La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa contra Sánchez Galán en el caso Villarejo

El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, en una fotografía de archivo. EFE/Fernando Villar

Pedro Águeda


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La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el sobreseimiento libre decretado por el juez instructor Manuel García Castellón respecto del presidente de Iberdrola José Ignacio Sánchez Galán en relación con la contratación del comisario de Policía José Manuel Villarejo.

En un auto, la Sala desestima el recurso presentado por el empresario Florentino Pérez contra la decisión de García Castellón de decretar el archivo de la causa respecto de Sánchez Galán al considerar prescritos los delitos por lo que estaba siendo investigado en la pieza 17 del caso Tándem.

Los magistrados analizan en primer lugar el delito de cohecho cometido por particulares y señalan de acuerdo con la legislación aplicable el plazo de prescripción era de 10 años “que ya habían transcurrido el 23 de junio de 2021 que es cuando el procedimiento se dirigió contra José Ignacio Sánchez Galán al ser citado para ser oído como investigado, teniendo en cuenta que los hechos que se le imputan en el auto recurrido ocurrieron entre 2004 y 2009”.

En relación con la participación de particulares en el delito contra la intimidad cometido por funcionarios públicos, el Tribunal analiza el tipo penal aplicable en el momento de los hechos y concluye que, como en el caso anterior, también estaría prescrito. De la misma manera, considera la Sala también prescrito el delito de falsedad provisionalmente imputado, “al no estar ninguno de ellos castigado con pena que alcance diez años de prisión”.

El recurso de Florentino Pérez aludía a la supuesta implicación de Sánchez Galán en los proyectos Gipsy y Posy. El primero habría investigado las posibles vinculaciones de un empleado de Iberdrola con Florentino Pérez para suministrar a éste información de la eléctrica y su presidente; mientras que el segundo trataba de investigar directamente al presidente de ACS “para conocer, llegado el caso, cualquier circunstancia que pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola”.

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