Una inversión de 170,7 millones de euros para modernizar el Aeropuerto de Menorca ha desatado la polémica entre los trabajadores del aeródromo y Aena debido a una ausencia en la ejecución del presupuesto: a pesar de que llevan años reclamando, la empresa ha ignorado nuevamente, según los trabajadores, la necesidad de construir una nueva torre de control que sustituya a la actual –la más vieja de España en funcionamiento–. Por otra parte, las organizaciones ecologistas de la isla alertan de las consecuencias que las actuaciones pueden tener sobre la presión turística en la isla y señalan que crecerá el número de visitantes que, año a año, bate récords de afluencia. 

Las obras forman parte del DORA III, el marco que regula las inversiones y tarifas de los aeropuertos españoles, que prevé movilizar 13.000 millones de euros en todo el Estado con la promesa de “mantener la estabilidad tarifaria, la recuperación del tráfico aéreo pospandemia y la sostenibilidad medioambiental”, según la compañía. Este medio se ha contactado con AENA para conocer su versión sobre las actuaciones previstas en el Aeropuerto de Menorca y, en particular, sobre la ausencia de una nueva torre de control entre las inversiones planificadas. Al cierre de este artículo, la compañía no había respondido a las preguntas planteadas.

Según figura en el BOE, las actuaciones incluyen “mejoras en los controles de seguridad, la terminal y el campo de vuelo”, pero en ningún ítem aparece la ansiada renovación de la torre. La noticia ha sido recibida con estupor por los principales sindicatos del aeropuerto, que reclaman desde hace varios años esta mejora edilicia. Se trata de una reivindicación, que ha sido motivo de disputa entre el personal del Aeropuerto de Menorca y AENA en varias ocasiones –ha habido huelgas, paros e incluso alguna intervención performática en los últimos años–. Tras enterarse de la inversión prevista, los representantes de CCOO y USCA han vuelto a reclamar públicamente la construcción de una nueva torre y alertan de que el estado de la actual puede acabar comprometiendo la operatividad del aeropuerto. 

“El problema no es solo que la torre es vieja, sino que condiciona también la modernización de los equipos y genera limitaciones en la visibilidad”, comenta Cristina Llobet, delegada de USCA en Menorca. La controladora explica que las características físicas de la torre impiden sustituir y actualizar parte de la tecnología necesaria para controlar el tráfico aéreo y que algunos equipos son tan antiguos que ya no disponen de repuestos. La torre fue inaugurada en 1968. Se trata de la infraestructura aérea en uso más vieja del país. Según un estudio realizado en 2014 por la empresa Investigación y Control S.A. (Incosa) a petición de AENA, la vida útil de la torre de control del Aeropuerto de Menorca finalizó en 2019 con una prórroga in extremis hasta 2024. Desde entonces se han anunciado diversos planes para sustituirla, incluyendo una torre virtual dirigida con Inteligencia Artificial, aunque nunca se llegó a concretar nada. 

La torre fue inaugurada en 1968 y, según la controladora Cristina Llobet, sus características físicas impiden sustituir y actualizar parte de la tecnología necesaria para controlar el tráfico aéreo y algunos equipos son tan antiguos que ya no disponen de repuestos

El deterioro de la infraestructura no es solamente un reclamo histórico y una necesidad estructural del Aeropuerto, sino una cuestión de salud pública. Según han denunciado los trabajadores, en lo que va de año la torre ha sufrido varios incidentes: en febrero, un temporal provocó el desprendimiento de varias placas de su fachada, en mayo una fuga de aguas fecales durante unas obras en el baño reveló antiguas tuberías de uralita con amianto, una sustancia cancerígena. “La presencia de amianto en estas instalaciones supone un riesgo grave para la salud de los trabajadores que desempeñan sus funciones en el recinto”, aseguran desde CCOO a través de un comunicado. Más recientemente, en septiembre, las lluvias provocaron filtraciones de agua que llegaron hasta equipos electrónicos y posiciones de control, obligando a AENA a realizar reparaciones urgentes en la cubierta.

Consenso político

Pero las exigencias y pedidos sobre una nueva torre de control no se quedan sólo en el plano sindical. El pasado mes de septiembre la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso aprobó, con 31 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, una Proposición No de Ley presentada por el diputado de Sumar, Fèlix Alonso Cantorné, para reclamar al Gobierno y a Aena la construcción de una nueva torre física. “El problema no es el dinero: el próximo DORA III contempla más de 170 millones de euros en mejoras, cuando el coste de la torre es de 7 millones”, destaca Alonso, quien considera que “las modificaciones aéreas, los avances tecnológicos y el volumen de vuelos hacen imprescindible construir una nueva torre de control”. El diputado insiste en que la sustitución de la torre no responde a una cuestión estética, sino de “seguridad operativa”, especialmente después de la fuerte tormenta del pasado 21 de agosto. 

Poco después de la votación en el Congreso de los Diputados, representantes de CCOO y USCA se reunieron con el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca. Sindicatos y gobierno local también coincidieron en reclamar una nueva torre de control física y en cuestionar que esta infraestructura no figure entre las actuaciones previstas en el plan de mejoras, mientras sí se contemplan obras destinadas a ampliar distintas capacidades del aeropuerto. “No podemos entender que se planteen inversiones para aumentar la capacidad del aeropuerto mientras una demanda tan importante para Menorca como es una nueva torre de control física continúa sin respuesta”, afirmó el presidente tras el encuentro.

Por otro lado, a nivel autonómico el consenso también parece total. El Parlament ha aprobado este martes por unanimidad reclamar al Gobierno central la construcción de la torre, a través de una proposición no de ley presentada por el diputado de Unidas Podemos José María García. La iniciativa ha contado con el respaldo de todos los grupos parlamentarios. La diputada socialista Verónica Llufriu ha defendido que la torre está obsoleta y que su rehabilitación no es viable, mientras que el popular Salomé Cabrera ha advertido de que una avería podría obligar a interrumpir el tráfico aéreo. Desde MÉS per Mallorca, Ferran Rosa ha criticado el desinterés del Gobierno central, y Vox ha respaldado la construcción al considerar la torre una infraestructura estratégica para la isla. “No es un lujo, es una necesidad”, ha concluido Cabrera.

Cabe destacar que, en 2019, a poco de cumplirse el plazo que marcaba el fin de la vida útil de la torre actual, AENA anunció un proyecto para reemplazarla por una “torre remota”. Se trataba de un sistema de “visión artificial autónoma” que evitaría la construcción de un edificio de control tradicional y la sustituiría por un sofisticado equipo de cámaras e inteligencia artificial, con el que se monitorizaría la entrada y salida de aviones de forma virtual. En 2023, AENA reconoció que el proyecto se encontraba en fase de prueba, aunque finalmente no prosperó y, hasta la fecha, no ha sido implementado ni existe una propuesta concreta sobre qué hacer con la torre de control.

Polémica ambiental

Las dudas y críticas en lo que se refiere a las actuaciones previstas por Aena no se quedan sólo en el plano sindical o edilicio. El GOB de Menorca también ha denunciado que las inversiones del Plan DORA III van mucho más allá de satisfacer las necesidades de conectividad y seguridad que esgrime la gestión del aeródromo. “Las inversiones aumentan objetivamente la capacidad operativa del aeropuerto”, ha señalado Miquel Camps, coordinador territorial de la entidad. La organización señala que las reformas generarán “un incremento de 4.283.900 pasajeros –los recibidos en la temporada 2027– a 4.449.300 en 2031, es decir, unos 165.000 pasajeros más al año, además de unas 1.700 operaciones adicionales”, aducen los ecologistas citando cifras del ministerio de Transportes. 

[Las reformas de AENA generarán] un incremento de unos 165.000 pasajeros más al año, además de unas 1.700 operaciones adicionales

Miquel Camps — GOB Menorca

Aena por su parte publicó un comunicado señalando que las actuaciones “no crean la demanda” que aumentaría el número de pasajeros, sin embargo, el GOB advierte que las mismas facilitan la masificación, al igual que ocurre con los aparcamientos de las playas de la isla. Asimismo, los ecologistas distinguen entre las inversiones necesarias por motivos de seguridad o comodidad y aquellas destinadas a atender un eventual mayor flujo de pasajeros.

Finalmente, los ecologistas también cuestionan el argumento de AENA de que su actividad responde “únicamente a la demanda existente” y apunta a los intereses económicos vinculados al crecimiento del tráfico aéreo. Según Miquel Camps, el tráfico tiene un peso significativo en los resultados de AENA y limitar el crecimiento previsto en los aeropuertos de Balears supondría, según una estimación del Ministerio citada por la organización, una reducción de ingresos aeroportuarios de 231 millones de euros entre 2027 y 2031.

En este sentido, el coordinador territorial de la organización ecologista considera que el debate sobre las inversiones aeroportuarias está condicionado por “fuertes intereses económicos que, como es evidente, no siempre concuerdan con los de la población local”. En este contexto, reclama que las inversiones del aeropuerto eliminen las actuaciones orientadas a atender un mayor flujo de pasajeros y que Menorca deje de incrementar la presión turística sobre recursos como el agua, la vivienda y los residuos.

Una inversió de 170,7 milions d'euros per modernitzar l'Aeroport de Menorca ha desfermat la polèmica entre els treballadors de l'aeròdrom i Aena a causa d'una absència en l'execució del pressupost: malgrat que fa anys que ho reclamen, l'empresa ha ignorat novament, segons els treballadors, la necessitat de construir una nova torre de control que substitueixi l'actual –la més vella d'Espanya en funcionament–. D'altra banda, les organitzacions ecologistes de l'illa alerten de les conseqüències que les actuacions poden tenir sobre la pressió turística a l'illa i assenyalen que creixerà el nombre de visitants que, any rere any, bat rècords d'afluència. 

Les obres formen part del DORA III, el marc que regula les inversions i tarifes dels aeroports espanyols, que preveu mobilitzar 13.000 milions d'euros a tot l'Estat amb la promesa de “mantenir l'estabilitat tarifària, la recuperació del trànsit aeri post-pandèmia i la sostenibilitat mediambiental”, segons la companyia. Aquest mitjà s'ha posat en contacte amb AENA per conèixer la seva versió sobre les actuacions previstes a l'Aeroport de Menorca i, en particular, sobre l'absència d'una nova torre de control entre les inversions planificades. Al tancament d'aquest article, la companyia no havia respost a les preguntes plantejades.

Segons figura al BOE, les actuacions inclouen “millores en els controls de seguretat, la terminal i el camp de vol”, però en cap ítem apareix l'anhelada renovació de la torre. La notícia ha estat rebuda amb estupor pels principals sindicats de l'aeroport, que reclamen des de fa diversos anys aquesta millora edilícia. Es tracta d'una reivindicació, que ha estat motiu de disputa entre el personal de l'Aeroport de Menorca i AENA en diverses ocasions –hi ha hagut vagues, aturades i fins i tot alguna intervenció performativa en els darrers anys–. Després d'assabentar-se de la inversió prevista, els representants de CCOO i USCA han tornat a reclamar públicament la construcció d'una nova torre i alerten que l'estat de l'actual pot acabar comprometent l'operativitat de l'aeroport. 

“El problema no és només que la torre és vella, sinó que condiciona també la modernització dels equips i genera limitacions en la visibilitat”, comenta Cristina Llobet, delegada de l'USCA a Menorca. La controladora explica que les característiques físiques de la torre impedeixen substituir i actualitzar part de la tecnologia necessària per controlar el trànsit aeri i que alguns equips són tan antics que ja no disposen de recanvis. La torre va ser inaugurada el 1968. Es tracta de la infraestructura aèria en ús més vella del país. Segons un estudi realitzat el 2014 per l'empresa Investigación y Control S.A (Incosa) a petició d'AENA, la vida útil de la torre de control de l'Aeroport de Menorca va finalitzar el 2019 amb una pròrroga in extremis fins al 2024. Des de llavors s'han anunciat diversos plans per substituir-la, incloent-hi una torre virtual dirigida amb Intel·ligència Artificial, encara que mai no es va arribar a concretar res. 

La torre va ser inaugurada el 1968 i, segons la controladora Cristina Llobet, les seves característiques físiques impedeixen substituir i actualitzar part de la tecnologia necessària per controlar el trànsit aeri i alguns equips són tan antics que ja no disposen de recanvis

El deteriorament de la infraestructura no és solament una reivindicació històrica i una necessitat estructural de l'Aeroport, sinó una qüestió de salut pública. Segons han denunciat els treballadors, aquest any la torre ha patit diversos incidents: al febrer, un temporal va provocar el despreniment de diverses plaques de la seva façana, al maig una fuita d'aigües fecals durant unes obres al bany va revelar antigues canonades d'uralita amb amiant, una substància cancerígena. “La presència d'amiant en aquestes instal·lacions suposa un risc greu per a la salut dels treballadors que exerceixen les seves funcions al recinte”, asseguren des de CCOO a través d'un comunicat. Més recentment, al setembre, les pluges van provocar filtracions d'aigua que van arribar fins a equips electrònics i posicions de control, obligant AENA a realitzar reparacions urgents a la coberta.

Consens polític

Però les exigències i peticions sobre una nova torre de control no es queden només en el pla sindical. El passat mes de setembre la Comissió de Transports i Mobilitat Sostenible del Congrés va aprovar, amb 31 vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció, una Proposició No de Llei presentada pel diputat de Sumar, Fèlix Alonso Cantorné, per reclamar al Govern i a Aena la construcció d'una nova torre física. “El problema no són els diners: el pròxim DORA III contempla més de 170 milions d'euros en millores, quan el cost de la torre és de 7 milions”, destaca Alonso, qui considera que “les modificacions aèries, els avenços tecnològics i el volum de vols fan imprescindible construir una nova torre de control”. El diputat insisteix que la substitució de la torre no respon a una qüestió estètica, sinó de “seguretat operativa”, especialment després de la forta tempesta del passat 21 d'agost.

Poc després de la votació al Congrés dels Diputats, representants de CCOO i USCA es van reunir amb el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca. Sindicats i govern local també van coincidir a reclamar una nova torre de control física i a qüestionar que aquesta infraestructura no figuri entre les actuacions previstes en el pla de millores, mentre sí que es contemplen obres destinades a ampliar diferents capacitats de l'aeroport. “No podem entendre que es plantegin inversions per augmentar la capacitat de l'aeroport mentre una demanda tan important per a Menorca com és una nova torre de control física continua sense resposta”, va afirmar el president després de la trobada.

D'altra banda, a nivell autonòmic el consens també sembla total. El Parlament ha aprovat aquest dimarts per unanimitat reclamar al Govern central la construcció de la torre, a través d'una proposició no de llei presentada pel diputat d'Unidas Podemos José María García. La iniciativa ha comptat amb el suport de tots els grups parlamentaris. La diputada socialista Verónica Llufriu ha defensat que la torre està obsoleta i que la seva rehabilitació no és viable, mentre que la popular Salomé Cabrera ha advertit que una avaria podria obligar a interrompre el trànsit aeri. Des de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa ha criticat el desinterès del Govern central, i Vox ha donat suport a la construcció en considerar la torre una infraestructura estratègica per a l'illa. “No és un luxe, és una necessitat”, ha conclòs Cabrera.

Cal destacar que, el 2019, poc abans de complir-se el termini que marcava la fi de la vida útil de la torre actual, AENA va anunciar un projecte per substituir-la per una “torre remota”. Es tractava d'un sistema de “visió artificial autònoma” que evitaria la construcció d'un edifici de control tradicional i la substituiria per un sofisticat equip de càmeres i intel·ligència artificial, amb el qual es monitoritzaria l'entrada i sortida d'avions de forma virtual. El 2023, AENA va reconèixer que el projecte es trobava en fase de prova, encara que finalment no va prosperar i, fins a la data, no ha estat implementat ni existeix una proposta concreta sobre què fer amb la torre de control.

Polèmica ambiental

Els dubtes i les crítiques en relació amb les actuacions previstes per Aena no es queden només en el pla sindical o edilici. El GOB de Menorca també ha denunciat que les inversions del Pla DORA III van molt més enllà de satisfer les necessitats de connectivitat i seguretat que esgrimeix la gestió de l'aeròdrom. “Les inversions augmenten objectivament la capacitat operativa de l'aeroport”, ha assenyalat Miquel Camps, coordinador territorial de l'entitat. L'organització assenyala que les reformes generaran “un increment de 4.283.900 passatgers –els rebuts en la temporada 2027– a 4.449.300 el 2031, és a dir, uns 165.000 passatgers més a l'any, a més d'unes 1.700 operacions addicionals”, addueixen els ecologistes citant xifres del ministeri de Transports.

[Les reformes d'AENA generaran] un increment d'uns 165.000 passatgers més a l'any, a més d'unes 1.700 operacions addicionals

Miquel Camps — GOB Menorca

Aena per la seva banda va publicar un comunicat assenyalant que les actuacions “no creen la demanda” que augmentaria el nombre de passatgers, tanmateix el GOB adverteix que les mateixes faciliten la massificació, de la mateixa manera que ocorre amb els aparcaments de les platges de l'illa. Així mateix, els ecologistes distingeixen entre les inversions necessàries per motius de seguretat o comoditat i aquelles destinades a atendre un eventual major flux de passatgers.

Finalment, els ecologistes també qüestionen l'argument d'AENA que la seva activitat respon “únicament a la demanda existent” i apunta als interessos econòmics vinculats al creixement del trànsit aeri. Segons Miquel Camps, el trànsit té un pes significatiu en els resultats d'AENA i limitar el creixement previst als aeroports de Balears suposaria, segons una estimació del Ministeri citada per l'organització, una reducció d'ingressos aeroportuaris de 231 milions d'euros entre 2027 i 2031.

En aquest sentit, el coordinador territorial de l'organització ecologista considera que el debat sobre les inversions aeroportuàries està condicionat per “forts interessos econòmics que, com és evident, no sempre concorden amb els de la població local”. En aquest context, reclama que les inversions de l'aeroport eliminin les actuacions orientades a atendre un major flux de passatgers i que Menorca deixi d'incrementar la pressió turística sobre recursos com l'aigua, l'habitatge i els residus.

Batuel Bayarri és d'origen valencià. Fa tretze anys que viu a Menorca i els últims sis i mig ha treballat en hostaleria, sempre a la cuina, malgrat tenir una àmplia trajectòria en l'àmbit de les Belles Arts. És pintor de formació amb diverses beques importants a la seva esquena i un màster en Art i Creació per la Complutense de Madrid. Ha exposat en sales i galeries de tot l'Estat. Avui, la possibilitat de compatibilitzar l'art amb la feina que el sustenta està en una prima línia roja.

“He hagut d'assumir responsabilitats cada vegada més grans per poder adaptar-me a l'augment del cost de vida a l'illa, això significa dedicar més hores al restaurant i menys a la pintura”. Segons assenyala, l'encariment de l'habitatge ha estat un altre factor clau en els últims anys per decidir fer més hores de cuina i fogó que de tallers i olis. “En els dos últims anys m'he hagut de mudar tres vegades. Cada vegada que canvies de casa has de tornar a muntar l'estudi i això afecta la producció i la creativitat”.

Posa al costat del grafiti d'una cuina. Sota el rellotge que marca les hores, els torns, els passos de servei, hi ha –pintat amb retolador– un dibuix sobre la rajola. Cada dia que passa, els treballadors de l'hotel dibuixen una nova xifra. Avui diu: “Queden 40 dies”. Mentre el rellotge compta torns, el grafiti compta les jornades que queden perquè acabi la temporada 2026. Cada any, l'arribada de la tardor marca una desacceleració en la vida quotidiana de Menorca; és el ritme de l'estacionalitat.

Amb una diferència de pocs dies, l'illa passa de l'ocupació desbordant al buit turístic. De l'agitació de l'estiu a la quietud de la tardor. De l'obertura i el frenesí, a la calma i el repòs –i també, és clar– a la desacceleració econòmica. En les primeres setmanes de setembre, desenes d'hotels, bars i restaurants donen inici a l'operatiu de tancament fins a l'any que ve. La dada de l'atur dels últims tres anys és il·lustrativa en aquest sentit: amb l'arribada d'octubre la desocupació ha pujat al voltant d'un 10% cada any en els últims dos anys –un 9,5% el 2024 i un 9,4% el 2025, segons dades publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE, en les sigles en castellà)–. Tot sembla indicar que aquest any no serà una excepció.

En les primeres setmanes de setembre, desenes d'hotels, bars i restaurants donen inici a l'operatiu de tancament fins a l'any que ve

“Quan acaba el contracte és un canvi abrupte”

Darrere les seves lents de marc gruixut, els ulls miops de Batuel compten els dies que falten per al final de la seva temporada número vuit com a cap de cuina mentre espera amb ànsia el retorn als bastidors i a les aquarel·les. “Quan acaba el contracte és un canvi bastant abrupte. Passes de nou mesos pensant en comandes, plats i clients a parar de cop”. Segons explica, l'art és el cable a terra per connectar amb un ritme menys exigent i més creatiu. “Utilitzo aquests quatre mesos per treballar la meva obra i els meus projectes. És la manera que tinc de subsistir a l'illa”.

Utilitzo aquests quatre mesos [d'atur] per treballar la meva obra i els meus projectes. És la manera que tinc de subsistir a l'illa

Batuel Bayarri — Artista i treballador d'un restaurant

Malgrat tot, aquest valencià de 38 anys confessa que la possibilitat d'abandonar l'illa ha estat present en diferents moments dels últims anys. “M'ho he plantejat moltes vegades”, admet. Tanmateix, assegura que la paternitat va canviar completament aquesta perspectiva. “Ser pare és el que ha fet que em quedi a Menorca”. Amb el temps, explica, ha après a valorar aspectes de la vida a l'illa que abans passaven més desapercebuts. “Ara gaudeixo molt més de Menorca perquè he assumit que viuré aquí. Però si no hagués tingut una filla, probablement me n'hauria anat fa cinc o deu anys”.

Ara gaudeixo molt més de Menorca perquè he assumit que viuré aquí. Però si no hagués tingut una filla, probablement me n'hauria anat fa cinc o deu anys

Batuel Bayarri — Artista i treballador d'un restaurant

“Durant sis mesos generes tots els diners”

Similar a la de Batuel és la història d'Aleix Solá García, qui fa onze anys que treballa com a cuiner a Menorca, encara que aquest barceloní viu exclusivament dels ingressos que obté entre primavera i tardor. Assegura que, tal com està, el model estacional cada vegada és més difícil de sostenir: “Els primers sis o set anys es podia viure bastant bé, però des de fa uns tres anys he hagut d'allargar les temporades un o dos mesos més per poder cobrar l'atur i arribar a la següent temporada”.

Amb l'arribada de l'hivern, l'Aleix depèn dels mesos cotitzats, de l'atur i d'una gestió molt ajustada dels seus estalvis. “Durant sis o set mesos generes tots els diners de l'any. Si no t'organitzes, pot arribar març o abril i no hi arribes”. En alguns moments ha necessitat recolzar-se en la devolució de la renda o en ajuda familiar per cobrir els últims mesos abans de tornar a treballar.

Segons explica, l'estacionalitat condiciona per complet la seva forma de vida. “El contrast és molt gran. A l'estiu no tinc temps per a res perquè treballo moltíssim. A l'hivern tinc temps, però no tinc diners. És difícil equilibrar”. Malgrat el canvi de condicions laborals, l'Aleix no es planteja marxar de l'illa. “Prefereixo viure a Menorca tot l'any. El que m'agradaria és que la meva professió fos més estable, poder treballar del que m'agrada sense haver de dependre exclusivament del turisme”, explica, alhora que reconeix que l'augment del cost de vida i de l'habitatge està posant en qüestió la viabilitat de la feina de temporada. “Jo puc seguir perquè tinc un càrrec de responsabilitat, però si no assoleixes certes responsabilitats o no tens uns ingressos més alts, ser temporer ja no és viable”, comenta.

El contrast és molt gran. A l'estiu no tinc temps per a res perquè treballo moltíssim. A l'hivern tinc temps, però no tinc diners. És difícil equilibrar

Aleix Solá García — Cuiner

Un atur històricament baix

Malgrat el fort contrast social i econòmic que imposa el canvi d'estació a l'illa, Menorca manté taxes d'atur històricament baixes. La població desocupada es va situar, cap al final del quart trimestre de 2025, en 1.873 persones, la qual cosa implica una reducció del -3,1% interanual i una caiguda acumulada del -59,5% respecte a 2019, segons dades de l'Observatori Social i Ambiental de Menorca (OBSAM).

Amb tot, l'OBSAM assenyala que un dels principals reptes de l'economia insular continua sent la concentració temporal de l'activitat turística i la falta de diversificació. La combinació d'estacionalitat, falta d'habitatge assequible i dificultats per captar mà d'obra apareix assenyalada com un dels principals límits per al creixement futur de l'illa en el Informe de Conjuntura Econòmica de Menorca que elabora cada any l'institut.

Però no tots els empresaris decideixen resignar-se a enviar els seus treballadors a l'atur i aprofundir la bretxa entre alta activitat i tancament total. La Patricia i en Daniel són una parella d'emprenedors que, a diferència de bona part de la restauració menorquina, aposten per mantenir el seu negoci obert durant els dotze mesos de l'any. “No va ser una decisió premeditada. Es va anar donant. Quan vam començar a gestionar el local ens vam adonar que, per la ubicació al centre de Maó i pel tipus de negoci que tenim, era viable obrir tot l'any”, expliquen.

Amb el temps, l'elecció també va adquirir una dimensió més personal. “Ens agrada poder aportar alguna cosa a la gent que viu aquí. Que no sigui un negoci que només obre quan arriba un munt de turistes i tanca quan se'n van”, explica la Patricia. Encara que reconeixen que econòmicament és més senzill concentrar l'activitat en els mesos d'estiu, consideren que mantenir la persiana aixecada durant l'hivern té un valor que va més enllà de la rendibilitat immediata.

Entre els avantatges destaquen la possibilitat d'atraure treballadors que busquen estabilitat laboral i l'oportunitat de construir una relació més sòlida amb la clientela local. “Obrir tot l'any és un plus a l'hora de trobar personal. Hi ha molta gent que vol treballar durant tota la temporada, però també molta que busca una feina estable”. A més, sostenen que l'hivern permet desenvolupar una proposta gastronòmica diferent. “És una època molt més íntima, més tranquil·la. A nivell de producte, tardor, hivern i primavera són estacions molt interessants per cuinar”.

Obrir tot l'any és un plus a l'hora de trobar personal. Hi ha molta gent que vol treballar durant tota la temporada, però també molta que busca una feina estable

Patricia — Propietària d'un restaurant a Menorca

Mantenir el negoci obert tot l'any exigeix, tanmateix, una capacitat constant d'adaptació. “Són pràcticament dos negocis diferents. No té res a veure servir 150 comensals en ple agost que atendre 35 o 40 persones a l'hivern”. La gestió de plantilles, horaris, compres i oferta gastronòmica canvia per complet segons l'època de l'any. “Has de ser imaginatiu i adaptar-te contínuament a les necessitats de cada moment”, afirma ella.

Una altra variable cada vegada més comuna entre el sector empresarial de Menorca a l'hora de garantir una plantilla estable és oferir habitatge a més de feina –temporal o no– als seus empleats. Els “temporers” com Daniel Poleo –trenta anys, veneçolà i xef executiu– finalment decideixen quedar-se a l'illa per possibilitats com aquesta: “Jo vaig arribar a Menorca el 2021 per cobrir una suplència d'estiu. Venia de treballar a Barcelona en condicions precàries i la diferència va ser immediata”.

Explica que aquell estiu post pandèmia va ser la primera vegada que li van pagar bé. Finalment, un acord amb els seus actuals empleadors que inclou un habitatge a pocs metres del seu lloc de treball va inclinar la balança a favor de Menorca, a pesar de l'estacionalitat. “Poder treballar vuit mesos i que això em permeti viure dotze em dona la vida. Encara que juliol i agost són especialment durs, el balanç continua sent favorable. Em quedo aquí”, conclou.

Batuel Bayarri es de origen valenciano. Lleva trece años viviendo en Menorca y los últimos seis y medio trabajando en hostelería, siempre en cocina, a pesar de tener una amplia trayectoria en el ámbito de las Bellas Artes. Es pintor de formación con varias becas importantes a sus espaldas y un máster en Arte y Creación por la Complutense de Madrid. Ha expuesto en salas y galerías de todo el Estado. Hoy, la posibilidad de compatibilizar el arte con el trabajo que le sustenta está en una delgada línea roja. 

“He tenido que ir asumiendo responsabilidades cada vez mayores para poder adaptarme al aumento del coste de vida en la isla, eso significa dedicar más horas al restaurante y menos a la pintura”. Según señala, el encarecimiento de la vivienda ha sido otro factor clave en los últimos años para decidir hacer más horas de cocina y fogón que de talleres y óleos. “En los dos últimos años me he tenido que mudar tres veces. Cada vez que cambias de casa tienes que volver a montar el estudio y eso afecta a la producción y a lo creativo”. 

Posa junto al grafiti de una cocina. Bajo el reloj que marca las horas, los turnos, los pases de servicio, hay —pintado con rotulador— un dibujo sobre el azulejo. Cada día que pasa, los trabajadores del hotel dibujan una nueva cifra. Hoy dice: “Quedan 40 días”. Mientras el reloj cuenta turnos, el grafiti cuenta las jornadas que quedan para que termine la temporada 2026. Todos los años, la llegada del otoño marca una desaceleración en la vida cotidiana de Menorca; es el ritmo de la estacionalidad.

Con una diferencia de pocos días, la isla pasa de la ocupación desbordante al vacío turístico. De la agitación del verano a la quietud otoñal. De la apertura y el frenesí, a la calma y el sosiego y —también, claro— a la desaceleración económica. En las primeras semanas de septiembre, decenas de hoteles, bares, restaurantes y chiringuitos de playa dan inicio al operativo de cierre hasta el año que viene. El dato del paro de los últimos tres años es ilustrativo en este sentido: con la llegada de octubre el desempleo ha subido alrededor de un 10% cada año en los últimos dos años —un 9,5% en 2024 y un 9,4% en 2025, según datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)—. Todo parece indicar que este año no será una excepción. 

En las primeras semanas de septiembre, decenas de hoteles, bares, restaurantes y chiringuitos de playa dan inicio al operativo de cierre hasta el año que viene

“Cuando termina el contrato es un cambio abrupto”

Tras sus lentes de marco grueso, los ojos miopes de Batuel cuentan los días que faltan para el final de su temporada número 8 como jefe de cocina mientras espera con ansias el regreso a los bastidores y las acuarelas. “Cuando termina el contrato es un cambio bastante abrupto. Pasas de nueve meses pensando en pedidos, platos y clientes a parar de golpe”. Según explica, el arte es el cable a tierra para conectar con un ritmo menos exigente y más creativo. “Utilizo esos cuatro meses para trabajar mi obra y mis proyectos. Es la manera que tengo de subsistir en la isla”.

Utilizo esos cuatro meses [de paro] para trabajar mi obra y mis proyectos. Es la manera que tengo de subsistir en la isla

Batuel Bayarri — Artista y trabajador de un restaurante

A pesar de todo, este valenciano de 38 años confiesa que la posibilidad de abandonar la isla ha estado presente en distintos momentos de los últimos años. “Me lo he planteado muchas veces”, admite. Sin embargo, asegura que la paternidad cambió por completo esa perspectiva. “Ser padre es lo que ha hecho que me quede en Menorca”. Con el tiempo, explica, ha aprendido a valorar aspectos de la vida en la isla que antes pasaban más desapercibidos. “Ahora disfruto mucho más de Menorca porque he asumido que voy a vivir aquí. Pero si no hubiera tenido una hija, probablemente me habría marchado hace cinco o diez años”.

Ahora disfruto mucho más de Menorca porque he asumido que voy a vivir aquí. Pero si no hubiera tenido una hija, probablemente me habría marchado hace cinco o diez años

Batuel Bayarri — Artista y trabajador de un restaurante

“Durante seis meses generas todo el dinero”

Similar a la de Batuel es la historia de Aleix Solá García, quien lleva once años trabajando como cocinero en Menorca, aunque este barcelonés vive exclusivamente de los ingresos que obtiene entre primavera y otoño. Asegura que, tal y como está, el modelo estacional cada vez es más difícil de sostener: “Los primeros seis o siete años se podía vivir bastante bien, pero desde hace unos tres años he tenido que alargar las temporadas uno o dos meses más para poder cobrar el paro y llegar a la siguiente temporada”.

Con la llegada del invierno, Aleix depende de los meses cotizados, del paro y de una gestión muy ajustada de sus ahorros. “Durante seis o siete meses generas todo el dinero del año. Si no te organizas, puede llegar marzo o abril y no llegas”. En algunos momentos ha necesitado apoyarse en la devolución de la renta o en ayuda familiar para cubrir los últimos meses antes de volver a trabajar.

Según explica, la estacionalidad condiciona por completo su forma de vida. “El contraste es muy grande. En verano no tengo tiempo para nada porque trabajo muchísimo. En invierno tengo tiempo, pero no tengo dinero. Es difícil equilibrar”. Pese al cambio de condiciones laborales, Aleix no se plantea marcharse de la isla. “Prefiero vivir en Menorca todo el año. Lo que me gustaría es que mi profesión fuera más estable, poder trabajar de lo que me gusta sin tener que depender exclusivamente del turismo”, explica, al tiempo que reconoce que el aumento del coste de vida y de la vivienda está poniendo en cuestión la viabilidad del trabajo de temporada. “Yo puedo seguir porque tengo un cargo de responsabilidad, pero si no asumes ciertas responsabilidades o no tienes unos ingresos más altos, ser temporero ya no es viable”, comenta.

El contraste es muy grande. En verano no tengo tiempo para nada porque trabajo muchísimo. En invierno tengo tiempo, pero no tengo dinero. Es difícil equilibrar

Aleix Solá García — Cocinero

Un paro históricamente bajo

A pesar del fuerte contraste social y económico que impone el cambio de estación en la isla, Menorca mantiene tasas de paro históricamente bajas. La población desempleada se situó, hacia el final del cuarto trimestre de 2025, en 1.873 personas, lo que implica una reducción del -3,1% interanual y una caída acumulada del -59,5% respecto a 2019, según datos del Observatorio Social y Ambiental de Menorca (OBSAM).

Con todo, el OBSAM señala que uno de los principales retos de la economía insular sigue siendo la concentración temporal de la actividad turística y la falta de diversificación. La combinación de estacionalidad, falta de vivienda asequible y dificultades para captar mano de obra aparece señalada como uno de los principales límites para el crecimiento futuro de la isla en el Informe de Coyuntura Económica de Menorca que elabora cada año el instituto. 

Pero no todos los empresarios deciden resignarse a mandar a sus trabajadores al paro y profundizar la brecha entre alta actividad y cierre total. Patricia y Daniel son una pareja de emprendedores que, a diferencia de buena parte de la restauración menorquina, apuestan por mantener su negocio abierto durante los doce meses del año. “No fue una decisión premeditada. Se fue dando. Cuando empezamos a gestionar el local nos dimos cuenta de que, por la ubicación en el centro de Maó y por el tipo de negocio que tenemos, era viable abrir todo el año”, explican.

Con el tiempo, la elección también adquirió una dimensión más personal. “Nos gusta poder aportar algo a la gente que vive aquí. Que no sea un negocio que solo abre cuando llega un montón de turistas y cierra cuando se van”, cuenta Patricia. Aunque reconocen que económicamente es más sencillo concentrar la actividad en los meses de verano, consideran que mantener la persiana levantada durante el invierno tiene un valor que va más allá de la rentabilidad inmediata.

Entre las ventajas destacan la posibilidad de atraer trabajadores que buscan estabilidad laboral y la oportunidad de construir una relación más sólida con la clientela local. “Abrir todo el año es un plus a la hora de encontrar personal. Hay mucha gente que quiere trabajar durante toda la temporada, pero también mucha que busca un empleo estable”. Además, sostienen que el invierno permite desarrollar una propuesta gastronómica diferente. “Es una época mucho más íntima, más tranquila. A nivel de producto, otoño, invierno y primavera son estaciones muy interesantes para cocinar”.

Abrir todo el año es un plus a la hora de encontrar personal. Hay mucha gente que quiere trabajar durante toda la temporada, pero también mucha que busca un empleo estable

Patricia — Dueña de un restaurante en Menorca

Mantener el negocio abierto todo el año exige, sin embargo, una capacidad constante de adaptación. “Son prácticamente dos negocios distintos. No tiene nada que ver servir 150 comensales en pleno agosto que atender 35 o 40 personas en invierno”. La gestión de plantillas, horarios, compras y oferta gastronómica cambia por completo según la época del año. “Tienes que ser imaginativo y adaptarse continuamente a las necesidades de cada momento”, afirma ella.

Otra variable cada vez más común entre el sector empresarial de Menorca a la hora de garantizar una plantilla estable es ofrecer vivienda además de trabajo –temporal o no– a sus empleados. Los “temporeros” como Daniel Poleo –treinta años, venezolano y chef ejecutivo– finalmente deciden quedarse en la isla por posibilidades como esta: “Yo llegué a Menorca en 2021 para cubrir una suplencia de verano. Venía de trabajar en Barcelona en condiciones precarias y la diferencia fue inmediata”.

Explica que aquel verano post pandemia fue la primera vez que le pagaron bien. Finalmente, un acuerdo con sus actuales empleadores que incluye una vivienda a pocos metros de su puesto de trabajo inclinó la balanza a favor de Menorca, a pesar de la estacionalidad. “Poder trabajar ocho meses y que eso me permita vivir doce me da la vida. Aunque julio y agosto son especialmente duros, el balance sigue siendo favorable. Me quedo aquí”, concluye.  

El Parlament ha fet aquest dimarts el primer pas perquè Menorca pugui limitar l'entrada i permanència de vehicles a l'illa amb l'objectiu de preservar l'equilibri entre el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient. El ple ha aprovat la presa en consideració de la modificació de la llei Menorca Reserva de la Biosfera, que permetrà establir un sostre màxim de vehicles i regular-ne l'accés durant determinats períodes amb l'objectiu que el nou sistema pugui estar operatiu el pròxim estiu.

La iniciativa arriba a la Cambra autonòmica després de l'acord assolit al Consell de Menorca i ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris, amb l'abstenció de Vox. A partir d'ara comença la tramitació parlamentària de la reforma, que dotarà la institució insular d'un nou marc legal per regular la mobilitat a l'illa.

La modificació permetrà determinar la capacitat màxima de vehicles que poden accedir a Menorca i romandre-hi, establir períodes d'aplicació de les restriccions i adoptar mesures per fomentar el transport públic i avançar cap a un model de mobilitat més sostenible.

Un estudi realitzat l'any passat pel Consell de Menorca va establir un sostre recomanat de 120.000 vehicles per a l'illa durant els mesos d'estiu. D'aquest total, 86.023 vehicles correspondrien a residents, deixant un marge de 33.977 per a visitants i empreses.

Un dels elements centrals del nou sistema serà el règim d'excepcions. Els vehicles la titularitat dels quals correspongui a persones físiques empadronades a Menorca quedaran fora de les limitacions d'entrada i permanència. També estaran exempts els vehicles dels no residents que siguin propietaris d'un habitatge a l'illa, amb un màxim d'un vehicle per habitatge. La norma contempla igualment excepcions per a les persones que acreditin la necessitat de desplaçar-se a Menorca per motius professionals i per a les persones amb mobilitat reduïda.

El sistema tampoc s'aplicarà als vehicles oficials i de servei públic, els serveis d'emergències, el transport públic i escolar, els taxis ni els vehicles destinats al transport de béns i mercaderies i a la distribució comercial. La llista d'excepcions inclou així mateix la maquinària i els vehicles vinculats a usos industrials, ramaders i agrícoles.

La reforma atribueix al ple del Consell de Menorca la capacitat de fixar el nombre màxim de vehicles subjectes a limitació que podran accedir a l'illa i romandre-hi. Aquest sostre podrà establir-se amb caràcter anual o biennal i haurà de determinar també els períodes concrets en els quals s'aplicarà la regulació.

Cap a una mobilitat “més sostenible”

Durant la defensa de la proposició, el conseller insular de Medi Ambient, Reserva de la Biosfera i Cooperació, José Simón Gornés, ha reivindicat que la reforma converteixi la llei en una eina efectiva per millorar la vida dels residents i de les persones que viuen a Menorca. “Fem passes cap a una mobilitat més sostenible i potenciem alhora el transport públic”, ha afirmat.

La secretària general del PSOE de Menorca i expresidenta del Consell, Susana Mora, ha celebrat el consens aconseguit, tot i que ha lamentat que Menorca “s'hagi quedat a la cua” en la implantació d'aquest tipus de mesures. “El PSOE ha defensat sempre aquesta mesura, quan no era fàcil defensar-la”, ha indicat.

Per la seva banda, el conseller insular de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, ha defensat que l'objectiu de la regulació és preservar la qualitat de vida dels menorquins i protegir l'illa davant la pressió sobre la seva mobilitat. “Hem agafat el toro per les banyes”, ha afirmat, tal com recull Europa Press.

Delgado ha reivindicat a més que la limitació de vehicles s'ha treballat des de l'inici de la legislatura amb l'objectiu que el nou sistema pugui estar vigent el pròxim estiu. La reforma haurà de completar ara el seu recorregut parlamentari abans que el Consell pugui aprovar el sostre de vehicles i concretar els períodes d'aplicació de les restriccions.

Absència del president del Consell de Menorca

Per la seva banda, el portaveu adjunt del PSIB, Marc Pons, ha criticat l'absència del president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, al ple del Parlament durant la defensa de la proposició. El socialista ha lamentat que la iniciativa arribi “tard i com arrossegant els peus i amb resignació, com si fos un mal menor”.

Pons ha interpretat a més l'absència de Vilafranca com un indici de les “tensions internes” que, al seu parer, hauria hagut d'afrontar per tirar endavant la proposta. Amb tot, ha posat en valor la maduresa política dels grups que ha permès assolir l'acord i ha avançat que el PSIB presentarà “esmenes constructives” durant la tramitació parlamentària.

Des d'Unides Podem, el diputat José María García ha celebrat l'ampli suport a la reforma i ha destacat que la regulació té incidència directa sobre l'arribada de turistes a l'illa. Al mateix temps, ha reclamat un reforç de les inversions en transport públic. “Tan important és que hi hagi menys cotxes a l'estiu, com que les persones no hagin de recórrer al cotxe per moure's”, ha afirmat.

El portaveu de Més per Menorca, Josep Castells, ha qüestionat que el PP no hagi aplicat fins ara una limitació que, segons ha recordat, es podia impulsar amb els instruments legals ja existents. Al seu parer, la reforma arriba després d'una “pressió social i política importantíssima”. “Ja ho podrien haver fet”, ha afegit.

Castells considera a més que la modificació legal no era necessària i ha acusat el Govern i el Consell d'haver convertit el procés en una successió d'anuncis. “Tot el que ha passat en els últims anys ha estat teatre l'últim acte del qual és la modificació”, ha assenyalat.

El diputat menorquinista ha reclamat que la reforma es tramiti per lectura única o mitjançant el mecanisme parlamentari més ràpid possible perquè pugui quedar aprovada abans que acabi l'any. Marc Pons, no obstant això, ja ha anunciat que el PSIB s'oposarà a aquesta via “per fer les coses com toca”.

Des del PP, el diputat Jordi López ha reivindicat que la reforma permet debatre al Parlament la possibilitat de “fer realitat” la capacitat d'establir límits a l'entrada de vehicles a Menorca. “Menorca, tots sabem que és una illa, el seu territori és limitat, les seves carreteres són limitades, els seus recursos naturals són limitats, i la seva capacitat per absorbir determinades pressions també ho és”, ha afirmat. López ha defensat que la xifra definitiva de vehicles subjectes a limitació no quedi fixada per endavant, sinó que sigui el resultat dels estudis tècnics, la capacitat de càrrega de l'illa i els criteris que s'estableixin.

Vox ha justificat la seva abstenció per considerar que la saturació que pateix Menorca durant els mesos d'estiu és “real”, però ha rebutjat que la limitació de vehicles sigui la resposta adequada. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha criticat el que ha definit com “l'habitual de l'esquerra que el PP assumeix sense complexos”. “Prohibicions, burocràcia, autoritzacions prèvies, afany recaptatori, amb una nova taxa i criminalització de la mobilitat”, ha afirmat. Per a Vox, la solució a la saturació estival de Menorca no pot passar per “prohibir, multar i cobrar”.

El diputat de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha incidit, per la seva banda, en el fet que la mateixa llei Menorca Reserva de la Biosfera ja contempla la possibilitat de limitar l'entrada de vehicles. Rosa ha qüestionat així que hagi estat necessari modificar ara la norma per poder aplicar una mesura que, segons ha defensat, ja estava prevista. L'ecosobiranista també ha rebutjat l'argument de la falta de seguretat jurídica com a motiu per endarrerir l'aplicació de la limitació. “És un problema de voluntat política. Mai han tingut ganes de limitar l'entrada de cotxes. Han vingut a fer màrqueting”, ha conclòs.

El Parlament balear ha dado este martes el primer paso para que Menorca pueda limitar la entrada y permanencia de vehículos en la isla con el objetivo de preservar el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. El pleno ha aprobado la toma en consideración de la modificación de la ley Menorca Reserva de la Biosfera, que permitirá establecer un techo máximo de vehículos y regular su acceso durante determinados periodos con el objetivo de que el nuevo sistema pueda estar operativo el próximo verano.

La iniciativa llega a la Cámara autonómica tras el acuerdo alcanzado en el Consell de Menorca y ha recibido el respaldo de todos los grupos parlamentarios, con la abstención de Vox. A partir de ahora comienza la tramitación parlamentaria de la reforma, que dotará a la institución insular de un nuevo marco legal para regular la movilidad en la isla.

La modificación permitirá determinar la capacidad máxima de vehículos que pueden acceder a Menorca y permanecer en ella, establecer periodos de aplicación de las restricciones y adoptar medidas para fomentar el transporte público y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.

Un estudio realizado el año pasado por el Consell de Menorca estableció un techo recomendado de 120.000 vehículos para la isla durante los meses de verano. De este total, 86.023 vehículos corresponderían a residentes, dejando un margen de 33.977 para visitantes y empresas.

Uno de los elementos centrales del nuevo sistema será el régimen de excepciones. Los vehículos cuya titularidad corresponda a personas físicas empadronadas en Menorca quedarán fuera de las limitaciones de entrada y permanencia. También estarán exentos los vehículos de los no residentes que sean propietarios de una vivienda en la isla, con un máximo de un vehículo por vivienda. La norma contempla igualmente excepciones para las personas que acrediten la necesidad de desplazarse a Menorca por motivos profesionales y para las personas con movilidad reducida.

El sistema tampoco se aplicará a los vehículos oficiales y de servicio público, los servicios de emergencias, el transporte público y escolar, los taxis ni los vehículos destinados al transporte de bienes y mercancías y a la distribución comercial. La lista de excepciones incluye asimismo la maquinaria y los vehículos vinculados a usos industriales, ganaderos y agrícolas.

La reforma atribuye al pleno del Consell de Menorca la capacidad de fijar el número máximo de vehículos sujetos a limitación que podrán acceder a la isla y permanecer en ella. Este techo podrá establecerse con carácter anual o bienal y deberá determinar también los periodos concretos en los que se aplicará la regulación.

Hacia una movilidad “más sostenible”

Durante la defensa de la proposición, el conseller insular de Medio Ambiente, Reserva de la Biosfera y Cooperación, José Simón Gornés, ha reivindicado que la reforma convierta la ley en una herramienta efectiva para mejorar la vida de los residentes y de quienes viven en Menorca. “Damos pasos hacia una movilidad más sostenibles y potenciamos al tiempo el transporte público”, ha afirmado.

La secretaria general del PSOE de Menorca y expresidenta del Consell, Susana Mora, ha celebrado el consenso alcanzado, aunque ha lamentado que Menorca “se haya quedado a la cola” en la implantación de este tipo de medidas. “El PSOE ha defendido siempre esta medida, cuando no era fácil defenderla”, ha indicado.

Por su parte, el conseller insular de Movilidad, Juan Manuel Delgado, ha defendido que el objetivo de la regulación es preservar la calidad de vida de los menorquines y proteger la isla ante la presión sobre su movilidad. “Hemos cogido el toro por los cuernos”, ha afirmado, tal como recoge Europa Press.

Delgado ha reivindicado además que la limitación de vehículos se ha trabajado desde el inicio de la legislatura con el objetivo de que el nuevo sistema pueda estar vigente el próximo verano. La reforma deberá completar ahora su recorrido parlamentario antes de que el Consell pueda aprobar el techo de vehículos y concretar los periodos de aplicación de las restricciones.

Ausencia del presidente del Consell de Menorca

Por su parte, el portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, ha criticado la ausencia del presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, en el pleno del Parlament durante la defensa de la proposición. El socialista ha lamentado que la iniciativa llegue “tarde y como arrastrando los pies y con resignación, como si fuera un mal menor”.

Pons ha interpretado además la ausencia de Vilafranca como un indicio de las “tensiones internas” que, a su juicio, habría tenido que afrontar para sacar adelante la propuesta. Con todo, ha puesto en valor la madurez política de los grupos que ha permitido alcanzar el acuerdo y ha avanzado que el PSIB presentará “enmiendas constructivas” durante la tramitación parlamentaria.

Desde Unidas Podemos, el diputado José María García ha celebrado el amplio respaldo a la reforma y ha destacado que la regulación tiene incidencia directa sobre la llegada de turistas a la isla. Al mismo tiempo, ha reclamado un refuerzo de las inversiones en transporte público. “Tan importante es que haya menos coches en verano, como que las personas no tengan que recurrir al coche para moverse”, ha afirmado.

El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha cuestionado que el PP no haya aplicado hasta ahora una limitación que, según ha recordado, podía impulsarse con los instrumentos legales ya existentes. A su juicio, la reforma llega después de una “presión social y política importantísima”. “Ya lo podrían haber hecho”, ha añadido.

Castells considera además que la modificación legal no era necesaria y ha acusado al Govern y al Consell de haber convertido el proceso en una sucesión de anuncios.

“Todo lo que ha pasado en los últimos años ha sido teatro cuyo último acto es la modificación”, ha señalado.

El diputado menorquinista ha reclamado que la reforma se tramite por lectura única o mediante el mecanismo parlamentario más rápido posible para que pueda quedar aprobada antes de que termine el año. Marc Pons, sin embargo, ya ha anunciado que el PSIB se opondrá a esa vía “para hacer las cosas como toca”.

Desde el PP, el diputado Jordi López ha reivindicado que la reforma permite llevar al Parlament la posibilidad de “hacer realidad” la capacidad de establecer límites a la entrada de vehículos en Menorca.

“Menorca, todos sabemos que es una isla, su territorio es limitado, sus carreteras son limitadas, sus recursos naturales son limitados, y su capacidad para absorber determinadas presiones también lo es”, ha afirmado.

López ha defendido que la cifra definitiva de vehículos sujetos a limitación no quede fijada de antemano, sino que sea el resultado de los estudios técnicos, la capacidad de carga de la isla y los criterios que se establezcan.

Vox ha justificado su abstención por considerar que la saturación que sufre Menorca durante los meses de verano es “real”, pero ha rechazado que la limitación de vehículos sea la respuesta adecuada.

La portavoz de Vox, Manuela Cañadas, ha criticado lo que ha definido como “la habitual de la izquierda que el PP asume sin complejos”.

“Prohibiciones, burocracia, autorizaciones previas, afán recaudatorio, con una nueva tasa y criminalización de la movilidad”, ha afirmado.

Para Vox, la solución a la saturación estival de Menorca no puede pasar por “prohibir, multar y cobrar”.

El diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa ha incidido, por su parte, en que la propia ley Menorca Reserva de la Biosfera ya contempla la posibilidad de limitar la entrada de vehículos. Rosa ha cuestionado así que haya sido necesario modificar ahora la norma para poder aplicar una medida que, según ha defendido, ya estaba prevista.

El ecosoberanista también ha rechazado el argumento de la falta de seguridad jurídica como motivo para retrasar la aplicación de la limitación.

“Es un problema de voluntad política. Nunca han tenido ganas de limitar la entrada de coches. Han venido a hacer marketing”, ha concluido.

El Govern balear ha intensificat aquesta temporada la vigilància sobre el lloguer irregular d'embarcacions a les illes davant l'augment de l'activitat de xàrter i les denúncies del sector legal per competència deslleial. El nou dispositiu de control del litoral ha realitzat fins a mitjan setembre 1.358 registres i comprovacions i ha permès aixecar 128 actes i emetre 39 butlletins de denúncia.

L'operatiu, presentat aquest dilluns durant la quarta reunió de la Taula de Lluita contra l'Intrusisme, està integrat per 22 embarcacions distribuïdes entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i coordinades des d'un centre de control. El dispositiu combina inspeccions programades amb intervencions a partir d'avisos sobre possibles activitats irregulars i permet controlar tant el xàrter com els fondejos, la documentació de les embarcacions, les condicions de seguretat, la protecció de la posidònia i l'activitat dels camps de boies.

El lloguer d'embarcacions constitueix un dels principals focus de les inspeccions. Entre les irregularitats detectades figuren vaixells que operen sense haver presentat la declaració responsable o sense estar inscrits per desenvolupar l'activitat, l'absència de l'identificador obligatori, contractes inexistents o incoherents, documentació comercial incompleta o patrons sense la titulació exigida.

A aquests controls sobre el terreny se suma l'activitat administrativa de la Direcció General de Ports i Transport Marítim. El Govern assegura que durant el 2026 ja s'han iniciat 68 expedients sancionadors en matèria de xàrter, a partir de les actes i denúncies aixecades durant les inspeccions.

La xifra dona continuïtat al fort increment dels expedients en els darrers anys. El 2025 es van incoar 162 procediments sancionadors relacionats amb infraccions en matèria de transport marítim i lloguer d'embarcacions, amb propostes de sanció per un import conjunt de 471.600 euros. Segons les dades facilitades per l'Executiu autonòmic, des del 2019 el nombre d'expedients ha augmentat un 853%, en passar de 17 a 162.

El conflicte per l''Airbnb nàutic'

El reforç dels controls es produeix en un context de forta controvèrsia sobre el lloguer d'embarcacions d'ús particular amb finalitats turístiques. L'anomenat 'Airbnb nàutic' s'ha convertit en un dels principals punts de fricció entre el Govern, les empreses de xàrter tradicional i els propietaris d'embarcacions de Llista Setena, destinades a l'ús privat.

El Govern balear va aprovar el 2025 un decret que impedeix, en la pràctica, que aquestes embarcacions puguin dedicar-se al lloguer turístic mitjançant un canvi temporal d'ús i exigeix la seva inscripció a la Llista Sisena, la categoria destinada a les embarcacions d'esbarjo amb finalitats lucratives. La norma va ser recorreguda per propietaris d'embarcacions de Llista Setena. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears manté cautelarment aquest veto mentre es resol el recurs. El conflicte es va produir després que el Govern central modifiqués el 2025 la normativa estatal per permetre que les embarcacions d'esbarjo d'ús privat poguessin realitzar activitats comercials durant un màxim de tres mesos a l'any.

El xoc normatiu ha coincidit amb la proliferació d'anuncis de lloguer de vaixells i experiències nàutiques en plataformes digitals. Al maig, elDiario.es va documentar anuncis de iots de luxe oferts per desenes de milers d'euros per realitzar estades i rutes per les costes de les Balears, en un mercat que els professionals del xàrter legal consideren una font de competència deslleial.

La pressió no es limita al lloguer. Els controls del Govern també estan vinculats als problemes derivats de l'elevada concentració d'embarcacions en determinades zones del litoral. A Eivissa, una anàlisi de Greenpeace va constatar que un de cada cinc iots fondejava il·legalment sobre posidònia, mentre que el dispositiu autonòmic ja incloïa entre les seves funcions la detecció del lloguer il·legal i la supervisió dels fondejos no autoritzats.

Mallorca concentra la major part dels controls

L'Executiu ha començat, a més, a actuar sobre l'oferta que apareix a internet. Durant el 2026 ha exclòs 36 embarcacions del registre de xàrter per incomplir els requisits exigits i ha remès dos requeriments a Airbnb per retirar ofertes d'allotjament en embarcacions. També ha reclamat a ListaSeptima.com que elimini anuncis d'embarcacions de Llista Setena destinades al lloguer a les Balears.

Mallorca concentra el gruix de l'activitat del nou servei. Entre el 4 de juny i el 14 de setembre es van realitzar 72 jornades de vigilància i més de 1.231 comprovacions, que van donar lloc a 74 actes i 16 butlletins de denúncia. De les actuacions realitzades a l'illa, 311 van estar relacionades específicament amb el control del xàrter. Altres 687 van correspondre a comprovacions de fondejos, 234 a la protecció de la posidònia i 163 als camps de boies.

A Menorca es van documentar 48 jornades d'activitat entre el 27 de maig i el 13 de setembre, amb 61 actuacions, 35 actes i nou butlletins de denúncia. A Eivissa i Formentera, entre el 22 de juny i el 14 de setembre, es van dur a terme 27 jornades, amb 66 actuacions, 19 actes i 14 butlletins de denúncia.

El dispositiu incorpora, a més, drons en determinades operacions. L'objectiu és ampliar la capacitat de vigilància en zones de difícil accés, fer un seguiment més ampli de les embarcacions i els fondejos i obtenir imatges, coordenades i documentació gràfica que puguin incorporar-se posteriorment als expedients administratius.

Més inspectors i càmeres als ports i a l'aeroport

El Govern pretén ampliar l'any vinent els mitjans destinats a combatre l'intrusisme també en el transport de passatgers. El Pla ITS 2026-2027 contempla una inversió de més de dos milions d'euros per reforçar la inspecció i els sistemes de detecció.

La plantilla d'inspecció de transports creixerà en vuit persones, un 40% respecte de l'actual, amb quatre instructors de transport encarregats de tramitar expedients sancionadors, dos ajudants tècnics d'inspecció i dues places administratives. L'Executiu preveu que les noves places estiguin operatives durant la pròxima temporada turística.

El pla incorpora, a més, un milió d'euros per reforçar els mitjans tecnològics. Entre les actuacions previstes figura la instal·lació de càmeres amb lectura de matrícules als ports i a l'aeroport de Mallorca i nous sistemes d'encreuament i anàlisi de dades per detectar possibles activitats irregulars.

L'objectiu declarat pel Govern és augmentar la capacitat d'inspecció i sanció davant les activitats que es desenvolupen al marge de la normativa i, alhora, protegir les empreses del sector nàutic i del transport que operen amb les autoritzacions exigides.

El Govern balear ha intensificado esta temporada la vigilancia sobre el alquiler irregular de embarcaciones en las islas ante el aumento de la actividad de chárter y las denuncias del sector legal por competencia desleal. El nuevo dispositivo de control del litoral ha realizado hasta mediados de septiembre 1.358 registros y comprobaciones y ha permitido levantar 128 actas y emitir 39 boletines de denuncia.

El operativo, presentado este lunes durante la cuarta reunión de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo, está integrado por 22 embarcaciones distribuidas entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera y coordinadas desde un centro de control. El dispositivo combina inspecciones programadas con intervenciones a partir de avisos sobre posibles actividades irregulares y permite controlar tanto el chárter como los fondeos, la documentación de las embarcaciones, las condiciones de seguridad, la protección de la posidonia y la actividad de los campos de boyas.

El alquiler de embarcaciones constituye uno de los principales focos de las inspecciones. Entre las irregularidades detectadas figuran barcos que operan sin haber presentado la declaración responsable o sin estar inscritos para desarrollar la actividad, la ausencia del identificador obligatorio, contratos inexistentes o incoherentes, documentación comercial incompleta o patrones sin la titulación exigida.

A estos controles sobre el terreno se suma la actividad administrativa de la Dirección General de Ports i Transport Marítim. El Govern asegura que durante 2026 ya se han iniciado 68 expedientes sancionadores en materia de chárter, a partir de las actas y denuncias levantadas durante las inspecciones.

La cifra da continuidad al fuerte incremento de los expedientes en los últimos años. En 2025 se incoaron 162 procedimientos sancionadores relacionados con infracciones en materia de transporte marítimo y alquiler de embarcaciones, con propuestas de sanción por un importe conjunto de 471.600 euros. Según los datos facilitados por el Ejecutivo autonómico, desde 2019 el número de expedientes ha aumentado un 853%, al pasar de 17 a 162.

El conflicto por el 'Airbnb náutico'

El refuerzo de los controles se produce en un contexto de fuerte controversia sobre el alquiler de embarcaciones de uso particular con fines turísticos. El llamado 'Airbnb náutico' se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción entre el Govern, las empresas de chárter tradicional y los propietarios de embarcaciones de Lista Séptima, destinadas al uso privado.

El Govern balear aprobó en 2025 un decreto que impide, en la práctica, que estas embarcaciones puedan dedicarse al alquiler turístico mediante un cambio temporal de uso y exige su inscripción en la Lista Sexta, la categoría destinada a las embarcaciones de recreo con fines lucrativos. La norma fue recurrida por propietarios de embarcaciones de Lista Séptima. El Tribunal Superior de Justicia de Balears mantiene de forma cautelar este veto mientras se resuelve el recurso. El conflicto se produjo después de que el Gobierno central modificara en 2025 la normativa estatal para permitir que las embarcaciones de recreo de uso privado pudieran realizar actividades comerciales durante un máximo de tres meses al año.

El choque normativo ha coincidido con la proliferación de anuncios de alquiler de barcos y experiencias náuticas en plataformas digitales. En mayo, elDiario.es documentó anuncios de yates de lujo ofrecidos por decenas de miles de euros para realizar estancias y rutas por las costas de Balears, en un mercado que los profesionales del chárter legal consideran una fuente de competencia desleal.

La presión no se limita al alquiler. Los controles del Govern también están vinculados a los problemas derivados de la elevada concentración de embarcaciones en determinadas zonas del litoral. En Eivissa, un análisis de Greenpeace constató que uno de cada cinco yates fondeaba ilegalmente sobre posidonia, mientras que el dispositivo autonómico ya incluía entre sus funciones la detección del alquiler ilegal y la supervisión de fondeos no autorizados.

Mallorca concentra la mayor parte de los controles

El Ejecutivo ha comenzado además a actuar sobre la oferta que aparece en internet. Durante 2026 ha excluido 36 embarcaciones del registro de chárter por incumplir los requisitos exigidos y ha remitido dos requerimientos a Airbnb para retirar ofertas de alojamiento en embarcaciones. También ha reclamado a ListaSeptima.com que elimine anuncios de embarcaciones de Lista Séptima destinadas al alquiler en Balears.

Mallorca concentra el grueso de la actividad del nuevo servicio. Entre el 4 de junio y el 14 de septiembre se realizaron 72 jornadas de vigilancia y más de 1.231 comprobaciones, que dieron lugar a 74 actas y 16 boletines de denuncia. De las actuaciones realizadas en la isla, 311 estuvieron relacionadas específicamente con el control del chárter. Otras 687 correspondieron a comprobaciones de fondeos, 234 a la protección de la posidonia y 163 a los campos de boyas.

En Menorca se documentaron 48 jornadas de actividad entre el 27 de mayo y el 13 de septiembre, con 61 actuaciones, 35 actas y nueve boletines de denuncia. En Eivissa y Formentera, entre el 22 de junio y el 14 de septiembre, se llevaron a cabo 27 jornadas, con 66 actuaciones, 19 actas y 14 boletines de denuncia.

El dispositivo incorpora además drones en determinadas operaciones. El objetivo es ampliar la capacidad de vigilancia en zonas de difícil acceso, realizar un seguimiento más amplio de embarcaciones y fondeos y obtener imágenes, coordenadas y documentación gráfica que puedan incorporarse posteriormente a los expedientes administrativos.

Más inspectores y cámaras en puertos y aeropuerto

El Govern pretende ampliar el próximo año los medios destinados a combatir el intrusismo también en el transporte de pasajeros. El Plan ITS 2026-2027 contempla una inversión de más de dos millones de euros para reforzar la inspección y los sistemas de detección.

La plantilla de inspección de transportes crecerá en ocho personas, un 40% respecto a la actual, con cuatro instructores de transporte encargados de tramitar expedientes sancionadores, dos ayudantes técnicos de inspección y dos plazas administrativas. El Ejecutivo prevé que las nuevas plazas estén operativas durante la próxima temporada turística.

El plan incorpora además un millón de euros para reforzar los medios tecnológicos. Entre las actuaciones previstas figura la instalación de cámaras con lectura de matrículas en los puertos y en el aeropuerto de Mallorca y nuevos sistemas de cruce y análisis de datos para detectar posibles actividades irregulares.

El objetivo declarado por el Govern es aumentar la capacidad de inspección y sanción frente a las actividades que se desarrollan al margen de la normativa y, al mismo tiempo, proteger a las empresas del sector náutico y del transporte que operan con las autorizaciones exigidas.

El Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha rebutjat reconèixer la incapacitat permanent absoluta a un treballador diagnosticat de fibromiàlgia i altres patologies en considerar que les seves limitacions no són permanents, sinó que es produeixen de forma fluctuant. La Sala social considera que, encara que el treballador pateix un quadre crònic, pot desenvolupar tasques administratives i de gestió fora dels períodes de major intensitat dels símptomes.

La resolució, que confirma la sentència dictada en primera instància pel Jutjat social número 1 de Ciutadella de Menorca, analitza el cas d'un empleat de 54 anys la professió habitual del qual és la de responsable d'una agència de viatges, un lloc que comprèn tasques administratives, de gestió i atenció al client. L'afectat reclamava que se li reconegués el grau d'incapacitat permanent absoluta, en considerar que les seves patologies li impedien desenvolupar qualsevol activitat laboral. De forma subsidiària, sol·licitava que se li atorgués la incapacitat permanent total.

El treballador pateix, segons els fets provats, fibromiàlgia, polimiàlgia, poliartràlgies, síndrome d'apnea-hipopnea del son (SAHS) lleu, una mononeuropatia axonal al nervi peroneal dret i un trastorn adaptatiu secundari a pluripatologia, a més d'alteracions a la columna vertebral. La sentència, no obstant això, recull que es tracta d'un quadre de caràcter crònic i d'evolució fluctuant, la qual cosa permetria al treballador realitzar labors administratives, de gestió, cobraments i d'altres de similars, encara que durant els períodes de reagudització pot veure's afectada la seva capacitat laboral i necessitar una baixa per incapacitat temporal.

La Sala considera que, encara que no es discuteix l'existència de les patologies, aquestes “no presenten un caràcter permanent, sinó fluctuant”, de manera que durant els moments de major intensitat el treballador pot acudir a períodes d'incapacitat temporal. Per al TSJ, aquest és “el factor determinant” que va portar el Jutjat a rebutjar la incapacitat permanent.

El treballador va al·legar dolor en els 18 punts

El treballador havia sol·licitat també modificar els fets provats de la sentència de primera instància. Entre altres qüestions, pretenia que s'incorporés al relat judicial que patia una fibromiàlgia amb 18 punts de dolor sobre 18 possibles, així com astènia, síndrome de fatiga crònica, dolors generalitzats, alteracions de memòria i concentració, ansietat, marejos, fatiga i debilitat muscular, entre altres símptomes. Per a això aportava diferents informes mèdics, entre ells documents de la Clínica Quirón i dels serveis de Reumatologia i Medicina Interna de l'Hospital General Mateu Orfila, a més d'un informe mèdic aportat amb la demanda.

En el seu recurs, assenyalava que pateix, entre altres, dolors generalitzats, episodis de tremolors, sudoració nocturna, entumiment generalitzat, mal de cap, marejos posturals, cansament des del matí, fatiga i debilitat muscular generalitzada, així com alteracions de memòria i concentració i episodis d'ansietat amb palpitacions. El curs de la malaltia, al·legava, ha repercutit molt desfavorablement sobre la seva vida laboral i relació.

El tribunal rebutja revisar la valoració de les proves mèdiques

El TSJIB, tanmateix, rebutja incorporar aquestes modificacions. La Sala considera que la petició suposava, en realitat, oferir una valoració alternativa de la prova mèdica, en recolzar-se en determinats informes però ometre'n d'altres que havien estat tinguts en compte per la jutgessa d'instància, especialment l'informe de la metgessa forense. El tribunal recorda a més que un recurs de suplicació no permet simplement tornar a valorar tota la prova com si es tractés d'una apel·lació ordinària. Per modificar els fets provats ha d'existir un error evident i acreditat documentalment, cosa que la Sala no aprecia en aquest cas.

En concret, la sentència de primera instància, que ara confirma el TSJ, havia atorgat especial rellevància a l'informe de la metgessa forense. Segons recull literalment la resolució, aquesta professional va coincidir amb el metge avaluador de l'INSS i va considerar que el quadre patològic no presentava suficient severitat per impedir l'exercici de la professió habitual. La sentència de Ciutadella assenyalava que la metgessa forense no apreciava limitacions per a la concentració i la memòria i considerava que el treballador podia realitzar les tasques pròpies de la seva professió habitual, llevat “en els períodes de reagudització amb afectació de la capacitat laboral que determinin situacions de baixa per incapacitat temporal”.

La jutgessa també va considerar que la durada dels períodes d'incapacitat temporal no permetia deduir per si sola ni la severitat de les patologies ni que els símptomes s'haguessin mantingut de forma contínua, ja que una baixa pot mantenir-se durant l'estudi, diagnòstic i tractament d'una malaltia.

El TSJ recorda que la Llei General de la Seguretat Social defineix la incapacitat permanent a partir de l'existència de reduccions anatòmiques o funcionals greus, objectivables i previsiblement definitives que redueixin o anul·lin la capacitat laboral. La norma estableix diferents graus d'incapacitat, entre ells la permanent total i l'absoluta. En aquest cas, els magistrats consideren que els fets provats no permeten concloure que existeixi una limitació permanent de la capacitat laboral en els termes necessaris per reconèixer la incapacitat absoluta en una sentència contra la qual cap recurs de cassació davant el Tribunal Suprem.

El TSJIB sí que va atorgar l'absoluta a una altra treballadora

El pronunciament del TSJIB contrasta amb una altra sentència dictada pel mateix tribunal tot just un mes abans. A l'abril de 2026, la Sala social va ratificar la incapacitat permanent absoluta d'una agent d'assegurances que patia fibromiàlgia severa, depressió i síndrome de cames inquietes. En aquest cas, el Jutjat social número 1 de Palma ja havia reconegut la incapacitat absoluta a l'octubre de 2024 i l'INSS va recórrer la decisió. El TSJIB va rebutjar el recurs i va confirmar el dret de la treballadora a percebre una pensió vitalícia equivalent al 100% de la seva base reguladora, fixada en 1.097,09 euros, amb les corresponents revaloritzacions.

La diferència entre ambdós casos es troba en les limitacions funcionals que els tribunals consideren acreditades, i no en el diagnòstic de fibromiàlgia per si sol. En la sentència d'abril, el TSJIB va considerar que el quadre de la treballadora feia impossible exercir qualsevol professió amb les exigències mínimes de “continuïtat, dedicació i eficàcia” que requereix una activitat laboral.

El tribunal va tenir a més en compte que un servei de prevenció l'havia declarat no apta per al seu lloc per no reunir les condicions psicofísiques i que posteriorment havia estat acomiadada per ineptitud sobrevinguda. La pròpia Sala va assenyalar que la incapacitat absoluta no pot descartar-se per la mera possibilitat de realitzar determinades tasques de forma esporàdica. La sentència no era ferma i podia ser recorreguda davant el Tribunal Suprem.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha rechazado reconocer la incapacidad permanente absoluta a un trabajador diagnosticado de fibromialgia y otras patologías al considerar que sus limitaciones no son permanentes, sino que se producen de forma fluctuante. La Sala de lo Social considera que, aunque el trabajador sufre un cuadro crónico, puede desarrollar tareas administrativas y de gestión fuera de los periodos de mayor intensidad de los síntomas.

La resolución, que confirma la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de lo Social número 1 de Ciutadella de Menorca, analiza el caso de un empleado de 54 años cuya profesión habitual es la de responsable de una agencia de viajes, un puesto que comprende tareas administrativas, de gestión y atención al cliente. El afectado reclamaba que se le reconociera el grado de incapacidad permanente absoluta, al considerar que sus patologías le impedían desarrollar cualquier actividad laboral. De forma subsidiaria, solicitaba que se le otorgara la incapacidad permanente total.

El trabajador padece, según los hechos probados, fibromialgia, polimialgia, poliartralgias, síndrome de apnea-hipopnea del sueño (SAHS) leve, una mononeuropatía axonal en el nervio peroneal derecho y un trastorno adaptativo secundario a pluripatología, además de alteraciones en la columna vertebral. La sentencia, sin embargo, recoge que se trata de un cuadro de carácter crónico y de evolución fluctuante, lo que permitiría al trabajador realizar labores administrativas, de gestión, cobros y otras similares, aunque durante los periodos de reagudización puede verse afectada su capacidad laboral y necesitar una baja por incapacidad temporal.

La Sala considera que, aunque no se discute la existencia de las patologías, estas “no presentan un carácter permanente, sino fluctuante”, de modo que durante los momentos de mayor intensidad el trabajador puede acudir a periodos de incapacidad temporal. Para el TSJ, este es “el factor determinante” que llevó al Juzgado a rechazar la incapacidad permanente.

El trabajador alegó dolor en los 18 puntos

El trabajador había solicitado también modificar los hechos probados de la sentencia de primera instancia. Entre otras cuestiones, pretendía que se incorporase al relato judicial que padecía una fibromialgia con 18 puntos de dolor sobre 18 posibles, así como astenia, síndrome de fatiga crónica, dolores generalizados, alteraciones de memoria y concentración, ansiedad, mareos, fatiga y debilidad muscular, entre otros síntomas. Para ello aportaba distintos informes médicos, entre ellos documentos de la Clínica Quirón y de los servicios de Reumatología y Medicina Interna del Hospital General Mateu Orfila, además de un informe médico aportado con la demanda.

En su recurso, señalaba que padece, entre otros, dolores generalizados, ardores en manos y pies, episodios de temblores, sudoración nocturna, entumecimiento generalizado, dolor de cabeza, mareos posturales, cansancio desde la mañana, fatiga y debilidad muscular generalizada, así como alteraciones de memoria y concentración y episodios de ansiedad con palpitaciones. El curso de la enfermedad, alegaba, ha repercutido muy desfavorablemente sobre su vida laboral y relación.

El tribunal rechaza revisar la valoración de las pruebas médicas

El TSJIB, sin embargo, rechaza incorporar esas modificaciones. La Sala considera que la petición suponía, en realidad, ofrecer una valoración alternativa de la prueba médica, al apoyarse en determinados informes pero omitir otros que habían sido tenidos en cuenta por la juzgadora de instancia, especialmente el informe de la médico forense. El tribunal recuerda además que un recurso de suplicación no permite simplemente volver a valorar toda la prueba como si se tratara de una apelación ordinaria. Para modificar los hechos probados debe existir un error evidente y acreditado documentalmente, algo que la Sala no aprecia en este caso.

En concreto, la sentencia de primera instancia, que ahora confirma el TSJ, había otorgado especial relevancia al informe de la médico forense. Según recoge literalmente la resolución, esta profesional coincidió con el médico evaluador del INSS y consideró que el cuadro patológico no presentaba suficiente severidad para impedir el desempeño de la profesión habitual. La sentencia de Ciutadella señalaba que la médico forense no apreciaba limitaciones para la concentración y la memoria y consideraba que el trabajador podía realizar las tareas propias de su profesión habitual, salvo “en los períodos de reagudización con afectación de la capacidad laboral que determinen situaciones de baja por incapacidad temporal”.

La jueza también consideró que la duración de los periodos de incapacidad temporal no permitía deducir por sí sola ni la severidad de las patologías ni que los síntomas se hubieran mantenido de forma continua, puesto que una baja puede mantenerse durante el estudio, diagnóstico y tratamiento de una enfermedad.

El TSJ recuerda que la Ley General de la Seguridad Social define la incapacidad permanente a partir de la existencia de reducciones anatómicas o funcionales graves, objetivables y previsiblemente definitivas que reduzcan o anulen la capacidad laboral. La norma establece distintos grados de incapacidad, entre ellos la permanente total y la absoluta. En este caso, los magistrados consideran que los hechos probados no permiten concluir que exista una limitación permanente de la capacidad laboral en los términos necesarios para reconocer la incapacidad absoluta en una sentencia contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El TSJIB sí otorgó la absoluta a otra trabajadora

El pronunciamiento del TSJIB contrasta con otra sentencia dictada por el mismo tribunal apenas un mes antes. En abril de 2026, la Sala de lo Social ratificó la incapacidad permanente absoluta de una agente de seguros que padecía fibromialgia severa, depresión y síndrome de piernas inquietas. En ese caso, el Juzgado de lo Social número 1 de Palma ya había reconocido la incapacidad absoluta en octubre de 2024 y el INSS recurrió la decisión. El TSJIB rechazó el recurso y confirmó el derecho de la trabajadora a percibir una pensión vitalicia equivalente al 100% de su base reguladora, fijada en 1.097,09 euros, con las correspondientes revalorizaciones.

La diferencia entre ambos casos se encuentra en las limitaciones funcionales que los tribunales consideran acreditadas, y no en el diagnóstico de fibromialgia por sí solo. En la sentencia de abril, el TSJIB consideró que el cuadro de la trabajadora hacía imposible desempeñar cualquier profesión con las exigencias mínimas de “continuidad, dedicación y eficacia” que requiere una actividad laboral.

El tribunal tuvo además en cuenta que un servicio de prevención la había declarado no apta para su puesto por no reunir las condiciones psicofísicas y que posteriormente había sido despedida por ineptitud sobrevenida. La propia Sala señaló que la incapacidad absoluta no puede descartarse por la mera posibilidad de realizar determinadas tareas de forma esporádica. La sentencia no era firme y podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo.

La intenció del Govern balear, presidit pel PP, d’implantar en set municipis de les Illes un memorial per a les víctimes civils dels bombardejos de la Guerra Civil ha despertat les crítiques del moviment memorialista. En un manifest difós aquest dijous, Memòria de Mallorca acusa l’Executiu de plantejar aquests reconeixements de manera aïllada, sense contextualitzar la repressió sistemàtica exercida pel franquisme i sense haver-los sotmès prèviament a la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica, l’òrgan previst per la legislació autonòmica per desenvolupar aquestes polítiques.

En concret, la controvèrsia se situa entorn de la iniciativa “Mur de la Dignitat”, un memorial concebut per recuperar i fer visible el record de les víctimes dels atacs aeris produïts durant el conflicte bèl·lic i que, tal com va anunciar el passat 25 d’agost la presidenta del Govern, Marga Prohens, l’Executiu té previst estendre -ja se'n va celebrar un a Palma- als municipis d’Artà, Inca, Santa Maria del Camí, ses Salines, Sóller, Maó i Eivissa, la població dels quals va patir durant la guerra les conseqüències dels bombardejos. L’Administració autonòmica proposa que cada consistori determini l’emplaçament, que podrà ser un lloc directament relacionat amb els bombardejos o qualsevol altre espai que garanteixi la dignitat, la visibilitat i l’accessibilitat del memorial.

En el seu comunicat, Memòria de Mallorca deixa clar que el seu rebuig no es dirigeix contra el reconeixement de les persones que varen morir en els bombardejos, sinó contra la manera de desenvolupar els homenatges. Recorda, així mateix, que va ser precisament la mateixa entitat la que va proposar al Govern elaborar un informe específic sobre totes les víctimes d’aquests atacs, un treball que va acabar incorporant-se al IV Pla de Fosses i Memòria i Reconeixement Democràtics de Balears. L’estudi ha permès identificar i documentar 152 persones mortes: 97 a Mallorca, 29 a Menorca i 26 a Eivissa.

Des de l’associació memorialista recorden que es tracta de víctimes “d’una guerra conseqüència d’un cop d’estat contra el govern legal i legítim de la II República que mai no s’havia d’haver produït”, alhora que defensen “el reconeixement de totes les víctimes del cop d’estat de 1936, de la guerra que aquest va desencadenar i de la posterior dictadura franquista”. Precisament per això consideren “inacceptable” que les polítiques públiques de memòria “puguin convertir-se en una selecció interessada de víctimes o en una recuperació parcial d’un relat històric que durant dècades va ser imposat per la dictadura franquista”.

En aquest sentit, l’associació recrimina que el Govern hagi traslladat directament als ajuntaments diversos oficis per instal·lar els memorials sense haver sotmès prèviament les propostes a la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica -òrgan tècnic previst en la llei balear de memòria democràtica per desenvolupar aquest tipus de reconeixements- i mesos després que PP i Vox aprovessin derogar aquesta norma. El text es troba recorregut davant el Tribunal Constitucional. Memòria de Mallorca considera “una profunda contradicció” que el mateix Executiu que va intentar eliminar aquest marc legal presenti ara aquestes actuacions com a polítiques de memòria democràtica.

“No acceptarem que es presentin memorials públics a víctimes de la guerra de manera aïllada”, insisteix l’entitat, que reclama que qualsevol memorial relacionat amb els bombardejos inclogui específicament les víctimes de l’aviació del bàndol sublevat que operava des de les bases militars de Mallorca, amb el suport de l'aviació italiana i alemanya. També exigeix la participació de les entitats memorialistes i de víctimes i que els projectes, insisteix, siguin sotmesos prèviament a la Comissió Tècnica.

Des de la Conselleria de Presidència, de la qual depèn la gestió de les polítiques de memòria democràtica, defensen, a preguntes d'elDiario.es, que la iniciativa respon a un mandat aprovat per unanimitat pel Parlament de les Illes Balears i que els reconeixements parteixen de l’estudi històric elaborat pel doctor en Història Manuel Aguilera, que, incideix l’Executiu, ha permès censar i posar nom i llinatges per primera vegada a totes les víctimes dels bombardejos patits a les Illes.

El que fa ara el Govern, assenyalen, és oferir als municipis que varen patir bombardejos la possibilitat de comptar també amb un monument en record de les víctimes, si bé, precisen, seran els mateixos municipis i les famílies de les víctimes qui decidiran si desitgen acollir aquests actes i monuments. Des del departament dirigit per Antònia Maria Estarellas asseguren que es tracta del mateix criteri que s’aplica amb les conegudes com a “Pedres de la Memòria”: el Govern, assenyalen les mateixes fonts, facilita i posa a disposició dels municipis aquests elements de record, però són els ajuntaments i les famílies qui han de decidir com i on es materialitza aquest homenatge.

“L’objectiu és molt senzill: reconèixer totes les víctimes, recuperar-ne els noms i preservar-ne la memòria amb rigor històric, respectant sempre la voluntat dels municipis i de les famílies”, sentencien.

Més de 2.000 assassinats pel bàndol franquista

En el mateix manifest, Memòria de Mallorca reclama l’elaboració d’una relació nominal de les víctimes dels bombardejos del bàndol feixista procedents de les bases de Mallorca contra poblacions de la costa peninsular, amb especial atenció a Menorca, Catalunya, la Comunitat Valenciana i Andalusia, a més d’un memorial amb els noms de les víctimes civils de l’anomenada “carretera de la mort”, en al·lusió als atacs patits per la població que fugia per la carretera de Màlaga a Almeria el febrer de 1937, i un altre amb les víctimes causades per l’aviació sublevada procedent de Mallorca a la costa peninsular. Per a aquest darrer reclama una ubicació al passeig Sagrera, integrat en l’actual espai del Mur de la Dignitat.

En aquesta mateixa línia, reclamen un memorial al centre de Palma amb els noms de les més de 2.000 persones assassinades, moltes de les quals víctimes de desaparició forçada els familiars de les quals encara desconeixen el seu parador i les circumstàncies de la seva mort. Finalment, exigeixen que el Govern convoqui “amb caràcter urgent” la Comissió Tècnica de Memòria Democràtica per explicar les actuacions que està impulsant i que qualsevol projecte de memorial relacionat amb els bombardejos sigui debatut prèviament per aquest òrgan, amb la participació d’entitats memorialistes i especialistes en història, dret i altres disciplines vinculades a la memòria democràtica.

Les actuacions previstes pel Govern del PP donen continuïtat al memorial inaugurat el 27 de juliol al passeig Sagrera de Palma en homenatge al centenar de civils que van morir sota els bombardejos republicans registrats a Mallorca entre 1936 i 1938. A l'acte van assistir els descendents de diverses d'aquelles víctimes així com Prohens i altres alts càrrecs conservadors i d'extrema dreta. Cap formació d'esquerres va ser present com tampoc Memòria de Mallorca, que havia supeditat la seva presència al fet que el Govern renunciés públicament a la derogació de la llei autonòmica de memòria democràtica, exigència que l'Executiu en cap moment ha atès.

Durant l'homenatge, Prohens, que mai no ha expressat una condemna pública específica a les víctimes de la repressió franquista desfermada a les Balears després del cop militar de juliol de 1936 i a les violacions de drets humans comeses durant la dictadura, va defensar que la societat balear ha pres consciència de la necessitat de “tancar ferides restituint la dignitat” de les persones assassinades durant la guerra civil, reconduint després d'això el seu discurs cap als bombardejos de l'Exèrcit republicà.

La intención del Govern balear, presidido por el PP, de implantar en siete municipios de las Islas un memorial para las víctimas civiles de los bombardeos de la guerra civil ha despertado las críticas del movimiento memorialista. En un manifiesto difundido este jueves, Memòria de Mallorca acusa al Ejecutivo de plantear estos reconocimientos de forma aislada, sin contextualizar la represión sistemática ejercida por el franquismo y sin antes someterlos a la Comisión Técnica de Memoria Democrática, el órgano previsto por la legislación autonómica para desarrollar estas políticas.

En concreto, la controversia se sitúa en torno a la iniciativa 'Mur de la Dignitat', un memorial concebido para recuperar y hacer visible el recuerdo de las víctimas de los ataques aéreos producidos durante el conflicto bélico y que, como anunció el pasado 25 de agosto la presidenta del Govern, Marga Prohens, el Ejecutivo tiene previsto extender -ya se celebró uno en Palma- a los municipios de Artà, Inca, Santa Maria del Camí, ses Salines, Sóller, Maó y Eivissa, cuya población sufrió durante la guerra las consecuencias de las deflagraciones. La Administración autonómica propone que cada consistorio determine el emplazamiento, que podrá ser un lugar directamente relacionado con los bombardeos o cualquier otro espacio que garantice la dignidad, visibilidad y accesibilidad del memorial.

En su comunicado, Memòria de Mallorca deja claro que su rechazo no se dirige contra el reconocimiento de quienes murieron en los bombardeos, sino contra la forma de desarrollar los homenajes. Recuerda, asimismo, que fue precisamente la propia entidad la que propuso al Govern elaborar un informe específico sobre todas las víctimas de estos ataques, un trabajo que acabó incorporándose al IV Plan de Fosas y Memoria y Reconocimiento Democráticos de Balears. El estudio ha permitido identificar y documentar 152 personas fallecidas: 97 en Mallorca, 29 en Menorca y 26 en Eivissa.

Desde la asociación memorialista recuerdan que se trata de víctimas “de una guerra consecuencia de un golpe de estado contra el gobierno legal y legítimo de la II República que nunca se tenía que haber producido”, al tiempo que defienden “el reconocimiento de todas las víctimas del golpe de estado de 1936, de la guerra que éste desencadenó y de la posterior dictadura franquista”. Precisamente por ello consideran “inaceptable” que las políticas públicas de memoria “puedan convertirse en una selección interesada de víctimas o en una recuperación parcial de un relato histórico que durante décadas fue impuesto por la dictadura franquista”.

En este sentido, la asociación recrimina que el Govern haya trasladado directamente a los ayuntamientos diversos oficios para instalar los memoriales sin previamente haber sometido las propuestas a la Comisión Técnica de Memoria Democrática -órgano técnico previsto en la ley balear de memoria democrática para desarrollar este tipo de reconocimientos- y varios meses después de que PP y Vox aprobasen derogar esta norma. El texto se encuentra recurrido ante el Tribunal Constitucional. Memòria de Mallorca considera “una profunda contradicción” que el mismo Ejecutivo que trató de eliminar ese marco legal presente ahora actuaciones como políticas de memoria democrática.

“No aceptaremos que se presenten memoriales públicos a víctimas de la guerra de manera aislada”, incide la entidad, que reclama que cualquier memorial relacionado con los bombardeos incluya específicamente a las víctimas de la aviación del bando sublevado que operaba desde las bases militares de Mallorca, con apoyo de la aviación italiana y alemana. También exige la participación de las entidades memorialistas y de víctimas y que los proyectos, insiste, sean sometidos previamente a la Comisión Técnica.

Desde la Conselleria de Presidencia, de la que depende la gestión de las políticas de memoria democrática, defienden, a preguntas de elDiario.es, que la iniciativa responde a un mandato aprobado por unanimidad por el Parlament de les Illes Balears y que los reconocimientos parten del estudio histórico elaborado por el doctor en Historia Manuel Aguilera, que, incide el Ejecutivo, ha permitido censar y poner nombre y apellidos por primera vez a todas las víctimas de los bombardeos sufridos en las Islas.

Lo que hace ahora el Govern, señalan, es ofrecer a los municipios que sufrieron bombardeos la posibilidad de contar también con un monumento en recuerdo de las víctimas, si bien, precisan, serán los propios municipios y las familias de las víctimas quienes decidan si desean acoger estos actos y monumentos. Desde el departamento dirigido por Antònia Maria Estarellas aseguran que se trata del mismo criterio que se aplica con las conocidas como 'Piedras de la Memoria': el Govern, señalan las mismas fuentes, facilita y pone a disposición de los municipios estos elementos de recuerdo, pero son los ayuntamientos y las familias quienes deben decidir cómo y dónde se materializa ese homenaje.

“El objetivo es muy sencillo: reconocer a todas las víctimas, recuperar sus nombres y preservar su memoria con rigor histórico, respetando siempre la voluntad de los municipios y de las familias”, sentencian.

Más de 2.000 asesinados por el bando franquista

En el mismo manifiesto, Memòria de Mallorca reclama la elaboración de una relación nominal de las víctimas de los bombardeos del bando fascista procedentes de las bases de Mallorca contra poblaciones de la costa peninsular, con especial atención a Menorca, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Andalucía, además de un memorial con los nombres de las víctimas civiles de la denominada 'carretera de la muerte', en alusión a los ataques sufridos por la población que huía por la carretera de Málaga a Almería en febrero de 1937, y otro con las víctimas causadas por la aviación sublevada procedente de Mallorca en la costa peninsular. Para este último reclama una ubicación en el paseo Sagrera, integrado en el actual espacio del Mur de la Dignitat.

En esta misma línea, reclaman un memorial en el centro de Palma con los nombres de las más de 2.000 personas asesinadas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada cuyos familiares todavía desconocen su paradero y las circunstancias de su muerte. Finalmente, exigen que el Govern convoque “con carácter urgente” la Comisión Técnica de Memoria Democrática para explicar las actuaciones que está impulsando y que cualquier proyecto de memorial relacionado con los bombardeos sea debatido previamente por este órgano, con participación de entidades memorialistas y especialistas en historia, derecho y otras disciplinas vinculadas a la memoria democrática.

Las actuaciones previstas por el Govern del PP dan continuidad al memorial inaugurado el 27 de julio en el paseo Sagrera de Palma en homenaje al centenar de civiles que fallecieron bajo los bombardeos republicanos registrados en Mallorca entre 1936 y 1938. Al acto asistieron los descendientes de varias de aquellas víctimas así como Prohens y otros altos cargos conservadores y de extrema derecha. Ninguna formación de izquierdas estuvo presente como tampoco Memòria de Mallorca, que había supeditado su presencia a que el Govern renunciase públicamente a la derogación de la ley autonómica de memoria democrática, exigencia que el Ejecutivo en ningún momento ha atendido.

Durante el homenaje, Prohens, que nunca ha expresado una condena pública específica a las víctimas de la represión franquista desatada en Balears tras el golpe militar de julio de 1936 y a las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura, defendió que la sociedad balear ha tomado conciencia de la necesidad de “cerrar heridas restituyendo la dignidad” de las personas asesinadas durante la guerra civil, reconduciendo tras ello su discurso hacia los bombardeos del Ejército republicano.

La costa del noroeste de la isla balear de Menorca alberga un imponente guardián de piedra que hoy es famoso por ofrecer uno de los atardeceres más hermosos del mar Mediterráneo. Se trata del emblemático faro de Punta Nati, un paraje donde la belleza del paisaje actual contrasta fuertemente con la peligrosidad de sus aguas y acantilados en siglos pasados. Y es que este faro no nació como un atractivo turístico, sino como una respuesta urgente y necesaria ante una de las costas más hostiles de la isla, caracterizada por corrientes marinas traicioneras y arrecifes ocultos.

Durante siglos, el fuerte viento de la Tramontana azota esta zona, una corriente del norte que alcanza ráfagas de 200 kilómetros por hora, convirtiendo este litoral en una trampa mortal para los navegantes. La falta de iluminación adecuada en esta zona de la costa norte de Menorca provocó una asombrosa cantidad de siniestros marítimos a lo largo de los siglos. Más de un centenar de personas, entre tripulantes y pasajeros, perdieron la vida de forma trágica en estas aguas oscuras debido a la escasa visibilidad de los temporales invernales.

La imposibilidad de divisar los escarpados acantilados desde alta mar generó una profunda preocupación constante entre las autoridades y los experimentados marinos de la época. A pesar del peligro evidente y de los constantes siniestros que se sucedían, la costa norte de Ciutadella permaneció sumida en la oscuridad, esperando un detonante de gran magnitud internacional para que finalmente se tomaran medidas definitivas con el fin de proteger las embarcaciones. El suceso que cambió el destino de esta costa ocurrió el nueve de febrero de 1910, cuando el moderno buque de vapor francés Général Chanzy, de dos mil toneladas, zarpó de Marsella con rumbo a Argelia. A bordo de la embarcación de la compañía transatlántica francesa viajaban 87 pasajeros y 70 tripulantes, todos ellos bajo el mando del experimentado capitán Cayol, un distinguido caballero de la Legión de Honor.

En un tramo crucial del viaje, el barco debió cruzar el canal entre Menorca y Mallorca. Desafortunadamente, un fuerte temporal de Tramontana, acompañado de violentos vientos y una nula visibilidad, desvió el rumbo de la nave por completo, empujándola inexorablemente hacia los peligrosos arrecifes ocultos y los altísimos acantilados de piedra que bordeaban la costa norte. El barco chocó bruscamente contra una roca submarina cerca de los acantilados de Punta Nati, lo que arrancó de cuajo la hélice y el timón de la embarcación. Ante el brutal impacto, varios tripulantes y pasajeros subieron a la cubierta principal para investigar el daño, pero las olas barrieron la superficie del buque con furia. Instantes después, el agua gélida del mar entró en contacto directo con las calderas ardientes, desencadenando una terrible explosión que partió el casco del buque por la mitad y lo hundió rápidamente en la profundidad del mar.

156 personas perecieron de forma casi instantánea en medio de la tempestad, dejando un desolador panorama de escombros y cuerpos mutilados flotando en el agua, en lo que sería una gran tragedia internacional. La tragedia solo perdonó la vida de un hombre de treinta años llamado Marcel Bodez, un empleado de aduanas francés que logró salvarse gracias a sus dotes de excelente nadador. Bodez nadó con gran dificultad hasta una pequeña cueva en el acantilado y usó los abundantes restos del naufragio para construir un refugio contra el frío. Al día siguiente, agotado y herido, escaló la pared del acantilado de 80 metros de altura y caminó desorientado hasta una finca cercana de Son Salomó.

Como no hablaba español y estaba en estado de shock, tomó un pedazo de carbón y dibujó en la pared a un barco hundiéndose junto a personas fallecidas para pedir ayuda. Los campesinos lo alimentaron y dieron aviso a las autoridades. El impacto de este desastre conmovió profundamente a la sociedad menorquina y tuvo un enorme eco en la prensa internacional, movilizando barcos de rescate de España y de Francia hacia el lugar del desastre. La dureza del accidente y la trágica muerte de 156 personas impulsaron al Ayuntamiento de Ciutadella a solicitar con urgencia la construcción de un faro en esta peligrosa zona del litoral.

La presión y la apremiante insistencia del propio Gobierno de Francia, afectado por la gran pérdida de sus ciudadanos, fueron determinantes para que el proyecto se pusiera en marcha de inmediato. El faro de Punta Nati, conocido popularmente en su época como sa Farola Nova, fue concebido como un elemento indispensable para garantizar la seguridad de las rutas marítimas del norte menorquín y evitar que se repitiera una desgracia. El proyecto de este nuevo faro fue diseñado con gran esmero por el ingeniero español Mauro Serret, iniciándose las obras en 1912. Debido a la urgencia diplomática y a las constantes presiones de las autoridades galas, el alumbrado del faro se inauguró de forma anticipada tan solo 14 meses después del inicio de las obras.

La construcción del complejo se completó en julio de 1914, dotándolo con la tecnología de iluminación más moderna. El faro consta de una sólida torre de planta hexagonal de 19 metros de altura y de dos edificios rectangulares de mampostería. La linterna está situada a 42 metros sobre el nivel del mar, emitiendo destellos de luz blanca visibles a 16 millas náuticas.

En la actualidad, el entorno que rodea el faro de Punta Nati destaca por su paisaje árido, conocido popularmente como la Menorca seca, repleto de riscos imponentes e infinitas hileras de pared seca. En este agreste paraje destaca el curioso fenómeno natural de los bufadores, que son grietas en el terreno rocoso que conectan con el mar y expulsan potentes columnas de agua y viento durante los fuertes temporales del norte, que no impiden la visita diaria de cientos de personas que se acercan a contemplar la espectacular puesta de sol, viendo a Mallorca recortarse en el horizonte. La costa pedregosa que fue escenario de una gran catástrofe se ha convertido en un sitio de paz donde la luz del faro sigue brillando.

El vell Camí Verd no és tan verd com proposa el seu nom. Durant l'estiu de Menorca és un camí sinuós envoltat de camps i paret seca que connecta Maó i Sant Lluís per rutes alternatives, velles, carreteres de trànsit lent i calor sufocant. Cal recórrer-lo fins a la seva desembocadura a la zona alta del Port de Maó per arribar a la Pedrera de Robadones, una antiga pedrera de marès on s'emmagatzemen, des de fa gairebé tres dècades, desenes d'embarcacions històriques i típiques de Menorca: és el taller de l'Associació Amics de la Mar.

“L'associació es va fundar el 1997 per protegir el patrimoni i la cultura marinera de Menorca i amb la idea d'enfocar-nos en les embarcacions tradicionals, els oficis vinculats a la mar, les formes de navegar d'aquí, les formes de pescar i de relacionar-nos amb la mar”, explica Jose Mari Zardoya, integrant de la Junta Directiva, qui no oculta la seva preocupació pel futur de la navegació tradicional al Port de Maó. “Ara només es busquen barques ràpides, de motors enormes. Això no és navegar”, lamenta aquest navarrès establert a Menorca que manté les maneres –a un temps tossces i tendres– d'un vell professor de secundària ja jubilat.

“Atenció”, exigeix amb ímpetu als turistes que passegen despistats entre el centenar d'embarcacions que dormen, algunes semicobertes amb lones, a les entranyes subterrànies de la pedrera. Robadones és una caverna de 5.000 metres quadrats que s'enfonsa a la roca del llevant insular i que conserva, a més d'embarcacions, centenars d'eines, motors antics i tota mena d'elements vinculats als oficis tradicionals de la mar.

“No pretenem crear un museu convencional, sinó mantenir viu un patrimoni que, d'altra manera, es perdria. Quan l'actual junta va assumir la gestió ens vam trobar amb anys d'abandonament acumulat i vam haver de retirar tones de residus i runes per recuperar l'espai. Avui continuam sent poques persones actives, així que avancem a poc a poc, fent tot el que està a les nostres mans”, explica Zardoya. Afegeix que la pedrera deu el seu nom a una vella llegenda local segons la qual en el predio que envolta la pedrera vivia un lladre de joies i aixovar de dona.

Una temperatura perfecta

Les columnes de mares que funcionen com a bigues ciclòpies tenen les marques de velles perforacions mineres que van abastir de pedra els pobles confrontants de Maó i Es Castell. Emergeixen de la terra com a dits calcaris que arriben a mesurar fins a 12 metres d'alçada i es distribueixen irregularment per l'espai. Aquí i allà vells pescadors treballen la fusta, pinten, emblanquinen, cusen veles i expliquen que la pedrera té el seu propi microclima i roman a uns 15º, “sigui hivern o estiu”. Aquesta regulació natural permet l'excepcional estat de conservació en què es troben les embarcacions, que estan fetes, en la seva immensa majoria, de pi de Menorca, talat en un moment concret de l'any, calafatejat i muntat amb especial cura per mans expertes fa, en alguns casos, més d'un segle.

La pedrera té el seu propi microclima i roman a uns 15º. Aquesta regulació natural permet l'excepcional estat de conservació en què es troben les embarcacions, que estan fetes, en la seva immensa majoria, de pi de Menorca

“Tot el que hi ha a Robadones és el resultat de milers d'hores de treball voluntari. Tenim vaixells que fa dècades que són aquí i segueixen pràcticament igual que el primer dia. Si haguessin estat exposats al sol i a la intempèrie, molts ja haurien desaparegut”, continua Zardoya mentre repassa els noms de les embarcacions com qui passa llista a classe, enumerant els presents i els absents amb avís o sense.

Tot el que hi ha a Robadones és el resultat de milers d'hores de treball voluntari. Tenim vaixells que fa dècades que están aquí i segueixen pràcticament igual que el primer dia. Si haguessin estat exposats al sol i a la intempèrie, molts ja haurien desaparegut

Jose Mari Zardoya — Integrant de l'Associació Amics de la Mar

El protocol per recuperar embarcacions sempre comença amb una trucada. Algú, en algun punt de Menorca, es posa en contacte amb Amics de la Mar i ofereix un llaüt, un esquif o una barca de regata que, gairebé sempre, es podreix en algun solar oblidat o al garatge d'alguna casa d'estiueig familiar. “Ens truquen i nosaltres ens posem en marxa, busquem l'embarcació, n'avaluem l'estat, si és possible, la portem aquí i la restaurem, després escrivim la fitxa amb tota la informació disponible”, explica Paco Bosch, un dels membres fundadors d'Amics de la Mar i reconegut mariner gairebé centenari que, des de fa dècades, es dedica a recrear llaüts i embarcacions històriques en miniatura.

“Cada barca té un arbre genealògic. Per exemple aquesta, de nom Barlovent, és una barca de 20 pams feta a Maó el 1922 pel mestre de ribera Antoni Taltavull conegut com ”s'obercoc“. Abans del seu primer traspàs es va dir Marta Molière i la patrona era Clara Aguiló Valls que la va comprar per la quantitat de set-centes cinquanta pessetes i li va canviar el nom pel de Reina II i finalment va canviar al nom actual. Arbola vela llatina i copo”, exemplifica Zardoya detingut davant d'una barca restaurada situada a pocs metres d'una claraboia per on es filtra la llum solar i evidencia la fitxa de cada barca col·locada sobre la paret.

Un port sense veles llatines

En aquests dies el port de Maó viu una creixent tensió entre la seva funció econòmica i turística i el seu paper històric com a espai de convivència, treball i cultura marinera. Així ho resumeix Paco Bosch mentre continua assegut al seu taller de miniaturista assenyalant orgullós els detalls d'una rèplica a escala del navili de línia del segle XVIII San Juan Nepomuceno. “El Port no va ser sempre així. Va saber ser un espai de treball, de calafateig, de xarxes i pescadors. També d'oci i esbarjo per als habitants de la ciutat. Dona una mica de tristesa veure que ara només hi ha espai per a xàrters i mega iots”, relata Bosch.

El Port no va ser sempre així. Va saber ser un espai de treball, de calafateig, de xarxes i pescadors. També d'oci i esbarjo per als habitants de la ciutat. Dona una mica de tristesa veure que ara només hi ha espai per a xàrters i mega iots

Paco Bosch — Membre fundador d'Amics de la Mar

La manca d'amarratges és la principal limitació que les associacions de mariners i pescadors d'arts menors troben a l'hora d'accedir al Port. Amb tot, la rada de Maó manté actualment 598 amarratges de gestió pública, això és el 35% dels 1.674 amarratges totals. Així mateix, a principis de 2026 es va conèixer que la nova concessió de la Ribera Nord del port contempla la possibilitat de passar de 52 a 168 amarratges a la zona de l'Illa del Rei, la qual cosa ha generat esperances –i alguns dubtes– entre les associacions.

“Fa dècades que reclamem espais al port per poder posar a l'aigua les embarcacions que restaurem. Sense molls, gran part d'aquest patrimoni queda condemnat a romandre a terra. És cert que l'administració sempre manté el diàleg obert, hem tingut reunions i els hem plantejat les nostres necessitats, però la realitat és que les prioritats finalment solen dirigir-se cap a activitats més rendibles econòmicament. Nosaltres no necessitem grans infraestructures; necessitem que es reconegui que aquestes embarcacions també formen part de la vida del port i que mereixen un espai”, reflexiona Zardoya.

Des d'Amics de la Mar expliquen que moltes de les embarcacions qu eCustodien són peces úniques, algunes amb més d'un segle d'antiguitat, vinculades a formes de navegació tradicionals com la vela llatina. Consideren que aquests vaixells constitueixen molt més que un patrimoni material, ja que conserven la memòria dels pescadors, fusters de ribera i mariners que van donar forma a la identitat marítima de Menorca. Per això, adverteixen que cada vegada que desapareix una d'aquestes embarcacions no només es perd un objecte històric, sinó també una part de la memòria col·lectiva de l'illa.

“Durant anys hem recuperat embarcacions que estaven abandonades en coves, finques o magatzems, moltes vegades gràcies a l'avís de familiars que no sabien què fer amb elles. De vegades arribem just a temps per evitar que fossin destruïdes. Recordo especialment el cas d'una embarcació tradicional el propietari de la qual es va veure obligat a tallar-la amb una motoserra per complir amb una política que exigia inutilitzar els vaixells retirats de l'activitat pesquera. Són històries que mostren fins a quin punt el patrimoni marítim pot desaparèixer si ningú el protegeix”, conclou Zardoya.

Durant anys hem recuperat embarcacions que estaven abandonades en coves, finques o magatzems, moltes vegades gràcies a l'avís de familiars que no sabien què fer amb elles. De vegades arribem just a temps per evitar que fossin destruïdes. Recordo especialment el cas d'una embarcació tradicional el propietari de la qual es va veure obligat a tallar-la amb una motoserra

José Mari Zardoya — Integrant de l'Associació Amics de la Mar

Per a diversos d'aquests mariners una barca tradicional no és una peça decorativa. És una forma de relacionar-se amb el mar, un conjunt de coneixements, oficis i experiències transmesos entre generacions. Diversos d'ells lamenten que a la joventut menorquina ja no li interessi sortir a navegar en un d'aquests llaüts.

“No estem fent una recreació històrica; estem mantenint viva una cultura que ha format part de Menorca durant segles. Per això defensem que la conservació del patrimoni marítim i l'existència d'amarratges socials són dues qüestions inseparables. Si les embarcacions tradicionals no poden estar a l'aigua i si la gent d'aquí perd l'accés al port, la cultura marinera acaba convertint-se en un record”, insisteix Bosch en el seu reclau de mar i de memòria.

El viejo Camí Verd no es tan verde como propone su nombre. Durante el verano de Menorca es un camino sinuoso rodeado de campos y pared seca que conecta Maó y Sant Lluís por rutas alternativas, viejas, carreteras de tránsito lento y calor sofocante. Es necesario recorrerlo hasta su desembocadura en la zona alta del Puerto de Maó para llegar a la Pedrera de Robadones, una antigua cantera de marés donde se almacenan, desde hace casi tres décadas, decenas de embarcaciones históricas y típicas de Menorca: es el taller de la Associació Amics de la Mar.

“La asociación se fundó en 1997 para proteger el patrimonio y la cultura marinera de Menorca y con la idea de enfocarnos en las embarcaciones tradicionales, los oficios vinculados al mar, las formas de navegar de aquí, las formas de pescar y de relacionarnos con el mar”, explica Jose Mari Zardoya, integrante de la Junta Directiva, quien no oculta su preocupación por el futuro de la navegación tradicional en el Puerto de Maó. “Ahora sólo se buscan barcas rápidas, de motores enormes. Eso no es navegar”, lamenta este navarro afincado en Menorca que mantiene las maneras –a un tiempo toscas y tiernas– de un viejo profesor de secundaria ya jubilado.

“Atiende”, exige con ímpetu a los turistas que pasean despistados entre el centenar de embarcaciones que duermen, algunas semi cubiertas con lonas, en las entrañas subterráneas de la cantera. Robadones es una caverna de 5.000 metros cuadrados que se hunde en la roca del levante insular y que conserva, además de embarcaciones, cientos de herramientas, motores antiguos y todo tipo de elementos vinculados a los oficios tradicionales del mar.

“No pretendemos crear un museo convencional, sino mantener vivo un patrimonio que, de otro modo, se perdería. Cuando la actual junta asumió la gestión nos encontramos con años de abandono acumulado y tuvimos que retirar toneladas de residuos y escombros para recuperar el espacio. Hoy seguimos siendo pocas personas activas, así que avanzamos poco a poco, haciendo todo lo que está en nuestras manos”, cuenta Zardoya. Añade que la pedrera debe su nombre a una vieja leyenda local según la cual en el predio que rodea la cantera vivía un ladrón de joyas y ajuares de mujer.

Una temperatura perfecta

Las columnas de marés que funcionan como vigas ciclópeas tienen las marcas de viejas perforaciones mineras que abastecieron de piedra a los pueblos colindantes de Maó y Es Castell. Emergen de la tierra como dedos calcáreos que llegan a medir hasta 12 metros de altura y se distribuyen irregularmente por el espacio. Aquí y allá viejos pescadores trabajan la madera, pintan, encalan, cosen velas y cuentan que la cantera tiene su propio microclima y permanece a unos 15º, “sea invierno o verano”. Esta regulación natural permite el excepcional estado de conservación en que están las embarcaciones, que están hechas, en su inmensa mayoría, de pino de Menorca, talado en un momento concreto del año, calafateado y montado con especial cuidado por manos expertas hace, en algunos casos, más de un siglo.

La cantera tiene su propio microclima y permanece a unos 15º. Esta regulación natural permite el excepcional estado de conservación en que están las embarcaciones, que están hechas, en su inmensa mayoría, de pino de Menorca

“Todo lo que hay en Robadones es el resultado de miles de horas de trabajo voluntario. Tenemos barcos que llevan décadas aquí y siguen prácticamente igual que el primer día. Si hubieran estado expuestos al sol y a la intemperie, muchos ya habrían desaparecido”, continúa Zardoya mientras repasa los nombres de las embarcaciones como quien pasa lista en clase, enumerando a los presentes y a los ausentes con o sin aviso.

Todo lo que hay en Robadones es el resultado de miles de horas de trabajo voluntario. Tenemos barcos que llevan décadas aquí y siguen prácticamente igual que el primer día. Si hubieran estado expuestos al sol y a la intemperie, muchos ya habrían desaparecido

Jose Mari Zardoya — Integrante de la Asociación Amics de la Mar

El protocolo para recuperar embarcaciones siempre comienza con una llamada. Alguien, en algún punto de Menorca, se pone en contacto con Amics de la Mar y ofrece un llaüt, un esquife o un bote de regata que, casi siempre, se pudre en algún predio olvidado o en el garaje de alguna casa de veraneo familiar. “Nos llaman y nosotros nos ponemos en marcha, buscamos la embarcación, evaluamos el estado, si es posible, lo traemos aquí y lo restauramos, luego escribimos la ficha con toda la información disponible”, cuenta Paco Bosch, uno de los miembros fundadores de Amics de la Mar y reconocido marinero casi centenario que, desde hace décadas, se dedica a recrear llaüts y embarcaciones históricas en miniatura.

“Cada barco tiene un árbol genealógico. Por ejemplo este, de nombre Barlovent, es un bote de 20 palmos hecho en Maó en 1922 por el maestro de ribera Antoni Taltavull conocido como ”s'obercoc“. Antes de su primer traspaso se llamó Marta Molière y la patrona era Clara Aguiló Valls que lo compró por la cantidad de setecientas cincuenta pesetas y le cambió el nombre por el de Reina II y finalmente cambió al nombre actual. Arbola vela latina y copo”, ejemplifica Zardoya detenido frente a una barca restaurada situada a pocos metros de una claraboya por donde se filtra la luz solar y evidencia la ficha de cada barca colocada sobre la pared.

Un puerto sin velas latinas

En estos días el puerto de Maó vive una creciente tensión entre su función económica y turística y su papel histórico como espacio de convivencia, trabajo y cultura marinera. Así lo resume Paco Bosch mientras continúa sentado en su taller de miniaturista señalando orgulloso los detalles de una réplica a escala del navío de línea del siglo XVIII San Juan Nepomuceno. “El Puerto no fue siempre así. Supo ser un espacio de trabajo, de calafateo, de redes y pescadores. También de ocio y esbarjo para los habitantes de la ciudad. Da un poco de tristeza ver que ahora sólo hay espacio para charters y mega yates”, relata Bosch.

El Puerto no fue siempre así. Supo ser un espacio de trabajo, de calafateo, de redes y pescadores. También de ocio y esbarjo para los habitantes de la ciudad. Da un poco de tristeza ver que ahora sólo hay espacio para charters y mega yates

Paco Bosch — Miembro fundador de Amics de la Mar

La falta de amarres es la principal limitación que las asociaciones de marineros y pescadores de artes menores encuentran a la hora de acceder al Puerto. Con todo, la rada de Maó mantiene actualmente 598 amarres de gestión pública, esto es el 35% de los 1.674 amarres totales. Asimismo, a principios de 2026 se conoció que la nueva concesión de la Ribera Norte del puerto contempla la posibilidad de pasar de 52 a 168 amarres en la zona de la Illa del Rei, lo cual ha generado esperanzas –y algunas dudas– entre las asociaciones.

“Llevamos décadas reclamando espacios en el puerto para poder poner en el agua las embarcaciones que restauramos. Sin amarres, gran parte de este patrimonio queda condenado a permanecer en tierra. Es cierto que la administración siempre mantiene el diálogo abierto, hemos tenido reuniones y les hemos planteado nuestras necesidades, pero la realidad es que las prioridades finalmente suelen dirigirse hacia actividades más rentables económicamente. Nosotros no necesitamos grandes infraestructuras; necesitamos que se reconozca que estas embarcaciones también forman parte de la vida del puerto y que merecen un espacio”, reflexiona Zardoya.

Desde Amics de la Mar explican que muchas de las embarcaciones que custodian son piezas únicas, algunas con más de un siglo de antigüedad, vinculadas a formas de navegación tradicionales como la vela latina. Consideran que estos barcos constituyen mucho más que un patrimonio material, ya que conservan la memoria de los pescadores, carpinteros de ribera y marineros que dieron forma a la identidad marítima de Menorca. Por ello, advierten de que cada vez que desaparece una de estas embarcaciones no sólo se pierde un objeto histórico, sino también una parte de la memoria colectiva de la isla.

“Durante años hemos recuperado embarcaciones que estaban abandonadas en cuevas, fincas o almacenes, muchas veces gracias al aviso de familiares que no sabían qué hacer con ellas. En ocasiones llegamos justo a tiempo para evitar que fueran destruidas. Recuerdo especialmente el caso de una embarcación tradicional cuyo propietario se vio obligado a cortarla con una motosierra para cumplir con una política que exigía inutilizar los barcos retirados de la actividad pesquera. Son historias que muestran hasta qué punto el patrimonio marítimo puede desaparecer si nadie lo protege”, concluye Zardoya.

Durante años hemos recuperado embarcaciones que estaban abandonadas en cuevas, fincas o almacenes, muchas veces gracias al aviso de familiares que no sabían qué hacer con ellas. En ocasiones llegamos justo a tiempo para evitar que fueran destruidas. Recuerdo especialmente el caso de una embarcación tradicional cuyo propietario se vio obligado a cortarla con una motosierra

José Mari Zardoya — Integrante de la Asociación Amics de la Mar

Para varios de estos marineros una barca tradicional no es una pieza decorativa. Es una forma de relacionarse con el mar, un conjunto de conocimientos, oficios y experiencias transmitidos entre generaciones. Varios de ellos lamentan que a la juventud menorquina ya no le interese salir a navegar en uno de estos llaüts.

“No estamos haciendo una recreación histórica; estamos manteniendo viva una cultura que ha formado parte de Menorca durante siglos. Por eso defendemos que la conservación del patrimonio marítimo y la existencia de amarres sociales son dos cuestiones inseparables. Si las embarcaciones tradicionales no pueden estar en el agua y si la gente de aquí pierde el acceso al puerto, la cultura marinera acaba convirtiéndose en un recuerdo”, insiste Bosch en su reclamo de mar y de memoria.

Primavera de 2021. Con la pandemia todavía golpeando a la economía y miles de negocios intentando sobrevivir a meses de cierres y restricciones, llega el ansiado momento de pelear los millones de euros movilizados en ayudas. Sobre el papel, las reglas parecen claras: los solicitantes deben haber desarrollado la actividad durante un periodo determinado, acreditar que han sufrido una caída de ingresos y cumplir una serie de requisitos fiscales. En la práctica, comienza a aflorar otra disputa: empresas que intentan que los cálculos jueguen a su favor, exprimiendo para ello la letra pequeña y ensanchando la factura de sus pérdidas para elevar la cuantía a percibir, como en el caso de un gran grupo empresarial que llegaría a reclamar más de 30 millones de euros frente a los 564.106 que le reconoció la Administración.

Mientras los empresarios se organizan y salen a la calle, en los balcones de las zonas más turísticas aparecen carteles de 'SOS Turismo' acompañados de un lema que resume sus demandas: “Más ayudas, menos impuestos”. Más de 700 entidades y particulares se suman a una campaña que reclama un salvavidas público para un sector prácticamente paralizado. La consigna, sin embargo, alimenta una incómoda paradoja: ¿cómo se pueden reclamar más ayudas públicas mientras se exige una menor contribución para sostenerlas?

Pero en Balears la pandemia ha dejado algo más que hoteles vacíos y negocios cerrados. Ha hecho tambalear una certeza sobre la que el archipiélago ha construido buena parte de su economía: si el turismo puede desaparecer prácticamente de un día para otro, ¿hasta qué punto es sostenible depender de él? Las cifras hablan por sí solas: en 2020, las islas reciben unos tres millones de turistas frente a los más de 16,4 millones del año anterior. El hundimiento se hace extremo durante los meses centrales de la temporada: en junio llegan 58.256 visitantes, un 97,6% menos que un año antes, y en agosto, el mejor mes del verano, recalan 884.524, un 67,5% todavía por debajo de agosto de 2019. El desplome de la actividad se traslada también al consumo: el gasto turístico retrocede un 73,2% en agosto y un 89,6% en septiembre.

En Balears, la pandemia ha dejado algo más que hoteles vacíos y negocios cerrados. Ha hecho tambalear una certeza sobre la que el archipiélago ha construido buena parte de su economía: si el turismo puede desaparecer prácticamente de un día para otro, ¿hasta qué punto es sostenible depender de él?

Se abre así un intenso debate sobre la necesidad de diversificar la economía, reducir la dependencia turística y avanzar hacia un modelo más resiliente. Mientras se discute el futuro -las instituciones hablando de transformación y los colectivos sociales, de caminar hacia el decrecimiento, un debate que lleva años sobre la mesa-, las empresas necesitan resolver el presente: cuánto han perdido, cuánto pueden reclamar y hasta dónde pueden llegar las ayudas públicas para mantenerse a flote.

Es en ese terreno donde, más allá de las calles y los balcones, se inicia la pelea por cada euro de las ayudas COVID. Una batería de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB), consultadas por elDiario.es, permite seguir el rastro de las estrategias desplegadas por empresas de muy distinto perfil para intentar obtener más dinero o defender las cantidades que reclamaban. Detrás de cada pleito hay una misma disputa: hasta dónde podían estirarse las reglas aprobadas en plena emergencia para encajar determinadas situaciones empresariales y quién tenía realmente derecho a cobrar. Las resoluciones judiciales han ido fijando esos límites y cerrando algunas de las vías utilizadas por quienes acudieron a los tribunales en busca de una mayor ayuda.

Una batería de sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) permite seguir el rastro de las estrategias desplegadas por empresas de muy distinto perfil para intentar obtener más dinero o defender las cantidades que reclamaban

La letra pequeña que podía valer millones

Uno de los casos más llamativos por la cantidad en juego lleva hasta Roxa S.L., cabecera de uno de los grandes grupos empresariales de las islas, Grupo Roxa. Fundado en 1942 y con intereses en dos de los sectores más relevantes de la economía balear, la automoción y el turismo, en 2024 cifró su facturación conjunta en unos 220 millones de euros, tal como se desprende de su propia web. Durante la pandemia, la compañía llegó a reclamar 30,85 millones de euros de la Línea COVID. La Administración, sin embargo, acabó reconociéndole 564.106 tras certificar una caída del volumen de operaciones del 31,05%. La empresa acudió a los tribunales porque consideraba que el cálculo debía incluir también a seis sociedades que se habían incorporado al grupo durante 2020. La máxima instancia judicial de Balears rechazó su interpretación y confirmó la cuantía concedida.

La diferencia no era menor. Entre los 564.106 euros reconocidos por la Administración y los 30,85 millones que pretendía obtener el grupo mediaba una distancia de más de 30 millones de euros. La controversia acabó reducida a una cuestión aparentemente técnica -qué sociedades podían considerarse integrantes del grupo a efectos del cálculo-, pero con un impacto económico enorme. La Sala entendió que admitir las seis incorporaciones de 2020 habría alterado el criterio establecido por la normativa estatal y, con ello, la comparación entre los ejercicios que servía para determinar la caída de actividad.

El caso muestra cómo, en la carrera por las ayudas, la letra pequeña podía valer millones. En total, el grupo estaba formado por 28 sociedades en 2020, seis de ellas incorporadas ese mismo año. La empresa defendía que no tenía sentido dejarlas fuera cuando se calculaba la caída de facturación y, sin embargo, tenerlas en cuenta para otros aspectos del reparto. Pero el TSJIB cerró esa vía: para medir la caída de ingresos solo podían entrar en el cálculo las sociedades que hubieran formado parte del grupo en los dos ejercicios de referencia, 2019 y 2020.

Una doctrina nacida en tiempos de guerra

La pandemia también abrió otro frente: el de las empresas que intentaron reducir el impacto económico de la COVID sobre sus contratos. Es el caso del hotel El Corsario, en Eivissa, gestionado por la sociedad La Torre del Canónigo S.L., que reclamó que se le devolviera el 50% de las rentas de 2020 y 2021, por un total de 159.120 euros, invocando la doctrina rebus sic stantibus, una figura jurídica que permite revisar las condiciones de un contrato cuando circunstancias extraordinarias e imprevisibles alteran de forma grave el equilibrio económico entre las partes. La empresa defendía que la pandemia había hecho inviable la explotación del establecimiento.

La fórmula a la que recurrió la hotelera tiene, sin embargo, una historia mucho más antigua. La rebus sic stantibus cobró especial protagonismo en España en los años posteriores a la Guerra Civil, cuando los tribunales tuvieron que resolver qué ocurría con contratos firmados antes de la contienda cuyo equilibrio económico había quedado trastocado por el conflicto y la posguerra. En una sentencia de 1945, por ejemplo, el Tribunal Supremo abordó un contrato de arrendamiento de una fábrica celebrado en 1929, antes del conflicto bélico, cuyo cumplimiento se había visto afectado por las circunstancias sobrevenidas. Con el tiempo, la doctrina quedó configurada como una vía excepcional para revisar las condiciones de un contrato cuando un cambio extraordinario e imprevisible altera gravemente el equilibrio entre las partes.

La doctrina 'rebus sic stantibus' cobró especial protagonismo en España en los años posteriores a la Guerra Civil, cuando los tribunales tuvieron que resolver qué ocurría con contratos firmados antes de la contienda cuyo equilibrio económico había quedado trastocado por el conflicto y la posguerra

Ocho décadas después, la pandemia volvió a poner esa vieja doctrina sobre la mesa. Pero en el caso de El Corsario había un problema añadido: las obras del propio hotel. La Audiencia Provincial de Balears constató que los trabajos habían impedido la explotación del establecimiento hasta agosto de 2020, pese a que los hoteles ya podían reabrir con restricciones desde mayo. El tribunal consideró imposible determinar qué parte de las pérdidas obedecía realmente a la pandemia y cuál a las obras.

La reclamación acabó siendo desestimada. La Audiencia añadió que el hotel había facturado 994.121 euros en 2021 y 1.369.925 euros en 2022, y que la empresa había continuado pagando las rentas, elementos que, a juicio del tribunal, debilitaban la tesis de que la pandemia hubiera frustrado el contrato.

Un hotel nuevo en el mismo hotel

En otros casos, la batalla se centró en determinar quién podía acceder a las ayudas y por qué cuantía. Es el caso de Foners Rooms S.L., la sociedad que explotaba el Hotel Foners, situado en Playa de Palma. Constituida en noviembre de 2019 por los mismos hermanos que hasta entonces gestionaban el establecimiento a través de una comunidad de bienes, la nueva mercantil firmó apenas un mes después un contrato para hacerse cargo de la explotación del hotel durante 15 años. En junio de 2021 solicitó 350.459 euros de ayudas COVID, pero el Govern solo le reconoció 4.000 euros al considerar que se trataba de una empresa de nueva creación.

La mercantil defendió que no había nacido un negocio nuevo, sino que se había producido una auténtica sucesión empresarial: mismo hotel, mismos propietarios y continuidad de la actividad. El TSJIB no lo aceptó. Los magistrados consideran que una comunidad de bienes y una sociedad limitada son sujetos jurídicos diferentes y que el hecho de que los mismos propietarios estuvieran detrás de ambas no convierte automáticamente a la segunda en sucesora de la primera. El resultado fue mantener los 4.000 euros.

Una cuestión similar se produjo en el caso relativo a una 'Osteria' de Alcúdia. El restaurante había sido explotado anteriormente por una persona física y, posteriormente, pasó a una sociedad cuyo administrador y socio mayoritario era ese mismo empresario. La mercantil reclamaba 210.052 euros frente a los 4.000 concedidos por el Ejecutivo autonómico. La Sala concluyó que realizar la misma actividad, en el mismo local y con las mismas personas no bastaba para acreditar una sucesión empresarial.

El tribunal zanja la cuestión con una conclusión clara: aunque la persona física sea posteriormente administrador y socio mayoritario de la sociedad, ambos tienen personalidad y patrimonio separados. Por eso la nueva mercantil seguía siendo una empresa de nueva creación y no podía utilizar la facturación del negocio anterior para calcular la caída exigida por las ayudas.

La sociedad que quiso heredar un negocio anterior

Otro litigio lleva esta estrategia todavía más lejos. Una sociedad constituida en febrero de 2021 intentó que se reconociera como continuación de una comunidad de bienes creada años antes. Reclamaba 74.000 euros de ayudas y sostenía que la comunidad debía considerarse una sociedad civil irregular y que, por tanto, la nueva mercantil no podía ser considerada una empresa creada después de la fecha límite.

El TSJIB rechazó el planteamiento. Aunque una comunidad de bienes que desarrolla una actividad empresarial pueda ser asimilada en determinados ámbitos a una sociedad irregular, esa consideración no permite convertirla jurídicamente en una sociedad limitada a efectos de obtener una subvención. La sentencia es tajante: la irregularidad de la comunidad de bienes no puede invocarse para obtener un beneficio económico de los poderes públicos. Al haber nacido la nueva sociedad después del 31 de marzo de 2020, no podía ser beneficiaria de la ayuda.

Cuando una partida podía cambiar miles de euros

Otra batalla se libró en las cuentas. Un empresario recibió 24.623 euros, pero reclamó una cantidad superior después de sostener que Hacienda estaba incluyendo en el volumen de operaciones una partida de 22.105 euros correspondiente a la variación de existencias. Si se eliminaba esa partida, defendía, la caída de facturación pasaba a ser del 34,5% y la ayuda podía elevarse hasta 46.875,80 euros, según sus cálculos. El Tribunal Superior rechazó la interpretación y consideró que la convocatoria obligaba a utilizar los ingresos íntegros fiscalmente computables, incluida la variación de existencias.

Otro empresario planteó prácticamente el mismo problema. Había recibido 12.001 euros, aunque solicitaba 56.916, además de reclamar que la ayuda se elevara a 45.640 euros o, subsidiariamente, a 68.972. Su estrategia consistía en excluir del cálculo tanto determinadas subvenciones como la variación de existencias. El tribunal volvió a respaldar el criterio de la Administración y confirmó que esas cantidades debían integrarse en el cálculo.

Corregir las cuentas después

La discusión llegó incluso a las declaraciones fiscales presentadas después de solicitar las ayudas. Cubic Estudi Tècnic SLP reclamó 75.373 euros después de que se le denegara la subvención porque la caída de su volumen de operaciones era, según los datos de la Administración, del 22,41%, por debajo del 30% exigido. La empresa sostenía que la cifra real de 2019 debía ser otra y que determinadas operaciones permitían elevar la caída por encima del umbral.

El tribunal acabó dando la razón al criterio administrativo: para determinar el requisito se debían utilizar los datos fiscales certificados por la Agencia Tributaria, no una reconstrucción posterior de las cuentas aportada por la empresa.

Algo parecido ocurrió con City Yoga Palma. El centro reclamaba 24.410 euros, pero Hacienda había detectado que su resultado de 2019 era negativo en 1.701, lo que impedía acceder a la ayuda. La sociedad trató de apoyarse en una declaración complementaria del Impuesto sobre Sociedades presentada después de la solicitud para defender que la base imponible era positiva. El TSJIB rechazó la maniobra temporal: los requisitos debían cumplirse en el momento de solicitar la subvención.

La sentencia más reciente incorporada a esta radiografía, dictada el pasado 29 de junio, afecta a Villas 4 Rent Mallorca S.L.U. La empresa, dedicada al alquiler de viviendas vacacionales, había solicitado 271.123 euros, pero el Govern rechazó la ayuda porque no estaba al corriente de sus obligaciones tributarias en la fecha de presentación de la solicitud, el 23 de junio de 2021.

La defensa de la empresa tenía un argumento llamativo: aportó un certificado positivo de Hacienda emitido apenas 19 días antes, el 4 de junio, y sostenía que tenía una vigencia de 12 meses. El TSJIB rechazó esa interpretación. Lo decisivo no era que hubiese existido un certificado positivo unas semanas antes, sino la situación tributaria concreta el día en que se presentó la solicitud. La AEAT certificó posteriormente que en aquella fecha existían deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo. La Sala recuerda además que el informe de un auditor aportado por la empresa para justificar la ayuda no podía sustituir la comprobación de los requisitos que correspondía realizar a la Administración.

Primavera de 2021. Amb la pandèmia encara colpejant de ple l'economia i milers de negocis intentant sobreviure a mesos de tancaments i restriccions, arriba l'anhelat moment de lluitar pels milions d'euros mobilitzats en ajudes per evitar la fallida d'empreses i autònoms. Sobre el paper, les regles semblen clares: els sol·licitants han d'haver desenvolupat l'activitat durant un període determinat, acreditar que han patit una caiguda d'ingressos i complir una sèrie de requisits fiscals. A la pràctica, comença a aflorar una altra disputa: empreses que intenten que els càlculs juguin a favor seu, esprement per a això la lletra petita i eixamplant la factura de les seves pèrdues per elevar la quantia a percebre, com en el cas d'un gran grup empresarial que arribaria a reclamar més de 30 milions d'euros enfront dels 564.106 que li va reconèixer l'Administració.

Mentre els empresaris s'organitzen i surten al carrer, als balcons de les zones més turístiques apareixen cartells de 'SOS Turisme' acompanyats d'un lema que resumeix les seves demandes: “Més ajudes, menys impostos”. Més de 700 entitats i particulars se sumen a una campanya que reclama un salvavides públic per a un sector pràcticament paralitzat. La consigna, però, alimenta una incòmoda paradoxa: com es poden reclamar més ajudes públiques mentre s'exigeix una menor contribució per sostenir-les?

Però a Balears la pandèmia ha deixat alguna cosa més que hotels buits i negocis tancats. Ha fet trontollar una certesa sobre la qual l'arxipèlag ha construït bona part de la seva economia: si el turisme pot desaparèixer pràcticament d'un dia per l'altre, fins a quin punt és sostenible dependre d'ell? Les xifres parlen per si soles: el 2020, les illes reben uns tres milions de turistes enfront dels més de 16,4 milions de l'any anterior. L'enfonsament es fa extrem durant els mesos centrals de la temporada: al juny arriben 58.256 visitants, un 97,6% menys que un any abans, i a l'agost, el millor mes de l'estiu, en recalen 884.524, un 67,5% encara per sota d'agost de 2019. El desplomament de l'activitat es trasllada també al consum: la despesa turística retrocedeix un 73,2% a l'agost i un 89,6% al setembre.

S'obre així un intens debat sobre la necessitat de diversificar l'economia, reduir la dependència turística i avançar cap a un model més resilient. Mentre es discuteix el futur -les institucions parlant de transformació i els col·lectius socials, de caminar cap al decreixement, un debat que fa anys que és sobre la taula-, les empreses necessiten resoldre el present: quant han perdut, quant poden reclamar i fins on poden arribar les ajudes públiques per mantenir-se a la superfície.

És en aquest terreny on, més enllà dels carrers i els balcons, s'inicia la baralla per cada euro de les ajudes COVID. Una bateria de sentències del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB), consultades per elDiario.es, permet seguir el rastre de les estratègies desplegades per empreses de molt diferent perfil per intentar obtenir més diners o defensar les quantitats que reclamaven. Darrere de cada plet hi ha una mateixa disputa: fins on podien estirar-se les regles aprovades en plena emergència per encaixar determinades situacions empresarials i qui tenia realment dret a cobrar. Les resolucions judicials han anat fixant aquests límits i tancant algunes de les vies utilitzades per aquells que van acudir als tribunals a la recerca d'una ajuda més gran.

La lletra petita que podia valer milions

Un dels casos més cridaners per la quantitat en joc porta fins a Roxa S.L., capçalera d'un dels grans grups empresarials de les illes, Grup Roxa. Fundat el 1942 i amb interessos en dos dels sectors més rellevants de l'economia balear, l'automoció i el turisme, el 2024 va xifrar la seva facturació conjunta en uns 220 milions d'euros, tal com es desprèn de la seva pròpia web. Durant la pandèmia, la companyia va arribar a reclamar 30,85 milions d'euros de la Línia COVID. L'Administració, tanmateix, va acabar reconeixent-li 564.106 després de certificar una caiguda del volum d'operacions del 31,05%. L'empresa va acudir als tribunals perquè considerava que el càlcul havia d'incloure també sis societats que s'havien incorporat al grup durant el 2020. La màxima instància judicial de Balears va rebutjar la seva interpretació i va confirmar la quantia concedida.

El cas mostra com, en la cursa per les ajudes, la lletra petita podia valer milions. En total, el grup estava format per 28 societats el 2020, sis d'elles incorporades aquest mateix any. L'empresa defensava que no tenia sentit deixar-les fora quan es calculava la caiguda de facturació i, tanmateix, tenir-les en compte per a altres aspectes del repartiment. Però el TSJIB va tancar aquesta via: per mesurar la caiguda d'ingressos només podien entrar en el càlcul les societats que haguessin format part del grup en els dos exercicis de referència, 2019 i 2020.

No serà l'únic intent d'estirar els límits d'aquelles ajudes. En els anys següents, els tribunals es trobaran amb societats acabades de crear que asseguren ser la continuació de negocis anteriors, empresaris que intenten canviar les xifres de referència incorporant o excloent determinades partides, declaracions fiscals corregides després de sol·licitar la subvenció, certificats d'Hisenda la validesa dels quals es discuteix i fins i tot una empresa que reclama més de 271.000 euros malgrat que el dia que va presentar la sol·licitud tenia deutes tributaris en via executiva.

La suma d'aquests casos dibuixa una mena de mapa de les escletxes que les empreses van intentar explorar per augmentar les ajudes o reduir l'impacte econòmic de la pandèmia. I les sentències permeten seguir-los un per un.

Una doctrina nascuda en temps de guerra

La pandèmia també va obrir a més un altre front: el de les empreses que van intentar reduir l'impacte econòmic de la COVID sobre els seus contractes. És el cas de l'hotel El Corsari, a Eivissa, gestionat per la societat La Torre del Canonge S.L., que va reclamar que se li tornés el 50% de les rendes de 2020 i 2021, per un total de 159.120 euros, invocant la doctrina rebus sic stantibus, una figura jurídica que permet revisar les condicions d'un contracte quan circumstàncies extraordinàries i imprevisibles alteren de forma greu l'equilibri econòmic entre les parts. L'empresa defensava que la pandèmia havia fet inviable l'explotació de l'establiment.

La fórmula a la qual va recórrer l'hotelera té, tanmateix, una història molt més antiga. La rebus sic stantibus va cobrar especial protagonisme a Espanya en els anys posteriors a la Guerra Civil, quan els tribunals van haver de resoldre què passava amb contractes signats abans de la contesa el quin equilibri econòmic havia quedat trasbalsat pel conflicte i la postguerra. En una sentència de 1945, per exemple, el Tribunal Suprem va abordar un contracte d'arrendament d'una fàbrica celebrat el 1929, abans del conflicte bèl·lic, el quin compliment s'havia vist afectat per les circumstàncies sobrevingudes. Amb el temps, la doctrina va quedar configurada com una via excepcional per revisar les condicions d'un contracte quan un canvi extraordinari i imprevisible altera greument l'equilibri entre les parts.

Vuit dècades després, la pandèmia va tornar a posar aquesta vella doctrina sobre la taula. Però en el cas d'El Corsari hi havia un problema afegit: les obres del mateix hotel. L'Audiència Provincial de Balears va constatar que els treballs havien impedit l'explotació de l'establiment fins a l'agost del 2020, malgrat que els hotels ja podien reobrir amb restriccions des del maig. El tribunal va considerar impossible determinar quina part de les pèrdues obeïa realment a la pandèmia i quina a les obres.

La reclamació va acabar sent desestimada. L'Audiència va afegir que l'hotel havia facturat 994.121 euros el 2021 i 1.369.925 euros el 2022, i que l'empresa havia continuat pagant les rendes, elements que, a judici del tribunal, debilitaven la tesi que la pandèmia hagués frustrat el contracte.

Un hotel nou al mateix hotel

En altres casos, la batalla es va centrar a determinar qui podia accedir a les ajudes i per quina quantia. És el cas de Foners Rooms S.L., la societat que explotava l'Hotel Foners, situat a Platja de Palma. Constituïda el novembre de 2019 pels mateixos germans que fins aleshores gestionaven l'establiment a través d'una comunitat de béns, la nova mercantil va signar tot just un mes després un contracte per fer-se càrrec de l'explotació de l'hotel durant 15 anys. El juny de 2021 va sol·licitar 350.459 euros d'ajudes COVID, però el Govern només li va reconèixer 4.000 euros en considerar que es tractava d'una empresa de nova creació.

La mercantil va defensar que no havia nascut un negoci nou, sinó que s'havia produït una autèntica successió empresarial: mateix hotel, mateixos propietaris i continuïtat de l'activitat. El TSJIB no ho va acceptar. Els magistrats consideren que una comunitat de béns i una societat limitada són subjectes jurídics diferents i que el fet que els mateixos propietaris estiguessin darrere d'ambdues no converteix automàticament la segona en successora de la primera. El resultat va ser mantenir els 4.000 euros.

Una qüestió similar es va produir en el cas relatiu a una 'Osteria' d'Alcúdia. El restaurant havia estat explotat anteriorment per una persona física i, posteriorment, va passar a una societat el numerador i soci majoritari de la qual era aquest mateix empresari. La mercantil reclamava 210.052 euros enfront dels 4.000 concedits per l'Executiu autonòmic. La Sala va concloure que dur a terme la mateixa activitat, en el mateix local i amb les mateixes persones no n'hi havia prou per acreditar una successió empresarial.

El tribunal talla la qüestió amb una conclusió clara: encara que la persona física sigui posteriorment administrador i soci majoritari de la societat, ambdós tenen personalitat i patrimoni separats. Per això la nova mercantil seguia sent una empresa de nova creació i no podia utilitzar la facturació del negoci anterior per calcular la caiguda exigida per les ajudes.

La societat que va voler heretar un negoci anterior

Un altre litigi porta aquesta estratègia encara més lluny. Una societat constituïda el febrer de 2021 va intentar que es reconegués com a continuació d'una comunitat de béns creada anys abans. Reclamava 74.000 euros d'ajudes i sostenia que la comunitat havia de considerar-se una societat civil irregular i que, per tant, la nova mercantil no podia ser considerada una empresa creada després de la data límit.

El TSJIB va rebutjar el plantejament. Encara que una comunitat de béns que desenvolupa una activitat empresarial pugui ser assimilada en determinats àmbits a una societat irregular, aquesta consideració no permet convertir-la jurídicament en una societat limitada a efectes d'obtenir una subvenció. La sentència és taxativa: la irregularitat de la comunitat de béns no pot invocar-se per obtenir un benefici econòmic dels poders públics. En haver nascut la nova societat després del 31 de març de 2020, no podia ser beneficiària de l'ajuda.

Quan una partida podia canviar milers d'euros

Una altra batalla es va lliurar en els comptes. Un empresari va rebre 24.623 euros, però va reclamar una quantitat superior després de sostenir que Hisenda estava incloent en el volum d'operacions una partida de 22.105 euros corresponent a la variació d'existències. Si s'eliminava aquesta partida, defensava, la caiguda de facturació passava a ser del 34,5% i l'ajuda podia elevar-se fins a 46.875,80 euros, segons els seus càlculs. El Tribunal Superior va rebutjar la interpretació i va considerar que la convocatòria obligava a utilitzar els ingressos íntegres fiscalment computables, inclosa la variació d'existències.

Un altre empresari va plantejar pràcticament el mateix problema. Havia rebut 12.001 euros, encara que en sol·licitava 56.916, a més de reclamar que l'ajuda s'elevés a 45.640 euros o, subsidiàriament, a 68.972. La seva estratègia consistia a excloure del càlcul tan determinades subvencions com la variació d'existències. El tribunal va tornar a donar suport al criteri de l'Administració i va confirmar que aquestes quantitats havien d'integrar-se en el càlcul.

Corregir els comptes després

La discussió va arribar fins i tot a les declaracions fiscals presentades després de sol·licitar els ajuts. Cubic Estudi Tècnic SLP va reclamar 75.373 euros després que se li denegués la subvenció perquè la caiguda del seu volum d'operacions era, segons les dades de l'Administració, del 22,41%, per sota del 30% exigit. L'empresa sostenia que la xifra real de 2019 havia de ser una altra i que determinades operacions permetien elevar la caiguda per sobre del llindar.

El tribunal va acabar donant la raó al criteri administratiu: per determinar el requisit s'havien d'utilitzar les dades fiscals certificades per l'Agència Tributària, no una reconstrucció posterior dels comptes aportada per l'empresa.

Una cosa semblant va passar amb City Yoga Palma. El centre reclamava 24.410 euros, però Hisenda havia detectat que el seu resultat de 2019 era negatiu en 1.701, cosa que impedia accedir a l'ajuda. La societat va intentar recolzar-se en una declaració complementària de l'Impost sobre Societats presentada després de la sol·licitud per defensar que la base imposable era positiva. El TSJIB va rebutjar la maniobra temporal: els requisits havien de complir-se en el moment de sol·licitar la subvenció.

La sentència més recent incorporada a aquesta radiografia, dictada el 29 de juny de 2026, afecta a Villas 4 Rent Mallorca S.L.U. L'empresa, dedicada al lloguer d'habitatges vacacionals, havia sol·licitat 271.123 euros, però el Govern va rebutjar l'ajuda perquè no estava al corrent de les seves obligacions tributàries en la data de presentació de la sol·licitud, el 23 de juny de 2021.

La defensa de l'empresa tenia un argument cridaner: va aportar un certificat positiu d'Hisenda emès tot just 19 dies abans, el 4 de juny, i sostenia que tenia una vigència de 12 mesos. El TSJIB va rebutjar aquesta interpretació. El fet decisiu no era que hagués existit un certificat positiu unes setmanes abans, sinó la situació tributària concreta el dia en què es va presentar la sol·licitud. L'AEAT va certificar posteriorment que en aquella data existien deutes o sancions tributàries en període executiu. La Sala recorda a més que l'informe d'un auditor aportat per l'empresa per justificar l'ajuda no podia substituir la comprovació dels requisits que corresponia realitzar a l'Administració.

Entre las encinas y a apenas unos metros de un cartel que anuncia la Serra de Tramuntana como Patrimonio Mundial de la UNESCO, un mástil metálico de telefonía móvil se ha convertido en el último foco de tensión entre la protección del territorio y el despliegue de infraestructuras consideradas esenciales. La instalación enfrenta a un vecino del municipio mallorquín de Esporles con las administraciones, ya que el afectado sostiene que la actuación invade elementos de su propiedad, pero, sobre todo, abre un debate de mayor alcance: ¿hasta dónde puede llegar la protección de un territorio especialmente sensible cuando entra en juego el despliegue de unas redes de telecomunicaciones que la legislación estatal considera obras de interés general?

La controversia se sitúa en una parcela rústica de unos 5.000 metros cuadrados incluida en un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP). El propietario de la finca colindante se puso en contacto con elDiario.es para denunciar el impacto visual de la instalación y cuestiona que pueda autorizarse una infraestructura de estas características en un suelo donde la normativa urbanística no permite construir ninguna edificación privada.

En el escrito que el vecino presentó ante la Dirección General de Industria critica, además, la acometida eléctrica prevista para darle servicio: el plano incorporado al expediente, consultado por este periódico, confirma que el proyecto contempla la instalación de una nueva caja de distribución (CDU) junto a la carretera y la adaptación de la conexión eléctrica mediante un apoyo metálico existente, aunque también precisa que la actuación queda condicionada a la obtención de todos los permisos administrativos y particulares necesarios. El afectado reclama que la CDU no se instale frente al muro de piedra de su propiedad y rechaza que el proyecto utilice un poste metálico que, asegura, forma parte de las instalaciones que él sufragó en su día para abastecer su vivienda. elDiario.es se ha puesto en contacto con la Conselleria, de la que depende la Dirección General, pero alegan que este tipo de tramitaciones no forman parte de sus competencias.

La instalación reabre el debate de hasta dónde puede llegar la protección de un territorio especialmente sensible cuando entra en juego el despliegue de unas redes de telecomunicaciones que la legislación estatal considera obras de interés general

En Menorca, la instalación de una antena de telefonía móvil de unos 23 metros en el aparcamiento de un restaurante de la localidad de Binissafúller provocó el pasado mes de mayo el rechazo de los residentes de la urbanización. Los vecinos cuestionan su ubicación, especialmente por el impacto visual de una estructura de esa altura en un entorno dominado por viviendas bajas. La protesta fue creciendo durante los meses siguientes. Los residentes llegaron a concentrarse frente al Ayuntamiento para reclamar que la torre fuera trasladada a otro lugar.

En Menorca, la instalación de una antena de telefonía móvil de unos 23 metros en el aparcamiento de un restaurante de la localidad de Binissafúller ha provocado el rechazo de los residentes de la urbanización, que cuestionan su ubicación, especialmente por el impacto visual de una estructura de esa altura en un entorno dominado por viviendas bajas

La polémica no ha quedado únicamente en la protesta: en julio, los vecinos iniciaron incluso una recogida de firmas para reclamar el traslado de la antena a un emplazamiento con menor impacto paisajístico y ambiental. Sin embargo, Totem Towerco Spain, empresa del grupo Orange responsable de la infraestructura, rechazó finalmente trasladarla al futuro centro de telecomunicaciones de Cap d’en Font, una ubicación que habían planteado tanto el Govern como el Ayuntamiento de Sant Lluís, como informó en su momento Es Diari de Menorca. La compañía, de acuerdo al mismo medio, alegó problemas técnicos con determinadas frecuencias y la antena se mantiene en Binissafúller mientras las administraciones buscan una tercera ubicación que cumpla los requisitos técnicos de la compañía o una solución que permita reducir su altura.

elDiario.es se ha puesto en contacto con Orange para conocer si la instalación de Esporles cuenta con todas las autorizaciones y permisos exigidos por la normativa vigente; qué criterios técnicos han llevado a elegir el emplazamiento actual y si se estudiaron ubicaciones alternativas antes de seleccionar esta parcela; qué mejoras de cobertura o capacidad permitirá la infraestructura, si se han previsto medidas de integración paisajística para minimizar su impacto visual en un entorno protegido como la Serra de Tramuntana; en qué circunstancias aceptaría estudiar el traslado de una antena como la de Binissafúller, así como los criterios técnicos, ambientales y territoriales que la empresa sigue a la hora de seleccionar nuevos emplazamientos y si existen protocolos específicos para minimizar el impacto paisajístico de sus infraestructuras en zonas de elevado valor ambiental o patrimonial. La compañía no ha respondido a estas preguntas al cierre de este reportaje.

Las telecomunicaciones, un servicio de interés general

Esporles y Binissafúller son escenarios diferentes. En Menorca, el conflicto se desarrolla en una urbanización residencial y gira fundamentalmente alrededor del impacto visual y de la elección del emplazamiento. En Mallorca, la controversia incorpora la protección de un espacio de especial valor paisajístico y el régimen específico de la Serra de Tramuntana. Pero ambos casos plantean la misma cuestión: ¿qué lugar ocupa el paisaje en la decisión sobre dónde instalar una antena? La respuesta se encuentra en la legislación estatal: la Ley 11/2022 General de Telecomunicaciones establece que éstas son servicios de interés general y señala expresamente que las redes públicas de comunicaciones electrónicas contribuyen a un fin de interés general, constituyen equipamiento básico y que su instalación y despliegue tienen la consideración de obras de interés general. En este sentido, insta además a las administraciones públicas a colaborar y a facilitar su implantación.

La Ley 11/2022 transpuso al ordenamiento español la Directiva (UE) 2018/1972, que establece el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas y fija un marco común para la regulación de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en la Unión Europea. La aprobación de la nueva ley española se produjo, además, en el marco de las reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en la estrategia España Digital 2025, dentro de las medidas destinadas a impulsar la conectividad y el despliegue de redes, incluido el 5G.

La Ley General de Telecomunicaciones establece que éstas son servicios de interés general y señala expresamente que las redes públicas de comunicaciones electrónicas contribuyen a un fin de interés general, constituyen equipamiento básico y que su instalación y despliegue tienen la consideración de obras de interés general

La norma impone también límites a la capacidad de las administraciones para restringir la instalación de estas infraestructuras. Los instrumentos de planificación territorial y urbanística deben contemplar la necesidad de desplegar redes y no pueden establecer restricciones absolutas o desproporcionadas a los operadores. Tampoco pueden imponer, con carácter general, una determinada ubicación o solución tecnológica. Esto no significa, sin embargo, que las antenas puedan instalarse en cualquier lugar. La propia ley contempla expresamente que una restricción pueda estar justificada por razones de medio ambiente, seguridad pública u ordenación urbana y territorial. Cuando una condición pueda hacer imposible la ocupación de un determinado emplazamiento, esa limitación debe estar plenamente justificada y acompañada de alternativas que permitan garantizar el despliegue.

El Ayuntamiento de Esporles: “Tenemos muy poco margen”

No en vano, el alcalde de Esporles, Josep Ferrà, explica a elDiario.es que el Ayuntamiento apenas dispone de capacidad para intervenir. En declaraciones a este periódico, explica que la infraestructura instalada a las afueras del municipio no responde a la creación de una nueva cobertura, sino al traslado de una antena que ya prestaba servicio en otra parcela y cuyo propietario decidió no renovar el acuerdo con la operadora. La nueva ubicación, añade, también se encuentra en suelo rústico protegido.

El regidor atribuye esta situación, precisamente, a la Ley General de Telecomunicaciones, que reduce notablemente el margen de maniobra de los ayuntamientos, especialmente cuando las competencias sobre suelo rústico, en el caso de Mallorca, corresponden al Consell Insular. En este caso, el consistorio asegura haber remitido al Consell diversas consultas sobre la actuación y reconoce que continúa a la espera de conocer el criterio definitivo del organismo insular. Desde la Administración supramunicipal, sin embargo, señalan a este periódico que, con carácter general, el Consell no el órgano encargado de autorizar urbanísticamente este tipo de instalaciones. Su intervención se sitúa principalmente en el ámbito de la disciplina urbanística: la inspección, la restauración de la legalidad y, en su caso, la apertura de expedientes sancionadores ante posibles infracciones.

Es precisamente esta combinación la que explica parte de la aparente contradicción que encuentran los vecinos: la protección territorial no desaparece, pero tampoco permite a una administración rechazar una antena simplemente porque considere que altera el paisaje. La propia ley contempla, de hecho, que las administraciones puedan justificar restricciones por razones ambientales o de ordenación territorial. Y establece mecanismos de intervención del Estado cuando una administración pretende paralizar o impedir una infraestructura que cumple los parámetros técnicos esenciales.

La protección territorial no desaparece, pero tampoco permite a una administración rechazar una antena simplemente porque considere que altera el paisaje

Por su parte, la alcaldesa de Sant Lluís, Loles Tronch, expresó públicamente su rechazo al impacto visual de la instalación, pero sostuvo que el margen municipal para impedirla era muy reducido por el marco estatal de telecomunicaciones, como señaló en declaraciones a Menorca al Día. El caso presenta además una particularidad: los vecinos cuestionaron que se hubiera escogido precisamente ese emplazamiento cuando inicialmente se había planteado otra ubicación en Biniparratx, una zona con menos viviendas alrededor. También criticaron que la torre se levantara en una de las cotas más bajas de la urbanización, lo que obligaba a elevar todavía más la estructura para garantizar su funcionamiento.

Una polémica con más de 25 años de historia

La preocupación por el impacto de las antenas no es nueva en Mallorca. Ya a comienzos de los años 2000, el Grupo de Ornitología Balear (GOB) -entidad que lleva décadas denunciando el impacto ambiental y paisajístico de determinadas infraestructuras y reclamando una mayor protección del territorio- alertaba de la proliferación de estas instalaciones y reclamaba un mayor control sobre su implantación. En un artículo publicado ese año en su revista 'L'ecologista', la organización denunciaba que el 80% de las antenas de telefonía móvil de Mallorca eran ilegales y reclamaba un mayor control de su implantación. Dos meses después, el propio Govern balear situaba también en torno al 80% el porcentaje de instalaciones que presentaban alguna irregularidad o carecían de todas las licencias necesarias.

Ya a comienzos de los años 2000, el GOB alertaba de la proliferación de antenas y reclamaba un mayor control sobre su implantación. La organización -y el Govern balear después- denunciaba que el 80% de las antenas de telefonía móvil de Mallorca eran ilegales

En 2001, vecinos de Sant Joan habían reunido en poco más de un mes cerca de 600 firmas para reclamar el traslado de una antena de unos 20 metros instalada en la finca de es Revellar (Mallorca) por su impacto paisajístico y ambiental. La protesta tenía entonces un argumento que se repite ahora en otros puntos de las islas: los residentes, que llegaron a organizarse bajo el nombre de Grup Antiantena, no cuestionaban la necesidad de disponer de cobertura, sino el emplazamiento elegido, que consideraban causante de un fuerte impacto ambiental, visual y paisajístico y que se encontraba junto a viviendas habitadas y al depósito de agua potable del pueblo.

Según publicaba Grup Antiantena en la revista Mel i Sucre de la Obra Cultural Balear (OCB), la antena de Amena instalada en es Revellar llevaba, además, unos seis meses funcionando sin la licencia de interés social que debía conceder el Consell de Mallorca.

El rechazo se reprodujo también en otros municipios. En el municipio de Muro, GOB y PSM reclamaron en 2001 la retirada de una antena situada junto al instituto y el polideportivo municipal, mientras que, en 2007, vecinos de s'Hostalot, en Palma, impulsaron una coordinadora ciudadana para reclamar el desmantelamiento de antenas de telefonía. En 2002, la organización ecologista denunciaba que buena parte de las estaciones carecían de los permisos exigibles y defendía que las instalaciones en suelo rústico estuvieran sometidas a control insular, además de reclamar que las operadoras justificaran sus emplazamientos y optaran por las soluciones con menor impacto ambiental y visual.

Se trata de conflictos que muestran cómo, mucho antes de la llegada del 5G, el despliegue de las redes móviles ya generaba fricciones por su impacto sobre el paisaje, la proximidad a viviendas o equipamientos y la elección de los emplazamientos. La discusión de fondo, sin embargo, permanece prácticamente intacta: cómo garantizar una infraestructura considerada esencial sin convertir el lugar donde se instala en el coste de esa cobertura. En la mayoría de los casos, los tribunales han recordado que los ayuntamientos pueden regular aspectos urbanísticos y exigir la integración paisajística de las instalaciones, pero no establecer prohibiciones generales que impidan el desarrollo de las redes cuando estas cumplen la legislación sectorial.

Mucho antes de la llegada del 5G, el despliegue de las redes móviles ya generaba fricciones por su impacto sobre el paisaje, la proximidad a viviendas o equipamientos y la elección de los emplazamientos. La discusión de fondo, sin embargo, permanece prácticamente intacta: cómo garantizar una infraestructura considerada esencial sin convertir el lugar donde se instala en el coste de esa cobertura

Del miedo a las radiaciones al impacto sobre el paisaje

Ese equilibrio entre despliegue, protección del entorno y derechos de los vecinos lleva más de dos décadas acompañando la expansión de la telefonía móvil. En 2001, el Gobierno aprobó el Real Decreto 1066/2001, que estableció restricciones a las emisiones radioeléctricas y límites de exposición para proteger la salud pública. La norma obliga a que las estaciones respeten determinados niveles de exposición y establece que su planificación debe procurar minimizar la exposición de la población, con especial atención a espacios sensibles como escuelas, centros sanitarios, hospitales o parques públicos. La regulación se ha ido actualizando a medida que evolucionaban las redes. El Real Decreto 123/2017, por ejemplo, exige estudios de exposición para determinadas estaciones y obliga a tener en cuenta las estaciones existentes en el entorno al calcular los niveles de exposición.

La evolución tecnológica ha incrementado el número de estaciones y equipos necesarios para sostener las redes móviles, aunque este crecimiento no se traduce necesariamente en la construcción de nuevas torres. Una misma infraestructura puede albergar distintas tecnologías y dar servicio a varios operadores, mientras que buena parte del despliegue consiste en actualizar o ampliar estaciones ya existentes. Aun así, la expansión y mejora de las redes mantiene la necesidad de incorporar nuevos emplazamientos allí donde las infraestructuras existentes no permiten garantizar las prestaciones requeridas.

En 2024, España contabilizaba 194.443 estaciones base de telefonía móvil, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recopilados por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad.

La legislación también ha evolucionado para incorporar criterios de integración. La jurisprudencia del Supremo ha reconocido, por ejemplo, que los ayuntamientos pueden exigir soluciones que reduzcan el impacto visual cuando esa exigencia se vincula a sus competencias urbanísticas. La Ley 9/2014 ya había reforzado la consideración de las redes públicas como equipamiento básico y de su instalación como obras de interés general. La actual Ley 11/2022 mantiene y desarrolla ese principio.

Hasta dónde puede llegar un ayuntamiento

La jurisprudencia también ha ido delimitando qué pueden hacer los ayuntamientos. El Tribunal Supremo ha reconocido que las administraciones locales pueden intervenir en aspectos relacionados con sus competencias urbanísticas y perseguir, entre otros objetivos, la integración de estas instalaciones en el entorno. En una sentencia de 24 de mayo de 2005, por ejemplo, el Alto Tribunal consideraba legítimo que una ordenanza municipal exigiera utilizar la mejor tecnología disponible compatible con un mínimo impacto visual, al entender que esa exigencia se vinculaba a una competencia municipal propia y no suponía invadir las competencias estatales sobre telecomunicaciones.

El Tribunal Supremo ha reconocido que las administraciones locales pueden intervenir en aspectos relacionados con sus competencias urbanísticas y perseguir, entre otros objetivos, la integración de estas instalaciones en el entorno

La legislación estatal posterior ha reforzado, sin embargo, los límites a las restricciones municipales. La Ley 9/2014 ya calificaba las redes públicas como equipamiento básico y su instalación como obras de interés general, y prohibía restricciones absolutas o desproporcionadas al despliegue. La actual Ley 11/2022 mantiene y desarrolla ese principio. La cuestión, por tanto, no es si los ayuntamientos pueden proteger el paisaje -pueden hacerlo dentro de sus competencias-, sino hasta dónde pueden llegar esas exigencias antes de convertirse en un obstáculo desproporcionado para una infraestructura que la legislación estatal considera de interés general.

Los casos de Eivissa y Ávila

En este contexto, uno de los precedentes más singulares de Balears tuvo lugar en Sant Joan de Labritja, en Eivissa, cuyo ayuntamiento aprobó una ordenanza específica para regular las antenas de telefonía y tratar de compatibilizar su despliegue con la protección del territorio y el paisaje. Retevisión Móvil recurrió la norma al considerar que invadía competencias estatales, pero el Tribunal Supremo avaló, el 4 de julio de 2006, buena parte de las restricciones municipales. El Alto Tribunal estableció que la competencia exclusiva del Estado en telecomunicaciones no impide que los ayuntamientos intervengan en cuestiones urbanísticas, ambientales y paisajísticas: pueden regular la ubicación de las antenas, exigir medidas para reducir su impacto visual o incluso imponer la compartición de emplazamientos cuando existan razones urbanísticas, ambientales o paisajísticas que lo justifiquen, siempre que las medidas sean proporcionadas y no impidan el despliegue de la red.

El Tribunal Supremo avaló en 2006 que los ayuntamientos regulen la ubicación de antenas y su impacto paisajístico. Eso sí, siempre que las restricciones sean proporcionadas y no impidan el despliegue de las redes. Lo hizo a raíz de la ordenanza aprobada por Sant Joan de Labritja (Eivissa)

Aquel mismo año, sin embargo, el Supremo estableció también límites a cuenta de la ordenanza municipal impulsada en Ávila para regular la instalación de estaciones de telefonía móvil . El tribunal, en su sentencia del 11 de octubre, anuló varios preceptos de la misma al considerar que el Ayuntamiento había entrado en ámbitos reservados al Estado. Entre las restricciones cuestionadas figuraban la prohibición de la colocación de antenas en suelo rústico a menos de 300 metros de suelo urbano, urbanizable o viviendas habitadas, la fijación de una distancia mínima de 100 metros respecto de las viviendas o la reducción obligatoria de niveles radioeléctricos en determinadas “zonas sensibles”.

Los magistrados entendieron que los municipios pueden ejercer sus competencias urbanísticas y ambientales, pero no utilizar esas competencias para regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones que corresponden al Estado. El fallo contribuyó así a delimitar la frontera entre la capacidad municipal para ordenar el impacto territorial y paisajístico de las antenas y la competencia estatal sobre el despliegue y las condiciones técnicas de las redes. La cuestión, por tanto, no es si los ayuntamientos pueden regular estas instalaciones, sino hasta dónde pueden llegar sus restricciones antes de invadir las competencias estatales o dificultar de forma desproporcionada el despliegue de las redes.

La diferencia entre ambos casos resulta clave: Sant Joan representa el margen que tienen las administraciones locales para proteger el territorio y el paisaje; Ávila, el límite que no pueden traspasar cuando entran en cuestiones técnicas propias de la competencia estatal.

En 2006, el Tribunal Supremo anuló varias restricciones municipales de Ávila que afectaban a distancias, suelo rústico y niveles radioeléctricos. Los ayuntamientos pueden proteger el paisaje, pero no regular aspectos técnicos de las telecomunicaciones que corresponden al Estado

En el ámbito particular, el Tribunal Supremo ha llegado incluso a pronunciarse sobre los conflictos derivados de estas instalaciones. En abril de 2024, el Alto Tribunal dio la razón a una familia de Las Palmas de Gran Canaria que había sufrido más de 60 manifestaciones frente a su domicilio contra una antena de telefonía instalada en la azotea de un edificio de su propiedad, arrendado a Orange. La Sala consideró que la reiteración de las protestas y su concentración frente a la vivienda habían afectado a la intimidad personal y familiar y a la integridad física y moral de los afectados. La sentencia no cuestionó el derecho de los vecinos a protestar contra la antena, sino que estableció que su ejercicio debía conciliarse con los derechos fundamentales de quienes sufrían las movilizaciones.

Cuando el paisaje protegido entra en la ecuación

La legislación estatal, por tanto, no elimina la protección ambiental ni urbanística de los espacios protegidos, pero sí obliga a compatibilizarla con el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones. La existencia de un ARIP o de un espacio integrado en la Serra de Tramuntana no impide automáticamente la instalación de una antena si el proyecto obtiene las autorizaciones sectoriales exigibles. Precisamente ese es el debate que suscita el caso de Esporles: hasta qué punto una infraestructura considerada estratégica puede implantarse en un espacio de alto valor paisajístico donde la normativa limita severamente la construcción de usos privados.

La jurisprudencia ha venido recordando que los ayuntamientos pueden exigir el cumplimiento del planeamiento urbanístico, la integración paisajística de las instalaciones o los informes ambientales que procedan, pero no establecer prohibiciones generales que dificulten el despliegue de las redes cuando concurren los requisitos legales.

La existencia de un ARIP o de un espacio integrado en la Serra de Tramuntana no impide automáticamente la instalación de una antena si el proyecto obtiene las autorizaciones sectoriales exigibles

Esporles y Binissafúller muestran dos caras de un mismo problema. En Menorca, los vecinos han cuestionado una torre de 23 metros por su impacto sobre una urbanización de viviendas bajas y han reclamado una ubicación alternativa. En Mallorca, una nueva antena ha acabado en un espacio rústico protegido de la Serra de Tramuntana, después de que la operadora tuviera que buscar un nuevo emplazamiento para sustituir otra estación cuyo propietario no quiso renovar el acuerdo. En ambos casos, la discusión acaba chocando con la misma frontera: qué margen existe para proteger el paisaje cuando la infraestructura que se quiere instalar está amparada por una legislación que la considera de interés general.

La respuesta de la ley no es que las antenas puedan colocarse en cualquier sitio, pero tampoco que un espacio protegido permita rechazarlas automáticamente. El equilibrio pasa por justificar las restricciones, valorar su proporcionalidad y, cuando un emplazamiento no resulte viable, estudiar alternativas capaces de garantizar el servicio.

Y ahí es donde los dos casos dejan todavía una pregunta abierta: quién decide cuándo una ubicación es realmente la única posible y cuándo existe una alternativa capaz de garantizar la cobertura sin cargar el coste sobre el paisaje o sobre quienes viven junto a la infraestructura. En Esporles, esa respuesta pasa ahora por conocer qué autorizaciones se concedieron, qué alternativas se estudiaron y qué medidas se adoptaron para integrar la torre en uno de los paisajes más protegidos de Mallorca. En Binissafúller, por saber si las administraciones y la operadora acabarán encontrando un emplazamiento que permita mantener la cobertura sin mantener el conflicto. Porque el despliegue de las redes puede ser de interés general, pero la pregunta sobre dónde se levantan sus torres sigue siendo, en buena medida, una cuestión territorial.

Entre les alzines i a només uns metres d'un cartell que anuncia la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial de la UNESCO, un pal metàl·lic de telefonia mòbil s'ha convertit en l'últim focus de tensió entre la protecció del territori i el desplegament d'infraestructures considerades essencials. La instal·lació enfronta un veí del municipi mallorquí d'Esporles amb les administracions, ja que l'afectat sosté que l'actuació envaeix elements de la seva propietat, però, sobretot, obre un debat de més abast: fins a on pot arribar la protecció d'un territori especialment sensible quan entra en joc el desplegament d'unes xarxes de telecomunicacions que la legislació estatal considera obres d'interès general?

La controvèrsia se situa en una parcel·la rústica d'uns 5.000 metres quadrats inclosa en un Àrea Rural d'Interès Paisatgístic (ARIP). El propietari de la finca adjacent es va posar en contacte amb elDiario.es per denunciar l'impacte visual de la instal·lació i qüestiona que pugui autoritzar-se una infraestructura d'aquestes característiques en un sòl on la normativa urbanística no permet construir cap edificació privada.

En l'escrit que el veí va presentar davant la Direcció General d'Indústria critica, a més, l'escomesa elèctrica prevista per donar-li servei: el plànol incorporat a l'expedient, consultat per aquest diari, confirma que el projecte preveu la instal·lació d'una nova caixa de distribució (CDU) al costat de la carretera i l'adaptació de la connexió elèctrica mitjançant un suport metàl·lic existent, encara que també precisa que l'actuació queda condicionada a l'obtenció de tots els permisos administratius i particulars necessaris. L'afectat reclama que la CDU no s'instal·li davant el mur de pedra de la seva propietat i rebutja que el projecte utilitzi un pal metàl·lic que, assegura, forma part de les instal·lacions que ell va sufragar en el seu dia per abastir el seu habitatge. elDiario.es s'ha posat en contacte amb la Conselleria , de la qual depèn la Direcció General, però al·leguen que aquest tipus de tramitacions no formen part de les seves competències.

La instal·lació reobre el debat de fins on pot arribar la protecció d'un territori especialment sensible quan entra en joc el desplegament d'unes xarxes de telecomunicacions que la legislació estatal considera obres d'interès general

A Menorca, la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil d'uns 23 metres a l'aparcament d'un restaurant de la localitat de Binissafúller va provocar el passat mes de maig el rebuig dels residents de la urbanització. Els veïns qüestionen la seva ubicació, especialment per l'impacte visual d'una estructura d'aquesta alçada en un entorn dominat per habitatges baixos. La protesta va anar creixent durant els mesos següents. Els residents van arribar a concentrar-se davant de l'Ajuntament per reclamar que la torre fos traslladada a un altre lloc.

A Menorca, la instal·lació d'una antena de telefonia mòbil d'uns 23 metres a l'aparcament d'un restaurant de la localitat de Binissafúller ha provocat el rebuig dels residents de la urbanització, que qüestionen la seva ubicació, especialment per l'impacte visual d'una estructura d'aquesta alçada en un entorn dominat per habitatges baixos

La polèmica no ha quedat únicament en la protesta: al juliol, els veïns van iniciar fins i tot una recollida de signatures per reclamar el trasllat de l'antena a un emplaçament amb menor impacte paisatgístic i ambiental. No obstant això, Totem Towerco Spain, empresa del grup Orange responsable de la infraestructura, va rebutjar finalment traslladar-la al futur centre de telecomunicacions de Cap d’en Font, una ubicació que havien plantejat tant el Govern balear com l'Ajuntament de Sant Lluís, va informar en el seu moment Es Diari de Menorca. La companyia, d'acord amb el mateix medi, va al·legar problemes tècnics amb determinades freqüències i l'antena es manté a Binissafúller mentre les administracions busquen una tercera ubicació que compleixi els requisits tècnics de la companyia o una solució que permeti reduir-ne l'alçada.

elDiario.es s'ha posat en contacte amb Orange per conèixer si la instal·lació d'Esporles compta amb totes les autoritzacions i permisos exigits per la normativa vigent; quins criteris tècnics han portat a triar l'emplaçament actual i si es van estudiar ubicacions alternatives abans de seleccionar aquesta parcel·la; quines millores de cobertura o capacitat permetrà la infraestructura, si s'han previst mesures d'integració paisatgística per minimitzar-ne l'impacte visual en un entorn protegit com la Serra de Tramuntana, en quines circumstàncies acceptaria estudiar el trasllat d'una antena com la de Binissafúller, com també els criteris tècnics, ambientals i territorials que segueix a l'hora de seleccionar nous emplaçaments i si existeixen protocols específics per minimitzar l'impacte paisatgístic de les seves infraestructures en zones d'elevat valor ambiental o patrimonial. Orange no havia respost a aquestes preguntes al tancament d'aquest reportatge.

Les xarxes de telecomunicacions, un servei d'interès general

Esporles i Binissafúller són escenaris diferents. A Menorca, el conflicte es desenvolupa en una urbanització residencial i gira fonamentalment al voltant de l'impacte visual i de l'elecció de l'emplaçament. A Mallorca, la controvèrsia incorpora la protecció d'un espai d'especial valor paisatgístic i el règim específic de la Serra de Tramuntana. Però ambdós casos plantegen la mateixa qüestió: quin lloc ocupa el paisatge en la decisió sobre on instal·lar una antena? La resposta es troba en la legislació estatal: la Llei 11/2022 General de Telecomunicacions estableix que aquestes són serveis d'interès general i assenyala expressament que les xarxes públiques de comunicacions electròniques contribueixen a una finalitat d'interès general, constitueixen equipament bàsic i que la seva instal·lació i desplegament tenen la consideració d'obres d'interès general. En aquest sentit, insta a més les administracions públiques a col·laborar i a facilitar la seva implantació.

La Llei 11/2022 va transposar a l'ordenament espanyol la Directiva (UE) 2018/1972, que estableix el Codi Europeu de les Comunicacions Electròniques i fixa un marc comú per a la regulació de les xarxes i serveis de comunicacions electròniques a la Unió Europea. L'aprovació de la nova llei espanyola es va produir, a més, en el marc de les reformes del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en l'estratègia Espanya Digital 2025, dins de les mesures destinades a impulsar la connectivitat i el desplegament de xarxes, inclòs el 5G.

La Llei General de Telecomunicacions estableix que aquestes són serveis d'interès general i assenyala expressament que les xarxes públiques de comunicacions electròniques contribueixen a un fi d'interès general, constitueixen equipament bàsic i que la seva instal·lació i desplegament tenen la consideració d'obres d'interès general

La norma imposa també límits a la capacitat de les administracions per restringir la instal·lació d'aquestes infraestructures. Els instruments de planificació territorial i urbanística han de contemplar la necessitat de desplegar xarxes i no poden establir restriccions absolutes o desproporcionades als operadors. Tampoc poden imposar, amb caràcter general, una determinada ubicació o solució tecnològica. Això no significa, tanmateix, que les antenes puguin instal·lar-se en qualsevol lloc. La mateixa llei contempla expressament que una restricció pugui estar justificada per raons de medi ambient, seguretat pública o ordenació urbana i territorial. Quan una condició pugui fer impossible l'ocupació d'un determinat emplaçament, aquesta limitació ha d'estar plenament justificada i acompanyada d'alternatives que permetin garantir el desplegament.

L'Ajuntament d'Esporles: “Tenim molt poc marge”

No en va, el batle d'Esporles, Josep Ferrà, explica a elDiario.es que l'Ajuntament amb prou feines disposa de capacitat per intervenir. En declaracions a aquest diari, explica que la infraestructura instal·lada als afores del municipi no respon a la creació d'una nova cobertura, sinó al trasllat d'una antena que ja prestava servei en una altra parcel·la i el propietari de la qual va decidir no renovar l'acord amb l'operadora. La nova ubicació, afegeix, també es troba en sòl rústic protegit.

El regidor atribueix aquesta situació, precisament, a la Llei General de Telecomunicacions, que redueix notablement el marge de maniobra dels ajuntaments, especialment quan les competències sobre sòl rústic, en el cas de Mallorca, corresponen al Consell Insular. En aquest cas, el consistori assegura haver remès al Consell diverses consultes sobre l'actuació i reconeix que continua a l'espera de conèixer el criteri definitiu de l'organisme insular. Des de l'Administració supramunicipal, tanmateix, assenyalen a aquest diari que, amb caràcter general, el Consell no és l'òrgan encarregat d'autoritzar urbanísticament aquest tipus d'instal·lacions. La seva intervenció se situa principalment en l'àmbit de la disciplina urbanística: la inspecció, la restauració de la legalitat i, si escau, l'obertura d'expedients sancionadors davant possibles infraccions.

És precisament aquesta combinació la que explica part de l'aparent contradicció que troben els veïns: la protecció territorial no desapareix, però tampoc permet a una administració rebutjar una antena simplement perquè consideri que altera el paisatge. La pròpia llei contempla, de fet, que les administracions puguin justificar restriccions per raons ambientals o d'ordenació territorial. I estableix mecanismes d'intervenció de l'Estat quan una administració pretén paralitzar o impedir una infraestructura que compleix els paràmetres tècnics essencials.

La protecció territorial no desapareix, però tampoc permet a una administració rebutjar una antena simplement perquè consideri que altera el paisatge

Per part seva, la batlessa de Sant Lluís, Loles Tronch, va expressar públicament el seu rebuig a l'impacte visual de la instal·lació, però va sostenir que el marge municipal per impedir-la era molt reduït pel marc estatal de telecomunicacions, com va assenyalar en declaracions a Menorca al Día. El cas presenta a més una particularitat: els veïns van qüestionar que s'hagués escollit precisament aquest emplaçament quan inicialment s'havia plantejat una altra ubicació a Biniparratx, una zona amb menys habitatges al voltant. També van criticar que la torre s'aixequés en una de les cotes més baixes de la urbanització, cosa que obligava a elevar encara més l'estructura per garantir-ne el funcionament.

Una polèmica amb més de 25 anys d'història

La preocupació per l'impacte de les antenes no és nova a Mallorca. Ja a començaments dels anys 2000, el Grup d'Ornitologia Balear (GOB) -entitat que fa dècades que denuncia l'impacte ambiental i paisatgístic de determinades infraestructures i reclama una protecció més elevada del territori- alertava de la proliferació d'aquestes instal·lacions i reclamava un control més gran sobre la seva implantació. En un article publicat aquell any a la seva revista 'L'ecologista', l'organització denunciava que el 80% de les antenes de telefonia mòbil de Mallorca eren il·legals i reclamava un major control de la seva implantació. Dos mesos després, el mateix Govern balear situava també al voltant del 80% el percentatge d'instal·lacions que presentaven alguna irregularitat o careixien de totes les llicències necessàries.

Ja a començaments dels anys 2000, el GOB alertava de la proliferació d'antenes i reclamava un control més gran sobre la seva implantació. L'organització -i el Govern balear després- denunciava que el 80% de les antenes de telefonia mòbil de Mallorca eren il·legals

L’any 2001, veïns de Sant Joan havien reunit en poc més d’un mes prop de 600 signatures per reclamar el trasllat d’una antena d’uns 20 metres instal·lada a la finca d’es Revellar pel seu impacte paisatgístic i ambiental. La protesta tenia aleshores un argument que es repeteix ara en altres punts de les Illes: els residents, que van arribar a organitzar-se sota el nom de Grup Antiantena, no qüestionaven la necessitat de disposar de cobertura, sinó l’emplaçament escollit, que consideraven causant d’un fort impacte ambiental, visual i paisatgístic i que es trobava al costat d’habitatges habitats i del dipòsit d’aigua potable del poble.

Segons publicava el Grup Antiantena a la revista Mel i Sucre de l’Obra Cultural Balear (OCB), l’antena d’Amena instal·lada a es Revellar feia, a més, uns sis mesos que funcionava sense la llicència d’interès social que havia de concedir el Consell de Mallorca.

El rebuig es va reproduir també en altres municipis. Al municipi de Muro, GOB i PSM van reclamar el 2001 la retirada d'una antena situada al costat de l'institut i el poliesportiu municipal, mentre que, el 2007, veïns de s'Hostalot, a Palma, van impulsar una coordinadora ciutadana per reclamar el desmantellament d'antenes de telefonia. El 2002, l'organització ecologista denunciava que bona part de les estacions кareixien dels permisos exigibles i defensava que les instal·lacions en sòl rústic estiguessin sotmeses a control insular, a més de reclamar que les operadores justifiquessin els seus emplaçaments i optessin per les solucions amb menor impacte ambiental i visual.

Es tracta de conflictes que mostren com, molt abans de l'arribada del 5G, el desplegament de les xarxes mòbils ja generava friccions pel seu impacte sobre el paisatge, la proximitat a habitatges o equipaments i l'elecció dels emplaçaments. La discussió de fons, però, roman pràcticament intacta: com garantir una infraestructura considerada essencial sense convertir el lloc on s'instal·la en el cost d'aquesta cobertura. En la majoria dels casos, els tribunals han recordat que els ajuntaments poden regular aspectes urbanístics i exigir la integració paisatgística de les instal·lacions, però no establir prohibicions generals que impedeixin el desenvolupament de les xarxes quan aquestes compleixen la legislació sectorial.

Molt abans de l'arribada del 5G, el desplegament de les xarxes mòbils ja generava friccions pel seu impacte sobre el paisatge, la proximitat a habitatges o equipaments i l'elecció dels emplaçaments. La discussió de fons, però, roman pràcticament intacta: com garantir una infraestructura considerada essencial sense convertir el lloc on s'instal·la en el cost d'aquesta cobertura

De la por a les radiacions a l'impacte sobre el paisatge

Aquest equilibri entre desplegament, protecció de l'entorn i drets dels veïns fa més de dues dècades que acompanya l'expansió de la telefonia mòbil. L'any 2001, el Govern d'Espanya va aprovar el Reial Decret 1066/2001, que va establir restriccions a les emissions radioelèctriques i límits d'exposició per protegir la salut pública. La norma obliga que les estacions respectin determinats nivells d'exposició i estableix que la seva planificació ha de procurar minimitzar l'exposició de la població, amb especial atenció a espais sensibles com escoles, centres sanitaris, hospitals o parcs públics. La regulació s'ha anat actualitzant a mesura que evolucionaven les xarxes. El Reial Decret 123/2017, per exemple, exigeix estudis d'exposició per a determinades estacions i obliga a tenir en compte les estacions existents a l'entorn en calcular els nivells d'exposició.

L'evolució tecnològica ha incrementat el nombre d'estacions i equips necessaris per sostenir les xarxes mòbils, encara que aquest creixement no es tradueix necessàriament en la construcció de noves torres. Una mateixa infraestructura pot allotjar diferents tecnologies i donar servei a diversos operadors, mentre que bona part del desplegament consisteix a actualitzar o ampliar estacions ja existents. Així i tot, l'expansió i millora de les xarxes manté la necessitat d'incorporar nous emplaçaments allà on les infraestructures existents no permeten garantir les prestacions requerides.

L'any 2024, Espanya tenia 194.443 estacions base de telefonia mòbila, segons les dades de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) recopilades per l'Observatori Nacional de Tecnologia i Societat.

La legislació també ha evolucionat per incorporar criteris d'integració. La jurisprudència del Suprem ha reconegut, per exemple, que els ajuntaments poden exigir solucions que redueixin l'impacte visual quan aquesta exigència es vincula a les seves competències urbanístiques. La Llei 9/2014 ja havia reforçat la consideració de les xarxes públiques com a equipament bàsic i de la seva instal·lació com a obres d'interès general. L'actual Llei 11/2022 manté i desenvolupa aquest principi.

Fins a on pot arribar un ajuntament

La jurisprudència també ha anat delimitant què poden fer els ajuntaments. El Tribunal Suprem ha reconegut que les administracions locals poden intervenir en aspectes relacionats amb les seves competències urbanístiques i perseguir, entre altres objectius, la integració d'aquestes instal·lacions en l'entorn. En una sentència de 24 de maig de 2005, per exemple, l'Alt Tribunal considerava legítim que una ordenança municipal exigís utilitzar la millor tecnologia disponible compatible amb un mínim impacte visual, en entendre que aquesta exigència es vinculava a una competència municipal pròpia i no suposava envair les competències estatals sobre telecomunicacions.

El Tribunal Suprem ha reconegut que les administracions locals poden intervenir en aspectes relacionats amb les seves competències urbanístiques i perseguir, entre altres objectius, la integració d'aquestes instal·lacions en l'entorn

La legislació estatal posterior ha reforçat, tanmateix, els límits a les restriccions municipals. La Llei 9/2014 ja qualificava les xarxes públiques com a equipament bàsic i la seva instal·lació com a obres d'interès general, i prohibia restriccions absolutes o desproporcionades al desplegament. L'actual Llei 11/2022 manté i desenvolupa aquest principi. La qüestió, per tant, no és si els ajuntaments poden protegir el paisatge -poden fer-ho dins les seves competències-, sinó fins on poden arribar aquestes exigències abans de convertir-se en un obstacle desproporcionat per a una infraestructura que la legislació estatal considera d'interès general.

Els casos de Sant Joan de Labritja i Àvila

En aquest context, un dels precedents més singulars de Balears va tenir lloc a Sant Joan de Labritja, a Eivissa, el consistori del qual va aprovar una ordenança específica per regular les antenes de telefonia i tractar de compatibilitzar el seu desplegament amb la protecció del territori i el paisatge. Retevisión Móvil va recórrer la norma en considerar que envaïa competències estatals, però el Tribunal Suprem va avalar, el 4 de juliol de 2006, bona part de les restriccions municipals. L'Alt Tribunal va establir que la competència exclusiva de l'Estat en telecomunicacions no impedeix que els ajuntaments intervinguin en qüestions urbanístiques, ambientals i paisatgístiques: poden regular la ubicació de les antenes, exigir mesures per reduir-ne l'impacte visual o fins i tot imposar la compartició d'emplaçaments quan existeixin raons urbanístiques, ambientals o paisatgístiques que ho justifiquin, sempre que les mesures siguin proporcionades i no impedeixin el desplegament de la xarxa.

El Tribunal Suprem va avalar el 2006 que els ajuntaments regulin la ubicació d'antenes i el seu impacte paisatgístic. Això sí, sempre que les restriccions siguin proporcionades i no impedeixin el desplegament de les xarxes. Ho va fer arran de l'ordenança aprovada per Sant Joan de Labritja (Eivissa)

Aquell mateix any, tanmateix, el Suprem va establir també límits a compte de l'ordenança municipal impulsada a Àvila per regular la instal·lació d'estacions de telefonia mòbil . El tribunal, en la seva sentència de l'11 d'octubre, va anul·lar diversos preceptes de la mateixa en considerar que l'Ajuntament havia entrat en àmbits reservats a l'Estat. Entre les restriccions qüestionades figuraven la prohibició de la col·locació d'antenes en sòl rústic a menys de 300 metres de sòl urbà, urbanitzable o habitatges habitats, la fixació d'una distància mínima de 100 metres respecte dels habitatges o la reducció obligatòria de nivells radioelèctrics en determinades “zones sensibles”.

Els magistrats van entendre que els municipis poden exercir les seves competències urbanístiques i ambientals, però no utilitzar aquestes competències per regular aspectes tècnics de les telecomunicacions que corresponen a l'Estat. La sentència va contribuir així a delimitar la frontera entre la capacitat municipal per ordenar l'impacte territorial i paisatgístic de les antenes i la competència estatal sobre el desplegament i les condicions tècniques de les xarxes. La qüestió, per tant, no és si els ajuntaments poden regular aquestes instal·lacions, sinó fins on poden arribar les seves restriccions abans d'envair les competències estatals o dificultar de forma desproporcionada el desplegament de les xarxes.

La diferència entre ambdós casos resulta clau: Sant Joan representa el marge que tenen les administracions locals per protegir el territori i el paisatge; Àvila, el límit que no poden traspassar quan entren en qüestions tècniques pròpies de la competència estatal.

El 2006, el Tribunal Suprem va anul·lar diverses restriccions municipals d'Àvila que afectaven distàncies, sòl rústic i nivells radioelèctrics. Els ajuntaments poden protegir el paisatge, però no regular aspectes tècnics de les telecomunicacions que corresponen a l'Estat

En l'àmbit particular, el Tribunal Suprem ha arribat fins i tot a pronunciar-se sobre els conflictes derivats d'aquestes instal·lacions. L'abril de 2024, l'Alt Tribunal va donar la raó a una família de Las Palmas de Gran Canària que havia patit més de 60 manifestacions davant del seu domicili contra una antena de telefonia instal·lada a la teulada d'un edifici de la seva propietat, llogat a Orange. La Sala va considerar que la reiteració de les protestes i la seva concentració davant de l'habitatge havien afectat la intimitat personal i familiar i la integritat física i moral dels afectats. La sentència no va qüestionar el dret dels veïns a protestar contra l'antena, sinó que va establir que el seu exercici havia de conciliar-se amb els drets fonamentals dels qui patien les mobilitzacions.

Quan el paisatge protegit entra en joc

La legislació estatal, per tant, no elimina la protecció ambiental ni urbanística dels espais protegits, però sí que obliga a compatibilitzar-la amb el desplegament d'infraestructures de telecomunicacions. L'existència d'un ARIP o d'un espai integrat a la Serra de Tramuntana no impedeix automàticament la instal·lació d'una antena si el projecte obté les autoritzacions sectorials exigibles. Precisament aquest és el debat que suscita el cas d'Esporles: fins a quin punt una infraestructura considerada estratègica pot implantar-se en un espai d'alt valor paisatgístic on la normativa limita severament la construcció d'usos privats.

La jurisprudència ha vingut recordant que els ajuntaments poden exigir el compliment del planejament urbanístic, la integració paisatgística de les instal·lacions o els informes ambientals que procedeixin, però no establir prohibicions generals que dificultin el desplegament de les xarxes quan concorren els requisits legals.

L'existència d'un ARIP o d'un espai integrat a la Serra de Tramuntana no impedeix automàticament la instal·lació d'una antena si el projecte obté les autoritzacions sectorials exigibles

Esporles i Binissafúller mostren dues cares d'un mateix problema. A Menorca, els veïns han qüestionat una torre de 23 metres pel seu impacte sobre una urbanització d'habitatges baixos i han reclamat una ubicació alternativa. A Mallorca, una nova antena ha acabat en un espai rústic protegit de la Serra de Tramuntana, després que l'operadora hagués de buscar un nou emplaçament per substituir una altra estació, el propietari de la qual no va voler renovar l'acord. En tots dos casos, la discussió acaba xocant amb la mateixa frontera: quin marge hi ha per protegir el paisatge quan la infraestructura que es vol instal·lar està emparada per una legislació que la considera d'interès general.

La resposta de la llei no és que les antenes puguin col·locar-se en qualsevol lloc, però tampoc que un espai protegit en permeti rebutjar-les automàticament. L'equilibri implica justificar les restriccions, valorar-ne la proporcionalitat i, quan un emplaçament no resulti viable, estudiar alternatives capaces de garantir el servei.

I aquí és on els dos casos deixen encara una pregunta oberta: qui decideix quan una ubicació és realment l'única possible i quan existeix una alternativa capaç de garantir la cobertura sense carregar el cost sobre el paisatge o sobre els qui viuen al costat de la infraestructura. A Esporles, aquesta resposta passa ara per conèixer quines autoritzacions es van concedir, quines alternatives es van estudiar i quines mesures es van adoptar per integrar la torre en un dels paisatges més protegits de Mallorca. A Binissafúller, per saber si les administracions i l'operadora acabaran trobant un emplaçament que permeti mantenir la cobertura sense mantenir el conflicte. Perquè el desplegament de les xarxes pot ser d'interès general, però la pregunta sobre on s'aixequen les seves torres continua sent, en bona part, una qüestió territorial.

Menorca es va quedar petita. Va ser l'última parada balear de l'eclipsi i, durant uns minuts, una illa acostumada a lluitar amb els límits del seu territori va haver de fer lloc a una multitud arribada per mirar al cel. Només a Son Bou, l'extensa platja del sud de Menorca, prop de 18.000 persones es van concentrar per contemplar com la Lluna ocultava el Sol sobre l'horitzó. L'escenari no podia ser més singular: a pocs metres de l'arenal es conserven les restes d'una basílica paleocristiana del segle V, testimoni d'un assentament d'ara fa uns 1.500 anys. Durant unes hores, aquest paisatge mil·lenari es va convertir en un gegantí mirador i en una inesperada prova d'estrès per a una illa que ja suporta una enorme pressió durant l'estiu.

El fenomen ja s'havia deixat notar durant els dies previs pels carrers de Menorca. Al casc antic de Ciutadella, una de les localitats de Menorca millor situades, segons els experts, per observar la totalitat de l'eclipsi, Mariona Llopis regenta un local comercial. “Hem tingut una setmana força agitada: les ulleres homologades se'ns van esgotar en poques hores i fins avui hem rebut gent preguntant si en teníem més”, explicava en conversa amb aquest mitjà. Llopis confirma, a més, l'arribada de turistes que s'han desplaçat a l'illa específicament per observar el fenomen. “És cert que hem vist molts fotògrafs i gent aficionada a l'astronomia en els darrers dies. És bo per a la temporada, encara que no sé si ens portarà a saturar més l'illa”, es pregunta mentre nega a un altre client que entra al seu basar preguntant per unes ulleres ISO homologades.

Per fer front al desplaçament massiu de turistes cap als principals miradors de l'illa, es va constituir un Centre de Coordinació Operativa integrat per ajuntaments, Consell i Govern, a més de Policia Local i Guàrdia Civil. Fonts del Consell insular han destacat l'ampli dispositiu de seguretat i mobilitat, que inclou nou zones d'observació i quatre àrees restringides al trànsit —El Toro, Camí de Tramuntana, Punta Nati i Cavalleria—, a més de talls i controls en diferents municipis en funció de l'afluència. Així mateix, s'han habilitat tres línies d'autobusos i llançadores en alguns punts per evitar el col·lapse de l'única carretera que travessa l'illa, que, a més, es troba parcialment en obres a l'altura del quilòmetre 13.

La Lorena S., per la seva banda, és encarregada d'una botiga de tatuatges i pírcings del centre de Maó. Tot i que la capital insular no és el punt des del qual millor s'ha pogut observar l'eclipsi, milers de turistes abarroten els seus carrers des de fa dies a la recerca del millor mirador per assistir a l'esdeveniment astronòmic. “Durant tota aquesta setmana han entrat turistes a aquesta botiga a preguntar si teníem ulleres homologades. Clarament, aquí no venem ulleres”, reflexiona la tatuadora. L'escassetat d'ulleres ISO homologades ha estat una altra de les grans anècdotes de la setmana a Menorca.

Segons ha pogut constatar elDiario.es a través de fonts del Centre de Coordinació Operativa, el punt on es va reunir una major concentració d'espectadors van ser Son Bou i els miradors limítrofs. Ubicada al municipi d'Alaior, és la platja més extensa de Menorca, amb prop de 2,5 quilòmetres de sorral. Al costat del seu singular patrimoni històric, convertit durant unes hores en un dels principals miradors de l'eclipsi, es van congregar prop de 18.000 persones entre la sorra, els penya-segats i els voltants de la zona.

Fonts del Seprona confirmen que es van desplaçar unitats de la Guàrdia Civil per tot el litoral per prevenir fogueres i garantir que l'afluència d'espectadors cap a les zones rurals es desenvolupés respectant el territori. “Estem sorpresos perquè fins i tot en zones molt allunyades l'afluència de cotxes i motos ha estat alta”, han assegurat a elDiario agents de la Guàrdia Civil destacats a Cala Morell, als afores de Ciutadella.

Després de l'eclipsi, retens de la Policia Local i la Guàrdia Civil s'han desplegat per l'única artèria central que travessa Menorca. La ME-1 ha estat l'escenari on més clarament s'ha manifestat la pressió que suporta l'illa durant els mesos d'estiu. Mentre el territori manté uns límits físics inamovibles, el nombre de vehicles que hi circulen continua creixent, sense una limitació efectiva que permeti acompanyar la mobilitat a la capacitat de la xarxa viària. Malgrat que el Consell Insular de Menorca va aprovar limitar a 120.000 el nombre de vehicles que circulen a l'illa com a part de la Llei de Reserva de Biosfera, el cert és que la norma encara no s'ha aplicat a causa de la “manca de reglament definitiu”, l'aprovació final del qual està prevista per a l'octubre d'aquest any.

El resultat d'aquesta massificació vehicular és una infraestructura cada cop més tensionada per cotxes de residents, treballadors, turistes i vehicles de lloguer, on qualsevol accident, retenció o increment excepcional de la circulació pot repercutir sobre bona part de l'illa. L'eclipsi, amb milers de persones desplaçant-se simultàniament cap als punts d'observació, es converteix així en una prova d'estrès per a una carretera que durant tot l'estiu ja funciona al límit.

L'eclipsi

Javier Ares, divulgador astronòmic i responsable de Polaris Menorca, explica a aquest mitjà que l'excepcionalitat de l'eclipsi del 12 d'agost rau en l'estretor de la franja de totalitat. L'ombra —la banda on la Lluna oculta completament el Sol— a penes té uns 200 quilòmetres d'amplada, encara que s'estén al llarg d'uns 12.000 quilòmetres. Fora d'aquesta franja només és possible observar un eclipsi parcial.

“Un eclipsi parcial i un de total no tenen res a veure”, resumeix. Ares explica que “durant la totalitat es fa de nit durant uns minuts i és possible contemplar fenòmens que només apareixen quan el Sol queda completament ocult, com les perles de Baily, l'anell de diamant, la corona solar o la cromosfera”. Segons aquest promotor de l'astroturisme, “només durant aquests instants és segur retirar les ulleres de protecció”, ja que amb un 99,9 % d'ocultació continua arribant llum del Sol, no es fa de nit i les ulleres continuen sent imprescindibles.

Ares destaca que el recorregut de l'eclipsi de 2026 a penes frega Islàndia abans de travessar el nord d'Espanya i Balears, per la qual cosa afecta una part molt reduïda de la població europea. “Portem més de cent anys sense un eclipsi total visible des d'Espanya. Per a aquells que estem dins de la banda de totalitat és un fenomen que probablement només viurem una vegada a la vida.”

En el cas de Menorca, afegeix, l'experiència és encara més singular perquè l'illa serà l'últim territori des del qual s'observarà la totalitat. “Aquí coincidirem [les declaracions van ser realitzades abans de l'eclipsi] amb la posta de Sol, de manera que veurem com el Sol s'amaga a l'horitzó al mateix temps que la Lluna el cobreix per complet. Serà una escena molt dramàtica des del punt de vista de la llum i molt diferent de la que es veurà, per exemple, a Astúries o a França”. I així va ser: l'eclipsi va coincidir amb la posta de Sol i va deixar a Menorca una imatge excepcional, amb el disc solar desapareixent sobre l'horitzó mentre la Lluna l'ocultava parcialment.