El pasado mes de marzo una sentencia del Tribunal Supremo devolvió la vida a un hombre instalado en la derrota judicial. Miguel Bernad, presidente del autodenominado sindicato Manos Limpias, fue absuelto de las acusaciones de haber extorsionado a decenas de bancos y empresas de la mano de Ausbanc. Su condena quedó eliminada y la organización volvió a la carga con una batería de denuncias y querellas, sobre todo, contra miembros del Gobierno. La admisión a trámite de su denuncia contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, constituye una anomalía en la tradicional sucesión de rechazos y archivos que suelen notificarles los tribunales. Una anomalía que ha provocado que Sánchez cancele su agenda y considere si sigue en el cargo ante la “campaña de acoso” contra su esposa.

Para cuando fundó Manos Limpias a mediados de la década de los noventa, Miguel Bernad (Bilbao, 1942) ya era una de las caras visibles de la derecha franquista en Madrid. Fue secretario general del Frente Nacional, sucesor de la Fuerza Nueva de Blas Piñar e hizo carrera interponiendo acciones judiciales que solo retiraba cuando conseguía lo que quería, tal y como denunciaron sindicatos como CCOO. Llegó a denunciar sin pruebas al alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, de malversación de caudales públicos.

Fundó Manos Limpias en 1995, autodenominado sindicato de trabajadores del sector público. La organización se convirtió en su carro de combate para desarrollar su agenda ultra en los tribunales: pidió al Defensor del Pueblo que recurriera la legalización del matrimonio homosexual, se querelló contra el juez Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo, contra los 'Lunnis' por mostrar una boda entre dos hombres, contra el futbolista Samuel Eto'o por gritar “Madrid, cabrón, saluda al campeón” o contra todo el 15-M por sedición.

Sus acciones judiciales más mediáticas se contaban por fracasos hasta que irrumpió en el 'caso Nóos' en 2012. Personado como acusación popular, impulsó que la Infanta Cristina se sentara en el banquillo, aunque finalmente fue condenada económicamente como pedía la Fiscalía, con los tribunales cuestionando la actuación del pseudosindicato. Fue en ese momento cuando empezó la caída en desgracia de Miguel Bernad: pasó ocho meses en la prisión de Navalcarnero acusado por la Audiencia Nacional de formar un tándem de extorsión con Ausbanc, liderada por Luis Pineda, para conseguir dinero y patrocinios de bancos y empresas a cambio de no llevarles a los tribunales.

Según la investigación judicial, Pineda apuntaba desde sus revistas y Bernad disparaba en los juzgados. La causa destapó que llegó a reunirse con un directivo de la Fundación La Caixa para negociar la posible retirada de su acusación contra Cristina de Borbón a cambio de dos millones de euros. Un modus operandi que, en primera instancia, le costó cuatro años de cárcel pero que terminó en absolución cuando el Tribunal Supremo certificó que sus métodos podían ser censurables “en el plano ético”, pero no un delito.

Bernad salió airoso de un caso en el que la Fiscalía había pedido hasta 25 años de cárcel para él. Poco antes también había conseguido esquivar una acusación de quedarse con el dinero de afectados de Afinsa. Y la maquinaria de denuncias y querellas volvió a funcionar a pleno rendimiento con el tradicional ritmo de inadmisión y archivo en el Tribunal Supremo: contra Irene Montero por criticar a los jueces, contra Alberto Garzón por llamar “ladrón” al rey emérito, contra Podemos enarbolando el apócrifo informe PISA y, la más reciente, contra Pedro Sánchez por negociar la amnistía con Junts.

Este último auto, el Supremo recordaba a Bernad que no puede intentar criminalizar la actividad legislativa de los diputados. En otras tantas resoluciones, la Sala que preside Manuel Marchena ha dicho hasta la saciedad que las noticias de medios de comunicación, por sí mismas, no son una prueba suficiente para abrir una causa penal. Pero su estrategia de esgrimir recortes de prensa ha tenido éxito, al menos por ahora, en un juzgado ordinario de la Plaza de Castilla de Madrid.

Causa abierta sobre Begoña Gómez

El juez Juan Carlos Peinado, del juzgado de instrucción 41 de la capital, ha decidido sin consultar a la Fiscalía que la denuncia de Manos Limpias es suficiente para abrir diligencias y, bajo secreto de sumario, investigar si Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, favoreció de alguna manera a un empresario para obtener varios millones de euros en una licitación pública. Una decisión que tenía una consecuencia política a última hora de la tarde del miércoles: Pedro Sánchez cancelaba su agenda para decidir si sigue o no en el cargo de presidente del Gobierno ante la “campaña de acoso” contra su esposa.

La denuncia, tal y como ha explicado elDiario.es, no aporta ninguna prueba y se limita a glosar varias noticias de medios de comunicación, entre ellas el bulo que puso en marcha The Objective al confundir a Gómez con una hostelera del mismo nombre que había recibido una subvención. Según Manos Limpias, una “carta mágica” de recomendación de la esposa del presidente, idéntica a otras 30 aportadas por la misma empresa, se tradujo en una lluvia irregular de millones.

Peinado, que en 2019 optó sin éxito a reforzar el juzgado de Manuel García-Castellón y que acaba de recibir luz verde del Consejo del Poder Judicial para seguir ejerciendo hasta cumplir los 72 años en 2026, tomará declaración en las próximas semanas a dos periodistas que firman algunas de las informaciones esgrimidas en la denuncia. No ha trascendido si ha puesto alguna otra diligencia en marcha.

Los nuevos objetivos de Bernad y la renacida Manos Limpias pasan por la esposa del presidente del Gobierno, pero también por la pareja de Isabel Díaz Ayuso, aunque en sentido contrario. En el caso de Alberto González Amador, imputado por un doble fraude fiscal de más de 350.000 euros revelado por elDiario.es, Miguel Bernad ha llevado al Consejo Fiscal la filtración de información del caso y sus comunicaciones con la Fiscalía reconociendo los delitos que se le atribuyen.

Su última rueda de prensa, la primera después de ser absuelto de forma definitiva por el Supremo en el 'caso Ausbanc', tuvo lugar en un hotel cercano a la Plaza de España de Madrid. “El nuevo amanecer de Manos Limpias” era el título de la convocatoria en la que Miguel Bernad anunció varias denuncias y querellas, por ejemplo contra el ministro Ángel Víctor Torres. También anunciaron sus acciones en defensa de la pareja de Ayuso combatiendo, dijo el abogado del pseudosindicato, “una filtración dolosa para fastidiar a una política triunfadora”.

El Tribunal Supremo ha decidido absolver al líder de Ausbanc, Luis Pineda, y al de Manos Limpias, Miguel Bernad, de las condenas de hasta ocho años de cárcel impuestas por extorsionar a bancos y otras entidades para que firmaran acuerdos comerciales con ellos a cambio de retirar acciones judiciales. Los jueces reconocen que esos tratos se produjeron pero que no llegan a suponer los delitos de extorsión y estafa por los que fueron condenados en la Audiencia Nacional: “No es posible identificar en qué consistió el engaño”, dicen los jueces sobre este segundo delito. Pineda llegó a pasar tres años en prisión provisional por esta causa.

Luis Pineda dirigió durante años la asociación de consumidores Ausbanc, dedicada sobre todo a combatir los abusos de las entidades bancarias sobre sus clientes con asuntos como las cláusulas suelo o asuntos hipotecarios. Pero, según había determinado la Justicia hasta este viernes, además se había aliado con el autodenominado sindicato Manos Limpias para hacer algo más: extorsionar a los bancos a los que llevaba a los tribunales para que firmaran acuerdos económicos con él y sus revistas para, a cambio, retirar las acciones judiciales que había presentado contra ellos.

La primera sentencia del caso condenó a Pineda a ocho años de cárcel por extorsión y estafa, incluyendo cuatro años para Bernad por cooperador necesario, acusado de ser la punta de lanza judicial de la estrategia de Ausbanc a través de Manos Limpias. Una primera resolución de la Audiencia Nacional que ya fue un jarro de agua fría a las acusaciones de la Fiscalía, que pedía más de 100 años de cárcel para Pineda.

El Tribunal Supremo acaba de certificar el fracaso del Ministerio Público en un caso por el que Pineda llegó a pasar tres años en prisión preventiva. Los jueces entienden que es cierto que esos acuerdos entre Ausbanc y los bancos se produjeron, pero también entienden que la presión que Pineda pudiera ejercer no llega al mínimo que exige el Código Penal para hablar de un delito de extorsión. Tampoco identifican, aseguran en su sentencia, los elementos necesarios para hablar de estafa.

El Supremo mantiene que es cierto que Pineda, si los bancos firmaban esos acuerdos de colaboración, se comprometía a dejar en paz al banco e incluso a dar una “imagen amable” de la entidad en sus revistas y publicaciones. También que si no firmaban, las acciones civiles y penales contra ellos seguían adelante, junto con noticias y artículos con un “tratamiento desfavorable” hacia las entidades, perjudicando su imagen comercial.

Todo eso sucedió, pero según el Supremo no alcanzó los límites del delito. Sus negociaciones, aunque sean “censurables” desde “la valoración ética”, no fueron un delito de extorsión. “No se alcanzan para colmar el concepto de intimidación que, en paridad con el de violencia, constituye elemento típico del delito de extorsión”. Lo que hacía Pineda cuando los bancos no se plegaban a sus condiciones, añade el Supremo, “eran, en principio, conductas lícitas”. Algunas de esas entidades forman parte del Ibex-35, añade el Supremo, y eso les daba herramientas para enfrentarse a esta situación sin sufrir grandes daños.

Las condenas de Pineda

Con esta resolución, Luis Pineda queda exonerado de la acusación más grave que ha pesado sobre él. Un caso en el que la Fiscalía llegó a pedir 119 años de cárcel para él y otros 25 más para Miguel Bernad. Pero en el pasado otros tribunales han declarado firmes condenas por difamar a otras personas. Entre ellos a Rubén Sánchez y Facua además de a un community manager de la Policía Nacional.

En el caso de Sánchez y Facua, diversas sentencias reflejan cómo durante años el líder de Ausbanc se dedicó a publicar difamaciones que han desembocado en sentencias firmes, algunas pioneras en España a la hora de obligar a hacer público el fallo en redes sociales como Twitter. La última, tal y como reveló elDiario.es, llevó a Pineda a publicar el fallo de una de sus condenas en las marquesinas de autobús de las calles de Sevilla y Málaga.

En el caso del antiguo community manager de la Policía, el Supremo y su Sala de lo Civil certificaron en firme que Pineda usó las revistas y publicaciones de Ausbanc para referirse a Carlos Fernández, exresponsable de las redes sociales de la Policía, como “matones a secas”, relacionándole precisamente con Facua. “Red de matones 2.0” o “matones a secas” y comparaciones con las Wafen-SS de la Alemania nazi le costaron una de sus múltiples condenas firmes por lo civil.

Las marquesinas de varias paradas de autobús de Sevilla y Málaga han amanecido este miércoles con una publicidad poco habitual: un fallo de una sentencia judicial. La sentencia que hace más de un lustro condenó a Luis Pineda, líder condenado de Ausbanc, por difamar a la asociación de consumidores Facua y a su entonces portavoz, Rubén Sánchez. Pineda utilizó en ese momento las mismas marquesinas para acusar a la asociación de “métodos mafiosos” y “fraude” y ahora la ejecución de un pionero fallo judicial obliga a que la condena por vulnerar su honor haya sido publicada en el mobiliario urbano andaluz.

Los ataques de Pineda, condenado a ocho años de cárcel por extorsión en el caso Ausbanc, se remontan a hace casi una década. Mensajes en las redes sociales o, como en este caso, carteles en las marquesinas de Sevilla y Málaga difamando a Rubén Sánchez y a Facua que han sido declarados injuriosos por distintos juzgados y tribunales y que han dado pie a diversas condenas pioneras en la adaptación de una sentencia al medio en el que se ha cometido la irregularidad. En este último caso, la asociación ha sido defendida por el letrado Manuel Molina Suárez.

Una de ellas fue la que obligó a Pineda a publicar en Twitter (ahora X) durante un mes, día tras día, la sentencia que le condenó por llamar a Sánchez cosas como “golfo”, “imbécil” o “corrupto” en esa red social. En ese momento, además, Pineda se encontraba en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional.

Este nuevo fallo viene de una sentencia que en 2017 también proscribió que Pineda y su asociación contratasen publicidad en varias marquesinas de autobús de Sevilla en la primera mitad de 2014 para poner varias portadas de su revista en las que aparecían caricaturas del presidente y el portavoz de Facua junto con mensajes como “se busca”, “métodos mafiosos” o acusándoles de ser un “fraude para los consumidores”.

El juzgado número 10 de Sevilla declaró que estos mensajes y estos montajes vulneraban el honor de la asociación de consumidores y sus caras visibles, a los que Pineda debía indemnizar con 15.000 euros. Y allí donde la mayoría de sentencias exigen que sus fallos se publiciten, por ejemplo, en periódicos o programas de radio, la magistrada fue más allá: “En cuanto a su publicación en las marquesinas de autobuses se llevará a cabo en las de las ciudades de Málaga y Sevilla”, especificó.

El fallo, que cumplió seis años hace apenas unos días, ha sido ejecutado en las últimas horas en varias marquesinas de autobús de ambas ciudades andaluzas. La parte final de la resolución que declaró que Ausbanc, Luis Pineda y Luis Suárez Jordana, colaborador de Pineda y en su momento condenado por estafa con varios pasajes destacados en negrita.

Condenado a publicar la sentencia

Según fuentes del caso, la sentencia es de 2017 pero se ha ejecutado este mes de octubre después de que Pineda haya pagado la indemnización y haya asumido el coste de colocar los carteles en las marquesinas de autobús de ambas ciudades andaluzas. Con este fallo, indican estas mismas fuentes, quedan saldadas las deudas judiciales de Luis Pineda con Facua y con Rubén Sánchez después de varias sentencias condenatorias que le obligaban a pagar indemnizaciones.

Otra de estas sentencias con una ejecución poco habitual entonces fue declarada firme en 2016 por parte del Tribunal Supremo. Luis Pineda había sido condenado a indemnizar a Sánchez con 4.000 euros por más de medio centenar de mensajes en Twitter en los que le insultaba, pero también tenía que publicitar el fallo en el mismo medio en el que había publicitado las injurias.

Eso llevó a una ejecución pionera en ese momento, con Pineda obligado a tuitear el fallo durante “durante 30 días en el horario de mañana (de 9.00 a 14.00 horas) o tarde (de 17.00 a 22.00 horas)”. En ese momento, además, Pineda estaba en prisión provisional por la investigación a la red de extorsiones de su organización Ausbanc en colaboración con el pseudo sindicato Manos Limpias.

Pineda está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si revoca o confirma su condena de ocho años de cárcel por el conocido como caso Ausbanc. Una sucesión de extorsiones a bancos o a empresas a través de su organización o de Manos Limpias para obtener dinero a cambio de que las entidades evitaran campañas mediáticas en su contra o, incluso, acciones judiciales.

Hace un año, el Tribunal Supremo confirmó otra de las condenas civiles de Pineda, en este caso por difamar al community manager de la Policía Nacional tanto en una de sus revistas como en su cuenta de Twitter.

El Tribunal Supremo ha confirmado que Luis Pineda, líder de Ausbanc condenado a ocho años de cárcel por extorsión, tendrá que indemnizar al antiguo community manager de la Policía Nacional por difamarle en una de sus revistas y en Twitter en 2014. Tanto Pineda como Luis Suárez Jordana, el entonces director de publicaciones de Ausbanc, tendrán que indemnizar de forma conjunta a Carlos Fernández con un total de 6.000 euros.

Luis Pineda fue detenido en abril de 2016 por orden de la Audiencia Nacional. El juez investigaba si el presidente de Ausbanc se había parapetado detrás de esta asociación de consumidores y había utilizado a Manos Limpias para, entre otras cosas, extorsionar a bancos y empresas para que les dieran dinero a cambio de no acusarles en procesos penales o no criticarles en sus publicaciones escritas, como por ejemplo Mercado de Dinero. La Fiscalía llegó a pedir más de 100 años de cárcel y finalmente la Audiencia Nacional le impuso ocho años de prisión y está pendiente de sentencia firme.

Unos pocos años antes sus enfrentamientos públicos con la asociación de consumidores Facua y su líder Rubén Sánchez también se desarrollaban a través de sus publicaciones, y en un momento dado dirigió sus dardos a Carlos Fernández, responsable de las redes sociales de la Policía Nacional en ese momento, al relacionarle con Sánchez. Reportajes llamándoles “matones a secas”, comparándoles con las Wafen-SS de la Alemania nazi y acusándole de formar parte de “una red de matones 2.0” acosando a gente en Twitter, entre otras descalificaciones emitidas también en las redes sociales.

Fernández dejó las redes sociales de la Policía Nacional a mediados de 2015 y demandó a Pineda y al responsable de la revista por lo civil, representado por el abogado David Bravo. Un juzgado estableció unas indemnizaciones que posteriormente rebajó la Audiencia Provincial de Madrid y que ahora ha ratificado la sala primera del Tribunal Supremo: entre Pineda y Suárez deben pagarle 5.000 euros y, además, el líder de Ausbanc debe indemnizarle con otros 1.000 euros más.

Es una condena que, además del aspecto económico, obliga a los dos a publicar el fallo y difundirlo. Primero se les obliga a hacerlo a través de la revista Mercado de Dinero, que ya no existe, o en un medio de comunicación de la misma tirada durante tres números consecutivos. Luis Pineda, por su parte, debe tuitear su sentencia condenatoria durante diez días seguidos. Es un tipo de condena que ya ha sido impuesta por otros tribunales al líder de Ausbanc, por ejemplo, por difamar al propio Rubén Sánchez.

Los jueces no tienen ninguna duda de que Pineda, su socio y su revista difamaron al entonces community manager de la Policía Nacional. Ese reportaje, asociándole con la mafia, según el Supremo “tienen un contenido que no solo es objetivamente descalificatorio y machacón sino también extremadamente infamante y atentatorio contra el honor del recurrido al achacarle un modo de actuar equiparable al seguido por los CDR cubanos o las SS alemanas, lo que, dada la gravedad de la comparación, no se puede tolerar sin una base fáctica suficiente que los artículos mencionados no ofrecen, y que los mensajes del recurrido que reseñan tampoco integran”.

La Audiencia Nacional ha condenado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, a ocho y cuatro años de cárcel, respectivamente, por extorsionar a bancos y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra, penas ostensiblemente menores de las reclamadas por Fiscalía, que pedía 118 años de prisión para el primero y otros 24 años para el segundo.

En una sentencia, de 195 páginas, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha impuesto a Pineda una pena de 5 años de prisión por un delito continuado de extorsión y otros 3 años por estafa. Además, en concepto de responsabilidad civil Pineda deberá indemnizar a un total de 13 entidades con casi siete millones de euros.

Los magistrados también han condenado a Bernad a 3 años de prisión por un delito de extorsión en grado de cooperación necesaria y a otro año de cárcel por el mismo delito en grado de tentativa.

No obstante, han absuelto a ambos de la mayoría de los delitos por los que fueron juzgados. En el caso del presidente de Ausbanc, de organización criminal, acusación y denuncia falsa, fraude y estafa procesal y administración desleal; mientras que el secretario general de Manos Limpias ha quedado exculpado de los dos primeros delitos y de amenazas. De ahí que las penas impuestas sean mucho más bajas que las que había solicitado el Ministerio Público.

Asimismo, la Sala ha condenado a un año de cárcel al adjunto a la Presidencia de Ausbanc Ángel Garay y a seis meses de prisión a la directora del departamento jurídico, María Mateos, ambos por un delito de extorsión en grado de complicidad.

Por contra, ha absuelto a los otros seis acusados -la abogada de Manos Limpias Virginia López Negrete y los directivos de Ausbanc Alfonso Solé Gil, María Teresa Cuadrado, María Isabel Medrano, Rosa Aparicio y Luis María Jordana- de todos los delitos que se les imputaban, esto es, organización criminal, extorsión, denuncia falsa, amenazas, estafa, blanqueo de capitales y administración desleal. Para el resto de acusados la Fiscalía pedía entre 66 y 11 años de reclusión.

El director de los servicios jurídicos del BBVA, Adolfo Fraguas, aseguró ante el juez del caso Villarejo que la entidad no se benefició del espionaje a la supuesta asociación de consumidores Ausbanc. El instructor de la causa, Manuel García Castellón, apunta de forma indiciaria en un auto incluido en el sumario sobre los encargos del banco al agente encubierto que el BBVA pagó 500.000 euros anuales durante un período indeterminado al comisario para que investigara a Luis Pineda, presidente de Ausbanc. Esos trabajos de espionaje, que el policía agrupó bajo el nombre de “Proyecto Pin”, se habrían desarrollado entre los años 2012 y 2014.

“Lo que dice la factura es lo que dice. Nosotros hemos concluido que ahí no hay beneficio para el banco”, respondió Fraguas a preguntas del fiscal Ignacio Stampa, que le interrogaba sobre una factura de 211.750 euros de junio de 2015 a una de las empresas del policía jubilado y que tenía por objeto “determinar las motivaciones y finalidades a los que pueda responder su  estrategia de acoso al grupo y sus directivos y a los efectos de la defensa jurídica que corresponda”. 

Fraguas, que representa a la entidad como investigada como persona jurídica por cohecho y revelación de secretos, dijo ignorar en interés o en beneficio de quién se contrataron entonces los servicios del policía para investigar a Ausbanc. No obstante, en otro momento de la declaración sí califica de “evidente” la “situación de conflicto” entre Pineda y el entonces presidente del banco, Francisco González, aunque subraya que no tiene ninguna “prueba o evidencia” de que hubiera un “encargo” por parte de alguien del banco para la contratación de esos servicios de espionaje. 

A preguntas del fiscal, Fraguas insistió en que los servicios jurídicos no utilizaron información de esos informes elaborados por Villarejo para las dos acciones que llevaron a cabo en relación a Ausbanc. Estas acciones fueron, por un lado, intentar que se le diera de baja en el registro de asociaciones de consumidores; y, por otro, realizar la denuncia que luego el banco presentó de forma anónima y que dio origen a un procedimiento en el que Pineda se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 118 años de cárcel como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc.

El expresidente del BBVA Francisco González matizó ante el juez del caso Villarejo la versión que acababa de dar sobre la reunión del 7 de enero de 2015 en el complejo policial de Canillas. Primero descartó que se abordara la denuncia que luego presentó el banco, de forma anónima, contra Ausbanc y, tras mostrarle el fiscal Ignacio Stampa el documento en el que su jefe de Servicios Jurídicos revela el plan, González añadió que “a lo mejor se habló” de la asociación de Luis Pineda por parte de alguno de los comensales.

Las respuestas son parte de la declaración que prestó como investigado González en la pieza 9 del caso Villarejo. En un momento de la misma, el fiscal le pregunta si acudió a la comida del 7 de enero de 2015 en el 'cuartel general' de la Policía. “Esto es un poco, en fin... No sé cuál es el adjetivo. Yo acudí a una comida en Canillas a invitación del director general de la Policía en aquel momento”, comienza a relatar González. El director general de la Policía era Ignacio Cosidó.

“Yo tenía una agenda muy ocupada como para ir a comer a Canillas, pero bueno, me llamaron otra vez, me invitaron y fui ahí, a una comida absolutamente institucional. -tengo ahora más información, en aquel momento ninguna- donde había gente importante de la Policía, el director general, estaba el señor Corrochano y estaba Eduardo Ortega. Y hablamos de qué servicio podía prestar el banco desde el punto de vista tecnológico porque el banco era muy avanzado en la parte tecnológica, y la Policía quería que le ayudáramos en ese tipo de cosas, esa es la comida de Canillas”, explica González.

El expresidente del BBVA se muestra molesto cuando el fiscal Stampa le pregunta si la comida no tenía por objeto preparar la presentación de la denuncia “anónima” contra Ausbanc, que atacaba al banco. “¿Pero usted cree que en una comida en la que está el director general de la Policía y supongo que comisarios muy importantes se habla de esas cosas y que yo como presidente del banco voy a hacer eso”, responde airado González.

Sin embargo, cuando el fiscal Stampa le muestra el documento 'Relatorio', obra de Eduardo Ortega, el expresidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que activo la puerta giratoria para ir a trabajar al BBVA como jefe del Servicio Jurídico, Francisco González matiza su afirmación.

“Voy a ser muy preciso: no me consta que hayamos hablado de presentar ninguna denuncia a Aubanc y a lo mejor se habló, pero eso no es relevante para mi, evidentemente, porque son asuntos técnicos, por Eduardo Ortega, o alguno de los que estaban en la comida, pero yo la recuerdo como una comida absolutamente institucional sin referencia a denuncia o si vamos a hacer esto... Esto para mi no tienen ninguna validez”, añade.

El interrogatorio continúa acerca de si González conocía que el BBVA presentó una denuncia y que se acordó con la Policía que fuera anónima. Lo reconoce y añade que supone que la redactaría a Ortega porque, por su puesto, es lo lógico. El documento de Ortega dice que en la comida se pactó hacerlo de esta manera y que finalmente Corrochano se la entregó a Villarejo y que fue éste quien la depositó en la UDEF. “¿Usted sabe si Corrochano se la pasó a Villarejo?”, pregunta el fiscal Stampa. Y González responde: “¿Pero cómo voy a saber yo eso si no conozco al señor Villarejo”.

Un directivo del BBVA dejó por escrito en un documento que el presidente del BBVA Francisco González acordó con la “cúpula” del Cuerpo Nacional de Policía la presentación de una “denuncia anónima” contra Ausbanc, la supuesta asociación de consumidores que está siendo juzgada por extorsionar al banco y otras entidades, en un almuerzo que se celebró en el complejo policial de Canillas, la sede de los servicios centrales del Cuerpo.

Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción, incorporado al sumario del caso Villarejo. El directivo Eduardo Ortega Martín, director de los Servicios Jurídicos Contenciosos Corporativos, escribió en un documento titulado “Relatorio” que él mismo participó junto a Francisco González “en un almuerzo en el complejo policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a la investigación de dicha asociación”.

El informe de Anticorrupción continúa: “Dicha denuncia sería redactada por el propio Eduardo Ortega, que la habría entregado a Julio Corrochano Peña, y éste a su vez a José Manuel Villarejo Pérez, que la presentaría ante la UDEF, dando lugar posteriormente a las diligencias previas número 132/15 del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional”.

Julio Corrachano era el jefe de seguridad del banco, a donde había ido a trabajar en 2002 directamente desde la jefatura de la Comisaría General de Policía Judicial. Corrochano está imputado por revelación de secretos y cohecho, al haber recibido presuntamente dádivas de Villarejo. Al frente de la UDEF estaba Manuel Vázquez y la Comisaría General de Policía Judicial, donde se integra la unidad anticorrupción, estaba dirigida por José Santiago Sánchez Aparicio. El director operativo de la Policía era Eugenio Pino, imputado en el caso Villarejo por el espionaje a Bárcenas con fondos reservados. El máximo responsable político de la Policía era Ignacio Cosidó.

La UDEF fue creada en tiempos del Gobierno de Zapatero y al frente de la misma estuvo durante todo ese periodo José Luis Olivera, el comisario que siempre ha defendido la profesionalidad de Villarejo, incluso después de su arresto. En el momento del almuerzo en Canillas, Olivera acababa de ser encumbrado por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, a jefe del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), pese a su pública vinculación con uno de los primeros episodios de la Operación Catalunya. 

La Fiscalía sitúa a FG en la cúspide de la trama 

En el mismo escrito, incorporado a la pieza 9 del caso Villarejo, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a Francisco González las órdenes para contratar al comisario. “Como presidente ejecutivo del BBVA habría sido la persona que ordenase a los directores generales de los Servicios Jurídicos y de Riesgos la contratación de Cenyt a través del director de Seguridad Corporativa, así como a las áreas correspondientes el pago de dichos servicios a sabiendas de su ilicitud, todo ello al margen de las políticas de la entidad sobre contratación de proveedores, durante todos los años objeto de investigación”.

El principal investigado en el caso Ausbanc, Luis Pineda, defiende que todo el procedimiento abierto contra él y la supuesta asociación de consumidores que dirigía está contaminado porque, a su juicio, deriva de un “montaje policial” encarnado por Villarejo y el BBVA, que quería “neutralizarlo” por su actividad contra las prácticas bancarias abusivas. El tribunal, siguiendo el criterio de la Fiscalía, rechazó este miércoles suspender el juicio, tal y como había reclamado la defensa de Pineda, que pidió aplazar su interrogatorio unos días para poder analizar la información contenida en el sumario sobre los encargos del BBVA a Villarejo.

La Audiencia Nacional ha acordado este miércoles rechazar la suspensión del juicio contra la supuesta falsa asociación de consumidores Ausbanc. La defensa de Luis Pineda, el principal acusado, pidió “aplazar” las sesiones de la vista oral para poder estudiar con detenimiento la pieza 9 del caso Villarejo, cuyo secreto se levantó este lunes, y en la que se investigan los encargos del BBVA al comisario jubilado José Villarejo, ahora en prisión. Los abogados del restos de procesados se sumaron a esta petición durante el trámite de cuestiones previas.

La defensa de Pineda defiende que el todo el procedimiento abierto contra él y la supuesta asociación que dirigía está contaminado porque, a su juicio, deriva de un “montaje policial” encarnado por Villarejo y el BBVA, que quería “neutralizarlo” por su actividad contra las prácticas bancarias abusivas. Es más, considera que toda la causa está viciada porque la denuncia que dio origen al caso fue entregada a la UDEF por el comisario. El banco acusó de extorsión a Pineda hasta que se retiró por sorpresa de la causa al considerar su presencia una “distracción innecesaria”.

El fiscal José Perals se ha posicionado este miércoles en contra de la suspensión de la vista al considerar que no consta “ningún dato nuevo” que afecte a esta causa. En este sentido, ha insistido en que el procedimiento no se inició por una “denuncia falsa”, como sostiene la defensa de Pineda, sino que comenzó a iniciativa de la Fiscalía. El interrogatorio a Pineda empezará finalmente este jueves.

500.000 euros anuales

Un auto contenido en el citado sumario sobre los encargos del BBVA a Villarejo apunta de forma indiciaria a que la entidad pagó 500.000 euros anuales durante un periodo indeterminado al comisario para que investigara a Pineda. La contratación de estos servicios se habría llevado a cabo cuando Villarejo era policía en activo. Esos trabajos de espionaje, que el comisario agrupó bajo el nombre de “Proyecto Pin”, se habrían desarrollado entre los años 2012 y 2014.

Pineda se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 118 años de cárcel como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles sin no accedían a sus peticiones económicas.

La defensa del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha solicitado este martes “suspender y aplazar” las sesiones del juicio oral que se celebra en la Audiencia Nacional contra la asociación para poder estudiar con detenimiento la pieza 9 del caso Villarejo, cuyo secreto se levantó este lunes, y en la que se investigan los posibles contratos del comisario jubilado y en prisión preventiva con el BBVA, que incluirían informes sobre Pineda.

Se da la circunstancia de que ese levantamiento del secreto por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se produce tras la celebración de la primera sesión del juicio contra Ausbanc y Manos Limpias en el que se trataron cuestiones previas.

“Nos encontramos ante unas actuaciones muy voluminosas, (...) constan sólo en papel 17 tomos, amén de todos los anexos con documentales y pendrives; así como todo los materiales incautados que, además, están incluso obrantes en la pieza principal”, señala en el escrito el abogado Miguel Durán al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta parte defiende que las revelaciones del sumario de la pieza 9 afectan a la causa contra su cliente al quedar demostrado que hubo un 'encargo' de BBVA al comisario Villarejo para desacreditar a Ausbanc.

El letrado incluye en su escrito fotografías de varias de las páginas del sumario de la pieza 9 del caso 'Tándem', con documentos en los que se habla de la incautación de informes que ponen en evidencia investigaciones de Villarejo sobre Pineda.

Ante esto, Durán señala que es “materialmente imposible estudiar la extensa documentación en unas horas”, y advierte de que esa falta de tiempo afecta “esencialmente el derecho” de su defendido. Apunta además que ni siquiera han tenido acceso a la “amplísima causa” al estar pendiente de la autorización de la Subdelegación de nuevas tecnologías.

En el escrito, la defensa incluye además conversaciones entre el policía jubilado y el que fuera jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, en las que ambos hablan de interceptar conversaciones telefónicas de Luis Pineda. El también expolicía pide a Villarejo el “rastreo” de sus teléfonos al menos durante un mes, a lo que éste responde: “A ver dónde llama ese pringao. Sí”.

Ante estas evidencias, recalca Durán, lo que procede es suspender y aplazar la sesión para los próximos 5, 6 y 7 de febrero con el objetivo de poder estudiar todo lo que se les ha puesto a disposición desde el Juzgado Central de Instrucción número 6.

“De no hacerlo así, podría conculcar y vulnerar muy seriamente el Derecho de Defensa de Luis Pineda y de los demás encausados, y generar un inútil gasto procesal”, añaden desde la defensa en el escrito dirigido a la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.

En esa primera sesión, la defensa de Pineda ya pidió la suspensión de la causa dado que, apuntaba, el origen de la misma estaba en una denuncia 'anónima' realizada por Villarejo por 'encargo' del banco o de alguno de sus directivos con la intención de desprestigiar a la asociación de usuarios bancarios.

De hecho, esa denuncia que desencadenó el caso Ausbanc también estaba siendo investigada en la pieza 9 de la macrocausa 'Tándem'. Según la factura emitida por la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, asociada al comisario jubilado, a la que tuvo acceso Europa Press, el BBVA pagó en junio de 2015 una cantidad a esta mercantil para que investigase a Pineda y la actividad de Ausbanc.

Cuestiones previas

Precisamente este miércoles la Sala decidirá sobre las cuestiones previas plateadas por el Ministerio Fiscal, las acusaciones y las defensas, en la que será la segunda sesión del juicio oral. Entonces deberá decidir si anula todo el procedimiento judicial, tal y como pidieron las defensas de los acusados.

Tras esto, y si se desestiman, es previsible que se comience con al declaración de Pineda, al que le seguirá la del secretario general del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad.

En la causa contra Pineda, Bernad, la abogada Virginia López Negrete y otras siete personas, la Fiscalía pide hasta 118 años y 5 meses de cárcel para el primero, 24 años y 10 meses para el segundo y 11 años y 11 meses para la tercera.

Les acusa de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros. El Ministerio Público reclama además la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias.

El macrojuicio se celebra en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que se cerró el pasado mes de octubre, tras más de dos años de investigación, al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por Pineda.

El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación “sin finalidad de lucro” que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos --quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc--.

El BBVA pagó 500.000 euros anuales durante un periodo indeterminado al comisario jubilado José Villarejo para que investigara al presidente de Ausbanc, Luis Pineda. La contratación de estos servicios se llevó a cabo cuando Villarejo, ahora encarcelado, era policía en activo. Así lo recoge de forma indiciaria un auto contenido en el sumario sobre los encargos del BBVA al agente encubierto adelantado por ABC y al que ha tenido acceso eldiario.es. Esos trabajos de espionaje se habrían desarrollado entre los años 2012 y 2014. El comisario jubilado los agrupoó bajo el nombre de “Proyecto Pin”.

Manuel García Castellón, instructor del caso Villarejo, señala en el citado escrito que en la contratación mediaron “altos directivos” de la entidad financiera a través del expolicía Julio Corrochano, que fue jefe de seguridad del banco durante buena parte del periodo de Francisco González como presidente. Tanto este último como Corrochano están imputados en la causa, en la que también se investiga al banco como persona jurídica. El juez levantó este lunes el secreto de sumario que pesaba sobre estas actuaciones.

Pineda está siendo juzgado en otro procedimiento en la Audiencia Nacional como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles sin no accedían a sus peticiones económicas.

Esta revelación es importante porque las sombras de connivencia entre Villarejo y la unidad policial que investigó las presuntas extorsiones a bancos y empresas cometidas por Ausbanc es la baza a la que agarra la defensa de Pineda para pedir la nulidad de una causa en la que se enfrenta a una petición de 119 años de cárcel por parte del Ministerio Público.

Durante el trámite de cuestiones previas del juicio que se inició la semana pasada en la Audiencia Nacional, el abogado de Pineda, Miguel Durán, aseguró que Villarejo habría actuado contra su cliente por encargo del BBVA, que quería “neutralizarlo” por su supuesta actividad contra las prácticas bancarias abusivas.

A su juicio, todo el procedimiento deriva de un “montaje policial” para el que Villarejo se sirvió de sus contactos en el Cuerpo. “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”, señaló Durán.

Villarejo está en prisión provisional desde hace más de dos años. La Audiencia Nacional le acusa de liderar una organización criminal que obtenía millones de euros por vender a la élite del país unos informes que elaboraba con datos confidenciales a los que accedía gracias a su condición de funcionario. Una de las piezas por las que se le investiga tiene que ver con los encargos que recibió del BBVA y por los que cobró 10,2 millones de euros. La entidad financiera acusó de extorsión a Pineda y Miguel Bernad, secretario general del pseudosindicato Manos Limpias, hasta que se retiró por sorpresa de la causa al considerar su presencia una “distracción innecesaria”.

Las sombras de connivencia entre el comisario jubilado José Villarejo y la unidad policial que investigó las presuntas extorsiones a bancos y empresas cometidas por Ausbanc son la baza a la que agarran las defensas de los implicados para pedir la nulidad de una causa en la que se enfrentan a decenas de años de cárcel. Los abogados de los dos principales investigados –Luis Pineda y Miguel Bernad– alegaron durante el trámite de cuestiones previas del juicio, que se inició este miércoles en la Audiencia Nacional, que todo el procedimiento está viciado porque la denuncia que dio origen al caso fue elaborada y entregada a la UDEF por el comisario, ahora encarcelado.

Pineda se sienta en el banquillo como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía, que pide para él 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros, considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles sin no accedían a sus peticiones económicas. Su principal colaborador era Miguel Bernad, secretario general del pseudosindicato Manos Limpias, quien promovía actuaciones en los tribunales para reforzar esas coacciones, según las tesis del Ministerio Público. Se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel.

Según el relato de Miguel Durán, abogado de Pineda, Villarejo habría actuado contra su cliente por encargo del BBVA, que quería “neutralizarlo” por su supuesta actividad contra las prácticas bancarias abusivas. A su juicio, todo el procedimiento deriva de un “montaje policial” para el que Villarejo se sirvió de sus contactos en el Cuerpo. “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”, señaló Durán.

Villarejo está en prisión provisional desde hace más de dos años. La Audiencia Nacional le acusa de liderar una organización criminal que obtenía millones de euros por vender a la élite del país unos informes que elaboraba con datos confidenciales a los que accedía gracias a su condición de funcionario. Una de las piezas por las que se le investiga tiene que ver con los encargos que recibió del BBVA y por los que cobró alrededor de 12 millones de euros. La entidad financiera acusó de extorsión a Pineda y Bernad hasta que se retiró por sorpresa de la causa al considerar su presencia una “distracción innecesaria”.

La defensa de Bernad, ejercida por el letrado José María Bueno Manzanares, también aludió durante su intervención a esas sombras de connivencia entre el comisario ahora encarcelado y la Policía. Reclamó que el tribunal pida un exhorto al instructor del caso Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, para que diga si consta que la denuncia que dio origen a esta causa está en uno de los ordenadores personales incautados a Villarejo y si se hizo “por petición” del BBVA.

El “perfecto contacto” con la UDEF

Durante su intervención, la defensa de Pineda calificó de “determinante” el papel de Villarejo en la causa contra Ausbanc e insistió en la supuesta connivencia del comisario con sus “compañeros” de la UDEF, a los que conocía “sobradamente” y con los que tenía un “perfecto contacto”. Citó incluso una grabación aportada al procedimiento en la que el policía reconoce la “inestimable colaboración” del jefe de esa unidad anticorrupción, José Luis Olivera.

El Independiente publicó el pasado noviembre el contenido de un audio, de 2008, en el que el comisario describe la relación habitual que presuntamente mantenía con la UDEF. “Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos”, resumió el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al que contrató para que se uniera a sus negocios. En otro momento dice que es su socio Rafael Redondo el que “mantiene el contacto” con el 'número dos' de Olivera.

De esas palabras se deduce que Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos judiciales.

José Luis Olivera fue el primer jefe de la UDEF desde su creación por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró Villarejo, que una conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se refirió a él como “un hombre nuestro” que había saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.

En la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho “Juan”, en referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera pasó de integrar la “camarilla policial” que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz.

Cuando cambió el Gobierno en 2011, Olivera no fue destituido por el PP como jefe de la UDEF hasta pasados siete meses. Y finalmente no fue desterrado. Se le encargó la dirección del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde fue cesado tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. Actualmente trabaja en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Luis Pineda, el principal acusado en el procedimiento abierto contra la falsa asociación de consumidores Ausbanc, ha pedido este miércoles que se anule la causa abierta contra él y otros nueve acusados por derivar de un “montaje policial” encarnado por el BBVA y el comisario jubilado José Villarejo, que está en prisión preventiva desde hace más de dos años acusado de liderar la organización criminal que se investiga en la Operación Tándem.

Durante el trámite de cuestiones previas de la vista oral fijada en la Audiencia Nacional, la defensa de Pineda ha asegurado que Villarejo y el BBVA están detrás de la denuncia que dio origen a este procedimiento. Es más, ha asegurado que ese documento, al que se ha referido como “falsa denuncia anónima”, está en uno de los ordenadores incautados en el domicilio del comisario y que así lo puede probar.

El BBVA, que denunció a Pineda por extorsión, decidió el pasado verano no seguir adelante con la acusación al considerar que puede ser una “distracción innecesaria que dificulte el proceso”, según El País. La entidad ha copado en los últimos meses muchos titulares como consecuencia de la investigación que tiene abierta en la Audiencia Nacional por haber contratado los servicios de Villarejo. De hecho, el banco recurrió supuestamente al policía para acabar con el supuesto chantaje al que le sometía la entidad de Pineda y habría pagado a a sus empresas más de cinco millones de euros entre enero de 2012 y abril de 2017.

Miguel Durán, abogado de Pineda, ha atribuido un papel “determinante” al policía y a sus contactos en el Cuerpo en el intento de la entidad financiera de “neutralizar” a Pineda por su supuesta actividad contra las prácticas bancarias abusivas. “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”, ha dicho Durán, que ha remarcado que la entidad se sirvió de “estructuras policiales y parapoliciales” para poner en marcha el procedimiento.

A su juicio, estas circunstancias chocan con las “mínimas exigencias del Estado de derecho” y deben tener como consecuencia la “nulidad plena” de la causa. En caso de que el tribunal no acepte esta petición -que preside la magistrada Ángela Murillo-, Durán ha solicitado que al menos se suspenda la vista hasta que se levante el secreto de sumario sobre la pieza relativa al BBVA en el caso Villarejo. “El tribunal trabajará en vano si se demuestra que Villarejo es la salsa de todo este guiso”, ha señalado el letrado.

La defensa de Bernad, ejercida por el letrado José María Bueno Manzanares, también ha aludido durante su intervención a esas sombras de connivencia entre el comisario ahora encarcelado y la Policía. Ha reclamado que el tribunal pida un exhorto al instructor del caso Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, para que diga si consta que la denuncia que dio origen a esta causa está en uno de los ordenadores personales incautados a Villarejo y si se hizo “por petición” del BBVA.

Pineda se sienta en el banquillo de los acusados como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que casi nadie leía. También les exigía dinero por retirar querellas. Solicita para él 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros por los delitos de extorsión, estafa, blanqueo, organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública.

Su principal colaborador era Bernad, que promovía a través de Manos Limpias las actuaciones en los tribunales con las que Pineda reforzaba sus supuestas coacciones. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por los delitos de organización criminal y estafa. Por los mismos delitos está implicada en la causa la abogada Virginia López Negrete, que llevó la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos en nombre del pseudosindicato. La letrada tenía un puesto clave en la trama porque dirigía las citadas actuaciones penales. En el banquillo se sientan también otros siete altos cargos de Ausbanc.

La investigación policial cifró en 39 millones de euros los ingresos que logró Pineda a través del chantaje a los bancos que practicó durante diez años. También recibió 5,99 millones en subvenciones entre 2004 y 2014, mientras que su tercera fuente de ingresos eran las cuotas de sus usuarios.

“Dispuesto a dar toda clase de explicaciones”. Este fue uno de los últimos mensajes que Luis Pineda publicó en su cuenta de Twitter antes de ser detenido como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de la falsa asociación de consumidores Ausbanc. Lo escribió mientras viajaba en tren de Sevilla a Madrid consciente de que la Policía le esperaba a su llegada a la estación de Atocha con las esposas preparadas. Horas antes había sido detenido su colaborador Miguel Bernad, secretario general del pseudosindicato Manos Limpias. De ahí que supiera cuál iba a ser su destino más próximo. 

Pineda tendrá a partir de esta semana la posibilidad de ofrecer en público todas las explicaciones que prometió dar aquel 15 de abril de 2016. A partir del próximo miércoles se sentará en el banquillo ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar las supuestas tácticas de coacción de Ausbanc, la falsa asociación que quedó desmantelada hace cuatro años con la Operación Nelson. 

Con esa entidad Pineda amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que casi nadie leía, según la Fiscalía. La investigación policial cifró en 39 millones de euros los ingresos que logró Pineda a través del chantaje a los bancos que practicó durante diez años. También recibió 5,99 millones en subvenciones entre 2004 y 2014, mientras que la tercera fuente de ingresos eran las cuotas de sus usuarios. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama para Pineda 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros por los delitos de extorsión, estafa, blanqueo, organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público solicita, además, una pena de 25 años de cárcel para Bernad y de doce años para la abogada Virginia López Negrete por delitos de organización criminal y estafa. La letrada, que llevó la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos en nombre del pseudosindicato, tenía un puesto clave en la trama porque dirigía las actuaciones en los tribunales con las que Pineda y Bernad reforzaban sus coacciones. En el banquillo se sentarán además otros ocho altos cargos de Ausbanc.

Según la investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el dinero que recaudaba Ausbanc procedía en gran parte de los bancos con los que suscribía acuerdos económicos de millones de euros “enmascarados” como convenios publicitarios. La Fiscalía considera que Pineda planeó un “sistema” para “exigir” a estas entidades importantes cantidades de dinero a cambio de evitar la publicación en las revistas de Ausbanc de noticias “desfavorables, peyorativas o alarmistas” respecto a ellas. Estos abonos se camuflaban como inserciones publicitarias, estudios de mercado o patrocinios de jornadas y eventos.

Además, la investigación sacó a la luz que Ausbanc financiaba Manos Limpias para usarlo en beneficio propio como su tentáculo en los tribunales. El pseudosindicato era utilizado para “ejercer presión” personándose como acusación popular contra determinadas entidades o personas para lograr que estas se plegaran a sus peticiones. De hecho, como método de presión a bancos y grandes empresas, Pineda enviaba a sus directivos correos con los procedimientos que tenían abiertos en los tribunales a través de Manos Limpias. 

Pagos millonarios 

El escrito del Ministerio Público describe pagos millonarios a Ausbanc por parte de algunas de las principales entidades financieras como BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia o Barclays y de extintas cajas de ahorro como Caja España, Liberbank, Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Caja Vital Kutxa o Caja Rural del Sur. El BBVA, que denunció a Pineda por extorsión, decidió el pasado verano no seguir adelante con la acusación al considerar que puede ser una “distracción innecesaria que dificulte el proceso”, según El País. 

Con esta decisión, la entidad evita el impacto mediático en este juicio tras haber copado en los últimos meses muchos titulares como consecuencia de la investigación que tiene abierta en la Audiencia Nacional por haber contratado los servicios del comisario encarcelado José Villarejo. De hecho, el banco recurrió al policía para acabar con el chantaje al que le sometía la entidad de Pineda, para lo que pagó a sus empresas más de cinco millones de euros entre enero de 2012 y abril de 2017. 

Entre las supuestas extorsiones sobre las que serán interrogados en la vista oral Pineda y Bernad está la “estrategia” que ambos pusieron en marcha para “intentar negociar la retirada de la acusación de la infanta” en el caso Nóos por parte de Manos Limpias. La Fiscalía detalla que la trama pidió hasta tres millones de euros a la Fundación La Caixa, donde la infanta era empleada, como condición para desimputarla en esa causa. Ese dinero nunca se aportó y la infanta fue finalmente absuelta por el delito fiscal por el que Manos Limpias pedía dos años de cárcel. 

Podemos, que ejerce la acusación popular en el juicio, denuncia que la causa ha estado orientada desde el principio a únicamente considerar a las entidades financieras como las grandes perjudicadas de la extorsión de Pineda. Los letrados de la formación de Pablo Iglesias admiten que algunos bancos fueron víctimas de las “estrategias mafiosas” de Pineda y Bernad, aunque subrayan que en la gran mayoría de los casos estas entidades fueron colaboradoras con Ausbanc en un “engaño” cuyas víctimas reales son tanto los socios de Ausbanc, como muchas personas, socias o no, que se adhirieron a las numerosas demandas interpuestas. Con el objetivo de defender a estos perjudicados, el partido lanzó a mediados de diciembre una campaña para localizar a los perjudicados y defenderlos en el proceso. 

La acusación popular en el juicio contra Ausbanc y Manos Limpias, que ejerce Podemos, ha lanzado una campaña para localizar a ciudadanos que recurrieron a la asociación de consumidores de Luis Pineda con el convencimiento de que representaría sus intereses frente a los atropellos de los bancos y que, sin embargo, no han sido reconocidas como víctimas en el juicio que arrancará el próximo 29 de enero en la Audiencia Nacional. 

Podemos denuncia que la causa ha estado orientada desde el principio a considerar a las entidades financieras como las grandes perjudicadas de la extorsión de Pineda, quien conseguía grandes sumas de dinero en contratos publicitarios para sus revistas, de escasa difusión, a cambio de no lanzar campañas contra los bancos y sus dirigentes. 

“Si bien algunos de los bancos han sido sin duda alguna víctimas de estrategias mafiosas, y muy calculadas, de Ausbanc en colaboración con Manos Limpias, en la gran mayoría de los casos estas entidades han sido colaboradoras con Ausbanc en un engaño cuyas víctimas reales son tanto los socios de Ausbanc, que creían y sostenían mensualmente económicamente el proyecto, como muchas personas, socias o no, que se adhirieron a las numerosas demandas interpuestas”, asegura la acusación popular.

Ausbanc, por contra, utilizaba las demandas para negociar sus contratos y quedarse con el dinero, en lugar de revertirlo en los ciudadanos afectados. “En estos casos, los bancos, lejos de ser extorsionados o chantajeados, elaboraban sus cálculos de riesgo y comprobaban si les salía más rentable firmar estos convenios extrajudiciales o arriesgarse a indemnizar a todos los afectados, a sufrir nuevos reveses judiciales similares en otras entidades bancarias del grupo o a perder reputación por noticias sobre sus abusos bancarios”, añaden los representantes legales del partido.

El 29 de enero de 2020 comienza el juicio contra Ausbanc y Manos Limpias, el cual se prolongará durante 13 jornadas hasta el 24 de abril. Los líderes de Ausbanc y Manos Limpias, Luis Pineda y Miguel Bernad, respectivamente, serán juzgados por integrar una presunta trama de extorsión. En la causa, además de Pineda y Bernad, hay otros ocho acusados, entre ellos la abogado de Manos Limpias que dirigió la acusación contra la infanta, Virginia López Negrete.

En ella se juzgará la presunta connivencia entre la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y Manos Limpias para extorsionar a cambio de retirar acusaciones y presionar a bancos. Se acusa a sus líderes, entre otras cosas, de tratar de negociar la retirada de la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo de “entre 2 y 3 millones de euros”.

La Fiscalía pide condenas de 118 años y 5 meses de prisión para Pineda; 21 años y 11 meses para su esposa, María Teresa Cuadrado; casi 25 años para Bernad y cerca de 12 para López Negrete.

El pasado mes de julio, el BBVA decidió retirar su acusación en el caso Ausbanc al alegar que su presencia “no aporta nada en este estadio final del juicio” y que en todo caso “puede ser una distracción innecesaria que dificulte el proceso”.

La Audiencia Nacional ha acordado la puesta en libertad bajo fianza de 500.000 euros para Luis Pineda, el líder de Ausbanc, que se encuentra en prisión provisional desde abril de 2016, imputado por presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Pineda ha solicitado reiteradamente a la Audiencia Nacional la medida de libertad provisional pero, hasta ahora, no se habían atendido sus pretensiones. Con todo, para la defensa que ejerce el despacho Durán & Durán, la cuantía de la fianza es excesiva habida cuenta de que tiene todos sus bienes embargados, por lo que presentarán recurso de súplica, según las fuentes consultadas por Europa Press.

El pasado mes de octubre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respondió por última vez a un recurso de Pineda contra la prisión preventiva y fue de nuevo para denegar la libertad que venía reclamando.

Lo hizo en un auto en el que acordaba mantenerle en prisión por el incremento del riesgo de fuga que, según el tribunal, implica la proximidad de la celebración del juicio contra él, pendiente de señalamiento, y en el que la Fiscalía solicita 118 años y medio de cárcel. Añadía la posible disponibilidad de capitales en el extranjero que podrían seguir ocultos.

“Dispar” situación entre acusados

Ahora, la Audiencia Nacional acuerda su libertad, entre otras razones, por “la dispar situación personal entre los acusados”, un total de diez personas para las que “se solicita penas de prisión igualmente graves, estando en libertad provisional” sin que se haya alegado en esos casos riesgo de fuga. Mientras, Pineda va a cumplir tres años en prisión preventiva.

En cuanto al riesgo de que se oculte en el extranjero, el auto expone que, si bien está acreditada la existencia de transferencias de fondos a EEUU, Colombia y Venezuela sin que hayan sido localizados, así como que Pineda viajó a estos países antes de su detención, la entidad de que se nutrían las ubicadas en aquellos países “se encuentra actualmente sujeta a procedimiento concursal” y los bienes están embargados.

También atiende al hecho de que el “centro de operaciones” de Pineda se ubicaba en España en cualquier caso, donde viven su esposa y sus cuatro hijos, circunstancia que “contribuye a amortiguar riesgo de ocultación al proceso” que se pretende evitar con la prisión provisional.

El juicio no será inminente

Otro de los factores que han pesado a la Audiencia Nacional para acordar la libertad bajo fianza es que “no se está ante la eventualidad de que vaya a ser inminente” la fecha de juicio, dado que es una causa contra diez acusados y varias acusaciones distintas de la pública del Ministerio Fiscal y compleja en cuanto a su volumen y examen de la prueba solicitada.

En todo caso, fija el importe en 500.000 euros porque “aunque se posibilite recobrar la libertad con la modificación de la situación personal de Luis Pineda que en esta resolución se acuerda, la cantidad fijada se encamina a disuadir de riesgo alguno de ocultación al proceso”.

Pineda está acusado por presuntamente liderar una campaña de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de importantes sumas de dinero desde la organización que presidía, Ausbanc.

El juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, dictó auto de apertura de juicio oral el pasado mes de agosto, pero ha sido en febrero cuando remitió la causa a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para enjuiciamiento, pues quedaban algunos recursos pendientes de resolución. El juicio sigue sin fecha.

El BBVA recurrió al comisario Villarejo para acabar con el chantaje al que le sometía Ausbanc, la falsa asociación de consumidores de Luis Pineda, en prisión desde abril de 2016. El banco que preside Francisco González pagó algo más de cinco millones de euros entre enero de 2012 y abril de 2017 a las empresas del comisario José Manuel Villarejo. Los trabajos quedan reflejados en facturas con denominaciones genéricas y que no responden a uno de los principales encargos que recibió el policía acusado hoy de liderar una organización criminal: investigar a Ausbanc.

La investigación que desarrolló el comisario Villarejo, en servicio activo en la Policía cuando se realizaron la mayoría de esos trabajos, derivó en la elaboración de un listado de jueces a los que clasificó en tres apartados: los que acudían a las conferencias remuneradas de Ausbanc, aquellos que intervenían en demandas de la organización de consumidores a los principales bancos y otra para los togados que habían fallado a favor de la falsa asociación de consumidores. En total, 172 magistrados a los que Villarejo y sus colaboradores incluyeron en sus informes para el BBVA, según una extensa documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.

La investigación de Villarejo sobre Luis Pineda fue sistemática y duró más de tres años: de 2010 a 2013. En ese tiempo acumuló más de medio giga de información en cerca de 800 archivos informáticos, entre notas del registro mercantil, fotografías a las propiedades del presidente de Ausbanc o bases de datos de jueces. El comisario hoy encarcelado desmenuzó toda la estructura de esta falsa asociación de consumidores: sus contactos políticos, sus subvenciones públicas, sus propiedades, sus ingresos, la familia de Pineda, sus marcas, sus negocios en el extranjero... El rastro del comisario en ese trabajo de investigación sobre Ausbanc es bastante amplio. El nombre de una de sus empresas, Cenyt, aparece en los metadatos de algunos de estos archivos. También figura otra de sus sociedades, Stuart and Mckenzie, en distintas peticiones de información al registro de la propiedad sobre inmuebles propiedad de Luis Pineda o sus empresas.

Las facturas en la contabilidad del grupo empresarial de Villarejo al BBVA van desde la más pequeña, de 2.800 euros por la “impartición de sesión de trabajo en grupo: Weather the Weather”, hasta los 2.577.661,70 euros que Cenyt le factura al banco el 17 de febrero de 2014 como una “prima de éxito”, pactada en febrero de 2010. Entre la documentación a la que ha tenido acceso esta redacción aparece un informe fechado dos meses después de este abultado bonus, en abril de 2013, de más de doscientas páginas, sobre la actividad de Ausbanc, Luis Pineda y el resto de los responsables de la asociación, detenidos e imputados tres años más tarde en el marco de la Operación Nelson.

Consultado por el trabajo sobre Ausbanc y el resto de pagos, la entidad que preside en la actualidad Francisco González se ha limitado a contestar que una empresa de Villarejo “ha sido proveedor del área de seguridad del banco para servicios de asesoría en materia de seguridad, y de protección de los activos y personas de la entidad”. “Todos los contratos, de manera expresa, citaban la obligatoriedad del cumplimiento de la legislación”, añade un portavoz de la entidad.

El juez Santiago Pedraz dictó el pasado agosto auto de apertura de juicio oral contra Pineda y el resto de los acusados. Para el presidente de la asociación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 118 años de cárcel por liderar una organización criminal, 16 delitos continuados de extorsión, cuatro de extorsión, siete de extorsión en grado de tentativa, delito de estafa, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.

La Fiscalía describe la actividad de Pineda al frente de Ausbanc, consistente en amenazar a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que apenas nadie leía. La investigación cifra en 39 millones de euros los ingresos que logró Pineda a través del chantaje que practicó durante diez años.

La investigación judicial a Ausbanc arranca un año después de que Villarejo elaborase su dossier para el BBVA. Ocurre el 2 de febrero de 2014 cuando la UDEF de la Policía recibió una “denuncia anónima” describiendo las actividades ilícitas de Pineda, según consta en el primer informe policial incorporado al sumario. Quince días después de la presentación de esa denuncia anónima, Villarejo ingresó la factura récord dentro de su relación con el BBVA, los 2.577.661,70 euros de la “prima de éxito” por el contrato firmado cuatro años antes. “Liquidación final”, recoge la factura.

El entonces fiscal jefe de Delitos Económicos en la Audiencia Nacional, Daniel Campos, presentó una querella el 10 de noviembre de 2015 con los avances en la investigación que había originado la denuncia anónima ante la UDEF. El BBVA colaboró activamente en la investigación judicial que se abrió en la Audiencia Nacional, posterior a los encargos que realizó Villarejo, según fuentes del caso.

Jueces “favorables” y banqueros “desfavorables”

En otro de los documentos a los que ha tenido acceso esta redacción se analiza una de las publicaciones de Pineda, la revista Mercado de Dinero, y se concluye que hay contactos “favorables” y “desfavorables” a Ausbanc. Ahí aparecen desde jueces, incluido un presidente de un Tribunal Superior de Justicia porque en junio de 2013 inauguró un foro jurídico sobre transparencia bancaria que patrocinaba Ausbanc Empresas. Lo mismo se atribuye a dos presidentes de audiencias provinciales.

En los contactos “desfavorables” a Luis Pineda figuran el presidente del BBVA, Francisco González, y Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid que también se negó a ceder al chantaje de Ausbanc. Manos Limpias pidió prisión sin fianza para Blesa en una de las causas contra el fallecido banquero que finalmente fue archivada. En aquella causa ejerció la representación letrada de Manos Limpias el propio Pineda.

Los documentos que guardaba Villarejo apuntan a que el comisario comenzó investigando a Ausbanc y así llegó a realizar el trabajo sobre los jueces. A los que asistieron a conferencias pagadas de la asociación entre marzo de 2010 y julio de 2013 los divide entre los que fueron a unos actos u otros, si estuvieron anunciados, pero no fueron y los que finalmente participaron. También dedica un apartado a si habían recibido elogios en las revistas que utilizaba Pineda para su presunta extorsión. Este documento se llama “Relaciones con la judicatura”.

El entramado de Pineda era una máquina de poner querellas. El principal acusado tenía una terminal en el sindicato ultra Manos Limpias, que dirigía Miguel Bernad, quien también se sentará en el banquillo. Pero las querellas contra los bancos estaban reservadas a la asociación de consumidores.

Los trabajos de Villarejo permiten localizar en un segundo documento Excel a 32 jueces o tribunales que fallaron a favor de las mismas y que el comisario y sus colaboradores plasmaron en otro documento que distinguía entre casos de “permutas y clips”, “preferentes” y “clausulas suelo”. Esos 54 jueces fallaron sobre causas que afectaban a casi todos los bancos y cajas en juzgados de toda España. Un tercer documento cita 300 querellas, contra qué banco se interpusieron y que tribunal o juez penal falló.

Más de 6 millones, con IVA

La cifra total de trabajos pagados por el BBVA a las empresas de Villarejo es de 5.058.099,38 euros sin IVA y 6.109.388,23 euros con IVA. Además del pago de más de 2 millones hay otros muy relevantes. El primero de los que aparecen en la citada contabilidad es de febrero de 2012, asciende a 767.000 euros (con IVA) y corresponde a “servicios profesionales de localización de bienes y estructuras patrimoniales paralelas al proyecto denominado King”.

El proyecto King da nombre a la pieza principal del caso Villarejo, que investiga el encargo para desprestigiar a uno de los hijos de Teodoro Obiang, el dictador guineano, de parte de otro de sus hijos. Ni la fecha de la factura, febrero de 2012, ni la entidad que paga, el BBVA, coinciden con la investigación de la Audiencia Nacional. El BBVA contestó a elindependiente.com, el medio que desveló la facturación de Villarejo al BBVA, que esa factura responde en realidad a “servicios prestados de investigación sobre la solvencia patrimonial de una empresa española deudora del banco”.

El comisario José Manuel Villarejo Pérez fue detenido el 3 de noviembre de 2017. Está en prisión provisional por organización criminal, blanqueo de capitales, extorsión y revelación de secretos, entre otros delitos. La investigación le muestra como el líder absoluto de una banda dedicada a fabricar informes para clientes de la élite empresarial y política en contra de sus enemigos. Para ello se servía de su condición de funcionario público, lo que le permitía de primera mano o con colaboración de otros policías, tener acceso a información reservada.

De las 22 facturas en poder de eldiario.es, Villarejo giró 14 de ellas siendo funcionario público. La última, del 1 de agosto de 2016, tres días antes de su jubilación por 60.500 euros. El concepto es “honorarios por servicios profesionales correspondientes al mes de julio”, de acuerdo a un contrato firmado ese mismo mes. Ese concepto se repite un total de diez ocasiones. La última es de 4 de abril de 2017, siete meses antes de ser detenido.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra el expresidentede la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda; el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard; la abogada Virginia López Negrete -que ejerció la acusación contra Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina en el juicio por Nóos- y otras siete personas a las que acusa de integrar una organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

Además, el juicio se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica y otras 25 sociedades civiles relacionadas con ésta desde las que se realizaban los supuestos delitos.

El auto dado a conocer este lunes ratifica la prisión provisional de Luis Pineda- en prisión desde abril de 2016- así como la situación personal de todos los acusados, incluida la legal de dejar constancia del domicilio en España para notificaciones y citaciones, “además de la obligatoria de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos”.

En el mes de diciembre se conoció la petición de penas que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó para todos ellos, que es de 118 años y 5 meses de cárcel para Pineda y 24 años y 10 meses para Bernard.

Se les acusa a ambos de los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda -se les añade estafa y blanqueo de capitales y por ello la Fiscalía le pide una multa de 10 millones de ee euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en el sumario, por ejemplo, en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda, 119 años de prisión y 25 para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, por liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra políticos y empresarios y entidades bancarias para que retiraran acusaciones en su contra.

El Ministerio Público les imputa a ambos los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda añade estafa y blanqueo de capitales. Para la que fuera abogada de la acusación en el 'caso Nóos', Virginia López Negrete, solicita 12 años de cárcel por organización criminal y extorsión.

Dirige su acusación contra ocho personas más en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cerró el pasado mes de octubre cuando expuso que había quedado acreditado la existencia de una organización criminal dirigida por Pineda para la “obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros”.

El pseudosindicato Manos Limpias intentó extorsionar al Banco Santander usando una denuncia de un particular que acusaba a Ana Patricia Botín, a su madre, Paloma O'Shea y a personal de seguridad de la entidad, de urdir el asesinato de Emilio Botín que según el escrito habría sido ejecutado por un narco colombiano llamado Jesús Samper Gaviria. La querella fue rápidamente archivada en la Audiencia Nacional en 2015 por falta de pruebas pero Manos Limpias intentó aprovechar la judicialización de la muerte de Botín para extorsionar al banco a cambio de no personarse y ejercer de acusación en el caso.

Todo arranca en la primavera de 2015, con una denuncia del empresario Juan Muñoz Bloise –con intereses en el sector de la comunicación y varios diarios confidenciales– que trataba de demostrar que la muerte del presidente del Banco Santander el 10 de septiembre de 2014 fue en realidad un asesinato planificado por sus familiares más directos y por el personal de seguridad del banco.

Juan Muñoz Bloise –administrador único en sociedades vinculadas al sector de la información como Euro 2000 Press Diario Digital, SL, Pentágono Comunicaciones SL, Confidencial Press SL y presidente de la sociedad Ediciones del Eterno Retorno SA– presentó a través de un notario primero ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y después directamente ante la Audiencia Nacional un abracadabrante relato de dos folios en los que señalaba que tres individuos habían suministrado una dosis mortal de penicilina que le causó la muerte al banquero, enfermo de diabetes.

“El banquero cántabro no murió de un infarto legal [sic] tal y como se ha querido hacer ver a la opinión pública sino que fue vilmente asesinado en su despacho de la ciudad financiera del Santander, situada en el municipio de Boadilla del Monte”, arranca la denuncia, a la que ha tenido acceso eldiario.es y que no ha tenido más recorrido en los tribunales que un par de diligencias de trámite ordenadas por el juez Santiago Pedraz. Luego cerró definitivamente la causa por falta de pruebas. 

Tanto el acta de defunción como las diligencias judiciales señalaron que Botín murió por causas naturales: un infarto. Esa misma semana, antes de su muerte, había cancelado gran parte de su agenda porque se encontraba enfermo.

Según fuentes de aquella investigación nunca hubo caso, puesto que el denunciante no aportó ningún indicio de sus gravísimas acusaciones. Pero la judicialización de la muerte del banquero sirvió al pseudosindicato Manos Limpias para chantajear al Santander. Lo apunta el propio juez Pedraz en un auto del pasado 30 de octubre sobre la investigación que ha llevado a prisión a Luis Pineda, presidente de la supuesta entidad sin ánimo de lucro Ausbanc, y a Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, por sus maniobras de extorsión.

Ambos están procesados por los delitos de estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en subvenciones y pertenencia a organización criminal.

A la hora de enumerar los distintos episodios en los que Manos Limpias trató de chantajear a empresas y entidades bancarias a cambio de no acusarles en los tribunales, el juez de la Audiencia Nacional señala el caso del Santander: “Luis Pineda empleó su influencia y peso en Manos Limpias para que por parte del sindicato no se continuasen las acciones que se tenían previstas en relación a la denuncia por el presunto asesinato de Emilio Botín, y así de aprovechar la petición de financiación vía convenio publicitario con el Banco de Santander”. 

El auto de Pedraz se apoya sobre la documentación recabada por la Policía durante los registros informáticos en las sedes de Ausbanc y Manos Limpias en los que apareció la denuncia sobre el supuesto crimen. Fuentes de la investigación sostienen además que fue el propio Miguel Bernard, el secretario general de Manos Limpias, quien dejó en una sucursal del Santander la querella con una nota suya para que fuese enviada a la dirección de la entidad. 

La historia del supuesto asesinato de Botín ha revivido esta semana en las redes a través de varios diarios digitales de corte ultraconservador. El pasado 31 de octubre, solo un día después del auto de Pedraz acusando a Manos Limpias de intentar sacar tajada de la denuncia, La Tribuna de Cartagena ha recuperado la historia que otras webs como Rambla Libre, que dirige Enrique de Diego, o la web del locutor César Vidal han amplificado durante los últimos días.

Judicialmente, el caso está cerrado, tal y como admitió este miércoles a eldiario.es Carlos Javier Sánchez-Seco Vivar, que representa al empresario autor de la denuncia. Según el abogado es el “delicado estado de salud” de Juan Muñoz Bloise, su cliente, el que impide presentar de nuevo la denuncia en un juzgado de Móstoles, tal y como tenían previsto.

Fuentes cercanas al empresario reconocen que su querella fue empleada por Ausbanc y Manos Limpias para extorsionar al Santander pero niegan que ambas acciones estuviesen coordinadas. Juan Muñoz Bloise ya fue condenado el pasado marzo, según adelantó vozpopuli, a cinco meses de prisión por un intento de extorsión a los empresarios Juan Abelló y Ana Gamazo, dos de las personas más acaudaladas de España. En este caso la amenaza consistía en revelar sus supuestas implicaciones en un fraude de paraísos fiscales.

Ni el Banco Santander ni la familia Botín han querido hacer declaraciones sobre este caso.

Mientras tanto, un puñado de webs vinculadas a la ultraderecha acusan a medios de comunicación, jueces e instituciones de ocultar el asesinato del primer banquero español y el insólito thriller  en el que un supuesto narco colombiano acabó con la vida de Botín por encargo de su hija y su esposa en medio de una guerra familiar por el control del Santander.