Rubén Sánchez (Sevilla, 1974) no es solo el secretario general de Facua, una organización no gubernamental dedicada a la defensa de los consumidores. Desde hace aproximadamente una década también es una de las figuras más activas en la red social Twitter, hoy llamada X, en el trabajo de señalar a bulos y buleros. De sus pleitos y denuncias han salido algunas de las condenas más llamativas, como por ejemplo las que obligaron a Luis Pineda (Ausbanc) a tuitear durante varios días su fracaso legal o a publicar una sentencia en las marquesinas de Sevilla y Málaga. Ahora Sánchez publica y edita “Bulos: Manual de combate”, un libro en el que repasa la trayectoria de uno de los grandes protagonistas del debate público español. Los bulos que se lanzan a diario en internet y que, con poco esfuerzo, se abren paso hasta la calle, los medios o el Parlamento.

¿Quién hace negocio con los bulos?

Difundir bulos es uno de los negocios más rentables que existe en este momento para la ultraderecha política. Con ellos está logrando llegar al poder en países o territorios. Le han servido en España a Vox para poder alcanzar el poder en determinados puntos del país y su anhelo es llegar al Gobierno de España gracias a los bulos que difunde. Y luego hay gente que vive de esos bulos, de servírselos a la extrema derecha para que pueda usarlos contra sus enemigos políticos. Desde organizaciones hasta pseudomedios o grandes medios. También los mercenarios que han ido apareciendo, desde el ámbito mediático como Javier Negre hasta Vito Quiles o Alvise Pérez. Todos ellos viven del bulo, que ha existido siempre pero en la órbita de la extrema derecha y el odio están sacando muchísima rentabilidad.

¿Se puede luchar contra un bulo?

Los bulos son una ametralladora y no puedes combatirlos todos, hay que seleccionar los más duros. Como periodista no puedes enfrentarte a todos los que se han fabricado hoy y tienes un acumulado enorme de otros días, tienes que seleccionar. Es muy difícil de frenar. Hay que seleccionar los más duros, que más pueden estar causando perjuicio. A mí me han dedicado muchísimos bulos, yo seleccioné a personajes que me estaban haciendo especial daño para enfrentarme a ellos. Desmontando bulos o llevándolos a los tribunales.

¿Cuesta más desmentir un bulo que crearlo?

Una de las frases que cito en el libro es de Mark Twain: La mentira ha dado la vuelta al mundo cuando la verdad no ha empezado a ponerse las botas. El bulo se viraliza a una velocidad de vértigo porque es escandaloso, llamativo, morboso, espectacular, llama mucho la atención y llega a todos lados. La verdad no es tan espectacular como la mentira, puedes conseguir que algunas de las personas que se lo habían creído acaben recibiendo el mensaje que lo desmonta, pero muchas van a preferir creerse el bulo.

El bulo siempre queda, por mucho que desmontes a todos los niveles, incluido el judicial, siempre se va a quedar en la mente de muchas personas, que no te vieron desmentir la mentira o que prefieren pensar que es verdad porque la víctima del bulo es un personaje que no le cae bien.

¿La Justicia tiene herramientas para pelear de forma eficaz contra este tipo de desinformación?

Absolutamente. Los bulos no necesitan una reforma legislativa, aunque hay elementos que reformar y mejorar en las leyes del derecho al honor o rectificación. Siempre se puede mejorar, pero decir que no hay herramientas es una falacia. Es un obstáculo lo cara que es la Justicia. Tener que defenderse en los tribunales cuesta mucho dinero, yo pedí dinero a mis padres cuando me enfrenté a Luis Pineda. O eso o asumir que no te puedes defender. Y si te llevan a ti a los tribunales… Francisco Serrano, de Vox, me intentó hundir económicamente abriéndome cinco causas. El objetivo era que yo pudiera amedrentarme en la causa en la que soy acusación contra él por fraude en subvenciones.

Hay que tener capacidad económica. Y muchísima paciencia. Se tarda mucho, por el camino sigues sufriendo la difamación y te acaban absolviendo pero has estado un tiempo imputado, como fue mi caso.

También es fundamental que jueces y fiscales se formen mucho mejor en materia de derecho al honor, rectificación o imagen y ser conscientes de que hay que estar al día, porque existe un nuevo fenómeno con internet, las redes sociales y la viralización de un bulo. Esto no es como hace unos años que salías en un periódico y la audiencia era la que era. Ahora un bulo puede llegar a millones de personas por la viralización del mensaje y los jueces tienen que ser conscientes de eso cuando miden la cuantía de indemnización económica y la obligación de publicar la sentencia de una determinada manera.

¿Las indemnizaciones son bajas?

Muchas veces el juez pondera a la baja y con una difamación que ha provocado un gravísimo perjuicio decide que con 2.000 euros es suficiente y son cantidades ridículas para el daño que se ha hecho. En España hay pocas sentencias del derecho al honor que ronden los 100.000 euros de indemnización y debería haber muchísimas más. Ahí deberían ponderar al alza la gravedad de las difamaciones por la enorme viralización de los bulos en internet en determinados casos. En una de mis demandas contra Pineda gané pero me salió a perder: pagué más abogado y procuradores que la indemnización que recibí.

¿El bulo se ha convertido en un arma políticamente rentable?

Es la estrategia, por muchos bulos que lances y te desmientan hay bulos que van a quedar en la gente. Fue interesante el debate de las últimas elecciones generales entre Feijóo y Sánchez, cuando Feijóo empieza con una ametralladora de bulos. Uno detrás de otro. En ese momento Sánchez no sabe reaccionar, no puede estar desmontando uno a uno todos los bulos que Feijóo ha lanzado. Fue una estrategia bochornosa, impresentable, pero brillante en el ámbito de la comunicación porque Sánchez no fue capaz de desmentirle, no había tiempo de debate para desmentir una a una las mentiras. La estrategia del bulo y esa ametralladora al final provocan que la gente piense que alguna de esas cosas será verdad.

Alvise, hoy eurodiputado, ha cimentado su fama en la difusión de bulos.

Así también logró Vox ser lo que está siendo: mediante bulos,. Algunos importados de otros países, basados en difamar a mujeres que defienden sus derechos, a homosexuales, al colectivo LGTBI, a la inmigración… Alvise es el caso peculiar de un personaje sin partido político detrás que se ha hecho a sí mismo con sus bulos, aunque tiene detrás determinados apoyos. Son bulos muy muy zafios pero que han demostrado que pueden llegar a 800.000 votos en el Parlamento Europeo. Políticos y medios deberían bajarse del pedestal y asumir que, por muy zafio que sea el bulo, hay que desmentirlo e investigar al personaje.

Con Alvise se ha llegado tarde. No hubo una estrategia para desmontar sus bulos de forma sistemática. Y según los últimos datos del CIS su agrupación crece en intención de voto. El que una persona con ese perfil pueda llegar a ser determinante para un acuerdo de Gobierno PP-Vox pone de manifiesto lo peligroso que era desde el minuto uno y nadie lo supo o quiso ver.

Hay un capítulo donde yo hablo de que, a veces, tienes que hacer tu el trabajo y algunos perfiles nos hemos tirado años desmontando bulos de Alvise viendo cómo grandes medios de comunicación no hablaban de él con el concepto extraño de “no queremos darle bola”. Eso ha sido un grandísimo error y el punto de inflexión ha sido vuestra información en la que dais a conocer los 100.000 euros en metálico. Ahí muchos periodistas en este país han dicho: “Joder, de verdad hay que investigar a Alvise porque hay algo detrás”, y era evidente.

“Se llama periodismo”, afirmas en uno de los capítulos del libro. ¿En qué hemos fallado los medios para que los bulos tengan tanto protagonismo?

Cuando Vox era un partido emergente, algunos medios empezaron a publicar titulares supuestamente neutros con propuestas de Vox que son auténticas aberraciones y no hacían un análisis, no hay fact checking. Vox lanza el discurso de que existe un alto porcentaje de denuncias falsas de violencia machista, y en lugar de en la misma pieza dar el dato que demuestre que es mentira, dan la pieza con la afirmación que ha hecho Vox. Esto es darle credibilidad, es un error. Cuando se sabe que alguien está diciendo algo falso no puedes limitarte a contar lo que dice, hay que desmontarlo, sobre todo cuando son discursos tan peligrosos como estos. Yo creo que ese ha sido un fallo por parte de muchos medios o profesionales de la información: no desmontar sobre la marcha el discurso.

Otro fallo ha sido no hacerlo intencionadamente porque provocaba clics. Puede ser llamativa o morbosa una aberración que lance Vox, puede provocar impacto y rendimiento a nivel de ingresos publicitarios pero es grave, a mí me parece una irresponsabilidad desde la ética periodística. Y ha habido medios que han querido ayudar a Vox con toda la intención del mundo porque le venía muy bien para quitarle peso al PSOE o a los partidos a su izquierda. O medios ultras que entienden que hay que ayudar a Vox para que llegue al poder.

En el libro hablas de Ausbanc o de Manos Limpias, entre otros. ¿Se puede judicializar un bulo?

Si te encuentras determinados perfiles de jueces te puede pasar eso. Yo he ganado 25 sentencias, casi todas las que he tenido han sido favorables. No he tenido ningún Peinado, Escalonilla o García Castellón de por medio, he tenido suerte con los jueces. Algunos han dictado resoluciones que me han perjudicado, que no me han gustado, que he entendido que eran incorrectas pero no les voy a dar una calificación peyorativa, sencillamente creo que no hicieron bien su trabajo y tengo derecho a manifestarlo. Pero he tenido la suerte de no tener esos perfiles.

Es posible que, con uno de esos perfiles, me hubieran imputado cuando Manos Limpias me denunció argumentando que emitía facturas falsas porque no tenían mi NIF. Se basaron en que El Mundo había publicado una factura y borraron mi NIF por protección de datos. Y esa mamarrachada se la trasladan a un juez, evidentemente el juez dice “esto no hay por dónde cogerlo, cómo lo voy a imputar”. Pero imagínate que me imputan, el daño reputacional habría sido bestial.

Las denuncias basadas en “meros recortes de prensa”...

Meros recortes de prensa no son. Son informaciones tergiversadas o sin base. Yo tengo claro que se puede abrir una causa judicial porque un periodista elabore un reportaje de investigación y destape cosas fuertes. En ocasiones no es periodismo de investigación sino cosas extraordinariamente cutres que se han fabricado para inventar delitos. Y se han abierto causas, y algunas han durado muchísimos años como las de Podemos, entre ellas el caso Neurona basado en la más absoluta nada.

¿Cómo puede llegar a afectar un bulo a una persona?

Los bulos ya no se quedan en las redes, no vivimos en 2009. La red es nuestra vida, da lo mismo que salga en una televisión a que salga en un móvil. El bulo se viraliza y punto. En Burjassot una niña se ha intentado suicidar y ha tenido que cambiar de instituto como consecuencia de que tras ser víctima de una violación en manada, que ya tiene un sufrimiento enorme como es obvio, se le suma la difamación de Cristina Seguí. Inventó que la niña había mentido para salir en la tele y ganar dinero. Imagínate la gravedad extrema a la que llega para que una niña víctima llegue a intentar suicidarse, porque el bulo que lanza Seguí por Telegram, Twitter y Youtube en el canal de Javier Negre llega a muchísimas personas, al entorno de la niña en su municipio, se viraliza de una forma brutal y señalan a la niña. Claro que tienen una importancia, y ya no podemos hablar de bulos en las redes como si fueran un compartimento estanco.

Hay que intentar hacer atractivo el discurso que desmonta las mentiras. Conseguir que llegue a muchas personas para que te ayuden a viralizar tu denuncia. Lo tienes que hacer espectacular también, trazar una estrategia, ser creativo como han sido creativas algunas condenas porque mi abogado o yo fuimos creativos a la hora de proponer o emprender acciones. De eso va el libro: cómo he conseguido con estrategias de comunicación provocar, a veces, que hayan llegado a tener a veces más repercusión que el bulo en sí.

¿Quién va ganando en la batalla contra los bulos?

En la guerra contra el mal llevamos perdiendo desde hace cientos de años, pensar que vamos a ganar, es una utopía, si le quitáramos un ápice de su fortuna a los multimillonarios acabaríamos con el hambre en el mundo, esa es una utopía. Es eterna y nunca la vamos a ganar por desgracia. Pero lo que estamos viviendo ahora son batallas contra los bulos, la extrema derecha y se pueden ganar una a una.

Son pequeñitas batallas, a pequeño nivel, como cada vez que gano una sentencia contra Negre. O una batalla de mayor envergadura, como que en España se lograra una mayor intención de voto en la izquierda de lo que se pensaba y eso haya frenado en las últimas generales que tengamos a Abascal de vicepresidente del Gobierno. Son muchas batallas que se pueden ganar para que, al menos, tengamos ese dique de contención frente al mal que ahora está reflejado en parte en la extrema derecha, y la guerra nunca va a acabar. Es una incógnita si en nuestro país la extrema derecha llegará al poder o se la conseguirá frenar.

El Tribunal Supremo ha decidido absolver al líder de Ausbanc, Luis Pineda, y al de Manos Limpias, Miguel Bernad, de las condenas de hasta ocho años de cárcel impuestas por extorsionar a bancos y otras entidades para que firmaran acuerdos comerciales con ellos a cambio de retirar acciones judiciales. Los jueces reconocen que esos tratos se produjeron pero que no llegan a suponer los delitos de extorsión y estafa por los que fueron condenados en la Audiencia Nacional: “No es posible identificar en qué consistió el engaño”, dicen los jueces sobre este segundo delito. Pineda llegó a pasar tres años en prisión provisional por esta causa.

Luis Pineda dirigió durante años la asociación de consumidores Ausbanc, dedicada sobre todo a combatir los abusos de las entidades bancarias sobre sus clientes con asuntos como las cláusulas suelo o asuntos hipotecarios. Pero, según había determinado la Justicia hasta este viernes, además se había aliado con el autodenominado sindicato Manos Limpias para hacer algo más: extorsionar a los bancos a los que llevaba a los tribunales para que firmaran acuerdos económicos con él y sus revistas para, a cambio, retirar las acciones judiciales que había presentado contra ellos.

La primera sentencia del caso condenó a Pineda a ocho años de cárcel por extorsión y estafa, incluyendo cuatro años para Bernad por cooperador necesario, acusado de ser la punta de lanza judicial de la estrategia de Ausbanc a través de Manos Limpias. Una primera resolución de la Audiencia Nacional que ya fue un jarro de agua fría a las acusaciones de la Fiscalía, que pedía más de 100 años de cárcel para Pineda.

El Tribunal Supremo acaba de certificar el fracaso del Ministerio Público en un caso por el que Pineda llegó a pasar tres años en prisión preventiva. Los jueces entienden que es cierto que esos acuerdos entre Ausbanc y los bancos se produjeron, pero también entienden que la presión que Pineda pudiera ejercer no llega al mínimo que exige el Código Penal para hablar de un delito de extorsión. Tampoco identifican, aseguran en su sentencia, los elementos necesarios para hablar de estafa.

El Supremo mantiene que es cierto que Pineda, si los bancos firmaban esos acuerdos de colaboración, se comprometía a dejar en paz al banco e incluso a dar una “imagen amable” de la entidad en sus revistas y publicaciones. También que si no firmaban, las acciones civiles y penales contra ellos seguían adelante, junto con noticias y artículos con un “tratamiento desfavorable” hacia las entidades, perjudicando su imagen comercial.

Todo eso sucedió, pero según el Supremo no alcanzó los límites del delito. Sus negociaciones, aunque sean “censurables” desde “la valoración ética”, no fueron un delito de extorsión. “No se alcanzan para colmar el concepto de intimidación que, en paridad con el de violencia, constituye elemento típico del delito de extorsión”. Lo que hacía Pineda cuando los bancos no se plegaban a sus condiciones, añade el Supremo, “eran, en principio, conductas lícitas”. Algunas de esas entidades forman parte del Ibex-35, añade el Supremo, y eso les daba herramientas para enfrentarse a esta situación sin sufrir grandes daños.

Las condenas de Pineda

Con esta resolución, Luis Pineda queda exonerado de la acusación más grave que ha pesado sobre él. Un caso en el que la Fiscalía llegó a pedir 119 años de cárcel para él y otros 25 más para Miguel Bernad. Pero en el pasado otros tribunales han declarado firmes condenas por difamar a otras personas. Entre ellos a Rubén Sánchez y Facua además de a un community manager de la Policía Nacional.

En el caso de Sánchez y Facua, diversas sentencias reflejan cómo durante años el líder de Ausbanc se dedicó a publicar difamaciones que han desembocado en sentencias firmes, algunas pioneras en España a la hora de obligar a hacer público el fallo en redes sociales como Twitter. La última, tal y como reveló elDiario.es, llevó a Pineda a publicar el fallo de una de sus condenas en las marquesinas de autobús de las calles de Sevilla y Málaga.

En el caso del antiguo community manager de la Policía, el Supremo y su Sala de lo Civil certificaron en firme que Pineda usó las revistas y publicaciones de Ausbanc para referirse a Carlos Fernández, exresponsable de las redes sociales de la Policía, como “matones a secas”, relacionándole precisamente con Facua. “Red de matones 2.0” o “matones a secas” y comparaciones con las Wafen-SS de la Alemania nazi le costaron una de sus múltiples condenas firmes por lo civil.

Las marquesinas de varias paradas de autobús de Sevilla y Málaga han amanecido este miércoles con una publicidad poco habitual: un fallo de una sentencia judicial. La sentencia que hace más de un lustro condenó a Luis Pineda, líder condenado de Ausbanc, por difamar a la asociación de consumidores Facua y a su entonces portavoz, Rubén Sánchez. Pineda utilizó en ese momento las mismas marquesinas para acusar a la asociación de “métodos mafiosos” y “fraude” y ahora la ejecución de un pionero fallo judicial obliga a que la condena por vulnerar su honor haya sido publicada en el mobiliario urbano andaluz.

Los ataques de Pineda, condenado a ocho años de cárcel por extorsión en el caso Ausbanc, se remontan a hace casi una década. Mensajes en las redes sociales o, como en este caso, carteles en las marquesinas de Sevilla y Málaga difamando a Rubén Sánchez y a Facua que han sido declarados injuriosos por distintos juzgados y tribunales y que han dado pie a diversas condenas pioneras en la adaptación de una sentencia al medio en el que se ha cometido la irregularidad. En este último caso, la asociación ha sido defendida por el letrado Manuel Molina Suárez.

Una de ellas fue la que obligó a Pineda a publicar en Twitter (ahora X) durante un mes, día tras día, la sentencia que le condenó por llamar a Sánchez cosas como “golfo”, “imbécil” o “corrupto” en esa red social. En ese momento, además, Pineda se encontraba en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional.

Este nuevo fallo viene de una sentencia que en 2017 también proscribió que Pineda y su asociación contratasen publicidad en varias marquesinas de autobús de Sevilla en la primera mitad de 2014 para poner varias portadas de su revista en las que aparecían caricaturas del presidente y el portavoz de Facua junto con mensajes como “se busca”, “métodos mafiosos” o acusándoles de ser un “fraude para los consumidores”.

El juzgado número 10 de Sevilla declaró que estos mensajes y estos montajes vulneraban el honor de la asociación de consumidores y sus caras visibles, a los que Pineda debía indemnizar con 15.000 euros. Y allí donde la mayoría de sentencias exigen que sus fallos se publiciten, por ejemplo, en periódicos o programas de radio, la magistrada fue más allá: “En cuanto a su publicación en las marquesinas de autobuses se llevará a cabo en las de las ciudades de Málaga y Sevilla”, especificó.

El fallo, que cumplió seis años hace apenas unos días, ha sido ejecutado en las últimas horas en varias marquesinas de autobús de ambas ciudades andaluzas. La parte final de la resolución que declaró que Ausbanc, Luis Pineda y Luis Suárez Jordana, colaborador de Pineda y en su momento condenado por estafa con varios pasajes destacados en negrita.

Condenado a publicar la sentencia

Según fuentes del caso, la sentencia es de 2017 pero se ha ejecutado este mes de octubre después de que Pineda haya pagado la indemnización y haya asumido el coste de colocar los carteles en las marquesinas de autobús de ambas ciudades andaluzas. Con este fallo, indican estas mismas fuentes, quedan saldadas las deudas judiciales de Luis Pineda con Facua y con Rubén Sánchez después de varias sentencias condenatorias que le obligaban a pagar indemnizaciones.

Otra de estas sentencias con una ejecución poco habitual entonces fue declarada firme en 2016 por parte del Tribunal Supremo. Luis Pineda había sido condenado a indemnizar a Sánchez con 4.000 euros por más de medio centenar de mensajes en Twitter en los que le insultaba, pero también tenía que publicitar el fallo en el mismo medio en el que había publicitado las injurias.

Eso llevó a una ejecución pionera en ese momento, con Pineda obligado a tuitear el fallo durante “durante 30 días en el horario de mañana (de 9.00 a 14.00 horas) o tarde (de 17.00 a 22.00 horas)”. En ese momento, además, Pineda estaba en prisión provisional por la investigación a la red de extorsiones de su organización Ausbanc en colaboración con el pseudo sindicato Manos Limpias.

Pineda está a la espera de que el Tribunal Supremo decida si revoca o confirma su condena de ocho años de cárcel por el conocido como caso Ausbanc. Una sucesión de extorsiones a bancos o a empresas a través de su organización o de Manos Limpias para obtener dinero a cambio de que las entidades evitaran campañas mediáticas en su contra o, incluso, acciones judiciales.

Hace un año, el Tribunal Supremo confirmó otra de las condenas civiles de Pineda, en este caso por difamar al community manager de la Policía Nacional tanto en una de sus revistas como en su cuenta de Twitter.

El Tribunal Supremo ha confirmado que Luis Pineda, líder de Ausbanc condenado a ocho años de cárcel por extorsión, tendrá que indemnizar al antiguo community manager de la Policía Nacional por difamarle en una de sus revistas y en Twitter en 2014. Tanto Pineda como Luis Suárez Jordana, el entonces director de publicaciones de Ausbanc, tendrán que indemnizar de forma conjunta a Carlos Fernández con un total de 6.000 euros.

Luis Pineda fue detenido en abril de 2016 por orden de la Audiencia Nacional. El juez investigaba si el presidente de Ausbanc se había parapetado detrás de esta asociación de consumidores y había utilizado a Manos Limpias para, entre otras cosas, extorsionar a bancos y empresas para que les dieran dinero a cambio de no acusarles en procesos penales o no criticarles en sus publicaciones escritas, como por ejemplo Mercado de Dinero. La Fiscalía llegó a pedir más de 100 años de cárcel y finalmente la Audiencia Nacional le impuso ocho años de prisión y está pendiente de sentencia firme.

Unos pocos años antes sus enfrentamientos públicos con la asociación de consumidores Facua y su líder Rubén Sánchez también se desarrollaban a través de sus publicaciones, y en un momento dado dirigió sus dardos a Carlos Fernández, responsable de las redes sociales de la Policía Nacional en ese momento, al relacionarle con Sánchez. Reportajes llamándoles “matones a secas”, comparándoles con las Wafen-SS de la Alemania nazi y acusándole de formar parte de “una red de matones 2.0” acosando a gente en Twitter, entre otras descalificaciones emitidas también en las redes sociales.

Fernández dejó las redes sociales de la Policía Nacional a mediados de 2015 y demandó a Pineda y al responsable de la revista por lo civil, representado por el abogado David Bravo. Un juzgado estableció unas indemnizaciones que posteriormente rebajó la Audiencia Provincial de Madrid y que ahora ha ratificado la sala primera del Tribunal Supremo: entre Pineda y Suárez deben pagarle 5.000 euros y, además, el líder de Ausbanc debe indemnizarle con otros 1.000 euros más.

Es una condena que, además del aspecto económico, obliga a los dos a publicar el fallo y difundirlo. Primero se les obliga a hacerlo a través de la revista Mercado de Dinero, que ya no existe, o en un medio de comunicación de la misma tirada durante tres números consecutivos. Luis Pineda, por su parte, debe tuitear su sentencia condenatoria durante diez días seguidos. Es un tipo de condena que ya ha sido impuesta por otros tribunales al líder de Ausbanc, por ejemplo, por difamar al propio Rubén Sánchez.

Los jueces no tienen ninguna duda de que Pineda, su socio y su revista difamaron al entonces community manager de la Policía Nacional. Ese reportaje, asociándole con la mafia, según el Supremo “tienen un contenido que no solo es objetivamente descalificatorio y machacón sino también extremadamente infamante y atentatorio contra el honor del recurrido al achacarle un modo de actuar equiparable al seguido por los CDR cubanos o las SS alemanas, lo que, dada la gravedad de la comparación, no se puede tolerar sin una base fáctica suficiente que los artículos mencionados no ofrecen, y que los mensajes del recurrido que reseñan tampoco integran”.

La Audiencia Nacional ha acordado este miércoles rechazar la suspensión del juicio contra la supuesta falsa asociación de consumidores Ausbanc. La defensa de Luis Pineda, el principal acusado, pidió “aplazar” las sesiones de la vista oral para poder estudiar con detenimiento la pieza 9 del caso Villarejo, cuyo secreto se levantó este lunes, y en la que se investigan los encargos del BBVA al comisario jubilado José Villarejo, ahora en prisión. Los abogados del restos de procesados se sumaron a esta petición durante el trámite de cuestiones previas.

La defensa de Pineda defiende que el todo el procedimiento abierto contra él y la supuesta asociación que dirigía está contaminado porque, a su juicio, deriva de un “montaje policial” encarnado por Villarejo y el BBVA, que quería “neutralizarlo” por su actividad contra las prácticas bancarias abusivas. Es más, considera que toda la causa está viciada porque la denuncia que dio origen al caso fue entregada a la UDEF por el comisario. El banco acusó de extorsión a Pineda hasta que se retiró por sorpresa de la causa al considerar su presencia una “distracción innecesaria”.

El fiscal José Perals se ha posicionado este miércoles en contra de la suspensión de la vista al considerar que no consta “ningún dato nuevo” que afecte a esta causa. En este sentido, ha insistido en que el procedimiento no se inició por una “denuncia falsa”, como sostiene la defensa de Pineda, sino que comenzó a iniciativa de la Fiscalía. El interrogatorio a Pineda empezará finalmente este jueves.

500.000 euros anuales

Un auto contenido en el citado sumario sobre los encargos del BBVA a Villarejo apunta de forma indiciaria a que la entidad pagó 500.000 euros anuales durante un periodo indeterminado al comisario para que investigara a Pineda. La contratación de estos servicios se habría llevado a cabo cuando Villarejo era policía en activo. Esos trabajos de espionaje, que el comisario agrupó bajo el nombre de “Proyecto Pin”, se habrían desarrollado entre los años 2012 y 2014.

Pineda se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 118 años de cárcel como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles sin no accedían a sus peticiones económicas.

La defensa del presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha solicitado este martes “suspender y aplazar” las sesiones del juicio oral que se celebra en la Audiencia Nacional contra la asociación para poder estudiar con detenimiento la pieza 9 del caso Villarejo, cuyo secreto se levantó este lunes, y en la que se investigan los posibles contratos del comisario jubilado y en prisión preventiva con el BBVA, que incluirían informes sobre Pineda.

Se da la circunstancia de que ese levantamiento del secreto por parte del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, se produce tras la celebración de la primera sesión del juicio contra Ausbanc y Manos Limpias en el que se trataron cuestiones previas.

“Nos encontramos ante unas actuaciones muy voluminosas, (...) constan sólo en papel 17 tomos, amén de todos los anexos con documentales y pendrives; así como todo los materiales incautados que, además, están incluso obrantes en la pieza principal”, señala en el escrito el abogado Miguel Durán al que ha tenido acceso Europa Press.

Esta parte defiende que las revelaciones del sumario de la pieza 9 afectan a la causa contra su cliente al quedar demostrado que hubo un 'encargo' de BBVA al comisario Villarejo para desacreditar a Ausbanc.

El letrado incluye en su escrito fotografías de varias de las páginas del sumario de la pieza 9 del caso 'Tándem', con documentos en los que se habla de la incautación de informes que ponen en evidencia investigaciones de Villarejo sobre Pineda.

Ante esto, Durán señala que es “materialmente imposible estudiar la extensa documentación en unas horas”, y advierte de que esa falta de tiempo afecta “esencialmente el derecho” de su defendido. Apunta además que ni siquiera han tenido acceso a la “amplísima causa” al estar pendiente de la autorización de la Subdelegación de nuevas tecnologías.

En el escrito, la defensa incluye además conversaciones entre el policía jubilado y el que fuera jefe de seguridad del banco, Julio Corrochano, en las que ambos hablan de interceptar conversaciones telefónicas de Luis Pineda. El también expolicía pide a Villarejo el “rastreo” de sus teléfonos al menos durante un mes, a lo que éste responde: “A ver dónde llama ese pringao. Sí”.

Ante estas evidencias, recalca Durán, lo que procede es suspender y aplazar la sesión para los próximos 5, 6 y 7 de febrero con el objetivo de poder estudiar todo lo que se les ha puesto a disposición desde el Juzgado Central de Instrucción número 6.

“De no hacerlo así, podría conculcar y vulnerar muy seriamente el Derecho de Defensa de Luis Pineda y de los demás encausados, y generar un inútil gasto procesal”, añaden desde la defensa en el escrito dirigido a la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.

En esa primera sesión, la defensa de Pineda ya pidió la suspensión de la causa dado que, apuntaba, el origen de la misma estaba en una denuncia 'anónima' realizada por Villarejo por 'encargo' del banco o de alguno de sus directivos con la intención de desprestigiar a la asociación de usuarios bancarios.

De hecho, esa denuncia que desencadenó el caso Ausbanc también estaba siendo investigada en la pieza 9 de la macrocausa 'Tándem'. Según la factura emitida por la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, asociada al comisario jubilado, a la que tuvo acceso Europa Press, el BBVA pagó en junio de 2015 una cantidad a esta mercantil para que investigase a Pineda y la actividad de Ausbanc.

Cuestiones previas

Precisamente este miércoles la Sala decidirá sobre las cuestiones previas plateadas por el Ministerio Fiscal, las acusaciones y las defensas, en la que será la segunda sesión del juicio oral. Entonces deberá decidir si anula todo el procedimiento judicial, tal y como pidieron las defensas de los acusados.

Tras esto, y si se desestiman, es previsible que se comience con al declaración de Pineda, al que le seguirá la del secretario general del pseudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad.

En la causa contra Pineda, Bernad, la abogada Virginia López Negrete y otras siete personas, la Fiscalía pide hasta 118 años y 5 meses de cárcel para el primero, 24 años y 10 meses para el segundo y 11 años y 11 meses para la tercera.

Les acusa de delitos de organización criminal y extorsión, y en el caso del primero añade estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros. El Ministerio Público reclama además la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc y Manos Limpias.

El macrojuicio se celebra en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que se cerró el pasado mes de octubre, tras más de dos años de investigación, al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por Pineda.

El informe relata cómo el principal acusado ideó la creación de una asociación “sin finalidad de lucro” que denominó Ausbanc pero que en realidad buscaba el enriquecimiento ilícito personal a través de tres canales principalmente: las cantidades que bancos y empresas pagaron ante las amenazas de realizar campañas públicas de desprestigio en su contra, las provenientes de subvenciones, y las cuotas de los asociados adheridos --quienes además no podían participar en la toma de decisiones de Ausbanc--.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón confirma en un auto al que ha tenido acceso eldiario.es que el comisario encarcelado José Villarejo investigó a Luis Pineda, presidente de Ausbanc, su familia y sus empresas por encargo del BBVA.

El instructor señala que de las diligencias practicadas en la pieza en la que se investigan los encargos que el policía recibió de la entidad financiera y por los que cobró 10,2 millones de euros se desprende que Villarejo hizo estos trabajos “a instancia” del segundo banco del país, que figura como investigado, al igual que su expresidente Francisco González. El juez acordó este lunes levantar el secreto de sumario que pesaba sobre esta pieza. 

Pineda está siendo juzgado en la Audiencia Nacional como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles sin no accedían a sus peticiones económicas. 

Las sombras de connivencia entre Villarejo y la unidad policial que investigó las presuntas extorsiones a bancos y empresas cometidas por Ausbanc es la baza a la que agarra la defensa de Pineda para pedir la nulidad de una causa en la que se enfrenta a una petición de 119 años de cárcel por parte del Ministerio Público. 

Durante el trámite de cuestiones previas del juicio que se inició la semana pasada en la Audiencia Nacional, el abogado de Pineda, Miguel Durán, aseguró que Villarejo habría actuado contra su cliente por encargo del BBVA, que quería “neutralizarlo” por su supuesta actividad contra las prácticas bancarias abusivas.

A su juicio, todo el procedimiento deriva de un “montaje policial” para el que Villarejo se sirvió de sus contactos en el Cuerpo. “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”, señaló Durán. 

Las sombras de connivencia entre el comisario jubilado José Villarejo y la unidad policial que investigó las presuntas extorsiones a bancos y empresas cometidas por Ausbanc son la baza a la que agarran las defensas de los implicados para pedir la nulidad de una causa en la que se enfrentan a decenas de años de cárcel. Los abogados de los dos principales investigados –Luis Pineda y Miguel Bernad– alegaron durante el trámite de cuestiones previas del juicio, que se inició este miércoles en la Audiencia Nacional, que todo el procedimiento está viciado porque la denuncia que dio origen al caso fue elaborada y entregada a la UDEF por el comisario, ahora encarcelado.

Pineda se sienta en el banquillo como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía, que pide para él 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros, considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles sin no accedían a sus peticiones económicas. Su principal colaborador era Miguel Bernad, secretario general del pseudosindicato Manos Limpias, quien promovía actuaciones en los tribunales para reforzar esas coacciones, según las tesis del Ministerio Público. Se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel.

Según el relato de Miguel Durán, abogado de Pineda, Villarejo habría actuado contra su cliente por encargo del BBVA, que quería “neutralizarlo” por su supuesta actividad contra las prácticas bancarias abusivas. A su juicio, todo el procedimiento deriva de un “montaje policial” para el que Villarejo se sirvió de sus contactos en el Cuerpo. “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”, señaló Durán.

Villarejo está en prisión provisional desde hace más de dos años. La Audiencia Nacional le acusa de liderar una organización criminal que obtenía millones de euros por vender a la élite del país unos informes que elaboraba con datos confidenciales a los que accedía gracias a su condición de funcionario. Una de las piezas por las que se le investiga tiene que ver con los encargos que recibió del BBVA y por los que cobró alrededor de 12 millones de euros. La entidad financiera acusó de extorsión a Pineda y Bernad hasta que se retiró por sorpresa de la causa al considerar su presencia una “distracción innecesaria”.

La defensa de Bernad, ejercida por el letrado José María Bueno Manzanares, también aludió durante su intervención a esas sombras de connivencia entre el comisario ahora encarcelado y la Policía. Reclamó que el tribunal pida un exhorto al instructor del caso Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, para que diga si consta que la denuncia que dio origen a esta causa está en uno de los ordenadores personales incautados a Villarejo y si se hizo “por petición” del BBVA.

El “perfecto contacto” con la UDEF

Durante su intervención, la defensa de Pineda calificó de “determinante” el papel de Villarejo en la causa contra Ausbanc e insistió en la supuesta connivencia del comisario con sus “compañeros” de la UDEF, a los que conocía “sobradamente” y con los que tenía un “perfecto contacto”. Citó incluso una grabación aportada al procedimiento en la que el policía reconoce la “inestimable colaboración” del jefe de esa unidad anticorrupción, José Luis Olivera.

El Independiente publicó el pasado noviembre el contenido de un audio, de 2008, en el que el comisario describe la relación habitual que presuntamente mantenía con la UDEF. “Les damos los datos, ellos se apuntan el tanto y nosotros cobramos”, resumió el agente en una conversación con el policía Antonio Giménez Raso, al que contrató para que se uniera a sus negocios. En otro momento dice que es su socio Rafael Redondo el que “mantiene el contacto” con el 'número dos' de Olivera.

De esas palabras se deduce que Villarejo y sus colaboradores obtenían datos con sus investigaciones privadas en connivencia con la UDEF. Después utilizaban esa información para presentar denuncias ante esa misma unidad con el objetivo de que se iniciaran investigaciones que en ocasiones daban lugar a procedimientos judiciales.

José Luis Olivera fue el primer jefe de la UDEF desde su creación por el Gobierno de Zapatero en 2005. Bajo su mando se desarrollaron operaciones como Malaya, Astapa o Gürtel. En todas ellas colaboró Villarejo, que una conversación con la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal -hecha pública en octubre de 2018- se refirió a él como “un hombre nuestro” que había saboteado la investigación de Gürtel desde dentro.

En la citada conversación, Cospedal asiente y dice que sabe que Olivera es un comisario favorable al PP porque se lo ha dicho “Juan”, en referencia al dirigente del partido en Valencia Juan Cotino, director de la Policía durante seis años del Gobierno de Aznar. De hecho, Olivera pasó de integrar la “camarilla policial” que denunciaban dirigentes del PP, destinada presuntamente a fabricar pruebas en Gürtel, a ser uno de los mandos de confianza del ministerio que dirigió Jorge Fernández Díaz.

Cuando cambió el Gobierno en 2011, Olivera no fue destituido por el PP como jefe de la UDEF hasta pasados siete meses. Y finalmente no fue desterrado. Se le encargó la dirección del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), donde fue cesado tras la llegada de Fernando Grande-Marlaska al Ministerio del Interior. Actualmente trabaja en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Luis Pineda, el principal acusado en el procedimiento abierto contra la falsa asociación de consumidores Ausbanc, ha pedido este miércoles que se anule la causa abierta contra él y otros nueve acusados por derivar de un “montaje policial” encarnado por el BBVA y el comisario jubilado José Villarejo, que está en prisión preventiva desde hace más de dos años acusado de liderar la organización criminal que se investiga en la Operación Tándem.

Durante el trámite de cuestiones previas de la vista oral fijada en la Audiencia Nacional, la defensa de Pineda ha asegurado que Villarejo y el BBVA están detrás de la denuncia que dio origen a este procedimiento. Es más, ha asegurado que ese documento, al que se ha referido como “falsa denuncia anónima”, está en uno de los ordenadores incautados en el domicilio del comisario y que así lo puede probar.

El BBVA, que denunció a Pineda por extorsión, decidió el pasado verano no seguir adelante con la acusación al considerar que puede ser una “distracción innecesaria que dificulte el proceso”, según El País. La entidad ha copado en los últimos meses muchos titulares como consecuencia de la investigación que tiene abierta en la Audiencia Nacional por haber contratado los servicios de Villarejo. De hecho, el banco recurrió supuestamente al policía para acabar con el supuesto chantaje al que le sometía la entidad de Pineda y habría pagado a a sus empresas más de cinco millones de euros entre enero de 2012 y abril de 2017.

Miguel Durán, abogado de Pineda, ha atribuido un papel “determinante” al policía y a sus contactos en el Cuerpo en el intento de la entidad financiera de “neutralizar” a Pineda por su supuesta actividad contra las prácticas bancarias abusivas. “Villarejo montó el operativo con el BBVA y, con el concurso favorable de la UDEF, metieron la presión necesaria a la Fiscalía para que hiciera suya la denuncia y se pusiera en marcha la operación judicial”, ha dicho Durán, que ha remarcado que la entidad se sirvió de “estructuras policiales y parapoliciales” para poner en marcha el procedimiento.

A su juicio, estas circunstancias chocan con las “mínimas exigencias del Estado de derecho” y deben tener como consecuencia la “nulidad plena” de la causa. En caso de que el tribunal no acepte esta petición -que preside la magistrada Ángela Murillo-, Durán ha solicitado que al menos se suspenda la vista hasta que se levante el secreto de sumario sobre la pieza relativa al BBVA en el caso Villarejo. “El tribunal trabajará en vano si se demuestra que Villarejo es la salsa de todo este guiso”, ha señalado el letrado.

La defensa de Bernad, ejercida por el letrado José María Bueno Manzanares, también ha aludido durante su intervención a esas sombras de connivencia entre el comisario ahora encarcelado y la Policía. Ha reclamado que el tribunal pida un exhorto al instructor del caso Villarejo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, para que diga si consta que la denuncia que dio origen a esta causa está en uno de los ordenadores personales incautados a Villarejo y si se hizo “por petición” del BBVA.

Pineda se sienta en el banquillo de los acusados como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de Ausbanc. La Fiscalía considera que con esa organización amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que casi nadie leía. También les exigía dinero por retirar querellas. Solicita para él 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros por los delitos de extorsión, estafa, blanqueo, organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública.

Su principal colaborador era Bernad, que promovía a través de Manos Limpias las actuaciones en los tribunales con las que Pineda reforzaba sus supuestas coacciones. Se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 25 años de cárcel por los delitos de organización criminal y estafa. Por los mismos delitos está implicada en la causa la abogada Virginia López Negrete, que llevó la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos en nombre del pseudosindicato. La letrada tenía un puesto clave en la trama porque dirigía las citadas actuaciones penales. En el banquillo se sientan también otros siete altos cargos de Ausbanc.

La investigación policial cifró en 39 millones de euros los ingresos que logró Pineda a través del chantaje a los bancos que practicó durante diez años. También recibió 5,99 millones en subvenciones entre 2004 y 2014, mientras que su tercera fuente de ingresos eran las cuotas de sus usuarios.

“Dispuesto a dar toda clase de explicaciones”. Este fue uno de los últimos mensajes que Luis Pineda publicó en su cuenta de Twitter antes de ser detenido como presunto cabecilla de una red de extorsión a entidades financieras y grandes empresas a través de la falsa asociación de consumidores Ausbanc. Lo escribió mientras viajaba en tren de Sevilla a Madrid consciente de que la Policía le esperaba a su llegada a la estación de Atocha con las esposas preparadas. Horas antes había sido detenido su colaborador Miguel Bernad, secretario general del pseudosindicato Manos Limpias. De ahí que supiera cuál iba a ser su destino más próximo. 

Pineda tendrá a partir de esta semana la posibilidad de ofrecer en público todas las explicaciones que prometió dar aquel 15 de abril de 2016. A partir del próximo miércoles se sentará en el banquillo ante la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, encargada de enjuiciar las supuestas tácticas de coacción de Ausbanc, la falsa asociación que quedó desmantelada hace cuatro años con la Operación Nelson. 

Con esa entidad Pineda amenazaba a los bancos con lanzar campañas de publicidad para desprestigiarles si no aceptaban sus peticiones económicas, que se materializaban a través de pagos desorbitados en concepto de publicidad en unas revistas que casi nadie leía, según la Fiscalía. La investigación policial cifró en 39 millones de euros los ingresos que logró Pineda a través del chantaje a los bancos que practicó durante diez años. También recibió 5,99 millones en subvenciones entre 2004 y 2014, mientras que la tercera fuente de ingresos eran las cuotas de sus usuarios. 

La Fiscalía de la Audiencia Nacional reclama para Pineda 119 años de prisión y una multa de 10,3 millones de euros por los delitos de extorsión, estafa, blanqueo, organización criminal y delitos contra la Hacienda Pública. El Ministerio Público solicita, además, una pena de 25 años de cárcel para Bernad y de doce años para la abogada Virginia López Negrete por delitos de organización criminal y estafa. La letrada, que llevó la acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos en nombre del pseudosindicato, tenía un puesto clave en la trama porque dirigía las actuaciones en los tribunales con las que Pineda y Bernad reforzaban sus coacciones. En el banquillo se sentarán además otros ocho altos cargos de Ausbanc.

Según la investigación llevada a cabo por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, el dinero que recaudaba Ausbanc procedía en gran parte de los bancos con los que suscribía acuerdos económicos de millones de euros “enmascarados” como convenios publicitarios. La Fiscalía considera que Pineda planeó un “sistema” para “exigir” a estas entidades importantes cantidades de dinero a cambio de evitar la publicación en las revistas de Ausbanc de noticias “desfavorables, peyorativas o alarmistas” respecto a ellas. Estos abonos se camuflaban como inserciones publicitarias, estudios de mercado o patrocinios de jornadas y eventos.

Además, la investigación sacó a la luz que Ausbanc financiaba Manos Limpias para usarlo en beneficio propio como su tentáculo en los tribunales. El pseudosindicato era utilizado para “ejercer presión” personándose como acusación popular contra determinadas entidades o personas para lograr que estas se plegaran a sus peticiones. De hecho, como método de presión a bancos y grandes empresas, Pineda enviaba a sus directivos correos con los procedimientos que tenían abiertos en los tribunales a través de Manos Limpias. 

Pagos millonarios 

El escrito del Ministerio Público describe pagos millonarios a Ausbanc por parte de algunas de las principales entidades financieras como BBVA, Santander, CaixaBank, Bankia o Barclays y de extintas cajas de ahorro como Caja España, Liberbank, Caja Castilla-La Mancha, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Cajasur, Caja Vital Kutxa o Caja Rural del Sur. El BBVA, que denunció a Pineda por extorsión, decidió el pasado verano no seguir adelante con la acusación al considerar que puede ser una “distracción innecesaria que dificulte el proceso”, según El País. 

Con esta decisión, la entidad evita el impacto mediático en este juicio tras haber copado en los últimos meses muchos titulares como consecuencia de la investigación que tiene abierta en la Audiencia Nacional por haber contratado los servicios del comisario encarcelado José Villarejo. De hecho, el banco recurrió al policía para acabar con el chantaje al que le sometía la entidad de Pineda, para lo que pagó a sus empresas más de cinco millones de euros entre enero de 2012 y abril de 2017. 

Entre las supuestas extorsiones sobre las que serán interrogados en la vista oral Pineda y Bernad está la “estrategia” que ambos pusieron en marcha para “intentar negociar la retirada de la acusación de la infanta” en el caso Nóos por parte de Manos Limpias. La Fiscalía detalla que la trama pidió hasta tres millones de euros a la Fundación La Caixa, donde la infanta era empleada, como condición para desimputarla en esa causa. Ese dinero nunca se aportó y la infanta fue finalmente absuelta por el delito fiscal por el que Manos Limpias pedía dos años de cárcel. 

Podemos, que ejerce la acusación popular en el juicio, denuncia que la causa ha estado orientada desde el principio a únicamente considerar a las entidades financieras como las grandes perjudicadas de la extorsión de Pineda. Los letrados de la formación de Pablo Iglesias admiten que algunos bancos fueron víctimas de las “estrategias mafiosas” de Pineda y Bernad, aunque subrayan que en la gran mayoría de los casos estas entidades fueron colaboradoras con Ausbanc en un “engaño” cuyas víctimas reales son tanto los socios de Ausbanc, como muchas personas, socias o no, que se adhirieron a las numerosas demandas interpuestas. Con el objetivo de defender a estos perjudicados, el partido lanzó a mediados de diciembre una campaña para localizar a los perjudicados y defenderlos en el proceso. 

La Audiencia Nacional ha acordado la puesta en libertad bajo fianza de 500.000 euros para Luis Pineda, el líder de Ausbanc, que se encuentra en prisión provisional desde abril de 2016, imputado por presuntos delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press.

Pineda ha solicitado reiteradamente a la Audiencia Nacional la medida de libertad provisional pero, hasta ahora, no se habían atendido sus pretensiones. Con todo, para la defensa que ejerce el despacho Durán & Durán, la cuantía de la fianza es excesiva habida cuenta de que tiene todos sus bienes embargados, por lo que presentarán recurso de súplica, según las fuentes consultadas por Europa Press.

El pasado mes de octubre, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional respondió por última vez a un recurso de Pineda contra la prisión preventiva y fue de nuevo para denegar la libertad que venía reclamando.

Lo hizo en un auto en el que acordaba mantenerle en prisión por el incremento del riesgo de fuga que, según el tribunal, implica la proximidad de la celebración del juicio contra él, pendiente de señalamiento, y en el que la Fiscalía solicita 118 años y medio de cárcel. Añadía la posible disponibilidad de capitales en el extranjero que podrían seguir ocultos.

“Dispar” situación entre acusados

Ahora, la Audiencia Nacional acuerda su libertad, entre otras razones, por “la dispar situación personal entre los acusados”, un total de diez personas para las que “se solicita penas de prisión igualmente graves, estando en libertad provisional” sin que se haya alegado en esos casos riesgo de fuga. Mientras, Pineda va a cumplir tres años en prisión preventiva.

En cuanto al riesgo de que se oculte en el extranjero, el auto expone que, si bien está acreditada la existencia de transferencias de fondos a EEUU, Colombia y Venezuela sin que hayan sido localizados, así como que Pineda viajó a estos países antes de su detención, la entidad de que se nutrían las ubicadas en aquellos países “se encuentra actualmente sujeta a procedimiento concursal” y los bienes están embargados.

También atiende al hecho de que el “centro de operaciones” de Pineda se ubicaba en España en cualquier caso, donde viven su esposa y sus cuatro hijos, circunstancia que “contribuye a amortiguar riesgo de ocultación al proceso” que se pretende evitar con la prisión provisional.

El juicio no será inminente

Otro de los factores que han pesado a la Audiencia Nacional para acordar la libertad bajo fianza es que “no se está ante la eventualidad de que vaya a ser inminente” la fecha de juicio, dado que es una causa contra diez acusados y varias acusaciones distintas de la pública del Ministerio Fiscal y compleja en cuanto a su volumen y examen de la prueba solicitada.

En todo caso, fija el importe en 500.000 euros porque “aunque se posibilite recobrar la libertad con la modificación de la situación personal de Luis Pineda que en esta resolución se acuerda, la cantidad fijada se encamina a disuadir de riesgo alguno de ocultación al proceso”.

Pineda está acusado por presuntamente liderar una campaña de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de importantes sumas de dinero desde la organización que presidía, Ausbanc.

El juez instructor de la causa, Santiago Pedraz, dictó auto de apertura de juicio oral el pasado mes de agosto, pero ha sido en febrero cuando remitió la causa a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal para enjuiciamiento, pues quedaban algunos recursos pendientes de resolución. El juicio sigue sin fecha.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto juicio oral contra el expresidentede la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda; el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard; la abogada Virginia López Negrete -que ejerció la acusación contra Iñaki Urdangarín y la Infanta Cristina en el juicio por Nóos- y otras siete personas a las que acusa de integrar una organización criminal de extorsión contra empresas, entidades bancarias y asociaciones a cambio de no hacerles publicidad negativa.

Además, el juicio se dirigirá contra Ausbanc como persona jurídica y otras 25 sociedades civiles relacionadas con ésta desde las que se realizaban los supuestos delitos.

El auto dado a conocer este lunes ratifica la prisión provisional de Luis Pineda- en prisión desde abril de 2016- así como la situación personal de todos los acusados, incluida la legal de dejar constancia del domicilio en España para notificaciones y citaciones, “además de la obligatoria de comparecer a cuantos llamamientos judiciales sean precisos”.

En el mes de diciembre se conoció la petición de penas que la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó para todos ellos, que es de 118 años y 5 meses de cárcel para Pineda y 24 años y 10 meses para Bernard.

Se les acusa a ambos de los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda -se les añade estafa y blanqueo de capitales y por ello la Fiscalía le pide una multa de 10 millones de ee euros. Para la que fuera abogada de la acusación en el caso Nóos, Virginia López Negrete, solicita 11 años y 11 meses de cárcel por organización criminal y extorsión.

La actividad de Ausbanc y Manos Limpias se ha podido concretar en el sumario, por ejemplo, en la estrategia que usaron Pineda y Bernad para intentar negociar la retirada de la acusación contra la Infanta Cristina en el caso Nóos a cambio de un acuerdo que les beneficiara económicamente, presionando para ello al entorno de la defensa jurídica de la Infanta.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para el expresidente de la Asociación de Usuarios de Servicio de la Banca (Ausbanc) Luis Pineda, 119 años de prisión y 25 para el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard, por liderar una campaña de extorsión en los medios de comunicación contra políticos y empresarios y entidades bancarias para que retiraran acusaciones en su contra.

El Ministerio Público les imputa a ambos los delitos de organización criminal y extorsión y en el caso de Pineda añade estafa y blanqueo de capitales. Para la que fuera abogada de la acusación en el 'caso Nóos', Virginia López Negrete, solicita 12 años de cárcel por organización criminal y extorsión.

Dirige su acusación contra ocho personas más en el marco de la causa instruida por el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que cerró el pasado mes de octubre cuando expuso que había quedado acreditado la existencia de una organización criminal dirigida por Pineda para la “obtención de un beneficio económico ilícito de sus miembros”.

El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, tendrá que llenar de carteles las calles de Sevilla y Málaga con el fallo de su cuarta sentencia por difamar a la federación de consumidores Facua y a sus dirigentes. La sentencia, dictada por la titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Sevilla, le obliga a “reparar el honor” de las víctimas “dando difusión al fallo a través de los mismos medios utilizados por los condenados para difamarla”.

Cabe recordar que en marzo y abril de 2014, Luis Pineda contrató dos campañas publicitarias en los soportes del mobiliario urbano de las citadas capitales de provincia para acusar de numerosos delitos tanto a la organización como a su portavoz, Rubén Sánchez, y a su presidente, Paco Sánchez Legrán.

En los carteles aparecían portadas del periódico Mercado de Dinero, editado por Ausbanc, que mostraban caricaturas de estas personas junto a textos como “se busca”, “métodos mafiosos”, “oscuros negocios” y “un fraude para los consumidores”. La publicación incluía reportajes sobre la asociación y sus dirigentes, según han recordado desde Facua.

La sentencia condena además a Luis Pineda, Ausbanc y su director de publicaciones, Luis Suárez Jordana a indemnizar a Facua de manera solidaria con 15.000 euros. Se suman a los 179.000 que tienen que abonar a Rubén Sánchez por dos condenas anteriores por hechos similares.

Esta vez también tendrá que publicar el fallo en la red social Twitter, aunque una sola vez, dado que anteriormente lo tuvo que hacer 30 y 10, respetivamente. En esta ocasión, por haber publicado desde su cuenta un mensaje dirigido a Hermann Tertsch en el que acusó a Facua de haber intentado frenar la campaña con “coacciones” y “métodos mafiosos”. Por este tuit, que deberá eliminar, la jueza le impone otra indemnización de 1.000 euros.

Este martes 18 de abril se cumple un año del auto por el que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz decretó el ingreso en prisión incondicional del presidente de Ausbanc, Luis Pineda Salido, y el secretario de Manos Limpias, Miguel Bernad, éste en libertad provisional desde finales de diciembre.

La causa cuenta hasta la fecha con 18 imputados. Pineda, acusado de ser el máximo responsable de la trama, está investigado por seis delitos: estafa, extorsión, amenazas, administración desleal, fraude en las subvenciones y pertenencia a organización criminal. Ausbanc funcionó durante tres décadas –se creó en 1986–, pero las actividades delictivas de su propietario comenzaron mucho antes, desde que era adolescente.

Lideró otra organización criminal en los 80

A inicios de los 80, Pineda heredó el liderazgo de su primera organización criminal, el Frente de la Juventud, después del exilio de uno de sus tres fundadores, el encarcelamiento de otro y el asesinato del tercero. Creado en 1978 como escisión de Fuerza Nueva, fue durante años el grupo de extrema derecha más violento de España, con pretensiones golpistas, cuyos pistoleros fueron autores de numerosas extorsiones, atracos, palizas y actos de terrorismo callejero con armas de fuego y explosivos.

En 1986, dos años después de ser condenado por la Audiencia Nacional por diferentes delitos que había cometido con la banda terrorista, Luispi fundó su propia organización junto a uno de sus camaradas, Alfonso Solé Gil. Recién licenciado en Derecho y en plena ebullición de los nuevos movimientos defensores de los derechos de los consumidores, Pineda se subió a esta marea y montó una “asociación de usuarios de servicios bancarios” como pantalla para un oscuro negocio que le hizo multimillonario.

Poco a poco, Luis Pineda fue buscando el cariño de banqueros dispuestos a pagar a cambio de que atacase a sus competidores, ensalzase sus virtudes o silenciase sus fraudes. En algunos casos fue una simbiosis en la que los bancos utilizaron a Ausbanc y Ausbanc utilizó a los bancos. En otros, el dinero fluyó como consecuencia de las amenazas y extorsiones que ha destapado la investigación de la UDEF en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

A mediados de abril de 2016, treinta años después de la creación de su negocio disfrazado de asociación de consumidores, Luis Pineda volvía a aparecer en los principales medios de comunicación como protagonista de una operación policial por la que se desarticulaba una organización criminal.

En 1982 le habían aplicado la ley antiterrorista en su detención como líder del Frente de la Juventud. Esta vez caía desde muchísimo más alto: con Ausbanc había logrado crear un multimillonario entramado empresarial presente en varios países, con decenas de propiedades inmobiliarias en activos, y desarrollar importantes y fructíferas relaciones con el poder económico, político y judicial.

18 imputados

La causa suma hasta la fecha 18 imputados: desde Luis Pineda, hasta el jefe del seudosindicato Manos Limpias, Miguel Bernad, pasando por su portavoz, Virginia López Negrete, una exalto cargo de la Comunidad de Madrid con gobiernos del PP –la esposa de Pineda–, el secretario general de una entidad bancaria y el exdirigente de otra asociación de consumidores. Son estos:

– Luis Pineda Salido. Presidente de Ausbanc y máximo responsable de un entramado con más de una veintena de sociedades radicadas en España y en el extranjero. Fundó este negocio disfrazado de asociación de usuarios sin ánimo de lucro en 1986, dos años después de que la Audiencia Nacional lo condenase por delitos cometidos en la banda terrorista de ultraderecha Frente de la Juventud, de la que llegó a ser su líder. En los últimos tiempos ha sido objeto de tres condenas por difamación.

– María Teresa Cuadrado. Esposa de Pineda y delegada de Ausbanc en Madrid (uno de los cuatro hijos del matrimonio, Daniel, que no figura entre los imputados, era el delegado en Granada). Fue directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno regional de Alberto Ruiz-Gallardón.

– Miguel Bernad Remón. Secretario de Manos Limpias y antigua mano derecha del histórico ultraderechista Blas Piñar. Ingresó en prisión junto a Pineda el 18 de abril de 2016. Pedraz lo dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros ocho meses después, el 22 de diciembre, debido a su estado de salud, no considerar que existiese riesgo de fuga y la dificultad de que pudiese ya ocultar pruebas.

– Virginia López Negrete. Portavoz y directora de los Servicios Jurídicos de Manos Limpias durante años, tras estallar el caso aseguró que no era más que una “letrada externa” del seudosindicato. Es una de las últimas imputadas, mediante un auto emitido el pasado 5 de septiembre, en el que se señala que desarrolló un “importante” y “activo” papel dentro de Manos Limpias, “con auténtico poder de decisión” así como “relación con Luis Pineda y Ausbanc” mediante “un fuerte vínculo” y “durante un amplio espacio de tiempo”, en el que incluso fue letrada en algún asunto judicial de la falsa asociación de usuarios.

Junto a Bernad, también está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid por la supuesta apropiación indebida de casi 110.000 euros de una cuenta de Manos Limpias, procedentes de un centenar de afectados de Afinsa.

– Ángel María Garay Echeverría. Responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc.

– Hermenegildo García García. Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Ausbanc.

– Luis María Suárez Jordana de Pozas. Director de Publicaciones de Ausbanc. Su ingreso en prisión podría ser inminente tras haber acumulado dos condenas por estafas inmobiliarias, la primera de 18 meses y la segunda de 2 años, cometidas a mediados de la pasada década, antes de entrar a formar parte de Ausbanc. También está condenado por difamación y acumula deudas que rondan el millón de euros. Durante la primera legislatura de Aznar fue director general de la entonces denominada Sociedad Estatal de Promoción y Equipamiento de Suelo (Sepes).

– Francisco Javier Castro-Villacañas Pérez. Periodista y abogado. Dedicado a labores de comunicación y director de una de las publicaciones de Pineda, CVB.

– María Isabel Medrano Valero. Directora de Publicidad de Ausbanc Editorial.

– José Marín Rodríguez. Delegado de Ausbanc en Sevilla y Huelva. Estuvo en prisión por un caso de corrupción en el Ayuntamiento de Sevilla, condenado por delitos de malversación de fondos públicos y facturas falsas. Pineda lo fichó por sus contactos en el PSOE de Andalucía.

– María Mateos Ferres. Directora de Ausbanc Abogados. Fue consejera de la inmobiliaria de Pineda Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL.

– Rosa Isabel Aparicio Fernández. Secretaria de Luis Pineda, ostentaba los cargos de directora del Gabinete de Presidencia y responsable de Organización de Eventos de Ausbanc.

– Alfonso Solé Gil. Tesorero y cofundador de Ausbanc. Era amigo de juventud de Pineda, en la etapa de ambos en movimientos de ultraderecha. Ocupa distintos cargos (consejero delegado, consejero, administrador único...) en empresas del entramado.

– Ramón Perfecto Rodríguez Martínez. Participa en varias empresas del entramado de Pineda, como Estructuras y Servicios Inmobiliarios SL y Patrimonios Especiales y Oro Inversor SL, de la que es administrador único.

– José María Gómez de León Contreras. Abogado de Manos Limpias.

– Lorenzo González Díaz. Propietario de la empresa de seguridad LPM Corporación Empresarial, que Manos Limpias pretendía utilizar para disfrazar, a modo de préstamo, el posible pago de 2 millones de euros de La Caixa por retirar su acusación contra la infanta Cristina en el caso Nóos.

– Ángel Fernández Noriega. Secretario general de Unicaja, dejó el banco mediante una prejubilación tras su imputación en el caso. Se le investiga por el pago de un millón de euros a Pineda a cambio de que Manos Limpias retirase la una acusación al presidente de la entidad, Braulio Medel, en el caso de los ERE de Andalucía.

– José Luis Gómez Boza. Patrono de la Fundación Unicaja. La UDEF concluyó que fue el autor de la filtración al jefe de Ausbanc de que estaba siendo investigado, lo cual fue “muy perjudicial para la investigación, ya que a partir de la misma, Luis Pineda cambia su forma de actuar y toma muchas precauciones en sus conversaciones telefónicas”. Este abogado sevillano entró a formar parte de la Asamblea General de Unicaja en 2002 en representación de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), organización de la que fue secretario general hasta hace cinco años.

La Audiencia Nacional ha rechazado conceder la libertad provisional a Luis Pineda, presidente de Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc). El tribunal cree que existe riesgo de fuga por el patrimonio que todavía controla y que podría destruir pruebas.

En un auto dictado este martes, la sección tercera de lo penal rechaza el recurso de Pineda contra su prisión provisional, que cumple desde que fue detenido el pasado 15 de abril en el marco de las investigaciones por la trama de extorsión a entidades bancarias.

La Audiencia Nacional entiende que persisten sobre Pineda “los indicios de su participación en los delitos que se explican por el instructor”. También existe riesgo de fuga“ derivado del entramado empresarial y bienes en el extranjero que el apelante aparentemente controla”, y que según el tribunal “podría darle soporte si decidiera sustraerse a la acción de la justicia”.

Además, el auto también recoge el riesgo de que el líder de Ausbanc destruya pruebas si sale en libertad, porque “hay testigos a los que todavía no se ha escuchado”, o porque pudiera ocultar parte del patrimonio investigado.

“El paso del tiempo no justifica la libertad provisional del apelante cuando la causa es compleja y se está lejos de cumplir los plazos máximos de prisión provisional”, continúa el auto.

Por contra, la Audiencia Nacional sí que ha accedido a la libertad provisional de Miguel Bernad, responsable de Manos Limpias, y cuya libertad fue acordada el pasado día 22 por el instructor del caso, Santiago Pedraz. En su caso, el juez consideró que debido a lo avanzado de la instrucción y a su estado de salud, era difícil que destruyese pruebas del proceso.

Según la Fiscalía, Pineda y Bernad crearon una trama para extorsionar a bancos a cambio de no iniciar acciones legales contra ellos o de no publicar noticias perjudiciales para sus intereses en la red de revistas que manejaban. A través de asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, la Fiscalía cree que los acusados se enriquecían personalmente.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputado para el próximo 9 de diciembre al patrono de la Fundación Bancaria Unicaja José Luis Gómez Boza, identificado por la Policía como la persona que alertó al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, de que estaba siendo investigado.

En un auto hecho público este viernes, el magistrado atiende varias peticiones formuladas por la Fiscalía y cita también para el mismo día al propietario de la empresa de seguridad LPM SL Lorenzo González, al que se relaciona con el secretario general de Manos Limpias Miguel Bernad.

Según ha reflejado el magistrado en varios de sus autos y han declarado algunos testigos Bernad empleó a esta empresa como “escudo” en uno de los primeros intentos de extorsión relacionado con la acusación que seguía contra la Infanta Cristina en el caso Noos. Los indicios apuntan a que solicitó dos millones de euros como “ayuda” a Lorenzo Gonzalez, cuya empresa atravesaba en aquel momento serios problemas económicos.

Ronda de testigos

Pedraz también ha citado a 11 testigos, en su mayoría directivos de bancos como el Santander --declarará su dircom-- Liberbank y del Grupo Volkswagen. En concreto, el expresidente de Bancaja José María Mas Millet deberá comparecer el 9 de diciembre mientras que el director de Marketing de Skoda del Grupo Volkswagen Alberto García Sancho lo hará el día 12.

Durante esa jornada también declararán ante el magistrado como testigos la directora de Comunicación y Relaciones Externas de Volkswagen-Audi España, Eva Vicente Martín, el director general del Servicio Jurídico de la CNMV, Alfonso José Cárcamo y el director de Comunicación del Banco Santander, Juan Manuel Cendoya.

El 15 de diciembre comparecerán los directivos de Liberbank Ángel Miguel Marcos Maldonado y Carlos Rubio Vallina y eldirector territorial de Sevilla de Caja Rural del Sur, José María Vera López. La presidenta de Ecologistas en Acción en Talavera de la Reina, María del Prado Salmerón, y otras dos personas --Andrés Sánchez Giménez y María Isabel Salamanca-- están citados para el 16 de diciembre.

Además, el juez ha librado exhortos a juzgados de Palma de Mallorca, Sevilla, Madrid, para que se le remitan las actuaciones relacionadas con Antonio Ballabriga, jefe de Reputación Corporativa de BBVA, que fue acusado por Manos Limpias en el marco del caso Noos; el expresidente de Unicaja Braulio Medel, el responsable de comunicación de Facua Rubén Sánchez; el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa; y el que fuera delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Antonio de Guindos.

Pide, además, que la Fiscalía Anticorrupción informe sobre las denuncias presentadas por Manos Limpias contra el banco Sabadell.

Operación Nelson

El Ministerio Público tiene indicios de que tanto Pineda como el responsable del Área de Delegaciones de Ausbanc, Ángel Garay, y el tesorero Alfonso Solé, conformaron desde hace años una trama dedicada a extorsionar a entidades bancarias a cambio de no iniciar acciones legales contra ellas en los tribunales junto con el sindicato Manos Limpias, cuyo secretario general, Miguel Bernard, también se encuentra en prisión por la misma causa.

La operación, bautizada como 'Nelson', es fruto de una investigación que arrancó el 23 de febrero de 2015, hace más de un año. Exigían a las entidades sumas de dinero también a cambio de no difundir sobre ellos informaciones negativas. En el curso de la instrucción se han podido obtener suficientes indicios de que las personas detenidas utilizaban sus asociaciones, que supuestamente no tienen ánimo de lucro, para su enriquecimiento personal o el de sus allegados.

Según el fiscal, además de extorsionar a los bancos, obtenían fraudulentamente subvenciones y ofrecían “la retirada de la acción penal en algunos procesos previa exigencia de importantes cantidades de dinero”, actividades que desarrollaron de forma organizada y prolongada en el tiempo.

El Tribunal Supremo ha obligado al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, a publicar en Twitter durante 30 días el fallo de la Audiencia Provincial de Sevilla que condenó a éste por intromisión ilegítima en el derecho al honor del portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

Pineda se encuentra en prisión incondicional desde el pasado mes de abril por su supuesta implicación en la trama de extorsión a bancos y empresas que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.

La Sala de lo Civil del alto tribunal ha inadmitido el recurso de casación presentado por Pineda contra la decisión adoptada el pasado 8 de septiembre de 2015 por el juzgado sevillano. De este modo, ratifica esta sentencia de primera instancia que fijaba: “publicar el fallo de la sentencia a través de la cuenta de Twitter del demandado, mediante la transcripción del fallo en un tweet usando una herramienta creada al efecto para aumentar el número de caracteres permitidos”, ha informado Facua.

Además, siguiendo la petición de Sánchez, la Audiencia de Sevilla ordenó a Pineda a publicar en Twitter este fallo “durante 30 días en el horario de mañana (de 9.00 a 14.00 horas) o tarde (de 17.00 a 22.00 horas)”. Por otro lado, Pineda deberá indemnizar a Sánchez con 4.000 euros y borrar los cincuenta y siete tuits objeto de la demanda.

Según cuenta la sentencia del Supremo, el presidente de Ausbanc tildó a Sánchez, a través de la red social, “golfo”, “imbécil” y “corrupto” y le acusó de emitir facturas falsas a cargo de desempleados andaluces. Pineda alegaba en su escrito de recusación que sus expresiones están amparadas por la libertad de expresión e información y que, por tanto, no son “insultantes, ni vejatorias”.

El recurso, “carente de fundamento”

Sin embargo, el tribunal señala --recogiendo lo dictado por el juzgado sevillano-- que sí que son “objetivamente vejatorias e innecesarias” para efectuar una crítica el recurso y que se ha incurrido en la intromisión del honor de Sánchez.

Además, la Sala subraya que el recurso de Pineda debe ser inadmitido porque es “carente de fundamento” y destaca que ha pretendido convertir este procedimiento en una “tercera instancia”.

El alto tribunal recalca que toma esta decisión teniendo en cuenta su propia jurisprudencia en la que “solamente” prevalece el derecho a la información y la libertad de expresión sobre el derecho al honor y a la intimidad “cuando la noticia es veraz y no se emplean expresiones ultrajantes ni ofensivas, o innecesarias para la noticia, ponderación que ha de hacerse atendiendo a las circunstancias del caso”.

6,2 millones de euros. Es el montante de dinero público que la Comunidad de Madrid entregó a Ausbanc durante los tres últimos años de Alberto Ruiz-Gallardón como presidente y todo el periodo de Esperanza Aguirre al frente del gobierno autonómico. Para otorgarle las subvenciones, Ausbanc recibió el trato de entidad sin ánimo de lucro, requisito indispensable para acceder tanto a las convocatorias destinadas a las asociaciones de consumidores como a otras que utilizaban fondos europeos para acciones de fomento del empleo.

Tras las reiteradas peticiones del grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid, la presidenta de la Cámara ha trasladado a esta formación una relación de las 34 subvenciones otorgadas por los sucesivos gobiernos autonómicos del PP a Ausbanc Consumo, Ausbanc Empresas y Ausbanc Madrid entre 2001 y 2012. En 2008, el año que logró el mayor montante, la Comunidad de Madrid subvencionó a Ausbanc cuatro proyectos, por un montante total de 841.621,38 euros.

Luis Pineda, que en los últimos años profirió todo tipo de insultos contra las asociaciones de consumidores por recibir subvenciones, centraba buena parte de sus esfuerzos en acceder al dinero público. A partir de 2012, en su cuenta de Twitter hay 172 tuits donde menciona la palabra “subvenciones”, en casi todos los casos para presumir de que Ausbanc no las recibía –ocultando que era así porque comenzaron a negárselas– o acusar a aquellas asociaciones que sí lo hicieran de “incompetentes”, “acomplejados”, “caraduras”,“corruptas”, “golfos”, “zombies”, “parásitos”, “vividores del cuento” y, cómo no,  “caza subvenciones”.

“Hay que eliminar ya las subvenciones a las asociaciones de consumidores”, dijo en un tuit el 4 de mayo de 2012. Acababan de expulsar a Ausbanc del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios, donde el Ministerio de Sanidad, con Ana Mato al frente, había vuelto a inscribirla una década después de que el primer gobierno de Zapatero la sacara de él –la primera vez entró con Ana Pastor como ministra de Sanidad–. Del registro de asociaciones de consumidores de la Comunidad de Madrid no salió hasta que Pineda entró en prisión.

Según los datos ofrecidos por el Gobierno regional a la Asamblea de Madrid, Ausbanc recibió 6.202.273,74 euros en 12 años, entre 2001 y 2012. Los seis proyectos subvencionados en la etapa en que gobernaba Ruiz-Gallardón representaron 729.038,42 euros. Con Aguirre fueron 28 subvenciones, cuyo importe total ascendió a 5.473.235,32 euros.

El dinero fue a parar a tres de las entidades del entramado creado por Pineda. A Ausbanc Empresas fueron a parar 5.043.976,25 euros a través de 21 subvenciones aprobadas entre 2003 y 2011. Para Ausbanc Consumo, 949.417,26 euros repartidos en nueve subvenciones entre 2001 y 2008. En cuanto a Ausbanc Madrid, recibió 208.880,23 euros a través de cuatro subvenciones concedidas entre 2009 y 2012.

Según el documento remitido a Podemos Madrid por la presidenta de la Asamblea, en el “Sistema de Información Económico Financiera de la Comunidad de Madrid” aparecen “en el periodo 2000 a 2015” 34 subvenciones, la primera de las cuales fue concedida en abril de 2001. No figura ninguna en los años 2013, 2014 y 2015.

Las primeras subvenciones fueron otorgadas en la etapa en que la esposa de Luis Pineda, Teresa Cuadrado –una de las personas actualmente imputadas en el caso Ausbanc–, era directora general de Consumo de la Comunidad de Madrid. Su cese ya con Aguirre como presidenta no impidió que los negocios de la familia Pineda Cuadrado continuasen recibiendo ingentes cantidades de dinero público, sino todo lo contrario.

Durante los gobiernos presididos por la condesa consorte de Bornos y de Murillo, Ausbanc fue una auténtica privilegiada en la concesión de subvenciones destinadas a las asociaciones de consumidores de la Comunidad. Otorgadas en régimen de concurrencia competitiva, el negocio disfrazado de “asociación de usuarios” se situó en la primera posición durante varios años, por delante de hasta una decena de organizaciones que también optaban a ellas.

Y hubo muchas más subvenciones. Ausbanc, cuyo propietario permanece en prisión incondicional acusado de los delitos de estafa, extorsión, amenazas, fraude en las subvenciones, administración desleal y organización criminal, también recibió dinero público destinado al “asesoramiento e información a nuevos emprendedores para la creación de Pymes”. Otro de los proyectos subvencionados a lo largo de varios años tenía como objetivo “el desarrollo de actuaciones en materia de intermediación laboral”.  para “divulgación, ayudas y seguimiento línea ICO de microcrédito 2003”.

Pero las subvenciones de mayor cuantía fueron las otorgadas por la Consejería de Empleo y Mujer para desarrollar “acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo”, denominadas OPEA, con fondos de la Unión Europea. Ausbanc las recibió durante once años, entre 2001 y 2011, pese a que el requisito fundamental para acceder a ellas era que el solicitante careciese de fines lucrativos. Y también en este caso se posicionó especialmente bien frente a las entidades con las que competía: por ejemplo, en 2004 recibieron estos fondos sesenta y cinco entidades y Ausbanc ocupó el número siete entre las más subvencionadas. Recibió una cantidad similar a la que fue a parar a CCOO. Ese año, al frente de la Consejería de Empleo y Mujer estaba Juan José Güemes. En 2008, siendo ya consejera la actual presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados, el montante recibido por Ausbanc fue el tercero más elevado ese año.

El auto por el que el juez Santiago Pedraz decretó el ingreso en prisión de Pineda el pasado abril mencionaba una de estas subvenciones, otorgada en 2004 por importe de 309.774,96 euros, y señalaba que “se desconoce si, en el momento de la subvención, [Ausbanc Empresas] estaba capacitada para poder atender las necesidades que se requerían, por no ser ese el fin principal de la asociación”.

El mismo auto plantea que Ausbanc podría haber hinchado su número real de socios para lograr acceder a subvenciones. “No se llegaría al número de asociados exigido en alguna convocatoria (10.000 en el caso de las subvenciones otorgadas por el Instituto Nacional de Consumo), ya que analizadas las cuentas anuales presentadas por la Asociación, ese número de socios no parece posible vista la cantidad económica declarada en las mismas al respecto de sus aportaciones”.

Además, el auto de Pedraz advierte de que “en prácticamente todas las subvenciones analizadas se exigía como condición ineludible el no tener ánimo de lucro en sus actividades, lo que, como se sigue, no se cumplía ya que todos los miembros de los órganos de administración de estas asociaciones investigadas perciben retribuciones, tanto de éstas como de otras de las empresas asociadas en el entramado financiero creado ad hoc”.

A mediados de junio, Pedraz pidió a la Comunidad de Madrid y al Ministerio de Sanidad toda la información relativa a las subvenciones concedidas a Ausbanc desde 2004 hasta la actualidad. Información que tendrá que ser mucho más detallada que la facilitada por la Asamblea de Madrid, ya que el objetivo de la investigación –y el de la acusación popular ejercida por Podemos y FACUA– es determinar si Ausbanc simuló que cumplía los requisitos que se exigían para cada una de las subvenciones y si los responsables de su concesión en el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid actuaron correctamente al dar luz verde a todas ellas.

La Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) cerrará sus oficinas el próximo 31 de mayo y despedirá a sus trabajadores en un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que entrará en vigor el próximo 20 de junio, según han informado a Europa Press fuentes de la asociación.

La plantilla, que hace poco se reunió en una comisión 'ad hoc' para afrontar su situación, cogerá las vacaciones que tiene pendientes el 31 de mayo y el 20 de junio se someterá al ERE, con 20 días por año trabajado durante un máximo de un año.

En un correo electrónico, al que ha tenido acceso Europa Press, la plantilla de Ausbanc reclamó hace unos días “calma y paciencia” en el proceso que están viviendo, después de que su presidente, Luis Pineda, fuera enviado a prisión y los fondos de la asociación quedaran inmovilizados en el marco de la causa abierta por presuntos delitos de extorsión.

Pineda, que declarará a petición propia el próximo 1 de junio, comunicó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz su decisión de “convocar una asamblea y disolver Ausbanc de forma ordenada, urgente y con los menores perjuicios posibles”, en una carta que le envió el 3 de mayo desde la cárcel de Estremera (Madrid).

Los casi 200 empleados de Ausbanc que trabajan en toda España mostraron su “consternación” tras la operación y solicitaron el desbloqueo de los fondos de las cuentas embargadas para que puedan hacerse efectivos los salarios y los gastos “imprescindibles” para poder continuar con su labor profesional.

Alrededor de dos centenares de personas trabajan para los servicios centrales y las más de 25 delegaciones que Ausbanc tiene en toda España, realizando funciones de contabilidad, servicios jurídicos, redacción, publicidad, comunicación, asociados, distribución o recepción.