Normas de hace décadas o nunca utilizadas: en qué leyes se basa Trump para mantener viva su guerra arancelaria global

Rebuscando debajo de las piedras de la legislación comercial estadounidense para mantener viva la guerra comercial de Donald Trump con el mundo. Y todo ello en un momento en el que el barril de Brent ha vuelto a los 100 dólares por la guerra en Irán, el bloqueo del estrecho de Ormuz y el regreso de las hostilidades al Mar Rojo.

Tras el varapalo del Tribunal Supremo a los aranceles generalizados del presidente de EEUU, por usar de manera indebida la ley de emergencia nacional, Donald Trump ha dado una vuelta de tuerca a las leyes estadounidenses para seguir recaudando los ingresos procedentes de los aranceles. Y este jueves ha anunciado el recurso a la sección 301 de Ley de Comercio, alegando la defensa del trabajo infantil, para imponer aranceles a más 80 países, incluida España y la UE, entre el 10% y el 12,5%.

Primera reacción: la Sección 122 de la Ley de Comercio

Tras el varapalo de la Corte Suprema, Trump recurrió inicialmente a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para imponer aranceles globales del 10%.

No obstante, dicha sección solo autoriza la aplicación de aranceles durante 150 días, salvo prórroga del Congreso, y los aranceles de Trump vencían este viernes, 24 de julio.

El Congreso podría haber prorrogado estas medidas, pero pesan mucho las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre y el descontento entre los votantes por el elevado coste de la vida.

El uso de la Sección 122 por parte de Trump también ha sido objeto de impugnaciones legales. Un grupo de pequeñas empresas y una coalición de estados demandaron a la Administración, alegando que el Gobierno no cumplía con los estrictos criterios de la ley. En mayo, la mayoría de los jueces de un tribunal federal de comercio les dio la razón, lo que infligió a Trump su segunda gran derrota judicial en materia de aranceles.

La Administración apeló la decisión, y los tribunales han permitido al Gobierno seguir recaudando el impuesto del 10% sobre las importaciones mientras avanza el proceso de apelación.

La Sección 301, más duradera

La Administración dispone de opciones más duraderas: la Sección 301 de esa misma Ley de Comercio de 1974 permite al presidente imponer aranceles y otras sanciones a países que incurran en prácticas comerciales “injustificadas”, “irrazonables” o “discriminatorias”.

Así, este jueves la Administración Trump ha anunciado que la Oficina del Representante Comercial de EEUU, Jamieson Greer, inició una investigación para determinar qué países han incurrido en una sobreproducción de bienes, lo que presiona los precios a la baja y coloca a las empresas de EEUU en desventaja en los mercados mundiales.

Greer señaló que podrían surgir investigaciones adicionales bajo la Sección 301 sobre cuestiones como los impuestos a los servicios digitales, los precios de los productos farmacéuticos y la contaminación oceánica, entre otras posibilidades.

Trump utilizó la Sección 301 para imponer aranceles elevados a China durante su primer mandato y está recurriendo a ella de nuevo, como ocurrió recientemente, a última hora del miércoles, al anunciar aranceles del 25% a ciertas importaciones brasileñas tras acusar a la undécima economía mundial de incurrir en diversas prácticas comerciales desleales.

El Departamento de Comercio lleva a cabo investigaciones comerciales independientes al amparo de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962.

La Sección 301 otorga al presidente la facultad de imponer —y ajustar— aranceles en respuesta a las prácticas comerciales de otros países.

No obstante, la Administración debe cumplir primero con ciertos requisitos procedimentales, como recabar comentarios y celebrar audiencias. No existen límites para los aranceles de la Sección 301. Aunque expiran al cabo de cuatro años, pueden renovarse.

Trump puede modificarlos —siempre que supere los trámites procedimentales pertinentes—, pero no tiene la libertad de imponerlos, subirlos o bajarlos arbitrariamente, como solía hacer con los aranceles basados en la ley IEEPA.

La Administración Trump ha recurrido a dos importantes investigaciones bajo la Sección 301 en su campaña para compensar la pérdida de ingresos arancelarios.

Una de ellas acusa a 60 países —que representan el 99% de las importaciones estadounidenses— de no tomar medidas suficientes para combatir las importaciones derivadas del trabajo forzoso.

La otra investiga si 16 socios comerciales de EEUU (incluidos China, la Unión Europea y Japón) están sobreproduciendo bienes, lo que reduce los precios a nivel mundial y coloca a los fabricantes estadounidenses en desventaja.

La administración ya ha decidido qué medidas tomar respecto a la cuestión del trabajo forzoso. El mes pasado, invocando la Sección 301, el Representante Comercial de EEUU, Jamieson Greer, propuso aranceles —del 10% para 16 países y del 12,5% para otros 44— que son iguales o ligeramente superiores a los gravámenes del 10% de la Sección 122 a los que sustituirían. Sin embargo, la oficina de Greer aún está recibiendo comentarios públicos sobre los aranceles propuestos y todavía no los ha implementado.

La Sección 338, de 1930

A principios de esta semana, la Administración también recurrió a otra ley comercial poco conocida cuando Trump firmó órdenes para imponer un arancel del 50% a exportaciones canadienses por valor de miles de millones de dólares. Dicha ley, la Ley de Aranceles de 1930 —también conocida como ley Smoot-Hawley—, fue redactada por el Congreso para proteger a las empresas estadounidenses al inicio de la Gran Depresión, aunque muchos historiadores consideran que, en realidad, agravó la crisis. La Sección 338 de la ley, a la que acudió la Administración, nunca se había utilizado para imponer aranceles.

Al imponer impuestos a la importación sobre productos que van desde el vino hasta el cemento y el equipo de hockey sobre hielo, Trump invocó la Sección 338, que le permite al presidente imponer aranceles punitivos de hasta el 50% contra socios comerciales que, a su juicio, hayan discriminado a los productos estadounidenses. Esta medida marcó la primera vez que se utiliza dicha ley en casi un siglo de existencia.

La Ley Arancelaria de 1930 y su Sección 338 son más conocidas por los enormes aumentos arancelarios de EEUU y las consiguientes represalias que, según los historiadores económicos, agravaron la Gran Depresión de la década de 1930.

La Sección 338 tenía como objetivo garantizar que los países aplicaran aranceles de manera equitativa y no otorgaran tasas preferenciales a algunas naciones en detrimento de las exportaciones estadounidenses.

Algunos presidentes, incluido Franklin D. Roosevelt, consideraron imponer aranceles bajo la Sección 338, pero no se hallaron registros de que ningún mandatario hubiera tomado tal medida hasta los anuncios realizados por Trump el lunes.

Tras la Segunda Guerra Mundial, las principales naciones establecieron el sistema arancelario de “nación más favorecida” a través del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), con el fin de evitar el retorno a las políticas económicas de “empobrecimiento del vecino” —características de la preguerra—, marcadas por restricciones comerciales competitivas y devaluaciones monetarias.

Los nuevos aranceles de Trump entrarán en vigor el 19 de agosto y se aplicarán independientemente de si las mercancías reúnen los requisitos para exenciones arancelarias en virtud del T-MEC (USMCA). No obstante, Trump eximió una serie de productos clave, entre ellos energía, potasa, pescado, minerales críticos y artículos ya sujetos a los aranceles de la Sección 232.

Entre los motivos para imponer estos aranceles, la Casa Blanca citó el sistema “proteccionista” de gestión de la oferta de productos lácteos de Canadá.