La geopolítica, el comercio exterior, la evolución de la Política Agraria Común (PAC), la competitividad agroindustrial y la innovación aplicada, son los retos a los que se enfrenta en el presente y condicionarán el futuro del sector agroalimentario, según el panorama que ha dibujado el viceconsejero de la Política Agraria Común y Política Agroambiental, José Manuel Martín Aparicio durante su ponencia 'Castilla-La Mancha ante el nuevo escenario global'.

Esta ponencia se ha desarrolla al término de la Jornada Agroindustria 2026 'Castilla-La Mancha ante el nuevo escenario global', organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) en Alcázar de San Juan.

En esta ponencia, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha subrayado su compromiso para seguir acompañando al sector agroalimentario con “políticas de apoyo a la modernización, el impulso a la innovación, con instrumentos para la mejora de la competitividad y con una visión muy clara: el sector agroalimentario es motor económico, social y territorial, especialmente en las zonas rurales que más necesitan oportunidades”, según ha señalado la Junta en nota de prensa.

Y en ese sentido, ha explicado como el complejo contexto internacional, los mercados, los cambios regulatorios y la aceleración tecnológica están transformando profundamente el entorno en el que operan las empresas agroalimentarias y en este escenario, “anticiparse ya no es una ventaja competitiva, sino una necesidad estratégica”.

Para Martín Aparicio las claves para esta anticipación pasan por el comercio exterior, una cuestión que para Castilla-La Mancha, “ya no es accesoria, porque además de ser palanca de crecimiento, es estabilidad económica, empleo rural y futuro para miles de explotaciones agrarias y ganaderas”.

También ha abogado por seguir impulsando la internacionalización de la economía y la diversificación de mercados bajo las premisas de “realizarlo con garantías, con reglas equilibradas y con protección de nuestros sectores sensibles”.

Asimismo, ha incidido en la necesidad de seguir avanzando en dimensión y competitividad empresarial, dejando claro que “no basta con producir bien; hay que crecer en dimensión, ganar eficiencia, invertir, cooperar más y competir mejor”. “Castilla-La Mancha tiene una base empresarial y productiva de enorme valor, pero el contexto actual exige una mirada más estratégica, más conectada con el mercado y más orientada a la colaboración”.

En cuanto a la innovación y la transformación tecnológica ha remarcado que la tecnología debe traducirse en impacto real sobre la productividad, la sostenibilidad y la toma de decisiones, siempre como un complemento que potencia el saber hacer del sector.

Con un sector que representa en torno al 17 por ciento, del PIB, concentra una parte esencial del empleo y aporta uno de cada tres euros de las exportaciones de la Comunidad Autónoma, “podemos hablar de Castilla-La Mancha como una potencia agroindustrial, como una realidad que ya está aquí y que debemos seguir consolidando”.

Otros datos que ratifican esta afirmación es que Castilla-La Mancha cuenta con más de 2.100 industrias agroalimentarias y es líder nacional e internacional en sectores como el vino, el queso manchego o productos emergentes de alto valor añadido como el pistacho. En 2025, el sector agroalimentario superó los 3.800 millones de euros en exportaciones.

Parte importante de esta potencia la aportan las cooperativas agroalimentarias, que concentran más del 40 por ciento de la producción agraria, además de cumplir una importante función en cuanto a cohesión territorial, generación de valor añadido e impulso a la internacionalización.

Esta situación hace que Castilla-La Mancha afronte en buena posición un momento decisivo para el presente y el futuro de su agroindustria “en el que el reto no es solo producir más, sino producir mejor, transformar mejor, comercializar mejor y exportar mejor. Ese es el camino para generar más valor añadido aquí, en Castilla-La Mancha, y para que ese valor se quede en el territorio”.

Reforzar la capacidad de anticipación

Durante la apertura de la jornada el presidente del Consejo de APD en Castilla-La Mancha, Nicolás Rodríguez Cuéllar, ha puesto el foco en la necesidad de reforzar la capacidad de anticipación de las empresas. “El sector agroalimentario se encuentra en un momento de transformación estructural, en el que la capacidad de adaptación, la profesionalización de la gestión y la colaboración entre empresas e instituciones serán determinantes para su desarrollo futuro”, ha comentado.

Por su parte, el presidente de Globalcaja, Mariano León Egido, ha coincidido en destacar que la colaboración entre instituciones públicas y privadas, expuso la estrecha vinculación de la entidad con la industria agroalimentaria. Un vínculo que se traduce en un “firme compromiso con el sector, que materializamos de distintas maneras”, según ha informado Globalcaja.

Por su parte, la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Ana Rodríguez Castaño, abordó las prioridades del marco institucional y el papel del sector en la seguridad alimentaria y el desarrollo territorial.

Desde CESCE, su director de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESCE, Ricardo Santamaría Burgos, ha analizado cómo la volatilidad geopolítica afecta a los flujos comerciales y a la gestión del riesgo.

En un contexto de creciente tensión global y desglobalización, donde las empresas priorizan la seguridad de los suministros incluso a mayor coste, desde esta entidad alertan sobre dos conflictos --la guerra de Ucrania y el de Oriente Medio-- por su impacto directo en Europa y en cadenas clave como la de fertilizantes, al tiempo que subrayan la importancia de acuerdos internacionales, como el UE-Mercosur, para sostener el crecimiento y el empleo.

La dimensión de las compañías, la internacionalización, la eficiencia operativa y la incorporación de innovación han sido otras de las cuestiones abordadas durante el encuentro. En este contexto, Rafael Torres Ugena, presidente de Cooperativa y Almazara Virgen de las Viñas; Germán León Úbeda Romero, presidente de Agrovin y Marcos Merino Torrejón, director de Compras Producto terminado de Ahorramas, han coincidido en señalar la necesidad de avanzar hacia modelos más competitivos, capaces de integrar tecnología, mejorar la productividad y adaptarse a un mercado global cada vez más exigente.

La localidad toledana de Mora acogerá el próximo viernes 24 de abril la VI edición de NaturAceite, una jornada de referencia para el sector oleícola de Castilla-La Mancha que se celebrará en la Escuela de Música del municipio. El evento, organizado por elDiario.es Castilla-La Mancha y su espacio especializado Agroalimentaria, reunirá a representantes institucionales, expertos del sector, profesionales de la comercialización y productores con el objetivo de abordar los principales desafíos y oportunidades del aceite de oliva en el contexto actual y las estrategias de las pequeñas productoras a la hora de vender.

La jornada dará comienzo a las 9:45 horas con la recepción de asistentes, seguida de la inauguración oficial a las 10:00 horas, en la que participarán el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán; el alcalde de Mora, Emilio Bravo Peña; la diputada delegada de Medio Ambiente, Ganadería y Agricultura de la Diputación de Toledo, Marina García Díaz-Palacios; el director de AgroBank Castilla-La Mancha y Extremadura, Pedro A. Martínez Atalaya; y la directora de elDiario.es Castilla-La Mancha, Carmen Bachiller.

A las 10:30 horas tendrá lugar la primera mesa redonda centrada en la actualidad del sector, bajo el título ‘Los retos de la comercialización: oportunidades y desafíos en el contexto actual’,  moderada por la periodista Raquel Salinero. En ella participarán José María Penco, director de AEMO y del Concurso Internacional EVOOLEUM; Consoli Molero, gerente de Colival (Sociedad Cooperativa Olivarera de Valdepeñas); y Pedro Antonio Morejón, director territorial del ICEX en Castilla-La Mancha.

Posteriormente, a las 11:30 horas, se celebrará una segunda mesa redonda titulada ‘Las estrategias de los productores’, moderada por Antonio Mateos, director del Seminario de Gastronomía de la UCLM y presidente del Instituto de Cultura Gastronómica de Castilla-La Mancha. En este espacio intervendrán Laura García del Proyecto Los Aires de Arcicóllar (Toledo), José López, de la almazara Oleo Pepillo en Valdepeñas (Ciudad Real); José María Guerrero,  de Práxedes en Navahermosa (Toledo); y Jesús Fernández Cabrera de La Tierra de Santa Bárbara en Orgaz (Toledo).

Tras la clausura, los asistentes podrán disfrutar de una degustación de aceites de oliva virgen extra (AOVE) elaborados por las almazaras invitadas.

Este encuentro, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Mora, la Diputación de Toledo y Agrobank, y la colaboración de Campo y Alma, se ha consolidado como un foro clave para el análisis, el intercambio de conocimiento y la promoción de la calidad del aceite de oliva en la región.

La entrada es libre previa inscripción que puede realizarse en este enlace

En julio de 2025, unos días después de que Donald Trump anunciara el tarifazo del 50% a Brasil, el presidente brasileño, Lula da Silva, divulgó en sus redes un mensaje con una frase: “O PIX é nosso, my friend”. PIX, el sistema público de pagos digitales desarrollado por el Banco Central de Brasil (BCB), estaba en el epicentro de la disputa comercial entre los dos países. Un día antes del post de Lula, la agencia federal responsable de la política comercial internacional del gobierno estadounidense había incluido a PIX en su investigación por “perjudicar la competitividad de empresas estadounidenses que actúan en esos sectores”, en alusión velada a las corporaciones de tarjetas de crédito VISA y Mastercard, a las que PIX ha arrebatado el liderazgo de los pagos electrónicos en Brasil.

Una semana después del tarifazo de Trump, el premio Nobel de economía Paul Krugman escribió un artículo en defensa de PIX, tecnología que definió como el dinero del futuro del mundo: “Las transacciones en PIX son casi instantáneas (tardan 3 segundos, frente a los dos días de las tarjetas de débito y 28 de las tarjetas de crédito). Los costes son bajos: el sistema es gratuito para personas físicas y cobra apenas el 0,33% del valor transferido para empresas (frente al 1,13% de la tarjeta de débito y el 2,34% de las de crédito)”.

En su texto, Paul Krugman destacaba que PIX “parece estar substituyendo rápidamente tanto el dinero como las tarjetas”. En efecto, el dinero físico casi ha desaparecido de Brasil. En las tiendas nadie tiene cambio. Apenas el 6% de los brasileños usa billetes y monedas, frente al 90,9% que utiliza PIX. En 2025, PIX pulverizó todos los récords: 35,32 billones de reales en transacciones (58,69 billones de euros) y 63.500 millones de operaciones. Además, PIX está incorporando nuevas funcionalidades, como el pago automático de la cuenta de la luz, el agua o Internet, entre otras cosas. “Como medio de pago preferido de los brasileños, PIX ha mostrado ser práctico, rápido y más seguro, especialmente evitando la necesidad de sacar dinero en los cajeros de los bancos”, explica a elDiario.es Frederico Glitz, abogado especialista en derecho internacional, fundador de Glitz & Gondim Consultoría Jurídica. Por si fuera poco, PIX va consolidándose como medio de pago en el mundo empresas. Las transacciones entre personas y empresas han aumentado del 30% a finales de 2022 al 55%, informa el Banco Central de Brasil a este medio.

PIX muere de éxito. Y su proyección internacional, a pesar de Donald Trump, es imparable: se prepara una especie “PIX internacional” (Proyecto Nexus) y una expansión de PIX al universo económico de los BRICS, el bloque de economías emergentes (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que busca contrapesar la influencia financiera y política de Occidente. 

Sistema público

Krugman destacaba en su artículo el carácter público de PIX: “La industria financiera de Estados Unidos no permitiría nunca que un sistema público compita con sus servicios, especialmente si el sistema público es superior”. Aunque otros países de los BRICS tienen sistemas de pago electrónico parecidos a PIX (SBP en Rusia, UPI en India, WeChat Pay en China), ninguno es 100% público. Por su parte, el Bizum de España fue lanzado por un consorcio de bancos. En la mayoría de los casos, las operadoras privadas acaban siendo favorecidas. En el UPI indio, la participación de empresas privadas acabó provocando la concentración de los pagos instantáneos en multinacionales como Google o Walmart.

Carlos Eduardo Brandt, considerado el padre del PIX, que en 2025 dejó el Banco Central do Brasil (BCB) para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI), considera imprescindible el carácter público de los sistemas de pago. “Para alcanzar un ecosistema de pagos realmente inclusivo, lo más apropiado es tener un agente neutro. En el caso brasileño, el agente neutro por excelencia es el Banco Central de Brasil”, aseguró Brant a la BBC. 

Para la economista Carla Beni, profesora de la Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (FGV-SP), la administración Trump está incomodada con PIX porque no solo compite con las empresas de tarjetas de crédito, sino con las big tech, las grandes tecnológicas. “Sustituye gran parte del uso de tarjetas de débito y de crédito, especialmente tras el lanzamiento de servicios como PIX crédito (crédito) o Pix parcelado (pagar a plazos). También hubo reclamaciones de que el Banco Central habría impuesto barreras al WhatsApp Pay, algo que fue muy bueno para PIX y para Brasil, y eso acabó impactando negativamente también a Apple Pay y Google Pay”, asegura Beni en una conversación con elDiario.es.

¿Hacia un PIX global?

Una de las funciones de Carlos Eduardo Brandt como Experto Senior del Sector Financiero del FMI es estudiar cómo PIX puede aplicarse en una escala global. Simplificar los pagos instantáneos entre diferentes países es uno de sus cometidos. Los intermediarios bancarios están en el punto de mira. Con la instauración de un PIX global, 45.000 millones de dólares retenidos por las empresas de envío de remesas internacionales podrían volver a los más pobres, según Tobias Adrian, director del departamento de Mercados Monetarios y de Capitales del FMI.

Brandt ha acompañado de cerca el sistema que pretende intercomunicar el sistema de pago de los dieciséis países de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) y el Proyecto Nexus, bautizado como el “PIX internacional”, que ya está siendo implementado en cinco países asiáticos (India, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia). Carla Beni considera que 2026 es el año de transición en el que PIX va a pasar de ser un sistema de efectuar pagos domésticos para ser una herramienta de integración global y geopolítica. La especialista cita como referencia el Proyecto Nexus, del Banco de Compensaciones Internacionales (BIS). “Va a interconectar los sistemas de pagos instantáneos de más de sesenta países, incluso algunos como Italia, de la zona euro”, matiza.

Frederico Glitz considera que, al margen de decisiones geopolíticas, la expansión internacional de PIX ya está en marcha. “El consumidor brasileño ya encuentra establecimientos extranjeros que aceptan PIX, porque permite una mayor simplificación de operaciones internacionales”, sostiene Glitz. En Argentina, existen incluso aplicativos como Belo o PagBrasil que ya permiten pagar vía PIX. Carla Beni también destaca el crecimiento del PIX en el exterior por medio del sector privado. “Algunos establecimientos comerciales en Portugal, Italia, Francia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay y España también aceptan pagar con códigos QR vía PIX, con conversión inmediata para el real brasileño”, afirma Beni.

Por si fuera poco, para desconsuelo de Trump, PIX ha sido el primer sistema de pagos digitales que tiene la tecnología lista para conectarse al sistema de pago BRICSPay, una especie de “Pix de los BRICS”, que aspira a acabar con la hegemonía mundial del dólar.

Donald Trump sigue con su confusa política comercial. El presidente de EEUU ha anunciado que impondrá aranceles de hasta el 100 % sobre ciertos medicamentos. Trump mantiene su presión sobre las compañías farmacéuticas que no han incrementado su inversión en Estados Unidos ni reducido sus precios, según informa Financia Times.

Al mismo tiempo, su administración anunció que eliminaría aranceles sobre acero, aluminio y cobre para algunos productos y que simplificaría la forma en que se calcula el gravamen. Esta era una de las exigencias de la Unión Europea, que pedía reducir los aranceles de hasta el 50% de estos productos que aprobó la Administración estadounidense para que el acuerdo comercial firmado el verano pasado entre EEUU y la UE se pudiera confirmar.

La UE tendrá una tasa del 15% sobre los medicamentos de acuerdo con el acuerdo comercial que ha cerrado con Washington, al igual que países como Suiza, Japón y Corea del Sur. El Reino Unido disfrutará de cero aranceles en sus importaciones durante tres años, tras un acuerdo sobre precios e inversión de medicamentos.

Los nuevos aranceles farmacéuticos se aplicarán únicamente a medicamentos de marcas y no afectan a productos genéricos que no estén patentados. Las farmacéuticas que hayan firmado acuerdos con Estados Unidos estarán exentos de estas tasas transfronterizas.

Las compañías que planeen aumentar la capacidad de producción en Estados Unidos también podrán solicitar al Departamento de Comercio un período limitado de cuatro años con un arancel reducido del 20%.

Respecto a los cambios en algunos aranceles de acero, aluminio y cobre, los bienes que contengan cantidades pequeñas de estos metales quedarán exentos. Además, se simplificará el cálculo del arancel y se aplicará una tasa menor del 25% sobre el valor total de productos que contengan más del 15 % de estos metales, frente al 50% previo, que se aplicaba únicamente al contenido metálico.

Los anuncios de Trump coinciden con el aniversario del “día de la liberación”, cuando puso en marcha aranceles sobre medio mundo, que ha socavado el comercio internacional. La sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbando los aranceles ha llevado a Trump a seguir una política errática.

Tras el golpe judicial, Trump va afrontando un cambio de política comercial rebajando algunos aranceles por el impacto sobre los consumidores en EEUU.

El primer aniversario del proclamado a bombo y platillo Día de la Liberación Arancelaria deja un balance a medio camino entre el asombro y la inquietud. El experimento proteccionista de la Administración Trump de reconstruir la supremacía industrial de EEUU bajo un nuevo sistema global del comercio ha infringido un parte de siniestros casi total sobre el castigado entramado de intercambio de mercancías, servicios, capitales y trabajadores, Hasta hacerlo, si cabe, todavía más frágil, impredecible e inestable.

El mapa del comercio internacional se ha distorsionado. La imposición de aranceles recíprocos, articulada a través de poderes de emergencia, ha erosionado la credibilidad de EEUU como socio fiable y garante del libre comercio. Porque más que rediseñar el sistema, la versión Trump 2.0 lo ha desordenado.

No tanto como para colapsarlo, porque por las arterias comerciales sigue fluyendo productos y servicios. Pero sí para ralentizar su fluidez. Así lo cree Gary Clyde Hufbauer, experto del Peterson Institute for International Economics, quien subraya que la balanza bilateral americana con sus socios estratégicos apenas cambió en 2025, al tiempo que enfatiza que “esta estabilidad resulta porque se produce en un contexto de aminoramiento del comercio mundial”, señal inequívoca de un deterioro relativo que podría agravarse. “No es una ruptura inmediata, sino una erosión progresiva e ineludible”.

Entre otras razones –aduce– porque las cadenas de valor y suministro globales, profundamente integradas, “no pueden reconfigurarse sin costes significativos” y las empresas –incluso las que han reaccionado con estrategias defensivas como anticipación de pedidos exportadores, desvío de rutas marítimas o presiones para obtener exenciones y ayudas estatales para amortiguar sus impactos a corto plazo– “no podrán evitar ineficiencias productivas” por la interrupción de sus redes de abastecimiento. Y esas anomalías, además, acabarán acumulando gastos innecesarios, precisa. El resultado será un comercio menos transparente, costoso y condicionado por políticas volátiles.

A este escenario se suma la incertidumbre jurídica. La decisión del Tribunal Supremo americano de declarar ilegales los aranceles recíprocos que ha ido forjando a golpe de amenazas coercitivas el líder MAGA, lejos de restablecer la estabilidad, ha abierto un nuevo frente de conflicto. Desde la Casa Blanca se ha respondido al fallo judicial buscando resquicios legales alternativos –desde invocaciones normativas a la seguridad nacional hasta apelaciones a las desventajas comerciales externas– para reconstruir su muro arancelario. De modo que la resolución de los magistrados del Supremo –de marcado signo conservador— ha convertido la política comercial de EEUU en un terreno de disputa permanente entre el poder ejecutivo y los límites legales.

Este cuadro de mando ha conducido a 12 meses en los que la prometida tierra liberada de Trump ha dado paso a un orden comercial caótico. Sin quiebra del transito de mercancías ni decoupling de la globalización en sentido estricto. Pero con reglas incoherentes y polarización geopolítica que se ha acrecentado desde el 2 de abril de 2025.

1. Cuellos de botella crecientes y más agobiantes

En román paladino, ineficiencia inestable. Es la percepción del Nobel de Economía Michael Spence. A su juicio, la fragilidad actual responde a un problema de diseño. Su tesis parte de una verdad incómoda. “La economía mundial no está diseñada para ser resiliente, sino para ser eficiente”. Durante décadas, empresas e inversores han optimizado costes, anulado redundancias y concentrado producción en nodos competitivos que alumbró un sistema “extraordinariamente ágil en condiciones de normalidad comercial, si bien muy vulnerable cuando algo deja de funcionar”. Taras que no necesariamente tienen que ser extraordinarias. Basta con cerrar un estrecho marítimo, con dejar una fábrica esencial fuera de servicio o restringir la exportación de un insumo –o producto– crítico.

El listado de riesgos sistémicos de Spence se refiere a factores que pueden llegar a desencadenar disrupciones en cascada. Desde la energía, hasta los semiconductores o tierras raras, pasando por las infraestructuras digitales. La globalización no ha eliminado los cuellos de botella; tan solo los ha redistribuido y, en muchos casos, los ha intensificado, precisa en Project Syndicate.

En su opinión, la cuestión no es solo técnica, sino económica. La resiliencia es un bien público mal financiado, cuyos beneficios --evitar crisis sistémica-- se reparten entre todos y sus costes --duplicar proveedores, mantener inventarios y sacrificar eficiencia— recaen sobre los actores particulares. En un sistema competitivo, el resultado es predecible porque se invierte poco en resiliencia. “Sin embargo, nadie quiere pagar por un seguro cuyo beneficio principal lo disfrutan otros”, apunta el también profesor emérito de Economía de la Escuela de negocios de Stanford.

2. ¿Corregir desequilibrios? Los aranceles acarrean gastos

Erica York, de Tax Foundation, avisa de que el incremento de la presión arancelaria hasta niveles no vistos desde mediados del siglo XX actúa como un impuesto regresivo al elevar las facturas de hogares y empresas sin que se corrijan con ellos los déficits –comercial y por cuenta corriente-- externos. La persistencia del agujero comercial de EEUU durante el segundo semestre de 2025 y enero pasado evidencia que los aranceles no atacan las heridas económicas profundas vinculadas al ahorro, la inversión y los flujos de capital. Ni acelera la relocalización productiva o el reforzamiento de la seguridad o la autonomía geoeconómica, acredita York. A partir de datos de este think tank que afirma tener como objetivo fundacional el escrutinio de los recursos federales.

En 2025, los aranceles supusieron un coste de alrededor de 1.000 dólares por hogar; en 2026, serán varios cientos adicionales. Para York, “una subida de impuestos, indirecta, pero tangible, en toda regla”. Los cálculos de Tax Foundation revelan que el peaje promedio pasó de una cota del 2% a otra del 8% en el conjunto del año --los aranceles entraron en vigor en agosto--, lo que devolvió a la primera economía global al escenario comercial de entreguerras. Sin reajuste en la balanza comercial y con el peligro añadido de que sus costes más relevantes son acumulativos.

Las reducciones en el dinamismo del PIB, aunque sea de décimas, significa recortes de inversión, pérdida de productividad y, en ultima instancia, de renta familiar e ingresos corporativos. Así como la pérdida de recaudación de 175.000 millones de dólares por parte del Tesoro federal.

3. Desorden global sin seguridad jurídica

Tax Policy Center afirma que EEUU se ha adentrado en un terreno excepcional para una economía avanzada como ha plasmado la corrección del Supremo al invalidar los aranceles impuestos bajo la International Emergency Economic Powers Act. Su resolución no solo redefine los límites del poder ejecutivo, sino que transforma los flujos financieros asociados al comercio en una escala sin precedentes. Porque lo que durante meses fue una fuente de ingresos públicos se convierte ahora en una obligación de devolución masiva. Bajo una lógica aplastante --si los gravámenes son ilegales, el Tesoro no puede retener la cuantía recaudada--, su mandato de rebajar los peajes a la importación y la puesta en liza de mecanismos de compensación automáticos que trasladen la carga al sistema administrativo y judicial, se abre una fase de litigios, procedimientos aduaneros y medidas políticas aún por definir y de recobros inciertos.

Para las empresas, el fallo revela otra balanza de riesgo y oportunidades. Los importadores son los beneficiarios directos de las devoluciones. Pero el acceso efectivo a esos fondos depende de su capacidad para avanzar en un proceso técnico y exigente de revisión de entradas aduaneras, presentación de protestas dentro plazos estrictos y reconstrucción documental de los pagos ya realizados, alertan los bufetes de abogados.

4. Readaptación incierta de las cadenas de valor

Otro análisis, del Centre for Inclusive Trade (CfIT), incide en que las políticas ineficientes como las arancelarias de Trump generan facturas adicionales. Las empresas se adaptan a los cambios con mayor celeridad de lo que los políticos transforman. Ante los gravámenes y las amenazas, han desviado sus rutas, han reetiquetado sus productos, han buscado intermediarios o negociado exenciones, mientras tratan de amoldarse a la doble prima de riesgo, energética y al transporte mercante. El comercio no ha desaparecido, pero ha mutado. Sigue funcionando con más fricción. Los investigadores del CfIT Nicolò Tamberi y Alan Winters aseguran que el impacto más relevante “no es la destrucción del comercio, sino la incertidumbre que lo rodea”, a la que también califican de “impuesto”; en este caso, “particularmente corrosivo”.

Las empresas --dicen-- no solo reaccionan a lo que ocurre, sino a lo que podría ocurrir. Si la política comercial es volátil --aranceles que aparecen, se suprimen o cambian de base legal--, la inversión se ralentiza, las decisiones estratégicas se posponen, la planificación a largo plazo se sustituye por ajustes tácticos y el diagnóstico es un sistema reactivo e ineficiente. A ello se suma un efecto colateral: el sistema multilateral de comercio, con sus reglas, procedimientos y previsibilidad se ha debilitado. Cuando la primera potencia global actúa unilateral y erráticamente, las normas importan menos. Otros mercados como el europeo buscan alternativas en acuerdos regionales de libre comercio -Mercosur, Canadá, India o Australia- para ganar en diversificación y poner parches a su fragmentación. Aunque el comercio “dependerá cada vez más de decisiones de soberanía gubernamental”.

5. Mercancías al ralentí sin gobierno comercial

La OMC acaba de pronosticar su descenso. De un dinamismo del 4,6% en 2025 al 1,9% este año y el 2,6% en 2027. También el de servicios se retraerá hasta el 4,8% en 2026 desde posiciones cercanas ya al doble dígito. Por el agotamiento importador, el impacto en diferido de los aranceles y la incertidumbre comercial. Incluso dibuja un panorama aún más adverso --de medio punto a la baja, hasta el 1,4%-- si el caos arancelario o las tensiones geopolíticas se agudizan. Con un diagnóstico nítido: el comercio global resiste, pero readaptándose constantemente a un entorno menos cooperativo y sus cadenas de valor en estado de mutación. Solo el comercio digital amortigua la desaceleración, así como los flujos ligados a la IA. Dinámicas que operan pese al sistema multilateral, no gracias a él.

La propia OMC admite que la ausencia de represalias ha evitado un deterioro mayor, aunque sin un marco normativo plenamente operativo, difícilmente habrá una regeneración adecuada. Su papel de árbitro y garante del comercio justo está sometido a una crisis de identidad debido a la indiferencia de Trump y a la paralización de sus mecanismos de resolución de disputa. En una época en la que sus estatutos resultan insuficientes para abordar distorsiones contemporáneas como los subsidios masivos, las restricciones tecnológicas o la coerción económica.

El desprestigio de la OMC es tan alarmante con la versión Trump 2.0 que Ignacio García Bercero, del Instituto Bruegel, apunta a una estrategia pragmática, la de reforzar el sistema reglado actual sin esperar a un consenso internacional pleno que combina la defensa de este ente multilateral con la firma de acuerdos globales y regionales en áreas como el comercio digital o instrumentos de facilitación de inversiones y mecanismos alternativos de arbitraje. Una especie de equilibrio inestable en el que los aranceles dejarían de ser meras barreras económicas para convertirse en síntomas de una transición más profunda. Mientras se decide si la OMC continuará o no siendo el arquitecto del comercio mundial o si se idea su reemplazo bajo otro orden mundial.

6. La guerra de Irán atenaza la resiliencia activa

Otra pica sobre el desorden comercial. El cierre del Estrecho de Ormuz no solo ha interrumpido el tránsito de hidrocarburos. También ha colapsado nodos logísticos críticos que conectan Asia, Europa y África. El impacto inmediato se concentra en la energía, cuyo encarecimiento se transmite con rapidez a los costes del transporte y de los alimentos e importa inflación; especialmente a los países crudo-dependientes.

Aunque también en este punto, los daños colaterales son mayores. Las disrupciones de crudo se amplifican a lo largo de cadenas de valor, sobre todo, las asiáticas, donde grandes centros de refinado redistribuyen productos energéticos y petroquímicos a escala global. La perturbación inicial se convierte en una cascada que ahoga los insumos industriales, fertilizantes y bienes intermedios, elevan su producción y erosionan el comercio más allá del sector energético.

Hace un año, Trump apareció en el jardín de la Casa Blanca con un enorme tarjetón en el que anunciaba el mayor muro arancelario del siglo en torno a la economía estadounidense. La decisión desató el caos internacional, pero una serie de moratorias y modificaciones difíciles de seguir permitieron la recuperación de los mercados pese a la incertidumbre. Un año después, con un revés judicial del Tribunal Supremo de por medio, los estadounidenses son uno de los grandes afectados por el desmantelamiento del sistema de libre comercio diseñado por el propio Washington.

La guerra comercial de Trump, que iba acompañada de la promesa de “volver a hacer América rica”, ha reducido el déficit comercial de Estados Unidos, pero también lo ha hecho la capacidad adquisitiva de los estadounidenses. La mayoría de ciudadanos considera que los impuestos a las importaciones del presidente han hecho que la cesta de la compra les salga más cara. Una impresión que los datos económicos corroboran: el precio total de los alimentos ha subido un 3,1% en este lapso de tiempo. Algunos productos, como la ternera o el café, han sufrido subidas del 14% y 18%, respectivamente.

Una encuesta publicada por el Pew Research Center a principios de febrero mostraba cómo el 60% de los estadounidenses sigue estando en contra de los aranceles del presidente. Otra, realizada por Harris Poll y publicada por The Guardian a mediados de marzo, mostraba cómo siete de cada diez estadounidenses consideran que los aranceles les cuestan más dinero. Si se filtra por orientación política, un 64% de los republicanos están de acuerdo con que los aranceles habían aumentado precios. En el caso de los demócratas y los votantes independientes, el porcentaje era de un 77% y un 67%, respectivamente.

Aunque el presidente de la Fed, Jerome Powell, decía en la última reunión de marzo que el impacto de los aranceles tenía que acabar de aterrizar, las urnas no esperan. En noviembre hay elecciones de medio mandato y, por el momento, nada indica que esta sensación de que la vida es más cara vaya a cambiar. Mucho menos con la guerra de Irán y con el barril de crudo disparado por encima de los 100 dólares. 

Los resultados macroeconómicos, como la balanza comercial o los acuerdos obtenidos con otros países quedan muy lejos del día a día. Es algo que la Administración de Joe Biden aprendió cuando los demócratas perdieron las presidenciales en 2024: a pesar de tener buenos indicadores macroeconómicos, la gente no percibía una mejora en sus condiciones materiales.

Revés judicial

El Tribunal Supremo de Estados Unidos tumbó precisamente los aranceles universales del presidente porque suponía un abuso de los poderes de emergencia. El alto tribunal consideraba que los poderes de emergencia económica (IEEPA) que Trump invocó “no le autorizan a imponer impuestos a través de órdenes ejecutivas”. 

La sentencia, más allá de desatar la furia del magnate, dejó el gran interrogante de qué pasaba con los más de 130.000 millones de dólares que el Gobierno ya había recaudado y qué pasaba con los acuerdos firmados a raíz de dichos aranceles. Este mes, Malasia declaró su acuerdo comercial “nulo y sin efecto” a raíz del fallo. En cambio, la UE ha seguido trabajando con el mismo marco negociador.

Trump, que no está dispuesto a renunciar a una de sus políticas estrella, ya contestó a la sentencia del Supremo con unos nuevos aranceles del 10% que sustituyen a los universales. Para hacerlo, recurrió a la Sección 122 de una ley comercial de 1974. Aunque estos impuestos van a expirar a mediados de julio y los asesores de la Casa Blanca ya están trabajando en vías alternativas para poder mantenerlos. 

Un año después del 'Día de la Liberación', en el que Trump hizo saltar por los aires el libre comercio como se le conocía hasta ahora, sigue sin estar claro cuáles son las reglas que rigen el día después. 

Daño a las bases rurales

Los granjeros y ganaderos estadounidenses se sienten los grandes perdedores. Buena parte de las bases rurales MAGA se han convertido en los daños colaterales de uno de los pilares centrales de las políticas de su presidente. Por ejemplo, los cultivadores de soja ya hace tiempo que han notado los efectos negativos de la guerra comercial de Trump. El pulso con China ha hecho que Pekín deje de comprarles para buscar nuevos proveedores en Latinoamérica. 

Paralelamente, también se han visto perjudicados por las vías alternativas con las que Trump intenta paliar el enfado de los consumidores. Por ejemplo, para combatir la subida del precio de la ternera, el presidente anunció en octubre del año pasado la compra de 80.000 toneladas métricas de carne a Argentina, algo que terminó de hundir a los ganaderos en medio de una de las peores sequías que sufre el campo estadounidense. 

Trump aplicó los aranceles también con la premisa de reindustrializar el país, crear más puestos de trabajo y fomentar el consumo de productos de Estados Unidos. Las dos primeras premisas, de momento, no se han materializado y van en dirección contraria. Mientras la segunda sí que es cierta. Un año después del supuesto 'Día de la Liberación', China ya no envía tantos productos a Estados Unidos como antes. 

Además, el Gobierno estadounidense se ha encargado de asegurar sus reservas domésticas de minerales necesarios para la carrera tecnológica de la inteligencia artificial. En diciembre de 2025 el Departamento de Estado lanzó la iniciativa de la Pax Silica, para crear una cadena de suministro segura para la inteligencia artificial, los semiconductores y los minerales críticos. 

Señales de debilitamiento

Ahora bien, que se hayan reducido las importaciones extranjeras no se ha traducido automáticamente en una mayor creación de empleo. Según datos de la Reserva Federal, actualmente las fábricas del país tienen contratados a unos 12,6 millones de trabajadores. Pero en estos meses la tasa de paro del país ha seguido aumentando: los últimos datos publicados en febrero por el Departamento de Trabajo muestran que se han destruido unos 92.000 puestos de trabajo. 

La producción manufacturada ha subido cerca de un 1% durante este período, pero sigue estando por debajo de los niveles alcanzados bajo el mandato de Biden. El centro de investigación de la Universidad de Yale, The Budget Lab, señala cómo “las industrias expuestas a aranceles muestran ciertos signos de debilidad en comparación con la tendencia anterior a 2025”. 

Este análisis coincide con las palabras de Powell, que aún se están asentando los efectos de los aranceles en la economía estadounidense. El 'Día de la Liberación' sigue siendo el epicentro desde donde se proyectan las ondas sísmicas que continúan impulsando la inflación en torno al 2,4% a día de hoy. 

Otra de las pocas certezas que hay un año después del 'Día de la Liberación' es que Trump dio la estocada final al sistema del libre comercio que durante décadas Estados Unidos había edificado. Como respuesta a los aranceles, grandes socios comerciales como la Unión Europea han buscado alternativas en otros mercados, como Latinoamérica. En breve, el acuerdo del Mercosur se hará efectivo para ambas partes. La UE también ha buscado aumentar las relaciones comerciales con India. 

Estados Unidos también ha conseguido que, como consecuencia de los aranceles, numerosos países hayan firmado nuevos acuerdos comerciales o hayan hecho concesiones. Por ejemplo, Reino Unido aceptó aumentar el número de carne vacuna importada de EEUU que se puede vender cada año en el país. Muchos Estados han buscado su propia vía para restaurar la seguridad comercial frente a Trump, quien ha demostrado usar los aranceles como arma de presión. 

El Parlamento Europeo ha dado este jueves su respaldo al acuerdo comercial que firmaron Estados Unidos y la Unión Europea el pasado agosto de 2025, pese a que el comentario general en la Eurocámara es que el tratado comercial es “desequilibrado” para los intereses europeos. La votación ha finalizado con 417 votos a favor, 154 en contra y 71 abstenciones.

Para sacarlo adelante, se han tenido que añadir varias enmiendas, alguna de las que ya se habían aprobado en la Comisión Internacional de Comercio, como una salvaguardia por la que se suspendería el acuerdo en caso de nuevos aranceles estadounidenses, otra de “entrada en vigor” por la que las preferencias arancelarias solo se aplicarán si Trump respeta sus compromisos, donde se ha añadido la reducción por parte de Estados Unidos de los aranceles sobre productos europeos con contenido de acero y aluminio inferior al 50 %, hasta un máximo del 15 %; pero además se han añadido otra que establece que el pacto expirará en marzo de 2028, salvo que ambas partes acuerden prorrogarlo, y un mecanismo de salvaguardia por el que la Comisión tiene la tarea de supervisar el impacto de las nuevas normas y podría suspender temporalmente los nuevos aranceles si las importaciones estadounidenses alcanzaran un nivel que pudiera causar un daño grave a la industria europea, por ejemplo, en caso de un aumento del 10 % en las importaciones de un determinado grupo de productos.

El acuerdo comercial elimina los aranceles sobre cientos de productos industriales y agrícolas estadounidenses, mientras impone un arancel general del 15% sobre la UE, aunque está por ver cuál va a ser la respuesta del presidente de EEUU, Donald Trump, ante su caótica política comercial después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbara sus decisiones sobre aranceles. Estos cambios en la posición de EEUU provocaron numerosos retrasos en la aprobación del acuerdo por parte de la Eurocámara. Ahora el Consejo Europeo tiene que aprobar el acuerdo

Para tratar de defender el acuerdo apareció en la Eurocámara el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, ya que Maros Sefcovic, comisario de Comercio se encontraba en Camerún por la conferencia de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En su discurso previo, Dombrovskis ha tratado de ensalzar las cualidades de un acuerdo que fue asumido como una humillación en varias capitales europeas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mostró su disconformidad asegurando que respaldaba el acuerdo, “pero sin ningún entusiasmo”.

“No olvidemos la magnitud de lo que está en juego: Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, nuestro principal socio comercial y nuestro principal destino de exportaciones. Solo en 2024-2025, se intercambiaron bienes y servicios por valor de 1,7 billones de euros a través del Atlántico. Hemos invertido en las respectivas economías 4,8 billones de euros. En conjunto, nuestro comercio con Estados Unidos representa alrededor del 20 % de nuestro comercio global”, detalló el comisario europeo.

Dombrovskis admitió como “motivo de preocupación” de los miembros de la Cámara “en lo relativo a los aranceles sobre el acero y el aluminio, y sus productos derivados” y por la obtención de “garantías sobre el compromiso de Estados Unidos de respetar el acuerdo, así como la necesidad de salvaguardias en caso de que sus términos sean vulnerados”.

Durante el debate se exigió que Estados Unidos aclare cómo reducirá el arancel del 50% sobre cientos de productos que contienen acero y aluminio, una cuestión que los europarlamentarios han insistido en que se tendría que definir para que el acuerso saliera adelante.

Pero a pesar de los temores, el comisario pidió que “a pesar de estas preocupaciones legítimas, una verdad permanece: nuestros intereses económicos exigen que avancemos”. Dombrovskis llegó a decir: “debemos demostrar buena fe por nuestra parte si queremos recibir buena fe a cambio”, lo que provocó cierto revuelo entre los eurodiputados ante las amenazas y cambios de posturas continuas de Trump respecto a Europa. Para apaciguar el graderío, el comisario puntualizó que “aunque seguiremos esforzándonos por mantener relaciones constructivas y evitar la volatilidad, no cerraremos los ojos ante ningún riesgo para nuestros intereses. La Comisión se mantendrá vigilante, preparada para defender los intereses europeos siempre que sea necesario. Estamos siguiendo de cerca las investigaciones estadounidenses en virtud de la Sección 301, que podrían sustituir la base jurídica de los aranceles estadounidenses”.

El Parlamento Europeo ya había dado un primer paso para aprobar el acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea, pero había añadido dos cláusulas ante los cambios de posición constantes del presidente de EEUU en su política de comercio exterior. Las enmiendas no gustaron en EEUU. El embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea, Andrew Puzder, aseguró que si la UE no quiere perder el acceso “favorable” a los contratos con las empresas estadounidenses de Gas Natural Licuado (GNL) tenía que aprobar el acuerdo comercial firmado entre Ursula Von der Leyen y Trump sin enmiendas ni cambios.

El eurodiputado socialdemócrata Bernd Lange, ponente en la Eurocámara del documento de acuerdo, señaló que “las condiciones están claramente definidas en la posición del Parlamento. Incluyen una cláusula de entrada en vigor (”sunrise clause“) que exige el cumplimiento total por parte de Estados Unidos antes de que el reglamento pueda aplicarse, y una cláusula de caducidad (”sunset clause“) que garantiza la supervisión parlamentaria completa de cualquier extensión de las concesiones, manteniéndose siempre conforme a la normativa de la OMC. Cualquier nueva amenaza arancelaria o el incumplimiento del acuerdo en beneficio de los productores y consumidores europeos provocará la caducidad de la legislación”.

El Parlamento Europeo ha dado un primer paso para aprobar el acuerdo comercial entre EEUU y la Unión Europea pero han añadido dos cláusulas ante los cambios de posición constantes del presidente de EEUU, Donald Trump, en su política de comercio exterior. La Comisión Internacional de Comercio ha añadido dos salvaguardas por la que se suspendería el acuerdo en caso de nuevos aranceles estadounidenses y otra de “entrada en vigor” por la que las preferencias arancelarias solo se aplicarán si Trump respeta sus compromisos.

“Las preferencias arancelarias para los productos estadounidenses solo serán efectivas cuando los compromisos acordados en Turnberry sean efectivamente respetados por la parte estadounidense”. El Parlamento Europeo ha dado el primer paso para la aprobación de acuerdo comercial con Estados Unidos, pero el caos de la política comercial que ha puesto en marcha el presidente de EEUU, Donald Trump, tras la decisión del Tribunal Supremo de tumbar sus aranceles, ha hecho que los europarlamentarios añadan una cláusula al acuerdo en el que exigen su cumplimiento tal y como se firmó o los productos estadounidenses se verán afectados por tasas fronterizas más altas.

El ponente del Parlamento para este expediente, el socialista alemán Bernd Lange, ha comentado que “se ha alcanzado una amplia mayoría en torno a un texto sólido que pretende aportar estabilidad, equidad y firmeza a nuestra relación comercial con Estados Unidos. Nuestro mensaje es claro: no tomaremos ninguna decisión final sin claridad. El Parlamento pretende mantenerse al mando y tener la última palabra sobre la aplicación del acuerdo”.

“Estábamos preparados para votar en enero, pero las amenazas de EEUU contra Groenlandia y la incertidumbre causada por la respuesta de la administración estadounidense a la sentencia del Tribunal Supremo nos han obligado en dos ocasiones a posponer la votación”, ha comentado Lange.

Tras la decisión del Tribunal Supremo de EEUU de tumbar los aranceles que planteó Trump, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, propuso recientemente investigaciones sobre los principales socios comerciales de Washington, incluidos la UE y China, con el objetivo de sustituir los llamados aranceles recíprocos, según publicó Bloomberg.

En caso de que las investigaciones diesen lugar a nuevos gravámenes contra la UE, que todavía no ha recibido la respuesta de la Administración Trump de que se va a garantizar el acuerdo comercial previo, la Comisión Europea ya anunció que contraatacará “con firmeza y de forma proporcionada”.

Las amenazas por Groenlandia o los avisos a España pesan todavía mucho en las capitales europeas. Los europarlamentarios han dejado claro “que cualquier arancel impuesto a la UE o a uno de sus Estados miembros debido a sus decisiones de política exterior es inaceptable”. En este sentido, la eurocámara “ha reforzado la cláusula de suspensión. Si se materializaran tales aranceles, suspenderíamos inmediatamente el trabajo legislativo que aplica las preferencias arancelarias a los productos estadounidenses. Las amenazas arancelarias contra uno de nosotros son una amenaza contra todos”.

En este sentido, los parlamentarios europeos ha querido dejar claro que “si EEUU decide aumentar los actuales aranceles de la Sección 122 del 10% al 15% de forma generalizada [Trump se basó en este punto de la legislación estadounidense para mantener los aranceles tras la decisión del Supremo], la mayoría de los productos de la UE estarían sujetos a un arancel efectivo superior al límite del 15% debido a la adición del arancel de la Nación Más Favorecida. Esto también sería inaceptable y daría lugar a la suspensión de nuestro trabajo sobre estos expedientes”.

Los miembros de la Comisión Internacional de Comercio también han avalado que se cumpla como criterio, antes de que el reglamento entre en vigor, “la reducción de los aranceles sobre productos de la UE que contienen menos del 50% de acero o aluminio, pasando del 50 % al 15 %”.

“Este nuevo conjunto de condiciones complementa el texto ya negociado y acordado por los negociadores del Parlamento, que abarca las denominadas cinco ‘S’: una solución específica para el acero y el aluminio, una cláusula de expiración (sunset), una disposición de statu quo (standstill), un mecanismo de salvaguardia y un artículo de suspensión reforzado”, ha comentado el ponente del Parlamento.

¿Hasta qué punto la última amenaza de Donald Trump de cortar relaciones comerciales con España e imponer un embargo a los productos de nuestro país es una bravuconada más o una amenaza real para la economía? Esa es la pregunta más repetida este miércoles en los pasillos de La Moncloa, en los de la Comisión Europea, en los centros de análisis y en las empresas exportadoras, que miran con recelo el nuevo arranque del presidente de Estados Unidos.

El acrónimo TACO (Trump Always Chickens Out, Trump siempre se acobarda) se ha puesto de moda durante el segundo mandato del magnate neoyorquino, toda vez que su fama de negociador pasa por llevar al límite cualquier asunto, aunque luego ceda y las ganancias sean mínimas. Un “juego del matonismo”, como lo define la exministra de Exteriores (2020-2021) Arancha González Laya, que se ha convertido en una constante desde su re-aterrizaje en la Casa Blanca.

“Cada vez que un país le lleva la contraria, reacciona de manera bravucona, diciendo que va a tomar represalias. Luego habrá que ver si se cumplen o no”, explica quien fuera la jefa de la diplomacia española, ahora decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de París, que cita el tenso encuentro con Zelenski en el despacho oval, los ataques al primer ministro británico Keir Starmer o el conflicto con Dinamarca a cuenta de Groenlandia.

Este martes, Trump mostró su disgusto ante el “horrible” comportamiento del Gobierno español, que impidió al Ejército estadounidense hacer uso de las bases militares de Rota y Morón dentro de la ofensiva en Irán. Y, de paso, manifestó su resentimiento por que España se haya negado a subir el gasto en Defensa más allá del 2% del producto interior bruto (PIB).

“Le he dicho a Scott [Bessent, secretario del Tesoro] que corte todas las relaciones con España. España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero ellos han sido poco amistosos. (...) Podría detener mañana, hoy mejor aún, todo lo que tenga que ver con España. Embargos. Podemos hacerlo con España”, dijo Trump ante la prensa durante un encuentro con un silente canciller alemán, Friedrich Merz, que no solo no defendió a una nación europea atacada, sino que reconoció que trataba de convencer a Pedro Sánchez de llevar las inversiones militares al 3,5% del PIB.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, apuró la mañana del miércoles en una ronda de entrevistas en medios de comunicación para tratar de calmar a la población y recordar que, en materia comercial, los Veintisiete estados miembros de la Unión Europea funcionan como uno solo. “No hemos tenido ocasión de hablar con ellos [el Gobierno de Estados Unidos], pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad: más allá de estas declaraciones, no hay ninguna actuación encima de la mesa”, subrayó. El vicepresidente de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné, rompió una lanza a favor de España al recordar que “cualquier amenaza contra un país europeo miembro es una amenaza contra la UE”.

“Tampoco es tan simple que Trump pueda ordenar esto, como hemos visto recientemente con el Tribunal Supremo, que canceló los aranceles del Día de la Liberación, porque para ello hace falta base legal y también el acuerdo del Congreso. Para un corte más inmediato y fuerte se podría ir a través de los poderes económicos de emergencias del Departamento del Tesoro, pero aplicarlo contra un aliado de la Unión Europea sería algo extraordinario y políticamente explosivo”, señala el economista y senior fellow de Esade Center for Global Economy and Geopolitics (EsadeGeo), Omar Rachedi. 

Pero legalidad y Trump son, según los expertos consultados, dos conceptos que no siempre van de la mano. “Al hablar del orden multilateral, cuando Trump está en la ecuación, lo teórico y lo práctico no siempre están alineados”, dice el profesor de Economía de la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE, Carlos Victoria. “Es muy sencillo decir que imponer aranceles o un embargo a España no se puede hacer en el marco legal, pero hay que ver cuál es el ámbito de lo posible y recordar que Trump siempre puede extralimitarse”, abunda. Un argumento en el que coincide la exministra González Laya: “El respeto a la ley no es un freno para él ni en Estados Unidos, donde sus propias empresas han tenido que ir a los tribunales para que anulen los aranceles”, señala.

Corte de relaciones, embargo o aranceles

En el Despacho Oval, Trump planteó tres opciones. O un corte de las relaciones con España, que el año pasado alcanzaron los 45.000 millones de euros, con un saldo comercial favorable para Estados Unidos; un embargo de los productos procedentes de nuestro país; o, incluso, la carta ya manida de los aranceles.

A pesar de que el Tribunal Supremo estadounidense tumbó gran parte de los aranceles de Trump, el fallo confirmó su capacidad de imponer un embargo comercial. “Sin embargo, tendría que declarar una emergencia nacional en la que España sea una ‘amenaza inusual y extraordinaria’ para el país”, explica la catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Complutense, María Concepción Latorre. “Probablemente, es difícil demostrar que la negativa de España a usar las bases aéreas en su territorio lo sea”, señala quien fuera Experta Nacional Destacada en la Comisión Europea y miembro del Grupo de Expertos en Comercio Internacional.  

En la misma línea se pronuncia la analista internacional del Center for Economic and Policy Research (CEPR) Francesca Emanuele. Ese precepto se ha aplicado con Cuba, Venezuela o Irán, pero “sería muy difícil de justificar” frente a un aliado de la OTAN. Pese a todo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos afirmó este mismo miércoles, en una entrevista en la CNBC, que “cualquier cosa que ralentice” la “capacidad de llevar a cabo esta guerra [en Irán] de la manera más rápida y eficaz pone en peligro la vida de los estadounidenses”. “Los españoles ponen en peligro la vida de los estadounidenses”, insistió sobre la negativa a utilizar las bases de Morón y Rota. 

Pero hay otros castigos comerciales que se mueven en los márgenes. Desde la década de los años 80 del siglo XX, hasta entrado el XXI, Estados Unidos prohibió la entrada de jamón y otros productos porcinos al país, amparándose en restricciones sanitarias, tras haberse declarado en España una crisis porcina. “La crisis se solucionó en un par de años, pero no abrieron el mercado hasta más de dos décadas después”, recuerda el catedrático de Internacionalizacion de Empresas y jefe de sector en excedencia en ICEX Jesús Arteaga.

Así, si Trump quiere evitar el choque frontal con la Unión Europea puede optar por “instrumentos aduaneros, que permitan la no importación temporal de determinados productos debido a cuestiones sanitarias o fitosanitarias”. “Es una cláusula de salvaguarda”, señala el experto.

Más allá del encaje legal de una medida de este tipo, España compra a Estados Unidos más de lo que vende, señala González Laya. “Otra de las lecciones que nos deja este último año es que el 90% de los aranceles los están pagando las empresas y los consumidores estadounidenses. Teniendo en cuenta la situación de su economía, el aumento de los precios de la energía, el nivel de inflación y que la Reserva Federal no va a poder bajar los tipos… La inflación se les va a descabalgar. Él verá si quiere que siga subiendo”, apunta la exministra.

Otras voces, sin embargo, minimizan el impacto en aquel país. “Estados Unidos es una economía enorme y muy poco abierta al exterior, porque en el interior encuentra gran parte de lo que necesita, a diferencia de nuestro país o en Europa. Salvo el jamón ibérico, cabe esperar que otros países nos sustituyeran. No creo que preocupe tanto allí como nos debe preocupar a nosotros”, responde la catedrática Latorre.

Pero, aunque en términos comerciales, algunos sectores como el agroalimentario –las exportaciones de aceite de oliva o vino son claves– pudieran verse afectados, los anhelos de Trump podrían traducirse en otras medidas, más allá de embargos o tarifas. Estados Unidos es el primer inversor en nuestro país: 130.000 millones de inversión acumulada, según datos de la Cámara de Comercio estadounidense en España. En 2024, fue el primer destino de inversión de las empresas españolas (7.709 millones de euros), y fue el segundo país que invirtió más en España (6.158 millones), después de Reino Unido, de acuerdo con los datos del Ministerio de Economía.

“Una de las vías es que el Gobierno estadounidense intente condicionar las inversiones de empresas americanas en España”, apunta el profesor Victoria. Justo esta semana, con motivo del Mobile World Congress, la multinacional Amazon anunció 18.000 millones extra para sus centros de datos en Aragón. Jeff Bezos, su fundador, fue uno de los donantes de la investidura de Trump y, a través de su control del Washington Post, ha rebajado la tensión mediática sobre el presidente. Sin embargo, González Laya estima que esta operación en concreto no está en peligro, al tratarse de “una empresa con gran anclaje” en España. 

Pero la mera mención de una crisis comercial tiene “efectos directísimos” en las empresas españolas. Tanto en las que están en procesos de inversión o implantación en el exterior como en las que se plantean aumentar su actividad comercial. “Nadie mete dinero [en otro país] sabiendo que en cualquier momento le pueden parar”, razona Arteaga.

Otra posible vía es dificultando la entrada de españoles al país. “Lo ha hecho con ciudadanos europeos, como al comisario francés Thierry Breton, a quien le retiró el visado porque fue el artífice de la legislación europea en mercados digitales”, detalla la decana González Laya.

El impacto de las declaraciones de Trump ya se está traduciendo, eso sí, en incertidumbre para algunas decisiones empresariales. La cooperativa aceitera Dcoop anunció este miércoles su decisión de “ralentizar, aplazar o aparcar” la compra del 100% del capital de la compañía oleícola estadounidense Pompeian, de la que ahora tiene un 50%. “Solo con estos anuncios, aumenta la incertidumbre y el shock que provoca sobre los mercados y las expectativas es gigantesco: en términos de consumo, de inversión, de expectativas y previsiones”, explica el profesor de ICADE.

Pero ese daño no afecta únicamente a la economía española, el David que se enfrenta al Goliat estadounidense. “Cuando uno mira las cifras, no hay grandes inversiones en Estados Unidos porque muchas empresas están esperando a ver cómo se estabiliza un entorno regulatorio que es muy inestable”, señala González Laya, para quién el conflicto en Irán añade una nueva capa de inestabilidad. 

Al margen de la proporcionalidad de la respuesta de Trump a la negativa española a involucrarse de ninguna manera en la operación iraní, que Sánchez ha justificado con un “no a la guerra”, Latorre recuerda que la política exterior es “un área especialmente sensible, que afecta a todos españoles y en la que es importante sentirse bien representado”. “Me parece que no es bueno singularizarse frente a la economía más importante del mundo, sobre todo si se hace sin consenso en el Congreso”, apunta para indicar que “sería muy distinto si se hubiera obrado en consenso con otros países de la UE o, mejor aún, con todo el frente común de la UE”.

El Gobierno, sin embargo, se muestra confiado en que el tiempo traerá, al menos, a un parte de los países del entorno a ese consenso. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo, simplemente por el miedo a las represalias”, defendió Sánchez.

No es la relación comercial más intensa de España, pero sí es uno de los socios más relevantes y, también, más convulsos de los últimos meses, sobre todo después de que las idas y venidas con los aranceles hayan supuesto bastantes quebraderos de cabeza para los sectores de la economía española que tienen más lazos comerciales con Estados Unidos.

Este martes, Donald Trump amenazó a España tras la negativa a ceder el uso de las bases aéreas en suelo español para la campaña militar ilegal contra Irán. “España ha sido terrible”, aseguró Trump: “De hecho, le he dicho a Scott [Bessent, secretario del Tesoro] que corte todas las relaciones con España. España dijo que no podemos usar sus bases. Podríamos usar su base si quisiéramos. Podríamos simplemente volar allí y usarla. Nadie nos va a decir que no la usemos. Pero no tenemos por qué hacerlo. Pero ellos han sido poco amistosos”, argumentó Trump. 

“Puedo decidir parar hoy todo lo que hacemos con España, podemos hacerlo ahora mismo. Nos lo ha reconocido el Tribunal Supremo. Podría detener mañana, hoy mejor aún, todo lo que tenga que ver con España. Embargos. Podemos hacerlo con España”, afirmó. También volvió a sacar la carta de los aranceles.

Como respuesta, el Gobierno español ha lanzado en las últimas horas una llamada a la “tranquilidad”, porque hablamos de socios con lazos y décadas de buena relación. EEUU no es solo un socio comercial, sino que tiene raíces e inversiones en España en todos los ámbitos. Por ejemplo, el gigante estadounidense de la inversión, Blackrock, lleva años manteniendo participaciones en el capital de muchas las grandes empresas cotizadas en España. Precisamente, en los últimos días, pero antes de las palabras de Trump, esta firma anunció un paso atrás en Naturgy.

Más allá de las amenazas y de ver si estas se concretan en un replanteamiento de las relaciones comerciales, analizamos en qué consisten estas, qué vendemos y compramos a Estados Unidos y cómo va esa relación, hasta el momento, como socios. 

¿Qué productos exportamos a Estados Unidos?

La relación comercial de España hacia ese mercado norteamericano, al igual que sucede con las importaciones, está muy concentrada en determinados productos, que llevan meses de vaivenes y de búsqueda de mercados alternativos, después de que Trump alzara las barreras arancelarias. Las mismas que el Tribunal Supremo de EEUU le ha obligado a replantear. 

El año pasado ya exportamos menos a ese mercado, lo que deja entrever que ya se están buscando otras alternativas. 

En total, esas exportaciones alcanzaron los 16.716,2 millones de euros en 2025, un 8% menos que en 2024. Lo principal, aceite de oliva, con un recorte desde 1.013 a 732,7 millones tras la rebaja de precios del pasado año. También en el terreno del sector de la alimentación, las exportaciones de vino se redujeron de 335 a 288,3 millones de euros.

Lo mismo sucedió con las exportaciones de combustibles y aceites industriales, de 1.004 a 715,2 millones millones de euros; y los bienes de equipo, donde se incluyen, entre otros, la industria de componentes del sector del automóvil, que pasó de 249 a 205 millones de euros. Hay que recordar que a EEUU le exportamos componentes, pero no hay, al menos de momento, exportación de coches, como sí le ocurre a otros mercados europeos, como Alemania o Francia.

¿Y qué importamos?

En cuanto a qué compramos, según los últimos datos de la balanza comercial, en 2025 las importaciones desde EEUU crecieron de forma relevante. En concreto, avanzaron un 7%, hasta los 30.174,7 millones de euros, según las cifras publicadas por el Ministerio de Economía.

Ahí el gas es muy relevante, porque hemos duplicado las importaciones en un año, desde 2.010 millones de euros hasta alcanzar los 4.210,4 millones. También ha aumentado la compra de productos farmacéuticos, aunque menos, porque pasaron de 6.259 a 6.730 millones; así como bienes de equipo y maquinaria, que en el último ejercicio pasaron de 2.443 a 2.740 millones de euros.

Una de las claves es el gas licuado, porque, además, España es una de las puertas de entrada a Europa de una materia prima de la que carecemos y que en las últimas jornadas se ha disparado más de un 60%, aunque aún está lejos de alcanzar los niveles a los que llegó con la invasión de Ucrania y que llevaron a la UE a intervenir en el precio, en el conocido como 'tope Ibérico'. “España, con los seis puertos de gas natural, somos un punto de entrada esencial para la UE”, ha recordado este miércoles el ministro de Economía. También, que la diversificación que se está llevado a cabo, con las renovables, ayuda a rebajar a medio plazo la dependencia de esas materias primas.

¿Cuántos millones de euros hay en juego?

Con los datos que tenemos hasta ahora, en el terreno comercial, España compra más a Estados Unidos que lo que vende. 

El déficit comercial (la diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes) se disparó en 2025 un 34,4%, hasta los 13.458,4 millones de euros, lo que refleja las primeras consecuencias de la guerra arancelaria.

Eso sí, hay que tener en cuenta que no es solo lo que compramos o vendemos, también es la inversión estadounidense que arraiga en España, como las citadas participaciones de Blackrock o de otras firmas estadounidenses en empresas españolas o las inversiones de carácter productivo. Por ejemplo, Amazon comprometió hace unos días 18.000 millones de euros en Aragón.

Según la Cámara de Comercio de EEUU, ese país concentra en España 130.000 millones de euros de inversión, de ahí que sea considerado el primer inversor extranjero en nuestro país.

¿Qué puede pasar a partir de ahora?

De momento, lo que está sobre la mesa son las amenazas lanzadas por Trump, que suele lanzar advertencias de máximos y, al menos en el terreno económico, acaba plegando velas y llegando a acuerdos comerciales que vende como éxitos propios.

Ahí, según ha ido explicando Carlos Cuerpo en las últimas horas, en España tenemos “dos vías para reaccionar”. Por un lado, una “respuesta conjunta por parte de la UE, donde existen herramientas para responder a situaciones de coacción si se dan”, según declaró este miércoles en RTVE. “La UE responderá de forma solidaria, como se vio en el caso de Groenlandia”. 

En cuanto a España, aseguró que tenemos por delante “un esfuerzo conjunto con todos los sectores afectados, para seguir avanzando en encontrar nuevos mercados, en llegar, por ejemplo, a Mercosur, que para el aceite de oliva puede ser un mercado importantísimo. Es decir, medidas de apoyo a corto plazo, a medio y largo. Economía también recuerda que, de momento, no ha habido medidas contra el comercio español, solo las amenazas de Trump. También que aún se tiene que implementar el marco arancelario que Washington pactó con la UE, que será el que dé certidumbre a las empresas españolas.

Ante las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, que ha cargado contra España por su negativa a ayudar a EEUU a bombardear Irán y ha amenazado con romper las relaciones comerciales y aplicar un embargo, un portavoz de la Comisión Europea ha respondido que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos” .

“La Comisión Europea garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos. Expresamos nuestra total solidaridad con todos los Estados miembros y sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos preparados para actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE”, ha comentado un portavoz de la institución en Bruselas.

Con anterioridad, el Gobierno había respondido que no ve tan fácil una ruptura comercial como amenaza Donald Trump por el rechazo de Pedro Sánchez a la guerra en Irán y considera que tienen que darse una serie de circunstancias para que la relación cambie. “Si la administración norteamericana quiere revisar [la relación comercial] deberá hacerlo respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU”, señalan fuentes de Moncloa tras las palabras del presidente de EEUU, que ha amenazado con embargos a España.

Desde la Comisión se insiste en que “se espera que Estados Unidos cumpla sus compromisos en el marco del acuerdo comercial”, que se firmó en el verano de 2025. “Un acuerdo es un acuerdo”, le recriminaron el pasado 22 de febrero en un comunicado desde la Comisión Europea a la errática política comercial de Trump, después de que el Tribunal Supremo de EEUU tumbará sus aranceles.

La Comisión Europea recalca que lo que tiene que hacer EEUU es “aportar claridad” sobre las medidas comerciales que los Estados Unidos tienen intención de adoptar tras la sentencia del Tribunal Supremo.

En Bruselas se tienen serias dudas de que las amenazas de Trump se concreten en medidas concretas, como ha ocurrido en otras crisis durante el último año.

No es la primera vez que la Comisión Europea sale en defensa de España tras las amenazas de Trump. La Comisión Europea dijo el pasado octubre que “se responderá adecuadamente, como siempre lo hacemos, a cualquier medida tomada contra uno o más de nuestros Estados miembros” ante las amenazas del presidente de EEUU a España porque no se ha comprometido a incrementar al 5% del PIB el gasto en Defensa.

Cuando Trump anunció nuevos aranceles contra los países que mandaron tropas a Groenlandia, la Comisión también salió en defensa de estos países criticado los aranceles y apoyando “la integridad territorial y la soberanía” de Groenlandia, además, de mostrar el compromiso a mantener el diálogo iniciado “entre el Reino de Dinamarca y los Estados Unidos”.

Tanto con la polémica de la posición contraria de España al 5% del gasto en Defensa como con los países que mandaron tropas a Groenlandia, Trump ha optado por la marcha atrás y no ha puesto en marcha los nuevos aranceles, por lo que se le ha señalado como TACO (Trump Always Chickens Out o Trump siempre se acobarda).

El reciente conflicto entre EEUU e Israel con Irán planea de nuevo sobre el futuro inminente de los agricultores y los ganaderos de Castilla-La Mancha. En los pocos días que lleva el conflicto, ya se ha disparado los precios del gas y del petróleo en los mercados internacionales y estas alzas ya están repercutiendo en los precios en España y en Castilla-La Mancha.

UPA Castilla-La Mancha ha denunciado, en declaraciones a Agroalimentaria, que, una vez más, el sector agrario “vuelve a convertirse en el eslabón más débil de la cadena ante un conflicto internacional en el que agricultores y ganaderos no tienen nada que ver” y “las consecuencias económicas derivadas de la escalada bélica están teniendo efectos inmediatos en el día a día de cientos de explotaciones agrarias y ganaderas de Castilla-La Mancha”.

La organización ha advertido que el encarecimiento del gasóleo agrícola «ya visible en las colas de las gasolineras», la subida de la electricidad, el incremento de los costes logísticos y la amenaza de interrupciones en el transporte internacional se traducen en más presión sobre los costes de producción. A ello se suma el posible encarecimiento de fertilizantes, piensos y otros insumos esenciales, directamente vinculados a la volatilidad energética y a la tensión en los mercados internacionales.

De manera concreta ha señalado que “en muchos lugares de la región, el gasóleo agrícola ha pasado de estar a menos de un euro el fin de semana, a ponerse a 1.30 hoy mismo», indican desde UPA.

«Cuando el combustible sube de esta manera desmesurada, cuando la electricidad se dispara o cuando los fletes se encarecen, agricultores y ganaderos de explotaciones familiares estamos vendidos», han denunciado. «Y, lo que más duele y cabrea, es que estos precios sean sobre un producto ya almacenado y comprado previamente, como los carburantes.»

Subida del gas y los fertilizantes

La subida del gas amenaza también al sector ya que esta fuente de energía es necesaria para la fabricación de fertilizantes. De hecho, hoy mismo el presidente nacional de ASAJA, el manchego Pedro Barato ha pedido en Bruselas medidas urgentes ante la tensión en el mercado de fertilizantes. A ello ha señalado las consecuencias de la reducción sustancial del paso de mercancías por el canal, lo que puede generar una nueva tensión en el mercado y un encarecimiento de estas mercancías.

Otra derivada es el probable encarecimiento de los cereales y de la soja, que ya se ha reflejado en el mercado estadounidense, lo que se traduciría también en un aumento de precios de los piensos, lo que repercutiría en los costes que tiene que asumir los ganaderos.

El último informe BBVA Research que analiza la situación económica de Castilla-La Mancha, con proyecciones hasta el año 2027, ofrece un visión positiva en el corto plazo para la comunidad autónoma, pero alerta de futuros retos estructurales.

Su crecimiento es sólido en la fotografía actual, pero la región se verá obligada a gestionar la transición hacia un ciclo más maduro y a resolver tensiones persistentes en el mercado de la vivienda y la productividad para asegurar su bienestar futuro, según los datos presentados hoy en Toledo.

No obstante, y a corto plazo, todavía está por ver el impacto de la guerra en Irán. “En la medida en que esto sea temporal, el impacto no será significativo”, ha comentado Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España, para advertir que “tendrá consecuencias sobre la inflación que subirá más allá del 3%”.

El escenario con “más probabilidad”, decía, es aquel en el que el conflicto sea de corta duración y por esa razón “las disrupciones en los flujos de comercio, aprovisionamiento de energía y combustible o en el comercio de bienes serán relativamente limitados”.

De hecho, ha abundado Cardoso, “muchos productores que veían venir esta situación han acaparado inventarios” e insiste: “Si el shock es temporal”, y es lo que se percibe a tenor de las palabras del Gobierno de EEUU, se prevé que el impacto sobre la actividad económica y los consumidores pueda ser “limitado”.

En este sentido, dice, las previsiones para Castilla-La Mancha hasta 2027 no cambiarían demasiado. El análisis habla de un sólido crecimiento, que ha permitido a la región consolidar su recuperación con un crecimiento estimado del PIB del 3,1% en 2025 y la creación de 47.000 nuevos empleos hasta 2027, gracias al dinamismo del mercado laboral, la inversión y la recuperación del poder adquisitivo de los hogares, según el director de la territorial centro de BBVA en España, Juan Carlos Hidalgo.

El margen de crecimiento en el sector turismo

Castilla-La Mancha tiene margen para crecer sobre todo con un “entorno todavía favorable para el crecimiento del sector turístico”, asegura Cardoso. El número de plazas hoteleras ha crecido entre un 3% y un 4% respecto a 2019, señala, y eso “marca la capacidad del sector hotelero de absorber turistas”.

Los analistas de BBVA Research observan además cambios en las preferencias del consumidor. “Aumenta el peso en la cesta de consumo asociado a los servicios, en detrimento de los bienes. La gente prefiere salir, viaja más y también come más fuera de casa. Eso favorece al sector turismo”.

A eso se suma un “aumento relativamente importante de la productividad, debido a la desestacionalización de sector turístico. Esa productividad es hoy del 19% en comercio y turismo respecto a 2019”.

Y sin embargo, se espera desaceleración

A pesar de esta inercia positiva, los indicadores más recientes sugieren que la región entra en una fase de desaceleración gradual, con previsiones de crecimiento del 2,4% para 2026 y del 1,9% para 2027. Esta moderación se produce en un contexto donde el empleo sigue aguantando con fuerza, pero otros pilares como el gasto con tarjeta, las exportaciones de bienes de equipo y el turismo doméstico empiezan a mostrar señales de agotamiento.

“Creemos que la desaceleración se producirá por la volatilidad de la política comercial de Estados Unidos que afectará a las regiones con más exposición, por su relación comercial con el país norteamericano”, señala Cardoso.

“Aquí esa exposición es menor y supone un 3% del total de exportaciones y un 0,6% del PIB, Por eso el impacto estará restringido”, apunta el economista, quien advierte además de la caída de las exportaciones hacia aquel país, en torno al 9%.

Miguel Cardoso habla también de “pérdida competitividad” que en su opinión vendrá marcada “no solo por los aranceles sino por la depreciación del euro frente al dólar”.

En todo caso, y según las previsiones, se estima que para el año 2027, el PIB de Castilla-La Mancha igualará el nivel de actividad que habría tenido de seguir la tendencia lineal de crecimiento previa a la crisis del COVID-19, situándose incluso 3,8 puntos porcentuales por encima de dicha tendencia.

Varios factores sostendrán esta expansión en el bienio 2026-2027: el empuje de la inversión pública y privada, el dinamismo de la construcción, la llegada de los fondos europeos (NGEU), la moderación de la inflación y la progresiva bajada de los tipos de interés. No obstante, se incide en que persisten riesgos externos, al margen de lo ocurrido en Irán, como la incertidumbre en la política económica internacional, especialmente la arancelaria con EE.UU.

La inmigración como pilar fundamental de empleo

El mercado laboral sigue siendo la gran sorpresa positiva. A diferencia del conjunto nacional, la afiliación a la Seguridad Social en Castilla-La Mancha se aceleró en el cuarto trimestre de 2025. Este dinamismo se ha concentrado especialmente en las áreas de Toledo y Guadalajara, así como en zonas rurales, impulsado por el comercio, la hostelería, los servicios públicos y la industria manufacturera.

Un dato revelador es que el 82% del empleo creado en la región ha sido gracias a la población inmigrante (extranjeros y personas con doble nacionalidad) y las previsiones apuntan a que la fuerza de trabajo seguirá aumentando en unas 400.000 personas anuales en 2026 y 2027 en España, lo que permitiría a la región crear un total de 47.000 nuevos puestos de trabajo en el periodo 2025-2027.

Gracias a este empuje, la tasa de paro podría bajar hasta el 11,5% de media en 2027. Sin embargo, empieza a detectarse un problema de escasez de mano de obra en sectores específicos como la construcción y la industria, donde a las empresas les cuesta encontrar trabajadores con la formación necesaria.

Una mayor dependencia de la demanda interna

Uno de los cambios más significativos en 2025 ha sido la transición hacia una mayor dependencia de la demanda interna, según ha destacado Miguel Cardoso, economista jefe de BBVA Research para España.

Los salarios en la región han comenzado a recuperar poder adquisitivo, con un aumento pactado en convenio de alrededor del 3%, mientras que la inflación promedio se situó en el 2,5% en 2025, por debajo de la media española.

Esta ganancia de renta real, sumada al descenso de los tipos de interés —el BCE recortó el tipo de depósitos hasta el 2% a finales de 2025—, debería actuar como un catalizador para el consumo de los hogares y la inversión empresarial.

El gasto presencial total con tarjeta mostró un crecimiento dinámico del 9,1% en 2025, destacando el gasto en supermercados, salud, vehículos y grandes superficies. Por el contrario, el gasto en sectores como la electrónica de consumo, los viajes y el transporte ha mostrado caídas o estancamiento.

La preocupante falta de vivienda asequible

El sector inmobiliario se perfila como uno de los principales motores de crecimiento para los próximos dos años. Se estima que las viviendas en ejecución podrían alcanzar las 7.000 en 2026, lo que supone un incremento del 18% respecto a 2025. Además, los visados de obra nueva crecieron un 9,7% en 2025, superando la media nacional, lo que anticipa un aumento de las viviendas terminadas a partir de finales de 2026.

A pesar de este repunte en la actividad, el informe detalla una preocupante falta de vivienda asequible que se mantiene como un cuello de botella crítico para el bienestar de los jóvenes y la atracción de capital humano.

Desde 2021, se han creado en la región 52.800 nuevos hogares, pero solo se han construido 21.600 viviendas, lo que evidencia un desajuste estructural entre oferta y demanda. Aunque el esfuerzo de acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha es inferior a la media española, la tendencia al alza de los precios y la escasez de oferta en las zonas con mayor dinamismo demográfico son preocupaciones crecientes.

El informe también se detiene en analizar el impacto de la caída de los costes energéticos en la competitividad regional - al menos en el momento en el que se realizó el estudio- y el papel de los fondos europeos en la actividad económica.

Por un lado, la industria castellanomanchega ha mostrado un comportamiento más sólido que la media nacional. En 2025, el Índice de Producción Industrial (IPI) aumentó un 0,8%, impulsado principalmente por la producción de bienes de equipo y energía. La caída de los costes energéticos y de transporte ha beneficiado especialmente a la región dada su apertura económica y el peso de su industria manufacturera.

En cuanto al sector exterior, las exportaciones de bienes crecieron un 5,1% nominal hasta septiembre de 2025, apoyadas en el sector agroalimentario (alimentos y bebidas) y las manufacturas de consumo. No obstante, los bienes de equipo han mostrado debilidad en los últimos meses, contribuyendo negativamente al saldo exportador. Por otro lado, las exportaciones de servicios se han acelerado, con un incremento notable del gasto de turistas extranjeros (+12,3% en 2025) y de las pernoctaciones hoteleras (+9,9%).

Por otro lado, la inversión pública seguirá siendo un pilar de la expansión. Hasta diciembre de 2025, Castilla-La Mancha ha licitado contratos y concedido subvenciones ligadas a los fondos Next Generation EU (NGEU) por un valor de 2.346 millones de euros, lo que representa el 4,2% de su PIB regional de 2024, una proporción superior a la media española (3,9%).

Además, la comunidad es una de las que más puede beneficiarse del incremento global del gasto en defensa. Las empresas de este sector en la región facturan el equivalente al 0,5% del PIB regional, lo que la sitúa como la quinta comunidad con mayor peso en esta industria. Si este aumento del gasto se traduce en producción nacional, el impacto en la actividad económica regional será considerable.

El talón de Aquiles de la productividad

A pesar de las perspectivas positivas, Castilla-La Mancha enfrenta retos estructurales profundos. La productividad por hora sigue siendo un desafío; aunque ha mejorado tras la sequía de 2023, la región todavía presenta niveles inferiores al conjunto nacional.

El PIB per cápita regional se sitúa en el 79,8% de la media española, y el dinamismo demográfico (mayor crecimiento poblacional que el promedio) dificulta la convergencia rápida en este indicador.

De nuevo, la necesidad de reforma de la financiación autonómica

Como ya hiciera el año pasado, el informe BBVA Research vuelve a advertir sobre la necesidad de reformas en la financiación autonómica para garantizar la sostenibilidad de la deuda y mejorar el margen fiscal de la región. La reforma del modelo de financiación autonómica sigue, un año más, sin concretarse.

En el ámbito fiscal, la deuda pública se situó en el 28,8% del PIB en el tercer trimestre de 2025. Los ingresos procedentes del sistema de financiación autonómica, que han crecido cerca de un 40% desde 2019, mostraron una desaceleración en 2025, lo que elevó el déficit de la Junta hasta el -0,2%.

De ahí que se apunte esa necesidad de acuerdos para garantizar la sostenibilidad de la deuda a medio plazo y una reforma del sistema de financiación que sea más simple, transparente y equitativo.

Ursula von der Leyen y Donald Trump sellaron con una sonrisa y los pulgares en alto la tregua comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. El acuerdo llegó el pasado verano tras meses de vaivenes arancelarios y se firmó en el campo de golf del magnate en Turnberry (Escocia). La Comisión Europea aceptaba como mal menor unas tarifas del 15% en sus exportaciones al país norteamericano a cambio de una serie de excepciones en sectores clave para la economía de los Veintisiete, como productos agrícolas o materias primas.

La foto, con un radiante Trump y una incómoda Von der Leyen –consciente de que estaba firmando un mal pacto pero presionada por Gobiernos como el alemán, con una industria muy dependiente de la relación comercial con EEUU–, prometía algo fundamental para la economía a ambos lados del Atlántico: certidumbre. Un escenario de certezas para el desarrollo de negocios en las dos orillas, aunque fuera a costa de la capitulación europea y la promesa de inversiones millonarias en aquel país.

Pero la frágil paz comercial, que ya se vio amenazada por las pretensiones de la Casa Blanca sobre Groenlandia (de soberanía danesa), estalló por los aires con la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de anular la mayor parte de los aranceles que Donald Trump anunció con un cartel en cartón pluma el 2 de abril de 2024, el llamado Día de la Liberación. El presidente estadounidense reaccionó con una nueva tanda de tarifas, amparada bajo otro precepto legal, que distorsionó de nuevo el escenario y paralizó la ratificación del acuerdo de Turnberry en el Parlamento Europeo. De nuevo, incertidumbre.

Desde que hace casi seis años el COVID-19 pusiera en suspenso la actividad mundial, la economía se ha enfrentado a un estado de alerta permanente. La incertidumbre es ya un término de moda a la hora de realizar cualquier previsión, como un aviso de que la proyección podría irse al traste con la mínima volatilidad. El Fondo Monetario Internacional, en su informe de Perspectivas Económicas Mundiales de octubre, menciona en 102 ocasiones “uncertainty” (incertidumbre). La OCDE, en su documento análogo de diciembre, cita la palabra 198 veces. Las últimas previsiones del Banco de España, también de final de año, la repiten 53.

Ahora bien, ¿es la incertidumbre un fenómeno con efecto económico real o solo un lugar común? “Vivimos en un mundo de incertidumbre constante. Cualquier decisión que tomamos, incluso si nos paramos a tomar un café o un té, lo hacemos con información limitada”, responde el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo. Es un caso exagerado, dice al teléfono, pero es el ejemplo perfecto para comprender hasta qué punto una disyuntiva afecta a decisiones sencillas del día a día, lo que se multiplica al extremo en caso de decisiones más relevantes, como la compra de una casa en el caso de una familia, o el lanzamiento de una inversión empresarial.

“Cuanto mayor es la incertidumbre, las decisiones se hacen más conservadoras. En el caso de las familias es evidente cuando llega una crisis: su consumo cae, lo que suele agravar la coyuntura económica. Con las empresas pasa lo mismo. Se suele decir que el capital es cobarde y las incertezas afectan a las variables de inversión”, detalla.

En el Gobierno son conscientes de que este fenómeno explica, en parte, ese hartazgo de la sociedad por el cual no perciben en su bolsillo la mejora de los indicadores macroeconómicos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo definió como “inseguridad económica” en su intervención en el Senado del pasado lunes: “En los últimos 15 años hemos tenido que pasar por shocks o crisis que normalmente pasan una vez cada dos o tres generaciones. La misma generación se ha tenido que enfrentar a una crisis financiera, a una pandemia, a un shock de inflación, a una guerra a las puertas de Europa, a una guerra arancelaria…”. Todo, sin descanso y sin percibir los dividendos del cohete económico.

Del rescate bancario a los aranceles: incertidumbre sin freno

La incertidumbre es más un estado de ánimo que un fenómeno mensurable, la mejor muestra de cómo la psicología y el comportamiento afecta a la economía. No aparece en una factura, ni en una nómina, ni en un agregado como el producto interior bruto (PIB). Pero está muy presente. Distintos organismos han desarrollado métricas específicas para tratar de aterrizarla. Uno de los indicadores más conocidos es el índice Economic Policy Uncertainty (EPU), que en nuestro país replica el Banco de España, y que se construye a través de palabras vinculadas a la incertidumbre que aparecen en la prensa local. Su última lectura, de enero, confirma que la incertidumbre es un 54% superior a la del promedio. De hecho, lleva más de quince años disparada. Desde 2010, solo se ha situado en nueve ocasiones por debajo del nivel 100, que sería la media.

Como se ve en el gráfico sobre estas líneas, los mayores picos de incertidumbre en la economía española se han dado con el COVID-19 (en mayo de 2020), con el Día de la Liberación que desbarató el comercio mundial como lo conocíamos en las últimas décadas (abril de 2025) o a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia (febrero-marzo de 2022). Son eventos recientes, pero las incertezas se dispararon también durante el referéndum independentista del 1 de Octubre de 2017, tras la votación a favor del Brexit en 2016 o en el verano de 2012, cuando España se asomó al abismo económico y se produjo el rescate bancario. Los atentados del 11-S de 2001 o la invasión de Irak en 2003 provocaron los primeros picos a principios de siglo.

Sin embargo, uno de los problemas de los índices EPU es, como lo denomina el profesor de la escuela de negocios IESE Roberto García-Castro, el “efecto túnel” que supone fijarse únicamente en titulares de prensa. “Reacciona mucho a lo periodístico, a lo que está haciendo la Casa Blanca. Pero el mundo no se acaba con Trump”, razona en conversación telefónica. García-Castro es, junto con su compañero Miguel Ángel Ariño, el creador del índice I3E de incertidumbre económica, que la mide desde 2010 en España y, desde hace un mes, también en las principales 22 economías del mundo.

El indicador concentra los datos de precios bursátiles nacionales, precios de bonos soberanos a 10 años, tipos de cambio y precio del petróleo Brent. “Cuando agregas estas cuatro dimensiones –geopolítica, política, financiera y bursátil– emerge algo que es distinto a la simple volatilidad”, dice el profesor, que forma parte del departamento de Análisis de Decisiones. “Ahora mismo se habla y se publica mucho de incertidumbre, pero, con los datos en la mano, está relativamente baja”, abunda.

Y, a pesar de esto, el Banco de España, en su encuesta trimestral a las empresas, recoge que la incertidumbre es un factor que condiciona la actividad empresarial para una de cada dos compañías. Más que la energía y prácticamente al mismo nivel que la falta de personal, otro de los grandes temas recurrentes en el mundo patronal.

“Llevo casi 20 años dando clase a directivos y hemos visto de todo: la caída de Lehman Brothers, el colapso financiero mundial, pandemias, guerras… Pero nunca he tenido un foro con cinco o seis directores generales que digan que la incertidumbre es baja. Por definición, el personal directivo toma decisiones sin tener todas las certezas. La incertidumbre siempre está en máximos”, asevera García-Castro.

¿Una economía curada de espanto? El termómetro de la inversión

Entonces, ¿afecta a la economía o no? En el IESE tienen medido su impacto. “La economía mundial crece trimestralmente un 2,1% de media en los últimos 36 años. Que nuestro índice esté por encima de 100 o 125 de manera sostenida resta casi medio punto de PIB global”, señala el profesor.

Desde el servicio de estudios del Banco de España son cautos con respecto a la posibilidad de que la incertidumbre ya no arrastre a la actividad económica, puesto que eso requeriría del diseño de un “escenario alternativo” sin sus efectos.

“En general, la evolución observada de la actividad se explica por la incertidumbre, pero también por un conjunto de perturbaciones adicionales que en los últimos años pueden estar compensando su efecto. Por lo tanto, podría ser aventurado pensar que se ha producido un efecto de inatención o insensibilidad a la incertidumbre”, responden por correo electrónico.

Pero el año pasado, con todos los nubarrones posibles y la incertidumbre disparada, España registró un crecimiento del PIB del 2,8%, gracias a que el fuerte mercado interno compensó los vientos de cola que venían del exterior. “Parece que estamos curados de espanto”, dice el profesor Hidalgo. “Estamos muy alarmados y, después, se baja el tono porque parece que hay mucha resiliencia en la economía y nos estamos acostumbrando a un entorno de mayor incertidumbre que en décadas pasadas. De momento no hay señales de que esté afectando muy negativamente, como podríamos haber esperado desde el principio. A lo mejor somos nosotros, medios incluidos, que valoramos la incertidumbre de una forma más intensa de lo que realmente es”, reflexiona.

La última revisión de la Contabilidad Nacional por parte del INE dio un subidón a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), la variable que mide la inversión productiva y que se mostraba notablemente rezagada tras la pandemia, a pesar del crecimiento económico. Los economistas señalaban que este menor dinamismo podía deberse a su sensibilidad ante la incertidumbre. La cobardía del capital, que comentaba Hidalgo. Pero los nuevos cálculos de Estadística desmontan parte de ese relato.

El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Miguel Artola es uno de los más críticos con la labor del INE desde la pandemia. Según explica en conversación telefónica, no hay datos que sustenten que España es un caso diferencial con respecto al comportamiento de la inversión, si lo comparamos con lo que sucede en el resto de Europa. Ni la falta de Presupuestos ni reformas como la del mercado de trabajo han provocado que todo salte por los aires, asevera. De hecho, el marco español es mucho más estable que el de países como Francia, que encadenan gobiernos fallidos.

A su juicio, una posible explicación es que la inversión ha cambiado radicalmente. La tradicional (en ladrillo y en infraestructuras) ha perdido peso y los institutos estadísticos aún no captan de manera precisa las vinculadas a las nuevas tecnologías. “La inversión está dirigiéndose más hacia activos financieros que no financieros. Puede que estemos asistiendo a que esa inversión en intangibles –como licencias de software, por ejemplo– va cobrando importancia y en la medición vamos por detrás”, explica.

Eso pondría en relativa cuestión el dogma sobre los efectos de la incertidumbre. Al menos, sus efectos en el pasado lustro. Lo apuntó en un artículo en este periódico: “Los datos publicados revelan un panorama menos pesimista y sugieren que ni la incertidumbre ha tenido un impacto tan pronunciado ni las políticas públicas han estado tan mal orientadas”.

La paz comercial salta por los aires

Con todo, está por ver cuál es el impacto real sobre la economía mundial de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Sobre todo, tras el varapalo del Alto Tribunal estadounidense a su andanada arancelaria, que ha respondido con una nueva tanda de tarifas cuya duración también es incierta.

“[El nuevo arancel] Va a generar un aumento de la incertidumbre para las empresas europeas y española, que no sabrán muy bien a qué atenerse”, apunta el investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, Federico Steinberg. De momento, lo que ya se ha disparado es el Índice de Incertidumbre Comercial (TPU, por sus siglas en inglés). Como se ve en el gráfico siguiente, los dos mandatos del magnate neoyorquino han sido especialmente tensos en lo comercial, alcanzando su culmen en abril de 2024.

“Estados Unidos va a seguir siendo un socio poco predecible”, lamenta el académico. “No vamos a volver a una situación como la de 2024 porque Trump es un proteccionista y encontrará la fórmula para mantener las tarifas”, detalla. Si las empresas españolas, que tienen una exposición limitada, buscan capear esa incertidumbre, tendrán que buscar mercados alternativos y fijarse más en Europa, sobre todo en ramas como el comercio de servicios que, a diferencia del de bienes, está menos controlado.

¿Es, entonces, factible limitar la incertidumbre y sus posibles consecuencias para el desarrollo de la economía? Hay vías, dice Manuel Hidalgo. Por ejemplo, la del Banco Central Europeo (BCE) que, cada vez que adopta una decisión sobre los tipos de interés, da pistas de cómo evolucionarán a futuro. Es la llamada “forward guidance”, que favorece la toma de decisiones para familias y empresas.

“El BCE es una institución que tiene muy claro lo que tiene que hacer en política fiscal, a diferencia de los políticos, que necesitan mensajes más rápidos y, a veces, sus anuncios añaden mucha incertidumbre. Pasó con Liz Truss durante su mandato en Reino Unido. Los bancos centrales han aprendido a hacerlo, pero los Gobiernos tienen otros incentivos”, sostiene.

La economía española encadena quince años de sobresaltos y, desde la pandemia, no ha habido un ejercicio tranquilo. Pero, a pesar de todo, el PIB se ha comportado mejor de lo esperado, aunque quede “trabajo por hacer” para que eso se traduzca en bienestar. Hay incertidumbre y la economía, sin embargo, se mueve.

La Corte Suprema de EEUU frenó hace una semana el instinto proteccionista de Donald Trump, aunque sin conseguir aplacarlo. A las horas de su histórica resolución –que declaró inconstitucionales los excesos arancelarios del presidente republicano, buque insignia de la política económica de su segundo mandato– la Casa Blanca reaccionó elevando los peajes a la importación con una tarifa general. Primero, del 10%, luego, del 15% y finalmente –parece–, de nuevo al 10%. El caos sigue latente desde semanas antes de la proclamación del Día de la Liberación, allá por abril de 2025.

El fallo de la más alta instancia judicial americana constituye algo más que un mero tropiezo del inquilino del Despacho Oval. Es una reafirmación sobria de los contrapesos institucionales en un momento en el que la rampante permisividad doméstica hacia el poder ejecutivo y la docilidad de la comunidad internacional ante sus arrebatos proteccionistas y coacciones expansionistas empiezan a mostrar signos de debilidad. Al invocar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) –recalcan los magistrados del Supremo– para justificar aranceles recíprocos de amplio alcance, Trump estiró una ley concebida para responder ante amenazas extraordinarias, hasta convertirla en pilar de una agenda comercial estructural. En el orden exterior, la ristra de críticas de aliados y rivales por su obcecamiento en acabar con el libre comercio tampoco fue inmediata.

Ni de puertas adentro, ni en el espacio internacional parece haber calado la retórica presidencial. La rápida invocación a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 de la Administración Trump, que permite imponer recargos durante 150 días sin aval legislativo, ha sido el anclaje normativo elegido en esta ocasión para instaurar un arancel global del 10%. Esta artimaña con volatilidad regulatoria pretende servir de puente mientras la versión Trump 2.0 explora vías más duraderas –entre otras las Secciones 301 y 232 de la misma norma– para seguir gravando sectores como el de la automoción o el farmacéutico o bienes esenciales para la industria como los chips o el acero.

También fue fulgurante su actuación en el atril del Congreso, a propósito del debate del estado de la Unión. Trump convirtió el revés judicial en arenga política. Ante el Capitolio, defendió que el país es “más grande, mejor, más rico y más fuerte que nunca” y se comprometió a restaurar los aranceles por otros derroteros. E incluso llegó a asegurar que podrían reemplazar, gracias a su capacidad recaudatoria, al impuesto sobre la renta de manera sustancial. Sin que pareciera que le provocara ansiedad alguna la lógica preocupación de hogares y empresas americanas por los efectos inflacionistas de su retorno al proteccionismo comercial, que ya se dejan sentir en el IPC, y las alteraciones inversoras y en la creación de empleo de un sector privado que avanza reclamaciones milmillonarias por una medida calificada de inconstitucional por el Supremo con una resolución que devuelve la potestad de los acuerdos comerciales al poder legislativo.

No por casualidad, ha quedado en suspenso la recaudación que el Tesoro ha recabado desde el Día de la Liberación por estos conceptos --de entre 133.500 y 142.000 millones de dólares-- y una factura adicional de entre 170.000 y 200.000 millones si prosperan las denuncias de patronales, empresas y sectores que aseguran haberse sentido perjudicados por la imposición de los peajes a la importación de Washington.

Pero ¿qué daños directos y colaterales plantea este toque de atención institucional del Supremo a Trump? La espiral es alargada y su fuerza centrípeta podría ser devastadora, con una economía que emite signos de debilidad y unos mercados sumergido en una burbuja tecnológica y en los que se vislumbra otra de corte financiero para avalar las ingentes inversiones en IA. Esta guía ayuda a entender la dimensión de este arrebato autoritario del presidente estadounidense.

El G-7 muestra su malestar

Bruselas activó la alarma primero, al advertir que el nuevo arancel global americano del 10% se suma a gravámenes ya vigentes y empuja a productos como quesos, mantequilla, plásticos, textiles o químicos por encima del techo del 15% pactado en verano en el acuerdo bilateral. La Comisión trasladó a los eurodiputados que esa acumulación vulnera el espíritu --y potencialmente la letra-- del pacto con Washington. La Eurocámara ha suspendido su tramitación, mientras la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, recuerda que la previsibilidad es un valor y ha vuelto a desaparecer y el comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, reclamaba un periodo transitorio de hasta cuatro meses para recalibrar el encaje y dijo confiar en que la Casa Blanca alivie en semanas la lista --que ya engloba más de 400 rúbricas exportadoras-- de derivados sujetos al 50% en acero y aluminio, un irritante punto negro en la relación transatlántica.

Londres también activó su desconcierto, como siempre, con acento propio. El Reino Unido, que disfrutaba de un peaje recíproco del 10% y presumía de su trato preferente, se arriesgaba a ser el mayor perdedor con el techo del 15% que le hubiera restado competitividad exterior dentro de las economías avanzadas. Las Cámaras de Comercio británicas estimaron un sobrecoste de hasta 3.000 millones de libras y un impacto sobre 40.000 empresas, desde el whisky escocés hasta el juguete. El Gobierno insiste en que su “posición privilegiada” debería preservarse y evita hablar de represalias; el sector pide, ante todo, certidumbre. Pero continúan sin estar conformes sin un trato de privilegio arancelario por parte de Trump.

En Tokio, el mensaje es más quirúrgico. Japón reclama que ningún nuevo esquema deje al país en peor posición que la pactada en 2025, cuando aceptó ser un vehículo inversor de 550.000 millones de dólares a cambio de rebajar aranceles -en especial, sobre los automóviles- al 15%. Sobre el papel, nada cambia; en la práctica, la posibilidad de tasas “acumulativas” mantiene en guardia a un socio que depende del motor exportador y que, pese al ruido, descarta reabrir el acuerdo.

México y Canadá: alivio táctico, ventaja indirecta

La exención a los flujos de mercancías que procedan del área USMCA que exige el fallo judicial otorga a México y Canadá un arancel efectivo más reducido y protege a cadenas de valor como las de los sectores de automoción o energético. El Supremo hace prevalecer los términos del tratado firmado por Trump en su primer mandato. Además del alivio directo, la resolución concede a los vecinos de EEUU otra ventaja arancelaria indirecta. Mientras Europa y Asia afrontan un recargo universal del 10% --bajo amenaza del 15%-- los tránsitos USMCA mantienen un trato preferencial que mejora la competitividad de sus firmas exportadoras, incentiva la relocalización productiva en la región y refuerza su poder negociador, aunque bajo la sombra de una eventual revisión del acuerdo.

Los grandes rivales económicos emergentes, triunfadores

Con el arancel del 10%, Brasil mejora en 18,6 puntos sus cargas exportadoras; China, en 12,1 puntos de promedio durante el largo periodo de tregua, según Global Trade Alert. En tanto que India enfoca la anulación del Supremo refuerza su margen negociador para sellar el acuerdo bilateral tácito que rebaja tarifas al 18%. La ganancia competitiva es sectorial: China gana tracción en electrónica y bienes de consumo; Brasil, en agroindustria, proteínas y minerales; India, en bienes farmacéuticos, tecnologías y en componentes de automoción, al consolidar acceso al mercado estadounidense con una menor fricción arancelaria y una mayor previsibilidad contractual.

La primera economía global, en estrecha vigilancia...

El clima económico es menos robusto de lo que sugiere el discurso político de Trump. El PIB del cuarto trimestre remontó en un 1,4% anualizado, lejos del 2,8% previsto y del 4,4% del trimestre precedente. Gran parte de este freno se achaca al cierre parcial del Gobierno, que restó casi un punto porcentual al crecimiento, pero también a un consumo que se desaceleró al 2,4% y al lastre del comercio exterior. En el conjunto de 2025, la economía avanzó un 2,2%, una cifra sólida, aunque en fase descendente.

Tampoco la inflación acaba de dar satisfacciones al equipo económico trumpista. El IPC de enero avanzó otras dos décimas mensuales, hasta el 2,4%, pero la subyacente subió una décima más y los servicios hasta un 0,4%. Para Anna Wong, de Bloomberg Economics, el dato “templado” de enero es una señal de que los efectos de los aranceles aún no se han trasladado plenamente a los precios. A su juicio, si se intensifican en los próximos meses -como espera- los precios podrían rebotar hasta dejar sin margen de maniobra a la Fed para recortar tipos. Un cierto consenso del mercado apunta a que el precio del dinero no se abaratará en EEUU antes del ecuador del año.

La inflación se obceca en dar argumentos a la injerencia de Trump en la órbita monetaria de la Fed y a su insistencia de bajar tipos con los precios holgadamente por encima del 2%.

Para más inri, el mercado laboral contrató en enero solo 69.000 nuevos empleos y su ritmo ha sido menor del previsto en marzo de 2025, antes de iniciarse el año fiscal estadounidense. Ahora se ha constatado que se han generado 650.000 empleos menos de las predicciones anuales.

Raphael Bostic, presidente de la Fed de Atlanta y voz respetada en la institución monetaria de EEUU, es rotundo: la economía sigue siendo “fuerte pero desigual”, con el gasto de los hogares y la actividad empresarial manteniendo un cierto dinamismo que se amortigua con los cambios estructurales que revelan tanto el mercado laboral como las políticas comerciales disruptivas de la Casa Blanca, que añaden complejidad al diagnóstico y a la toma de decisiones de la Reserva Federal.

…con los mercados en máxima alerta

Si la economía americana está sometida a una triple y compleja ecuación (dinamismo, empleo e inflación, los tres factores de vigilancia de la Fed) la atmósfera inversora está acorralada por una doble burbuja especulativa. La ya consabida sobre los valores IA, que rememora el ambiente previo a la crisis de las puntocom de 2000. Y otra, más soterrada, insuflada por una intensa concesión de préstamos que empieza a preocupar a figuras emblemáticas como Jamie Dimon, CEO de JP Morgan, quien no duda en tildar de “fiebre”, como la del trienio que antecedió al colapso crediticio de 2008, la propensión al préstamo. En especial, para cubrir las extraordinarias inversiones en IA.

Déficit, deuda, bonos añaden presiones subrepticias

Brad W. Setser, analista en el Council on Foreign Relations (CFR), sostiene en su análisis “Trade, Tariffs, and Treasuries: The Hidden Cost of Trump’s Protectionism” que los aranceles americanos introducen “un riesgo sistémico” en el mercado de deuda estadounidense. Con un déficit cercano al 6% del PIB y 1,8 billones de dólares en 2025, el aumento estructural de las emisiones de bonos presiona la oferta del Tesoro. Y los aranceles --que elevaron la recaudación aduanera hasta los 195.000 millones-- dejarán ahora de mitigar marginalmente esa necesidad.

En cualquier caso, la recaudación arancelaria tampoco compensaba -como insistió Trump- las rebajas fiscales de su rimbombante OBBB (The One, Big, Beautiful Bill Act) que podría añadir 3,4 billones al desequilibrio fiscal americano en diez años. Cantidad similar al PIB de Francia.

En medio de episodios --hasta ahora puntuales, pero ya de cierta intensidad en Europa y Asia-- de estrategias inversoras Sell US con ventas masivas de bonos, acciones y rotaciones de carteras en contra del dólar, que sigue de capa caída, y con una deuda astronómica, que supera la barrera de los 38 billones y que ha obligado a la Oficina Presupuestaria del Congreso a reavivar el debate sobre un posible doom loop fiscal. Término que viene a significar círculo vicioso y que, dentro de la jerga neoliberal, sirve para detectar fuertes exposiciones de bancos al riesgo soberano del país en el que operan mayoritariamente. Pero que, cuando se trata de economías emergentes o en desarrollo, no tardan en identificar con políticas económicas de corte populista.

En EEUU, mercado al que el triunvirato de agencias de rating (S&P, Moody’s y Fitch) le rebajó su calificación en 2025, han surgido varias quiebras durante el último bienio de bancos de mediana dimensión.

Phillip Swagel, director de la oficina del Congreso recordó que los pagos netos de intereses del Tesoro pasarán del 1 billón de dólares de este año a los 2,1 billones en 2036, el 4,6% del PIB. Un salto de costes que, para Jim Reid, de Deutsche Bank, “es de tamaño colosal” que acabará por constreñir la política fiscal y activar el sensor inversor ante cualquier desvío presupuestario.

La suerte de Donald Trump está cambiando. Bastante rápidamente, además. Sigue dominando la escena, sin duda, mientras su gran rival potencial, China, el único país que podría frenar en seco a Estados Unidos, se mantiene en un segundo plano, no sin renunciar a sus objetivos y estrategias. Trump marca la pauta. Pero a base de incertidumbre e inestabilidad y, lo que es peor para su país, cada vez más a sus expensas, con costes crecientes para EEUU.

Esta semana el Financial Times lo advertía sin ambages: “Trump se ha divertido jugando con los aranceles. Ahora ha llegado la hora de pagar”. Y ese diario añadía que, al menos en una primera fase, la deuda que comporta la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU, el más duro varapalo recibido hasta ahora por el presidente, asciende nada menos que a 160.000 millones de dólares. Y aunque con miles de impugnaciones y de litigios en los tribunales, esa cantidad se terminará pagando, en opinión de los expertos. Con las consecuencias, graves, que ello supondrá para las cuentas públicas norteamericanas.

Es difícil saber el coste económico, que lo tiene, de otro de los grandes fracasos de Trump: el de su política de represión masiva y cruel de la inmigración. Tras una resistencia activa y militante de una buena parte de la población de Minneapolis —en donde esa represión se había mostrado particularmente cruel y asesina— Trump tuvo retirar de la ciudad a buena parte del tristemente famoso cuerpo de ICE y reconocer, sin decirlo, claro está, que su política ha fracasado.

Ahora solo falta ver si ese error clamoroso, que toda la población estadounidense ha seguido al detalle, tendrá consecuencias en noviembre, en las cruciales elecciones de medio mandato. En estos momentos los sondeos no le son favorables, pero las diferencias a favor de su rival, el Partido Demócrata, son demasiado pequeñas como para que nadie se atreva a hacer pronósticos.

El único capítulo de su nutrido repertorio de grandes iniciativas, sobre todo en el ámbito internacional, en el que no le ha ido mal ha sido el del ataque contra Nicolás Maduro. En una acción de la que Trump está muy orgulloso, y que ha sido valorada muy positivamente por su brillantez por expertos militares, los norteamericanos secuestraron al presidente venezolano y lo mandaron a Estados Unidos. Y allí espera una fuerte condena o un indulto. Pero su régimen, todos sus subordinados, empezando por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, siguen siendo los que mandan en Venezuela, a cambio de entregar la llave del petróleo a las empresas norteamericanas, coordinadas por Trump. En definitiva, nada de política internacional y todo de negocio puro y duro.

Cuba no tiene petróleo. Es más, lleva mendigándolo por todo el mundo desde que hace mes y medio dejó de llegarle el venezolano. Pero tiene una capacidad de resistencia histórica a que EEUU colonice de una u otra manera la isla. Marco Rubio, ministro de Exteriores de Trump e hijo de cubanos, lo ha debido comprender y ha conseguido alejar de la Casa Blanca la tentación de hacerse con el poder en Cuba aprovechando la extrema debilidad en que las dificultades económicas lo han colocado.

“Cuba necesita cambiar, pero no tiene que cambiar de golpe”, ha dicho, en efecto Marco Rubio, según recoge el New York Times. “No tiene que cambiar de la noche a la mañana. Aquí todos son maduros y realistas”. Esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, pero esas palabras son alentadoras. Sin embargo, hay que añadir que las soluciones que sean tendrán que llegar pronto. Porque en la isla empieza a haber hambre.

El otro asunto de esta semana —así como de la anterior, y de la anterior— es la posibilidad de un ataque norteamericano a Irán. Los especialistas dicen y se contradicen sobre la posibilidad, o no, de que este se produzca finalmente. La cosa va por días y humores. Hay quien subraya que el despliegue militar estadounidense en la región es el mayor desde el de la primera guerra de Irak. Por el contrario, otros ponen el acento en que las delegaciones de ambos países siguen negociando la reducción del programa nuclear iraní y subrayan que esas conversaciones van bastante bien. De momento, EEUU ha recomendado a sus ciudadanos en Israel que salgan del país y China ha hecho lo mismo con los que están en Irán.

Al tiempo se consolida la impresión de que el régimen de los ayatolás prefiere soportar los costes de una invasión, que ellos creen que no conseguiría echarlos del poder, por brutal que fuera, que hacer concesiones humillantes a Estados Unidos e Israel. Y esta es la opinión de una articulista del Financial Times: “La incógnita de todo esto sigue siendo la propia mente de Trump. A menos que se le asegure un éxito rápido que no ponga en riesgo vidas estadounidenses ni aumente los precios de la gasolina, aún podría conformarse con mucho menos que el acuerdo nuclear de 2015. Con una redacción creativa, podría declarar triunfalmente que Teherán capituló bajo la presión de la armada que envió a Oriente Medio”.

Está claro que a Trump se le empieza a perder hasta el respeto. Y si se habla de Ucrania, aún más. Porque allí la guerra que Trump dijo que arreglaría en dos días sigue enquistada y sus derivadas amenazan no solo la estabilidad de toda la zona, sino hasta los equilibrios europeos. “Putin quiere la guerra. Trump no se sabe lo que quiere”, dicen esta semana varios periódicos de nuestro continente.

El otro día vino mi marido del supermercado de al lado de mi casa hecho una furia. El hombre venía enfadado, con razón, porque le habían cobrado $10 dólares (unos €8.50 euros) por un tarro de mermelada de fresa. 

Asustada, le pregunté si la mermelada traía pepitas de oro o un Ferrari de regalo. Pero no, la respuesta era otra: la confitura era importada. Para más inri, hecha en Francia.

Y es que, a pesar de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha descabalgado la política arancelaria del presidente Trump, y anulado la mayoría de las tasas impuestas a importaciones, el mandatario no se da por vencido. Trump ha anunciado nuevas políticas restrictivas al comercio internacional, como un arancel global del 10 al 15% o incluso “mucho más alto” para países que “se anden con juegos”. 

Por su parte, Bruselas pide total claridad a las autoridades estadounidenses, porque no sabemos cuánto cobrarle a la gente, y así nos pasa, que al final estamos pagando la mermelada a precio de jamón de pata negra. 

A ver, está feo decir que os lo dije, pero creo que es buen momento de sacar a relucir este artículo titulado Arancelé, ¡já!, de qué, en el que ya avisaba yo hace casi un año que esto de los impuestos a la importación iba a ser un despiporre. 

Si a los republicanos les quedaba alguna esperanza de continuar controlando las cortes en Estados Unidos después de las elecciones de noviembre de 2026, intentar pasar los aranceles por el Congreso acabaría con ellas. Por eso Trump seguramente haga lo que hace siempre: maniobras de distracción para que se nos olvide esta derrota política

Ahora sin bromas: que el Tribunal Supremo de mayoría conservadora en el que Trump ha puesto ya a dos miembros vitalicios haya tumbado sus aranceles es muy significativo. Primero, nos dice que las instituciones democráticas de este país y su separación de poderes siguen funcionando a pesar de los ataques del autoritarismo. 

Segundo, pone de relieve uno de los mayores defectos de esta segunda legislatura de Trump que es la de gobernar por decretazo, es decir, a través de órdenes ejecutivas que no tienen respaldo de las cortes legislativas. 

Esto no quiere decir que el gobierno actual no esté haciendo todo lo posible para desestabilizar las instituciones democráticas y del propio gobierno federal, que sí, sino que lo están haciendo de la manera más fácil, sin tener que negociar con los republicanos en el Congreso. Pero sí significa que el próximo presidente podrá deshacer muchos de estos cambios tan rápido como han llegado. 

Tercero, a partir de ahora Trump no puede ignorar al Congreso, ya que la sentencia del Tribunal Supremo lo que ha venido a decir es: sí a los aranceles, pero los tienes que pasar por la rama legislativa. 

Esto último va a ser un problema para el partido Republicano si Trump se empeña en hacer los aranceles ley, puesto que muchos senadores y congresistas de este partido tienen que ser reelegidos este 2026 en las elecciones de medio término. Y a nadie se le escapa que los aranceles son muy impopulares, incluso entre los partidarios más incondicionales de Trump. 

Si a los republicanos les quedaba alguna esperanza de continuar controlando las cortes en Estados Unidos después de las elecciones de noviembre de 2026, intentar pasar los aranceles por el Congreso acabaría con ellas. Por eso Trump seguramente haga lo que hace siempre: maniobras de distracción para que se nos olvide esta derrota política. 

Mientras, en los supermercados de Estados Unidos, los consumidores (de tostadas con mantequilla y mermelada, entre otros) seguiremos pagando el pato de los aranceles.

El Parlamento Europeo ha decidido este lunes retrasar la votación sobre el acuerdo de comercio que firmaron el pasado verano la Unión Europea y Estados Unidos. El caos de anuncios y decisiones que ha adoptado el presidente de EEUU, Donald Trump, tras la decisión del Tribunal Supremo de su país de tumbar su política de aranceles ha provocado la confusión e incertidumbre en todo el mundo. Ya es la cuarta vez que los parlamentarios europeos deciden retrasar su votación sobre un acuerdo comercial que en muchas capitales europeas fue asumido como una humillanción.

El presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, socialdemócrata, ha comentado que se anulaba este punto del orden día hasta tener más certidumbres sobre los nuevos pasos a dar. El europarlamentario ha confirmado que “habrá una reunión el miércoles que viene” donde se volverá a tratar el acuerdo que firmaron Ursula Von der Leyen y Donald Trump en Turnberry (Reino Unido).

La decisión de la Eurocámara llega después de que la Comisión Europea lanzará este domingo un comunicado en el que exigía a Estados Unidos “claridad total” sobre las medidas que va a tomar tras la sentencia del Tribunal Supremo de ese país que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El presidente de EEUU en respuesta anunció un arancel global del 15% a todos los países. La posición de Bruselas es clara: “Un acuerdo es un acuerdo”, respecto al tratado comercial, que algunas capitales europeas consideraron humillante, acordado por Von der Leyen y Trump el verano de 2025.

Un portavoz de la Comisión Europea ha insistido este lunes que la Unión Europea mantiene la contundencia de su posición sobre el acuerdo de comercio con Estados Unidos: “Lo más importante, diría yo, son cinco palabras: ‘un acuerdo es un acuerdo’. Ambas partes han acordado y tienen el deber de cumplir su parte del acuerdo que hizó la UE con Estados Unidos”.

“Ahora simplemente le estamos diciendo a Estados Unidos que depende de ellos mostrarnos claramente qué camino están tomando para cumplir el acuerdo”, han insistido desde la Comisión Europea.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha apuntado que en la reunión del G7 por videoconferencia había planteado sobre la última novedad en nuestras relaciones con EE. UU que “la estabilidad y la previsibilidad son prioritarias para nuestras empresas” y reiteró que “se debería respetar” el acuerdo comercial entre EEUU y la UE, por lo que se mantenía en contacto con el resto de responsables comerciales de los grandes bloques y países “para obtener garantías”.

La vicepresidenta de la Comisión Europea de Competencia, Teresa Ribera, dijo que Europa “merece un respeto” ante los desplantes de Trump. “Europa nunca ha pretendido escalar ni provocar ningún conflicto (...) Creo que Europa debe defender sus intereses. Me parece que nosotros no podemos ni ofender ni ser ingenuos, y merecemos un respeto”, dijo en declaraciones a EFE.

Confusión en el mundo por los cambios de Trump

La confusión se ha apoderado de las capitales mundiales tras los anuncios y cambios de política que ha desplegado Trump tras la decisión de su país de tumbar los aranceles. Trump redobló su pulso al Tribunal Supremo de EEUU y este sábado afirmó que subía del 10% al 15% el arancel global.

“Basándome en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer, tras muchos meses de deliberación, por el Tribunal Supremo, por la presente declaro que yo, como presidente de los Estados Unidos de América, voy a aumentar, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% a los países, muchos de los cuales han estado 'estafando' a EEUU durante décadas, sin represalias (¡hasta que yo llegué!), al nivel del 15%, totalmente permitido y legalmente probado”, afirmó el presidente de EEUU.

La posición del presidente de EEUU ha enervado incluso a sus aliados tradicionales en la UE. Es el caso de la Italia de Georgia Meloni, ya que su ministro de Exteriores, Antonio Tajani, ha hecho un llamamiento a Estados Unidos en la reunión del G7 sobre comercio internacional. “Necesitamos claridad, saber exactamente cuál es la propuesta, qué pretenden hacer con el acuerdo alcanzado e incluso la sentencia del Tribunal Supremo es confusa, por ejemplo, respecto a la posible cuestión de la compensación”, ha comentado Tajani.

El Gobierno alemán explicó que el canciller, Friedrich Merz, tratará la cuestión comercial la próxima semana durante su viaje a Washington. “El canciller viajará a Estados Unidos para una visita bilateral por invitación del presidente estadounidense. Este tema, por supuesto, estará en la agenda. Tal vez el viaje llegue en un momento oportuno para hablar directamente con el presidente, con una posición coordinada de la Unión Europea (UE), sobre los próximos pasos”, dijo el portavoz del Gobierno alemán.

No hay solo confusión en la UE. La ministra india de Finanzas, Nirmala Sitharam, ha anunciado que La India y Estados Unidos han aplazado este lunes las conversaciones previstas para cerrar su acuerdo comercial provisional, después del reciente fallo del Tribunal Supremo estadounidense sobre la política arancelaria del presidente Donald Trump. “El Ministerio de Comercio está revisando la situación y la delegación deberá decidir cuándo se iniciarán nuevas negociaciones”, dijo Sitharam.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arremetió contra el proteccionismo durante su visita de Estado a Corea del Sur. Lula cuestionó el giro hacia políticas restrictivas en la economía global, señalando que el regreso al proteccionismo “no tiene justificación”, sin aludir directamente a Trump.

La historia reciente de India presenta sobradas muestras para argumentar un relato de éxito. En su currículum, la nación con una mayor acumulación demográfica (1.454 millones de habitantes, según los últimos censos oficiales) deja constancia del salto hacia la prosperidad. Delhi progresa adecuadamente desde que en 2014 Narendra Modi se hiciera con las riendas del otro gigante asiático. Tan solo en dos ejercicios —2019 y 2020, el previo y en el que emergió la Gran Pandemia— de su triple mandato presidencial, el PIB indio se quedó por debajo del 5% de crecimiento anual.

Esta prolongada etapa de bonanza, que arrancó realmente a finales de los noventa, ha enterrado su tradicional concepción de economía sumergida, con dosis de proteccionismo y una estructura estatal excesivamente burocrática, lenta e ineficaz e incapaz de alcanzar un ritmo de crecimiento que permitiera suprimir estratos de pobreza y de atender las demanda técnico-profesionales de una gigantesca población joven, ha empezado a dar sus frutos. India acaba de superar —a finales de 2025— a Japón como cuarto PIB mundial. Apenas un año y medio después del sorpasso sobre Reino Unido. Mientras, se aproxima irremediablemente al alemán; ambos, ya por encima de los 5 billones de dólares; aunque el germano sin acabar de salir de la recesión y el indio navegando en tasas del 7%.

Por si fuera poco, un año antes, en 2024, su principal parqué bursátil, la National Stock Exchange (NSE) de Mumbai sobrepasó al de Hong-Kong como cuarto centro financiero internacional, con una capitalización que ha ido creciendo curiosamente al mismo ritmo y volumen productivo del PIB indio. Hasta rozar los 5 billones de dólares.

Pero, ¿cómo han forjado los gobiernos de Modi esta coraza a prueba de tensiones geopolíticas y disrupciones económicas globales? Gran parte de la explicación surge de su táctica contracíclica. En una globalización fragmentada, con el retorno de aranceles que frenan la libre circulación de mercancías y servicios, cadenas de valor y suministro en estado de alteración permanente y la búsqueda del santo grial tecnológico en una desaforada carrera contrarreloj por lograr el cetro de la IA, Delhi ha optado por presentarse como un socio fiable en un mundo crispado y cada vez más conflictivo. Nadando contra corriente, India se comporta como una potencia sistémica, con una capacidad sin parangón para albergar el Sur Global, sin dejar de ganar influencia entre las potencias industrializadas y, por supuesto, ocupando su lugar entre los BRICS emergentes. Y lo que resulta, incluso, todavía más inaudito: con vitola de nación tecnológicamente avanzada y en el pelotón de cabeza de la IA.

Los recientes acuerdos con la UE —de libre comercio— y con EEUU —arancelario y con compromisos de inversión en suelo americano, bajo coacciones y amenazas, pero con unas ostensibles rebajas de peajes aduaneros, desde el 50% del verano, al 18% actual— son un buen botón de muestra de la funcionalidad operativa con la que actúa Modi. Su declarada intención es que India demuestre habilidades para obtener el reconocimiento de economía de mercado y de primer nivel. No por casualidad el jefe del Estado galo, Emmanuel Macron, y el presidente español, Pedro Sánchez —o el canadiense Mark Carney— se han apresurado a visitar a su homólogo indio atraídos por los nichos de negocio que aparecen desde hace años y por la cumbre global de IA (India AI Impact Summit) en la capital india. Precisamente para relanzar la imagen innovadora y las ambiciones globales del país tras un año turbulento.

Hace seis meses, Modi lidiaba con las embestidas dialécticas de Donald Trump a cuenta de unos aranceles recíprocos del 50% que buscaban acabar con el tráfico petrolífero entre Rusia e India y las tensiones militares con Pakistán —ambas, potencias nucleares oficiales— mientras surgían las primeras dudas serias sobre el poderío productivo indio.

Sin embargo, la cita de la IA no es solo un señuelo para autoridades internacionales. También es un foco de atracción de big techs. Ante un selecto grupo de consejeros tecnológicos mundiales, Modi defendió que el salto hacia el algoritmo inteligente no se salga de los cauces democráticos, ni que la IA se desligue de un Internet seguro, inclusivo y orientado a las personas. Más allá de los puntos de conexión con la cúpula empresarial presente en la cumbre de Delhi, que giraron en torno a la convicción de que la IA es el campo competitivo que mueve la geoestrategia global, el presidente indio encontró el respaldo de Macron, Carney y Sánchez al espetar que la sociedad global aún conserva margen para decidir las reglas del juego en las que esta tecnología debería operar en su camino de transformación de la vida cotidiana y laboral de las personas.

Reformas internas con proyección exterior

El presidente indio conoce con precisión este terreno. No en vano, su ajustado triunfo electoral de 2024 le ha llevado a impulsar reformas laborales y fiscales para sustentar un dinamismo que supere el 7% y que le permita despejar la gran asignatura pendiente del país: reducir las elevadas ratios de pobreza. La renta per cápita sigue anclada más allá de los 100 primeros peldaños de la escala global que determina el FMI y la calidad institucional dista todavía de los estándares de las economías avanzadas. Además, persisten otros puntos negros: El sistema eléctrico —crucial para sostener la industria y los avances digitales— carece de una red de distribución homogénea por todo el territorio y muestra brechas de suministro.

Sin embargo, aún están en cartera cambios en el mercado laboral, en la regulación financiera o en la normativa sobre inversión extranjera, que sigue acudiendo en masa aunque sin suficientes garantías de estancia, así como una redefinición de los incentivos productivos a la industria y a la modernización de la red de infraestructuras físicas —energéticas y de transporte, esencialmente— y digitales, dirigidas a configurar un entorno más predecible para el capital.

Pero, aun así, el nacionalismo que impregna el alma política de Modi se aleja de casi cualquier vestigio proteccionista. Su modelo de liderazgo continúa apostando por abrirse al mundo, por no quedarse atrás en el orden global y por activar todas las teclas posibles de prosperidad. Bajo estas premisas se entiende su intención, declarada en la cumbre de Delhi, de que India aspira a ser la “fábrica de casos de uso” de la IA, del mismo modo que fue la oficina trasera del mundo en la era del software y sus servicios informáticos. Sin dominar la tecnología, sino más bien, con un claro intento de domesticarla en su reto de escalarla hasta su cima. O, dicho de otro modo: “sin soluciones excesivamente caras o energéticamente intensivas”, precisó.

Las réplicas empresariales, al menos desde la perspectiva retórica, fueron conciliadoras. Como era de esperar, las visiones de los jerarcas tecnológicos tuvieron un aroma optimista, pero con admisión de dudas y asunción de advertencias. Demis Hassabis, cofundador y CEO de Google DeepMind, definió la IA como una revolución comparable al descubrimiento del fuego o de la electricidad, “potencialmente diez veces más rápida que la industrialización” y con visos de que su versión general esté universalmente asentada en un horizonte de cinco años. Sin embargo, insistió en la necesidad de “construir guardarraíles” sólidos y en seguir acudiendo a la ciencia y a los avances médicos como vías para inaugurar “una nueva edad dorada del conocimiento”.

En parecidos términos se manifestaron Sundar Pichai, CEO de Alphabet y máximo responsable de su estrategia global, que reclamó “más cooperación entre líderes tecnológicos” para afrontar una carrera desaforada y que “pudiera parecer” un coto privado para las big techs, sin estándares compartidos y con incentivos puramente competitivos que pudieran llegar a generar amenazas sistémicas. O Dario Amodei, dueño de Anthropic, uno de los unicornios más emblemáticos de la IA, quien hizo hincapié en la estrategia pionera de India como defensora de “una IA más inclusiva para el Sur Global”.

Entretanto, Nvidia anunciaba varias alianzas con firmas indias para desplegar centros de datos con sus chips más avanzados, reforzando así la idea de que India no solo quiere debatir sobre IA, sino convertirse en un nodo operativo clave de su adopción global. Y Apple ya fabrica cerca de la quinta parte de sus iPhones en estados indios como Tamil Nadu o Karnataka, después de un año de traslados de sus cadenas de valor desde China por el recrudecimiento de los vetos cruzados entre ambas superpotencias en el terreno tecnológico y en el negocio de los chips.

Mucho más que la otra fábrica asiática mundial

Sin embargo, como subraya Arvind Subramanian, analista en el Peterson Institute for International Economics, el verdadero giro estratégico del país no está tanto en la tecnología punta como en la apertura comercial que la hace viable. En una reciente tribuna en The Economist, defiende los acuerdos con Europa y EEUU, porque “pueden convertir a India en una de las economías más abiertas del mundo si utiliza —como pretende—, ese aperturismo multilateral como palanca para transformar su estructura productiva y absorber tecnología a gran escala”.

Precisamente este marco de actuación es el que explica la aproximación india a la IA, que Delhi entiende como una revolución que no se decidirá solo en los laboratorios, sino en la adopción masiva de sus servicios. Con casi 900 millones de usuarios de internet, decenas de lenguas y una economía llena de fricciones, India es un banco de pruebas ideal para aplicaciones de bajo coste y que busquen elevados impactos sociales. Desde asistentes de voz en amplias gamas de idiomas hasta herramientas de educación, sanidad, agricultura o atención al cliente, las empresas indias están demostrando una notable capacidad para “aterrizar” la IA en problemas cotidianos. Es la potencia bisagra de la IA en un mundo fragmentado, resume Subramanian. Con su reto de crear una IA “no alineada”.

No obstante, la entente con EEUU, está lejos de ser cordiale. “Ha servido —advierte el politólogo Sumit Ganguly en Foreign Policy— para frenar una escalada arancelaria, pero difícilmente bastará para recomponer una relación estratégica dañada”. A su juicio, este reencuentro responde más a una lógica transaccional que a una restauración de la confianza mutua. Para Delhi, “el alivio frente a los aranceles impuestos por Trump es tangible y para Washington, corrige parcialmente desequilibrios comerciales”. Pero el trasfondo político sigue enrarecido por la aproximación de la Casa Blanca a Pakistán tras el conflicto de Cachemira [en 2024], por un lado, y la percepción, ampliamente extendida en India, de la imprevisibilidad estratégica de EEUU, por el otro.

Ganguly recuerda que los lazos bilaterales habían avanzado de forma correcta desde finales de los noventa con hitos como el acuerdo nuclear civil de 2008 y la designación de India como “socio mayor de defensa”, hasta la llegada de la versión Trump 2.0, que ha activado viejos recelos de la Guerra Fría. En ese contexto, “el acuerdo comercial puede evitar un deterioro mayor, pero no borrar la desconfianza acumulada ni facilitar, al menos a corto plazo, una expansión ambiciosa de los intercambios bilaterales de mercancías”.

En McKinsey, por su parte, hacen una lectura más estructural del potencial indio. En un análisis sobre su futuro económico, la consultora identifica a India como uno de los grandes motores del crecimiento global el próximo decenio, sobre un modelo productivo asentado en cuatro pilares: la urbanización, la digitalización, las manufacturas avanzadas y la transición energética. Con esta hoja de ruta ya en marcha —insisten sus expertos— India busca diversificar sus socios exteriores y reducir así sus dependencias, apoyándose en su mercado interno y en reformas de largo plazo.

Anu Madgavkar, socia del McKinsey Global Institute, sintetiza la actual etapa de esplendor indio de manera elocuente: “La apertura de la cuarta economía global al comercio, al capital y al boom de la tecnología, apoyada en su escala digital y su talento, la sitúa en una posición única para convertir la innovación en crecimiento sostenido y su visión multilateralista en una estrategia de amplia relevancia global”.

La Comisión Europea pidió este domingo a Estados Unidos “claridad total” sobre las medidas que va a tomar tras la sentencia del Tribunal Supremo de ese país que invalida la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump, quien en respuesta anunció un arancel global del 15% a todos los países.

“La Comisión Europea solicita claridad total sobre las medidas que Estados Unidos pretende tomar tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional”, dijo el Ejecutivo europeo en un comunicado.

La situación actual, según la Comisión, “no favorece la realización de un comercio e inversión transatlántico 'justos, equilibrados y mutuamente beneficiosos', como acordaron ambas partes”.

La nueva tasa del 15% —inicialmente del 10%— fue la respuesta de Trump al fallo de la Corte Suprema de EEUU, que tumbó gran parte de su política arancelaria al considerar que se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el magnate estadounidense para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano.

Con el objetivo de minimizar los efectos de los aranceles y evitar una guerra comercial, Bruselas y Washington firmaron en verano un acuerdo por el que la Unión Europea (UE) aceptó un gravamen general del 15% y que EEUU exportase al bloque sus bienes industriales libres de aranceles.

En su comunicado de hoy, el Ejecutivo europeo insistió en que “siempre garantizará que los intereses de la Unión Europea estén plenamente protegidos. Las empresas y exportadores de la UE deben tener un trato justo, previsibilidad y seguridad jurídica”.

Asimismo, Bruselas señaló que “un trato es un trato” y que, como mayor socio comercial de Estados Unidos, “espera que cumpla sus compromisos establecidos en la Declaración Conjunta, así como la UE mantiene sus compromisos”.

La Comisión exigió que los productos de la UE “deben seguir beneficiándose del trato más competitivo, sin aumentos de aranceles más allá del límite claro e inclusivo previamente acordado”.

También reiteró que aplicadas “de forma impredecible”, estas medidas “son inherentemente disruptivas, minando la confianza y la estabilidad en los mercados globales y generando aún más incertidumbre en las cadenas de suministro internacionales”.

Finalmente, el Ejecutivo comunitario aseguró que mantiene un contacto “estrecho y continuo” con la Administración estadounidense y señaló que el comisario de Comercio de la UE, Maroš Šefčovič, habló con el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, y el Secretario de Comercio, Howard Lutnick, este mismo sábado.

“Seguiremos trabajando para reducir los aranceles, tal y como se establece en la Declaración Conjunta. La prioridad de la UE es preservar un entorno comercial transatlántico estable y predecible, al tiempo que actúa como ancla global para el comercio basado en normas”, apuntó el comunicado.

En el aire la ratificación del acuerdo con EEUU

Una gran mayoría de productos europeos están sujetos a un arancel del 15% en EEUU, pero la UE aún no aplica el 0% a los bienes estadounidenses porque el Parlamento Europeo todavía no ha ratificado el acuerdo.

La comisión de Comercio de la Eurocámara, que tiene previsto votar el pacto entre Bruselas y Washington el próximo martes, decidió convocar a los eurodiputados este lunes a una reunión para analizar las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU.

De hecho, el jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, dijo este domingo que propondrá a los eurodiputados suspender el proceso de ratificación del pacto comercial entre Bruselas y Washington tras el anuncio del presidente estadounidense.

“Puro caos aduanero por parte del Gobierno estadounidense. Ya nadie entiende nada: solo hay preguntas sin respuesta y una incertidumbre creciente para la UE y otros socios comerciales de EEUU”, señaló el socialdemócrata alemán en redes sociales.

El eurodiputado añadió que el próximo lunes propondrá a los negociadores de la Eurocámara “que suspendan los trabajos legislativos” hasta disponer “de una evaluación jurídica exhaustiva y de compromisos claros por parte de Estados Unidos”.

Lange considera que “las condiciones del Acuerdo de Turnberry y la base jurídica sobre la que se construyó han cambiado” y se pregunta además si los nuevos aranceles suponen “un incumplimiento del acuerdo” entre ambos socios.

“En cualquier caso, nadie sabe si EEUU lo respetará, ni siquiera si será capaz de hacerlo. Antes de dar nuevos pasos, es necesario aportar claridad y seguridad jurídica”, añadía.