El campo como negocio turístico: Menorca multiplica por cuatro sus plazas hoteleras en suelo rural en diez años

Mientras el PP impulsa un cambio de ordenamiento territorial que abre las puertas a nuevos usos en el suelo rústico de Menorca, el campo menorquín acelera su transformación en negocio turístico. La turistificación del interior de la isla, con la conversión de fincas agrarias y ganaderas –de gran importancia en la isla– en hoteles de lujo y agroturismos, es ya un fenómeno palpable: hace apenas una década, Menorca contaba con 22 establecimientos rurales y unas 300 plazas; en la actualidad, la oferta se ha disparado hasta los 49 alojamientos turísticos, que suman 1.125 plazas, de acuerdo a los datos que maneja el Consell Insular. Si en una década y con el actual Plan Territorial vigente –que presenta importantes restricciones a las actividades e intervenciones sobre suelos rústicos– hay más del doble de hoteles rurales, ¿qué ocurriría si la nueva normativa que preparan los populares habilitase explícitamente la turistificación del campo?

Un ejemplo ilustrativo de la transformación del campo en Menorca es el de la finca Lloc Nou, el último territorio rural en incorporarse a la lista de 'agroturismos' a finales del año pasado. Se trata de una antigua parcela agrícola de finales del XIX reconvertida en hotel de lujo con capacidad para 20 plazas. El Lloc Nou, propiedad del empresario francés Maxime Marcel Gerard Didier, abrirá sus puertas este verano tras reformular el proyecto inicial, que fue rechazado en 2022 por el Departamento de Ordenación Territorial del Consell por no cumplir con los requisitos de sostenibilidad medioambiental. Con esta incorporación, las fincas agrícolas que saltan del sector primario al terciario suman medio centenar. 

En paralelo a este crecimiento de la oferta turística en el campo, el debate político sobre el futuro del suelo rústico se ha recrudecido en los últimos tiempos, especialmente desde que el PP de Adolfo Vilafranca, al frente del equipo de gobierno del Consell Insular desde 2023, anunciase la reforma del Plan Territorial Insular (PTI). Bajo la fórmula de una “modificación puntual”, los populares pretenden reconfigurar este marco con medidas especialmente sensibles, como la flexibilización del suelo rústico y la ampliación de usos turísticos en el interior, fuertemente criticadas en una isla marcada por la crisis de vivienda, la desregulación del precio de los alquileres, la abundante oferta ilegal de pisos turísticos y la falta de orden en materia de vehículos de alquiler.

El choque institucional en esta materia se ha evidenciado, de hecho, en el primer pleno del año en el Consell de Mallorca, que arrancó con una votación polémica que impacta de lleno en la política territorial de la isla: la institución mallorquina aprobó una resolución para transferir técnicos de su Departamento de Territorio al Consell Insular de Menorca con el objetivo de elaborar informes vinculados al ordenamiento territorial menorquín. La decisión de ceder técnicos de una administración a otra ha despertado las suspicacias de los grupos de izquierdas, que denuncian “un acuerdo perverso” y alertan de una posible “intencionalidad política” dirigida a “tapar la mala gestión” de los populares en Menorca.

A pesar de que el equipo de gobierno insiste en que no hay argumentos para pensar que la cesión de técnicos va más allá de una mera cuestión administrativa, y de que ésta es presentada como una “colaboración entre instituciones”, lo cierto es que el contexto político y el alcance de las reformas anunciadas por Vilafranca en los últimos dos años de gestión apuntan a un posible cambio de modelo en la planificación territorial de la isla. Y uno de los efectos directos de este cambio de ordenamiento es la “turistificación” del campo, es decir, que las zonas rurales de Menorca abandonen paulatinamente su vinculación con el sector agrícola y ganadero para pasarse al sector hostelero.

“Un acuerdo perverso”

La iniciativa ha sido aprobada esta semana con los votos de los consellers de Vox, el PP y el PI, quienes argumentan que se trata de una iniciativa de “colaboración institucional” entre ambos organismos. El convenio mediante el cual se hará efectiva la medida ya había sido tratado en Menorca durante el último pleno ordinario de 2025, momento en el que el equipo de gobierno comandado Vilafranca logró aprobarlo de forma inicial con el voto aliado de la exconsellera de Vox –ahora no adscrita– Maite de Medrano de Olives.

La medida ya levantó entonces las críticas de la izquierda en torno a su naturaleza que, en su opinión, ocultaría el acuerdo. Los consellers de la oposición agrupados en Més per Menorca explican que en el departamento de Ordenamiento Territorial hay tres plazas de arquitecto superior, “de las cuales, según el equipo de gobierno, hay dos de baja, pero no han explicado el motivo”. “Quizás ocurre que reciben presiones, como sucede en otros departamentos y según los rumores que circulan por el Consell”, señala el coordinador de Més, Esteve Barceló, en declaraciones a elDiario.es.

“Por otro lado” –se pregunta Barceló–, “¿qué pasa si se reincorporan? ¿Por qué no se prevé dejar sin efecto el convenio si cambia la situación? ¿Por qué no se condiciona la duración del acuerdo a la fecha de reincorporación de las personas que están de baja? En el mismo departamento, además de las plazas de arquitecto superior, hay un total de cinco arquitectos técnicos, entre ordenación territorial y turística. ¿No han valorado alguna redistribución temporal de tareas?”, razona. Por su parte, el conseller del PSIB-PSOE Jaume Mateu señala que su formación “sospecha” de la posible “intencionalidad política” del acuerdo. 

Fuentes del CiME consultadas por este medio señalan, sin embargo, que la “importación” técnicos desde Mallorca responde a una necesidad de “cubrir vacantes” por una serie de “bajas médicas”, algunas de las cuales serían “de larga duración”. “Se trata de una colaboración público–pública totalmente transparente”, argumentaba, por su parte, el conseller de Vox Antoni Gili al defender su voto positivo en el pleno de esta semana.

“Buscan mallorquinizarnos por la puerta de atrás”

El pasado 2025 se cumplieron dos años de gobierno del PP de Menorca y, desde el primer día de su mandato, el presidente Vilafranca ha señalado como uno de los objetivos centrales de su gobierno –y una de sus promesas de campaña– la reforma del Plan Territorial Insular. Desde el CiMe no han confirmado ni desmentido que la “cesión” de técnicos desde Palma pueda contribuir a elaborar informes que permitan la tan ansiada reforma. “Buscan fuera las firmas que aquí no encuentran. No creo que haya ningún técnico de Menorca con estómago para firmar lo que quieren hacer con el PTI”, señala a elDiario.es una fuente del Consell Insular que prefiere mantener el anonimato. 

A pesar de que el gobierno insiste en que la reforma del instrumento legal que ordena el territorio en Menorca es apenas una “modificación puntual”, lo cierto es que, de aprobarse la iniciativa del PP, se modificarían 95 de los 140 artículos que la conforman. Entre otras regulaciones, el equipo de Vilafranca busca habilitar los alquileres turísticos en suelo rústico, así como modificar el estatus de algunos terrenos municipales para fomentar la construcción de vivienda, tal como publicó elDiario.es. “Con esta maniobra buscan revertir los resultados de los informes técnicos hechos en Menorca para la tramitación del PTI y que no salieron como el gobierno esperaba. Por otra parte, cabe mencionar que el ordenamiento territorial de Mallorca tiene poco que ver con el de Menorca. Buscan mallorquinzarnos por la puerta de atrás”, ha zanjado el coordinador de Més, Esteve Barceló. 

Si se analiza en conjunto la situación, se puede verificar que la magnitud de las modificaciones previstas para el Plan Territorial Insular, el momento político en que se producen y el recurso de solicitar apoyos técnicos externos permiten afirmar que no se trata únicamente de una actualización del planeamiento vigente, sino de un ordenamiento nuevo. La reforma del equipo de gobierno actual pone en juego una redefinición de las reglas que ordenan el territorio de Menorca y, con ello, un cambio de modelo que podría tener efectos estructurales a largo plazo sobre el paisaje y la actividad económica de la isla.