Lluvia de beneficios y de dividendos para Iberdrola. La mayor eléctrica española, registró un beneficio neto de 6.285 millones de euros en 2025, un 12 % más que el año anterior, con lo que la empresa firma un ejercicio récord en el año del gran apagón.

La cifra de negocios de la primera 'utility' de Europa por capitalización bursátil alcanzó en 2025 los 45.546,8 millones de euros, con un aumento del 1,8% frente a 2024. Y destinó a inversiones 14.460 millones de euros a inversiones, incluyendo la adquisición del 30,3% de la participación de Previ en Neoenergia por importe de 1.897 millones de euros.

Según la información enviada este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el resultado bruto de explotación (Ebitda) reportado se situó en los 16.592,4 millones de euros, con una caída del 1,5%. Excluyendo la plusvalía por la venta de contadores inteligentes en Reino Unido y las del negocio en México en 2024, y el reconocimiento de costes pasados en Estados Unidos, el Ebitda ajustado de 2025 alcanzó los 15.684,4 millones de euros, un 3,1% superior a 2024, gracias al buen desempeño en el negocio de redes.

En concreto, el Ebitda ajustado de Redes creció un 21% gracias a la mayor base de activos regulados, la consolidación de la británica ENW y los ajustes positivos de los marcos regulatorios en Estados Unidos y Brasil, además de la mayor contribución de Iberia.

En cuanto a las inversiones, se situaron en esos 14.460 millones de euros, dos tercios del total correspondieron al negocio de Redes, alcanzando los 8.975 millones de euros –incluyendo ENW– y la base de activos regulados aumentó un 12% hasta los casi 51.000 millones de euros.

Por su parte, las inversiones en el negocio Renovable se situaron en los 5.260 millones de euros, con la instalación, en últimos doce meses, de más de 2.700 megavatios (MW) renovables.

Protesta por los salarios

Iberdrola, que lidera Ignacio Sánchez-Galán, volverá a elevar el dividendo para ‘premiar’ a sus accionistas por la buena marcha de los negocios y lo disparará también un 12%, hasta un total de 0,68 euros por acción, que se traducirá en el reparto de 4.500 millones de euros.

Por otro lado, CCOO, UGT y ELA han convocado a los casi 10.000 empleados asalariados de Iberdrola en España a manifestarse este sábado 28 de febrero en Madrid, según informa El Salto. Se trata de una convocatoria que recoge el impulso que el pasado julio se inició con una huelga, la primera en la historia de la empresa que este 2026 cumple 125 años. Una lucha que empezó en 2015, cuando el poder adquisitivo de los empleados empezó a disminuir, según los sindicatos. 

Iberdrola ha anunciado este miércoles que invertirá 58.000 millones de euros, un 30% más, hasta 2028, en el marco de la actualización de su Plan Estratégico hasta 2028, con el 65% de la inversión centrada en Reino Unido, principal destino (20.000 millones, 35% del total), y Estados Unidos (16.000 millones: el 30%) y el negocio regulado de las redes eléctricas como prioridad. El programa prevé “15.000 nuevas incorporaciones” a la plantilla de la multinacional.

Iberdrola prevé destinar el 65% de esta inversión a redes eléctricas reguladas, con rentabilidades garantizadas por las distintas administraciones. El 85% del total irá “a países con rating A con marcos regulatorios estables, predecibles y atractivos”. El objetivo es que el 75% del beneficio bruto operativo (Ebitda) sea “independiente” de los precios de la energía, a la baja por el boom de las renovables.

El presidente ejecutivo de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha justificado esta apuesta por las redes en que “nadie duda de que las renovables ofrecen una solución energética”, pero son una fuente distribuida, y hay que “trasladar” esa energía a los centros de consumo cuando muchas redes “se diseñaron hace cien años” y requieren de ingentes inversiones para digitalizarlas.

El grupo con sede en Bilbao mantiene su apuesta por Estados Unidos, aunque deja de ser su primer destino inversor, tras sus avisos sobre la incertidumbre regulatoria que supone el regreso de Donald Trump, que está intentando bloquear los megaproyectos eólicos de Iberdrola en la costa de Massachusetts. De los 16.000 milllones de inversión previstos para este país hasta 2028, 12.000 millones irán a redes y 4.000 millones, al área de generación y clientes.

El programa contempla 9.000 millones de inversión en la Península Ibérica (15% del total), 7.000 millones en Brasil (12%) y 5.000 millones para otros países de la UE y Australia. Más del 70% de la inversión se destinará al crecimiento.

El plan que presenta este miércoles en Londres la segunda utility de Europa por capitalización bursátil “transforma el perfil de Iberdrola hacia una empresa más regulada y más centrada en el Reino Unido y los Estados Unidos”, indica el grupo en una nota. “El objetivo es impulsar el crecimiento con más estabilidad, predictibilidad, rentabilidad y seguridad”.

La inversión en redes va a crecer un 50% respecto a los últimos cuatro años, hasta 37.000 millones. La actividad de Distribución va a recibir 25.000 millones “para alcanzar una base de activos de 50.000 millones en 2028”, el doble que en 2020. Otros 12.000 millones irán para el Transporte (el 95% en Reino Unido y Estados Unidos), para alcanzar una base de activos de 20.000 millones al final del plan, frente a los 6.000 millones de 2020.

De esos 37.000 millones en redes, el 70% irá a parar a Reino Unido (38% del total) y Estados Unidos (32%), un 18% irá a Brasil y el 12%, a España. En distribución, un “pequeño” porcentaje, 4.000 millones, será para España, ha indicado a los analistas el nuevo consejero delegado de Iberdrola, Pedro Azagra, que no obstante ha advertido de que esta inversión “podría variar más o menos en 1.000 millones en función de las condiciones finales aprobadas” por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para esta actividad.

“Si las condiciones no son buenas, nos iríamos a otros países”, ha dicho luego Galán, que ha confiado en que el regulador “tome nota” de cuál es la política de redes que está “intentado crear” el Gobierno español. A finales del año pasado el Ministerio para la Transición Ecológica dio unas inusuales directrices a Competencia sobre cuál debe ser la tasa de retribución financiera de las distribuidoras. La CNMC ha propuesto elevarla este verano al 6,46%, cifra que el sector considera insuficiente.

Muy “conservador”, en palabras de Azagra, va a ser el perfil de Iberdrola en generación para los próximos años. El grupo prevé destinar 21.000 millones al área de Renovables y Clientes, “el 75% en proyectos ya en construcción”. Un 38% se dedicará a eólica marina (donde tiene en la actualidad cinco proyectos en marcha), un 24% a eólica terrestre, un 10% a solar fotovoltaica y el 10% a almacenamiento.

En España, el área de generación de clientes recibirá 5.000 millones, de los que el 60% irá a generación renovable, de forma que la capacidad instalada al final del periodo en nuestro país será de 32.300 megavatios (MW), un aumento de 500 MW respecto a 2024.

El plan no contempla cambios en el calendario de cierre de la central nuclear pactado en 2019, que contempla la clausura de los reactores de la central de Almaraz en 2027 y 2028, “según el protocolo firmado” con el Gobierno, que en los últimos meses el sector ha pedido revisar.

Preguntado por los analistas, Galán ha descartado embarcarse en la construcción de nuevas centrales nucleares pero ha insistido en que “lo realista” es alargar la vida de los reactores, como están haciendo “muchos países”, con “un coste adicional pequeño”, para “producir energía de manera segura y competitiva”.

7.600 millones de beneficio

La mayor eléctrica española prevé un crecimiento de la demanda eléctrica en España del 2,1% en el periodo 2024-2028, el mismo que en Reino Unido y por debajo de los de EEUU (2,4%) y Brasil (3,4%). Galán ha dicho a los analistas que “en la mayoría de los países” la demanda latente por la electrificación y nuevos usos como los centros de datos es “enorme”. Ha puesto el ejemplo de España, donde hay una demanda “latente” de 60.000 megavatios (MW) que quieren conectarse a la red. Aunque, ha admitido, la mitad tiene un componente “especulativo”, hay unos 30.000 MW sobre los que el ejecutivo se ha dicho “optimista” de que puedan tener acceso en el enorme atasco de peticiones a la red.

La multinacional espera alcanzar un beneficio neto ajustado de 7.600 millones en 2028, con un incremento de 2.000 millones respecto a 2024, y repartir “cerca de 20.000 millones en dividendos entre 2025 y 2028”. La remuneración al accionista “seguirá creciendo en línea con los resultados” y “se destinará a dividendos entre el 65% y el 75% del beneficio por acción, con un mínimo de 0,64 euros por acción”. Objetivos que Galán ha confiado en poder “superar”.

La multinacional quiere mantener una “sólida posición financiera” alineada con un rating “BBB+” y prevé una generación de 52.000 millones de euros de flujo de caja en el período, impulsada por las nuevas inversiones, con una deuda neta que pasaría de los 52.000 millones de 2024 a 64.000 millones en 2028 y una ratio de apalancamiento que se situaría en el 47% en 2028, frente al 45,4% de 2024. También contempla 13.000 millones en ingresos por rotación de activos y alianzas, de los que ha completado el 75%.

De cara a 2028, y desde el punto de vista de las perspectivas macroeconómicas, Iberdrola considera que “la incertidumbre comercial persiste a pesar de los acuerdos recientes” y advierte de que “el aumento de los déficits fiscales podría provocar una inflación persistente, menor crecimiento y tipos de interés más altos”. El escenario que anticipa es el de tipos de interés en aumento para los próximos años, que en Europa se explicaría por la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas y el mayor gasto en defensa.

A más largo plazo, desde 2029 hasta 2031, el grupo anticipa unas inversiones de más de 45.000 millones, lo que elevaría la inversión hasta ese año a unos 103.000 millones, con el objetivo de seguir incrementando los resultados en al menos un dígito medio/alto y seguir elevando los beneficios sin perder la solidez financiera.

El consejo de administración de Iberdrola ha nombrado a Pedro Azagra nuevo consejero delegado en sustitución de Armando Martínez, según ha informado este martes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El relevo llega en un momento de tensión con el Gobierno a cuenta de la crisis abierta por el apagón y coincide con el anuncio de que distribuirá un dividendo mínimo de 0,404 euros por acción en el mes de julio, en concepto de dividendo complementario con cargo a los resultados de 2024.

Azagra, que desempeñaba hasta la fecha el cargo de consejero delegado de Avangrid, la filial del grupo en Estados Unidos, ha sido nombrado también consejero de la compañía, con la calificación de ejecutivo, por el procedimiento de cooptación y por el plazo que resta hasta que se reúna la junta general de accionistas, para cubrir la vacante de Martínez.

El 'número dos' de Iberdrola será miembro de la comisión ejecutiva delegada de la sociedad al haber sido designado consejero delegado y vocal de dicha comisión. Este martes, El Confidencial avanzaba que el presidente de la eléctrica, Ignacio Galán, preparaba cambios en la cúpula del Grupo ante la salida a corto plazo de varios históricos de la compañía y el nuevo plan estratégico 2024-2026, que presentará ante los inversores en septiembre.

Este cambio en la cúpula se produce una semana después de que el Gobierno emitiese el informe sobre el histórico apagón del pasado 28 de abril y que señalaba a “una combinación de factores” como detonante de la crisis energética, que tuvo su origen, según desveló en exclusiva elDiario.es, en la megaplanta Núñez de Balboa de Iberdrola en Badajoz. Aelec, la patronal de Endesa e Iberdrola, ha emitió su propio informe en el que “achaca una mala planificación” de las energia convencionales, las de ciclo combinado, hidroeléctrica y nuclear a Red Eléctrica.

Armando Martínez fue el primer consejero delegado nombrado por Ignacio Sánchez Galán, en lo que supuso la separación de funciones que algunos fondos de inversión llevaban años reclamando.

Según ha indicado la compañía en un comunicado, Azagra lleva 25 años en Iberdrola, “primero como director de desarrollo y responsable de la expansión internacional de la Compañía y desde hace tres años como CEO de la filial en Estados Unidos”. Además, es licenciado en Administración de Empresas y Derecho por Icade y ha sido profesor de Finanzas Corporativas y Fusiones y Adquisiciones.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha confirmado este martes el compromiso inversor de la compañía energética con Brasi ante el presidente del país suramericano, Luiz Inácio Lula da Silva, en un encuentro en Brasilia.

Neoenergia, la filial de Iberdrola en el país, planea invertir más de 7.000 millones de euros (45.000 millones de reales) entre 2024 y 2028 en Brasil gracias al marco regulatorio para las redes eléctricas.

La renovación de las concesiones de distribución culminará en la primera mitad del próximo año, reafirmando la estabilidad y la predictibilidad del sector eléctrico brasileño. La renovación se producirá por un plazo de 30 años sin coste adicional.

El presidente de Iberdrola transmitió también a Lula su compromiso con la COP30, que se celebrará en Brasil en 2025. Al encuentro asistieron también los ministros de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y de la Casa Civil, Rui Costa, así como el consejero delegado de Neoenergia, Eduardo Capelastegui.

Iberdrola en Brasil

Iberdrola es, a través de Neoenergia, la primera distribuidora de Brasil, suministrando electricidad a más de 40 millones de brasileños. La eléctrica cuenta en el país con casi 730.000 kilómetros de líneas eléctricas, está presente en 18 estados y en el distrito federal del país. La filial brasileña de Iberdrola tiene cinco distribuidoras de electricidad: Neoenergia Coelba (BA), Neoenergia Pernambuco (PE), Neoenergia Cosern (RN), Neoenergia Elektro (SP/MS) y Neoenergia Brasília (DF).

Iberdrola cuenta además con una capacidad instalada en Brasil de unos 4.500 MW, de los que 3.900 MW son renovables. Su base de activos regulados de redes en el país se situaba a cierre del tercer trimestre en 10.300 millones de euros, lo que supone el 27% del total, solo por detrás del Reino Unido y los Estados Unidos (13.700 millones).

La filial de Iberdrola cuenta con un activo total de más de 16.000 millones de euros, tiene casi 16.000 empleados y ha incorporado a más de 7.000 trabajadores en los últimos cuatro años.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha sacado pecho ante sus accionistas por los resultados récord de la compañía durante el año pasado y se ha comprometido a repartir entre ellos 11.000 millones de beneficios a lo largo de los tres años próximos años. Ya este año la eléctrica ha repartido un dividendo récord, 3.500 millones con un incremento del 10,8% en la remuneración por acción respecto al año pasado. “Esto supone 0,55 de euros por acción, que es el mayor jamás abonado por la compañía en un ejercicio”, ha recordado. Así que no es de extrañar que la Junta de Accionistas que ha celebrado en su sede social, la Torre Iberdrola en Bilbao, haya sido rápida y muy tranquila, con todos los puntos del orden del día aprobados prácticamente por unanimidad y con el emir de Qatar, Al Thani, sentado entre los accionistas. El fondo de Qatar, QIA, es el primer accionista de Iberdrola con un 8,7% del capital. “Valemos 80.000 millones de euros, más que todos nuestros rivales en España, más que todas las energéticas españolas juntas, más que bancos, y eso es gracias al apoyo de los accionistas”, ha destacado.

Iberdrola cerró 2023 con unos beneficios récord, de casi 5.000 millones de euros, y Sánchez Galán ha aprovechado su intervención ante los accionistas para poner en valor que estos resultados se basan en la estrategia de la eléctrica de volcarse en las inversiones en energías renovables que arrancó hace dos décadas y la a la que el tiempo ha dado la razón. “La electrificación es un proceso imparable”, ha señalado, lo que abre un montón de oportunidades de negocio en todo el mundo que Iberdrola está capacitada para aprovechar. “Iberdrola va a afrontar todas estas oportunidades consolidada como un referente mundial en el sector, la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil”, ha destacado. “El viento sopla hoy en nuestra dirección”, dicho.

Sin referencias a cuestiones políticas o a sus litigios con Repsol, Galán ha repasado en su discurso las grandes cifras de su plan estratégico para los próximos años, (2024-2026) en los que Iberdrola invertirá  41.000 millones de euros,  casi un 30% más que los 32.000 millones del trienio anterior. En ese periodo espera contar con Ebitda de entre 16.500 y 17.000 millones de euros y un beneficio neto de entre 5.600 y 5.800 millones en 2026, con un crecimiento de en torno al 20% en el período.

En cuanto el destino de las inversiones, Estados Unidos será el principal destino, con un 35% del total, seguido de Reino Unido con un 24%.la Península Ibérica con un 15% -no ha especificado cuánto a España- México y Brasil, con otro 15%, y Australia y otros países de la Unión Europea con el 11% restante. Durante el turno de respuestas a los accionistas Sánchez Galán ha puesto en valor la contribución de Iberdrola al PIB vasco que el año pasado fue de 3.500 millones, el 3,7% del total. En ese periodo ha realizado compras a 500 proveedores vascos con las que sostiene 30.000 empleos.

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Del enfrentamiento abierto con el Gobierno a abrir una batalla contra Repsol por competencia desleal y asumir que no hay vuelta atrás al apagón nuclear pactado con el Ejecutivo en 2019. Es el camino seguido por Iberdrola en su ofensiva contra Repsol, a la que acusa de “competencia desleal y publicidad engañosa” por 'greenwashing', esto es, vender como verde lo que no es tal.

Lo ha hecho en un momento en el que la UE o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se han marcado como prioridad combatir el denominado blanqueo ecológico, que ha cobrado creciente protagonismo en el mundo financiero. En pleno auge de los productos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) para luchar contra la crisis climática, estas prácticas pueden generar ineficiencias en los mercados en la formación de precios. Favorecen la sobrevaloración de activos considerados verdes, lo que alimenta el riesgo de burbujas. 

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha presentado una demanda contra Repsol en el Juzgado Mercantil 2 de Santander (donde tiene su sede la comercializadora eléctrica de la petrolera) por “competencia desleal y publicidad engañosa”. Basa su acusación en iniciativas como la campaña de Repsol de ofrecer combustibles renovables, procedentes de cultivos o residuos urbanos, agrícolas o ganaderos. La petrolera prevé alcanzar las 600 gasolineras con estos productos para finales de año, frente a las cerca de 120 actuales.

Iberdrola acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles “cuando su oferta multi producto busca fomentar el uso de carburantes”, así como de “centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales”. De los 6.167 millones de euros que Repsol invirtió en 2023, algo más del 30% tenía relación con la descarbonización. En Iberdrola, que invirtió otra cifra récord, 11.382 millones, el porcentaje fue del 93%.

La acusación ha tenido una airada respuesta del consejero delegado de la petrolera. Josu Jon Imaz ha afirmado que Iberdrola “no está acostumbrada a competir en un mercado abierto”, sino “a moverse en entornos regulados que dependen del Boletín Oficial del Estado”. El ejecutivo vasco achaca la ofensiva a que en Iberdrola “están nerviosos” ante el crecimiento de la petrolera en el sector eléctrico.

Repsol, cuarto operador del mercado tras adquirir Viesgo en 2018, cerró 2023 con más de 2,1 millones de clientes de electricidad y gas en España, un 49,1% más que un año antes. Lejos aún de los 11,44 millones de puntos de suministro de electricidad que Iberdrola tenía en España, tras registrar un ligero aumento frente a los 11,36 millones de 2022.

Buena parte del crecimiento de Repsol se apoyó en la adquisición del 50,01% de CHC (que le permitió sumar 307.000 clientes) y la toma de control, en diciembre de 2023, de Gana Energía, que le aportó otros 247.000 contratos. La petrolera cerró el año con una cuota de mercado del 5,6%, frente al 4,2% de 2022, según las cifras que maneja la compañía, que va a someter su estrategia de descarbonización a la votación consultiva de sus accionistas en la Junta del 10 de mayo.

En medio de esta bronca, Repsol anunció el pasado martes la adquisición a la suiza Bunge del 40% de tres plantas de producción de biocombustibles en España por hasta 313 millones. La compañía refuerza así su apuesta por esos carburantes verdes que Iberdrola cuestiona. Afirma que con esta operación incrementa su acceso a las materias primas necesarias para alcanzar su objetivo de producir hasta 1,7 millones de toneladas en 2027.

Esta guerra ha llamado la atención del mundo ambientalista. Para Carlos Rico, experto en políticas de transporte y medio ambiente de la ONG Transport & Environment, “no es simplemente una trifulca entre dos grandes empresas energéticas. Es un ejemplo de prácticas irresponsables por parte de Repsol, que en su deseo de salvar el motor de combustión y retrasar la transición energética, decide confundir a la ciudadanía y poner en riesgo su salud. Esperamos que la justicia sea ejemplar y ponga fin a esta campaña”.

En la polémica ha entrado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. La misma que en los últimos meses ha acusado a Imaz de “negacionismo” y “retardismo” en su discurso contra la transición ecológica. No hace mucho, en 2022, en plena escalada de Iberdrola contra el Gobierno por las medidas contra la crisis energética tras la invasión de Ucrania, Ribera expresaba su “profundo bochorno” tras llamar Galán “tontos” a los consumidores con la tarifa regulada de la luz. Meses antes, se mostró “escandalizada” por el vaciado de embalses explotados por Iberdrola en pleno verano.

Ahora, la vicepresidenta tercera se ha declarado “neutra” en esta guerra. Pero no ha dudado en comentarla con un tuit cargado de intención.

La ministra ha terciado en esta bronca en un momento en el que la eléctrica ha puesto súbitamente fin a sus reparos sobre el calendario de apagón nuclear previsto por el Ejecutivo, que arrancará en 2027 con el cierre de la primera unidad de Almaraz, en Cáceres. El pasado jueves, mientras Imaz cargaba contra la dependencia de Iberdrola del BOE, Galán daba a entender en Londres que ese cierre no tiene vuelta atrás: “Vamos a respetar lo que hemos firmado”.

Lo hacía solo seis días después de que el consejero delegado de Iberdrola, Mario Ruiz-Tagle, abogase en Cáceres por mantener abierta la planta extremeña: “Intentaremos convencer al Gobierno para que no cierre Almaraz”, afirmó. En julio de 2023, poco después del incierto resultado de las últimas elecciones generales, y tras las promesas de Alberto Núñez Feijóo de cancelar ese cierre nuclear durante la campaña, Galán afirmaba que alargar la vida de los reactores es “técnica y económicamente posible”. En septiembre, la eléctrica sembró dudas junto a Endesa [mucho más dependiente que Iberdrola del negocio nuclear] sobre ese calendario que ahora asume.

Ahora, Iberdrola ha dejado atrás esas dudas, tras retirar Ribera una propuesta para subir de golpe un 40% las tasas que pagan las eléctricas por la gestión de los residuos nucleares y el desmantelamiento de las centrales. Transición Ecológica ha dado marcha atrás después de que Foro Nuclear (al que pertenece Iberdrola) recurriera su nuevo plan de gestión de residuos nucleares y la decisión de abandonar el almacén temporal centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca).

Creciente protagonismo

Organizaciones como Greenpeace han vinculado el blanqueo ecológico con la energía nuclear tras incluir la UE esta fuente y el gas en su lista de inversiones sostenibles. En febrero, el Consejo de la UE aprobaba una directiva específica que prohibirá este tipo de prácticas comerciales. Lo ha hecho casi una década después de la alarma generada por el escándalo del Dieselgate de Volkswagen.

Días después de esa decisión del Consejo europeo, la CNMV situaba entre las “prioridades transversales” de su plan de actividades para 2024 “la identificación y el seguimiento de posibles prácticas de blanqueo ecológico o greenwashing en las distintas partes de la cadena de valor, así como su prevención mediante la provisión de orientación y criterios al mercado y el establecimiento de expectativas de supervisión claras”.

La litigiosidad relacionada con estas prácticas ha ido en aumento. Como señalaba Naciones Unidas en un informe sobre litigación climática global publicado en julio de 2023, “la mayor conciencia y comprensión del público del cambio climático han impulsado acciones contra corporaciones por reclamaciones de declaraciones tergiversadas” relacionadas con el blanqueo ecológico.

Así, como recordaba hace unos días Ribera, en los últimos años han proliferado “los mensajes, los anuncios, la publicidad en torno a si un producto o un servicio es sostenible o es verde, y no siempre respondían a parámetros suficientemente claros y confiables”. Y eso ha llevado a que, por ejemplo, Reino Unido prohibiera emitir publicidad a algunas compañías petroleras “por considerar que lo que estaban diciendo no se correspondía con una realidad detrás verde”. Entre ellas, Repsol, a la que el regulador publicitario británico vetó el año pasado dos campañas por omitir información sobre la proporción que las iniciativas de energías renovables representan en su actividad.

En Reino Unido, uno de los países más beligerantes contra el 'greenwashing', se está tramitando un proyecto de ley que prevé multas de hasta el 10% de la facturación de las empresas por estas prácticas. El regulador financiero, la FCA, anunció en noviembre una normativa mucho más exigente sobre este asunto para la publicidad del sector que entrará en vigor este mes de mayo. Este miércoles, la autoridad británica de la Competencia (CMA) publicaba una Carta Abierta al sector de la moda instándoles a evitar el blanqueo ecológico.

Denuncias contra aerolíneas

Por este asunto, grandes multinacionales del petróleo como Exxon o la italiana ENI tienen ya sobre la mesa demandas millonarias. Y no solo energéticas: el año pasado, la organización europea de consumidores BEUC denunció ante la Comisión Europea y la red de autoridades de protección de los consumidores (CPC) las “afirmaciones engañosas sobre el clima” de 17 aerolíneas europeas, entre ellas Ryanair, Vueling, Air France o Lufthansa, que “infringen las normas de la UE contra las prácticas comerciales desleales”.

A la estadounidense Delta (el transporte aéreo es el medio más contaminante) la demandó recientemente un pasajero que no se cree su eslogan de que es “la primera aerolínea del mundo neutra en carbono”. En febrero, trascendía que el fabricante sueco de leche Oatly había acordado pagar 9,3 millones para sellar una disputa con un inversor que acusaba a la compañía de inflar artificialmente el precio de sus acciones con falsas afirmaciones de sostenibilidad.

Ahora la batalla ha irrumpido en España con dos competidoras como protagonistas: la mayor eléctrica y la principal petrolera. Dos multinacionales íntimamente vinculadas a Euskadi, sede social de Iberdrola y de Petronor, filial de la empresa que pilota Imaz, ex presidente del PNV.

Algunos de los fondos soberanos más importantes del mundo se congregan en Madrid desde el domingo a puerta cerrada. Concretamente, en el Eurostars Madrid Torre, uno de los gigantes del final de la Castellana. Allí, Cofides, una sociedad público-privada adscrita a la secretaria de Estado de Comercio (del Ministerio de Industria), es la anfitriona de la cumbre anual del IFSWF (el Foro internacional de fondos estatales, por sus siglas en inglés), que termina este miércoles, con una visita turística a Toledo y que este lunes incluyó una visita al estadio de fútbol Santiago Bernabéu.

Los gestores del dinero de Abu Dabi, Singapur, Kuwait o Catar y de otros fondos soberanos, la mayoría de dictaduras enriquecidas por la venta de petróleo y de otras materias primas, están discutiendo sus decisiones de inversión en la torre de la Castellana, con la transición energética y digital como las principales inclinaciones para los 5 billones de euros que controlan en total (casi 4 veces toda la economía de España).

En el IFSWF no están incorporados tres de los fondos estatales más grandes: ni el de Noruega, presente en media docena de empresas del Ibex; ni el de Arabia Saudí, que recientemente entró en el capital de Telefónica con la compra de un 9,9% (el límite para evitar un veto legal del Gobierno); ni el de Argelia, que posee un 4% de Naturgy y el 51% del gaseoducto Medgaz.

En la jornada de este lunes de la cumbre, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en funciones, Teresa Ribera, participó en una mesa dedicada a “encontrar y crear oportunidades en la transición energética”, junto a un representante de Mubadala, uno de los fondos de inversión de Emiratos Árabes Unidos (que ya es el principal accionista de la petrolera Cepsa), a otro del fondo de jubilación de Nueva Zelanda, o dos analistas de las gestoras privadas Jefferies y Neuberger Berman, y al responsable de relaciones con inversores de Iberdrola, Ignacio Cuenca, cuyo principal accionista es el Qatar Investment Authority, con casi un 9% del capital.

El despliegue de las energías renovables es uno de los principales atractivos de España para los fondos de inversión. Una predilección que, según ha podido saber elDiario.es, quedará reflejado en el Informe de fondos soberanos 2023 que el ICEX (el organismo público España exportación e inversiones) presentará este mismo jueves, 28 de septiembre.

“Efectivamente, la inversión en energía renovable es uno de los capítulos del estudio”, dice Javier Capapé, director del programa de investigación en fondos soberanos de IE University, que participa en la elaboración del informe, que recopilará los datos de las inversiones en 2022. “Lo mejor que pueden hacer los inversores es invertir en un modelo energético limpio y eficiente”, resaltó la propia Ribera según las declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Las cifras de 2021 apuntaron a que “España captó 2.800 millones a través de inversiones [de fondos soberanos] en 12 empresas”, una cifra solo superada en 2011 y en 2019, cuando la emiratí Mubadala se hizo con el control de Cepsa. El desembolso este 2023 de Arabia Saudí para comprar las acciones de Telefónica es de 1.200 millones de euros (aquí se recogen con detalle las inversiones de los petroestados en España).

“Hay unos cuantos fondos soberanos que quieren invertir en España. Y algunos ya lo han hecho”, admiten fuentes del Ministerio de Transición Energética. “La inversión en energías limpias ha aumentado de forma constante durante la última década, superando a los combustibles fósiles por primera vez en 2019”, apunta el documento que recoge las líneas maestras de la cumbre. El sector de la salud es otro de los que más interesan a los fondos estatales, junto a un clásico, el inmobiliario, “pese a las subidas de los tipos de interés de los bancos centrales”, añade.

Calviño sustituye a Sánchez y defiende el despliegue del Plan de Recuperación

Ribera no fue la única alta representante del Gobierno de coalición en funciones que acudió este lunes a la cumbre de los fondos soberanos. Inicialmente, estaba previsto que interviniera el presidente Pedro Sánchez, que declinó la invitación para preparar el debate de investidura del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, de este martes. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sustituyó a Sánchez y basó su discurso “en la fortaleza de la economía española y en el impulso para la inversión que suponen los fondos europeos del Plan de Recuperación”, según fuentes presentes en la cumbre, de la que apenas ha transcendido más información.

Justo antes de participar en la cumbre de los fondos soberanos, Calviño defendió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que “el 80% de los fondos que hemos recibido (30.000 millones de 37.000) ya han sido adjudicados en convocatorias y licitaciones”.

Además, en su discurso, la vicepresidenta económica destacó que “la política económica que hemos venido desarrollando desde 2018 ha reforzado la confianza de los inversores internacionales. Una política fundamentada en los principios de responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales mirando al futuro”. También incidió en “la competitividad de las empresas españolas, en parte por el progreso en la transición verde y digital y la reducción de los costes energéticos”.

El documento que sirve de presentación de la cumbre explica que “los fondos soberanos se enfrentan a los retos de un entorno de inversión complejo. La forma en que evolucionarán los bloques económicos, las sanciones internacionales y los controles de las exportaciones reviste una importancia capital para los inversores a largo plazo”.

“Muchos gobiernos, no sólo las economías tradicionalmente dirigidas por el Estados, como China, siguen hoy un planeamiento de política industrial. Financian grandes proyectos. Este enfoque puede ser un arma de doble filo para los fondos soberanos. Este impulso industrial necesita capital privado y paciente a largo plazo, lo que ofrece nuevas oportunidades de inversión. Sin embargo, las consideraciones de seguridad están llevando a más gobiernos de todo el mundo a endurecer los criterios de controlo de las fusiones y de revisión de las inversiones extranjeras”, aborda el documento.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha propuesto negociar la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares, aunque las compañías eléctricas propietarias de estas nucleares firmaron un protocolo para su cierre ordenado, que el propio Galán ha señalado que “se trata de algo que queremos respetar”. Galán aseguró que se podría ampliar su plazo de funcionamiento “con alguna que otra inversión”, para lo que se “tendrían que renegociar las condiciones para hacer que se pueda conseguir su plena viabilidad”.

El anuncio del presidente de Iberdrola ocurre pocos días después de que el Ministerio de Transición Ecológica autorice el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña. La empresa encargada de su gestión Nuclenor (Endesa e Iberdrola) desconectó la central de la red eléctrica en diciembre de 2012, tras anunciar al Gobierno de su decisión de no seguir explotándola.

“Creo que técnicamente y económicamente hablando es posible, se trata de una cuestión de negociar. Además, en lo que respecta al sistema, bueno, digamos que yo me sentiría mucho más tranquilo si existen que si no existen”, señaló Galán. A la vez, el presidente de la primer eléctrica española ha recordado que no corresponde a las empresas elaborar la política energética y que corresponde al operador del sistema analizar “si es necesario para la estabilidad del sistema”.

Ahora bien, Galán ha considerado que el borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado por el Gobierno a finales de junio como 'hoja de ruta' para la descarbonización a 2030 es “muy ambicioso”, ya que se pretende construir más de 10.000 megavatios (MW) al año, cuando los ritmos actuales son de unos 5.000 MW.

El Gobierno de Pedro Sánchez propone en el PNIEC que las energías renovables cubran el 81% del consumo de electricidad en 2030, frente al 74% planteado en el plan energético que elaboró en 2020, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 32%, frente al 23% planteado inicialmente.

“Primero se requiere una demanda de renovables, y si no hay demanda, en segundo lugar, las inversiones no se van a realizar. Eso está claro”, ha argumentado. el presidente de Iberdrola ha puntualizado que se debe partir de saber “cuál va a ser la generación de la demanda, cuál va a ser el estímulo para poder descarbonizar muchos segmentos o muchos sectores para poder suministrar esta electricidad generada de esta manera”.

“Ya sé que es difícil de hacer, pero lo que habrá que analizar en más detalle es ver de qué manera va a crecer la demanda y ver cuáles son las medidas que habrá que implantar para que podamos descarbonizar los diferentes de segmentos y para que la oferta pueda encajar con la demanda”, añadió.

Galán, que se ha enfrentado al Gobierno de coalición por su política energética, ha insistido en que “las normas que se van a aplicar en España serán las normas que se están definiendo en Europa, y de hecho yo creo que España ya ha lanzado una propuesta en este sentido y no solamente la Comisión Europea ha concretado un marco sino también el Parlamento Europeo también ha obrado de una manera similar”

Según el presidente de Iberdrola, la reforma del mercado eléctrico en la que trabaja Bruselas ya insiste en la necesidad de “tener más redes” para conectar esa mayor capacidad renovable, así como de dar “más claridad acerca del almacenamiento”. “Estas son las áreas que tenemos que contemplar y estoy seguro que durante el proceso de diálogo que se va a mantener en los próximos meses se van a mejorar estas áreas”, apuntó.

Beneficios de 2.521 millones de euros

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 2.521 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 21,5% con respecto al mismo periodo de hace un año, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La cifra de ventas del grupo se incrementó hasta los 26.263,2 millones de euros, un 7,5% más frente a los 24.429,9 millones de euros en el mismo periodo del año pasado. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la energética creció en el periodo de enero a junio un 17,3%, hasta los 7.561 millones de euros, debido, principalmente, a las inversiones en Redes y Renovables, a la recuperación del déficit de la tarifa regulada SVT del año pasado en Reino Unido, y el mejor desempeño en los países de la Unión Europea por la normalización de la producción y los mejores precios.

La convivencia de energías renovables, biodiversidad y población, con especial hincapié en los entornos rurales, ha sido el eje sobre el que han girado los primeros premios Iberdrola Convive, galardones que han sido entregados en Mérida por parte de la compañía energética, y que han reconocido a la localidad de Cedillo (Cáceres) y a la empresa Faramax de Malpartida de Plasencia, entre otros.

Organizados junto al Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM), estos premios reconocen aquellas iniciativas, alianzas, empresas, acciones o entidades locales que ejemplifican la integración de las energías renovables con el desarrollo socioeconómico y la conservación de la biodiversidad en España.

Los premiados han sido EFEverde en la categoría de comunicación y concienciación, el “Pueblo Solar” de Cedillo (Cáceres) y el Ayuntamiento de Revilla Vallejera (Burgos) en el apartado de entidades locales, el Gobierno foral de Navarra en la sección de participación ciudadana, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente en la categoría de investigación e innovación, y Faramax en emprendimiento social y empresarial. El premio extraordinario ha recaído en Seo BirdLife

Al acto de entrega de estos galardones ha estado el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el jefe del Ejecutivo extremeño en funciones, Guillermo Fernández Vara, así como numeroso cargos públicos, representantes de diversas administraciones y premiados.

En su intervención, Sánchez Galán ha expuesto que su compañía pretende “movilizar a toda la sociedad contra el cambio climático. No tenemos otro planeta, tenemos que cuidar de éste y el problema se soluciona entre todos”. Tras recordar que Iberdrola lleva más de 100 años conviviendo con el entorno, facilitando la implantación de las renovables y promoviendo el cuidado de la biodiversidad, ha puesto como ejemplo Extremadura a la hora de equilibrar el desarrollo económico y social a través de la implantación de renovables con el cuidado de la biodiversidad.

Por su parte, Fernández Vara ha reflexionado sobre la Extremadura del futuro, “sobre la que sueño y siempre soñaré”, que es “aquella en la que se pueda vivir con dignidad”. Para ello, ha sostenido, “hacen falta industrias” y un cambio del modelo productivo, en el que juega un papel destacado la energía renovable. En su opinión, la pandemia y la guerra en Ucrania han acelerado la necesidad de recuperar la soberanía industrial, agraria y energética en Europa.

Asimismo, la compañía aboga por desarrollar impactos positivos en las comunidades locales para contribuir al desarrollo económico rural y a la vertebración del territorio. “Allí donde hay renovables, hay mejor conservación del territorio y vuelven a crecer especies vegetales autóctonas silvestres que, a su vez, atraen a especies animales autóctonas”, han apuntado fuentes de la compañía.

A nivel global, este proyecto contribuye a la lucha contra el cambio climático y, a nivel local, genera actividad económica y mejora la biodiversidad.

El Programa CONVIVE de Iberdrola, además de reconocer con estos premios iniciativas en esta materia, busca impulsar la mejora continua y las mejores prácticas disponibles en la integración de las renovables en el entorno, y contribuir de forma positiva al desarrollo local y la conservación de la biodiversidad a través de la colaboración y establecimiento de alianzas.

La junta general de accionistas de Iberdrola ha reelegido este viernes a Ignacio Sánchez Galán como presidente de la compañía, además de ratificar a Armando Martínez como consejero delegado de la compañía, con un apoyo del 98% de media a todos los puntos propuestos en el orden del día.

En su discurso, Galán ha defendido el plan estratégico de la compañía, en el que esperan beneficios récords que superen “ampliamente” los 5.000 millones de euros en 2025, un 25% más que en este ejercicio, con un incremento de los dividendos en línea con los resultados. Al igual que las contrataciones de personal para ese año, que espera que alcancen las 12.000 nuevas incorporaciones.

Además, ha asegurado que el plan estratégico 2023-2025, presentado en noviembre, supone dar un “salto de gigante” y permitirá acelerar el compromiso récord de inversión de 47.000 millones de euros para este período.

En este sentido, el presidente reelecto ha estimado que la demanda eléctrica mundial podría duplicarse en los próximos 20 años, por lo que serán necesarias inversiones superiores a los 25 billones de euros, “consolidando” al sector eléctrico como agente “clave” para la actividad económica y la creación de empleo.

Permanencia en el País Vasco

Por otro lado, Galán ha defendido el compromiso de Iberdrola con el País Vasco y ha mandado un mensaje de tranquilidad, porque van a seguir en el territorio. “Pueden estar seguros que esta empresa ha estado 120 años comprometidos con esta tierra y seguirá por lo menos 120 años más. Así que estén tranquilos, que vamos a seguir aquí”, ha confirmado Galán. Además, ha asegurado que la contribución a la economía vasca representa alrededor el 2,5% del PIB vasco, con unos 2.700 millones de euros a través de inversiones, compras y contribución fiscal.

Las declaraciones de Galán sobre la permanencia de la compañía en el País Vasco llegan después de que la junta de accionistas de Ferrovial aprobara su traslado de España a Países Bajos, decisión que le ha supuesto una polémica con el Gobierno español.

La junta de accionistas de la compañía, con un quórum del 71,9%, ha aprobado todos los puntos del orden del día, con un apoyo del 98% de media a todos ellos. Todos los accionistas participantes recibirán el dividendo de involucración de 0,005 euros por título.

En este sentido, se ha aprobado la remuneración total al accionista de 0,49 euros por acción, lo que supone un nuevo récord y un 10% más que lo retribuido un año antes. También han aprobado un nuevo programa de recompra de acciones propias para mantener estable el número de acciones en circulación en 6.240 millones de acciones.

Así, la junta ha reelegido a María Helena Antolín como consejera externa y a Manuel Moreu, Sara de la Rica y Xabier Sagredo como consejeros independientes.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se dispone a entrar en el podio de ejecutivos del Ibex con un mandato más largo una vez que la Junta de Accionistas de la multinacional energética le renueve este viernes por otros cuatro años.

Galán, de 72 años, encadenará el próximo 21 de mayo 22 años como ejecutivo de la multinacional. Una vez renovado este viernes, podrá mantenerse en su puesto al menos hasta los 76 años y seguir al frente de la energética, al menos, hasta 2027.

Con su renovación, el salmantino superará dentro de unos meses a dos históricos del Ibex, Emilio Botín y Francisco González, expresidentes de Santander y BBVA, respectivamente, en el ranking de ejecutivos del Ibex que más tiempo han estado en el cargo en la historia de este índice que agrupa a la élite empresarial española, y que se creó en 1992.

Solo Florentino Pérez (ACS) y Rafael del Pino (Ferrovial) llevan más años. En cabeza en ese ranking está el presidente del Real Madrid y máximo accionista de ACS. Pérez, de 76 años y enemigo declarado de Galán desde el frustrado asalto de la constructora al capital de la eléctrica hace ya más de una década, ya era primer ejecutivo de la multinacional de construcción y servicios cuando ACS se incorporó al selectivo hace más de 25 años, en abril de 1998. 

Un año después, en julio de 1999, salía a Bolsa Ferrovial, que desde ese año, como ACS, también se ha mantenido en el Ibex. Ya entonces la constructora tenía como ejecutivo a Rafael del Pino (64 años), que un año después, en 2000, asumió todo el poder en Ferrovial tras heredar la presidencia de su padre, fundador del grupo constructor, que ultima el traslado de su sede a Países Bajos.

El próximo diciembre, Galán superará los 22 años, 7 meses y cuatro días que estuvo como ejecutivo del Ibex Francisco González desde que en mayo de 1996 fue nombrado presidente de Argentaria por José María Aznar, entonces recién elegido presidente del Gobierno, hasta que en diciembre de 2018 se hizo efectiva su dimisión como presidente del BBVA. En ella tuvo mucho que ver la imputación de González en el caso Villarejo.

Galán afronta su reelección después de que la Audiencia Nacional archivara definitivamente en octubre la causa contra él por los encargos al excomisario jubilado para espiar, entre otros, al presidente de ACS, tras haber prescrito los hechos investigados.

En enero de 2024, el ejecutivo también superará los años que estuvo en el Ibex otro histórico del selectivo, el desaparecido Botín, expresidente de Banco Santander. El banquero fue ejecutivo en el Ibex desde la creación de este índice bursátil hasta que falleció en septiembre de 2014: en total, 22 años, 7 meses y 25 días.

Otros líderes del Ibex llevan más tiempo que Galán en el cargo, aunque sus empresas no se han mantenido en el selectivo de forma ininterrumpida o han acabado cediendo sus poderes ejecutivos, como marcan las mejores prácticas de gobierno corporativo. 

Es el caso de Josep Oliú (74 años), presidente de Banco Sabadell, que dejó en marzo de 2021 sus funciones ejecutivas en la entidad que preside desde 1999. A diferencia de Iberdrola, que lleva en el Ibex desde la creación del selectivo, Sabadell se incorporó a este índice en 2004. 

También dejaron hace tiempo sus funciones ejecutivas los presidentes de Repsol y Enagás, Antonio Brufau y Antonio Llardén, ambos nombrados en 2004. El primero en hacerlo fue Brufau (75 años), que cedió esos poderes en 2015 a Josu Jon Imaz. En 2019, cuando todavía estaba imputado por el caso Villarejo, Brufau anunció que se retiraría este año. Finalmente, y tras el archivo de la investigación de la Audiencia Nacional por este caso, el presidente de la petrolera va a renovar en la junta del mes que viene.

Desde que llegó a Iberdrola en 2001, Galán ha visto desfilar por el Ibex a históricos que ya hace tiempo que no están en sus puestos como César Alierta (Telefónica), Javier Monzón (Indra), Juan Miguel Villar Mir (OHL) o, más recientemente, Paolo Vasile (Mediaset). El salmantino va a llegar a la Junta avalado por los resultados récord de una Iberdrola en máximos históricos de cotización y con pocos visos de que vaya a ceder el cetro a corto plazo.

Número dos

El año pasado Galán nombró por primera vez a un consejero delegado, Armando Martínez, cuya designación debe ratificar este viernes la asamblea anual, pero manteniendo sus poderes ejecutivos. El presidente de Iberdrola ya dijo entonces que el nombramiento de Martínez era “un signo de continuidad” y no una “revolución”, ya que se trataba de algo que ya estaba “planificado”.

De cara a la junta, el mayor escollo que afronta el presidente de Iberdrola es el visto bueno de los accionistas a su sueldo de 13 millones de euros anuales. El año pasado, sus emolumentos recibieron el voto negativo del 25% del capital en la junta, un porcentaje sin precedentes. Este año han despertado reticencias de algunos asesores de voto, los conocidos como proxys, y de los sindicatos UGT y CCOO.

En estos 22 años, la retribución acumulada de Galán en Iberdrola ha superado los 180 millones de euros, aunque se trata de una estimación: no es posible precisar la cifra exacta porque las cuentas de Iberdrola solo desglosan la retribución del ejecutivo a partir de 2007, cuando se quedó como único ejecutivo de la compañía.

Los méritos del salmantino los resume el informe encargado a PwC sobre su propuesta de reelección, que se ha puesto a disposición de los accionistas: “A lo largo del último mandato del presidente, el desempeño de Iberdrola ha superado al del mercado y sus comparables, avalando el acierto de su estrategia y gestión”, con un retorno total del accionista del 79% entre 2019 y 2022, un aumento de la capacidad instalada del 37%, hasta alcanzar los 40.000 megavatios (MW) instalados a cierre de 2022, y un crecimiento del negocio del 9,1% anual, si se analiza el beneficio bruto operativo (Ebitda), “un 20% superior a la media de sus pares”.

Como recuerda el informe, desde que llegó Galán el valor de la acción se ha triplicado e Iberdrola “es hoy la primera eléctrica de Europa y la segunda del mundo en términos de capitalización bursátil”, con un respaldo mayoritario de los accionistas: una media del 98% de votos favorables a la gestión, pese a la elevada dispersión de su capital y a que “Iberdrola no cuenta con participación estatal en su accionariado, a diferencia de otras utilities europeas comparables”, si bien su mayor accionista es una entidad pública, el fondo soberano de Qatar.

“Habida cuenta del complejo contexto sectorial, del momento estratégico de la compañía y del valor que otorga el mercado a la exitosa trayectoria y contrastadas capacidades de gestión, dar continuidad al equipo gestor responsable de la definición del nuevo plan estratégico concedería seguridad a los accionistas de Iberdrola, reduciendo los posibles riesgos asociados a un cambio de liderazgo”, dice el informe.

PwC concluye que “Iberdrola posee una estructura societaria y de gobierno que separa de forma efectiva las funciones de definición estratégica y supervisión de las de dirección y gestión ordinaria, y que, a través de los contrapesos definidos, entre los que destacan la independencia del Consejo de Administración y la separación de funciones entre el presidente y el consejero delegado, mitiga los riesgos asociados a una eventual concentración de poderes en un único órgano de gobierno o persona”.

Galán llegó a la multinacional energética procedente de Airtel (la actual Vodafone España), de la que fue consejero delegado, en sustitución del hasta entonces CEO de Iberdrola, Javier Herrero, destituido tras la fallida fusión de la eléctrica con Endesa y la frustrada compra de la estadounidense Florida Power.

Con un estilo agresivo que quedó patente el año pasado, con sus encontronazos con el Gobierno por las medidas para hacer frente a la crisis energética (que ha pedido retirar ya), Galán dinamitó al poco de llegar al cargo la tradicional coexistencia pacífica de los miembros de Unesa, la antigua patronal eléctrica, y no tardó en hacerse con todo el poder en Iberdrola.

En 2003 prejubiló a los dos vicepresidentes (no ejecutivos), Herrero y José Antonio Garrido, que permanecieron en el consejo hasta 2006, año de la retirada del histórico Íñigo de Oriol. Este último, que fue máximo responsable de Iberdrola desde 1992, año de creación del Ibex, se jubiló con 70 años, dos menos de los que ahora tiene Galán. Ahora el salmantino espera seguir al menos cuatro años más.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha cargado este miércoles contra el impuesto a las energéticas que tramita el Parlamento. “Acudiremos a los tribunales”, ha confirmado a los analistas en la presentación de resultados de la compañía.

El ejecutivo ha explicado que “si se aplica” ese gravamen, Iberdrola lo recurrirá pues “va contra las directivas europeas”, que dicen que se deben gravar los “beneficios extra” de las compañías, no los ingresos, como ha planteado el Gobierno, que quiere gravar con un 1,2% la facturación de las energéticas con una facturación a partir de 1.000 millones de euros mediante un impuesto que se cobrará en 2023 y 2024 para los resultados de 2022 y 2023.

“Nuestros abogados desde luego van a trabajar de manera muy eficiente como de costumbre”, ha dicho Galán.

La eléctrica, que se suma así al coro de energéticas (como Repsol o Acciona) que han anunciado que lo recurrirán, ha anunciado este miércoles un aumento del 29% en sus beneficios, hasta 3.104 millones. El grupo ha reafirmado sus objetivos para 2022 de alcanzar un nuevo récord de ganancias de entre 4.000 y 4.200 millones en el ejercicio. La previsión incluye el nuevo impuesto al sector, ha confirmado Galán.

La compañía asegura que su resultado se ha visto penalizado por la bajada del 14% del beneficio en España, debido al impacto de la subida del gas y el incremento de costes, “no trasladado a los clientes”, según su presidente.

El ejecutivo ha destacado la contribución de Iberdrola a las arcas públicas “en una situación como esta”: 7.800 millones en impuestos pagados el último año, cerca de la mitad en España. Un dinero que “ayuda mucho a los vulnerables”. No hay “ninguna razón por la que deban aplicar esto porque estamos pagando muchos impuestos”, ha insistido. Ha afirmado que Iberdrola está contribuyendo a reducir el impacto de la crisis en industria y familias, con “precios estables para nuestros clientes”, que a medida que renuevan sus contratos “se están viendo afectados por los recargos extraordinarios impuestos por decisiones regulatorias”, en alusión a la solución ibérica.

Preguntado por si el nombramiento de Armando Martínez como nuevo consejero delegado, el primero en dos décadas, es un plan de sucesión, Galán, que a sus 72 años va a mantener sus funciones ejecutivas, ha afirmado que “es un signo de continuidad” y no de “revolución”. “No es nada nuevo” y se planificó “hace tiempo”.

Galán ha celebrado que “por fin existe un pleno consenso” entre los jefes de Estado y de Gobierno europeos en señalar al mercado del gas, que “no está funcionando adecuadamente”, como “origen del problema” de precios. Mientras, “la electricidad es la solución”, pero requiere “acelerar las licencias” a los promotores de renovables, no “penalizar” a los productores y “dar incentivos” para invertir y fomentar la contratación a largo plazo (los denominados PPA de renovables).

El ejecutivo ha afirmado que el papel de Iberdrola en el negocio del gas español es residual. “Somos irrelevantes”. “No sé cuantos clientes tenemos con la tarifa regulada y la liberalizada”. Las nuevas ayudas a la tarifa regulada, con problemas en el traspaso de clientes que está investigando Competencia, tendrá “algo de impacto” que la compañía está “intentando minimizar”. Además, ha recordado, las ayudas al gas va a cubrirlas el Estado.

Más dividendos

La energética ha aprobado un primer dividendo a cuenta con cargo a 2022 de 0,18 euros por acción, un 5,9% más, tras disparar su cifra de negocios un 35,4%, hasta 37.903 millones. Hasta septiembre, el beneficio bruto operativo (Ebitda) creció un 16,7%, hasta 9.529 millones, con una “evolución positiva en todas las geografías” salvo en España, donde cayó un 17%, impactado por las medidas regulatorias y fiscales y los altos precios del gas y de la electricidad, “que no se han traspasado a los clientes con precios fijos acordados previamente”, según la multinacional. Iberdrola afirma que tiene el 100% de la producción ya vendida en España en 2022, el 90% en 2023, el 70% en 2024 y el 50% en 2025.

Las inversiones brutas orgánicas en el periodo del grupo se situaron en 7.568 millones, un 14,2% más. El 40% se destinó a Redes y el 49% en generación Renovable. Por países, España y EEUU recibieron el 25%, respectivamente, Brasil el 18% y Reino Unido el 16%. La compañía suma 10.500 millones de inversión en el último año.

Con más de 39.000 megavatios (MW) de capacidad renovable instalada en todo el mundo, la producción eólica y solar de Iberdrola creció un 13%, elevando su producción renovable total hasta los 55.354 gigavatios hora (GWh), lo que ha compensado la menor producción hidroeléctrica por la sequía. El grupo espera cierta normalización de la producción eólica este trimestre.

La compañía señaló que el 100% de sus compras de suministros están aseguradas para este año y el 90% para 2023, evitando así las tensiones actuales de las materias primas y tipos de cambio. Respecto a la deuda financiera neta ajustada, se situaba en 44.293 millones a cierre de septiembre, un 19% más. La compañía espera mantenerla en niveles similares al cierre de 2022 y atribuye el aumento al esfuerzo inversor en el periodo, la apreciación de las divisas y el incremento del capital circulante.

Pese al escenario de subidas de tipos de interés, con el 75% de su deuda a tipo fijo, el grupo, que va a presentar nuevo plan estratégico el 9 de noviembre, tiene una liquidez superior a 24.000 millones, que le permitiría cubrir sus necesidades financieras sin tener que salir al mercado durante 27 meses.

Iberdrola ha anunciado este martes el nombramiento de un consejero delegado y la separación de este cargo de la presidencia ejecutiva. El grupo que preside Ignacio Sánchez Galán ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el nombramiento como nuevo consejero delegado de Armando Martínez, hasta ahora director general de negocios.

Galán, que acaba de cumplir 72 años, y que lleva 22 como ejecutivo del grupo, permanecerá como presidente ejecutivo, aunque va a dar entrada por primera vez a un consejero delegado. Con ello, se va a materializar la separación de funciones que algunos fondos de inversión llevan años reclamando.

Ingeniero Industrial con especialización en electricidad por la Universidad de Valladolid (España) y Diplomado en Dirección de Empresas por el IPADE Business School, Armando Martínez lleva más de 20 años en este sector. Desde 1 de noviembre de 2021 ocupaba el cargo de Director General de los Negocios del Grupo Iberdrola. Hasta esa fecha había ocupado desde el 2 de febrero de 2016 el cargo de director del Negocio de Redes, donde tuvo a su cargo todas las actividades relacionadas con la distribución eléctrica en España y los negocios de redes a nivel global.

Con anterioridad, desde julio de 2014 ocupó el cargo de Director del Negocio Liberalizado del Grupo Iberdrola. En el ámbito profesional, ha desempeñado tareas en ingeniería, construcción y explotación de centrales y áreas de venta y comercialización de energía; “habiendo desarrollado su actividad en México entre los años 2000 y 2014, en diversos puestos de responsabilidad en el Grupo, habiendo sido Director de Operaciones de Iberdrola México y Director General de Iberdrola México”, según su currículum en la web del grupo. 

El nombramiento de Armando Martínez como nuevo CEO se va a producir en paralelo al cese de Francisco Martínez Córcoles, ex director general del grupo, como consejero de la compañía. Su salida del máximo órgano de gestión del grupo “obedece exclusivamente a facilitar los cambios en la gobernanza de la Sociedad, que consideraba más adecuados en este momento”, indica la nota a la CNMV.

Por otro lado, se ha aceptado la puesta a disposición del cargo presentada por Julián Martínez-Simancas de su cargo de secretario no consejero del consejo y, por tanto, acordar su cese con fecha de efectos 1 de enero de 2023, “para garantizar una adecuada transición”.

En paralelo, se ha decidido nombrar a partir de esa fecha “secretario no consejero del consejo de administración” a otro abogado del Estado, Santiago Martínez Garrido, hasta la fecha vicesecretario primero del consejo de administración.

La reestructuración de la cúpula se produce unas semanas después de que la Audiencia Nacional confirmase el archivo de la causa contra Sánchez Galán en el caso Villarejo porque los hechos están prescritos, y en vísperas del Día del Inversor del próximo 9 de noviembre en el que Iberdrola presentará su nuevo plan estratégico.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha dado su respaldo a buena parte de las medidas que quiere implantar la Unión Europea. En una postura similar a la del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Iberdrola ha diferenciado entre las medidas propuestas por Europa y las que se pretende aprobar en España. No obstante, ha advertido a los Gobiernos a la hora de “intervenir en los mercados” porque “las consecuencias puedes ser ”terroríficas“.

Durante un encuentro en Bilbao convocado por la Deusto Business Alumni, aunque sin decirlo de forma expresa, ha dado por buenas parte de las medidas que quiere impantar la UE, comparadas con las que pretende poner en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque también recortarían los beneficios de la eléctrica. En este sentido, ha destacado que Europa propone un impuesto sobre los beneficios y no sobre la cifra de negocios, y ha recordado que mientras en Europa se quiere penalizar ganancias por encima de los 180 euros/Mw, el Gobierno de Sánchez pretende hacerlo por encima de los 67 euros por Mw. “Queda mucho recorrido”, ha señalado. Aunque ha advertido de los peligros de las intervenciones en los mercados por parte de las administraciones.

En un acto celebrado en la Torre Iberdrola de Bilbao, en una sala donde, por cierto, el aire acondicionado estaba bastante fuerte como si fuera una provocación al Gobierno al saltarse las medidas de ahorro energético, Galán ha señalado que, a diferencia de las empresas de petróleo o gas, las electricas no están teniendo grandes beneficios porque suelen tener pactados contratos a precios fijos a largo plazo, por lo que ha negado que eléctricas como la que preside se estén enriqueciendo con toda la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania,. En este sentido, ha criticado que en el debate público se confunda energía con electricidad, que solo supone el 20% del total, ya que el 80% son energías fósiles, y ha señalado que son estas empresas, las que se dedican al petróleo o el gas, que son las están obteniendo beneficios extraordinarios.

Galán ha pedido una apuesta clara por las renovables , para lo que se necesita una regulación clara del mercado europeo que faciliten a las empresas acometer las inversiones necesarias, con lo que se ahorrarían todas las importaciones de energía fósiles. En este sentido, ha considerado “imprescindible” una “claridad regulatoria” y un marco “incentivador” . “Creo que la Comisión Europea lo tiene claro y tenemos conseguir que los estados miembros miren más a largo plazo, además de intentar solucionar los problemas a corto plazo”, ha añadido.

En política, hay que saber elegir bien a los enemigos. Hay algunos que te vienen dados, a veces dentro de tu propio partido. Otros los tienes que seleccionar en función de las circunstancias. Pedro Sánchez lo tiene claro. No le vale ya con hablar de “la guerra de Putin” o denunciar la intransigencia de la oposición de derechas. La respuesta de las empresas que tendrán que pagar el impuesto especial a bancos, eléctricas y petroleras le permitió señalar a algunos de sus directivos en la última rueda de prensa antes de las vacaciones. ¿No te gusta lo que hago? Fíjate en los que están cabreados conmigo.

“He escuchado a algunos dirigentes de bancos, a la señora Botín (presidenta del Banco Santander), al señor Galán (presidente de Iberdrola). En fin, creo que si protestan, es que vamos en la buena dirección”, dijo el viernes en Moncloa. Por algo el Partido Popular tardó dos días en decidir si se oponía a esos impuestos y con qué argumentos. La pregunta que hace Sánchez a los ciudadanos es obvia. ¿Con quién quieres estar? ¿Con nosotros o con los que se están forrando con el aumento de los precios de la energía y la subida de los tipos de interés?

Maquiavélico, pero práctico. El camarada Pedro Sánchez mostró el camino a las masas a la espera de que respondan con determinación a la alternativa. “Arrimar el hombro no es un eslogan, es una obligación”, explicó para pasar a apuntar a aquellos que están haciendo caja aprovechando el estallido del mercado de la energía. No pretendía ser sutil, y por eso se refirió a “aquellos sectores y empresas que se están beneficiando particularmente de esta situación económica”. Mala para prácticamente todos, excelente para ellos.

“El sufrimiento de muchos conciudadanos de clase media y trabajadora que están sufriendo el recorte de su bolsillo no puede ser la alegría de unos pocos”, insistió después. Vale, presidente, ha quedado claro.

La estrategia quedará más definida cuando se confirme el lunes qué medidas aprobará el Gobierno para imponer o recomendar el ahorro energético. Ya se han conocido algunas de ellas. Serán decisiones posiblemente impopulares o difíciles de aplicar si no cambian la conducta de la gente en aquellos ámbitos, por ejemplo el hogar, donde el Gobierno no puede meter la cuchara. Será la única forma de emplear con eficacia esa palabra que encanta a los gobiernos durante una crisis: sacrificios.

“Si Estados Unidos está en una recesión, es una muy extraña”, tituló The Wall Street Journal a principios de julio. Los datos conocidos esta semana indican que la economía norteamericana ha sufrido descensos del PIB en dos trimestres consecutivos, que es la definición estándar de una recesión. Pero el Gobierno aún no ha decidido que ese sea el caso (en realidad es un grupo independiente de ocho economistas quien tiene la última palabra), porque se contradice con otros indicadores, el más importante de los cuales es el empleo.

Lo más habitual es que una recesión se vea precedida por destrucción progresiva de empleo, despidos masivos, quiebras de empresas y un descenso evidente de la actividad económica privada. “Eso no es lo que estamos viendo ahora”, dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. La economía norteamericana creó 380.000 empleos mensuales en el último trimestre, por encima de lo esperado. El índice de paro está en el 3,7%, prácticamente a la altura del dato anterior a la pandemia.

La economía española se encuentra ante un dilema no muy diferente. La previsión de crecimiento está en el 4%, aunque es muy posible que descienda en el segundo semestre. Después de un primer trimestre de crecimiento mediocre –0,2%–, el ascenso del 1,1% en el segundo muestra una clara recuperación. La tasa de desempleo está en el punto más bajo desde 2008. Sin embargo, todo puede cambiar en unos meses a causa de la guerra de Ucrania y de su impacto en los precios de la energía.

Nadie está en condiciones de garantizar lo que pasará después del verano, mucho menos cuando llegue el invierno. El FMI, la Comisión Europea y la OCDE hacen sus previsiones, pero un grupo de monos golpeando furiosamente unos teclados podría tener un porcentaje de acierto similar. Lo llaman incertidumbre en los titulares.

Lo que sí es muy real es el aumento de la inflación, un 10,8% más en el IPC interanual. La gente no necesita que el FMI se lo cuente (o los monos). Ya lo está sufriendo cada día que hace la compra. Sánchez defendió que se trata de “la principal preocupación de la economía global” y también de su Gobierno. Por eso, Cuca Gamarra, del PP, lo llamó “el mazazo de realidad de la política del Gobierno”.

Sánchez comentó que si no fuera por las medidas adoptadas por el Gobierno, la inflación podría haber subido ya al 15%. Es la clase de pronóstico del pasado que es difícil refutar. A saber lo que hubiera pasado.

El presidente quiso dar el golpe efectista de aparecer en la rueda de prensa sin corbata. Todos los altos cargos (masculinos) sentados en las primeras filas tampoco la llevaban. Hemos visto en las últimas semanas a políticos hablar de la necesidad de tomar medidas contra el cambio climático. Todos llevaban corbata en mitad de una ola de calor de 40 grados, lo que en la práctica obliga a que el aire acondicionado de un edificio oficial esté a una temperatura que no molestaría a un oso polar.

“He pedido a los ministros y ministras, y me gustaría también a todos los responsables públicos y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que, cuando no sea necesario, no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético”, anunció Sánchez, que también se refirió al nivel helador del aire acondicionado en los centros comerciales.

Queda inaugurada la temporada de la no corbata y será difícil que veamos a ministros conservar esa prenda atávica del poder masculino en estos meses de solana. Lo que está pendiente no es cambiar el vestuario, sino aplicar medidas estructurales que permitan que las empresas mantengan su actividad productiva consumiendo menos energía y que los hogares reduzcan su factura de la luz, cosa que por lo demás ya están intentando hacer.

Mientras tanto, Pedro Sánchez se ocupará de insistir en la lista de sus enemigos con la misma intensidad con la que la recitaba Arya Stark. Veremos hasta dónde llega y qué es lo que está dispuesto a hacer con ellos –quizá no emplee los mismos métodos que Arya–, aunque ya nos ha dado algunas pistas.

El juez que investiga el caso Villarejo ha decidido archivar la causa contra el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán. El magistrado entiende que todos los delitos relacionados con la contratación del comisario Villarejo para supuestas labores de espionaje ya estarían prescritos y, por tanto, no puede ser juzgado.

El juez que investiga las múltiples piezas separadas del caso Tándem entiende que, en otro caso similar de otro imputado, la Sala de lo Penal ha decretado el archivo por prescripción. “La contundencia de esta resolución no deja margen de actuación a este instructor, quien de forma reiterada había desestimado las solicitudes de sobreseimiento y archivo efectuadas por el investigado señor Sánchez Galán, en diferentes resoluciones”, lamenta el magistrado.

El archivo de la Sala de Penal estima la solicitud de Sánchez Galán, hasta ahora investigado en este procedimiento por los delitos de cohecho activo continuado, delito contra la intimidad y delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

Según explica el magistrado, la imputación de Sánchez Galán se vincula con los proyectos de la presunta organización criminal de Villarejo denominados Arrow (de 2004 a 2006), Black Board o B-B (años 2004 y 2005,) y los Proyectos Gipsy y Posy (año 2009), cuando ejercía, primero como vicepresidente y consejero delegado de Iberdrola, y después, desde 2006, como presidente de la compañía. Los trabajos, expone el auto, se habrían realizado por Villarejo a través del Grupo Cenyt mientras se encontraba en servicio activo en el Cuerpo nacional de Policía.

García Castellón asegura que basa su auto el archivo de la causa respecto de Sánchez Galán en el auto de la Sección Tercera de la Sala Penal 266/2022, del pasado 3 de junio, en el que los magistrados resolvían el recurso de apelación de otro investigado por delitos de cohecho activo, contra la intimidad y continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular por hechos que tuvieron lugar hasta el mes de marzo de 2009.

 En ese auto de la Sala, relativo al directivo Rafael Orbegozo, los magistrados indicaban que “es evidente que el único hecho atribuido a (…) estaría prescrito conforme a los arts. 130.6 y 131 y 132.1 del Código penal, al haber transcurrido más de diez años entre marzo de 2009 y el 23 de junio de 2021 que es cuando ”. Por tanto, la Sala acordó la prescripción como circunstancia extintiva de la responsabilidad y el sobreseimiento libre.

 “La contundencia de esta resolución no deja margen de actuación a este instructor, quien de forma reiterada había desestimado las solicitudes de sobreseimiento y archivo efectuadas por el investigado sr. Sánchez Galán, en diferentes resoluciones (la última de ellas el 11/03/2022”, señala el juez.

García Castellón indica que la participación de Sánchez Galán en los hechos investigados comprendería un periodo temporal que llegaría hasta el año 2009, por lo que atendido el tenor literal del auto de la Sección Tercer referido “debemos constatar que han transcurrido más de diez años entre la fecha en que se cometió el último hecho imputado y la de su citación como investigado”.

“Puede concluirse conforme a los argumentos transcritos que los delitos imputados a José Ignacio Sánchez Galán estarían prescritos, por lo que no cabría otra opción más que declarar la presencia de esta circunstancia extintiva de la responsabilidad, y con ello decretar el sobreseimiento libre”, finaliza el magistrado.

En el mismo auto y con el mismo argumento, el magistrado también acuerda el sobreseimiento respecto de otros dos investigados , José Luis San Pedro Guerenabarrena y Juan Carlos Rebollo en cuanto al delito de cohecho, si bien por el de coacciones en relación de la denuncia del directivo Del Olmo, acuerda remitirlo a un juzgado de Bilbao por no ser competente para instruir estos hechos.

Ignacio Sánchez Galán se enfrenta este viernes a la junta de accionistas de Iberdrola más complicada. El presidente de la empresa lleva bajo el brazo unos resultados récord para la compañía –3.885 millones de euros en 2021, un 8% más que en 2020–, pero se enfrenta a los accionistas con su imagen personal quizá en los momentos más bajos: imputado por el 'caso Villarejo', con salidas de tono en público llamando tontos a los ciudadanos que están en la tarifa regulada de electricidad y con enfrentamientos con el Gobierno por los intentos de reducir sus beneficios extraordinarios en tiempos de crisis generalizada y de fuertes subidas del precio de la luz. La junta de accionistas que Iberdrola celebra este viernes en Bilbao podría ser la de la “normalidad”, palabra que acompaña últimamente a todos los eventos que se están desarrollando en estos meses sin las fuertes restricciones que se impusieron por la pandemia, pero no será así. La reunión que presidirá Galán dista mucho todavía de los formatos anteriores al parón de la COVID-19. Se impone el 'streaming' y el metaverso en las relaciones con la mayoría de los accionistas, y Galán ha optado por mantener un perfil bajo en estos días previos al encuentro.

La de este viernes nada tiene que ver con las juntas de los últimos años anteriores a la pandemia en los que una semana antes, en la denominada Semana del Accionista, se llevaban a cabo multitud de eventos en la capital vizcaína en los que era habitual ver a Sánchez Galán. Esta semana culminaba con el denominado Día del Accionista que no era otra cosa que una especie de fiesta anterior a la junta, incluidas actuaciones musicales, y en la que se podía ver al presidente de la eléctrica departiendo amablemente y sacándose fotografías con los accionistas de base, pintxo en mano, en el Palacio Euskalduna de Bilbao. “La empresa va bien, queremos escuchar lo que dicen los accionistas y por qué no hacerlo con una fiesta”, decía el presidente de la empresa en unas de esas reuniones.

Ahora la eléctrica también va bien, pero, pese a que en Euskadi no hay ningún tipo de restricciones a las reuniones por cuestiones sanitarias, la junta de este viernes tendrá un formato muy similar al del año pasado. Se celebra en la Torre Iberdrola, rascacielos sede de la empresa, no en el Euskalduna y solo se diferencia de la de 2021 en que asistirán un centenar de accionistas de forma presencial, que son los que tiene cabida en el auditorio de la Torre. El resto tendrán que seguirla por vía telemática. Los asistentes a la junta por una u otra vía tienen por cierto una prima de asistencia si se alcanza un quórum de 70%.

A lo largo de esta semana no se ha celebrado ningún otro evento público con presencia del presidente de la compañía. Ni siquiera se han mantenido reuniones –al menos públicas– con el lehendakari, el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, o con el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, como era habitual otros años de forma previa a la Junta, aunque sí se reunió con el lehendakari en el mes de marzo. Iberdrola tampoco ha llevado a cabo ningún evento en la capital vizcaína para poner en valor la “energía verde” de la que hacía gala otros años con distintos actos.

A modo de ejemplo, un año se instalaron en la plaza Moyua de Bilbao, cerca de la sede de la empresa, molinos eólicos a escala que se movían con los pedales de unas bicicletas eléctricas que estrenaron juntos Sánchez Galán, el diputado general de Bizkaia y el alcalde de Bilbao. Otro se facilitaba a los ciudadanos el uso de bicicletas o patinetes eléctricos. El presidente de Iberdrola también recibía en la Torre a deportistas femeninas de élite –que patrocina la empresa– o se reunía de forma pública con proveedores.

Fuentes de Iberdrola han achacado a la pandemia el hecho de que no se lleven a cabo ninguno de estos eventos que eran habituales, porque cuando se decidió la fecha de la junta no se sabía que en momento de celebrarla no habría ya restricciones. “Eso hizo que se optara por la Torre Iberdrola y no el Palacio Euskalduna, lo que ya de entrada limita el aforo”. En cuanto al resto de los eventos, esperan que se recuperen el año que viene. También la costumbre de que el tranvía de Bilbao sea gratis durante la mañana para facilitar el acceso a la junta al Palacio Euskalduna. Este año al ser un número reducido de asistentes tocará pagar.  

Estimado Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, le escribo en referencia a sus recientes declaraciones en el marco del coloquio desarrollado en Sagunto, en el cual usted, junto al presentador que no quiso o no supo reprocharle sus afirmaciones y sus risas, tuvo a bien mofarse de una parte de los españoles y españolas, aquellas que continúan con la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno, refiriéndose a todos ellos como tontos: “solo los tontos que siguen con la tarifa regulada del Gobierno pagan más por la luz”.

Si tenemos en consideración que la palabra “tonto”, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua, hace referencia a una persona falta o escasa de entendimiento o de razón, podríamos concluir, basándonos en sus propias declaraciones, que usted pudiera ser una persona falta de entendimiento y de razón, por no hablar de empatía, respeto y compromiso social con las personas más vulnerables de nuestra sociedad, precisamente aquellas que más utilizan la tarifa eléctrica regulada por el Estado.

Falta a la razón y acredita un gran desconocimiento de la situación en la que se encuentran en España miles de personas y familias vulnerables que sufren pobreza energética, es decir Sr Galán, familias que viven en un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas, como consecuencia de contar con bajos ingresos o ninguno. Se lo explico con mayor claridad, personas y familias que se ven obligadas a elegir entre comer o pagar los suministros de luz y gas. De acuerdo con los datos de Eurostat, la pandemia ha empeorado la situación y la previsión es que durante este 2022, el número de familias que tengan dificultades para hacer frente a los recibos de la luz o gas siga aumentando, requiriendo del apoyo del Estado. De acuerdo con los datos aportados por Cáritas, en 2021 el 6,5 por ciento de los hogares recibieron avisos de corte de suministros básicos por carencia de recursos.

Le recuerdo que, según los informes de la Red Europea de lucha contra la pobreza y la Exclusión social (EAPN-ES), en España existen 12,5 millones de españoles y españolas que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social y, de ellos, 3,3 millones, es decir un 7 por ciento de la población viven situaciones de privación material severa, datos que se han incrementado como consecuencia de la pandemia, pasando más de un millón de nuevas personas a esta situación de pobreza extrema.

Estas son las familias y personas que mayoritariamente se acogen a la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno que, por cierto, Sr Galán, es la única que da derecho a la ciudadanía más vulnerable a poder acceder a las acertadas medidas impulsadas por el Gobierno para su protección, como la prohibición del corte de luz o el acceso a las ayudas públicas del bono social eléctrico. Es a esas familias a las que usted ha llamado “tontas” por acogerse a un tipo de tarifa que no beneficia los intereses de las empresas energéticas.

Vuelve usted a faltar a la razón y a los datos cuando afirma que el 80 por ciento de los consumidores se acogen a la tarifa libre, aquellas en las que el coste lo fijan las eléctricas de acuerdo a sus propios criterios e intereses. Los datos oficiales nos indican que en 2021, en España existían unos 30 millones de puntos de suministro, de los cuales 19,8 millones se encontraban en el mercado libre, mientras que 10,2 millones figuraban en el mercado regulado, es decir un 66 por ciento, frente al 34 por ciento y ello a pesar de la agresiva campaña de compañías como Iberdrola que intentan convencer a los consumidores de las ventajas de la tarifa libre, frente a la regulada, falseando la realidad y sin explicar las diferencias entre ambas, olvidando el derecho al saber de la ciudadanía. Una ciudadanía desinformada siempre es más manipulable.

Las compañías eléctricas vienen ofertando a las familias paquetes de servicios integrados de luz y gas que incluso pueden estar vinculadas a la contratación de determinados seguros, con un precio fijo, pero exigiendo permanencia, aparentando unas mejores condiciones económicas, cuando en muchos casos no son reales.

Producir energía a través de fuentes renovables más económicas y facturar al precio desorbitado del gas, como se ha venido haciendo en los últimos tiempos, nos ha llevado a la generación de grandes beneficios para las compañías eléctricas que para nada han repercutido en la ciudadanía más vulnerable.

El reciente acuerdo alcanzado por España y Portugal en el marco de la UE, permitiendo a estos dos países poner un precio máximo al gas, va a hacer posible la disminución de los costes de la facturación eléctrica, pero esta reducción, con carácter inmediato, solo podrá afectar a las familias acogidas a la tarifa regulada por el Gobierno.

Las preguntas que nos debemos hacer desde la ciudadanía son ¿quién queremos que regule el precio de la factura eléctrica, el Estado o las compañías eléctricas? ¿Un Estado que debe perseguir el beneficio del conjunto de la ciudadanía o las eléctricas que persiguen beneficio propio?

Sr Galán, tal vez tenga usted razón y seremos tontos mientras que en España solo un 4,7 por ciento de los hogares tengamos sistemas de autoproducción de electricidad, ya sea del hogar o comunitario. Cuando el Gobierno no solo permita, sino que impulse el autoconsumo con energías renovables y nos organicemos en cooperativas de autogeneración eléctrica, a lo mejor comenzamos a dejar de ser tontos.

Como es cada vez más frecuente en nuestro mundo robótico (de hecho, muchos tenemos ya más trato con robots que con seres humanos), el otro día me pasé el día entero hablando con un robot en un intento estéril de conseguir una cita con un taller o en su defecto hablar con un ser humano.

El robot no me dijo “vuelva usted mañana”, pero sí que me dio conversación de la forma más amigable posible, incluso de la forma más humana posible, considerando que se trataba de un robot. El robot susodicho (como pude comprobar en esta sorprendente y algo inquietante experiencia) llevaba impreso en sus circuitos una elegancia y buena educación en el trato que no veía desde hacía mucho tiempo, y que antaño no era infrecuente entre los humanos de a pie.

Era un ejemplo de simbiosis casi perfecta entre tecnología punta y costumbres antiguas, cuando la hospitalidad y la amabilidad se consideraban valores de una civilización avanzada. Avanzada en cultura (de la buena y profunda) aunque materialmente fuera más pobre. Hoy que tanta pobreza y de todos los órdenes crece en medio de la abundancia y el lujo, empezamos a entender mejor estos conceptos y estas distinciones. Por lo general las conversaciones que se establecen con estos robots (que han suplantado ya mayoritariamente a los trabajadores de carne y hueso) son cochambrosas y surrealistas, y no suelen conducir a ningún sitio. Para reír o llorar, según se elija o el estado de ánimo nos inspire.

 Sin embargo, el robot del otro día, al otro lado del teléfono y con el que mantuve una serie de conversaciones a lo largo de la mañana y a lo largo de la tarde, en un intento -ya digo- frustrado y bastante patético de conseguir algo consistente, o en su defecto la posibilidad de hablar con alguien y no con algo, me ha dejado desconcertado. Decir asombrado o admirado sería decir poco. La voz perfectamente humana. Su agilidad de comprensión de lo que yo decía y su capacidad de adaptar su respuesta en función de la lógica conversacional, era casi humana o incluso sobrehumana. Deduzco que la cantidad de datos que este robot maneja y la velocidad con que los maneja es desde cualquier punto de vista extraordinaria. Si no fuera por ciertos elementos mecánicos en su conversación que ponían al descubierto su origen artificial, sería muy difícil distinguir a este trabajador robótico de un trabajador de carne y hueso.

Y sin embargo no he conseguido nada ni he podido dar con ninguna de esas brechas tan características de nuestra especie que contraviniendo (o superando) la lógica de las máquinas permite resolver nuestros problemas, en función de las circunstancias, con un poco de mano izquierda. Su capacidad flexible o su potencia (no sé cómo decirlo) a la hora de imitar la ‘condición humana’, incluso en los giros de voz que parecían determinados por una pulsión emotiva, era de tal calidad que tuve la impresión de poder quedar con él (o ella) para tomarnos un café y hablar de los problemas de la vida en general, siempre que no tocáramos el tema de la política y otras cuestiones bizantinas, ‘demasiado humanas’ como para que una máquina intérprete con imparcialidad suficiente las diferencias notables que existen entre tecnocracia y democracia, o entre la defensa de la libertad y el neoliberalismo, que hoy en día, como es sabido, tanto en un caso como en otro, se sitúan en las antípodas.

Si hubiéramos abordado estos temas espinosos, sin duda él barriendo para casa se habría puesto del lado de la tecnocracia y del neoliberalismo, que van de esclavizar personas y liberar máquinas, y eso podría haber enturbiado (no digo impedido) nuestra incipiente amistad. El caso es que el robot en cuestión, en sentido estricto, no servía para nada práctico, pero sí para mantener un buen rato de conversación no carente de momentos poéticos. O sea, que de poesía y cosmogonías creo que podríamos haber hablado largo y tendido (y estuvimos muy cerca) sabiendo de antemano que no llegaríamos a ningún resultado consistente, que es para lo que tanto él como yo, seres poéticos y cosmo-agónicos, estamos programados.

 Pero como estamos hablando de esfuerzos vanos, tontos, y tecnocracia, no quiero dejar de dar mi opinión sobre el tema estrella de estos días: ¿Por qué los españoles somos tontos en el sentir de los gerifaltes que nos estafan y explotan? Efectivamente debemos ser tontos a rabiar, pero no por lo que dice el jefazo de Iberdrola, un perfecto ejemplo de esa fauna posmoderna y neoliberal, y que al parecer recabó los servicios del famoso comisario Villarejo, maestro en artes oscuras, demostrando así, este locuaz potentado, no solo su listeza sino su talla moral. En realidad, por lo que pueden llamarnos tontos, con justo merecimiento, a los españoles, es por haber consentido que nuestro patrimonio público y suministros básicos fueran privatizados y pasaran a enriquecer a este tipo de gerifaltes sin escrúpulos que no solo nos mantienen cautivos en sus mercados amañados, sino que nos insultan.

Moraleja: hay que fijarse a quien se vota, porque votar a algunos, sobradamente conocidos, es entregar el poder a estos potentados que nos desprecian.

La vicepresidenta portavoz de la Generalitat, Mónica Oltra, ha calificado de “inmorales” las declaraciones del presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, afirmando que en España “solamente los tontos” que tienen la tarifa regulada marcada por el Gobierno pagan más por la electricidad.

Oltra, en su comparecencia semanal tras el pleno de gobierno, ha asegurado que tiene que “respirar fuerte” para valorar las palabras que dijo Galán este jueves en la presentación de la futura gigafactoría de Volkswagen en Sagunt (Valencia), en el marco de un coloquio tras el acto al que asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Efectivamente, un 20% de personas que tienen la tarifa regulada no es que sean tontos, es que igual no son tan listos como Sánchez Galán o igual no ganan 1.500 euros a la hora. Este señor gana 1.500 euros cada hora, cada 60 minutos”, ha recalcado la también representante de Compromís.

Un dinero, ha apuntado, que no cobra la mayoría de trabajadores de Iberdrola “ni los tontos que tienen esa tarifa”. En cualquier caso, Oltra ha defendido que “una persona de este nivel no puede decir estas cosas, y menos en un acto ante miembros de un gobierno que pone en el centro las políticas destinadas a las personas”.

Es más, ha asegurado que si ella hubiera estado presente en ese momento del coloquio, Galán “se hubiera encontrado con una contestación” y ha cargado contra las “risas” que se escucharon después de la polémica frase.

“No sé qué me da más agonía, si las palabras o las risas que vinieron después -ha abundado-. Me parece muy feo e inmoral burlarse de las personas más necesitadas de esta sociedad, encima de que eres rico por lo que te pagamos los tontos que no ganamos 1.500 euros a la hora”.