La convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre ha pillado a la mayoría de las formaciones catalana con el pie cambiado, aunque no exactamente de sorpresa. En Junts había cundido la opinión de que Pedro Sánchez optaría por finalizar la legislatura, por lo que los primeros espadas de la formación, Jordi Turull, Míriam Nogueras y Mònica Sales, viajaron el lunes a primera hora a Bruselas. Son solo ocho semanas hasta que se pongan las urnas y no hay tiempo que perder.

En el partido independentista, este lunes, no se sentían responsables de lo ocurrido. “[En el Gobierno] saben que no tienen mayoría para seguir la legislatura desde hace meses, la han acabado cuando más les ha convenido”, afirman. Pese a que Junts había retirado oficialmente su apoyo al Ejecutivo en octubre de 2025, la convocatoria electoral le obliga ahora a redefinir su estrategia.

Tras las últimas elecciones generales, la posición privilegiada en la que quedó Junts les empujó a pactar con Sánchez y a enarbolar la bandera de la negociación exigente, algo que durante la legislatura se ha diluido. “Somos los únicos que nos hemos plantado delante del radicalismo de los dos extremos”, aseguraba Nogueras en un vídeo difundido por el partido.

Un mensaje con el que Junts trata de poner distancia con el PSOE, pero, sobre todo, con Aliança Catalana, aunque el partido de la extrema derecha catalana ha confirmado que no irá a las generales. Sobre la opción de que Carles Puigdemont pueda ser el candidato a los comicios, fuentes de Junts lo rechazan de plano. “Eso no tiene ni pies ni cabeza”, consideran, al menos en este momento, cuando aún no saben si podrá regresar en noviembre.

Rufián pide “un mínimo de condiciones”

En una situación igual de inestable se encuentra ERC, donde las desavenencias entre la dirección de Oriol Junqueras y el grupo en Madrid que controla Gabriel Rufián son públicas desde hace tiempo. No es infrecuente que el diputado contradiga a la dirección de su partido, la última vez ocurrió el viernes, cuando Junqueras anunció el voto favorable a los dos decretos de vivienda y Rufián aseguró que debía leerlos.

Lo que ya está claro es que el de Santa Coloma no articulará ningún frente plurinacional progresista que combine los mundos de Sumar y Podemos con los de las izquierdas independentistas, tal y como trató de liderar, sin éxito. Sí es, en cambio, el candidato al que daría apoyo ERC, según lo que la dirección ha ido repitiendo durante todos los meses en los que él se ha salido de la línea marcada por Junqueras.

Este lunes, sin embargo, Rufián aseguraba que debía “reflexionar”. “Está escuchando a todo el mundo antes de decidir”, aseguraban fuentes del entorno del dirigente citadas por EFE, que aseguraban que tenía previsto reclamar “un mínimo de condiciones” a ERC para repetir como cabeza de lisa.

Tratando de desmarcarse de estos movimientos, los republicanos se han mostrado este lunes “preparados” para las urnas y con el convencimiento de que su papeleta es la “única” que “puede defender Catalunya”.

El chasco de los de Junqueras, con todo, era evidente, pues la mayoría de las conquistas con las que justificaban su apoyo a Sánchez se han ido por el desagüe con la convocatoria electoral. Ni la reforma del modelo de financiación y la condonación del Fondo de Liquidación Autonómica (FLA), dos de las cuestiones centrales para ERC, tienen ya recorrido, y el traspaso de Rodalies, la tercera pata de los acuerdos con el Gobierno, tampoco se ha completado. ERC acaba la legislatura con las manos prácticamente vacías en Madrid.

El PSC apuesta por Hereu con las encuestas a la baja

Para los socialistas catalanes la convocatoria tampoco llega en un buen momento electoral. El CEO (el CIS catalán) lleva meses pronosticando cierto desgaste del PSC. Especialmente en Catalunya, donde al Govern de Salvador Illa la gestión se le está haciendo cuesta arriba, pero también en el escenario de unas generales, donde el aliciente de Sánchez, que en julio de 2023 resultó en un verdadero gancho para el electorado catalán, ahora va a la baja.

Según los datos del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), durante toda la legislatura Sánchez se habría movido en Catalunya entre el 30 y 37% de votos (obtuvo un 34% cuando abrieron las urnas). En el último estudio, publicado en julio pasado, el voto ya bajaba a hasta el 29%.

Ante estos números, Sánchez debería volver a cuidar el granero catalán, de donde obtuvo nada menos que el 20% de todos los votos que le sirvieron para la investidura.

Para llevarlo a cabo, cuenta con Jordi Hereu, el actual ministro de Industria y exalcalde de Barcelona. Un hombre bien considerado tanto en el círculo de Sánchez como en el de Illa, pero con un perfil discreto y poco popular. Una elección que subraya que Sánchez será el absoluto protagonista del cartel electoral.

Los Comuns, a la espera del Frente Amplio

En la formación de Ernest Urtasun este lunes se multiplicaban los llamamientos para convertir el 29N en una gran movilización por la vivienda. “Especulación o vivienda”; proponían desde sus redes, al tipo que la dirigente en el Parlament, Jéssica Albiach reclamara “que las personas estén por delante de los fondos buitre”. Pero, de puertas para dentro, la formación está a la espera de que su espacio, ahora rebautizado como Frente Amplio, resuelva tanto la forma como las caras con las que concurrirá.

Por el momento, si desean acudir en coalición con Podemos, ambas partes tienen 10 días para ponerse de acuerdo. Los de Irene Montero siguen reclamando unas primarias. Por otro lado, la ministra Mónica García gana enteros como posible candidata de Sumar, a la vez que los Comuns siguen a la espera de si Ada Colau desea postularse.

Este martes, la exalcaldesa de Barcelona ha reconocido que se le ha ofrecido liderar Frente Amplio, aunque no ha confirmado su decisión. “Los partidos tienen sus órganos, van dando sus pasos y haciendo propuestas de nombres. Ya había dicho que me lo habían propuesto en días anteriores, como se lo han propuesto a otras personas, pero el tema no va de nombres. Deben ser muchos nombres, en todo caso, no solo uno”, ha asegurado en una entrevista en La 2.

El ministro y exalcalde de Barcelona Jordi Hereu será el candidato del PSC en las elecciones españolas del 29 de noviembre. Según ha avanzado El Periódico y ha podido confirmar la Agència Catalana de Notícies (ACN), el hasta ahora titular de las carteras de Industria y Turismo del Gobierno español será el cabeza de lista de los socialistas por Barcelona.

En las pasadas elecciones, la cabeza de lista socialista fue Meritxell Batet, que durante la anterior legislatura ocupó el cargo de presidenta del Congreso de los Diputados hasta que decidió retirarse de la primera línea de la política y renunciar a su escaño.

El PSC ya ha convocado la reunión de la ejecutiva del partido para este martes, en la que se propondrá al exalcalde de Barcelona como candidato y, previsiblemente, será ratificado por el Consell Nacional de los socialistas este sábado.

En 2006, Hereu sucedió a Joan Clos como alcalde de Barcelona y estuvo en el cargo hasta 2011, cuando perdió las elecciones ante Xavier Trias (CiU) y se rompió una hegemonía socialista al frente de la alcaldía de la ciudad que había durado 32 años.

El partido xenófobo Aliança Catalana pasaría de tener dos diputados a 30 si las elecciones se celebraran hoy, cosa que le haría disputarse el primer puesto en escaños con el PSC. Así lo apunta la encuesta del instituto Ipsos para La Vanguardia, que refleja la posibilidad de un crecimiento sin igual para los de Sílvia Orriols, que vienen de ser la formación con menos diputados.

Esta proyección muestra una Catalunya muy difícil de gobernar, con Parlament muy fragmentado en el que destaca no sólo el auge de la extrema derecha, sino también la caída de los partidos que, hasta ahora, se han ido repartiendo el poder.

Por un lado, al PSC le pesa la legislatura de Illa y perdería 12 escaños (pasaría de 42 a 30), mientras que Junts se dejaría 19 asientos en las urnas, pasando de los 35 actuales a sólo 16, lo que le haría pasar de ser el segundo al quinto partido más votado. Se quedarían justo delante de PP, que perdería 4 escaños (se quedarían en 11) y los Comunes, dos (hasta los cuatro). Las únicas formaciones, aparte de Aliança, que saldrían beneficiadas son ERC, que ganaría tres diputados y se situaría en los 26; y Vox, que llegaría a los 18 escaños (siete más).

La intención de voto deja un panorama muy halagüeño para los de Orriols, que pasarían de ser votados sólo por el 3,8% de la población hasta hoy, que un 18% de los encuestados afirma que les dará su apoyo. De nuevo, todos los partidos pierden en intención, excepto ERC, que ganaría poco más de un punto, y Vox, que aumenta en cinco.

La encuesta muestra una crecida sin precedentes de la extrema derecha, lo que deja un panorama complicado. La reedición del pacto de Govern que mantiene a Illa en el poder sería insuficiente, ya que entre PSC, Comuns y ERC sólo sumaría 57 escaños. Se podría rascar algo más sumando a la CUP, con los que llegarían a ls 60 (estando la mayoría absoluta en 68).

La mayoría más clara se encuentra en los partidos independentistas, (aunque ese sentimiento sigue interpelando a menos del 50% de la población catalana). Si se suman, entre Junts, Aliança, ERC y la CUP llegarían a los 72. El problema es que en esta amalgama habría que restar, seguro, a los republicanos y los anticapitalistas, que ya han dejado claro su cordón sanitario frente a Orriols.

La otra fórmula que sumaría, pero sigue siendo igual de improbable, es la de las derechas, con Aliança, Vox, Junts y PP, que sumarían 75 escaños. En estos escenarios, lo que marcará la gobernabilidad será, pues, Aliança. Quienes se avengan a pactar con Orriols y, por contra, quienes estén dispuestos a asumir pactos que ahora parecen poco posibles, serán los que marcarán el nuevo Govern.

Paralelamente a la intención de voto, se encuentra el nivel de aprobación de los líderes catalanes, que deja a Gabriel Rufián como el preferido, con un 52% de apoyo. En segunda posición se encuentra Illa, con un descolgado 36%, seguido de Junqueras, 35%, y Sílvia Orriols. En cambio, el líder más reprobado, con diferencia, es Carles Puigdemont, con un 67% de votos negativos.

Pedro Sánchez ha defendido este domingo su gestión de la crisis de Ceuta y ha prometido que el Gobierno pondrá “todos los recursos necesarios” para que la ciudad autónoma “volverá a la normalidad”. Al tiempo, ha acusado a PP y Vox de hacer una “oposición destructiva” y de buscar la foto de la crisis de Ceuta para ganar votos pero no querer que se resuelva. “Ceuta saldrá adelante pese a que se han instalado en el cuánto peor para España mejor para nosotros”, ha asegurado.

El presidente del Gobierno se ha referido a la situación de la ciudad fronteriza en la Fiesta de la Rosa, el mitin anual que el PSC celebra en la localidad Barcelonesa de Gavá y en que este año ha participado Sánchez. Delante de los sociales catalanes, el jefe del Ejecutivo ha sacado pecho por haber hecho “el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta, con 309 millones de euros; 80 millones de euros antes de que acabe el año y, a principios octubre, autónomos y pequeños empresarios recibiendo transferencias directas”, ha dicho.

Acogido con vítores por la militancia socialista, que le ha dedicado gritos de “no estás solo” al inicio del acto, Sánchez ha lanzado todos sus dardos contra los dos principales partidos de la derecha, de quienes ha pronosticado que van a perder “tanto las municipales de 2027 como las generales de 2027”.

“PP y Vox tienen diferentes siglas, pero la misma agenda. Van en el mismo coche y comparten ruta y prejuicios”, ha asegurado el presidente del Gobierno, que ha calificado de hecho que “socava la democracia” las medidas cautelares impuestas por el Tribunal Supremo para suspender el voto de 400.000 nacionalizados a través de la llamada ley de nietos. “El Supremo tendrá que resolverlo y yo no voy a criticar una decisión que obviamente no comparto, pero no voy a perdonar a PP y Vox por plantear este recurso”, ha afeado.

“El voto se protege y se ejerce. No vamos a aceptar españoles de primera y de segunda porque tengamos candidatos de tercera”, ha continuado Sánchez. En la misma línea, ha subrayado que la ley de nietos es análoga a la concesión de la nacionalidad a los sefardíes, acordada con un gobierno del PP, o a los saharauis, votada hace dos semanas y apoyada también por el PP. “Es una ley de 2022 que el PP siempre había apoyado”, ha resaltado Sánchez, que ha considerado que el Alberto Núñez Feijóo hace seguidismo de Vox.

Sánchez también ha guardado unos minutos para recordar el escándalo del ático en el que se ha enmarañado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Se han gastado seis millones de euros en el aticazo, y 20 o 200 páginas después aún no sabemos la versión oficial”, ha recalcado Sánchez. “Ayuso dijo que era un despacho oficial, Feijóo que era una residencia oficial… falta Aznar, que dirá que es un coworking”, ha cargado en tono humorístico.

En un domingo en el que Sánchez ha coincidido en Catalunya con Feijóo, que participaba en un acto en Badalona, el presidente del Gobierno ha aprovechado para lanzar un mensaje en clave catalana a favor de la reforma de la financiación autonómica.

“Resulta inconcebible que el PP y Vox voten en contra de tener mes recursos económicos para financiar los servicios públicos de las comunidades autónomas”, ha dicho, porque la nueva financiación va a dar a las comunidades más de 21.000 millones de euros. “El único que pierde aquí es el Gobierno, que no va a poder disponer de esos 21.000 millones”, ha dicho.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha intervenido antes que el presidente, ha reclamado “comparar” las políticas que hacen los gobiernos donde mandan los socialistas de aquellos gobernados por la derecha. Por eso, ha dicho, la elección es “Trump o Sánchez” y, también, “Abascal, Aznar y Feijóo o Sánchez”.

En la misma línea, Illa ha pedido a Feijóo que se “quite los complejos” y haga autocrítica. “¿Vas a reconocer una vez por todas que la amnistía ha funcionado en Catalunya? ¿Que la convivencia ha funcionado?”, le ha preguntado, tras asegurar que la derecha no tiene proyecto par Catalunya ni para España.

Catalunya era un problema para las élites de la transición. Y no solo por la cuestión nacional. Era el territorio del Estado donde más fuerza tenían los partidos de izquierda y donde más crudo se mostraba el conflicto social amordazado por la dictadura. ¿Cómo es posible que el primer president de la Generalitat salido de las urnas tras el franquismo fuera un banquero conservador como Jordi Pujol? Eloi Gummà contesta a esta pregunta en De l'antifranquisme al pujolisme (Akal).

Como buen historiador, Gummà anticipa una respuesta de varios factores, empezando por los errores de la propia izquierda (esa variable constante de la historia). En la obra, sin embargo, emerge uno de los aspectos menos destacados en las biografías oficiales sobre el ascenso al poder de Pujol: el apoyo decisivo que recibió de la patronal Foment del Treball y de los sectores económicos que tenían miedo a una Generalitat con consellers del PSC y el PSUC.

“El pujolismo fue una reacción empresarial que reagrupó a todas las fuerzas conservadoras, los poderes económicos y la patronal para evitar que las izquierdas ganaran la Generalitat. Pujol fue su voto útil”, explica Gummà en conversación con elDiario.es.

Pujol fue el dirigente más hábil, estratégicamente, del tardofranquismo y la transición

La obra de Gummà, muy documentada y abundante en citas de los personajes que marcaron la transición en Catalunya, desmonta el mito de Pujol (que sus 23 años de hegemonía contribuyeron a edificar) como personaje nacido para ser president. Gummà aporta una nueva mirada y sitúa al expresident en la dinámica española y en el contexto internacional de la época: el fin de la paz social de posguerra y el inicio del neoliberalismo.

“Pujol fue el dirigente más hábil, estratégicamente, del tardofranquismo y la transición”, destaca Gummà, para quien la mirada crítica al pujolismo no es incompatible con constatar que el expresident fue un animal político.

El historiador cuenta que, Pujol, que fue un preso político de la dictadura, sabe que la hegemonía en el antifranquismo es de las izquierdas y que no tiene la suficiente fuerza para contrarrestarlas. Y acepta muchos de los consensos de socialistas y comunistas, para irritación de Josep Tarradellas o Adolfo Suárez. Los resultados electorales de las generales y las municipales de 1977 y 1979 lo confirmarían: la izquierda arrasó en Catalunya y Convergència obtuvo resultados modestos.

Gummà rescata los documentos fundacionales de Convergència, que incluso hablan de socializar partes de la economía y abogan por una transformación social. “Son un síntoma de hasta qué punto la sociedad catalana de la época estaba escorada a la izquierda”.

Todo cambió antes de las elecciones al Parlament de 1980, cuando el fundador de Convergència se sube al carro del anticomunismo. “Pujol cogió a la izquierda con el pie cambiado”, remarca Gummà. El futuro president leyó bien la decepción con los resultados de la transición que llevó a la primera de varias desafecciones de la izquierda.

Además de romper la, hasta entonces, alianza del antifranquismo catalán, Pujol empieza a ser autocrítico con los opositores a la dictadura y culpa a sindicatos y partidos progresistas de haber lanzado expectativas inalcanzables.

“A Pujol no le gustaba el compromesso storico [la alianza entre comunistas y democracia cristiana impulsada por el PCI en Italia] y mantuvo que era un riesgo muy grande que la fuerza más importante de la izquierda en Catalunya fuera el PSUC”, recuerda Gummà.

Pujol no era el primer nombre que manejaron las élites. “Desconfiaban de él por su anterior relación con los comunistas, pero termina siendo el único hombre posible para derrotar a la izquierda. La patronal apuesta por Pujol porque no puede apostar por nadie más”, relata el historiador.

La “Operación Foment”, explica Gummà, consistió en que la patronal financió directamente a Convergència y Esquerra y el resto de fuerzas conservadoras a cambio de la moderación de sus programas electorales. Además, en una acción inédita, Foment hizo una campaña propia antes de los comicios con publicidad en los periódicos, folletos y revistas.

“En total, Foment del Treball se gastó 700 millones de pesetas en la campaña de las catalanas de 1980”, resalta Gummà. Al otro lado, los esfuerzos fueron más modestos: socialistas y comunistas apenas pudieron destinar 100 millones a la campaña. No fueron unas elecciones en igualdad de condiciones.

“Fue una campaña del miedo, dirigida a instalar el mensaje de que si ganaba la izquierda, Catalunya iba a caer en la ruina y los empresarios se marcharían. Hasta el propio presidente de Foment dijo que había sido la mayor intervención de una patronal europea en unas elecciones democráticas”, asevera el historiador.

Hay dos nombres a recordar en esta historia: Carlos Ferrer Salat y Ramon Trias Fargas. El primero, empresario farmacéutico y gran reorganizador de la élite económica en España tras el franquismo, presidió Foment, fundó la CEOE y contactó con Pujol en los 60 “para formar una nueva clase de dirigentes catalanes burgueses, pero alejados del servilismo de muchos de ellos con el régimen”, cuenta Gummà.

Trias Fargas fue un intelectual y el principal importador a España de las tesis neoliberales de la escuela de Chicago. Estuvo alineado con Ferrer Salat en la necesidad de crear una nueva clase dirigente afín. “En su artículo 'Empresarios de España, uníos', Trias Fargas resalta la importancia de que los empresarios se reagrupen alrededor de líderes sin vinculación con la dictadura porque si no la izquierda arrasaría en la transición”, detalla Gummà.

Para muestra de la hegemonía de la izquierda y su posterior derrota, el partido que fundó alguien tan de derechas como Trias Fargas en la transición: Esquerra Democràtica de Catalunya. “Si no decías que eras de izquierda, no pintabas nada”, remacha Gummà. Trias Fargas fue el primer conseller de Economía de la Generalitat de Pujol.

Pujol dejó escrito su alejamiento de los comunistas en su histórico artículo en La Vanguardia de diciembre de 1979 'Sant Pancraç, doneu-nos feina i salut' [San Pancracio, dadnos trabajo y salud]. Al tiempo que admitía haber sido “el más importante de los banqueros catalanes”, se presentaba heredero de “la pequeña burguesía catalana adicta al trabajo” y empezaba a dibujar la línea roja de quién era o no catalán, una de las señas de sus 23 años en la Generalitat: “El catalanismo político es el que no supedita el país a la lucha de clases”.

El antifranquismo en Catalunya no solo quería conseguir la autonomía, sino terminar con las élites económicas del franquismo

Para Gummà, el paso de Pujol por el poder fue la implantación del neoliberalismo en Catalunya. Es una tesis provocadora, que enfadará a los convergentes de todos los partidos a los que dedica el libro, pero interesante.

No es que Pujol desmantelara un Estado del Bienestar (inexistente, por otro lado, en la España posfranquista) como hizo Margaret Thatcher en el Reino Unido, sino que su presidencia enterró la hegemonía progresista del catalanismo y logró que calara en buena parte de la ciudadanía el mensaje de que los valores de la izquierda eran incompatibles con Catalunya.

Gummà cuenta cómo el expresident “redefinió desde el poder que la esencia de la catalanidad son los valores de orden, sentido común y propiedad privada, es decir, valores conservadores, y que, en cambio, los valores de la izquierda eran sucursalistas”. En otras palabras, con Pujol se crea el mito de la Catalunya armónica donde todo el mundo acepta su clase social sin rechistar.

“Se ha acabado imponiendo un relato que consiste en que Pujol era una persona predestinada a presidir Catalunya, que tenía una visión de reconstruir el país y que solo siguió este camino, pero la historia no es así”, lamenta Gummà. La construcción del mito pujolista, agrega el historiador, ha marginado el “componente social del antifranquismo” en Catalunya, en especial la Assemblea de Catalunya, así como la tensión social y la lucha de clases de la época.

“El antifranquismo en Catalunya no solo quería conseguir la autonomía, sino terminar con las élites económicas del franquismo e instaurar una democracia real y participativa”, apostilla Gummà. El libro del historiador permite conocer la Catalunya que pudo ser, pero no fue, y los poderosos movimientos que lo impidieron.

Pocos la han mencionado por su nombre, pero Aliança Catalana ha sido una de las protagonistas la Diada. No por su capacidad de movilización en la calle, sino porque el catalanismo y el independentismo han encendido definitivamente las alarmas ante el avance de la extrema derecha. La jornada ha mostrado que existe consenso en advertir contra el auge de los de Sílvia Orriols, pero el contexto preelectoral impide ir más allá. Catalunya no es distinta a tantos países de Europa y tampoco encuentra la tecla para frenar la ola ultra.

Desde el expresident Jordi Pujol al actual jefe del Govern, Salvador Illa, pasando por Junts, ERC, la CUP, la ANC, Òmnium Cultural y los Comuns: las llamadas a la cohesión del catalanismo y a no ceder ante los “discursos de odio” se han repetido a lo largo de la jornada. Este año, además, se cumplían 50 años de la Diada en la que todo el catalanismo salió a la calle en Sant Boi de Llobregat por primera vez tras el franquismo. La Generalitat y varios partidos han pedido recuperar el espíritu de unidad de esa jornada histórica.

La propuesta más clara de este viernes ha venido del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich. Sin dejar de reivindicar la autodeterminación y la independencia, Antich ha reorganizado las prioridades del soberanismo y ha pedido “un gran acuerdo del catalanismo democrático” para “avanzar de forma constructiva en la defensa de los derechos, las libertades y soberanía nacional”.

“Si Catalunya deja de ser tierra de acogida, pierde su razón de ser”, ha apostillado Antich, que ha pedido “dejar de normalizar” a los que “alimentan la fractura social, pretenden recortar derechos y libertades y movilizan el miedo para transformar el malestar en odio”, en referencia a Orriols.

Por su lado, el líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Josep Vila, ha llamado a rebelarse ante la “decadencia lingüística y nacional” mediante “la construcción de una república catalana”. “O independencia o decadencia”, ha zanjado, además de pedir una “gran movilización” en otoño de 2027, coincidiendo con los 10 años del 1-O.

La Diada ha dejado de ser la exhibición de fuerza en la calle que en la pasada década empujó al independentismo hasta el otoño soberanista de 2017. Nueve años después, para poner fin al procés solo queda la amnistía a sus líderes este otoño. El Govern de Illa cuenta con el apoyo de ERC y Comuns en el Parlament, donde el independentismo perdió la mayoría absoluta en 2024 tras años de reproches cruzados.

Por si fuera poco, apareció Aliança Catalana, la extrema derecha independentista a la que todas las encuestas pronostican un gran crecimiento tanto en las municipales de 2027 como en las elecciones al Parlament de 2028.

Al igual que el año pasado, la manifestación independentista se ha descentralizado en tres ciudades (Barcelona, Girona y Amposta), sin la lectura de manifiesto conjunto y cada entidad ha realizado una intervención. En conjunto, las marchas han reunido a unas 60.000 personas.

Las cifras de este viernes confirman una vez más la desmovilización independentista: en Barcelona los asistentes han sido 45.000 personas, según la Guàrdia Urbana (el año pasado, marcado por la lluvia, fueron 28.000). Además, en los discursos políticos de la jornada que antes monopolizaban los planes soberanistas ahora se habla de extrema derecha, servicios públicos y la obra del Govern de Illa.

La presencia de militantes y simpatizantes de Aliança Catalana ya fue motivo de controversia en la última edición de la Diada y, este año, la tensión se repitió en la víspera de la Diada con los choques en el Fossar con grupos antifascistas. Este viernes no ha ido a más en la manifestación de la tarde, en la que la aparición de banderas de Aliança no ha comportado más que algunos silbidos.

La jornada se cerró con algunos contenedores quemados por grupos antifascistas que protestaron contra la marcha de los neonazis Núcleo Nacional. Los Mossos d'Esquadra detuvieron a 18 antifascistas, diez de ellos menores, por desórdenes públicos.

“Un solo pueblo”

El apelativo a “un solo pueblo” que, igual que en la Diada de Sant Boi, han repetido todos los partidos este año es más un ideal retórico que una realidad (si es que alguna vez lo fue). Catalunya ha cambiado mucho desde aquel 1976, pero hoy las altas tasas de desigualdad, la crisis de vivienda y el debilitamiento de servicios públicos esenciales son obstáculos a la cohesión social y, a la vez, el caldo de cultivo ideal para Aliança y Vox, como ocurre en toda Europa con las formaciones ultras.

El partido que más sufre por el auge de Aliança es Junts. La formación de Puigdemont, que en los últimos años ha comprado en ocasiones el discurso ultra en seguridad, ha marcado distancias con Orriols esta Diada (aunque en el partido hay debate sobre qué hacer en los pactos tras las municipales). “No convirtamos la revuelta de las sonrisas en la revolución del odio”, ha advertido el secretario general de Junts, Jordi Turull, que también ha acusado al Govern de buscar la “polarización” con Aliança.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido Catalunya como una “casa amplia”. “No somos un búnker pequeño y aislado”, ha mantenido, al tiempo que ha reivindicado la lengua catalana y “una economía con salarios dignos, vivienda digna y transporte digno para todos.”. “Un país no se construye dividiendo ni restando sino sumando”, ha agregado en su vuelta a una marcha de la Diada, a la que no acudía desde 2021.

Por parte de los Comuns, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha advertido de que defender Catalunya “no será nunca levantar muros entre catalanes” y ha rechazado que los “extremistas vengan a dar carnés de catalanidad en función del origen” de las personas.

En un tono más duro se ha expresado la CUP, que ha querido “señalar”, en palabras de la portavoz de su secretariado, Su Moreno, “la ofensiva españolista y la extrema derecha que intenta apropiarse de la cuestión nacional para dividir a la sociedad”.

Por la mañana, en línea con el mensaje de este jueves del president, la consellera Sílvia Paneque ha pedido “fraternidad, orgullo y esperanza por una Catalunya sin exclusiones” y ha advertido a la extrema derecha de que “el odio no tiene cabida”: “Catalunya somos todos y todas”, ha remachado.

Hasta el expresident Jordi Pujol ha reivindicado su visión inclusiva de la catalanidad, al definir la Diada como la “fiesta de todos los que viven y trabajan en Catalunya y quieren ser catalanes”, y, a sus 96 años, ha apelado a la “esperanza”. No ha sido la Diada más optimista, pero todo es susceptible de empeorar: el de 2027 puede ser el primer 11 de septiembre con un Gobierno de PP y Vox.

Llamada a la convivencia y contra el odio del president de la Generalitat, Salvador Illa, en su discurso institucional de la Diada. El jefe del Govern ha instado a enorgullecerse de que ciudadanos nacidos en distintas partes de España y el mundo “se sientan hoy catalanes y catalanas de pleno derecho”. “En Catalunya somos y queremos continuar siendo un solo pueblo”, ha agregado.

La Diada del ecuador de la legislatura de Illa llega en un clima preelectoral, con el Govern encadenando crisis (huelga de maestros y dimisión de Trapero esta misma semana) y con la vista de los partidos en las elecciones generales y municipales de 2027.

Las alarmas están encendidas por el fuerte ascenso que detectan las encuestas para Aliança Catalana, el partido de Sílvia Orriols, en casi todos los municipios. La tensión que genera la extrema derecha independentista se ha vuelto a constatar este miércoles en el Fossar de las Moreres en la previa de la Diada nacional de Catalunya.

En sus palabras a los catalanes, Illa ha celebrado la diversidad de Catalunya “gracias a los vínculos humanos generados entre catalanes y personas de todo el mundo que han encontrado aquí su hogar y su país”.

“No podemos permitir que nada ni nadie ponga en peligro la convivencia en Catalunya. En nuestra casa el odio no cabe”, ha enfatizado el president, en referencia al clima hostil que despliega en municipios y redes la extrema derecha contra los migrantes.

El president ha insistido en el “latido común” y el “sentido colectivo, fraternal y humano del país” sea cual sea el origen de los catalanes. “Sintámonos orgullosos de nuestra capacidad para que personas nacidas en distintos sitios —de Andalucía a Extremadura, de Marruecos a Colombia— se sientan hoy catalanes y catalanas de pleno derecho, con deberes también por cumplir”.

“Nadie es más catalán que nadie. Catalunya somos todos y todas”, ha ahondado Illa. Citando a uno de sus referentes políticos, el expresident Terradellas, el jefe del Govern ha instado a que Catalunya sea “la avanzada del bienestar, la prosperidad y la democracia de los pueblos de Europa y el mundo”.

El president ha pedido “alzar la mirada” ante el momento “trascendental” que vive el mundo y “actuar con unidad de país”: “Haremos grande a Catalunya si no nos limitamos a mirarnos el ombligo y encogernos”. También ha solicitado “renovar la confianza en el país, las instituciones, las personas y las potencialidades” de Catalunya.

El Gobierno amplía a 210 los trámites burocráticos que quiere simplificar hasta el final de la legislatura a través del programa 'CaTgirem'. Cómo explica el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, en declaraciones a los medios, el ejecutivo catalán ha terminado la mejora de 170 procesos, algunos de los cuales ya están plenamente operativos con los cambios -como el registro oficial de maquinaria agrícola- y otras se activarán próximamente -como el registro de productores de residuos-. Ahora se añaden 40 de “adicionales” a esta “reingeniería de procesos” que quiere “luchar contra la burocracia” y hacer que los trámites de la administración catalana -unos 2.400- sean “más comprensibles”.

“Estamos trabajando trámite a trámite con muchos de los departamentos”, ha puntualizado Dalmau. Fuentes del Gobierno añaden que se están acabando de “recoger datos” para concretar qué procedimientos habrá que reformular. Estas mismas fuentes subrayan que, con la estrategia de simplificación, nace una “nueva cultura” dentro de la administración que implica “no dejar de banda la necesidad de transformación continuada” de los trámites. También clarifican que no todos los trámites públicos requieren una renovación, dado que algunos están “consolidados” y otras “tienen poca utilización”.

Una IA “para hacer más fácil la vida” a ciudadanía y funcionarios

Por otro lado, el titular de Presidencia ha explicado cómo la Generalitat usa la inteligencia artificial (IA) “para hacer más fácil la vida” a la ciudadanía y a los trabajadores públicos, y no “para sustituir a nadie”. Por ejemplo, sirve para “acompañar” los funcionarios en tareas de validación de documentos y localizaciones durante el procesamiento de algunos trámites.

También estará presente en el mencionado registro de productores de residuos en forma de un asistente que ayudará la ciudadanía a identificar los residuos que produce su actividad. Según los cálculos del Gobierno, esta herramienta se pondrá en marcha a finales de año. De hecho, desde el 2025 se han activado 38 sistemas con IA dentro del entorno de la Generalitat, como el buscador inteligente del portal gencat.cat o el nuevo asistente virtual en las subvenciones del Instituto Catalán de Energía.

1.800 formularios actualizados y seis millones de horas ahorradas a la ciudadanía

La primera etapa de la estrategia de simplificación, a lo largo del 2025 y los meses transcurridos del 2026, han comportado la transformación de 1.800 formularios en formato PDF, que era poco intuitivo para el usuario, al formato web. Así mismo, ha supuesto el ahorro a la ciudadanía de seis millones de horas en trámites con la Generalitat. En estos dos periodos, se han tejido planes específicos estructurales para reducir la burocracia, como el “Pla Cura” o el anteproyecto de ley de simplificación urbanística y ambiental -actualmente en fase de información pública-. En cuanto al 2025, la administración no ha tenido que preguntar 80,4 millones de datos y documentos, una cifra que ha crecido respecto al año anterior, cuando fueron 74,6 millones.

La anestesióloga pediátrica del Hospital Universitario Vall d'Hebron Sandra Galve explica que la digitalización del consentimiento sanitario, un documento necesario antes de varias intervenciones que en compilación los riesgos, ha permitido agilizar el proceso y reducir las visitas en los centros sanitarios. “Hacerlo de manera digital permite que el paciente se lo lleve en casa y, en los casos en que no hay que verlo presencialmente porque su situación de salud o el procedimiento al cual será sometido no es de alto riesgo, no hace falta que venga en el hospital”, relata.

En estos casos, se llama al ciudadano y se le envía el consentimiento vía la aplicación 'Mi salud', donde lo aceptará o lo rehusará. Cómo explican fuentes del Govern este es un proceso ya en marcha que está llegando gradualmente a todos los centros del sistema sanitario y, hasta la fecha, más de 6.000 personas se han ahorrado de visitar presencialmente los hospitales.

Otros trámites que experimentan este lavado de cara mediante el programa 'CaTgirem' son el registro de parejas de hecho, que a lo largo del último trimestre del 2026 dejará de requerir un formulario por cada integrante de la pareja y solo preguntará uno que será compartido; la bolsa de docentes, que tiene una nueva aplicación que actualmente convive con el sistema tradicional por web; o la autorización de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, imprescindible para instalar un chiringuito hacer actividades en la playa y que ahora ha pasado a ser un formulario web, cosa que ha hecho reducir las consultas por ayuda en un 55%

El ciclo electoral que se iniciará en 2027 no augura buenos resultados para Junts, que se hunde tanto en Catalunya como en Barcelona, tal como pronostican tanto el CEO como el Barómetro municipal, que se ha hecho público este viernes. En la capital catalana, los de Puigdemont se desploman y pasarían de ganar las elecciones a ser la última fuerza de derechas, por detrás de Aliança, Vox y PP en intención de voto.

Según el sondeo, Junts sucumbe a Aliança Catalana, formación que podría entrar con fuerza en el Ayuntamiento barcelonés, donde llegaría a escalar hasta la tercera posición. Así, Junts quedaría relegado a la penúltima fuerza, sólo por delante de la CUP, culminando una debacle de votos en Barcelona que se empezó a fraguar después de las elecciones de 2023.

Ahora bien, conviene tener en cuenta que esta encuesta recoge intención directa de voto, no una estimación, como sí hacen otros sondeos como el CIS o el CEO. Es decir, refleja lo que los encuestados responden cuando se les pregunta qué votarían si hoy hubiera elecciones. La estimación de voto, en cambio, es un cálculo elaborado que corrige esas respuestas mediante distintos modelos estadísticos.

Por eso, la intención de voto debe leerse como una fotografía de las respuestas, no como una proyección del resultado electoral. Para entender la importancia de tener en cuenta la diferencia entre ambas modalidades sólo hace falta fijarse en el número de encuestados que aseguran que se abstendrán (menos del 10%), frente al 43,2% que finalmente no votó en las elecciones de 2023.

Aun así, este sondeo sí sirve para constatar el descenso de Junts, que podría llegar a perder el 80,75% de los votos y cosecharía los peores resultados de su historia (contando tanto CiU como Junts). La bajada en intención de voto a este partido se ha sostenido en el tiempo desde las pasadas elecciones. De hecho, su popularidad -que ya estaba en horas bajas antes de los comicios- subió exponencialmente en el momento en que se supo que el exalcalde Trias se presentaría a la reelección y bajó de la misma manera después de que Collboni le arrebatara la alcaldía.

Que la popularidad de Junts en Barcelona vaya tanto de la mano de Trias constata que el votante juntaire en la capital se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista. En los últimos 10 años, el partido sólo ha cosechado buenos resultados cuando el cabeza de lista ha sido el exalcalde y, por eso, no es de extrañar que la militancia de Junts en Barcelona haya apostado por Jordi Martí Galbis para sustituirle.

Se trata del hijo político de Trias, que competía con candidatos más afines a Puigdemont que a la herencia convergent. Cabe destacar que esta edición del barómetro municipal fue realizada antes de las primarias, con lo que el efecto Galbis todavía no se puede leer. Se deberá esperar hasta la segunda ola de la encuesta, en diciembre de 2026, y que será la última antes de las elecciones municipales.

El PSC revalida y crece en intención

Junts no es el único partido de derecha que sale mal parado de este barómetro. Si los postconvergents pierden casi un punto, el partido xenófobo de Sílvia Orriols se deja seis décimas respecto al último sondeo. Por contra, crecen PP y Vox, lo que hace que el apoyo al bloque de la derecha se mantenga prácticamente intacto. En cambio, crece el apoyo a las formaciones de derecha en 3 puntos (gracias al descenso de los encuestados que declaran que se abstendrán).

Según la intención de voto, el PSC revalidaría la alcaldía y crecería 1 punto respecto a los comicios. Pero el gran beneficiado sería ERC, que se consolidaría en segunda posición, creciendo 4,3 puntos respecto a las elecciones y 3,3 desde el último barómetro. Todo ello, en contraste a los Comuns, que podrían llegar a perder el 60,5% de los apoyos (casi un 15% más de lo que auguraba el último barómetro).

Estos resultados complicarían la gobernabilidad de un posible segundo mandato de Collboni. Para el primero necesitó sumar el apoyo del PP al de ERC y Comuns para poder arrebatar la alcaldía a Trias. Pero, de cumplirse las previsiones del barómetro, aun sumando al popular Daniel Sirera (quien ya ha dicho que no repetirá la maniobra), el socialista tendría menos fuerza que en 2023.

Así, Collboni se enfrentaría a un segundo mandato en una minoría todavía más clara que la de esta legislatura, durante la cual todavía no ha sido capaz de aprobar presupuestos por la vía ordinaria.

La vivienda se mantiene como principal preocupación

El barómetro municipal también pregunta a la ciudadanía cuál es su principal preocupación y en esta edición la vivienda se consolida como el mayor dolor de cabeza de los barceloneses. Este asunto arrebató en junio de 2025 la primera posición a la inseguridad, que llevaba liderando el ránking desde 2018.

La crisis habitacional preocupa ahora al 31% de la ciudadanía (casi 3 puntos menos que en la última encuesta). La inseguridad, por su lado, se mantiene en segunda posición, aumenta y pasa del 25,2 al 26,3. En cambio, el tercer puesto pasa a ser para la inmigración, que se intercambia el quinto puesto con la limpieza.

Con todo, también destacan las preguntas que ha hecho el Ayuntamiento relativas a diversas políticas públicas. Por un lado, destaca que casi el 80% de los barceloneses se muestra a favor de prohibir los pisos turísticos y regular el precio del alquiler de los locales comerciales. También se apunta a que crece el apoyo a limitar el nombre de cruceros que hacen escala en Barcelona, una cuestión que cosecha el apoyo del 64,4% de los encuestados.

El secretario general del PSOECyL y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, ha asegurado este jueves que el PSOE lanzará su propia propuesta para el nuevo sistema de financiación autonómica, frente a la “dejación de funciones de la Junta de Castilla y León”, que ha renunciado a hacer ninguna propuesta “por mandato del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo”.

“Unos abandonan sus responsabilidades y otros hacemos propuestas desde la oposición”, ha remarcado Martínez en una rueda de prensa tras reunirse con la dirección del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento catalán en un encuentro que se enmarca dentro de las reuniones bilaterales que realizará hoy y mañana en Barcelona. “Si alguien ha desertado, nosotros apostamos por un diálogo sereno”, sostuvo el líder socialista.

Esa propuesta, ha avanzado, tendrá criterios ligados, por ejemplo, a un fondo climático para un reparto equitativo en función de la masa forestal; también tendrá en cuenta no solo la dispersión, sino la existencia de 2.248 municipios y la problemática para prestar los servicios públicos en Castilla y León, entre otros, que detallará la próxima semana.

Tras el encuentro con los socialistas catalanes, Martínez ha defendido la necesidad de aprender del “modelo Illa basado en el diálogo” y de apostar por las sinergias entre comunidades y no la confrontación como hace el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco. También puso en valor cómo el PSC de Illa “fue capaz de lograr un cambio social y político ante la crispación existente”.

Castilla y León necesita, ha dicho, tener voz propia, “no puede vivir en una burbuja” y, por eso, el PSOE tiene un proyecto político basado en la estrategia integral de la Comunidad. “No solo venimos a aprender estrategias del PSC, sino a mostrar que Castilla y León tiene que tener voz propia y generar alianzas entre comunidades autónomas”.

El papa León XIV se ha convertido en el líder internacional mejor valorado por los catalanes. Así lo refleja el Barómetro de Opinión Política publicado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO), que ha aprovechado la visita del Papa a España y su especial paso por Catalunya para preguntar por su figura.

Y los resultados para la iglesia son positivos: un 59% de las personas que lo conocen aprueban su papel en la escena internacional, un porcentaje que lo sitúa al frente del ranking de líderes mundiales. Lo sigue el presidente francés, Emmanuel Macron, con un 50% de aprobación, y el podio lo completa Xi Jinping (47%), que sorprendentemente concita el aprobado tanto de los votantes de izquierda como los de Aliança Catalana. A la cola, y muy destacados, se sitúan Vladímir Putin (13%) y Donald Trump (12%).

No solo aprueba, sino que genera poco rechazo

Pero el liderazgo del actual pontífice no se limita solo a su aprobación. También es uno de los dirigentes con menos rechazo frontal: solo un 12% de quienes lo conocen le otorga la nota mínima, un cero. Trump encabeza el rechazo absoluto con un 63%, seguido de Putin (54%), mientras que el resto de líderes quedan por debajo del 15%.

Otro elemento que refuerza la posición del pontífice es su grado de conocimiento. A pesar de ser una figura relativamente nueva –hace poco más de un año que ocupa su puesto–, el 95% de los catalanes dice que lo conoce. Esta notoriedad se explica, en buena parte, por el contexto en que se hizo el trabajo de campo: entre el 21 de mayo y el 25 de junio, coincidiendo con la visita del papa en Catalunya y la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, hechos que tuvieron un fuerte impacto mediático.

El contraste con los dos líderes más poderosos del planeta es elocuente. En un momento marcado por la guerra en Oriente Medio y por la tensión internacional –el mismo barómetro sitúa en un 5,8 sobre 10 la percepción de amenaza de un conflicto entre los Estados Unidos e Irán para la seguridad de Catalunya–, la figura del papa emerge como un referente de consenso allí donde Trump y Putin actúan como factores de polarización.

Apoyo transversal

Uno de los datos más singulares del barómetro es el carácter transversal de este apoyo. La aprobación supera el 50% en casi todos los electorados e incluso obtiene un 68% entre el electorado de los Comuns, un espacio político habitualmente alejado de la jerarquía católica. En el otro extremo, también aprueba con margen entre los votantes de Aliança Catalana, con un 56%. La valoración también es muy alta entre los votantes del PP (79%), Junts (73%), PSC (72%) y VOX (58%).

La comparación con el pontificado del Papa Francisco

Además, el CEO también ha querido tomar el pulso a la opinión de los catalanes sobre el primer año de pontificado. Porque aunque el tiempo parece que pasa muy rápido, solo hace 427 días que León XIV llegó al Vaticano. La percepción mayoritaria es de continuidad: un 33% considera que León XIV ha mantenido la misma orientación que su predecesor, Francisco I. Entre quienes perciben un cambio, predomina la sensación que el nuevo papa ha emergido en un tinte más conservador (28%) antes que progresista (15%). Una cuarta parte (24%) no se posiciona.

Ahora bien, la alta valoración de su papel internacional no se traduce en una autoridad moral equivalente. Preguntados por la importancia que dan a la opinión del Papa, casi la mitad de los catalanes (45%) admite que no da ninguna. Un 23% considera que puede ser relevante si habla de temas que les afectan y solo un 9% le da mucha importancia. Es el retrato de una sociedad ampliamente secularizada, que valora la figura del pontífice como un actor global relevante en un contexto hiperpolarizado, pero que mantiene una cierta distancia con los elementos más religiosos.

La carrera hacia la alcaldía de Barcelona ya tiene a sus contendientes en el puesto de salida. Un año antes de las elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027, prácticamente todos los partidos han confirmado a sus aspirantes a ocupar el puesto que hoy ostenta el socialista Jaume Collboni. 

El actual alcalde, que aspira a un segundo mandato —y al cuarto como edil del Ayuntamiento—, parte como favorito en una contienda en la que todos sus principales rivales se estrenan como cabezas de cartel. Gerardo Pisarello, por los Comuns, busca llenar el vacío de Ada Colau, un reto no menos complicado que el de Jordi Martí Galbís, sucesor de otro exalcalde, Xavier Trias, que llevó a Junts a la victoria en 2023. 

Una de las que lleva más tiempo labrándose su perfil de alcaldable es Elisenda Alamany, de ERC, concretamente desde que sustituyó a Ernest Maragall al frente de los republicanos en 2023. Por parte del PP, aunque no está confirmado oficialmente, se da por sentado que repetirá Daniel Sirera. 

En las filas de la extrema derecha, falta por ver si Vox buscará una alternativa a Gonzalo de Oro-Pulido, con quien irrumpieron por primera vez en el consistorio. Son los únicos que no se han decidido todavía, después de que la otra formación ultra, la xenófoba Aliança Catalana, anunciara este viernes que su candidato es Jordi Aragonès. 

Collboni, a por su segundo mandato

Jaume Collboni afronta el tramo final de su primer mandato como alcalde convencido de que puede ganar por primera vez las elecciones, una victoria electoral que el PSC no celebra en Barcelona desde 2007. El concejal socialista logró finalmente la vara en 2023 en sus cuartos comicios como aspirante socialista, con el voto decisivo e in extremis —anunciado el mismo día de la investidura— de los Comuns y el PP. 

La falta de una mayoría clara ha marcado el mandato de Collboni, que no ha podido sacar adelante ningún presupuesto municipal de forma consensuada. Su principal aliado ha sido ERC. Con ellos llegó a cerrar un pacto de Gobierno que acabó naufragando, y ha mantenido acuerdos estables sobre rehabilitación de viviendas, la tasa turística o el catalán. 

Más allá de eso, Collboni ha sido capaz de pactar con Junts, en políticas de seguridad y civismo, y con los Comuns, en medidas para limitar el turismo. En su haber estará la finalización de las obras de la Rambla, el impulso al tranvía de la Diagonal, o el plan para climatizar escuelas. Pendiente queda la reforma de la reserva del 30% de nueva vivienda para protección oficial, que no pudo sacar adelante, y la promesa de eliminar todos los pisos turísticos en 2028. 

Jordi Martí Galbís para mantener el tirón de Trias

El último de los candidatos en ser anunciado ha sido Jordi Martí Galbís, que fue escogido este domingo a través de unas primarias que le dieron el 40% de los votos. Con esta victoria, las bases del grupo municipal buscan mantener la herencia del exalcalde Trias, que devolvió a la vida a un Junts que estaba en horas muy bajas desde 2015.

Martí Galbís viene a recuperar ese tirón. Que no mantenerlo, puesto que cuando el exalcalde dejó la política tras el fiasco de 2023, la popularidad de Junts en las encuestas bajó en picado. La elección del alcaldable es un mensaje claro: las bases de Barcelona quieren el partido que representa Trias, ese que se parece más a Convergència que al Junts de Puigdemont y que se guía más por el eje ideológico que por el nacionalista.

Las primarias han venido marcadas precisamente por este debate y los cuatro candidatos llegaron divididos por la influencia que debía tener el expresident. Mientras los contrincantes de Martí Galbís apostaban por mantenerse leales a la influencia de Puigdemont, este decidió desafiar su omnipotencia, llegando a asegurar que el grupo municipal debe ser “autónomo” y negando que el expresident tenga que meter mano en las listas.

Pisarello, el primer alcaldable migrante

Gerardo Pisarello tiene ante sí el reto de evitar que los Comuns se desmoronen electoralmente en la primera cita tras el adiós de Colau. El jurista argentino, que quiere ser “el primer alcalde de Barcelona de origen migrante”, ganó las primarias a Bob Pop y dejó durante el proceso una de sus principales promesas electorales: hacer el metro gratuito, como Zohran Mamdani en Nueva York.

El argentino se encuentra ante el reto de sustituir a Colau, a quienes los suyos llegaron a definir como una “hiperlideresa” y a quien costó mucho encontrar relevo. No será una campaña fácil, puesto que se enfrenta con unas encuestas muy desfavorables que muestran el desgaste de dos legislaturas en el poder y de la pérdida de una cabeza de cartel imprescindible como llegó a ser la exalcaldesa.

Será esta la primera carrera electoral de Pisarello como alcaldable, después de diez años como escudero de candidatos de Barcelona, como Colau en 2015, y del Congreso de los Diputados, como Xavier Domènech o Jaume Asens. Aun así, siempre ha conservado tirón mediático y un perfil propio, por ejemplo con una buena conexión con el espacio soberanista catalán. Como número 2 en la lista ya cuenta con la concejal Carol Recio. 

Alamany, ante su gran oportunidad

Elisenda Alamany llegó a ERC en 2019, procedente de los Comuns, como un fichaje para reforzar a unos republicanos que, con Ernest Maragall, aspiraban a alcanzar la alcaldía. Se quedaron a las puertas, pero Alamany se mantuvo como número dos en el Ayuntamiento de Barcelona, nuevamente en las elecciones de 2023, convencida de que la retirada de Maragall le dejaría vía libre para ser candidata. Y esto fue lo que ocurrió pocos meses después. 

Alamany, artífice del pacto de Gobierno frustrado con Collboni, se ha labrado paralelamente la confianza de Oriol Junqueras, que la aupó a la secretaría general del partido. Como líder del grupo parlamentario republicano durante casi todo el mandato, puede sacar pecho de haber llegado a acuerdos con los socialistas para fomentar el catalán en la ciudad e impulsar la rehabilitación de viviendas degradadas. 

El aliado de Feijóo, Aragonès y la duda de Vox

No está confirmado oficialmente, pero nadie duda de que Daniel Sirera será el candidato del PP, como lo fue en 2023. Dentro de un partido que en Catalunya está liderado por Alejandro Fernández, un verso libre que en el pasado se ha enfrentado con Alberto Núñez Feijóo, Sirera es todo lo contrario: el hombre de Feijóo en Barcelona, seleccionado directamente por él para los comicios de hace cuatro años. Su voto fue clave para que Collboni fuera investido alcalde, pero desde entonces se ha desmarcado totalmente del Gobierno municipal. 

El único partido que todavía no ha decidido a su candidato es Vox, que irrumpió en el consistorio barcelonés con Gonzalo de Oro-Pulido como alcaldable. No está nada claro que el edil vaya a repetir, y desde la formación ultra informan que un comité electoral desde Madrid decidirá sobre el candidato barcelonés, como hace con los demás.

Por último, Aliança Catalana, el partido xenófobo liderado por Sílvia Orriols, aspira a entrar con fuerza en el Ayuntamiento de la capital catalana. Lo hará con uno de sus pesos pesados en la formación, su ideólogo Jordi Aragonès.

La formación habría preferido una cara más mediática, pero después rechazos de figuras como el expresidente del Barça Sandro Rosell o el exconseller Jaume Giró, han apostado sobre seguro. Finalmente, le darán una oportunidad al joven de 33 años que, además de ser primo del expresident Pere Aragonès es, junto a Oriol Gès y la propia Orriols, quien tiene la última palabra en todas las decisiones de Aliança.

La posibilidad de que un ciudadano de Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Asturias o Madrid pueda votar en las próximas elecciones generales a una coalición con Gabriel Rufián como líder se aleja. En la misma semana en la que el propio presidente Pedro Sánchez ha abierto la puerta a adelantar los comicios al primer trimestre de 2027, Rufián celebró un acto con Mónica Oltra (Compromís), el primero desde que, hace un mes, abriera la puerta de par en par a ser candidato de una “confluencia” de izquierdas. Pero, lejos de ahondar en esa idea, el dirigente de ERC dio un paso atrás. Y, aunque confirmó que su idea es “liderar” un frente amplio, circunscribió a Catalunya esa alianza que le tendría a él como candidato.

Hace un mes, en Madrid, Rufián insistió en lo que lleva afirmando desde hace meses: que él quiere ser candidato de ERC y que no va a abandonar el partido a menos que lo “echen”. Pero, en ese mismo acto, también afirmó que, si está en posición de “ayudar a que haya una confluencia o una colaboración entre las izquierdas soberanistas y estatales, un espacio de unión para maximizar resultados” en el que él sea “el cabeza de lista, pues p’alante”. Era la primera vez que el dirigente confirmaba expresamente que quería liderar un proyecto que —pese a lo inconcreto de la propuesta— tendría diferentes ramificaciones y formulaciones en toda España. Y, aunque planteó que, en tal caso, sería candidato de ERC por Barcelona, entonces no especificó que su liderazgo fuera a acotarse a Catalunya.

Habida cuenta de la enorme complejidad de su idea, Rufián evitó el pasado mes de mayo concretar cómo debería aterrizarse. “No hay una lista tipo, pero no tiene sentido que haya dos derechas y 14 izquierdas, habrá provincias en las que tendremos que liderar nosotros [ERC y las fuerzas nacionalistas], provincias en las que tengan que liderar ellos [las izquierdas estatales], otras en las que quizá no haya que presentarse...”, se limitó a decir entonces. Este viernes, por el contrario, fue mucho más claro en su acto junto a Oltra y aseguró que lo que él quiere es “liderar en Catalunya” —“¡en Catalunya!”, insistió— “un frente de izquierdas con ERC como fuerza motora”.

Por tanto, la idea de Rufián ya no es la de explorar una fórmula que se referencie en él como candidato para que las izquierdas estatales y territoriales se pongan de acuerdo en un proyecto en toda España. Según lo que expresó este viernes, sus expectativas son las de intentar arrastrar a ERC a un frente amplio en Catalunya, un proyecto que implicaría también a los Comuns, a la CUP y a Podemos. Los primeros, la única de las tres formaciones con una potencia similar a la de ERC, llevan meses viendo con simpatía los planteamientos de Rufián, pero la semana pasada deslizaron que ven inviable el proyecto por el rechazo de la dirección republicana y porque el portavoz, lejos de romper con su partido, les ha remitido a ella para cualquier negociación.

El movimiento de Rufián no implica que este no aspire a que las izquierdas se entiendan en el resto de los territorios de España. Pero sí supone que no será él quien las intente “liderar”, en sus propias palabras del acto del pasado viernes. Sobre el método para alcanzar esos pactos en las provincias en las que exista más de un partido a la izquierda del PSOE, el dirigente volvió a ser igual de ambiguo que en los últimos meses, aunque en esta ocasión sí planteó la necesidad de organizar unas “primarias” —de las que no ofreció ningún tipo de detalle— para escoger las listas de esa eventual lista conjunta. “Votemos y aglutinémonos en torno al mejor”, sostuvo.

Al definir su propuesta, Rufián comienza a asumir plenamente las tesis del líder del sector más izquierdista de ERC, el liderado por su mentor político, Joan Tardà, que desde hace meses se ha mostrado de acuerdo con las reivindicaciones del portavoz pero ha acotado con mucha mayor claridad que él que el rol de los republicanos debía circunscribirse a Catalunya. En un artículo de opinión publicado el mes pasado en El Periódico, Tardà abrazaba expresamente la idea de una coalición con los Comuns y la CUP “tanto para las elecciones generales de 2027 como para las del Parlament del año siguiente”, y se limitaba a asegurar que ese pacto podría tener un “efecto espejo” para que “en el resto del Estado también se conformara un Frente de Izquierdas español”.

ERC también rechaza esa vía

En cualquier caso, la cúpula de ERC insiste en lo que llevan meses planteando tanto en público como en privado: que el partido no tiene ninguna intención de explorar un frente amplio, ni dentro de Catalunya ni mucho menos fuera. ERC, afirman fuentes de la dirección, ya tiene por sí sola vocación de ser un frente amplio e inclusivo, y no renuncia “a integrar, incorporar e incluir a quien quiera venir”, en palabras de un dirigente. Traducido: la formación únicamente se plantea acuerdos para absorber otras formaciones dentro de las listas de ERC, al estilo de lo que han hecho en otras elecciones con pequeños partidos como Comunistes. Ese formato es completamente inasumible para los Comuns y la CUP.

De fondo, además, subyace una diferencia de concepción entre los partidarios del frente amplio y sus detractores sobre qué es y qué debe ser ERC. Rufián y los suyos han llamado a un acuerdo entre las formaciones de izquierda alternativa, y el propio Tardà, la voz con mayor poso de esa corriente dentro de la formación republicana, ha propuesto expresamente reunir en una sola candidatura “a toda la izquierda situada más allá del PSC”. Pero el sector de ERC que ahora mismo lidera el partido considera que no es ni debe ser una formación a la izquierda del PSOE —un espacio que creen mucho menos fértil—, sino una organización que ocupe en el campo independentista las posiciones socialdemócratas que, entre las formaciones no independentistas, representa el PSC.

La dirección de ERC, además, tampoco tiene intención de satisfacer la otra exigencia de Rufián: la de tener mando en plaza para definir las posiciones del partido en Madrid y para elegir a los integrantes de la lista republicana a las elecciones generales. Pese al mal ambiente que existe en el grupo parlamentario de ERC en el Congreso, con varios diputados enfrentados al portavoz, fuentes de la cúpula republicana recuerdan que las listas en el partido se escogen a través de las asambleas de la formación y con el beneplácito de la cúpula. La opinión de Rufián será una de las que se escuchen en estas negociaciones internas, aseguran estas fuentes, pero en ningún caso se le permitirá diseñar la candidatura.

El debate político, alentado sobre todo por partidos de extrema derecha —aunque no solo—, sobre los requisitos de acceso de los inmigrantes a los servicios públicos ha llegado desde hace un tiempo a las Viviendas de Protección Oficial (VPO). En plena crisis de acceso al mercado inmobiliario, partidos como Vox y PP, en España, y Junts y Aliança Catalana, en Catalunya, cada uno con sus matices, proponen exigir más años de padrón a la hora de optar a uno de estos pisos. 

Es lo que Vox ha denominado “prioridad nacional” en sus pactos con el PP en Aragón o Extremadura. Pero, ¿qué peso tienen los extranjeros en la concesión de vivienda pública? En Catalunya, con los datos del Departamento de Territorio de la Generalitat en la mano, su peso dentro del conjunto de beneficiados por las adjudicaciones de viviendas de protección es inferior al que representan por población. 

De las 4.890 viviendas de esta tipología que se visaron en Catalunya en 2024, 688 fueron para extranjeros, lo que supone el 14,1% del total, un porcentaje por debajo del que representa la población migrante en la comunidad autónoma: actualmente son el 18%. “Hay una infrarrepresentación de la población migrante”, señala Albert Sales, investigador en políticas sociales y vivienda en el Institut Metròpoli. “Además, es más acusada si tenemos en cuenta que la población extranjera tiene una situación residencial sensiblemente peor”, añade.

En este sentido, la edad también ayuda a calibrar el acceso de la población migrante a la vivienda de protección oficial. Si se observa la franja entre 25 y 49 años, la más habitual para optar a pisos públicos de compra o alquiler, el peso relativo de los extranjeros se reduce aún más. Ese 14% de adjudicatarios inmigrantes de vivienda de protección en 2024 queda lejos del porcentaje que ocupa realmente este colectivo en la franja de edad mencionada: son el 28%.

Por qué acceden menos a la VPO los extranjeros que los autóctonos puede tener varias explicaciones. Sales apunta a algunas: por ejemplo, que no solo existen topes de ingresos máximos para entrar en el registro de solicitantes, sino también mínimos, para garantizar su pago (la vivienda de protección no está pensada para hogares en situación de pobreza). Otra explicación puede ser el menor conocimiento de los circuitos administrativos por parte de los extranjeros. 

Sea como sea, el debate sobre la prioridad de los autóctonos hace meses que existe en Catalunya, aunque no lo ha liderado Vox. Ha sido Junts quien ha puesto sobre la mesa la necesidad de aumentar los años que se exigen de padrón para poder optar a VPO, alegando que hay que premiar el arraigo. La demanda surgió desde uno de los municipios gobernados por esta formación, en Sant Cugat del Vallès, y se extendió a otras localidades y al Parlament, con la propuesta de excluir a quienes lleven menos de diez años de residencia en el municipio. 

Actualmente, de acuerdo con la Ley autonómica de Vivienda de 2007, las administraciones locales no pueden exigir más de tres años de padrón para acceder a la VPO. Algunas, como Barcelona, suelen pedir un año.

La propuesta de ampliarlo a 10 años, medida ya vigente en otras comunidades autónomas, se llegó a votar en el Parlament en octubre, pero fue rechazada, puesto que solo cosechó los votos de PP y Vox, y Aliança se abstuvo. De hecho, el partido que lidera Silvia Orriols, más beligerante, pide hasta 18 años de padrón. 

En un programa de TVE, la diputada xenófoba llegó a criticar el proyecto de construcción de vivienda pública del Govern al considerar que beneficiará a extranjeros. “La solución no puede ser construir 100.000 pisos con dinero de los contribuyentes catalanes para acabar otorgándolos a familias recién llegadas que pueden acreditar más hijos y menos ingresos”, afirmó. Los autóctonos, dijo, deben tener “preferencia”.

Los datos recabados por elDiario.es, a partir de los visados de VPO concedidos en los dos últimos años en Catalunya, también permiten detallar cómo se reparten en los 15 municipios con mayor población. En algunos, el peso de los extranjeros en las adjudicaciones es superior al que representan dentro del municipio; en la mayoría, sin embargo, es al contrario.

Pero si se compara con la franja de edad de 25 a 50 años, en todas las ciudades salvo una (Sant Cugat del Vallès) los inmigrantes acceden menos a estas viviendas de lo que les tocaría. 

Las diferencias más notables, si se tiene en cuenta esa franja de edad, están en L'Hospitalet de Llobregat (12,2% de beneficiados extranjeros, por un 40% de peso en el municipio); Mataró (4,2% frente a un 26%) o Cornellà de Llobregat (8% frente a 29%). Por contra, las más equilibradas son Sant Cugat (22,5% frente a 22,6%), Rubí (17,3% frente a 22,2%) o Tarragona (24,6% por 31,6%).

El caso de Noelia, la joven con paraplejia a la que se le privó de su derecho a una muerte digna durante casi 20 meses, ha hecho que la mayoría de los partidos catalanes impulsen una modificación legal para evitar que un episodio así pueda repetirse. La reforma cuenta con el aval de la mayoría del Govern, pero no de su conjunto, ya que el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha optado por no participar en la votación de la proposición este miércoles en el Parlament, igual que el otro diputado de la formación democristiana Units per Avançar.

La Cámara catalana hacía uso de su iniciativa legislativa para llevar al Congreso una propuesta de modificación de la ley de Eutanasia. El objetivo es acortar al máximo el periodo que un recurso judicial puede paralizar el acceso a la muerte digna de una persona que lo solicite y que cuente con el aval de la Comisión de Garantías y Evaluación de la eutanasia.

La propuesta indica algunos plazos máximos, dejando en un mes el tiempo para que un tribunal resuelva un recurso contra la aplicación de una eutanasia. Y concentra en la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia cualquier apelación que se formule, evitando la incierta travesía por las instancias judiciales que debió recorrer el caso de Noelia.

Además, una vez la decisión judicial sea firme, el recurso de amparo llegaría directamente a las manos del Constitucional, que tendría la última palabra. El objetivo es que haya un itinerario judicial claro y acotado en el tiempo, entendiendo que los casos que se examinan no deben ser innecesariamente alargados.

La modificación no entra en los supuestos en los que puede presentarse un recurso ni en quién puede hacerlo, materias que están a la espera de jurisprudencia del Supremo. La actual ley de Eutanasia no dice nada sobre quien puede recurrir el caso de una concesión de la muerte digna, un vacío legal que el padre de Noelia aprovechó para alargar los plazos y mantener a la joven con una vida que no deseaba.

La proposición, que ha sido votada por la vía rápida en el Parlament, partió de los grupos de PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP. Finalmente, también Aliança Catalana ha defendido el texto. Solo Vox y PP se han posicionado en contra, junto a los votos que no se han emitido de Ramón Espadaler y Guillem Mateo, los dos diputados de Units que forman grupo junto a los socialistas.

En su turno de intervención, la diputada del PSC Sara Jaurrieta ha destacado la importancia de que cinco formaciones se hayan puesto de acuerdo en la Cámara catalana para sacar adelante esta norma y ha cargado contra quienes se oponen. “Cada vez que se escuchan argumentos que dicen que las personas no tengan capacidad cognitiva de decidir, como han hecho hoy el PP y Vox, se está menospreciando la voluntad individual de las personas”, ha dicho la socialista, que ha defendido que, sobre la eutanasia, “la última palabra le pertenece a quién en libertad ha expresado su deseo”.

Espadaler, conseller de Justicia del Govern de Illa y miembro de la formación democristiana, justificó su voto contrario a la toma en consideración de esta norma remarcando su rechazo a la eutanasia. PSC y Units (herederos de Unió) son dos formaciones diferentes que mantienen una alianza electoral y forman parte del mismo grupo pese a que tienen un acuerdo que permite a los democristianos desmarcarse en votaciones como esta.

El Partido Socialista de Catalunya (PSC) vive momentos convulsos en Ripoll, zona cero del poder territorial de la Aliança Catalana. Y la razón de esta crisis no es otra que la relación entre los socialistas y la alcaldesa ultra, Sílvia Orriols, después de que la semana pasada los dos concejales socialistas optaran por abstenerse para dejar pasar las primeras cuentas del gobierno municipal de extrema derecha.

Tras esa decisión, que la dirección socialista no tardó en censurar, el PSC decidió el lunes por la noche cesar a sus dos concejales. Lo que no se esperaba era que esa expulsión acabara en rebelión de toda la agrupación ripollense, que el partido ha acabado disolviendo y nombrando una gestora.

En un comunicado trasladado este martes, la formación explicó que había tomado la decisión de cesar a los concejales tras reunir a miembros de la ejecutiva nacional con la federación de comarcas de Girona y miembros del grupo municipal. Las actas de ambos concejales debían ser asumidas, según indicó entonces el partido, por otros miembros de la lista del PSC.

Pero los dos ediles cesados replicaron que esta decisión fue tomada “de forma unilateral” por la dirección nacional del PSC“ e insistieron en que no hubo ninguna reunión para abordar el tema. ”Ni ayer por la tarde ni en el momento en que hemos tenido conocimiento de esta decisión por los medios de comunicación. Ni se nos ha trasladado ninguna comunicación formal al respecto“, apuntaron ambos concejales en un comunicado.

En el mismo texto, añadieron que ninguno de sus compañeros de lista quiere tomarles el relevo y aseguraron que la formación local “no comparte en ningún caso esta decisión y está en absoluto desacuerdo”. Los dos ediles afearon al PSC que se “nadie del partido se ha acercado presencialmente a trasladar la petición de dimisión”, con lo que consideraron que se han visto forzados a hacerlo. “A pesar de eso, y con la información conocida, hemos actuado con responsabilidad y hemos formalizado la renuncia”, manifestaron.

Ambos concejales ya pusieron sus cargos a disposición del partido tras la abstención. En un comunicado, los concejales admitieron el “error” de haberse abstenido y afirmaron que su proyecto estaba en las “antípodas” de los valores que defiende Orriols. Lo publicaron después de haber sido reprobados de la Federación del PSC de Girona, que pidió actuar “en consecuencia”.

“Es un voto que se adoptó con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll”, añadieron en el comunicado. “Aun así, no se tuvo suficientemente en cuenta que el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha es superior a aquella intención inicial”, añadieron.

Orriols logró aprobar sus primeras cuentas en pleno de este mandato tras activar su voto de calidad para desempatar la votación: la alcaldesa de Aliança Catalana tenía 7 votos favorables y 7 en contra (Junts, ERC y CUP). Los socialistas, con su abstención, permitieron que salieran adelante las cuentas.

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, defendió que la dimisión anunciada este martes de los dos concejales socialistas de Ripoll responde a una “asunción de responsabilidades” tras una reunión de “madurez política”.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por la agencia ACN, Moret subrayó que Enric Pérez y Anna-Belén Avilés “dejan su responsabilidad institucional” después de haber puesto sus cargos a disposición del partido, y remarcó que el PSC mantiene que “nunca” pactará con fuerzas que, según ha dicho, no defienden “los valores democráticos y de la convivencia”, en referencia a Aliança Catalana y Vox.

La renuncia de estos dos concelajes del PSC se suma a la cascada de dimisiones que ha habido entre los partidos de la oposición: a menos de un año de las elecciones municipales, ya son 7 de los 11 ediles los que han dimitido.

Los primeros fueron los de Junts, formación que ha renovado completamente su grupo local después de la fallida moción de censura contra la alcaldesa ultra. Durante las negociaciones de dicha moción, también presentó su dimisión uno de los concejales de la CUP. Poco después, ERC también tuvo que despedirse de los dos primeros nombres de su lista.

Con todo, los únicos ediles electos que continúan en el consistorio son dos de ERC -habiendo uno de ellos que renunciará a final de mandato-, otro de la CUP y Joaquim Colomer, que lidera una lista independiente. Por contra, los seis concejales de Aliança Catalana, todos con cargos de gobierno, se han mantenido intactos.

La Justicia ha imputado a un concejal del PSC en Granollers por el taller dentro de las fiestas de la localidad en el que se simulaban acciones contra la policía, entre ellos lanzamiento de falsos cócteles molotov. El Juzgado de Instrucción nº 3 del Tribunal de Instancia de Granollers ha citado como investigados al edil, Martí Pujadas, y a tres miembros del colectivo de los Blaus, organizadores de la actividad.

Pujadas, que por entonces era concejal de Cultura y actualmente ocupa la cartera de Hacienda, deberá declarar el 5 de mayo por un presunto delito de injurias, según ha adelantado la Cadena Ser. Además, según la Fiscalía, también podría tratarse de un caso de provocación de desórdenes públicos agravados. 

El taller satírico Técnicas aplicadas de guerrilla urbana, que incluía tirar falsos cócteles molotov a muñecos que representaban a agentes de policía, desató la polémica en plenas fiestas de Granollers en agosto de 2024. 

A raíz de la denuncia de varios sindicatos policiales, la Fiscalía de Menores abrió diligencias preprocesales al considerar el taller como “una actividad que presenta indicios posiblemente delictivos dentro del ámbito penal”.

En un principio, el juez archivó la causa de forma provisional, pero la Fiscalía recurrió recurrió la decisión y pidió que se investigara al concejal y a los tres miembros de la organización Blaus. Como resultado de ese recurso, la Audiencia de Barcelona acordó reabrir la causa y practicar las pruebas solicitadas por el ministerio público.

Fuentes municipales consultadas por la ACN recuerdan que, cuando estalló la polémica por el taller, la alcaldesa Alba Barnusell ya expuso que “se trataba de un acto desafortunado y aislado”. “Esta postura sigue siendo la misma”, recalcan las mismas fuentes, que añaden que el concejal “dará todas las explicaciones pertinentes” el día que debe declarar ante el juez.

Al mismo tiempo, desde el consistorio señalan que el modelo de la Fiesta Mayor de Granollers “debe entenderse desde su singularidad y personalidad”. Recuerdan que la rivalidad entre los colectivos Blancs y Blaus se remonta a 1983, con un modelo que “se ha consolidado y cuenta con el cariño de la gente de la ciudad que la hace posible”.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado este sábado los acuerdos “con los que hacen apología de la intolerancia y la división” después de que los dos ediles del PSC en Ripoll (Girona) facilitaran, con su abstención, la aprobación de los presupuestos de la ultraderechista Sílvia Orriols, alcaldesa de la localidad.

Sin hacer mención explicita a lo ocurrido en Ripoll, Illa ha dedicado parte de su intervención en el consejo nacional del PSC de este sábado a criticar a la extrema derecha “que pone en riesgo al mundo”, en especial los líderes de EE.UU. e Israel, Donald Trump y Benjamin Netanyahu.

Según Illa, ambos mandatarios “no es que simplifiquen la realidad; es que mienten directamente”. Sus gobiernos, ha recordado el president, “empobrecen, dividen y enfrontan a la ciudadanía”, algo que ha rechazado con contundencia.

“A los socialistas siempre nos encontrarán en el diálogo y los acuerdos para fortalecer la convivencia y la unidad de Catalunya, y nunca en acuerdos con los que hacen apología de la intolerancia y la división”, ha aseverado el president y primer secretario del PSC.

Los dos concejales del PSC en el Ayuntamiento de Ripoll, Enric Pérez y Anna Belén Avilés, pusieron este viernes sus cargos a disposición del partido tras asumir como “error” la abstención de ambos en el pleno que facilitó la aprobación de los presupuestos a la alcaldesa de la localidad, la líder de la formación de ultraderecha independentista Aliança Catalana, Sílvia Orriols.

A través de un comunicado, el grupo municipal socialista de Ripoll explicó que comparte el criterio de la dirección de la Federación del PSC de las comarcas de Girona, que expresó su “desacuerdo absoluto” con el sentido de la votación que permitió que el partido ultraderechista sacara adelante las cuentas. La decisión de los dos ediles también dejó a contrapie a Illa, que no duda en confrontar con Orriols durante los debates en el Parlament.

Illa ha recordado la socialista Carme Chacón y su deseo de hacer de España y Catalunya “agentes en favor de la paz”. “Sí a la paz, no a la guerra”, ha sentenciado entre aplausos. Illa también ha apoyado la petición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de suspender los acuerdos de Europa con Israel: “No se hacen transacciones con los valores ni se tiene una doble vara de medir con los valores”. “Hoy ser progresista se ha convertido en una urgencia moral”, ha sentenciado el president.

La alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha conseguido aprobar los presupuestos de 2026 en su localidad gracias a la abstención del PSC y tras romper un empate con su voto de calidad como edil. Las cuentas ripollesas han salido adelante con los siete votos a favor de Aliança Catalana y Som-hi Ripoll, y siete en contra de Junts, ERC y CUP. Ante la abstención socialista, que dejaba el empate, Orriols ha hecho valer su voto de calidad.

Orriols ha agradecido la “responsabilidad” de los partidos de la oposición que, por primera vez en este mandato, han facilitado que el gobierno en minoría apruebe por pleno unos presupuestos. El año pasado se aprobaron de forma automática tras fracasar la moción de censura con la retirada de Junts, y la anterior tuvieron que prorrogarse. La aprobación se produjo in extremis, a cinco minutos de que acabara el pleno este jueves.

Orriols había apelado a la responsabilidad pidiendo la abstención de la oposición para hacerlo posible, consciente de que los números eran muy justos, después de que Junts ya anunciara hace unos días su voto contrario. Este presupuesto, dotado con 15 millones de euros, es –según el gobierno local– “continuista” y mantiene la apuesta estratégica por la seguridad, la cultura popular y la limpieza, aunque Orriols no detalló las partidas de cada ámbito y hizo énfasis en seguir la política de “contención” de gasto.

En este pleno, también se ha roto por primera vez el bloque unitario del 'no' de la oposición. El concejal de Som-hi Ripoll, Joaquim Colomer, ha sido el único que ha votado a favor, valorando las negociaciones que han permitido incluir algunas de sus propuestas, como mejorar la partida del alumbrado y la de los parques infantiles. “No es nuestro presupuesto, es poco soñador y algo pequeño”, ha afirmado, pero “a diferencia de otros años” ha habido una voluntad de escucha y entendimiento que ha permitido llegar a “muchos acuerdos”.

Polémica dentro del PSC

El PSC, con dos ediles, ha sido el único que se ha abstenido. Su portavoz, Enric Pérez, ha sido muy crítico. Al equipo de gobierno les ha reprochado una carencia de voluntad real para llegar a acuerdos con propuestas que los han hecho. Son unos presupuestos, ha afirmado, con falta de “ambición” y que “no dan respuesta a lo que Ripoll necesita”, como mejoras en los barrios, vivienda o más propuestas para los jóvenes. Sin embargo, ha explicado su abstención por quere seguir trabajando para incorporar mejoras y porque no quieren repetir la situación de tener que ir a una cuestión de confianza y “hacer perder el tiempo”.

La decisión del grupo municipal ha sido censurada por la dirección provincial del partido que, en un comunicado, ha manifiestado su “desacuerdo absoluto”. “Esta decisión no cuenta con el aval ni el conocimiento previo de esta federación”, aseguran en el texto. Por este motivo, la ejecutiva del partido en las comarcas gerundenses ha citado “de manera inmediata” a los concejales del grupo municipal para “exigir explicaciones y actuar en consecuencia”.

Poco después, los dos ediles socialistas han emitido un comunicado en el que aseguran “admitir el error” de haber facilitado la aprobación de las cuentas. También han puesto su cargo a disposición del partido. “Es un voto que se adoptó con el propósito de evitar un nuevo circo político y mediático en Ripoll. Sin embargo, no se tuvo suficientemente en cuenta que el principio fundamental de evitar cualquier colaboración con la extrema derecha es superior a esa intención inicial”, afirman en el comunicado.

El portavoz de Junts, Ferran Raigón, ha reiterado que las cuentas de Aliança no eran realistas. “No haremos el tonto, como sería pactar unas propuestas que son papel mojado porque, si tenemos que devolver casi 3 millones de euros (el importe de la subvención del fondo europeo más la penalización por rehabilitar el edificio de la Nau del Pla) no podrá cumplir las propuestas prometidas”, ha dicho.

Pero la alcaldesa le ha respondido que aún no lo dan por perdido y que, en el peor de los casos, hay recursos para afrontarlo. Entre otras cosas, porque se ha cerrado el ejercicio de 2025 con un remanente positivo de más de 967.000 euros. Un ahorro, según ha dicho, que permitirá realizar inversiones por valor de 404.000 euros.

Por su parte, ERC se ha quejado de que las propuestas que han hecho no han quedado recogidas en los presupuestos y que, “por coherencia”, debían votar en contra. La republicana Chantal Pérez ha admitido que, con la abstención del PSC, se evitó tener que entrar en el “circo mediático” de hace un año, cuando la moción de confianza no prosperó y, por tanto, creían que era “coherente” mantener el 'no'. Y ha añadido, “no entendemos que Junts no vote a favor o se abstenga, porque ellos sí que han votado a favor de la mayoría de cosas de Aliança en este pleno”. Y por último, el portavoz de Alternativa por Ripoll, Jordi Hostench, ha expuesto su 'no' por la falta de afinidad de sus políticas hacia las de Aliança.

Sonriamos. La mayoría de grandes ciudades francesas serán gobernadas por la izquierda. Meloni ha sido derrotada en su plebiscito. Millones de estadounidenses acaban de llenar las calles contra Trump. Orban puede estar viviendo sus últimos momentos en el poder. Puñales en Vox. Sudores fríos en Génova.

Se puede vencer a la ola reaccionaria. Se debe y se puede.

No significa que sea fácil. El neoliberalismo desató su ofensiva contra el carácter social del Estado, imponiendo un dogma económico ambiental y socialmente destructivo. La ola reaccionaria actual, promovida por los ultrarricos, pretende deshacerse también de toda formalidad democrática, para consumar una toma total del poder.

Pese a años de tejer estrategias, pese a la coordinación y apoyo entre los miembros de la internacional reaccionaria y pese a la colonización mental del algoritmo, aún no han logrado todos sus objetivos.

Precisamente, en lo descarnado, virulento y acelerado de su proyecto se halla la clave para derrotarlo. Vemos a lo que nos lleva. Un mundo en llamas. Genocidio televisado. Guerra. Imperialismo voraz.

Miles y miles de vidas segadas mientras los responsables sueltan frivolidades en redes y en televisión. Millones de personas desplazadas. Luego las criminalizarán si llegan aquí huyendo de las bombas.

Consecuencias económicas nefastas, poniendo el mundo al borde de la coincidencia de varias crisis simultáneas. Luego acusarán de ellas a quienes despliegan un escudo social para proteger a la ciudadanía, mientras son incapaces de criticar a quienes causan estos males.

Su receta la conocemos. Apuntan sus cañones contra los derechos y conquistas sociales. Ya lo hicieron en la Gran Recesión. Véase hoy la reforma laboral de Milei, alumno aventajado de esta combinación grotesca de servilismo, estulticia y maldad que se ha puesto de moda entre los émulos de Trump —también entre los geográficamente más cercanos.

Azuzan el odio. Contra los progres y contra los sindicatos. Contra el feminismo —léase contra las mujeres— y contra la ciencia. Contra las personas LGTBI y contra las personas migrantes. Para dividirnos. Para poder laminar derechos más fácilmente. Para distraernos del carácter vertical del conflicto.

Han hablado como si lo hicieran en nombre del ciudadano común y corriente. Sin embargo, su proyecto es tratar de realizar el deseo del gran capital. Opresión, dominación y explotación es todo lo que ofrecen, aunque lo disfracen.

Pero nos hemos dado cuenta. Su apariencia ya no es invencible. Su victoria ya no parece inexorable. Nos estamos movilizando por doquier. Hay que pasar de la actitud de resistencia a la moral de victoria. De defender las conquistas a lograr otras nuevas para las mayorías sociales, que es mucho lo que hay que avanzar todavía.

Cada espacio tiene que hacer sus deberes. Los próximos 17 y 18 de abril se darán cita en Barcelona centenares de organizaciones políticas, sociales y sindicales progresistas de todo el mundo, en la Global Progressive Mobilization auspiciada por Pedro Sánchez. Unidos y organizados, sin miedo. Es un paso. No paremos. Demos más.