestas de la localidad en el que se simulaban acciones contra la policía, entre ellos lanzamiento de falsos cócteles molotov. El Juzgado de Instrucción nº 3 del Tribunal de Instancia de Granollers ha citado como investigados al edil, Martí Pujadas, y a tres miembros del colectivo de los Blaus, organizadores de la actividad.

Pujadas, que por entonces era concejal de Cultura y actualmente ocupa la cartera de Hacienda, deberá declarar el 5 de mayo por un presunto delito de injurias, según ha adelantado la Cadena Ser. Además, según la Fiscalía, también podría tratarse de un caso de provocación de desórdenes públicos agravados. 

El taller satírico Técnicas aplicadas de guerrilla urbana, que incluía tirar falsos cócteles molotov a muñecos que representaban a agentes de policía, desató la polémica en plenas fiestas de Granollers en agosto de 2024. 

A raíz de la denuncia de varios sindicatos policiales, la Fiscalía de Menores abrió diligencias preprocesales al considerar el taller como “una actividad que presenta indicios posiblemente delictivos dentro del ámbito penal”.

En un principio, el juez archivó la causa de forma provisional, pero la Fiscalía recurrió recurrió la decisión y pidió que se investigara al concejal y a los tres miembros de la organización Blaus. Como resultado de ese recurso, la Audiencia de Barcelona acordó reabrir la causa y practicar las pruebas solicitadas por el ministerio público.

Fuentes municipales consultadas por la ACN recuerdan que, cuando estalló la polémica por el taller, la alcaldesa Alba Barnusell ya expuso que “se trataba de un acto desafortunado y aislado”. “Esta postura sigue siendo la misma”, recalcan las mismas fuentes, que añaden que el concejal “dará todas las explicaciones pertinentes” el día que debe declarar ante el juez.

Al mismo tiempo, desde el consistorio señalan que el modelo de la Fiesta Mayor de Granollers “debe entenderse desde su singularidad y personalidad”. Recuerdan que la rivalidad entre los colectivos Blancs y Blaus se remonta a 1983, con un modelo que “se ha consolidado y cuenta con el cariño de la gente de la ciudad que la hace posible”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado este sábado los acuerdos “con los que hacen apología de la intolerancia y la división” después de que los dos ediles del PSC en Ripoll (Girona) facilitaran, con su abstención, la aprobación de los presupuestos de la ultraderechista Sílvia Orriols, alcaldesa de la localidad.

Sin hacer mención explicita a lo ocurrido en Ripoll, Illa ha dedicado parte de su intervención en el consejo nacional del PSC de este sábado a criticar a la extrema derecha “que pone en riesgo al mundo”, en especial los líderes de EE.UU. e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Según Illa, ambos mandatarios “no es que simplifiquen la realidad; es que mienten directamente”. Sus gobiernos, ha recordado el president, “empobrecen, dividen y enfrontan a la ciudadanía”, algo que ha rechazado con contundencia.

“A los socialistas siempre nos encontrarán en el diálogo y los acuerdos para fortalecer la convivencia y la unidad de Catalunya, y nunca en acuerdos con los que hacen apología de la intolerancia y la división”, ha aseverado el president y primer secretario del PSC.

Los dos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, pusieron este viernes sus cargos a disposición del partido tras asumir como “error” la abstención de ambos en el pleno que facilitó la aprobación de los presupuestos a la alcaldesa de la localidad, la líder de la formación de ultraderecha independentista Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

A través de un comunicado, el grupo municipal socialista de Ripoll explicó que comparte el criterio de la dirección de la Federación del PSC de las comarcas de Girona, que expresó su “desacuerdo absoluto” con el sentido de la votación que permitió que el partido ultraderechista sacara adelante las cuentas. La decisión de los dos ediles también dejó a contrapie a Illa, que no duda en confrontar con Orriols durante los debates en el Parlament.

Illa ha recordado la socialista Carme Chacón y su deseo de hacer de España y Catalunya “agentes en favor de la paz”. “Sí a la paz, no a la guerra”, ha sentenciado entre aplausos. Illa también ha apoyado la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suspender los acuerdos de Europa con Israel: “No se hacen transacciones con los valores ni se tiene una doble vara de medir con los valores”. “Hoy ser progresista se ha convertido en una urgencia moral”, ha sentenciado el president.

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha conseguido aprobar los presupuestos de 2026 en su localidad gracias a la abstención del PSC y tras romper un empate con su voto de calidad como edil. Las cuentas ripollesas han salido adelante con los siete votos a favor de Aliança Catalana y Som-hi Ripoll, y siete en contra de Junts, ERC y CUP. Ante la abstención socialista, que dejaba el empate, Orriols ha hecho valer su voto de calidad.

Orriols ha agradecido la “responsabilidad” de los partidos de la oposición que, por primera vez en este mandato, han facilitado que el gobierno en minoría apruebe por pleno unos presupuestos. El año pasado se aprobaron de forma automática tras fracasar la moción de censura con la retirada de Junts, y la anterior tuvieron que prorrogarse. La aprobación se produjo in extremis, a cinco minutos de que acabara el pleno este jueves.

Orriols había apelado a la responsabilidad pidiendo la abstención de la oposición para hacerlo posible, consciente de que los números eran muy justos, después de que Junts ya anunciara hace unos días su voto contrario. Este presupuesto, dotado con 15 millones de euros, es –según el gobierno local– “continuista” y mantiene la apuesta estratégica por la seguridad, la cultura popular y la limpieza, aunque Orriols no detalló las partidas de cada ámbito y hizo énfasis en seguir la política de “contención” de gasto.

En este pleno, también se ha roto por primera vez el bloque unitario del 'no' de la oposición. El concejal de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, ha sido el único que ha votado a favor, valorando las negociaciones que han permitido incluir algunas de sus propuestas, como mejorar la partida del alumbrado y la de los parques infantiles. “No es nuestro presupuesto, es poco soñador y algo pequeño”, ha afirmado, pero “a diferencia de otros años” ha habido una voluntad de escucha y entendimiento que ha permitido llegar a “muchos acuerdos”.

Polémica dentro del PSC

El PSC, con dos ediles, ha sido el único que se ha abstenido. Su portavoz, Enric Pérez, ha sido muy crítico. Al equipo de gobierno les ha reprochado una carencia de voluntad real para llegar a acuerdos con propuestas que los han hecho. Son unos presupuestos, ha afirmado, con falta de “ambición” y que “no dan respuesta a lo que Ripoll necesita”, como mejoras en los barrios, vivienda o más propuestas para los jóvenes. Sin embargo, ha explicado su abstención por quere seguir trabajando para incorporar mejoras y porque no quieren repetir la situación de tener que ir a una cuestión de confianza y “hacer perder el tiempo”.

La decisión del grupo municipal ha sido censurada por la dirección provincial del partido que, en un comunicado, ha manifiestado su “desacuerdo absoluto”. “Esta decisión no cuenta con el aval ni el conocimiento previo de esta federación”, aseguran en el texto. Por este motivo, la ejecutiva del partido en las comarcas gerundenses ha citado “de manera inmediata” a los concejales del grupo municipal para “exigir explicaciones y actuar en consecuencia”.

Poco después, los dos ediles socialistas han emitido un comunicado en el que aseguran “admitir el error” de haber facilitado la aprobación de las cuentas. También han puesto su cargo a disposición del partido. “Es un voto que se adoptó con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll. Sin embargo, no se tuvo suficientemente en cuenta que el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha es superior a esa intención inicial”, afirman en el comunicado.

El portavoz de Junts, Ferran Raigón, ha reiterado que las cuentas de Aliança no eran realistas. “No haremos el tonto, como sería pactar unas propuestas que son papel mojado porque, si tenemos que devolver casi 3 millones de euros (el importe de la subvención del fondo europeo más la penalización por rehabilitar el edificio de la Nau del Pla) no podrá cumplir las propuestas prometidas”, ha dicho.

Pero la alcaldesa le ha respondido que aún no lo dan por perdido y que, en el peor de los casos, hay recursos para afrontarlo. Entre otras cosas, porque se ha cerrado el ejercicio de 2025 con un remanente positivo de más de 967.000 euros. Un ahorro, según ha dicho, que permitirá realizar inversiones por valor de 404.000 euros.

Por su parte, ERC se ha quejado de que las propuestas que han hecho no han quedado recogidas en los presupuestos y que, “por coherencia”, debían votar en contra. La republicana Chantal Pérez ha admitido que, con la abstención del PSC, se evitó tener que entrar en el “circo mediático” de hace un año, cuando la moción de confianza no prosperó y, por tanto, creían que era “coherente” mantener el 'no'. Y ha añadido, “no entendemos que Junts no vote a favor o se abstenga, porque ellos sí que han votado a favor de la mayoría de cosas de Aliança en este pleno”. Y por último, el portavoz de Alternativa por Ripoll, Jordi Hostench, ha expuesto su 'no' por la falta de afinidad de sus políticas hacia las de Aliança.

Sonriamos. La mayoría de grandes ciudades francesas serán gobernadas por la izquierda. Meloni ha sido derrotada en su plebiscito. Millones de estadounidenses acaban de llenar las calles contra Trump. Orban puede estar viviendo sus últimos momentos en el poder. Puñales en Vox. Sudores fríos en Génova.

Se puede vencer a la ola reaccionaria. Se debe y se puede.

No significa que sea fácil. El neoliberalismo desató su ofensiva contra el carácter social del Estado, imponiendo un dogma económico ambiental y socialmente destructivo. La ola reaccionaria actual, promovida por los ultrarricos, pretende deshacerse también de toda formalidad democrática, para consumar una toma total del poder.

Pese a años de tejer estrategias, pese a la coordinación y apoyo entre los miembros de la internacional reaccionaria y pese a la colonización mental del algoritmo, aún no han logrado todos sus objetivos.

Precisamente, en lo descarnado, virulento y acelerado de su proyecto se halla la clave para derrotarlo. Vemos a lo que nos lleva. Un mundo en llamas. Genocidio televisado. Guerra. Imperialismo voraz.

Miles y miles de vidas segadas mientras los responsables sueltan frivolidades en redes y en televisión. Millones de personas desplazadas. Luego las criminalizarán si llegan aquí huyendo de las bombas.

Consecuencias económicas nefastas, poniendo el mundo al borde de la coincidencia de varias crisis simultáneas. Luego acusarán de ellas a quienes despliegan un escudo social para proteger a la ciudadanía, mientras son incapaces de criticar a quienes causan estos males.

Su receta la conocemos. Apuntan sus cañones contra los derechos y conquistas sociales. Ya lo hicieron en la Gran Recesión. Véase hoy la reforma laboral de Milei, alumno aventajado de esta combinación grotesca de servilismo, estulticia y maldad que se ha puesto de moda entre los émulos de Trump —también entre los geográficamente más cercanos.

Azuzan el odio. Contra los progres y contra los sindicatos. Contra el feminismo —léase contra las mujeres— y contra la ciencia. Contra las personas LGTBI y contra las personas migrantes. Para dividirnos. Para poder laminar derechos más fácilmente. Para distraernos del carácter vertical del conflicto.

Han hablado como si lo hicieran en nombre del ciudadano común y corriente. Sin embargo, su proyecto es tratar de realizar el deseo del gran capital. Opresión, dominación y explotación es todo lo que ofrecen, aunque lo disfracen.

Pero nos hemos dado cuenta. Su apariencia ya no es invencible. Su victoria ya no parece inexorable. Nos estamos movilizando por doquier. Hay que pasar de la actitud de resistencia a la moral de victoria. De defender las conquistas a lograr otras nuevas para las mayorías sociales, que es mucho lo que hay que avanzar todavía.

Cada espacio tiene que hacer sus deberes. Los próximos 17 y 18 de abril se darán cita en Barcelona centenares de organizaciones políticas, sociales y sindicales progresistas de todo el mundo, en la Global Progressive Mobilization auspiciada por Pedro Sánchez. Unidos y organizados, sin miedo. Es un paso. No paremos. Demos más.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM) que pondrá las bases para prohibir el alquiler de temporada en la ciudad. Esta propuesta, que forma parte de un pacto entre el PSC y los Comuns y que ha contado con los votos favorables de ERC, define los usos a los que pueden estar sometida la vivienda, los parámetros y, consecuentemente, las prohibiciones que se consideren en las normativas municipales.

Esta es la fórmula que han encontrado ambos grupos parlamentarios para eliminar el alquiler de temporada y reforzar también la prohibición de las viviendas turísticas, una modalidad que ocupa casi la mitad de residencias disponibles en diversos barrios de Barcelona como el Gòtic o la Barceloneta.

El consistorio convierte el uso “habitual y permanente” de la vivienda en su uso “característico”, mientras que las segundas residencias, el alquiler temporal o turístico pasan a ser usos “asimilados”. De esta manera, según se sostiene en el informe del MPGM, se podrán prohibir, condicionar o restringir los usos diferentes a los característicos de la vivienda. Eso implicará que el Ayuntamiento también podrá limitar las compras especulativas -en tanto que se tratan de adquisiciones de pisos que no están pensados para vivir en ellos- y complementaría así la normativa en la que está trabajando el Govern para prohibir este tipo de adquisiciones.

Los límites a los usos secundarios de la vivienda dependerá de la zona de la ciudad y de la necesidad de vivienda habitual que haya en cada barrio. Igualmente, el Ayuntamiento se asegurará de regular la renta temporal y turística también para las habitaciones, las plantas de casas unifamiliares, así como las parcelas.

A partir de aquí, el consistorio propone elaborar regulaciones y normas para “fomentar y proteger” el uso habitual de la vivienda. De esta manera, se pretende que los alquileres sean “más accesibles para sus residentes”. Según ha defendido la primera teniente de alcaldía y responsable del área de Urbanismo, Laia Bonet, “Barcelona necesita todas las herramientas disponibles para luchar contra la especulación y garantizar el derecho a quedarse en la ciudad”.

La modificación ha contado finalmente con los votos de ERC, que durante todo el proceso de negociación han mostrado públicamente sus “dudas sobre los efectos que pueda tener la MPGM”, pero este viernes han decidido emitir un “voto político” y de “confianza a los movimientos sociales”, tal como ha expresado la concejala republicana Eva Baró.

A falta de informes oficiales, de las ofertas de los portales inmobiliarios se estima que el alquiler de temporada puede llegar a suponer un 30% de la oferta de alquiler en ciudades tensionadas como Barcelona, llegando a crecer esta cifra hasta el 40% en más de un barrio. La intención del pleno es que la normativa pueda estar lista antes de verano, pero lo cierto es que estos plazos son ambiciosos porque el texto todavía debe pasar por la subcomisión de Urbanismo de la Generalitat y, una vez pase ese trámite allí, volverá al Ayuntamiento para su aprobación definitiva.

La normativa era “urgente” según palabras de la líder de los Comuns, Gemma Tarafa, que ha apuntado datos al pleno: en una ciudad de 1,7 millones de personas, hay 800.000 viviendas, lo que supone un piso para cada dos personas. Pero la realidad es que el consistorio ha contabilizado hasta 130.000 viviendas en las que no vive nadie de forma habitual, lo que reduce la oferta “de manera alarmante”.

Esta MPGM fue pactada en diciembre de 2024 y su paso por el pleno llega un año más tarde de lo previsto. Aun así, se adelanta al Gobierno central, que hace casi dos años que anunció la necesidad de regular los alquileres turísticos y de temporada, dos modalidades de renta que la Ley de Vivienda no regula y que se han convertido en un “agujero negro”, según palabras de la ministra Isabel Rodríguez.

Por eso, el Parlament de Catalunya también se avanzó al Gobierno y aprobó, en diciembre de 2025, una ley para limitar el precio del alquiler turístico y de temporada y meterlos en el mismo saco que la vivienda habitual. Esto afecta a arrendamientos por razones profesionales, de estudios, por temas médicos o por obras. Solo se excluyen los motivos turísticos o recreativos.

Eso enmienda la ley de vivienda, que excluía estas tipologías del tope de los precios de alquiler -algo que, de momento, es algo que sólo se aplica en las zonas tensionadas de Catalunya. Todo ello ha provocado que muchos propietarios saquen sus pisos del mercado habitual para pasarlo al de temporada y exigir precios muy por encima del límite. Aunque actualmente el uso del arrendamiento por temporada para inquilinos que en realidad viven en el piso de forma permanente es un fraude, es una realidad en la que se encuentran muchos vecinos de Barcelona.

Así, el Ayuntamiento se suma a la voluntad reguladora y va más allá de la ley aprobada en el Parlament, llegando a querer prohibir sus usos gracias a las competencias que tienen los consistorios en materia de urbanismo. “La regulación del Parlament es imprescindible, pero no puede ser la única”, ha apuntado la primera teniente de alcalde, Laia Bonet.

No ha sido una semana plácida para la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero (Caldes d'Estrac, 1976), que se ha visto obligada a retirar su primer proyecto de presupuestos para evitar que ERC se los tumbara. Tras una ardua negociación, Govern y republicanos han acabado pactando una tregua de tres meses, cuando volverán a tratar de aprobar las cuentas.

Romero está convencida de que a la segunda irá la vencida, porque los de Oriol Junqueras ya no tendrán excusa, tras haber borrado la cesión del IRPF como la línea roja que imposibilitó el acuerdo.

La consellera defiende que su responsabilidad era presentar las cuentas, como también la esgrime para retirarlas y así evitar la derrota. A la vez, pone en valor el trabajo de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a quien la oposición señala como culpable de poner palos en la rueda y evitarse más problemas en la próxima campaña andaluza.

¿El Govern se precipitó al trasladar al Parlament unos presupuestos sin tener garantizada la mayoría para aprobarlos? 

Sinceramente, creo que no. Porque la obligación de un gobierno es aprobar presupuestos, como mínimo presentarlos, marcar su ruta, cuáles son sus prioridades para el siguiente año, en este caso para el 2026... Después de haber generado las confianzas necesarias con Esquerra durante un año y medio y de que hayamos podido presentar un modelo de financiación autonómica después de 13 años, tocaba dar el paso de los presupuestos. En cualquier caso, a veces es verdad que durante la tramitación y la negociación no llegas a buen puerto, y creo que ahora lo que se ha hecho es darnos más tiempo para conseguir esos apoyos que necesitamos.

Pero ERC ya les avisó de que se habían precipitado presentándolos. ¿Qué les hacía pensar que tenían su apoyo?

En este año y medio trabajando con ellos hemos generado confianzas y en todas las carpetas abiertas que mantenemos con ellos hemos sido muy honestos. El presupuesto se estaba trabajando desde hacía tiempo. Cerramos el acuerdo con los Comuns, también con los agentes sociales y económicos. Nos faltaba acabar de cerrarlo con ellos y consideramos que en la fase de tramitación podríamos acabar de negociarlos. Por otro lado, insisto, la obligación del Govern es presentar unos presupuestos.

Usted misma y también la portavoz, Silvia Paneque, negaron solo unas horas antes de que ocurriera que el Govern se estuviera planteando retirar los presupuestos. ¿Mintieron? 

No, no mentimos, porque en ese momento no era una decisión tomada. El Govern llevaba muchos días negociando con Esquerra. Estábamos decididos a llegar a la votación del viernes y que se votara la enmienda de totalidad. Recuerden que nosotros ya le habíamos concedido a ERC diez días más en el trámite parlamentario, para dar más margen al acuerdo. Pero cuando nos dicen que no retirarán la enmienda, nos planteamos hacia dónde queremos ir y valoramos que es mejor evitar la colisión.

Por tanto, ¿es cuando se reúnen el president Illa y Junqueras cuando se convencen de que Esquerra no votará los presupuestos?

Yo no estoy en aquella conversación, pero supongo que el president también valora las diferentes opciones que tiene. Y es verdad que las tenía todas abiertas, eso lo había dicho varias veces. Entiendo que reflexiona y opta por evitar entrar en un callejón sin salida y pactar una pista de aterrizaje que, en la práctica, es dar más tiempo a Esquerra Republicana para la negociación. Es decir, cambiar tiempo por apoyos.

Se opta por evitar entrar en un callejón sin salida y pactar una pista de aterrizaje que, en la práctica, es dar más tiempo a ERC para la negociación. Es decir, cambiar tiempo por apoyos.

Tanto ustedes como el Gobierno central insisten en que estamos en una situación excepcional en contexto económico internacional. Y ahora le dicen a la ciudadanía que tendrán que esperar tres meses más para tener los presupuestos que se necesitan. ¿Es eso responsable?

A nosotros nos hubiera gustado tener presupuesto en el mes de enero, pero también somos conscientes de que somos un Govern en minoría. No tenemos una mayoría parlamentaria estable, pese a disponer de un acuerdo de investidura firmado con los Comuns y Esquerra. Espero que, tras estas negociaciones en las que entramos ahora con ERC podamos tener los apoyos suficientes, pero es evidente que los partidos políticos debemos ser responsables y generar estabilidad en momentos de dificultad. Es lo que hemos intentado hacer.

Lo han intentado, pero ¿cree que han sido responsables y han creado estabilidad con lo ocurrido esta semana? 

Hemos respondido a nuestra obligación, que era presentar unos presupuestos, buscar los acuerdos. Hemos cerrado un acuerdo con los Comuns. He pasado muchas semanas, e incluso meses, trabajando con los agentes sociales y económicos. Nos hemos visto con muchísimas entidades y gente del sector social, sanitario, educativo, también para buscar su complicidad. Creo que es un clamor que Catalunya necesita presupuestos, porque venimos de unos prorrogados del 2023.

Lo que también habíamos dicho es que, sin presupuesto, necesitaríamos un suplemento de crédito que nos permita mantener el normal funcionamiento de la administración, pagar las nóminas de los funcionarios y también algunos acuerdos de los que hemos llegado, como los aumentos de mossos y profesores. Por eso hoy también hemos aprobado un suplemento de crédito de casi 6.000 millones de euros para hacer frente a nuestros compromisos.

Citaba los presupuestos del 2023. Cuando entonces Pere Aragonès vio que rompían con Junts, vino a buscarlos a ustedes, y el PSC le ayudó. ¿El Govern en algún momento se ha planteado la opción de explorar a otros socios o sabe que no es posible? 

Recuerdo que en el 2022 Aragonés no nos quiso en la negociación de los presupuestos. Luego en 2023 nos necesitaban, porque habían roto el Govern con Junts, y nosotros, en un sentido también de responsabilidad, los aprobamos. Ahora tenemos unos socios de investidura que son los Comuns y ERC y ambos son nuestra prioridad a la hora de hacer acuerdos. Pero es que además creo que no hay otro partido que esté en el campo de juego. Junts podría ser una opción, pero sigue el rincón, y, por tanto, no hay opciones de pactar nada con ellos. Es una pena, porque los partidos demócratas de centro-izquierda y centro-derecha, en estos momentos de crecimiento de la extrema derecha, podríamos llegar a consensos en temas importantes, pero Junts no está en eso.

¿Y en algún momento se plantearon la opción de una cuestión de confianza para probar que el Govern cuenta con los apoyos necesarios para garantizar la estabilidad? 

Que a mí me conste, no. Pero también es verdad que ahora, cuando acordamos con Esquerra presentar otros presupuestos y que se aprueben cuando acabe el período de sesiones, o también cuando acordamos los decretos ley de suplemento, mostramos los apoyos que tenemos, los 68 votos [mayoría absoluta] con los que llegamos a mediados de abril para aprobar estos dos temas que son relevantes para nosotros. Esta es la mejor confianza que nos pueden mostrar los grupos, ir al próximo pleno, que es el del 14 y 15 de abril, votarnos el decreto de 6.000 millones y las medidas que hemos incorporado.

Los partidos demócratas de centro-izquierda y centro-derecha, en estos momentos de crecimiento de la extrema derecha, podríamos llegar a consensos en temas importantes, pero Junts no está en eso.

Si en Catalunya no hay presupuestos antes del verano, ¿vamos a elecciones? 

No estamos en ese escenario, en estos momentos. Queda todavía mucho tiempo hasta finales de julio. Nosotros confiamos en la palabra de Esquerra, han dicho que quieren presupuestos y ahora debemos ponernos a trabajar de manera inminente. Espero que la semana próxima nos podamos sentar y empezar a hablar de partidas, de medidas, de propuestas, que es lo más importante. 

El president de la Generalitat dijo que estaba “orgulloso” de haber presentado los presupuestos y también de retirarlos. ¿Entiende estas palabras? 

Sí, las entiendo por que presentarlos es un gesto de responsabilidad y de responder a la obligación que tiene un gobierno de elaborar unos presupuestos. El año pasado se nos criticó mucho que no los hubiésemos presentado, porque de entrada Esquerra ya nos dijo que no nos apoyaría. Ahora los hemos llevado a la Cámara, pero cuando el Govern ha decidido retirarlos lo ha hecho por la responsabilidad de no ir a un choque de trenes con ERC.

¿Cuánta responsabilidad tiene la ministra María Jesús Montero de que Catalunya no tenga presupuestos al menos hasta mitad del año?

Cero.

¿No se está ganando tiempo para que Montero deje de ser ministra, y que, por tanto, pueda haber un acuerdo con el IRPF o el gesto que pide ERC? 

Yo no estoy nada de acuerdo con esas lecturas que se hacen de que ella es la culpable de que no sé cuántas cosas no pasen en Catalunya. Quiero recordar que gracias a María Jesús Montero y a su equipo tenemos un modelo de financiación que hacía 13 años que esperábamos. Un modelo de financiación que responde y refleja los principios que plantearon aquí Esquerra Republicana y el PSC en el acuerdo de investidura. Si ella no se hubiera arremangado, no tendríamos esa propuesta de modelo.

¿Hay que desplegar todavía muchos elementos del acuerdo de investidura? Sí, iremos haciéndolo. Pero todos somos conscientes del ruido que ha generado el modelo de financiación en España y las dificultades de convencer a muchas comunidades autónomas de la importancia y de la necesidad de que este modelo siga adelante. No habría nada peor que ver esta propuesta rechazada en el Congreso. Y por eso a mí me gustaría que dedicáramos nuestras energías a esto.

Sobre la cesión del IRPF, que también tienen pactada, la ministra Montero ha dicho 'no'. 

Ha dicho 'no, por el momento'. 

De acuerdo, 'por el momento'. Pero si en vez de 'no' hubiera dicho 'tal vez', eso les habría ayudado en Catalunya.

No lo veo igual. En julio del 2025 hicimos una Bilateral entre el Gobierno de España y el Govern de Catalunya donde se aprobó un documento que lo que fijaba era cuáles son los principios que deberá tener el modelo de financiación que deberemos presentar. Hubo gente escéptica que dijo que era muy genérico, que no nos llevaría a nada… pues seis meses después tuvimos un modelo. Y había una segunda parte que decía que el Ministerio de Hacienda y el Departament de Economia trabajarán conjuntamente para realizar las modificaciones legislativas oportunas para que se puedan recaudar impuestos desde Catalunya, empezando por el IRPF. Por tanto, hay un documento entre dos gobiernos, certificado con una comisión bilateral, que dice esto. A mí que me digan dónde no ven el compromiso del Gobierno de España.

¿Y por qué no ha ocurrido?

Las cosas a veces necesitan su tiempo, nos ha costado mucho el modelo de financiación. Pues con la gestión tributaria quizás necesitamos más tiempo, y lo que la ministra ha dicho, al menos las últimas veces que he hablado con ella, es que de momento estamos trabajando y estamos acercando posiciones, que no es fácil. Y yo insisto, podemos tener las modificaciones legislativas mañana, pero no podremos gestionar el 100% del IRPF porque no tenemos nuestro instrumento preparado, que es la Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Prometieron una cesión del IRPF para la que, como dicen, no están técnicamente preparados. ¿Prometieron algo que sabían que no podían cumplir? 

El acuerdo de investidura es un acuerdo político entre dos partidos, eso para empezar. Lo que dice sobre la gestión del IRPF es “a partir de 2026”. Todavía no ha terminado el año. En el 25 empezamos una campaña de la renta, donde hacía años que la ATC no participaba. Este 2026 será aún más ambiciosa, y abrimos más espacios, más oficinas, contratamos casi el doble de personal que el año pasado. Pero además, hemos empezado a gestionar conjuntamente el impuesto de matriculación, y lo estamos haciendo con personal del ATC entrando en la plataforma de la agencia estatal AEAT y testeando cómo podemos trabajar conjuntamente. Es decir, estamos caminando y cumpliendo con lo acordado.

¿Tienen el compromiso de ERC, aunque sea verbal, de que quieran aprobar los presupuestos en verano pese a que no haya cambios en el IRPF? ¿O siguen poniendo como condición el IRPF?

Creo que ERC, en un gesto de generosidad y responsabilidad, ha eliminado las líneas rojas para aprobar presupuestos. Tenemos el convencimiento de que empezaremos a negociar medidas, partidas y cifras sobre aquellos elementos que dependen de Catalunya y que son competencia nuestra. Hemos dicho a ERC que haremos todo lo que haga falta y más. Negociar es ceder, y sabemos que deberemos ceder y que quizás debamos dejar de hacer algo para hacer lo que ellos nos piden, pero yo creo que ERC también ha sido generosa no poniendo líneas rojas.

ERC, en un gesto de generosidad y responsabilidad, ha eliminado las líneas rojas para aprobar presupuestos.

Han aprobado un suplemento de crédito de casi 6.000 millones de euros. ¿De dónde salen? 

Salen de los mayores ingresos que tiene la Generalitat. La economía va bien, es dinámica y viva y está generando muchos ingresos que vienen de los impuestos de los ciudadanos. El PIB está creciendo y esto significa muchos más ingresos con la herramienta jurídica, el suplemento de crédito, para incorporarlos. Lo que cabe en el suplemento de crédito son los incrementos retributivos que ha habido por los funcionarios públicos. Solo los acuerdos alcanzados con sindicatos para docentes y Mossos son 3.500 millones de euros. Pero no caben los compromisos nuevos, por ejemplo una partida extraordinaria para el Pla de Barris. 

El nuevo modelo de financiación reparte 21.000 millones de euros entre las comunidades, una quinta parte en Catalunya, pero esas cuentas son para el primer año. ¿Cómo se consigue que dentro de cinco años Catalunya no vuelva a sufrir infrafinanciación?

El modelo de financiación, en teoría, es para cinco años, y luego se debería actualizar, aunque a veces renovarlo es difícil. El nuevo modelo que hemos pactado es mucho más estable que el anterior, que era más fluctuante, sobre todo en época de crisis.

¿Por qué?

Porque se basa más en el ingreso y, además, cede a las comunidades autónomas un gran grueso de los impuestos masivos, que son el IVA y el IRPF. El IRPF es más estable que el IVA, que tiene que ver más con la actividad económica y, por tanto, debería fluctuar mucho menos. El nuevo modelo es bastante más estable, estructural y sólido porque no tiene fondos extraordinarios que tergiversaban los resultados. 

Ahora bien, si dura 14 años… El modelo en vigor se aprobó en 2009, pero empezó a diseñarse en 2006. Hace 20 años, ni Catalunya ni España eran las de hoy. El modelo ha tenido que actualizar muchos elementos porque la realidad no es la misma. Ya no es tanto el modelo en sí, sino que el país va cambiando. 

Uno de los objetivos de ERC era aumentar la soberanía financiera de Catalunya. ¿Se puede decir que con la nueva financiación Catalunya tendrá la llave de la caja? 

En el nuevo modelo de financiación hemos eliminado los adelantos y las liquidaciones: a día de hoy cobramos a dos años vista. Si te han pagado más, tienes que devolver el dinero, y si te han pagado menos, te dan más. Ahora lo que pasará es que la Agencia Tributaria, porque la Agència Tributària de Catalunya todavía no está preparada, recaudará los recursos que se generan de los impuestos en Catalunya, y al instante, se irán a una cuenta neutra. Esto permitirá recibir, al instante, los recursos que se generan en Catalunya. Es un paso muy relevante y es un poco tener la llave de la caja. Hemos ganado mucho y no es sencillo lo que ha hecho el Gobierno de España. María Jesús Montero y su equipo han sido valientes. No era una decisión fácil para las estructuras del Estado.

Viendo cómo se recibió este nuevo modelo por parte de los partidos que deberían votarlo, usted, hoy, ¿cree que se aprobará el Congreso? 

Siempre soy positiva porque si no no me levantaría por la mañana. Creo que el modelo tiene muchas posibilidades de que se apruebe. Ahora tenemos que esforzarnos todos, y tenemos que explicarnos mucho. Haré una ruta de la financiación por Catalunya explicando las bondades del modelo. Es interesante que todo el mundo sepa que es muy importante tener un nuevo modelo de financiación que nos aporta más recursos, y que nos da más capacidad normativa y tributaria. También tenemos que ir a los grupos que tienen más dudas y decirles que lo intenten mejorar en la tramitación parlamentaria. 

¿Le hubiera gustado que por parte de las patronales catalanas hubiera habido un apoyo más explícito? 

Estoy contenta porque los agentes económicos de Catalunya hicieron una nota en la que apoyaban el modelo. Es verdad que decían que podía ser mejorable, pero han apoyado el modelo y está bien ser exigentes y pedir más cosas. No ocurrió así con Foment del Treball, que entró algo más tarde en ese consenso, pero yo creo que está bien. En Foment estaban informados desde el inicio de las negociaciones, y ahora nosotros también les pedimos que nos ayuden a que aquellos grupos que tienen dudas entren en la tramitación y en la negociación y, por qué no, puedan mejorar. 

¿La estoy interpretando mal, o está diciendo que le gustaría que la patronal Foment ayudara a convencer a Junts para que lo apoyara? 

Me gustaría que todos los agentes sociales y económicos apoyaran claramente el modelo y facilitaran que partidos como Junts entren en la negociación. Creo que lo han hecho, y lo están haciendo porque nos consta que se han ido viendo también con Junts y le transmiten la necesidad de tener un nuevo modelo. A veces por quererlo todo te quedas sin nada, y creo que es mejor ir ganando cuotas de mejora y que Junts entre en la negociación para mejorar el modelo. Se lo agradeceremos si lo hace.  

Siempre soy positiva porque si no no me levantaría por la mañana. Creo que el modelo de financiación tiene muchas posibilidades de que se apruebe. Tenemos que esforzarnos todos, y tenemos que explicarnos mucho.

La reforma de la LOFCA que propone Montero, que todavía no hemos visto, parece que no toca el artículo 19, que dice que la gestión de los tributos cedidos, como el IRPF, corresponde a la Agencia Tributaria del Estado. ¿Una ley así la puede votar el PSC que ha pactado que el IRPF esté gestionado en Catalunya? 

Sí, porque ya veremos la propuesta que se hace. Hablamos del modelo de financiación, que era nuestra prioridad. Después se pueden modificar cosas durante la tramitación. Insisto: si alguien cree que lo que nos presenta la ministra Montero no es suficiente o es poco ambicioso, que negocie durante la tramitación. En el PSC estaremos satisfechos si el modelo que se presenta responde al acuerdo de investidura y al que se nos planteó en enero. Y ya iremos ganando cuotas. Nosotros pensamos que de reforma en reforma haces la revolución.

¿No preferirían, ya que se reforma la LOFCA, que también se tocara este artículo?

Insisto en los tempos, que son muy importantes si quieres ganar. Nosotros priorizamos tener un nuevo modelo de financiación. También queremos ganar capacidad tributaria y fuimos al acuerdo de investidura y al documento de la bilateral sin plazos, y nos gustaría que se fuera incorporando la capacidad tributaria. Si el Gobierno no lo hace ahora, creo que lo hace pensando en que necesita los apoyos de muchos partidos pequeños: Podemos, Izquierda Unida, Sumar, Compromís... El Gobierno de España también tendrá que negociar las enmiendas al modelo, que ha sido la prioridad. Primero el modelo y una cosa detrás de otra.

¿Sin tocar quién puede recaudar el IRPF, la Agència Tributàría de Catalunya puede muscularse o primero hay que modificar el artículo?

Hay cosas que ya podemos hacer. La Agència Tributària de Catalunya está tecnológicamente muy retrasada y necesita una transformación brutal. Hemos decidido la plataforma tecnológica con la que operar, que se podía haber hecho hace años. También es una agencia que llevaba demasiado tiempo con el mismo personal. Necesitamos más inspectores tributarios, que tenemos cerca de 30 y se nos están jubilando, y más agentes tributarios. Estamos trabajando en el crecimiento de los próximos años y si hay IRPF, que es lo que nos gustaría. Estamos preparando a la ATC para cuando llegue el momento.

En la entrevista ha dicho, en más de una ocasión, que el Govern tenía la obligación de presentar los presupuestos. Pedro Sánchez también tiene esa obligación constitucional, pero lo que sabemos es que hasta ahora no los ha presentado y que ahora dice que, dado que existe la excepcionalidad de la guerra y las dificultades, quizás no lo haga. ¿Debería presentarlos? 

No me gusta hablar por un Gobierno en el que no estoy. Siempre es mejor que las instituciones tengan presupuestos. Esto es evidente. También lo sabe el presidente Sánchez. Es mejor tener presupuestos.

También es verdad que las mayorías en el Congreso son complejas y estar priorizando ahora dar respuesta al conflicto debería ir en medio. En cualquier caso, es una palabra que debería responder, pero siempre es mejor que las instituciones tengan presupuestos. Esto es evidente, pero en ocasiones no es tan sencillo o en este caso se está priorizando dar otras respuestas y, en fin, todo el respeto por el gobierno de España que está en un momento complejo por el entorno y por las dificultades que tenemos desde el punto de vista político, sobre todo.

El president Montilla le dijo a Zapatero que si tenía que elegir entre él y Catalunya, antes sería Catalunya. ¿El PSC le dice lo mismo a Sánchez ahora? 

Hombre, por supuesto, siempre. Primero Catalunya. Esto lo tenemos muy claro. Cuando antes me preguntaba sobre la decisión del president de llevar los presupuestos y después de retirarlos, todo lo hizo pensando en los intereses de Catalunya todo el rato. Y yo creo que esto es lo que le honra. Más allá de pensar en los intereses políticos, como quizás hacen otros, él decidió que por el interés de Catalunya necesitamos unos presupuestos, vamos a hacer un gesto de generosidad e intentar aprobarlos en dos o tres meses. Y ya veremos, si no nos encontramos en ese escenario, ya darán las explicaciones oportunas.

El Govern ha pactado con ERC retirar los presupuestos para ganar tiempo para negociar, pese a que hasta este mismo martes había asegurado que no daría marcha atrás con las cuentas que ya había llevado al Parlament.

“Ahora más que nunca, Catalunya necesita estabilidad y responsabilidad”, ha dicho el president de la Generalitat, Salvador Illa, en una declaración institucional sin aceptar preguntas de la prensa.

El president ha mantenido la mano tendida a ERC: “Cuando la mayoría progresista avanza, Catalunya avanza”. Illa ha avanzado que los acuerdos previos con los agentes sociales y los Comuns se mantendrán en las nuevas cuentas, y ha llamado a los republicanos al pacto porque “la responsabilidad lleva el nombre de presupuestos”.

El pacto de mínimos entre ambos partidos llega tras constatar que el Ejecutivo catalán no obtendría los apoyos suficientes para aprobar las cuentas este viernes, cuando debían votarse las enmiendas a la totalidad, después de que ERC condicionase su apoyo a un gesto del Gobierno a favor de la cesión de la recaudación del IRPF en Catalunya.

En un comunicado conjunto, PSC y ERC han valorado positivamente la negociación que han mantenido hasta el momento y se han comprometido a aprobar unas nuevas cuentas “antes de que finalice el actual periodo de sesiones”, esto es, antes del verano.

La idea del Govern es volver a presentar las cuentas cuando haya acuerdo. Además, este jueves el Ejecutivo aprobará un suplemento de crédito único para garantizar que la Generalitat dispone de todos los recursos necesarios sin nuevos presupuestos. Es la primera vez que un Govern catalán retira las cuentas después de presentarlas en la Cámara.

IRPF: no es línea roja pero sí muy importante para ERC

La recaudación catalana del IRPF ha sido la cuestión que llevado al choque de trenes entre PSC y ERC que, finalmente, se ha salvador con la retirada de la tramitación de las cuentas. Por esta razón, una de las principales incógnitas es que pasará a partir de ahora con la cesión del impuesto de la renta, con la mirada puesta al momento en el que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deje su cartera en los próximos meses para centrarse en la campaña de las elecciones andaluzas.

En la rueda de prensa ofrecida tras el acuerdo, Junqueras ha evitado considerar el IRPF como una línea roja en la nueva negociación de los presupuestos, aunque sí ha dicho que es una cuestión “muy importante. ”ERC quiere unos presupuestos en el marco del acuerdo de investidura, un acuerdo que contembla la cesión del IRPF“, ha recordado Junqueras, que ha insistido que si el Govern tiene alguna propuesta alternativa, debe ofrecerla para que la puedan valorar.

El jefe republicano no ha aclarado las condiciones para que ERC apoye unas nuevas cuentas en junio, más allá de asegurar que uno de los requisitos es que no se envíen a la Cámara antes de pactarlas con ellos. “No nos hemos querido conformar con una propuesta que era claramente insuficiente y que se habían presentado de forma unilateral”, ha asegurado el presidente de Esquerra.

“Queremos negociar presupuestos y acordar unos buenos presupuestos”, ha dicho Junqueras. El líder de ERC ha reclamado además “ayuda” a los agentes sociales y a todos los ámbitos institucionales para conseguir unas cuentas “lo más ambiciosas posibles”.

ERC se ha impuesto, por ahora, en su pulso al Govern por el IRPF. Para retirar su enmienda a la totalidad, los republicanos pusieron como condición que el Gobierno de Pedro Sánchez diese garantías de que cumplirá con la cesión del IRPF a Catalunya, un compromiso que figuraba en el acuerdo de investidura de Illa pero que los socialistas temían que enturbiara sus perspectivas electorales en Andalucía.

Al no haber ningún gesto en favor de la cesión del impuesto ni del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ERC ha mantenido su negativa a las cuentas de Illa, que sí contaban con el aval de los Comuns.

Además de los “acuerdos políticos, económicos y sociales previos”, PSC y ERC se han comprometido a incluir en las nuevas cuentas un “escudo social” para proteger a los sectores más afectados por la situación internacional.

En la política catalana hay ya pocos principios que nunca fallan, pero existe uno que, legislatura tras legislatura, sigue vigente: con ERC nunca se sabe. Es una aseveración que podrían firmar todos los presidentes de la Generalitat desde el regreso de Tarradellas. Ya sean convergentes, posconvergentes, socialistas o incluso Pere Aragonès, el único president republicano desde la llegada de la democracia, que discretamente capeó como pudo las tensiones con Oriol Junqueras y Gabriel Rufián.

Hubo un conseller socialista que, en su momento, mientras compartía gobierno con ERC, lo resumió con la fábula del escorpión y la rana. Al final acaban picando, se lamentaba, no siempre con razón. Por contra, los republicanos atribuyen sus posiciones a la coherencia y a no querer estar subordinados a unos u otros (sean socialistas o ahora Junts), cosa que les acostumbra a comportar críticas de unos y otros.

El motivo de la última pugna no es menor. Están en juego los presupuestos de la Generalitat, los primeros de Salvador Illa, que es president porque así lo quiso ERC. El PSC dio por hecho que el apoyo a la investidura de los republicanos incluía el apoyo a las cuentas, algo que tendría su lógica, puesto que es el instrumento que permite a cualquier administración poder gobernar y no solo limitarse a sobrevivir. Distinto es que, ya sea en el Ejecutivo central o en muchas autonomías, se intente dar por normal que no se disponga de unas cuentas. Siempre se buscan argumentos cuando un partido está en el Gobierno y, si no, solo hace falta consultar la hemeroteca para recordar las diez veces que Pedro Sánchez le reprochó —acertadamente— a Rajoy que, si no era capaz de disponer de presupuestos, debía convocar elecciones.

Oriol Junqueras proclamó este fin de semana que, si “las prisiones” no les habían “rendido”, tampoco lo haría la presión de los socialistas, e insistió en que, si el Gobierno de Sánchez no se compromete a que la Generalitat pueda recaudar todo el IRPF, Illa se quedará sin presupuestos. ¿Farol? A fecha de hoy no lo parece, aunque no solo el Govern quiere disponer de unas cuentas que incluyen un gasto récord en vivienda y la creación de hasta 16.000 nuevas plazas de personal público, entre policías, médicos y profesores. Se trata de tener o no tener casi 50.000 millones más, y eso es algo que no solo el PSC reclama. Los agentes sociales insisten en que es necesario que haya presupuestos.

Que Catalunya recaude su propio IRPF a través de la Agència Tributària es un compromiso que figura en el acuerdo de investidura de Illa, al que el PSOE dio su visto bueno. Ahora Sánchez debe escoger entre María Jesús Montero, quien en una conversación con Junqueras dejó claro que no estaba por la labor, y Salvador Illa, que se presentó con la bandera de buen gestor, algo que, sin presupuestos, es difícil de sostener.

Habría una solución intermedia que permitiría a ambos, PSC y ERC, ganar tiempo, aunque está por ver si con garantías de que los republicanos acaben apoyando las cuentas. Sería aplazar su aprobación: pelota p’alante y votarlos en junio. Para entonces ya se debería haber celebrado el Consejo de Política Fiscal y Financiera y tener más claro si el Gobierno del PSOE está dispuesto a cumplir con la promesa que se le hizo a ERC. Illa ya ha dejado claro en más de una reunión y en sus entrevistas que no quiere poner en más problemas a Sánchez.

En el PSC recuerdan que, en la pasada legislatura, cuando los Comuns decidieron dinamitar los presupuestos de Aragonès por el proyecto del Hard Rock (un macrocasino que el actual Govern dice que sigue vigente), los socialistas mantuvieron el apoyo a las cuentas de ERC. Ahora, en reciprocidad, exigen la misma lealtad a los republicanos. En 2016, cuando Carles Puigdemont se encontró con un bloqueo —en ese momento por el veto de la CUP—, optó por someterse a una cuestión de confianza que superó gracias a los votos de todas las formaciones independentistas. Cuando le pasó a Aragonès, la pasada legislatura, y por la negativa de los Comuns a darle su apoyo, decidió adelantar las elecciones.

En Catalunya, a diferencia de lo que pasa en Madrid, a ERC le incomoda más aparecer como socio de los socialistas y sigue siendo motivo de debate dentro del partido. Pero llenarse la boca de discursos sobre los problemas económicos de mucha gente o defender la lucha contra la desigualdad y, a la vez, rechazar un presupuesto que, a priori, permitiría mejoras en ámbitos como la vivienda, la sanidad o la educación, no parece muy coherente.

Que el PSOE, a veces —demasiadas—, promete lo que no puede o no quiere cumplir es una evidencia que se constata cada año en el grado de cumplimiento de las inversiones. Del mismo modo que, si un partido quiere apoyar unos presupuestos, puede encontrar siempre argumentos a favor o en contra para hacerlo. Veremos cuáles le pesan más a ERC en esta ocasión.

La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha descartado que el Govern vaya a retirar el proyecto de presupuestos para ganar tiempo en la negociación con ERC. “No estamos en ese escenario en estos momentos”, ha afirmado en una entrevista en RTVE, donde ha insistido en que el Ejecutivo catalán trabaja para que las cuentas superen el debate a la totalidad en el Parlament y se pueda seguir trabajando en un acuerdo hasta el 24 de abril.

Romero responde así a la petición del equipo de Oriol Junqueras, que trasladó esa posibilidad al Departamento de Economía para salvar las conversaciones. “Nosotros estamos para que el viernes se tramite el presupuesto y para que ERC retire su enmienda a la totalidad”, ha insistido la consellera, para acto seguido defender que aún hay “margen” para incorporar prioridades de los republicanos durante la tramitación parlamentaria.

Romero también ha replicado que la recaudación íntegra del IRPF, una de las líneas rojas de los republicanos para otorgar su sí a las cuentas, “no depende de la Generalitat”, ya que requiere una modificación legislativa en el Congreso. En este sentido, ha asegurado que el Govern trabaja para preparar la Agencia Tributaria de Catalunya para que pueda asumir más competencias, con el horizonte en 2028.

La titular de Economía también ha afirmado que “no ve necesario” que el Gobierno español haga una nueva declaración pública de garantía sobre la recaudación del IRPF, como reclama ERC. Según ha argumentado, el compromiso ya consta en el documento acordado en la comisión bilateral entre ambos ejecutivos. “Más garantía que un documento firmado entre dos gobiernos no sé cuál puede ser”, ha dicho.

En paralelo, Romero ha situado entre finales de marzo y principios de abril la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que debe abordar el nuevo modelo de financiación. Según ha explicado, tras este paso el texto debería pasar por el Consejo de Ministros e iniciar la tramitación en el Congreso, donde los grupos parlamentarios podrán introducir enmiendas.

Preguntada por si debería dimitir si los presupuestos no prosperan, Romero lo ha descartado. “Yo creo que no”, ha respondido, aunque ha añadido que su cargo “siempre estará a disposición” del presidente Salvador Illa.

Por último, ha advertido de que una prórroga presupuestaria prolongada generaría tensiones en las finanzas de la Generalitat. Aunque ha asegurado que la nómina de mayo se pagará, ha avisado de que será necesario “bloquear créditos de los departamentos” para garantizar este pago. “La pagaremos, pero dejaremos de hacer muchas cosas”, ha afirmado, advirtiendo de que varios consellers y entidades tendrán que detener proyectos si no se aprueban nuevas cuentas.

“Una vez de una escoba salió un tiro”, solía decirse a los niños —al menos a mí me lo decían— para advertirles de que, con las cosas peligrosas, es mejor no bajar nunca la guardia. Pero amagar con lo que uno en realidad no desea y enseñarle al contrario las orejas del lobo es, también, una estratagema habitual en diferentes contextos. En los juegos de naipes se le llaman faroles y, en política, una negociación normal y corriente.

La política catalana lleva una semana con la respiración contenida a la espera del desenlace sobre los primeros presupuestos de Salvador Illa. Están en manos de ERC y a nadie se le escapa que son la prueba definitiva sobre la estabilidad del Govern.

El acuerdo para que haya cuentas no está cerrado y ni siquiera se atisba cercano, pues los republicanos reclaman movimientos del Ministerio de Hacienda a favor de su propuesta para que Catalunya recaude el IRPF. Es un compromiso que ERC arrancó al PSC en la investidura, pero que en el Gobierno ven ahora difícil de digerir en crudo. En Hacienda preferirían una solución escalonada en forma de consorcio fiscal, algo que Esquerra cree que suena demasiado al programa electoral del PSC, donde se incluía esa medida.

Nadie está parado, tampoco la cuenta atrás. La negociación está en marcha y se produce a diversas bandas, tal como ha ocurrido hasta el momento, pero ahora con más prisa. Todos, Ministerio, Govern y ERC, creen que hay margen para el acuerdo y que lo más probable es que este se acabe alcanzando antes del 20 de marzo, día límite para retirar la enmienda a la totalidad.

Pero el runrún de un posible adelanto electoral en Catalunya si finalmente no hay presupuestos ha comenzado a sonar, en parte como estrategia de presión pero en parte, también, como salida lógica para Illa después de haber lanzado el envite de llevar las cuentas al Parlament antes de ligarlas.

En el lado opuesto de la balanza, el principal argumento contra la hipótesis electoral es el análisis que hacen los propios actores implicados en la negociación. A pocos les convendría ahora un aborto abrupto de la legislatura y que Catalunya volviese a poner las urnas en, como pronto, el mes de mayo. Y, desde luego, ninguno de los posibles beneficiados de esa maniobra está en el Govern ni en ERC, y ni siquiera en Junts, sino en formaciones de cuño ultra a un lado y otro del espectro nacional.

En la última rueda de prensa ofrecida por Illa para hacer balance de 2025, el pasado 23 de diciembre el president descartó con claridad la posibilidad de unas elecciones incluso si ERC le tumbaba las cuentas. “El horizonte de la legislatura en Catalunya es de cuatro años y termina en 2028”, aseguró. Tras utilizar una fórmula tan clásica como “solo contemplo que haya presupuestos”, Illa también admitió que ponía la “estabilidad” por delante de todo lo demás, por lo que alejó la convocatoria electoral incluso en el peor caso.

El Govern tiene en las encuestas las mejores razones para tratar de alejarse de un final abrupto de la legislatura. El último CEO preveía un ligero descenso de los partidos que dan apoyo a Illa, lo que le dejaría a un voto de la investidura si se repitieran las alianzas de agosto de 2024. No hay en Catalunya sondeos que prevean una debacle socialista, pero tampoco ninguno que vea la mayoría tan consolidada como para poder prescindir de la cautela.

En ERC ocurre algo similar, con una circunstancia añadida. Si bien el partido está ligeramente al alza en los sondeos, Oriol Junqueras sigue estando inhabilitado para presentarse a unas elecciones. Por eso los republicanos no tienen nada que ganar en una carrera electoral.

Esa situación legal del líder republicano es la que lleva a pensar a algunas voces en Madrid que poner la carta del adelanto sobre la mesa podría asustar a la dirección independentista. En el círculo de Junqueras lo ven al revés. “No somos nosotros los que peor saldríamos de un adelanto electoral”, razonan en ERC.

Los republicanos saben mejor que nadie que, como pasa con las escobas, los adelantos electorales también los carga el diablo. Más aún cuando Illa debería someterse a una nueva carrera electoral con la mayoría de sus grandes proyectos de gobierno a medias. Otra cosa es que, tanto en Palau como en la cúpula de ERC, saben que en un momento así solo pueden emitir el mensaje de que están preparados para cualquier escenario.

Una derivada que sí podría cambiarlo todo es la conexión entre el calendario electoral catalán y español. En paralelo a los rumores sobre Catalunya, algunos analistas han comenzado a hablar de la posibilidad de un “superdomingo electoral”, es decir, hacer coincidir en un mismo día generales, andaluzas y catalanas.

Más allá del fundamento que tenga esta idea, lo cierto es que el PSC en los últimos años ha intentado españolizar todo lo posible las campañas electorales porque Sánchez moviliza mucho a sus votantes catalanes. A ERC le pasa lo contrario: necesita que en las elecciones catalanas se hable de temas catalanes para tener mejores opciones.

Por eso, una cosa es que Illa pueda descartar lanzarse solo a un adelanto electoral y otra qué haría si, efectivamente, Sánchez aprovecha el momento internacional para tratar de revalidarse en las urnas. Y, por eso, para ERC la amenaza electoral catalana es una amenaza menor, pero un superdomingo es una razón de más peso para avenirse a pactar unos presupuestos catalanes que cortocircuitarían esa opción.

ERC ha proclamado este sábado a su secretaria general y líder en Barcelona, Elisenda Alamany, como candidata a la alcaldía de la capital catalana tras ganar con un 72% de los votos las primaras en las que fue la única que se presentó. El partido pone así rumbo a las municipales de 2027 tras la crisis interna que vivíó en otoño.

En su discurso, Alamany ha criticado al actual gobierno del PSC y al alcalde, Jaume Collboni, por la “política de macroeventos” en una carrera con Madrid que, a su juicio, “deshumaniza y despersonaliza” la ciudad. Si logra ser alcaldesa, ha prometido suspender las licencias de comercios “de monocultivo turístico” como supermercados 24 horas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

La desaparición de comercios de barrio, ha lamentado Alamany, es “un goteo constante” y “una señal de la Barcelona que se está perdiendo”. Según Alamany, este fenómeno “es el verdadero reemplazo”, y no el que la extrema derecha achaca a la migración, ya que cuando cierra un local histórico, “abre un brunch, una tienda de uñas o de souvenirs”.

Alamany también ha apostado por destinar más recursos al comedor escolar de las familias de Barcelona y que lo paguen “los turistas”. Las elecciones municipales del próximo año, ha augurado, irán de ver “quién garantiza” que se pueda vivir en Barcelona y “quién preserva” lo que la ciudad ha sido.

La secretaria general de ERC ha avanzado que defenderán que Barcelona ejerza de capital, que mire al Mediterráneo y que sea “moderna, dinámica y competitiva”, pero “a la catalana”, donde se pueda “vivir plenamente en catalán” y al mismo tiempo permita “llegar a fin de mes” y encontrar un lugar para vivir.

Con la designación de Alamany, los partidos de izquierdas del consistorio ya tienen cabeza de cartel para 2027: en el PSC repetirá Collboni, mientras que en los Comuns el elegido ha sido Gerardo Pisarello. Más dudas existen en la derecha, en especial en Junts, que todavía no tiene candidato.

En su intervención, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha dicho que en Barcelona los republicanos “la ambición de que no ponen a los demás” y que la ciudad y el país son “inseparables”. También ha remarcado que ERC tiene “la suerte, el honor y el orgullo” de contar con Alamany al frente del proyecto municipal.

Sin menciones explícitas a la negociación presupuestaria con el PSC en la Generalitat, que permanece encallada, Junqueras ha sostenido que so formación está “en el camino” de dotar a Catalunya de “recursos y competencias” para acercarla a la independencia.

Por su lado, el president de la Generaltiat, Salvador Illa, ha vuelto a tender la mano a ERC y ha mostrado su “máxima disponibilidad” para llegar a un acuerdo para aprobar los presupuestos. Illa ha asegurado que las cuentas presentadas este viernes plantean “escenarios muy importantes y de inversión récord que el país necesita”.

El ministro de Cultura y dirigente de los Comuns, Ernest Urtasun, ha pedido a ERC y al PSC que faciliten la aprobación de los presupuestos. “Hagamos posibles los presupuestos de las izquierdas por los que tanto hemos luchado los Comuns, con medidas concretas para mejorar la vida de los ciudadanos”, ha defendido. Urtasun ha calificado de “gran acuerdo” el pacto presupuestario alcanzado entre los Comuns y el Govern y ha reivindicado el papel de su espacio en la negociación de las cuentas.

El president ha vuelto. Salvador Illa ha regresado este lunes al Palau de la Generalitat tras un mes de baja médica debido a la infección que le impidió caminar. “Sé lo que Catalunya necesita, sé lo que hay que hacer, y lo haremos”, ha afirmado Illa en una comparecencia ante los medios.

En su discurso de vuelta al trabajo, Illa ha redoblado el compromiso del Govern para mejorar los servicios básicos, con mención expresa a Rodalies, cuya crisis dura ya un mes. “Nos hemos fijado un rumbo de exigencia y ambición en Rodalies, la red viaria y el conjunto de servicios públicos que ejecutaremos de manera exhaustiva, metódica y rigurosa”, ha aserverado.

El president se ha comprometido a ofrecer “soluciones, certezas y la verdad”, si bien ha reconocido que el contexto es complicado, tanto por los problemas que afronta el Govern como por el auge de fuerzas de extrema derecha, a las que no ha mencionado explícitamente.

“Soy muy consciente del malestar que sienten muchas familias y jóvenes cuando afrontan dificultades como acceder a una vivienda o la angustia que provocan las emergencias climáticas que estamos viviendo”, ha recalcado Illa, para a renglón seguido llamar a impedir “que nadie lo aproveche para enfrentarnos unos con los otros”.

“Debemos hacer desaparecer el miedo que algunos nos quieren inocular para su beneficio propio”, ha recalcado Illa, que ha situado la política como la herramienta para “transformar los valores de humanidad en beneficios tangibles para mejorar la vida de todo el mundo”.

Tras agradecer lo hecho a los servicios médicos y ensalzar el sistema de salud pública, el president también ha querido expresar un aprendizaje de su hospitalización: “Las cosas importantes de la vida no tienen precio, no se pueden comprar con dienro: la familia, la amistad y la salud”.

El president ingresó el 17 de enero en el Hospital Vall d'Hebron con un fuerte dolor en las piernas. Lo que parecía una lesión ligada al ejercicio físico (el jefe del Govern sale a correr todos los días), resultó ser una infección bacteriana que le ha mantenido un mes fuera del foco. Illa se ha recuperado primero en el hospital y después en casa con tratamiento antibiótico y rehabilitación.

Illa vuelve a coger las riendas del Govern en un momento complejo para el Ejecutivo, que no deja de acumular frentes sin resolver. A la crisis de Rodalies se le han sumado las protestas del profesorado, sanitarios y agricultores, y hasta un temporal de viento con rachas inéditas en varios municipios y que dejó una víctima mortal.

Los planes iniciales del Govern pasaban por empezar 2026 con los presupuestos encarrilados, pero la crisis de los trenes y el pacto por la financiación han alejado a los socios de investidura, ERC y los Comuns.

Por su lado, el primer partido de la oposición, Junts, ha reclamado al president que se someta a una cuestión de confianza si hace oídos sordos al Parlament y no cesa a la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, por la crisis de Rodalies.

Para enmendar la situación, Illa retoma su agenda institucional con una de las prioridades del Govern y la principal reclamación de los Comuns: la vivienda. Después de que el sábado los expertos avalaran el freno a la compras especulativas, el president firmará este lunes un acuerdo con la Conferencia Episcopal Tarraconense para destinar inmuebles de la Iglesia a vivienda social.

Los cuatro informes de los expertos y el dictamen del exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer avalan la limitación de la compra especulativa de viviendas en zonas de mercado tensionado en Catalunya.

Se trata de los informes encargados por el grupo de trabajo formado por el Govern, Comuns y expertos. La prohibición de la compra especulativa se ha situado en los últimos meses como uno de los principales objetos de debate en la política catalana en materia de vivienda. Desde que un informe jurídico del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona (PEMB) lo planteó como viable en octubre, han sido varias las iniciativas que se han tramitado para regularlo tanto en el Parlament de Catalunya –con propuestas de Comuns y CUP– como en el Ayuntamiento de Barcelona. 

El Govern de Salvador Illa se mostró abierto a estudiar esta limitación, y tras las exigencias de los Comuns optó por crear un grupo de trabajo en el que incluyeron también a varios expertos externos en materia de vivienda y legislación urbanística. Algunos de ellos son los que han elaborado los informes que ahora avalan la medida. 

Los cuatro informes de los expertos han sido elaborados por Jaime Palomera, Rosa Fornes, Fuensanta Alcalá y Pablo Feu. Por su parte, Carles Viver Pi-Sunyer concluye que el “derecho vigente” permite “una notable diversidad de limitaciones” de los derechos de propiedad privada en vivienda.

El informe firmado por Jaime Palomera, del Institut de Recerca Urbana de Barcelona, parte de la tesis de que en Cataluña “es urgente condicionar la compra de vivienda al uso residencial, especialmente en mercados tensionados”. El objetivo, según expone, es priorizar dos tipos de demanda: las personas y familias que quieren vivir en ella y, por otro lado, la demanda pública o social orientada a satisfacer esta necesidad, como por ejemplo el sector público o las cooperativas.

El informe concluye que es necesario “desplazar” la demanda especulativa que compite con el acceso a la vivienda y no contribuye a resolver la necesidad residencial. Pero advierte también de que no puede ser “una medida aislada”, sino una pieza clave de una política de vivienda centrada en el uso.

Por su parte, el informe elaborado por Rosa Fornes propone introducir una definición del uso de la vivienda que especifique la residencia habitual como “la vivienda que constituye el domicilio permanente de la persona que la ocupa y que puede acreditarse a través de los datos del padrón municipal u otros medios válidos en derecho”. De este modo, según defiende, el efecto perseguido superaría la temporalidad y la limitación territorial a las áreas tensionadas y se convertiría en un principio general y permanente de la legislación urbanística catalana.

El informe firmado por Fuensanta Alcalá sostiene que limitar la adquisición de viviendas en zonas de mercado residencial tensionado resulta “jurídicamente viable y se inserta de manera coherente en el ordenamiento vigente sin que se desprenda ninguna vulneración constitucional apreciable”. Desde la perspectiva del derecho civil catalán, asegura que la medida se integra de forma coherente en la concepción institucional del derecho de propiedad, tal y como se desprende del Código Civil de Cataluña.

También advierte, sin embargo, de que si no se establece un sistema adecuado de prevención, inspección, restauración de la legalidad y sanción, las determinaciones urbanísticas “podrían quedar vaciadas de contenido”. En este sentido, defiende la necesidad de desarrollar un “régimen sancionador específico, coherente y proporcional, que permita garantizar la efectividad de las limitaciones introducidas”.

Asimismo, Fuensanta pone el acento en que la norma no regula relaciones entre particulares ni redefine derechos subjetivos civiles, sino que “condiciona el uso funcional de un bien inmueble en función de su emplazamiento urbanístico, al igual que otras cargas urbanísticas plenamente consolidadas”.

Según el informe de Pablo Feu, la actuación especulativa del mercado inmobiliario “está impidiendo a muchas personas mantenerse en las viviendas a las que ya habían podido acceder sin que su situación socioeconómica haya empeorado”. Y considera legitimado que las administraciones catalanas con competencias en materia urbanística (autonómica y locales) puedan “limitar” la compra de inmuebles únicamente para vivienda habitual, o bien para la de terceros en régimen de alquiler, pero en unas condiciones accesibles de tiempo y precio.

Feu subraya que la medida limitativa solo podría aplicarse a las ciudades o a las partes de estas que hayan sido declaradas zonas de mercado residencial tensionado. Esto otorga a la limitación un carácter temporal necesario para el encaje constitucional de la medida. De este modo, según afirma, queda claro que se trata de una “medida extraordinaria” que no tiene vocación de aplicación generalizada e indefinida.

El informe concluye que Catalunya puede limitar la compra de viviendas “siempre que se asegure que dicha limitación es temporal y sin vocación de permanencia y obedece a una causa objetiva de extraordinaria y urgente necesidad explícita, justificada y razonada”.

Asimismo, propone que la limitación se amplíe no solo a la compra de los inmuebles, sino también a los “negocios jurídicos de disposición que supongan la cesión de los derechos de adquisición sobre los inmuebles, aunque no se hayan transmitido”.

El precedente de Ámsterdam

Conocida como la vía Ámsterdam, por su parecido con la iniciativa llevada a cabo la capital neerlandesa, la propuesta que se debate en Catalunya defiende prohibir la adquisición de vivienda que no sea para fines residenciales del propio comprador, salvo algunas excepciones.

Su promotor, el abogado Pablo Feu, alegó que esta medida no vulnera el derecho a la propiedad porque se consideraría una medida excepcional acotada en el tiempo y en el espacio: solo se aplicaría en las llamadas zonas consideradas tensionadas, aquellas en las que existe tope a los alquileres y que pueden renovarse cada tres años. 

Partidos como los Comuns recogieron el guante de este informe técnico y llevaron al Parlament, en paralelo las negociaciones con la Generalitat, una proposición de ley para limitar estas compras. La formación situó además esta medida como una condición para aprobar los presupuestos de 2026. También el Ayuntamiento de Barcelona decidió crear una comisión para estudiarlo, con el apoyo de ERC y PSC y la abstención de unos Comuns que reclamaban agilizar esta regulación. 

Con todo, una de las discusiones asociadas a esta regulación restrictiva es qué Administración debe adoptarla. Según los juristas que la defienden, y también de acuerdo con la propuesta de los Comuns, no se trataría de una prohibición dictada por la Generalitat para toda Catalunya, sino que a través de la ley de Urbanismo se habilitaría a los Ayuntamientos a restringir este tipo de compraventas en sus municipios. 

A la espera de que se concreten detalles, la propuesta inicial plantea que no se puedan comprar viviendas si no es para uso residencial del nuevo titular, salvo si se destina a un familiar o si es una segunda residencia en otro municipio. En cuanto a las compras de fincas enteras, estarían permitidas siempre que se alquilen sus pisos al precio regulado en un período máximo de 12 meses desde la transacción. 

Quienes ya se han posicionado en contra han sido el sector inmobiliario y de la construcción. Y también con sus respectivos informes jurídicos que argumentan que incumple la ley. Los firmantes, los académicos Joan Manuel Trayter y Irene Araguàs, defienden que invade competencias del Estado al tratar de incidir en el derecho a la propiedad, y añaden que supondría una reducción del parque de vivienda en alquiler y de la rehabilitación integral de edificios residenciales.

El Ayuntamiento de Barcelona y el partido Barcelona en Comú han acordado este viernes destinar 400 millones de euros para rehabilitar 4.000 viviendas en los barrios del Besòs. El pacto contempla pedir a la Generalitat la creación de una entidad pública específica que permita agilizar la ejecución del plan y acelerar la regeneración de esta zona de la ciudad. La previsión es que el nuevo instrumento esté en marcha antes de que acabe el año y que tenga una vigencia de 12 años.

La presidenta de BComú, Gemma Tarafa, ha calificado de “fundamental” la creación de esta empresa mixta para que la rehabilitación pueda llevarse a cabo de forma efectiva. También ha afirmado que los vecinos “ya no pueden esperar más” y ha recordado que este entendimiento nace en el marco de la negociación de las ordenanzas fiscales con los socialistas. Ha definido el pacto como un “buen acuerdo”, porque “va más allá” de lo que proyectaron durante su mandato. En ese periodo, según ha precisado, ya se realizó una prueba piloto para abordar 204 viviendas.

En la misma línea, la primera teniente de alcaldía del Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet ha reconocido el trabajo impulsado en el anterior mandato y ha detallado que actualmente “se han preparado tanto los instrumentos urbanísticos como los proyectos ejecutivos para poder actuar sobre 693 viviendas más”.

Bonet ha indicado que la participación del ejecutivo catalán “implica corresponsabilidad” en la “regeneración” de esta área de la ciudad. La teniente de alcaldía ha definido el distrito Besòs-Maresme como una zona “con realidades muy complejas” y un “gran número” de viviendas con problemas. No obstante, ha señalado que la iniciativa no se limitará a la “rehabilitación”, sino que también pretende contribuir a la “transformación social y económica” del distrito.

Bonet ha explicado que la creación de esta empresa con el Govern “permitirá liberar” recursos propios del consistorio, como en el caso del Instituto Municipal de Urbanismo (IMU). De este modo, “gracias a la creación de esta herramienta específica en el Besòs-Maresme, se permitirá actuar con más recursos y mayor capacidad de impacto en otros barrios como Trinitat Vella”, ha apuntado.

El grupo de Barcelona en Comú en el Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado la comparecencia de la primera teniente de alcalde y presidenta de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Laia Bonet, para que dé explicaciones sobre las denuncias por acoso laboral contra la cúpula de la empresa pública de transportes desveladas por elDiario.es.

En su petición, el concejal de Barcelona en Comú en el consistorio, Marc Serra, para que responda a las preguntas de los grupos sobre los “casos de acoso laboral, la existencia de un procedimiento judicial que investiga la actuación de diversas directivos de la empresa pública y posibles irregularidades cometidas en la protección de datos personales de trabajadores y trabajadoras de TMB”.

El consejero delegado de TMB, Xavier Flores, negó la semana pasada ante la jueza que el despido de la responsable de investigar irregularidades internas en 2024 fuera una “represalia” por el expediente que abrió para indagar sobre una denuncia por acoso contra varios directivos que interpuso una trabajadora.

También defendió el despedido de la exjefa de compliance cuando contaba con protección de la Oficina Antifraude porque, según mantuvo, nada impedía echarla tras el caso “muy grave” de acoso laboral por el que fue denunciada, que sin embargo la Fiscalía archivó. Además de la causa penal, en las próximas semanas se celebrará un juicio para determinar si el despido fue improcedente.

Flores y los otros dos investigados también remarcaron que, tal y como les obliga la ley, informaron tanto de la suspensión cautelar como del despido de la exjefa a Antifraude, quien no obstante concluyó que el cese de la encargada de investigar internamente “manda un mensaje peligroso” sobre el cumplimiento de la normativa de buen gobierno en TMB.

En suma, a falta que declaren más testigos sobre el caso, la magistrada ya ha oído las dos versiones sobre el caso: acoso laboral denunciado por la exjefa de compliance y absoluto respeto a la legalidad alegado por los directivos de TMB. Ahora será el turno del gobierno municipal para que responda a las preguntas de la oposición.

El Govern de Salvador Illa es amplio en número y estructura, pero cuenta con un núcleo reducido por el que pasan la mayoría de los temas importantes. Lo forman el propio president, su equipo más cercano y otras personas relevantes de Presidència, Territori, Economia e Interior. De todos ellos, Albert Dalmau se ha consolidado como el auténtico número dos de Illa, la persona a la que todos miran cuando el máximo jefe no está en la habitación. Ahora, mientras está convaleciente en el hospital, Dalmau ha asumido las funciones del president de la Generalitat, con solo 35 años.

“Estos días yo guardo la casa. En breve tenemos el president de vuelta”, describía el propio Dalmau una situación poco frecuente, la de alguien que ha de tomar las riendas de la presidencia por una enfermedad. Según se ha sabido este mismo lunes, Salvador Illa sufre una osteomielitis, una inflamación en la zona pélvica causada por una infección bacteriana. Tal como explicó el equipo médico del hospital Vall d'Hebron, se espera una convalecencia de al menos dos semanas. Después, se verá. Y durante el tiempo que haga falta, el conseller Dalmau estará al mando del despacho grande del Palau de la Generalitat.

Algunos de quienes lo conocen describen al conseller de la Presidència como “el cerebro del Govern, como ya lo fue del Ayuntamiento [de Barcelona]”. Percibido inicialmente como un perfil más gestor que político, su llegada a la Generalitat le ha colocado en un cargo de gran visibilidad, lo que le metería en cualquier quiniela electoral. También destacan de él que es una persona “que trabaja muchas horas y que espera que la gente de su equipo haga lo mismo” y como un hombre “acostumbrado a mandar y que sabe imponer su autoridad”.

Es el retrato de un conseller todoterreno que llegó al entorno de Illa como fichaje y apuesta personal. El president, predecible y poco dado a las aventuras, acostumbra a mantener sus equipos en el tiempo y, de hecho, su actual núcleo duro en el Govern es similar al que ya se forjó como jefe de la oposición durante tres años en el Parlament. Sin embargo, cuando necesitó componer todo un Gabinete, Illa optó por pescar a un hombre clave en el Ayuntamiento de Jaume Collboni y entregarle la siempre espinosa cartera de la Presidència.

Desde entonces, algunos de los encargos más complicados han sido para Dalmau. La reforma de la administración depende de él, también la nueva ley de ocupación pública. Dalmau, además, ha acompañado a las conselleras del ramo en la negociación de la financiación, en el traspaso de Rodalies o en el acuerdo para la ampliación del aeropuerto de El Prat. Y es una de las personas que mantiene mayor interlocución con los socios del Govern.

Un político con experiencia municipal

Dalmau se labró la fama de eficiente gestor desde los despachos del otro lado de la Plaza de Sant Jaume, a los que llegó con apenas 25 años para ejercer de jefe de gabinete de Collboni, que acababa de pactar con Ada Colau para entrar en su gobierno. Desde ese momento, en mayo de 2016, Dalmau se consolidó como uno de los hombres de confianza del líder socialista, ya fuera en el Gobierno municipal como en su etapa en la oposición.

Bien conectado con las fuerzas económicas de la capital catalana, en parte por haber trabajado anteriormente en el lobby empresarial Barcelona Global, Dalmau ganó pesó en la segunda legislatura de la alcaldesa Colau como gerente de Economía, Recursos y Promoción Económica, de nuevo bajo el ala del teniente de alcaldía Collboni. A él se le atribuye parte del mérito de haber logrado convencer a las distintas instituciones de apostar por ser la sede de la Copa América de Vela en 2024.

Su trayectoria ascendente siguió ya con Collboni de alcalde, en 2023, al alcanzar el cargo de gerente del Ayuntamiento. Fue el CEO de la maquinaria municipal más joven de la historia, al acceder al puesto con 32 años, y hay quien bromeaba de que lo llevaba en los genes: su padre, Joan Albert Dalmau, también fue gerente municipal de varios distritos y de Seguridad en la etapa de Pasqual Maragall y posteriores.

Dalmau asumió la gerencia con algunos encargos inmediatos, como la reforma de la estructura municipal para ganar eficiencia o el impulso del plan estrella de Collboni para arrancar el mandato: el Pla Endreça. El gerente coordinó las reuniones semanales de esta estrategia para mejorar la limpieza y el orden público en la ciudad. Pero su periplo en el consistorio finalizó cuando recibió la llamada de otro político que había trabajado años atrás para Collboni en el Ayuntamiento, Salvador Illa.

Los grupos parlamentarios de PSC, ERC y Comuns han llegado a un acuerdo para sacar adelante la nueva tasa turística, que se duplicará. Las tres formaciones han registrado enmiendas conjuntas al texto, que fue pactado entre el Govern y los Comuns en febrero de 2025, con el objetivo de aprobar la ley, y que el incremento se ponga en marcha a partir del 1 de abril.

Según la propuesta del nuevo texto, el 25% de la recaudación total se destinará a políticas de vivienda de la Generalitat. Además, el 75% restante de la recaudación se integrará en el Fondo para el Fomento del Turismo. El despliegue de la nueva tasa no se hará en un solo año, como los Comunes reclamaban, sino que se hará en dos años, es decir, a lo largo de la legislatura. Las negociaciones se han desatascado en las últimas semanas después de meses de conversaciones.

Sus Majestades los Reyes de Oriente han pasado por el Palau de la Generalitat y le han dejado a Salvador Illa un acuerdo que, si nada se tuerce, podrá canjear por los primeros presupuestos de su presidencia. El socialista tenía cierta urgencia por aprobar esta reválida, después de llevar más de un año y medio sin cuentas y sin poder estabilizar la mayoría parlamentaria que le sustenta junto a ERC y Comuns. Sin embargo, la fotografía de Pedro Sánchez y Oriol Junqueras cerraba, al menos por ahora, la disputa de la financiación, y eso suponía amarrar a los republicanos en Madrid pero, también, en Catalunya.

Si bien han sido los Reyes quienes han traído el regalo, la carta la había escrito personalmente Pedro Sánchez, quien lleva semanas dando importancia al acuerdo con ERC en materia de financiación. Resolver el sudoku económico de la mano de Junqueras es vital para garantizar unos presupuestos de Illa, el más destacado barón socialista, pero también sirve para fajar la coalición de izquierdas en el Congreso y para avanzar en una agenda de reformas que, en teoría, cuando llegue al Congreso podría tensionar tanto a la oposición, incluyendo a Junts, tanto o más que al Gobierno.

Los de Carles Puigdemont se han descolgado del apoyo al Gobierno, según juran ellos, de forma definitiva. También han sido muy críticos con el nuevo reparto financiero cerrado entre María Jesús Montero y Oriol Junqueras. Pero la formación tendrá difícil dar un 'no' rotundo a un acuerdo que en Catalunya se celebra y que, pese a que todo el mundo es consciente de que no es la financiación singular pactada en tiempos de Pere Aragonès, colocaría a la Generalitat en un nivel de recursos inédito. Al menos en los primeros años de implantación del modelo y mientras la economía vaya viento en popa.

Pero, aunque Junts es una pieza clave en el Congreso, es irrelevante a la hora de formar mayorías en el Parlament, donde la coalición intermitente que forma ERC y los Comuns junto al PSC estaba a la espera de un avance de peso en materia de financiación para dar luz verde a la negociación de presupuestos.

Este viernes en el Palau de la Generalitat el equipo del Govern supuraba euforia. El encuentro de Illa con Junqueras había ido bien y responsables de los dos partidos mantenían, conjuntamente, un encuentro con periodistas para explicar algunos detalles del acuerdo. El principal mensaje de la consellera de Economía, Alicia Romero, es que antes de llegar al ecuador del mandato el Ejecutivo de Illa ya había cumplido con una parte importante del programa de investidura pactado con los republicanos, al menos en lo tocante a los asuntos económicos.

Nadie, ni ella ni ERC ni mucho menos el Ministerio de Hacienda, se olvida de que en aquellos papeles también se hablaba de una agencia tributaria propia de Catalunya que recaudase, al menos, el IRPF este año. Junqueras ha aceptado que ese calendario no se cumplirá, pero no ha renunciado al asunto de la recaudación, pese a que desde el Gobierno lo han colocado en el cajón del ya veremos.

Sin embargo, Romero sabe que, pase lo que pase ahora con el acuerdo de financiación, ella puede comenzar a elaborar los presupuestos de la Generalitat. Unas cuentas que, con solo aprobarlas, aumentarían considerablemente el dinero disponible de todos los departamentos.

En lo político, aprobar unos presupuestos de la mano de sus dos socios de siempre, Oriol Junqueras y Jessica Albiach, sería para Illa un triunfo de medio mandato y una confirmación de que no tendrá que arrastrar los pies para acabar la legislatura.

El president es, de hecho, quien sale mejor parado de un acuerdo en el que todos los demás deben admitir que han tenido que ceder. Lo ha hecho Montero, muy reacia a acoger la ordinalidad como principio, pero que ha debido acabar abriendo la mano a que Catalunya en la práctica goce de esta circunstancia. Junqueras también ha debido priorizar el pragmatismo y renunciar a buena parte de lo escrito en el acuerdo inicial para poder tener fotografía junto a Sánchez y aparecer como pilar del Gobierno y no como palo en la rueda.

Sánchez, finalmente, ha priorizado brindar un triunfo a un aliado que le han fallado pocas veces, como es ERC, además de conceder a Illa un futuro más desahogado. En el otro plato de la balanza escucha los reproches, más duros que nunca, de líderes de su propio partido como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, quien este viernes pedía directamente elecciones por considerar el modelo de financiación un “atropello”, pese a que, en números por habitante, su comunidad sale mejor parada que Catalunya.

Este jueves en el programa satírico de TV3 Polònia emitieron un gag en el que aparecían tanto Junqueras como Montero al lado de Sánchez. Al primero, el presidente le rompía la ilusión al confesarle como si fuera un niño que “la financiación singular no existe”. A la vicepresidenta también la llevaba al llanto al contarle que sus posibilidades de ser presidenta de Andalucía eran escasas. Finalmente, era el propio Sánchez quien pedía que le dijeran que la corrupción en el PSOE no existe y que todo había sido una pesadilla. Es lo que tienen los Reyes Magos, que no siempre traen exactamente todo lo que uno ha pedido.

Ha muerto a los 82 años Josep Maria Triginer, miembro fundador del PSC en 1978. Nacido en Agramunt (Urgell) en 1943 y formado como perito industrial en Terrassa, en 1962 ingresó en las Joventuts Socialistes de Catalunya y destacó en la reconstrucción del PSOE y del sindicato UGT en Catalunya.

El presidente del Govern, Salvador Illa, ha lamentado la muerte de Triginer a través de la red social X, donde ha calificado al fallecido de “referente del socialismo catalán”.

Illa también ha destacado su “compromiso” con la democracia, con la justicia social y con Catalunya. El PSC también ha indicado a través de X que Triginer “dedicó su vida al compromiso político y democrático”, y ha asegurado que “su legado perdurará”.

Entre otros, Triginer fue consejero sin cartera de la Generalitat provisional entre 1977 y 1980, y diputado en el Congreso entre 1977 y 1989. También fue senador por Barcelona entre 1989 y 1993.

El político fue miembro de la Comisión de los Veinte, que en 1978 se encargó de redactar el Estatut de Catalunya en el Parador de Sau, en Les Masies de Roda (Osona).