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Amaya Fernández

Secretaria general del Partido Popular del País Vasco

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Y los jóvenes vascos, ¿qué?

Hay quien define la política como la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. En ese contexto, es cierto que hay debates de alta política que afectan al desarrollo de Euskadi y que nos ocupan diariamente, nos embarran en discusiones interminables y colapsan los debates parlamentarios. Con todo, últimamente no dejo de pensar en que esa sociedad, ese país, también son los jóvenes vascos, jóvenes que parecen estar cada vez más desconectados de la política en gran medida porque quienes gobiernan Euskadi no sólo no atienden sus necesidades, sino que les invitan a sumarse a batallas identitarias que poco tienen que ver con mejorar su vida diaria.

El lehendakari Iñigo Urkullu y sus socios de Gobierno del PSE, junto con la plana mayor del PNV, sucumben hoy a la tentación de polarizar la vida política vasca en torno a la supuesta necesidad de reconstruir un Estatuto de Autonomía que es de lo poco que sigue uniendo a los vascos. Unos y otros lo hacen en un contexto en el que la opción a favor del actual Estatuto ha recuperado 23 puntos en los últimos años coincidiendo con el procés catalán y en el que quienes están conformes con el texto estatutario ascienden al 81%. Lo hacen justo cuando menos del 45% de los jóvenes vascos muestran interés por la política.

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Fractura social a la vista

En Euskadi ha costado mucho generar un contexto marcado por la estabilidad, por el respeto al diferente y por el respaldo ciudadano al nivel de autogobierno del que goza nuestra comunidad autónoma. Pero todo ello puede saltar por los aires si por mérito del nacionalismo o por demérito del constitucionalismo vasco se insufla oxígeno a quienes prefieren ahondar en lo que nos divide y no en lo que nos une.

Que los intereses de los vascos han quedado desvirtuados tras la llegada del PSOE a La Moncloa no es una sensación, es un hecho constatado en virtud de la primera reunión mantenida entre el nuevo presidente del Gobierno central y el lehendakari del Ejecutivo vasco, Iñigo Urkullu. En ella Urkullu marcó cuáles cree que son las cuestiones que roban el sueño de los vascos, cuestiones por tanto para él ineludibles en un primer encuentro entre el representante de todos los vascos y el nuevo presidente del Gobierno central: presos de ETA, reconocer la “realidad plurinacional” del Estado o la retirada de recursos de inconstitucionalidad que afecten a leyes de dudosa legalidad promovidas por el Parlamento Vasco.

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Ponencia de autogobierno, manzana envenenada

Preocupa el perfil bajo que algunos partidos vascos mantienen tras constatar cómo el PNV, a través de su última propuesta de ruptura estatutaria, ha radicalizado su discurso sentando las bases de un nuevo Plan Ibarretxe en Euskadi. Pero preocupa más aún que un partido constitucionalista que además es socio de gobierno del PNV asuma que el nacionalismo vasco cumplirá la legalidad cuando, de hecho, ya fundamenta su propuesta de Estatuto sobre la base de una contradicción insostenible: una “nación” vasca con “identidad propia” que mantenga una “relación bilateral” con el Estado en el marco de la Constitución Española. Insostenible.

Insostenible jurídicamente e insostenible políticamente en una Euskadi que conoce bien las consecuencias de aventuras rupturistas e identitarias. Tanto las conoce, que las rechaza de plano. Acertó la secretaria general del PSE cuando, en 2015 y en Barakaldo, mi ciudad natal, advirtió de que “el derecho a decidir no paga facturas ni hipotecas”. Aplaudí entonces aquel argumento. Aún lo hago. Pero precisamente porque lo hice y porque aún lo hago creo que ha llegado el momento de que todas las formaciones constitucionalistas desarmemos al nacionalismo de dos modos. Primero, abriendo la puerta a  la consecución de acuerdos que mejoren la vida de los vascos y que evidencien que el proyecto España garantiza la necesaria estabilidad y la cohesión social. Segundo, dando un portazo a cualquier atisbo de aventura secesionista, ruptura social o inestabilidad. Pese a que los constitucionalistas estamos de acuerdo en lo primero, parece que no del todo en lo segundo. Al menos no en los hechos.

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O con la dignidad o contra ella

El PP vasco quiso estar en Andoain el pasado domingo frente a los centenares de radicales que homenajearon a dos asesinos –quien ayuda a matar y está orgulloso de haberlo hecho no merece ser llamado de otra forma– por una razón muy sencilla: estamos hartos. Nosotros y la sociedad vasca. Hartos de que la izquierda abertzale trate de presentar homenajes a terroristas como solidaridad vecinal, supuesta solidaridad vecinal que se niega a los etarras que reniegan de ETA. Hartos del silencio de las instituciones vascas en torno a homenajes a criminales que presumen de sangre. Y hartos de que el Gobierno vasco mire hacia otro lado, dejando desasistida y a la intemperie la debida construcción de Memoria pública que debe decir alto y claro que en el terrorismo no hay grises. O con la dignidad de los vascos o contra ella.

Después de que cientos de hombres, mujeres y niños rindieran tributos de héroes en Andoain a dos asesinos de Joseba Pagaza y de que el PP vasco, con su presencia allí, centrase el foco público en un problema que no está siendo tomado en serio en Euskadi, sucedió algo terrible. Terrible por inesperado; pero terrible también por los problemas de convivencia que pueden generarse. Que Sortu llegase a decir que en el PP vasco estábamos más cómodos con escolta y con gente queriendo asesinarnos no nos duele. Somos conscientes de las limitaciones democráticas de la izquierda abertzale. Lo que duele y apena es que un partido con responsabilidad de Gobierno en Euskadi como el PNV diga que lo sucedido recuerda a “cuando se intentaba sacar réditos políticos y electorales” de estas cuestiones; o lo que es lo mismo, sacar supuesto rédito político a cambio de la vida de familiares, amigos o compañeros.

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Urge liderazgo contra la criminalidad

Cuando el gato no está, los ratones bailan salsa. Lo sabe la Policía, lo saben los criminales y lo saben los vecinos de Bilbao, vecinos que están empezando a hartarse de la falta de liderazgo en torno a un problema, el aumento de la criminalidad, que exige respuestas estructurales, realistas y que huyan por igual del alarmismo que sitúa a Bilbao como una ciudad sin ley –no es una ciudad sin ley– y de la autocomplacencia de quienes defienden que Bilbao es un oasis de tranquilidad –los hechos y los vecinos hablan–.

Hace escasos días otros dos bilbaínos sufrieron una brutal paliza en Bilbao mientras volvían a casa después de haber tomado unas cañas. Sucedió el 21 de enero, tres días después de que menores que habían estado tutelados por la Diputación Foral de Bizkaia presuntamente asesinaran vilmente a golpes y cuchilladas a Lucía y a Rafael en Otxarkoaga. Lo sucedido el sábado 21 no acabó en tragedia, pero los golpes propinados por cuatro desconocidos dejaron a los dos vecinos de Bilbao inconscientes en el suelo.

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Yo soy ertzaina

No me imagino a alguien capaz de no empatizar con la hija de una guardia civil que, en un colegio de Cataluña, tuvo que oír cómo en plena clase una profesora decía que su madre, como el resto de agentes del Cuerpo, eran “unos animales”. Tampoco concibo que responsables del Gobierno de España renuncien a pronunciarse cuando se acusa a toda la Policía Nacional de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos de la ciudadanía. No lo concibo porque a los gobiernos les corresponde velar por el correcto funcionamiento de sus Fuerzas de Seguridad, asegurarse de que las actuaciones policiales se ajusten a derecho, castigar a quienes dentro del Cuerpo se salten la ley y defender a los funcionarios públicos de ataques injustificados e infundados contra su buen nombre. Así lo hacen. Excepto en Euskadi.

Precisamente por ello, hoy más que nunca lo digo alto y claro: “Yo soy ertzaina”. Lo soy porque me identifico sin ningún reparo con los 8.000 agentes que ponen en riesgo a su vida a diario para defendernos a todos, incluso a quienes aún les insultan y humillan por pertenecer a la policía vasca. Lo soy porque estoy harta de que se ningunee a los ertzainas asesinados por ETA que, como Txema Aguirre, siguen viviendo el olvido institucional en Euskadi y particularmente en Bilbao. Lo soy porque me duele profundamente que quienes también han sentido especialmente el acoso de ETA en su entorno familiar hoy están siendo presentados ante la opinión pública como torturadores sin que los máximos responsables del Cuerpo les defiendan. Y lo soy porque me avergüenza que quien expone y humilla a nuestra policía no es la izquierda abertzale, que también lo hace continuamente, sino el Gobierno vasco y el PNV.

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Un año lejos de la calle

Hoy se cumple un año de gestión del Gobierno vasco y toca hacer balance en un momento marcado por la negociación presupuestaria. Precisamente por el contexto, toca hacer balance no desde el punto de vista de la alta política, donde al Ejecutivo de Iñigo Urkullu le gusta moverse porque ahí justifica sus incoherencias y su falta de eficacia con debates identitarios y ficticios. Toca hacer balance desde la racionalidad, desde la perspectiva de la ciudadanía.

Pese a que la calle no quiere pose sino trabajo efectivo que mejore su vida diaria, el Gobierno vasco ha descuidado la gestión para abrazar la foto. Así, en lo que va de legislatura ha logrado convertir el Concierto Económico en una herramienta que ahoga el bolsillo de los vascos con impuestos y les carga una mochila que no lleva el resto de España.

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Debates ficticios

Imagínese que es usted uno de los trabajadores de La Naval de Sestao y que su pan está en riesgo. O que es una de las personas afectadas por el cierre de la histórica Xey, por los problemas que traviesa Vicrila, Cel o Edesa Industrial. Imagínese que, además, vive usted en Barakaldo y sus hijos, que ya estudian en la Educación vasca con los peores resultados de la historia, se ven obligados a estudiar el Bachillerato en otro municipio porque los cuatro centros que tiene a su alcance no ofrecen todos los modelos lingüísticos ni los contenidos curriculares contemplados en la legislación vigente. Imagine también que su madre va en silla de ruedas y que, pese a que la Sanidad vasca es la más cara de España, los hospitales de Euskadi suspenden en accesibilidad.

Imagíneselo. Y ahora escuche a su Gobierno autonómico –con las competencias de Industria, Educación o Sanidad transferidas– diciendo que el principal problema de Euskadi es que no gestiona sus cárceles y que la transferencias de la Seguridad Social es prioritaria. Esas y otras tantas, como la asignación del ISBN de los libros o el reconocimiento de que Euskalmet es la autoridad meteorológica en Euskadi, y no la AEMET estatal. Escuche también a la mayoría del espectro político vasco justificando la ilegalidad en Cataluña mientras esta dilapida la estabilidad económica de la región. Escúcheles desarrollar su argumentario político y pregúntese qué respuesta se está dando a los problemas de casa. A sus problemas y los de su familia, amigos y vecinos.

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