Sostenella y no enmendalla

Últimamente hay un claro empeño en inocularnos la sensación de que las dificultades tienen los días contados. Nunca mejor dicho. Por lo visto, faltan días para llegar al final del túnel pandémico, claro está, con permiso de las nuevas variantes. Puesta la meta el 18 de agosto, todavía nos restan 80 días entre estadísticas de pinchazos diarios, cumplimiento de los plazos de entrega por parte de las empresas farmacéuticas y SMS de citación. Mientras tanto, los vizcaínos y vizcaínas apuramos nuestro particular calendario, o tal vez sería más apropiado decir calvario fiscal: el de la campaña de Renta 2020.

Todo empezó el 2 de marzo, cuando el Gobierno Foral de Bizkaia anunció a bombo y platillo novedades sobre el nuevo modelo de presentación de la campaña de renta “más sencillo y cómodo para los contribuyentes”, nos aseguraron. Decían nuestros mayores que no se juega con las cosas de comer. Pues se equivocaban. Vaya si se juega. La campaña de la Renta en Bizkaia es una buena prueba de ello. La campaña, que iba a ser la más moderna y novedosa en España al facilitar la declaración hecha a todos los contribuyentes vizcaínos, es un auténtico caos.

También decían los clásicos que los experimentos, con gaseosa. Pues en este caso tampoco. En la búsqueda de la autocomplacencia de ser los primeros se ha puesto en marcha un método sin consultar, sin meditar, sin contrastar y sin experimentar. Del alambique a la práctica, sin ensayos, sin transición, sin pasos intermedios. El lema “Renta Fácil” de la campaña ya es motivo de ludibrio por parte de asesores fiscales y contribuyentes. Lo que se presentaba, a bombo y platillo, como una campaña innovadora, pionera en España y que iba a facilitar la vida a los contribuyentes, se ha quedado en todo lo contrario. Desconcierto, errores garrafales, inseguridad y caos. Un chasco.

En la búsqueda de la autocomplacencia de ser los primeros se ha puesto en marcha un método sin consultar, sin meditar, sin contrastar y sin experimentar

Algunos ejemplos para ilustrar el lío. Vizcaínos a quienes, por vender la casa de su padre fallecido, les aparece en la propuesta de declaración de renta que tienen que pagar 36.000 euros porque la Hacienda vizcaína solo le ha computado el precio de venta, sin incluir el de adquisición. Un vizcaíno autónomo sin trabajo desde hace un año, con motivo de la pandemia, se ha encontrado con una declaración que le obliga a pagar 2.000 euros cuando los únicos ingresos han sido las ayudas públicas para los damnificados, unos 800 euros mensuales en su caso. Una pareja que realiza todos los años la declaración conjunta (ya que uno de los cónyuges está en paro) y tiene una media de 2.000 euros de devolución recibe la comunicación de que debe pagar 20.000 euros. El motivo es que vendió un inmueble por 100.000 euros y tampoco les han incluido el precio de adquisición. Un jubilado ha recibido la comunicación de que debe pagar 6.000 euros, sin saber inicialmente por qué. Y es que todos los que han vendido algo, sean viviendas o acciones, les sale a pagar cantidades irracionales.

O aquellos fallos que se han dado en 29.472 cartas enviadas a personas que, estando obligadas a presentar la declaración, han sido informadas de que no lo están. A otras 19.280 no se les ha informado de que no están obligadas a presentar declaración. O cartas remitidas a contribuyentes fallecidos hace décadas. O se han enviado por error cartas a personas que ya no son contribuyentes vizcaínos porque han trasladado su domicilio fuera.

No es responsable utilizar una retórica discursiva que genera una falsa confianza en la ciudadanía -con la presunción añadida de veracidad que genera una propuesta de declaración hecha por la Hacienda Foral- que tropieza con la inseguridad y la incertidumbre. Y es que, por mucho que la Diputación Foral haya tratado desde el inicio de minimizar la mala imagen que ha generado su nuevo modelo de campaña de renta, lo cierto es que el malestar y indignación alcanzan por igual a ciudadanos y a asesores fiscales.

Pero es que, además, los asesores, y por ende la ciudadanía, comienzan a temer lo que se les viene encima a partir de enero 2022, momento en el que entrará en vigor el sistema Batuz. Resumiendo en pocas palabras: la filosofía de la declaración de renta de este año, ese “tranquilos que hacienda se lo da hecho” pero trasladado a las declaraciones de las empresas y autónomos en IVA, retenciones y sociedades, pone a empresas, autónomos y asesores fiscales los pelos de punta.

Queda mucho por restañar. Porque estamos en el “sostenella y no enmendalla”. Ni ampliación del plazo, ni atención presencial real y efectiva. Eso sí, firmeza en el error, oposición a la oposición, mientras los ciudadanos tropiezan con la brecha digital, la desatención y tienen que recurrir a pagar a asesores, un servicio que en años anteriores obtenían gratis. Porque hay que recuperar la confianza de los contribuyentes, su tranquilidad, su seguridad, sin marginar a miles de contribuyentes que no disponen de conocimientos digitales, ni medios técnicos suficientes. Porque hay que seguir avanzando en la digitalización, pero no de cualquier forma, sin precipitaciones, ni provocando una generalizada e indiscriminada implantación digital; sino de forma progresiva, de tal manera que no deje atrapadas en la brecha digital a las personas. Porque hacer fácil algo es hacerlo accesible. Y una de las principales obligaciones de las administraciones públicas es garantizar la seguridad. Y en este caso brilla por su ausencia.