PP y Vox blindan más 90.000 plazas de alquiler turístico en Balears pese a la emergencia habitacional

PP y Vox han dado luz verde en el Parlament balear al decreto turístico que desbloqueará y blindará más de 90.000 plazas de alquiler turístico, cuyo auge, a juicio de las entidades sociales, ha disparado -junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y la avidez de los fondos buitre- los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de la imparable gentrificación. Mientras conservadores y extrema derecha defienden que este nuevo reglamento no creará nuevas plazas de alquiler vacacional, la oposición calcula que, en total, se consolidarán hasta un total de 145.000, agravando con ello la actual emergencia habitacional.

Durante el pleno celebrado este martes, tanto los grupos de derecha como los de izquierda se han lanzado acusaciones mutuas en torno a la “cronificación” de la saturación turística en las islas, una saturación que, según defiende la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, responde a “episodios puntuales” de congestión en momentos como Semana Santa, mientras el vicepresidente y portavoz, Antoni Costa, asevera que el Ejecutivo del PP “nunca” ha negado que haya masificación en el archipiélago, que, a su juicio, ha llegado “al límite”.

Entre otras medidas, el nuevo decreto contempla la prohibición de nuevas plazas de alojamiento turístico en viviendas plurifamiliares y el incremento de las exigencias de calidad para la renovación de las ya existentes. Asimismo, el Ejecutivo regulará de forma transitoria la reactivación del intercambio de plazas y el cambio de usos de establecimientos turísticos en vivienda a la espera de que los Consells Insulars fijen su propio techo de plazas y su capacidad de carga. El Govern también creará una bolsa transitoria vacía que recogerá aquellas plazas que se den de baja para garantizar la contención de plazas.

Excluido el aumento del impuesto turístico para contentar a Vox

Pese a que inicialmente el decreto formulado por el PP contemplaba el incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS) -que grava las pernoctaciones hoteleras en los establecimientos reglados por ley- entre el 66 y el 200% según la categoría del establecimiento entre junio y agosto. Sin embargo, la propuesta quedó finalmente fuera del texto ante la presión de los hoteleros y de Vox, que a cambio de prestar su apoyo al nuevo reglamento exigía no aumentar este tributo. El pacto con la extrema derecha para sacar adelante esta iniciativa llevó a los populares a incluir una disposición adicional que incrementa hasta 500 el número de plazas que se podrán reservar en establecimientos turísticos cuyo edificio esté catalogado o haya sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) y se encuentre ubicado en zona clasificada como urbana o rústica común.

La aprobación inicial del texto costó además al Ejecutivo autonómico un duro enfrentamiento con el sector hotelero, que llegó a tildar de “aberrante” y “escandaloso” el contenido del nuevo reglamento por desbloquear y reactivar 90.000 antiguas plazas de alquiler turístico que habían sido dadas de baja debido a su situación irregular.

Por su parte, desde el PSIB-PSOE sostienen que la entrada en vigor del decreto supondrá la puesta en circulación de hasta 145.000 plazas de alquiler vacacional, al activar las 50.000 que bloqueó el anterior Govern de Francina Armengol mediante una moratoria aprobada a principios de 2022 y que el PP consideró entonces “un ataque a la libre competencia, al libre mercado y a los pequeños empresarios”. Con el nuevo reglamento, recriminan, se creará además una nueva bolsa de plazas para el alquiler vacacional integrada por las 95.000 que en su día fueron regularizadas de forma temporal y que estaban condenadas a desaparecer al perder su licencia turística a medio y largo plazo, incorporándose de nuevo al mercado residencial.

Los socialistas critican, además, que fue la Ley de Turismo de 2012, con el PP de José Ramón Bauzá en el poder, la que legalizó el uso de viviendas como alojamientos turísticos. La polémica normativa, conocida como Ley Delgado -entonces ostentaba la titularidad de Turismo el exconseller Carlos Delgado-, permitía así la ampliación de la comercialización turística de viviendas unifamiliares, además de expandir los alojamientos turísticos en edificaciones ya existentes en todo tipo de suelo rústico, sin necesidad de contar con una declaración de interés general ni con informes de evaluación de impacto ambiental. Delgado fue también siempre proclive a los proyectos de campos de golf y puertos deportivos bajo el pretexto de la desestacionalización.

El conseller de Turismo: “No se crearán nuevas plazas”

Durante su intervención en el pleno, el conseller de Turismo, Jaume Bauzá, ha negado que el decreto vaya a suponer “barra libre” ni la creación de nuevas plazas y ha defendido que permitirá preservar el modelo de convivencia y la identidad que “nos define como pueblo” y “la calidad de vida que queremos garantizar por los que viven y conviven” en Balears. “Lo repito, porque se ha dicho lo contrario con mucha ligereza, no supone la creación de ni una plaza más, quien diga lo contrario o no ha leído la norma o pretende confundir deliberadamente”, ha subrayado.

El conseller ha asegurado que el texto “nace de una escucha profunda y de un trabajo intenso, fruto del diálogo, del diálogo real”: “No es un documento cualquiera, sino una hoja de ruta compartida, transversal y con voluntad de país”. Asimismo, ha justificado el uso de la figura del decreto ley -sin su pertinente tramitación parlamentaria- argumentando que es necesaria una “respuesta urgente que no podía esperar más”.

“Hablamos con claridad y sin dramatismos de la presión creciente sobre el territorio y la percepción cada vez más extendida de saturación en determinados puntos y momentos”, ha subrayado Bauzá, quien ha hecho referencia a “una presión que pone al límite las infraestructuras, los servicios públicos y, seamos sinceros, la paciencia”. El titular de Turismo ha apuntado a la crisis del acceso a la vivienda, que “para muchas familias ha pasado de ser un problema a una angustia” y ha aludido a un “fenómeno multifactorial” en el que, ha subrayado, el uso turístico ilegal tiene “un papel innegable”.

“La oferta turística ilegal opera como una economía sumergida, elude las obligaciones fiscales y desfigura el equilibrio de nuestro modelo turístico”, ha recalcado.

Lucha contra la oferta turística ilegal

En este sentido, una de las principales disposiciones incluidas en el decreto pasa por obligar a los portales comercializadores que exijan el número de registro de los alojamientos a la hora de anunciarlos, responsabilizando de posibles infracciones tanto a los propietarios como a las plataformas en aras a intensificar la lucha contra la oferta ilegal, como ha recordado este martes el conseller. Las sanciones se verán incrementadas en un 25%, con multas de hasta 500.000 euros. Los infractores podrán beneficiarse de una rebaja de hasta el 80% de la sanción siempre y cuando estas viviendas pasen a destinarse al alquiler social o a precio limitado. En ese caso, la beneficiaria de la renta será la Administración.

A este respecto, el portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha criticado que Bauzá augure que el decreto acabará con la impunidad del alquiler ilegal cuando “en realidad las medidas son un brindis al sol” en este sentido. En su opinión, el reglamento “incentivará a los infractores” a intensificar su actividad y después a poner en alquiler su vivienda “para ahorrarse la sanción”. El diputado menorquinista ha recriminado, además, que la normativa “consolida el modelo de masificación”: “Se tapan los ojos y continúan adelante con este modelo”.

Por su parte, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha acusado al Govern de “jugar a hacer creer a la gente que se iba a hacer lo que decían”, aseverando que aunque la norma haya sido convalidada no incluye “lo que dijo Prohens hace siete meses”, en alusión, entre otras cuestiones, al incremento de la ecotasa. “Solo son capaces de construir falacias y de trabajar para unos cuantos concretos”, ha manifestado. En esta línea, ha reprobado que el conseller no haya intentado negociar con los otros grupos y pactase “una cosa nueva” con Vox. “Han quitado la moratoria, la reducción de plazas en reforma, la posibilidad de que 90.000 se fuesen extinguiendo, han quitado el 2x1 para decrecer. Todo lo que había de valiente lo han quitado”, ha sentenciado.

Mientras tanto, el parlamentario de Més per Mallorca Lluís Apesteguia ha criticado, en línea de lo manifestado por el PSIB, que el decreto permitirá que “más de 100.000 plazas adquiridas con excepción y sin acudir a la bolsa queden consolidadas” y, además, se pueda hacer negocio con ellas. Unas plazas que, ha señalado, estaban abocadas a desaparecer. Del mismo modo, ha rechazado la disposición adicional incluida “específicamente” para “permitir seguir gentrificando esta tierra”, en referencia a 500 plazas que se permitirán en edificios que tengan algún tipo de protección patrimonial.

“No puede decir que no tuvo manos tendidas para negociar según que aspectos. Lo que han hecho es elegir a sus socios”, ha reprochado al conseller. Mientras tanto, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha lamentado que se perderán “muchísimas plazas residenciales” con las medidas relacionadas con el alquiler turístico. “Gente que no había pagado un euro por su futura plaza de alquiler turístico ahora resulta que ya puede intercambiar, que ya puede cobrar”, ha dicho. Un hecho que supone, según ha criticado, “que el Govern favorezca plusvalías a personas y empresas concretas”.