La Comisión Europea (CE) ha solicitado la inadmisión a trámite de la petición de la Audiencia Provincial de Sevilla de elevar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de anular sus condenas a una decena de inculpados por el caso ERE, el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos. Bruselas considera que “el TJUE es manifiestamente incompetente” para responder a las cuestiones planteadas por la Audiencia hispalense, que intentaba recurrir entre otros las resoluciones del tribunal de garantías sobre los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

El escrito de alegaciones elaborado por la CE, consultado por Europa Press y adelantado por Diario de Sevilla, considera que las cuestiones prejudiciales son “inadmisibles” y asevera que “se abstendrá de presentar observaciones sobre el fondo del asunto”.

Así, indica que el Tribunal de Justicia ha declarado que “no es competente para pronunciarse sobre un asunto en el que resulta evidente que la disposición del Derecho de la Unión sometida a la interpretación del Tribunal de Justicia no es aplicable al asunto principal o en el que una situación jurídica no está comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión”.

“No entra en el ámbito de aplicación”

“Como la fuente de financiación parece ser el presupuesto de la comunidad autónoma y no existe financiación con cargo al presupuesto de la Unión, el asunto principal no entra en el ámbito de aplicación material del artículo 325 TFUE ni en el de las disposiciones de Derecho derivado a la protección de los intereses financieros de la Unión mencionadas en las cuestiones prejudiciales. Por ello, esas disposiciones son simplemente inaplicables”, ha expresado.

La Audiencia de Sevilla acordó el pasado mes de julio elevar una cuestión prejudicial ante el TJUE con relación al mandato de dictar nuevas sentencias en línea con lo resuelto el año pasado por el TC anulando condenas contra ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía, una iniciativa que desde la Audiencia justificaron para “evitar un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” y “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

“En las sentencias de la Audiencia Provincial, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional no existe referencia a la financiación de la Unión en relación con el programa controvertido”, ha apostillado en relación con este caso de los ERE.

La CE expresa que la Audiencia hispalense habría presentado como argumento que “habida cuenta de la estrecha relación que existe entre el presupuesto de la Unión y los presupuestos de los Estados miembros, la apropiación indebida de fondos públicos de un Estado miembro puede afectar potencialmente o indirectamente a los intereses financieros de la Unión”, consideraciones que “no justifican la admisibilidad de la petición de decisión prejudicial por lo que respecta a dichas disposiciones”.

Cuestiones “puramente hipotéticas”

“A falta de un vínculo suficientemente directo con el presupuesto de la Unión con el asunto principal, las cuestiones resultan puramente hipotéticas”, ha relatado, al tiempo que ha asegurado que si la jurisprudencia que se cuestiona “resultara problemática en otros asuntos relativos a los fondos de la Unión, una nueva petición prejudicial podría (o en su caso debería) plantearse”.

Previamente, la Audiencia había pedido a las partes del procedimiento judicial que informasen sobre si, en este caso, el Constitucional “se ha extralimitado” con una “interpretación alternativa de la prevaricación y la malversación” en sus sentencias anulatorias de las condenas, si la doctrina introducida por tal tribunal para las nuevas sentencias “incumple las exigencias internacionales de lucha contra la corrupción”, y por la posibilidad de no aplicar tales sentencias anulatorias de las condenas.

El año pasado, el Tribunal Constitucional vino a declarar que la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, en su sentencia inicial condenatoria, y el Tribunal Supremo al desestimar los recursos de casación de los citados acusados, habrían “incurrido en una interpretación extravagante e imprevisible de los elementos típicos de 'resolución' y 'asunto administrativo' que vulnera el derecho fundamental a la legalidad penal que garantiza el artículo 25 de la Constitución Española”.

Posteriormente, la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla decidió suspender la tramitación de la emisión de las nuevas sentencias ordenadas por el TC, dadas “las dudas acerca de su adecuación al Derecho Europeo y la jurisprudencia del TJUE” y con el fin de “evitar que, por efecto de la doctrina incluida en las repetidas sentencias del TC, se produzca un riesgo sistémico de impunidad futura en escenarios similares” y de “salvaguardar los intereses financieros de la UE”.

Los expresidentes del PSOE y del Gobierno de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, así como los exconsejeros cuyas condenas por el caso ERE anuló el Tribunal Constitucional, han alegado en contra de la personación de la Junta, que recientemente ha solicitado formar parte de la causa censurando ante la Audiencia de Sevilla las “injerencias no permitidas” del tribunal de garantías.

La Audiencia de Sevilla había acordado el año pasado la constitución de un nuevo tribunal para el dictado de las nuevas sentencias en la 'pieza política' de los ERE después de que el Constitucional desinflara la macrocausa antes del verano y de que el Tribunal Supremo empezase a absolver a ex altos cargos socialistas de otras piezas pendientes al haber sido ya juzgados.

Así las cosas, tal y como había pedido el pasado mes de febrero la acusación representada por el PP, la Audiencia había dado a todas las partes un plazo de tres días para presentar alegaciones en relación con los escritos presentados por la letrada de la Junta de Andalucía. Las defensas de los exdirigentes socialistas han expuesto unos argumentos coincidentes, de acuerdo a las fuentes de las defensas, en su “frontal oposición” a la pretensión de personación de la Junta y al planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En unos de esos escritos de alegaciones, la representación legal de un exconsejero explica a la Audiencia de Sevilla que la Junta “expresamente renunció y se desistió de su condición de parte procesal” en el procedimiento (“no formuló acusación, no intervino en el juicio, quedó fuera del circuito de notificaciones”), lo cual con lleva que su pretensión sea “incoherente, inconsistente e intempestiva”, y esté “huérfana de sustento jurídico”.

La Junta estuvo personada como acusación particular en los ERE hasta 2016, cuando el Ejecutivo socialista de Susana Díaz decidió retirarse y no reclamar fianza a los imputados, al considerar que no hubo ninguna “trama criminal” ni se creó un “procedimiento específico” para eludir los controles internos y adjudicar las ayudas de los ERE de forma discrecional.

Parte en la instrucción, dejar de serlo en el juicio y volver a serlo en la fase de ejecutoria

Según este exconsejero aquella fue una decisión “bien sopesada y argumentada” en un escrito “señero” y “sólidamente fundado en Derecho” mediante el cual el gabinete jurídico autonómico “marcó distancias” con la Fiscalía y el Ministerio Fiscal se situó en una línea “de coincidencia troncal con buena parte de los postulados de la defensa”. “Esos mismos que, al fin y a la postre, ha hecho suyos y dejado establecidos el Tribunal Constitucional a través de las sentencias” que ha venido dictaminando.

Además de alabar a “los letrados, funcionarios altamente cualificados, de aquel gabinete jurídico”, el actual escrito de la Junta tiene “pseudoargumentos” que “son baladíes y de pura oportunidad” al objeto de “intempestivamente dar una imposible marcha atrás en el tiempo para, en pirueta jurídica incalificable, prodigiosamente volver a ser esa parte procesal que, irreversiblemente y por su propio designio, ya hace mucho que dejó de ser”. Además, “ninguna novedad aportan al debate tales extemporáneas alegaciones” por parte de la Junta, apunta este exconsejero.

“No se puede, no se debe intentar, de manera jurídicamente caprichosa, ser parte procesal en la fase de instrucción, dejar de ser parte en la fase de juicio y volver a ser parte en la fase de ejecutoria del proceso”, critica en las alegaciones, y “mucho menos admisible por virtud de un dicterio de orden político emanado en forma de Orden del consejero [de Presidencia, Antonio Sanz] del que orgánicamente depende el gabinete, cuyo expediente completo sería de alto interés conocer, y en concreto el informe jurídico que le dé sostén”.

La defensa de este ex alto cargo apunta que “se puede estar o no de acuerdo con los planteamientos de fondo y las decisiones contenidas” en las sentencias del Constitucional, pero la Audiencia de Sevilla no debe albergarlas al tener en cuenta que “el Tribunal Constitucional, al dictarlas, no ha excedido su ámbito natural y plenamente legítimo de actuación, sin exceder los límites reservados a la jurisdicción y sin incurrir en valoraciones probatorias y juicios de subsunción alternativos, sino limitándose al control constitucionalidad que le corresponde”.

El Tribunal Constitucional no tomará ninguna medida que impida que la Audiencia de Sevilla lleve el caso de los ERE de Andalucía hasta Europa. El pleno, tras dos días de deliberaciones, ha decidido no mover ficha y seguir de cerca tanto la posible cuestión prejudicial del tribunal andaluz como la que ya elevó el Tribunal Superior de Madrid en otro asunto. El Constitucional, en cualquier caso, explica en un comunicado que el asunto constituye una “preocupación” al ser “un tema complejo y en evolución”.

La decisión del pleno sigue la estela de lo afirmado hace unos días por su presidente, Cándido Conde-Pumpido, en el Ateneo de Madrid. El magistrado rechazó que este debate fuera a desembocar en algún tipo de movimiento del tribunal para interceptar la posible cuestión prejudicial que estudia en estas semanas la Audiencia de Sevilla para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si está obligada a cumplir las sentencias del Constitucional que rebajaron la mayor parte de las condenas de los ERE de Andalucía.

Los miembros del tribunal de garantías analizaban desde hace semanas dos movimientos recientes de dos tribunales territoriales con un objetivo: preguntar a Europa si podían soslayar las sentencias del Constitucional, no ejecutarlas y plantear sus propios reparos a los tribunales internacionales. El primero en hacerlo fue el Tribunal Superior de Madrid, que en un pleito relacionado con un conflicto entre empresas VTC elevó una cuestión prejudicial a Luxemburgo para preguntar si la sentencia del Constitucional sobre el caso era compatible con el derecho comunitario.

El segundo tribunal, que por el momento ha consultado a las partes si debe hacer un movimiento similar a instancias del PP, es la Audiencia Provincial de Sevilla. Sobre la mesa está la posibilidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta qué punto las decisiones del Constitucional, que redujeron a la mínima expresión las condenas de los líderes socialistas andaluces y llevaron a la excarcelación de muchos de ellos.

La iniciativa de ambos tribunales territoriales fue recibida con preocupación en sectores del Constitucional que consideraban “inédito” que pretendieran acudir a Europa para incumplir, en la práctica, sentencias del tribunal de garantías. Todo tras semanas turbulentas en su relación con el Tribunal Supremo, que en varios autos también relacionados tangencialmente con el caso de los ERE había incluso deslizado la posibilidad de poder encausar a los magistrados del Constitucional por prevaricación.

El presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, encargó varios informes a los letrados del Constitucional, que informaron en contra de la posibilidad de interceptar de alguna manera esas cuestiones prejudiciales e intervenir en el proceso fuera de los cauces reglamentarios. Fue el propio magistrado el que descartó la posibilidad de ir más allá de una mera deliberación hace unos días en el Ateneo de Madrid.

“No hay intención alguna de formular ninguna anulación de esa decisión, es novedosa porque en 40 años de pertenencia a la Unión Europea las cuestiones prejudiciales se han presentado antes de dictar la primera sentencia, pero no se había planteado nunca como recurso secundario al final del procedimiento”, explicó entonces.

El Constitucional se ha encontrado con un debate inédito en sus 45 años recién cumplidos de historia: tribunales que acuden a Europa para buscar la forma de no cumplir sus resoluciones. Conflictos abiertos con la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE de Andalucía, pero también con el Tribunal Superior de Madrid sobre un pleito entre empresas VTC, que llevan al tribunal de garantías a plantearse, por primera vez en su trayectoria, qué hacer cuando un juez español le puentea y lleva sus alegaciones a Luxemburgo. Todo mientras el Partido Popular azuza la deslegitimación contra el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido.

Las sentencias con las que la mayoría progresista del Constitucional anuló o matizó la mayor parte de las condenas del caso de los ERE de Andalucía no sentaron bien en la Justicia ordinaria. No gustaron en el Supremo, donde algunos consideran que el tribunal de garantías ha ido mucho más allá de sus atribuciones para doblarles el brazo en uno de los casos más relevantes de la última década. Tampoco en la Audiencia Provincial de Sevilla, que declaró probado el desfalco delictivo de más de 600 millones de euros y ha visto cómo su sentencia sobre la causa ha quedado reducida a la mínima expresión.

Esta disconformidad tan descarnada, hasta la fecha, se había trasladado a la opinión pública por el método habitual que usan jueces y fiscales: de forma anónima y a través de los medios de comunicación. Pero ha sido la Audiencia de Sevilla la que ha dado un paso más cuando ha llegado el momento de aplicar las sentencias del Constitucional y ha preguntado a las partes si no debe, como pide el PP, elevar consultas a Luxemburgo y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea decida si, como asegura el tribunal andaluz, las sentencias del caso del tribunal de garantías no son “del todo compatibles con el Derecho de la UE”.

La propuesta de la Audiencia de Sevilla cayó como una bomba en un Tribunal Constitucional donde los ánimos ya estaban encendidos desde hace semanas a cuenta del caso de los ERE de Andalucía. Los magistrados del sector progresista todavía miraban de reojo al Supremo por sus insinuaciones de poder llegar a juzgarles por prevaricación cuando, según fuentes de la sede del Constitucional en la calle Domenico Scarlatti, llegó una decisión del tribunal andaluz que consideran “inaudita”. Una forma, entienden algunos, de sortear su criterio y buscar la forma de incumplir las sentencias que desinflaron el caso de los ERE.

Los jueces hispalenses no han sido ni los únicos ni los que más lejos han llegado en este intento de llevar a Europa las sentencias del Constitucional. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con división interna, ha elevado una cuestión prejudicial a Luxemburgo sobre un laudo arbitral entre empresas VTC –que genera discrepancias internas en el TSJM desde hace años– que, en la práctica, explora la vía para que Europa les exonere de aplicar la sentencia del Constitucional que les quitó la razón. El voto particular de un magistrado discrepante define lo que hacen sus compañeros: “Sortear el pronunciamiento del Constitucional promoviendo la cuestión ante el Tribunal de Justicia de la Unión”.

La cuestión prejudicial del TSJM ya va camino de Luxemburgo, pero el Constitucional ha puesto en marcha la maquinaria para, llegado el caso, interceptar la consulta de la Audiencia de Sevilla sobre el caso de los ERE. Ha solicitado al tribunal información sobre los pasos que está dando y el enfrentamiento, poco habitual entre tribunales, se ha convertido en público y frontal: la Audiencia de Sevilla, antes de remitir su providencia, ha preguntado al Constitucional que para qué necesita ese documento.

Los movimientos de ambos tribunales territoriales, que algunas fuentes del Constitucional consideran como un intento “inaudito” de no ejecutar sus resoluciones, abren un debate que pocos juristas se atreven a zanjar por adelantado. Desde la capacidad de un tribunal para elevar cuestiones prejudiciales sobre sentencias y no sobre leyes hasta la vía que se abre para que, en la práctica, un juez pueda soslayar la aplicación de una sentencia del Constitucional alegando que, según su criterio, puede contradecir el derecho comunitario.

El margen de maniobra del tribunal de garantías para frenar estas maniobras no está claro. Un primer informe interno del Constitucional afirma que no se puede cortar el paso a la Audiencia de Sevilla y algunas fuentes esgrimen una resolución reciente, del pasado mes de octubre, del propio TJUE, que dio la razón a un tribunal territorial rumano, pero con un matiz importante: en ese país un juez que deja “inaplicadas de oficio” las resoluciones del Constitucional se enfrenta a “procedimientos disciplinarios”. Eso, dice Luxemburgo, va contra el derecho comunitario.

Campaña contra el Constitucional

El conflicto judicial abierto por la Audiencia de Sevilla contra el Constitucional llega después de meses de campaña de la derecha política española contra el tribunal de garantías para deslegitimar sus sentencias tras instaurarse una mayoría progresista con Cándido Conde-Pumpido al frente. Convertido por el PP en “el Constitucional de Pumpido”, el debate abierto por dos tribunales territoriales sobre la ejecución de sus sentencias se ha convertido en gasolina política. Sobre todo en Andalucía, donde el caso judicial de los ERE ha acompañado a la debacle del socialismo andaluz.

“Sevilla es hoy el símbolo de la independencia judicial”, ha dicho estos días Cuca Gamarra desde la capital andaluza, sede de la 27 Interparlamentaria del PP este fin de semana, después del movimiento de la Audiencia a instancias de su propio partido. “Conde-Pumpido dijo que había que mancharse la toga con el polvo del camino, y él mismo se la ha manchado demasiado”, ha apostillado Elías Bendodo.

El movimiento de la Audiencia de Sevilla llega unos días después de que el Constitucional diera por apagado el enésimo fuego entre ellos y el Tribunal Supremo, presentado por la derecha como antagonista de un tribunal politizado al servicio del Gobierno. La Sala de lo Penal había dictado varios autos en los últimos meses inadmitiendo querellas de la extrema derecha contra el Constitucional, pero abriendo la puerta a que, en otros casos, sus magistrados pudieran llegar a ser juzgados por prevaricar en sus decisiones. El conflicto se había dado por zanjado en Domenico Scarlatti con un último auto del Supremo que excluía esa posibilidad.

La mayor parte de los recursos que llegan al Tribunal Constitucional se quedan en la puerta y no pasan el primer filtro de la admisión a trámite. Pero las sentencias de este tribunal que enmiendan la plana al Supremo o a otros juzgados y tribunales territoriales no son poco habituales. Los últimos datos disponibles son de 2023 y revelan que de las 148 sentencias dictadas en procesos de amparo a lo largo de ese año casi la mitad, un total de 69 resoluciones, fueron estimatorias de forma total o parcial.

De Alberto Rodríguez a Alberto Cortina

El caso de los ERE de Andalucía es el primero en que un tribunal ha decidido abrir la vía europea para intentar soslayar al Constitucional. No lo hizo el Supremo, por ejemplo, cuando el Constitucional reprochó a la Sala de Manuel Marchena que hubiera dejado sin escaño a Alberto Rodríguez. Tampoco cuando, años antes, el mismo Constitucional anuló la condena impuesta al cantante César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo. O cuando, hace poco más de un año, dio la razón a Arnaldo Otegi y frenó la intención del Supremo de llevarle de nuevo al banquillo por el caso Bateragune después de que Europa diera la razón al líder de EH Bildu. Tampoco años antes cuando, en contra del criterio del Supremo, legalizó a Sortu como partido político.

Las condenas anuladas o rebajadas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y otros líderes históricos del socialismo andaluz tampoco constituyen la única guerra abierta que ha existido entre la cúspide del Poder Judicial español y el Tribunal Constitucional. La hemeroteca del CGPJ todavía guarda un comunicado, inédito entonces y desde entonces, del pleno de la Sala de lo Penal del Supremo acusando al Constitucional, en febrero de 2008, de haber pisado su negociado y haber “vaciado” sus funciones al revocar una de sus sentencias.

El Constitucional venía de absolver a Alberto Cortina y Alberto Alcocer en el caso Urbanor, uno de los grandes casos judiciales económicos de la década de los ochenta. Y lo hizo reprochando al Supremo que les hubiera condenado a más de tres años de cárcel sin tener en cuenta los plazos de prescripción y que el caso, en resumen, había caducado por el camino.

La respuesta del pleno de la Sala de lo Penal del Supremo, unos días más tarde, fue emitir un comunicado en el que acusaban al Constitucional de “vaciar” el equilibro entre Supremo y Constitucional: “Se desconoce su esencia, fijando una interpretación de la legalidad ordinaria que sólo corresponde al Tribunal Supremo”, dijo la Sala de lo Penal con acusaciones similares a las que se vierten casi dos décadas después contra el Constitucional a cuenta del caso de los ERE.

Ninguno de los magistrados que había entonces en el Constitucional, que presidía la progresista María Emilia Casas, siguen hoy en la corte de garantías, pero varios magistrados del Supremo siguen formando parte de la Sala de lo Penal que denunció entonces la injerencia: el hoy presidente Andrés Martínez Arrieta, Julián Sánchez Melgar, Juan Ramón Berdugo y un entonces recién incorporado llegado de la Fiscalía Manuel Marchena. El conflicto ha coleado durante casi una década: todavía en 2016 un Constitucional de abrumadora mayoría conservadora acusaba a los tribunales ordinarios de incurrir en “reiterada rebeldía” al no asumir su doctrina sobre la prescripción de delitos.

El PP tampoco renunció entonces a cargar contra un Constitucional de precaria mayoría progresista cuyos enfrentamientos con el Supremo se remontaban a la década de los años 80, cuando la Sala de lo Penal llegó a llamar a declarar a los magistrados del tribunal de garantías por la filtración de la sentencia del caso Rumasa. La lista de agravios es larga y las críticas del PP tampoco son nuevas. “La situación del Constitucional me da pena”, llegó a decir Manuel Pizarro, entonces candidato del partido de Mariano Rajoy, en plena guerra abierta entre tribunales en 2008.

El propio Cándido Conde-Pumpido, entonces fiscal general, provocó el rechazo del Constitucional al afirmar que discrepaba de forma “total y radical” con la sentencia que absolvía a 'los Albertos'. Los actores se repiten en un conflicto similar que, en este caso, va camino de Luxemburgo.

El Tribunal Supremo ha rechazado las querellas que la extrema derecha interpusieron contra el sector progresista del Constitucional por las sentencias que anularon o rebajaron las condenas del caso de los ERE de Andalucía. Los jueces han inadmitido las acusaciones de prevaricación que Vox y HazteOir interpusieron contra los siete magistrados progresistas del tribunal de garantías, afirmando que habían delinquido al amparar a políticos andaluces como José Antonio Griñán, Manuel Chaves o Magdalena Álvarez. Entre críticas veladas al sistema de elección de los miembros del Constitucional, el Supremo reconoce que el tribunal de garantías resolvió el caso de los ERE respetando “el principio de legalidad penal y el de separación de poderes”.

El Tribunal Constitucional empezó a analizar el caso de los ERE de Andalucía hace un año y la mayor parte de las sentencias que dictó supusieron una rebaja o una anulación de las condenas de cárcel e inhabilitación de buena parte de los políticos condenados. Las resoluciones salieron adelante gracias a la mayoría progresista del tribunal y cuestionaron que los políticos del PSOE andaluz que entonces dirigían la Junta hubieran delinquido al ejercer su actividad política, por ejemplo, al aprobar anteproyectos de ley de presupuestos. El Supremo, llegó a decir el Constitucional, se había saltado la separación de poderes al confirmar sus condenas de prisión.

Las acusaciones desde la derecha contra Cándido Conde-Pumpido y el resto del sector progresista y mayoritario del tribunal se terminaron materializando en sendas querellas de Vox y HazteOir contra los siete magistrados que habían sacado adelante esas resoluciones, desde los primeros autos y sentencias que dieron la razón a Magdalena Álvarez y presentando ampliaciones a medida que se iban dictando el resto de resoluciones. Tanto el partido de extrema derecha como la organización ultracatólica acusaban a los magistrados de prevaricar por admitir a trámite los recursos e incurrir en una “extralimitación de funciones”, ofrecer “la misma respuesta estandarizada” a todos los casos y, además, no apartarse “habida cuenta de su vinculación más o menos directa con el PSOE”.

El Tribunal Supremo, a finales de noviembre, decidió acumular y rechazar todas estas acusaciones contra el sector progresista del Constitucional. Allí donde Vox y HazteOir veían una estrategia del sector progresista del tribunal para “dar cobertura legal a una trama criminal y facilitar la impunidad”, el Supremo explica que una decisión judicial, aunque pueda considerarse errónea, “no es injusta siempre que, alcanzada por los métodos de interpretación usualmente admitidos, sea defendible en Derecho”.

Los jueces de lo penal explican que aunque el Constitucional dicte sentencias alejado de la unanimidad resuelve los casos “de manera argumentativa, sustentada en términos de legalidad constitucional, atinente al principio de legalidad penal, al principio de separación de poderes; con observancia de un método interpretativo jurídico conforme a pautas asumidas” y, por tanto, “en modo alguno cabe concluir que se trate de una radical y nuda arbitrariedad”.

El sistema de elección de magistrados

La facción de la Sala de lo Penal que ha rechazado estas querellas, presidida en ese momento por Manuel Marchena, también rechaza que se pueda considerar que los siete magistrados progresistas del Constitucional están “vinculados” al PSOE por haber sido elegidos, en diversas renovaciones parciales, tras un acuerdo entre este partido y el PP. Todos fueron elegidos por el sistema legal, reconoce el Supremo, aunque apunta a “la opinión negativa que pudiere merecer el sistema de designación y renovación de los miembros del Tribunal y la evolución de su aplicación y del debate público sobre la politización de la institución”.

El sistema de elección de magistrados del Constitucional, tres de los cuales proceden del propio Supremo, puede ser “criticable o no” según la Sala de lo Penal pero “al margen de la afectación a la imagen de imparcialidad de la institución, en tanto se aplicó el sistema de nombramiento legalmente vigente, no cabe invocar la procedencia política de cada nombramiento”.

Las últimas renovaciones parciales del Constitucional han implantado una mayoría progresista en el tribunal de garantías inédita en más de una década con Cándido Conde-Pumpido, magistrado y exfiscal general del Estado, como presidente del organismo. Un momento en que el PP y el resto de la derecha se lanzaron a deslegitimar al tribunal de garantías: “Tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad del Constitucional”, llegó a decir Alberto Núñez Feijóo.

Ante el tribunal, el PP presentó una batería de recusaciones fuera de plazo. El Constitucional decidió, por unanimidad de progresistas y conservadores, que los reparos del PP contra una parte del pleno habían sido interpuestas de forma extemporánea contra Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer.

La revisión de la pieza política del caso ERE, tras anular el Tribunal Constitucional parte de las condenas a la antigua cúpula del Gobierno socialista de Andalucía, recaerá en cinco magistrados, dos juezas que ya dictaron la primera sentencia y otros tres nuevos, de la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla.

El acuerdo gubernativo dictado por el presidente de la sección primera de la Audiencia de Sevilla implica que la nueva sentencia del caso ERE, a tenor de la enmienda que introdujo el Constitucional, estará en manos de una sala ampliada de jueces que, previsiblemente, agilizará el trabajo de revisión del fallo.

Estos cinco magistrados tendrán que determinar ahora si repiten el juicio entero -que contó con 150 sesiones-, si hacen vistas o no, si vuelven a llamar a testificar, o si dictan directamente una sentencia deliberativa, habida cuenta que se trata de una valoración jurídica -a raíz de la anulación del primer fallo que dictó el Constitucional- y no una valoración de los hechos denunciados hace más de 15 años.

El pasado julio, el pleno del Tribunal Constitucional estimó parcialmente los recursos de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el caso de Chaves, los magistrados ordenaron a la Audiencia de Sevilla que reconsideren y rebajen su condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En el de Griñán, la sentencia anuló su condena de seis años de prisión por malversación y además encargó una nueva resolución al tribunal sevillano para que rebaje los 15 años de inhabilitación que le fueron impuestos por la prevaricación.

Previamente, el tribunal de garantías había estimado también de manera total o parcial los recursos de casi todos los exconsejeros socialistas condenados, como el de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, que pasó un año en prisión y salió con el tercer grado. En otros, como el de la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, la Audiencia de Sevilla recibió la consigna de repetir su sentencia pero, en la práctica, rebajando su condena al excluir buena parte de los hechos que se habían considerado delictivos. 

 En el acuerdo gubernativo, fechado este 7 de noviembre, el presidente de la Sección Primera de la Audiencia acuerda que, además de las magistradas Pilar Llorente Vara y Encarnación Gómez Caselles -dos de los tres magistrados que formaron parte del tribunal que enjuició y dictó sentencia en este procedimiento-, formen también parte de la Sala los magistrados de la Sección Primera Francisco de Asís Molina Crespo, Juan Jesús García Vélez y Patricia Fernández Franco, correspondiendo la ponencia a Pilar Llorente. 

 Este acuerdo, tal y como se recoge en su texto, se dicta una vez comunicado a la Sección Primera de la Audiencia el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que daba respuesta a la consulta urgente que le fue remitida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) respecto a la conformación del tribunal que deberá dictar la nueva sentencia.

 En concreto, la Sala de Gobierno del TSJA elevó una consulta sobre la posibilidad de que la magistrada Encarnación Gómez, actualmente destinada en la Audiencia Provincial de Alicante y en la situación administrativa de excedencia voluntaria, se incorporase a la Sala para el dictado de la nueva resolución, informa el Alto Tribunal andaluz en un comunicado.

Teniendo en cuenta que el objeto de la consulta es de naturaleza jurisdiccional y que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prohíbe al CGPJ dictar instrucciones sobre la aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico, la Comisión Permanente del CGPJ respondió al TSJA informando de que “subsiste para la magistrada la obligación de concurrir a formar Sala para el dictado de la nueva sentencia”, y ello conforme al artículo 194.2.3. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

 Dificultad y trascendencia jurídica del procedimiento

El presidente de la Sección Primera de la Audiencia toma esta decisión teniendo en cuenta varios aspectos, y en concreto que no puede integrar la Sala el magistrado que fue ponente de la sentencia, Juan Antonio Calle Peña, y que debe designarse otro magistrado/a para dicha función, así como el contenido del artículo 199.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, “que aconseja formar la Sala con los magistrados necesarios para formar mayoría”.

De igual modo, alude al contenido del artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, “que faculta para ser llamados para formar Sala a mayor número de magistrados cuando se estime necesario para la administración de justicia (lo que en el presente procedimiento es innegable por su dificultad y trascendencia jurídica)”, a lo que se suma que “el asunto a deliberar, sin perjuicio de lo que pudiera llegar a entender la Sala, podría configurarse en el sentido de tener una finalidad estricta y exclusiva de acomodar jurídicamente la base fáctica ya establecida a la situación y razonamientos dimanantes de la sentencia del Tribunal Constitucional”.

 Conforme al acuerdo gubernativo dictado, deberá formarse la Sala ampliada en el procedimiento indicado, notificarse su constitución a las partes personadas, y dictarse por la misma las resoluciones que procedan. Este acuerdo ha sido adoptado conforme a lo resuelto por el CGPJ y lo interesado por el TSJA y la Presidencia de la Audiencia Provincial sobre la base de las funciones Gubernativas que, según el artículo 198.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponden a los presidentes de las Secciones.

El Tribunal Constitucional ha dictado una docena de sentencias que dibujan un nuevo escenario en el caso de los ERE de Andalucía. Resoluciones que amparan a casi todos los antiguos altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía y que adelgazan al mínimo las acusaciones, aunque no elimina la existencia de irregularidades en el sistema de ayudas ni las responsabilidades penales de varios de ellos. El balance, tras un mes de deliberaciones, es de diez recursos estimados, cinco excarcelados y la duda de cómo afectará esto a las decenas de piezas separadas pendientes de juicio por cada adjudicación concreta de dinero público salida de esas partidas presupuestarias.

Las resoluciones no han borrado por completo el fraude en la gestión del sistema de ayudas implantado en los años noventa en el seno de la administración andaluza: varios ex altos cargos de la Junta siguen condenados por malversación, y la mayor parte de ellos seguirán condenados por prevaricación aunque con sanciones inferiores. Pero sí descarta la existencia de una estrategia conjunta y coordinada de los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán para mantener el sistema de reparto descontrolado de ayudas sociolaborales hasta llegar a los 670 millones de euros.

Los argumentos para estimar los recursos, de forma total o parcial, han sido repetidos en casi todas las sentencias: no se puede sancionar por la vía penal un proceso legislativo, en este caso de la administración andaluza. No es “previsible”, dice el Constitucional, considerar prevaricación o malversación el anteproyecto de unos presupuestos que después aprobaba el Parlamento.

En otros muchos casos las condenas de prisión de malversación han quedado anuladas porque, además, según el Constitucional ni el Supremo ni la Audiencia de Sevilla argumentaron correctamente la razón por la que inculpaban a cada alto cargo más allá de adjudicarle la responsabilidad en función de su puesto en el organigrama.

El balance es de diez recursos estimados y dos desestimados: el del exconsejero José Antonio Viera y el del exdirector de Trabajo, Juan Márquez. Los dos condenados a siete años de prisión y cuyas sentencias se quedan intactas por defectos en sus recursos. El resto de encausados han visto modificadas sus penas: se eliminan las de prisión por malversación y, además, la Audiencia de Sevilla debe revisar a la baja las condenas de inhabilitación, que no implican la entrada en la cárcel.

Para el Constitucional no hubo delitos ni irregularidades en la cocina de los presupuestos donde estaban las partidas y las ayudas que se repartieron de forma fraudulenta. Pero no cierra la puerta a que se dicten condenas de inhabilitación, sobre todo en lo que tiene que ver con la adjudicación directa de algunas de estas subvenciones procedentes de partidas que no tenían ese objetivo.

Los argumentos de la mayoría progresista del Constitucional mezclan lo expresado por la Fiscalía en amparo con lo que dijeron dos magistradas del Tribunal Supremo, Susana Polo y Ana Ferrer, en sus votos particulares. “No se considera mínimamente motivado que Griñán hubiera realizado con conocimiento los hechos”, dice el tribunal de garantías sobre la sentencia del Supremo sobre su condena de malversación, la que le acarreó seis años de prisión porque todos “actuaron con conocimiento de las irregularidades”.

La vertiente más institucional del caso, que marcó la vida política en Andalucía después de décadas de gobierno socialista, se ciñe a actos más cercanos a la concesión concreta de cada ayuda: las modificaciones presupuestarias de finales de 2004 en el programa 3.2H, por ejemplo, sí pueden ser considerados prevaricadores, entre otros. “Los fines de dicho programa no eran la concesión de ayudas sociolaborales”. Las nuevas sentencias, que no tendrán cárcel y sí tendrán menos inhabilitación, vuelven a manos de la Audiencia de Sevilla.

“Hace tambalearse los pilares del Estado de Derecho”

Las sentencias del Constitucional no son las últimas resoluciones que los jueces españoles tendrán que dictar sobre el caso de los ERE de Andalucía. Los tribunales de la región tienen un centenar de piezas separadas pendientes de sentencia firme, analizando en cada una la gestión concreta de las ayudas que salieron de la partida presupuestaria que centra el caso: la 31-L. El conocido como “fondo de reptiles”. Juzgados y tribunales de Andalucía, por tanto, todavía tienen mucho que decir sobre la gestión irregular de millones de euros, a la espera de saber si estas decisiones del tribunal de garantías afectan de alguna manera a estas causas.

Esta misma semana, la Audiencia de Sevilla ha impuesto un año y dos meses de cárcel al exalcalde socialista de Los Palacios y Villafranca, Antonio Maestre, por prevaricación y malversación en relación con una ayuda de 750.000 que su ayuntamiento adjudicó de forma ilegal. Dinero que procedía, precisamente, de ese “fondo de reptiles”.

Son sentencias que ya no se pueden recurrir, pero que no han sido unánimes. Todas las deliberaciones han simbolizado una división profunda entre el sector mayoritario y progresista del pleno, que ha sacado adelante las ponencias, y el sector minoritario y conservador, que con sus cuatro votos no ha conseguido hacer efectiva su oposición a los argumentos que exoneran a los antiguos altos cargos de la Junta.

Existen argumentos transversales a los votos particulares que han firmado, a veces juntos y a veces por separado, los cuatro integrantes del sector conservador: Ricardo Enríquez, César Tolosa, Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. Por ejemplo, reprochan a la mayoría del pleno que hayan convertido al Constitucional en una nueva instancia penal ante la que recurrir condenas del Supremo, yendo más allá de sus límites habituales. Pero también acusan abiertamente a sus compañeros de estar atacando los cimientos de la democracia. “La sentencia hace tambalearse los pilares básicos del Estado de Derecho”, dijo Enrique Arnaldo en uno de ellos. César Tolosa, exmagistrado del Supremo, entiende que estas resoluciones afectan a “la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros”.

Son sentencias que no han gustado en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, la que en septiembre de 2022 avaló en lo esencial las condenas y la existencia de la trama política de los ERE. Las acusaciones de sentenciar el caso de forma “imprevisible” o, directamente, ignorando la separación de poderes y sin argumentos suficientes, no han sentado bien en el parque Villa de París: “Cuesta creer que el Tribunal Constitucional pueda conceder legitimidad a ayudas que fueron tramitadas sin informe económico o el estudio de viabilidad que las justifican, o pagos por transferencias de financiación sobre los que no había control alguno”, dijo Juan Ramón Berdugo recientemente, uno de los jueces del Supremo que sentenció el caso hace dos años.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido amparar parcialmente al exconsejero y ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías, en el caso de los ERE. Los siete magistrados progresistas han aprobado devolver su caso a la Audiencia de Sevilla para que los jueces reconsideren a la baja su condena de nueve años de inhabilitación por prevaricación, al entender que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal. Una decisión similar a la que han recibido otros altos cargos andaluces encausados como el expresidente Manuel Chaves o la exministra Magdalena Álvarez.

El tribunal de garantías examina esta semana los últimos recursos pendientes de antiguos dirigentes socialistas de la Junta de Andalucía contra las condenas por los ERE. Pocos minutos después, el pleno también ha anunciado un amparo idéntico para Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos condenado también a nueve años de inhabilitación.

La sentencia, como ha sucedido en el caso de la mayor parte de condenados por prevaricación, entiende que se ha vulnerado su derecho a la legalidad penal: que no era previsible que actos como elaborar y aprobar anteproyectos de presupuestos fueran considerados un delito de prevaricación al ser actividad legislativa.

El resultado en cuanto a Zarrías y Lozano es el mismo: su condena de nueve años de inhabilitación queda anulada y su caso vuelve a la Audiencia Provincial de Sevilla. Será el tribunal andaluz el que decida si debe mantener algún tipo de condena contra ellos pero retirando de la nómina de acusaciones gran cantidad de los actos que se les atribuían, como la aprobación de proyectos de presupuestos.

Se trata de un amparo similar al que recibió ayer el expresidente Manuel Chaves, también condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. El otro expresidente de la Junta juzgado y condenado en este caso, José Antonio Griñán, también vio cómo ayer el pleno anulaba su condena de seis años de prisión por malversación de caudales públicos.

Todas las sentencias del caso que han estimado total o parcialmente los recursos han contado con el voto en contra de los cuatro magistrados conservadores del pleno: Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, César Tolosa y Ricardo Enríquez.

El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente los recursos de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía condenados en el caso de los ERE: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. En el caso de Chaves, los magistrados ordenan a la Audiencia de Sevilla que reconsideren y rebajen su condena de nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En el de Griñán, la sentencia anula su condena de seis años de prisión por malversación y además encarga una nueva resolución al tribunal sevillano para que rebaje los 15 años de inhabilitación que le fueron impuestos por la prevaricación. Las dos decisiones han llegado poco después de que el Constitucional, por unanimidad de conservadores y progresistas, hayan rechazado de plano las recusaciones que el PP presentó a última hora contra varias magistradas.

El tribunal de garantías estudia desde hace semanas los recursos de los ex altos cargos de la Junta de Andalucía por el caso de los ERE: el sistema millonario de ayudas públicas a empresas y trabajadores que, según el Tribunal Supremo, se basó en un descontrol instaurado y mantenido por los gobiernos de los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El primero fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación y el segundo a seis años de cárcel al añadir los jueces el de malversación de caudales públicos.

Las diversas sentencias han estimado de manera total o parcial los recursos de casi todos los condenados. En algunos casos, como el de Carmen Martínez Aguayo, las condenas han quedado completamente anuladas. En otros, como el de Magdalena Álvarez, la Audiencia de Sevilla ha recibido la consigna de repetir su sentencia pero, en la práctica, rebajando su condena al excluir buena parte de los hechos que se habían considerado delictivos.

El pleno, con los votos en contra de los cuatro magistrados conservadores, ha entendido en la mayoría de los casos que ha estudiado que muchos actos condenados como prevaricación y malversación eran actos políticos del gobierno andaluz que no podían ser criminalizados: elaborar anteproyectos o proyectos presupuestarios, por ejemplo, que más tarde eran aprobados por el Parlamento de Andalucía. También que en otros casos varios ex altos cargos andaluces fueron condenados sin argumentos suficientes por parte de la Audiencia de Sevilla y el Supremo.

En el caso de la prevaricación, el Constitucional entiende que Griñán y Chaves han sido condenados de manera “imprevisible”: un anteproyecto de ley y su aprobación como proyecto “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”, recuerda la sentencia. No es una resolución que forme parte de un asunto administrativo sino “actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía”.

La prevaricación, en el caso de ambos expresidentes andaluces, debe ser examinada de nuevo por la Audiencia Provincial de Sevilla para rebaje la condena de nueve años de inhabilitación de Chaves y la de 15 años de Griñán pero retirando buena parte de las acusaciones. Ni los anteproyectos ni los proyectos de presupuestos pueden ser considerados delictivos, ni tampoco diversas modificaciones presupuestarias pero dejando la puerta abierta que sean condenados por una de ellas: la de diciembre de 2004 en el programa 3.2H “dado que los fines de dicho programa no eran la concesión de ayudas sociolaborales”.

Elimina la condena de cárcel por malversación

En el caso de Griñán, la sentencia del Constitucional hace desaparecer su condena de seis años de prisión por el delito de malversación. La mayoría progresista del pleno entiende que, como sucede con la prevaricación, es “imprevisible” que esas acciones del gobierno andaluz sean consideradas un ilícito penal. Y como en otros casos, reconocen que algunas disposiciones de fondos públicos sí pudieron ser malversadoras pero que Griñán fue condenado sin argumentos suficientes.

“La motivación judicial carece del desarrollo argumental suficiente para considerar probado que los hechos que se le imputan han sido cometidos por el demandante”, dice el Constitucional sobre José Antonio Griñán, que presidió la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013. La responsabilidad penal no se puede trasladar “automáticamente” de quienes gestionaban las ayudas de forma directa a quienes “se limitaron a aprobar las partidas presupuestarias correspondientes”.

Los tribunales eximieron a José Antonio Griñán de entrar a prisión a cumplir condena por el cáncer que padece, pero otros antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía han sido excarcelados en las últimas semanas después de ver cómo sus recursos de amparo eran estimados total o parcialmente. El primero fue Miguel Ángel Serrano, ex director general del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía, después de un año y medio entre rejas. Esta misma semana el exconsejero Antonio Fernández y el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez también abandonaban la prisión.

Este mismo martes el Constitucional, por primera vez, ha rechazado el recurso de uno de los condenados tras entrar a examinar el fondo del asunto. Ha sido el de Juan Márquez, primero consejero de Economía y después director general de Trabajo, condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación. En su recurso solo reclamó que se había vulnerado su derecho a la presunción de inocencia así como otros que el Constitucional no ha entendido perjudicados. “Las resoluciones impugnadas sí razonan de forma suficiente, conforme a criterios racionales y lógicos, que Márquez tuvo conocimiento de que los fondos del programa 3.1L se dedicaron a fines ajenos por completos a los establecidos legalmente”, dice esta sentencia.

Poco antes de empezar las deliberaciones, el Constitucional ha rechazado la recusación que el PP ha presentado en los últimos días contra dos magistradas del sector progresista: María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán. El pleno, por unanimidad de conservadores y progresistas, ha decidido rechazarlas por haber sido planteadas fuera de plazo.

El Tribunal Constitucional aborda esta semana la parte más política del caso de los ERE de Andalucía: las condenas de los expresidentes socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El pleno tiene previsto abordar y estimar los recursos de los dos políticos que durante más de dos décadas llevaron las riendas de la Junta de Andalucía, perdiendo su poder a manos del caso que ahora, sentencia a sentencia, desinfla el tribunal de garantías. Las ponencias, que cuentan con el apoyo parcial de la Fiscalía y de dos magistradas del Tribunal Supremo, plantean reducir la condena de inhabilitación de Chaves y eliminar la de seis años de cárcel de Griñán con argumentos similares a los que se han llevado por delante la mayor parte de las condenas de los antiguos altos cargos de la administración andaluza.

El pleno, con los siete votos a favor de la mayoría progresista y los cuatro contrarios de la minoría conservadora, lleva varias semanas estimando total o parcialmente los recursos de los consejeros, viceconsejeros y directores generales de la Junta que fueron encausados por el caso de los ERE de Andalucía. El sistema de ayudas públicas puesto en marcha para paliar los efectos de la crisis económica en Andalucía y que, según el Tribunal Supremo, se tradujo en el reparto descontrolado de 670 millones de euros a lo largo de los años.

El Constitucional no ha negado que existieran ilegalidades en la gestión del sistema de ayudas así como en algunos momentos del reparto del dinero. Hubo prevaricación y hubo malversación pero no en las cantidades y con la extensión que marcaron la Audiencia de Sevilla y el Supremo. Poner en marcha un anteproyecto de presupuestos, por ejemplo, no puede considerarse un delito de prevaricación, y en muchas ocasiones las condenas por malversación se impusieron sin argumentos suficientes.

Son argumentos que han servido para rebajar o anular completamente las condenas de todos los antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía, muchos de los cuales incluso han salido de prisión poco después de saber que el Constitucional les había dado la razón. Condenas de cárcel por malversación completamente anuladas como la de Carmen Martínez Aguayo o sanciones de inhabilitación devueltas a la Audiencia de Sevilla, como la de la exministra Magdalena Álvarez, para que una nueva sentencia rebaje considerablemente su condena.

Los dos primeros casos que analizará el Constitucional este martes serán los de Chaves y Griñán, seguidos del exconsejero Gaspar Zarrías y los exdirectores Juan Márquez y Antonio Vicente Lozano. Las ponencias pasan por dar la razón a los dos expresidentes de la Junta de Andalucía. En el caso de Chaves, como ha sucedido con otros altos cargos, el borrador que tendrá que aprobar el pleno cuestiona que una parte importante de los hechos que se le atribuyen puedan ser considerados un delito de prevaricación, por lo que la Audiencia de Sevilla deberá reconsiderar su caso pero muy por debajo de los nueve años de inhabilitación que le fueron impuestos en Sevilla.

En el caso de Griñán, los magistrados también tienen previsto anular su condena de malversación. No solo por entender que fue imprevisible imponer una condena de seis años de cárcel por este delito a alguien que ponía en marcha y ejecutaba una ley que ni siquiera había sido impugnada, sino también por apreciar que se le atribuyó el delito sin argumentos suficientes. Son argumentos en línea con lo expresado por dos magistrados del Tribunal Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, en el voto particular que emitieron contra la sentencia que confirmó la mayor parte de las condenas.

El recurso del expresidente Griñán, que no llegó a entrar en prisión por el cáncer que padece, combate la condena por prevaricación, denunciando entre otras cosas que el Supremo había “creado” un delito de malversación para enviar a la cárcel a varios altos cargos sin trazar una línea entre el el expresidente, los fondos malversados y el supuesto beneficiado.

Recta final del caso de los ERE

El Tribunal Constitucional afronta esta semana las últimas deliberaciones sobre los recursos de amparo presentados en el caso de los ERE de Andalucía. Una causa que arrancó hace más de 15 años y que ahora tendrá que ser parcialmente revisada por la Audiencia de Sevilla que celebró más de 150 sesiones de juicio y dictó la primera sentencia.

La recta final del caso coincide con un movimiento del Partido Popular, personado en la causa como acusación desde el arranque de las diligencias. Tal y como anunció Elías Bendodo este jueves, los de Alberto Núñez Feijóo han decidido recusar a suficientes magistrados progresistas del pleno para evitar que las ponencias salgan adelante.

Las recusaciones, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se deben presentar dentro de unos plazos, pero hay excepciones si la razón por la que se pide apartar a un magistrado ha sido descubierta recientemente. En el caso del PP, alegan cosas como que Juan Carlos Campo fue ministro del Gobierno de Pedro Sánchez o alto cargo en la Junta de Andalucía, así como que Inmaculada Montalbán fue magistrada en el Tribunal Superior de Andalucía y dictó sentencias relacionadas con piezas separadas del caso.

Las ponencias del Tribunal Constitucional plantean exonerar totalmente de la malversación al expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por los ERE de Andalucía, y reducir considerablemente la pena de inhabilitación al también expresidente andaluz Manuel Chaves.

Fuentes jurídicas han confirmado a EFE la noticia, adelantada por El Español, de que la ponencia de la vicepresidenta Inmaculada Montalbán propone borrar la malversación a Griñán, lo que supondría alejar definitivamente toda opción de ingresar en la cárcel, y hacer lo mismo casi en su totalidad con la prevaricación.

Junto a Griñán, la corte de garantías también verá, en el Pleno que arranca el próximo día 16, el borrador de la ponencia sobre el expresidente de la Junta Manuel Chaves, condenado a nueve años de inhabilitación, que plantea reducir considerablemente los hechos que versan sobre la prevaricación.

En ambos casos, se trata de algo esperado habida cuenta de que se aplicará la doctrina de las sentencias anteriores ya resueltas por el Pleno, de manera que a priori, las propuestas cuentan en principio con el apoyo de los siete magistrados del bloque progresista y el voto en contra de los cuatro magistrados del sector conservador.

Las primeras sentencias del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE han dejado dos mensajes sobre la causa que sacudió la política andaluza: hubo delitos y descontrol en el reparto millonario de ayudas sociolaborales, pero no un plan criminal concebido en la Junta desde los anteproyectos presupuestarios. Un pleno profundamente dividido ha amparado, por el momento, a cinco antiguos altos cargos de los gobiernos socialistas de Chaves y Griñán con argumentos que cuestionan buena parte de las condenas por prevaricación pero también las de malversación, el delito penado con cárcel. Las consecuencias apenas han tardado unas pocas horas en llegar y varios encausados han salido ya de la cárcel después de un año y medio entre rejas.

Los tribunales nunca consideraron que el caso de los ERE pudiera ser producto de una organización criminal, pero sí dejaron claro que el descontrol del sistema de ayudas formó parte de un plan preconcebido: desde la elaboración de los anteproyectos presupuestarios hasta la adjudicación irregular de dinero. El objetivo, según los jueces, era que el dinero fluyera lo más rápido posible y saltándose los controles obligatorios. A nivel político, la acusación del PP sobre cómo el caso de los ERE de Andalucía desbancaba al caso Gürtel como la mayor trama corrupta de la historia democrática de España cabalgó sobre la cifra de 670 millones de euros malversados durante los mandatos socialistas de la Junta.

El Constitucional, en las sentencias que se han conocido hasta ahora, ha aplicado un serio correctivo a la Audiencia de Sevilla y al Tribunal Supremo, pero no ha negado que existieran delitos en el trasvase de millones y millones de dinero público: hubo prevaricación y hubo malversación. Pero no en las cantidades que establecieron los tribunales penales. Y no con el grado de planificación y profundidad que le atribuyeron en instancias anteriores.

No hubo ni prevaricación ni malversación, según la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, en las fases embrionarias del proceso: la elaboración de los anteproyectos y proyectos de presupuestos que después eran aprobados por el Parlamento de Andalucía. Lo dijeron los magistrados en la sentencia de Magdalena Álvarez y lo han repetido en casi todas las que han venido después: “La elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Y tampoco es previsible, añaden en varias sentencias, que sea malversación.

Por el momento, los jueces han examinado los casos de distintos cargos de la administración andaluza: consejeros, viceconsejeros y también directores como el de la agencia IFA/IDEA, que canalizaba los pagos en el tramo final del proceso. Y han detectado casos en los que sí puede haber delitos tanto de prevaricación como de malversación: por ejemplo, algunas modificaciones presupuestarias de los programas 22E y 3.2H, o la disposición de fondos públicos del programa 3.1L para fines distintos a los que estaban estipulados.

En algunos casos, por tanto, hubo salidas de dinero de esas partidas que fueron ilegales, al ir a parar a ayudas sociolaborales cuando esa no era su aplicación establecida. La Audiencia de Sevilla debe repetir algunas de sus resoluciones y, en la práctica, absolver a algunos acusados como Miguel Ángel Serrano o reducir sus condenas porque buena parte de las acusaciones no han pasado el filtro del Constitucional.

Algunos hechos sí fueron delictivos pero el tribunal de garantías añade una segunda exigencia que se ha llevado por delante otra porción de las condenas de cárcel de los altos cargos de la Junta: los argumentos empleados para darles un papel protagonista en el proceso. En varios casos, como el del ex viceconsejero Jesús María Rodríguez, el Constitucional entiende que “ha sido condenado por tal delito sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por él”.

Las decisiones del Constitucional, por tanto, no dan carta blanca de legalidad a todo el proceso y mantienen que parte de las ayudas millonarias se gestionaron y repartieron de forma delictiva. Pero rompen lo que el Supremo denominó la cadena de “eslabones necesarios” que esgrimió para confirmar la condena de buena parte de los miembros de los gobiernos de Chaves y Griñán. Las consecuencias están siendo excarcelaciones de aquellos condenados que han recibido el amparo del Constitucional: Miguel Ángel Serrano y Francisco Vallejo ya han salido de prisión después de un año y medio cumpliendo condena. Carmen Martínez Aguayo, otra de las beneficiadas, ya tenía el tercer grado penitenciario.

Enfrentamiento interno en el Constitucional

Todas las votaciones relativas al caso de los ERE de Andalucía se han saldado con siete votos a favor del sector progresista y cuatro en contra del sector conservador. Una división lejos de ser inédita pero que se está traduciendo en votos particulares con algunas acusaciones que quedan por escrito y otras que se emiten sin cámaras ni micrófonos. En privado, desde el sector conservador denuncian, incluso, que sus argumentos discrepantes no son incluidos en las mismas notas de prensa que comunican la decisión mayoritaria. En sus escritos, acusan directamente a sus compañeros de estar rompiendo las reglas del juego entre el Constitucional y el Supremo.

Las discrepancias más fuertes llegaron con la sentencia que rebajó al mínimo la acusación por prevaricación contra la exministra Magdalena Álvarez. César Tolosa, exmagistrado del Tribunal Supremo, escribió en su voto particular que la decisión “ha devastado” los límites del Constitucional al “suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley”. Rectificar sentencias sobre “el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España”, añadió este magistrado, “ocasiona un daño institucional difícilmente reparable”.

Todos los votos particulares entienden que, tal y como dijo el Supremo, actos como elaborar un anteproyecto de presupuestos sí son actos administrativos susceptibles de convertirse en un delito de prevaricación. En cuanto a la malversación, los discrepantes también se oponen a que la Audiencia de Sevilla tenga que rebajar o incluso eliminar las condenas de cárcel: “Las cantidades que se entregaban en concepto de ayudas sociolaborales se justificaban sin observar los requisitos previstos en la legislación autonómica y estatal sobre subvenciones”, critica por ejemplo Ricardo Enríquez.

Enrique Arnaldo, en uno de sus escritos, acusa a sus compañeros del pleno que haber descubierto “con la linterna de Diógenes” el “argumento de la salutífera ley de presupuestos que todo lo ampara y borra toda responsabilidad penal”. En alusión a las alegaciones de la sentencia mayoritaria que entienden que una acción en aplicación de una ley legal, como era la ley andaluza de presupuestos, no puede ser considerado un delito.

El tribunal de garantías todavía tiene una decena de recursos pendientes de resolución y no se espera que ninguna de estas deliberaciones desemboque en la unanimidad. Recursos de antiguos consejeros, viceconsejeros y altos cargos pero también los de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía condenados: Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Con la incógnita de cómo se beneficiarán de los argumentos que, por el momento, han limitado la aplicación de los dos delitos que les han atribuido hasta ahora en los tribunales ordinarios.

Encarnación Molino, abogada defensora del exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, ha mostrado este miércoles su satisfacción por la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de estimar parcialmente su recurso de amparo y anular la condena a siete años y un día de prisión que le impuso la Audiencia de Sevilla por malversación en el caso ERE. A su juicio, de esta manera queda demostrado que “su condena fue injusta”, a la vez que lamenta el “mucho daño causado” a su cliente.

Después de que la Audiencia de Sevilla, merced a la decisión del TC, haya ordenado la puesta en libertad de Vallejo (interno en la cárcel Sevilla I), Molino ha celebrado que el Constitucional haya “acogido la tesis defendida todos estos años” por la representación de este ex alto cargo de la Junta de Andalucía.

“Este procedimiento nunca debió llegar tan lejos porque los órganos judiciales no pueden juzgar actos políticos y en este caso, se trataba de anteproyectos y proyectos de ley que habían sido aprobados por el Parlamento de Andalucía”, ha esgrimido la letrada de Vallejo en declaraciones a Europa Press. Asimismo, ha expuesto que en el caso de su defendido “no se trataba de resoluciones administrativas, sino de meras propuestas para ser deliberadas en el Parlamento, donde podían ser aprobadas o no, por lo que no pueden ser resoluciones prevaricadoras”.

“Lo que hizo fue cumplir la ley”

“Son argumentos muy básicos y elementales que hemos venido sosteniendo todos estos años. Francisco Vallejo no cometió el delito de malversación, lo que hizo fue cumplir la ley aprobada por el Parlamento de Andalucía. Su conducta estaba amparada por las leyes de presupuestos”, ha subrayado, avisando de que “su condena fue injusta y produjo mucho daño”.

“Ahora la sentencia del TC es un bálsamo para todos los que la sufrieron y abre nuevas expectativas para muchos de los que están acusados en las piezas separadas”, expone.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha ordenado “mandamiento de libertad” para los exconsejeros socialistas de Innovación Francisco Vallejo, y Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, ambos en prisión por malversación en el caso ERE. La decisión se adopta después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya anulado las condenas, aunque Aguayo goza del tercer grado penitenciario desde principios de junio y había sido asignada al centro de inserción social (CIS) de Sevilla.

Vallejo fue condenado a siete años y un día de prisión, que cumple en la cárcel de Sevilla I, y su puesta en libertad se produce tras la sentencia del Constitucional que –tras el recurso de amparo que presentó– anula la condena privativa de libertad que le impuso esta instancia provincial. En concreto, se le acusó de malversación en el “procedimiento específico” de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos autonómicos. Dicha instancia ha resuelto exactamente lo mismo, en los mismos términos, respecto a Martínez Aguayo, condenada a su vez a seis años y dos días de prisión también por malversación.

Así figura en sendas providencias emitidas respecto a cada uno de ellos por la Sección Primera de la Audiencia y difundidas por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), documentos en los que este órgano judicial da cuenta de que le ha sido “anticipado por correo electrónico el fallo de la sentencia” del TC correspondiente a cada uno de estos recursos de amparo de los exconsejeros Vallejo y Martínez Aguayo. De esta manera, el Constitucional acuerda “anular” las condenas de cárcel impuestas por la Audiencia y confirmadas por el Supremo al desestimar en su momentos los recursos de casación de estos ex altos cargos de la era socialista de la Junta de Andalucía. Es por ello que la Audiencia ordena expedir a la dirección del centro penitenciario de cada uno de ellos “mandamiento de libertad”.

Este órgano judicial señala, asimismo, que no ha recibido el fallo de la sentencia del TC referente al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, condenado a siete años, once meses y un día de prisión también por malversación en este mismo caso y cuyo recurso de amparo habría sido parcialmente admitido. Lo mismo ocurre con el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel también por malversación en el “procedimiento específico de financiación” de los ERE.

Acusada de malversación sin especificar

Por lo que respecta a Martínez Aguayo, el Constitucional ha acordado este miércoles anular la malversación, por lo que ha ordenado a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte una nueva sentencia. El pleno ha adoptado su decisión por siete votos a favor y cuatro votos en contra, los de los magistrados del ala conservadora. La mayoría ha determinado que se condenó a Martínez Aguayo por malversación sin precisar los hechos específicos que se le atribuyen y que se le aplicó indebidamente el delito de prevaricación porque la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva de este delito.

La Audiencia de Sevilla y el Supremo consideraron que Martínez Aguayo –en su calidad de viceconsejera de Economía y Hacienda (2004-2009) y Consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía (2009-2010)– participó en la elaboración de los anteproyectos de ley de presupuestos para los años 2005 a 2009 y en la elaboración de distintas modificaciones presupuestarias. Según esas dos sentencias, la realización de tales actos conllevó que terceros sustrajeran dinero público, sin que Martínez Aguado lo evitara.

Ahora, el Constitucional constata que Martínez Aguayo, “quien solo intervenía en la fase de presupuestación y no tenía participación personal en la gestión de las ayudas realizada por la Consejería de Empleo”, fue condenada por malversación “sin que los órganos judiciales hayan argumentado que los hechos imputados fueran cometidos por la recurrente”, según recoge una nota informativa del tribunal.

Los magistrados, además, han recalcado que la elaboración de los anteproyectos de ley y su aprobación como proyectos de ley no puede ser constitutiva del delito de prevaricación; y que el sistema de presupuestación utilizado fue aprobado por el Parlamento de Andalucía. Por ello, no puede exigírsele a los condenados que actuaran en contra de lo previsto en las sucesivas leyes de presupuestos y en las memorias que las acompañaban.

Así, los magistrados han estimado parte de su recurso de amparo y han ordenado a la Audiencia de Sevilla a dictar una nueva sentencia al considerar que la Audiencia de Sevilla y el Supremo le aplicaron mal el delito de prevaricación. De esta manera, vulneraron su derecho a la presunción de inocencia al condenarle por malversación sin precisar los hechos que se le atribuyen específicamente a Martínez Aguayo.

Francisco Vallejo y Jesús María Rodríguez Román

Bajo el mismo argumento, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y del exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román. Así las cosas, ha ordenado también a la Audiencia de Sevilla que dicte dos nuevas sentencias que respeten los derechos de ambos.

Vallejo fue condenado a siete años de prisión por un delito prevaricación con malversación por haber participado en la aprobación de los proyectos de ley de presupuestos para los años 2005 a 2009 y en la elaboración de distintas modificaciones presupuestarias por las que se incrementaban distintos programas. Como presidente del IFA/IDEA también permitió que se siguiera realizando el pago de las ayudas sociolaborales.

Jesús María Rodríguez Román fue condenado por un delito de prevaricación en concurso medial con un delito de malversación a la pena de seis años y dos meses de prisión, con accesorias, y 15 años y dos días de inhabilitación, con accesorias.

Analizados ya siete recursos de los ERE

La decisión del tribunal tiene lugar después de que el pasado 18 y 19 de junio resolviera los primeros recursos de amparo, los de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena Álvarez. Al primero le desestimó el recurso porque su argumentación era genérica; a la segunda, le estimó parcialmente el recurso al anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje la pena.

Esta misma semana, el Constitucional ha perdonado parte de la malversación al exconsejero de Empleo de Andalucía Antonio Fernández, quien permanece en la cárcel. El pleno del tribunal de garantías ha anulado su condena y ha ordenado a la Audiencia de Sevilla que dicte una nueva sentencia que rebaje su pena de prisión.

Los magistrados han declarado que se ha vulnerado en parte su derecho a la legalidad penal, pero han rechazado que se hayan lesionado sus derechos a la presunción de inocencia y a la tutela judicial efectiva.

Esta semana, también ha anulado toda la condena de seis años y medio de cárcel que se le impuso por prevaricación en concurso con malversación al exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, que ya ha salido de prisión.

Turno para Chaves y Griñán el 16 de julio

Según anunció el propio Constitucional, no será hasta el 16 de julio que el pleno estudie los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia de los ERE por la que se les condenó a seis años de cárcel por prevaricación y malversación y nueve años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente.

Ese día, los magistrados también deliberarán sobre los del exconsejero Gaspar Zarrías y del exviceconsejero Antonio Vicente Lozano, condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación.

Una nueva sentencia del Tribunal Constitucional del caso de los ERE ha estimado parcialmente el recurso de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, contra su condena de 7 años y 11 meses por prevaricación y malversación. En su caso, la mayoría progresista del pleno devuelve la resolución a la Audiencia de Sevilla al entender que se vulneró su derecho a la legalidad penal pero no a la presunción de inocencia: puede ser condenado a penas de cárcel por malversación pero por la “disposición de fondos públicos para fines distintos” a los que marcaban los programas de ayudas. En su caso, a diferencia del de otros condenados, sí ha habido pruebas y razonamientos suficientes para condenarle.

El pleno también ha estimado parcialmente varios recursos de antiguos altos cargos de la Junta: el los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo (Economía) y Francisco Vallejo (Innovación) y el del viceconsejero de este último departamento, Jesús María Rodríguez. Vallejo fue condenado a siete años de cárcel y los otros dos a seis años. En sus casos, la Audiencia de Sevilla también tendrá que dictar una nueva sentencia.

El tribunal de garantías estudia desde hace semanas los recursos de los condenados por los ERE de Andalucía. En casos como los de la exministra Magdalena Álvarez o Miguel Ángel Serrano, la mayoría progresista del pleno ha entendido que no se puede atribuir un delito de prevaricación, penado con inhabilitación, a quienes participaron en actos políticos como la elaboración de anteproyectos de presupuestos. Sin descartar que algunas modificaciones presupuestarias sí puedan ser consideradas delictivas.

Sobre la malversación, penada con cárcel, el Constitucional ha aplicado la misma doctrina y ha añadido que cumplir una ley legal de presupuestos no puede ser considerado delictivo. En el caso de Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia IFA/IDEA excarcelado ayer, además entiende que el Supremo y la Audiencia de Sevilla no justificaron lo suficiente su condena por las adjudicaciones concretas de ayudas de forma irregular al margen de sus fines establecidos.

El caso de Antonio Fernández conocido este miércoles abre la puerta, tal y como sucedió con la prevaricación, a mantener una parte de las condenas de cárcel por malversación aunque sean menores. La ponencia que hoy ha votado el Constitucional ordena a la Audiencia de Sevilla que repita su sentencia contra él pero sin condenarle por su papel en la elaboración de los proyectos presupuestarios, solo por la adjudicación de dinero público a fines distintos de los establecidos en el programa de ayudas. El tribunal, al no formar parte del recurso y de las alegaciones de Fernández, no modifica su condena por prevaricación.

Fernández, la condena más alta

Antonio Fernández fue, sin duda, el exalto cargo más castigado por la instrucción del caso ERE. Ha sido el único exconsejero que fue enviado a prisión preventiva, de la que salió en agosto de 2012 tras abonar 450.000 euros de fianza. Ha llegado a pedir una pensión alimenticia de 1.840 euros al estar al borde de la “indigencia”.

Fernández también fue el primer imputado por la jueza Alaya en la causa de los cursos de formación, ya archivada, y en el caso ERE arrastra un gran número de gestores en Empleo como los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, o los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera. En 2009, Griñán le renovó al frente de la Consejería, aunque un año después fue uno de los consejeros que salió de la etapa de Manuel Chaves heredada por Griñán. Un año después (2011) fue imputado en los ERE y otro año después (2012) dio con sus huesos en prisión por espacio de cuatro meses.

Las primeras resoluciones del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE de Andalucía usan dos argumentos para impugnar las sentencias del Supremo y de la Audiencia de Sevilla: los jueces criminalizaron parte de la actividad política de los altos cargos de la Junta de Andalucía y, además, en ocasiones impusieron condenas de cárcel sin argumentos suficientes. Con una docena de casos todavía pendientes de decisión, las dos sentencias conocidas en los últimos días cuestionan tanto las condenas de inhabilitación por prevaricación como las condenas de cárcel por malversación de caudales públicos.

La Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo resolvieron en firme que en Andalucía, desde la década de los noventa hasta el año 2009, existió un sistema de ayudas a empresas y trabajadores para combatir las dificultades económicas. Un sistema cuyo descontrol, buscado y permitido desde la Junta, facilitó el reparto irregular de millones de euros de dinero público.

Los jueces entendieron que los culpables, desde los presidentes de la Junta hasta directores generales encausados, habían incurrido en un delito de prevaricación por poner en marcha y perpetuar el sistema desde la creación de los anteproyectos de presupuestos. A diez de ellos, además, les atribuyeron malversación por participar en el reparto ilegal de dinero o, al menos, por no evitar que se hiciera de forma descontrolada.

De momento, el Tribunal Constitucional ha dictado tres sentencias que han desarmado los pilares maestros de las condenas por ambos delitos. Después de una primera decisión irrelevante sobre el exconsejero José Antonio Viera, la mayoría progresista del pleno sacó adelante una sentencia que amparó parcialmente a la exministra y exconsejera andaluza Magdalena Álvarez, dejando en mínimos su condena de inhabilitación por prevaricación.

El Tribunal Supremo y la Audiencia de Sevilla habían cimentado su sanción por prevaricación en considerar que todas las decisiones de la Junta para poner en marcha el sistema de ayudas constituyeron una cadena de “eslabones necesarios” con una sucesión de decisiones injustas. Aprobar ayudas a través de un “instrumento jurídico ilegal” como eran las transferencias de financiación y con una finalidad igualmente ilegal: “Eludir el control”.

El reproche del Constitucional pasa por acusar a ambos tribunales de desconocer cómo funciona el sistema político andaluz e invadir la separación de poderes al criminalizar actos legislativos del Gobierno regional. Elaborar y aprobar anteproyectos de ley, el embrión de esas ayudas, “no puede ser constitutiva del delito de prevaricación”. Son actos, dijo, “dictados por el Poder ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía” y su contenido “no puede ser objeto de control por ningún órgano judicial”. 

Los argumentos del Supremo y la Audiencia de Sevilla para sancionar por prevaricación a los altos cargos, dice el Constitucional, “supone incidir en un ámbito ajeno al control judicial, excediendo de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida”. Sobre la acción de los tribunales penales, al valorar la legalidad del sistema de presupuestación, dice el Constitucional: “Ha ejercido una función que en modo alguno le corresponde atribuyéndose unas prerrogativas que la Constitución no le otorga”. 

Argumentos como los sostenidos por el Supremo, zanjó el Constitucional, corren el riesgo de “infringir el principio de separación de poderes” y, en aplicación al caso concreto, dictar condenas imprevisibles. En el caso concreto de Magdalena Álvarez y sus derechos, infringió el principio de legalidad penal.

Sin “argumentos” para la malversación

La sentencia que anuló la condena de Magdalena Álvarez no lleva irremediablemente a su absolución: la Audiencia de Sevilla debe repetir sus argumentos y dictar una nueva pero excluyendo la mayor parte de las acusaciones. Este martes, la resolución que afecta a Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia IFA/IDEA, sí anula su condena de seis años y medio de cárcel por malversación y prevaricación de forma completa.

En el caso de Serrano, excarcelado pocas horas después de conocerse el fallo, el pleno repite sus argumentos sobre la prevaricación y los extiende a una parte de la malversación: “Es una interpretación imprevisible la condena por este delito” al hablar de acciones amparadas en las leyes de presupuestos. Pero en el caso de los ERE no todo queda fuera del alcance del derecho penal y hay casos de ayudas que fueron destinadas a “fines distintos a los previstos”.

En esos casos, el Constitucional ha abordado el análisis desde la perspectiva de la presunción de inocencia, y en el caso de Miguel Ángel Serrano ha entendido que ni la Audiencia de Sevilla ni el Tribunal Supremo justificaron lo suficiente su condena de seis años y medio de presidio. “Los órganos judiciales no han argumentado suficientemente que fueran cometidos por el recurrente. La resolución judicial carece del desarrollo argumental constitucional necesario en este punto”, explicaba el Constitucional su resolución en un comunicado este martes.

La falta de argumentación –más allá de declarar la ilegalidad del sistema y criminalizar su aplicación– que implique a altos cargos en el desvío efectivo de dinero público de la Junta es una alegación constante en los recursos de los condenados por este segundo delito de malversación. Y en el caso de Serrano, la mayoría del tribunal de garantías entiende que el Supremo no argumentó lo suficiente por qué las pruebas recabadas le incriminaban.

Malestar en el Supremo y el sector conservador

El criterio mayoritario del sector progresista del Constitucional no ha gustado en el Supremo, donde diversas fuentes entienden que el tribunal de garantías está yendo mucho más allá de sus límites para corregir sus resoluciones. Un malestar que han dejado por escrito en el propio Constitucional los cuatro integrantes del sector conservador, acusando a sus compañeros de estar enmendando la plana al Supremo de forma irregular. “Ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo”, dijo por ejemplo César Tolosa.

El voto particular que firmaron Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y Ricardo Enríquez para criticar la sentencia que amparó parcialmente a Magdalena Álvarez criticaba tanto las formas como el fondo de sus compañeros. Apunta al “tono reprobable”, “amonestaciones” e “innecesarias explicaciones” que el pleno usó para cuestionar la decisión del Supremo y la Audiencia de Sevilla, pero también al fondo de sus argumentos para tumbar buena parte de la sentencia.

El voto de Tolosa, suscrito por los otros tres discrepantes, denunciaba que la sentencia afectaba al “asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España” y, al corregir al Supremo de forma inédita, “debilita los fundamentos del Estado de Derecho”, además de afectar a “la persecución eficaz de los delitos de corrupción institucionalizada cometidos por el Gobierno o sus miembros”.

En cuanto al fondo del asunto, el voto particular de los otros tres magistrados contrarios a la mayoría del pleno entiende que el Supremo y la Audiencia de Sevilla interpretaron correctamente los hechos y acertaron al condenar por prevaricación a todos los antiguos altos cargos de la Junta. “Han efectuado una interpretación razonada de los elementos del delito de prevaricación”.

Los de Magdalena Álvarez y Miguel Ángel Serrano no son los únicos casos de la trama de los ERE que va a estudiar el Tribunal Constitucional. Esta misma semana, el pleno analizará cuatro recursos más de condenados por prevaricación y malversación: Carmen Martínez Aguayo, Jesús María Rodríguez, Francisco Vallejo y Antonio Fernández. Será dentro de dos semanas cuando el pleno aborde los recursos, entre otros, de los expresidentes Chaves y Griñán.

La mayor parte de estas ponencias apuestan por seguir amparando de forma parcial a los antiguos altos cargos de la Junta condenados a prisión por prevaricación, aunque en algunos casos no se anule directamente toda la condena y se devuelva el caso a la Audiencia de Sevilla para que dicte sentencias nuevas. Hay pasos del proceso que desembocó en las ayudas que, según el Constitucional, sí fueron delictivos.

Es, por ejemplo, el caso de la ponencia sobre el caso de Antonio Fernández, exconsejero de Empleo condenado a 7 años y 11 meses de prisión. En su caso, el Constitucional analizará si ordena al tribunal andaluz dicte una nueva sentencia centrándose en las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, pero dejando fuera de una hipotética condena el grueso de las acusaciones que pesan sobre él.

El Tribunal Constitucional ha tumbado parcialmente el segundo pilar del caso de los ERE de Andalucía: las condenas de cárcel por el delito de malversación. El pleno, con siete votos a favor y cuatro en contra, ha estimado parcialmente el recurso de Miguel Ángel Serrano, exdirector general de la agencia IFA-IDEA, y ha anulado la sentencia que le impuso seis años y medio de cárcel, al entender que su participación en la elaboración de presupuestos no puede ser considerado un delito de malversación.

La decisión del Constitucional implica que la Audiencia de Sevilla debe ordenar su excarcelación –instrucción que ha dado este mismo martes por la tarde– y abre la puerta a la rebaja de condenas de prisión de la mayor parte de los exaltos cargos juzgados, incluido el expresidente José Antonio Griñán. La mayoría de ellos ya han cumplido una parte de su condena entre rejas.

Su sentencia queda anulada y la Audiencia de Sevilla debe ponerle en libertad. Serrano, entonces director general de la agencia IFEA/IDEA, fue condenado por firmar los convenios con la Dirección General de Trabajo para el pago de las ayudas sociolaborales cuestionadas y lleva más de año y medio en prisión.

Al igual que en el caso de la exministra Magdalena Álvarez, el Constitucional entiende en primer lugar que su condena por prevaricación no era previsible y extiende ahora ese razonamiento a la malversación, el delito que acarreó condenas de cárcel para diez ex altos cargos andaluces. “Nadie puede prever razonablemente que vaya a ser condenado por delito de malversación”, dice el pleno, por aplicar una “norma con rango de ley” que no había sido ni recurrida ni anulada.

Incluso en casos en los que se le atribuye la disposición de fondos públicos para fines distintos a los previstos, los jueces exponen un segundo argumento para exonerarle: “No han argumentado suficientemente que fueran cometidos por el recurrente. La resolución judicial carece del desarrollo argumental constitucional necesario en este punto”, explica el tribunal de garantías.

La sentencia firme del caso del Supremo atribuyó un delito de malversación a diez exaltos cargos andaluces, a la espera de saber si también se ven beneficiados total o parcialmente por esta resolución del Constitucional sobre Serrano. Con la excepción del expresidente Griñán, eximido de entrar en prisión por su estado de salud, el resto ingresaron en la cárcel hace año y medio para cumplir sus sanciones de entre tres y casi ocho de presidio. Dos condenados, como Carmen Martínez Aguayo, ya han accedido al tercer grado y tres permanecen en prisión: Francisco Vallejo, Jesús María Rodríguez, Agustín Barberá y el propio Miguel Ángel Serrano, que ahora debe ser excarcelado.

Los jueces todavía tienen pendientes diversos recursos sobre condenados que ocupaban otros puestos de responsabilidad en la Junta y que, por tanto, participaron en otros puntos del proceso: presidentes, consejeros y viceconsejeros. Esta sentencia tiene los votos en contra de los cuatro magistrados del sector conservador y uno concurrente de María Luisa Segoviano.

La ponencia que ha estudiado el tribunal de garantías, como sucedía también con la prevaricación, no eliminaba por completo la posibilidad de que existiera malversación a lo largo del proceso de adjudicación de ayudas. Hay hechos, como los pagos o la ejecución de los presupuestos a través de convenios de la Consejería, que en todo caso deben examinarse desde la perspectiva de si hubo pruebas suficientes para condenar caso por caso. En el supuesto de Serrano, presente en el tramo final de esa cadena de decisiones y teóricamente más cercano a la malversación, el pleno entiende que no había pruebas suficientes para mandarle seis años y medio a la cárcel.

Varapalo a la prevaricación

La decisión del Tribunal Constitucional sobre el delito de malversación llega después de que la primera sentencia cuestionara también buena parte de las condenas de inhabilitación por prevaricación. El pleno estimó casi en su totalidad el recurso de la exministra Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación por ese delito, y ordenó a la Audiencia de Sevilla que repitiera la sentencia contra ella pero excluyendo buena parte de los hechos que consideró delictivos: la mayor parte del proceso legislativo que desembocó en las ayudas adjudicadas de forma supuestamente irregular.

Esa sentencia, que afecta al delito atribuido a todos los condenados del caso, reprochó tanto al tribunal andaluz como al Supremo que criminalizaran como prevaricación la actividad política de los miembros del Gobierno y las Consejerías de la Junta de Andalucía. Los proyectos y los anteproyectos de presupuestos que posteriormente aprobó el Parlamento de Andalucía, dijo la sentencia, no podían constituir un delito de prevaricación. Tampoco algunas de las modificaciones presupuestarias posteriores. Por ser una invasión penal de la actividad política de la administración andaluza pero también porque es una consecuencia legal imprevisible para los acusados.

El Constitucional ordenó repetir la sentencia contra Álvarez sin excluir por completo que existiera prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía. Algunas modificaciones presupuestarias que desarrollaban el sistema de ayudas, por ejemplo, siguen encajando en ese tipo penal. También acciones posteriores como los convenios y las adjudicaciones directas que llevaron el dinero a trabajadores y empresarios que no cumplían los requisitos.

Los recursos de buena parte de los condenados por los ERE, tanto solo por prevaricación como también por malversación, llegaron al Constitucional con el apoyo parcial tanto de la Fiscalía como de dos magistradas del Tribunal Supremo. El Ministerio Público apoyó parte de los recursos que reclamaban la absolución por prevaricación, con parte de sus argumentos cimentando la sentencia que dio la razón a Magdalena Álvarez. Las dos magistradas del Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, emitieron por su parte un voto particular en el que criticaban que acusados como el expresidente José Antonio Griñán hubieran sido condenados por malversación.

Una decena de recursos pendientes

El pleno todavía tiene pendientes de revisión más de una decena de recursos del caso de los ERE de Andalucía. Será en el pleno de mediados del mes de julio cuando los magistrados analicen las alegaciones de los dos expresidentes andaluces condenados: Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

En el caso del primero, el Constitucional decidirá si aplica la misma doctrina que a Magdalena Álvarez y ordena a la Audiencia de Sevilla que reconsidere a la baja su condena de inhabilitación por prevaricación. En el segundo, los magistrados deben analizar su condena de seis años de cárcel por malversación, que ha sido eximido de cumplir entre rejas por el cáncer que padece.

Las decisiones del Constitucional sobre el caso de los ERE no están siendo unánimes. Los cuatro magistrados del sector conservador, tal y como sucedió en el caso de Magdalena Álvarez, han anunciado un voto particular contrario contra la anulación de la condena de cárcel de Miguel Ángel Serrano. María Luisa Segoviano, por su parte, ha anunciado un voto concurrente.

El pleno del Tribunal Constitucional empieza esta semana a estudiar cinco nuevos recursos del caso de los ERE de Andalucía sobre un aspecto clave de la causa: el delito de malversación. Después de dar la razón a la exministra Magdalena Álvarez y cuestionar una parte importante de las condenas de inhabilitación por prevaricación, los magistrados se enfrentan al recurso de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y otros tres condenados por malversación, que llegan con el apoyo del voto particular de dos magistradas del Supremo, la opinión parcialmente en contra de la Fiscalía y una ponencia que, como ha sucedido con la prevaricación, cuestiona buena parte del delito que ha costado la cárcel a diez de los altos cargos andaluces condenados, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, cuyo caso depende parcialmente de lo que suceda esta semana.

El caso de los ERE sentenció un sistema de concesión descontrolada de ayudas públicas millonarias en el seno de la Junta de Andalucía que arrancó bajo mandato de Manuel Chaves y se perpetuó con el también socialista José Antonio Griñán. Según dijeron tanto la Audiencia de Sevilla como posteriormente el Tribunal Supremo, desde los viceconsejeros que participaron en la elaboración de los proyectos de presupuestos hasta los altos cargos que ejecutaron las concesiones de las ayudas, el sistema fue criminalmente ideado para que los millones fluyeran de forma rápida para paliar la crisis económica. Todo sin ningún tipo de control para evitar que cayera en manos equivocadas.

La primera sentencia del Constitucional sobre el caso cuestionó una parte importante de esas sentencias. Tras analizar el caso de la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, condenada a nueve años de inhabilitación por prevaricación, la mayoría progresista del pleno reprochó al Supremo que hubiera criminalizado la actividad legislativa e incluso previa a aprobar una norma de un gobierno autonómico como el de la Junta de Andalucía. Los proyectos y anteproyectos de presupuestos, así como algunas modificaciones de las que salían las ayudas cuestionadas, no son resoluciones que, previsiblemente para los altos cargos de la Junta, pudieran llegar a convertirse en un delito de prevaricación.

Esa resolución no niega que la prevaricación existiera en el caso de los ERE: está por ver, por ejemplo, lo que dice el Constitucional sobre la concesión directa de las ayudas o los convenios que vehicularon el flujo de dinero. Pero sí atacó la teoría de los “eslabones necesarios” del Tribunal Supremo. A partir de este martes, el recurso de Carmen Martínez Aguayo abre una nueva veta en el debate: si todos los altos cargos pueden ser responsabilizados penalmente de que el dinero de las ayudas se repartiera de forma descontrolada.

Martínez Aguayo fue considerada la número dos de los gobiernos del socialista José Antonio Griñán. Como viceconsejera y como consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía desde 2004 hasta 2009. El Tribunal Supremo le impuso 15 años de inhabilitación por prevaricación y, además, seis años y dos días de cárcel por malversación. Por participar en la elaboración de lo que después se convertiría en los presupuestos andaluces pero también por facilitar y no evitar que después ese dinero se repartiera de forma irregular.

El recurso de la exconsejera andaluza, que ha podido examinar este periódico, plantea cosas ya resueltas en el recurso de Magdalena Álvarez sobre la prevaricación y que, por tanto, tienen visos de prosperar en amparo: que ha sido condenada por actos políticos y legislativos que no pueden ser considerados delictivos y que aprobar un proyecto de presupuestos no es una resolución administrativa enjuiciable. Pero abre un nuevo debate: cómo afecta eso al delito de malversación.

Las alegaciones de su abogado explican que participar en la elaboración de unos presupuestos no es un acto eficaz para malversar dinero. En su caso, además, ni siquiera tenía poder de decisión o de gestión sobre el dinero malversado, por tanto tampoco posición de garante. Entiende que tampoco puede ser acusada de haber asumido la eventualidad de que el dinero, dado el descontrol que facilitaba el sistema, iba a acabar en manos de empresas y trabajadores que no tenían derecho a él. Y acusa al Supremo de haber dicho más allá de los hechos probados y basarse en conjeturas para declarar firme su condena de seis años de prisión, de la que ya ha cumplido más de un año y medio, accediendo recientemente al tercer grado.

El voto particular de dos juezas del Supremo

El recurso de Martínez Aguayo, que marcará el camino de otros altos cargos andaluces condenados a prisión por malversación aunque no el de todos, llega al Constitucional con el apoyo parcial de la Fiscalía y de dos magistradas del Tribunal Supremo. En el caso del Ministerio Público, sus escritos cuestionan que la exconsejera fuera condenada por prevaricación. En el caso de la malversación, su recurso se apoya de forma constante en el voto particular de dos magistradas del Supremo, Ana Ferrer y Susana Polo, que acusaron a sus compañeros de la Sala de lo Penal del Supremo de basarse en “meras especulaciones” para imponer el delito de malversación a algunos condenados.

Ya en ese voto particular, las dos magistradas cuestionan que haya pruebas de que los altos cargos “tuvieran conocimiento de que parte de esos fondos estuvieran siendo distribuidos de forma dolosamente fraudulenta por los funcionarios ejecutores”. Diferenciando, por tanto, entre los que elaboraban proyectos de presupuestos o modificaciones presupuestarias y los que, de forma concreta, adjudicaban las ayudas a quien no tenía derecho a ellas.

Fuentes del Tribunal Constitucional explican a elDiario.es que la ponencia, pendiente de recibir apoyos suficientes del pleno a partir del próximo martes, apoya varios de esos argumentos: que aplicar una ley legal de presupuestos, como lo era en ese momento la normativa andaluza, pueda llegar a ser considerado un delito de malversación no es previsible, como no lo era tampoco la condena de prevaricación. Tampoco se puede aplicar la malversación por omisión, considerándoles garante de que los fondos públicos no fueran detraídos.

El tribunal no estudiará esta semana solo el recurso de la exconsejera Carmen Martínez Aguayo. También analizará los del exdirector general de IFA Miguel Ángel Serrano, los exconsejeros Antonio Fernández y Francisco Vallejo y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez. Casos en los que el análisis puede ir más allá, por ejemplo en las modificaciones presupuestarias que acabaran en pagos sin justificación. En esos casos, siendo posible la malversación, el análisis se hará desde la presunción de inocencia y la motivación del Supremo y la Audiencia de Sevilla para condenarles.

Algunos hechos, explican estas fuentes, no se salvan de ser considerados un delito. Las personas acusadas de hacer directamente los pagos, la ejecución de la ley a través de convenios suscritos por la Consejería de Trabajo, en la medida en la que pudieran haber hecho pagos sin justificación o apartándose de sus fines iniciales. En esos casos, explican desde la corte de garantías, no se habrían vulnerado los derechos fundamentales de los condenados.

Las consecuencias, en caso de salir adelante la ponencia en los términos en los que se ha planteado con una estimación parcial, serían similares a los de la sentencia de Magdalena Álvarez: el caso debe ser devuelto a la Audiencia Provincial de Sevilla con la sentencia anulada para que los jueces andaluces dicten una nueva resolución. Una nueva resolución que, excluyendo todos los hechos que no se han considerado malversadores o prevaricadores en el Constitucional, establezca las nuevas condenas por ambos delitos.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso de los ERE ha abierto una puerta muy importante para la reparación moral, social y política de todos cuantos fuimos injustamente acusados y condenados por este asunto. El PP ha desarrollado un ecosistema político-mediático basado en el ruido. No en el debate y el disenso, no en el contraste de ideas basadas en hechos. No, lo que ha hecho el PP es crear un sistema en el que los decibelios y las cacerías ordenadas desde la calle Génova y ejecutadas desde distintos ámbitos acallen a la razón y, por lo tanto, a la verdad. 

Quince años después puedo decir que yo era inocente respecto a la trama política organizada y hoy felizmente desmontada. El TC ha confirmado lo que venimos diciendo desde hace muchos años: una ley aprobada en un Parlamento no puede ser ilegal. Y las leyes del Parlamento de Andalucía no podían ser sometidas a control jurisdiccional atendiendo al principio de separación de poderes. El garante de la Constitución ha anulado esa sentencia y ha dicho que ese delito no existía. Esa es la verdad judicial, la que siempre reclama el PP cuando le conviene. Pues ahí la tienen. Solo espero y deseo que las próximas sentencias sigan el mismo camino para el resto de compañeros condenados, entre ellos los dos expresidentes, Manolo Chaves y Pepe Griñán.

La sentencia es un bálsamo en tres sentidos.

Es imposible combatir una campaña de acoso como la que he padecido. Me aterraba que mis nietos crecieran y pudieran pensar que su abuela era quien otros decían que era. Esa sensación horrible se ha diluido gracias a la sentencia del TC.

Personalmente, respiro aliviada: nada tan injusto y demoledor como pasar a la historia como una política corrupta cuando durante mi trayectoria política he acreditado justo lo contrario. Una sabe quién es y los tuyos lo saben, pero es imposible combatir una campaña de acoso como la que he padecido. Sé que incluso gente de buena fe creyó los argumentos fabricados ad hoc. Ahora hay una oportunidad para el desmontaje de lo que podemos llamar “la gran mentira”. La política cosifica a quienes la practicamos. Nos convierte en objetos privados de derechos. Pero no, somos personas. Y me aterraba que mis nietos crecieran y pudieran pensar que su abuela era quien otros decían que era. Esa sensación horrible se ha diluido gracias a la sentencia del TC.

Políticamente, la sentencia recoloca al PSOE en la posición de la que nunca debió salir: la de un partido honrado que ha transformado profundamente Andalucía. Los socialistas andaluces hemos pagado una cuenta muy elevada sin ser nuestra: la pérdida del poder y del prestigio ante nuestros ciudadanos. El PP y sus entornos judiciales supieron construir una causa a la medida de sus intereses. A la vez que los andaluces votaban a Moreno Bonilla en las urnas, los dirigentes del PSOE estábamos sentados injustamente en un banquillo. La alteración de las reglas de juego fue evidente. Trabajaron coordinadamente para quebrar el sistema. Y lo lograron. Después llegó lo que ustedes conocen y que sabemos que tardará tiempo en ser enterrado: la manipulación, la fijación de la idea de que nos habíamos llenado los bolsillos con dinero público. En la causa que nos atañe no ha habido un solo renglón en el que se afirme que alguno de nosotros nos enriquecimos ni que el partido se financió ilegalmente, algo que no puede decir el PP, según sentencia del Tribunal Supremo, que acreditó que el partido de la calle Génova se financió ilegalmente durante 18 años a través de una caja B.

Socialmente, la sentencia nos permite salir de cierto ostracismo en el que te sumerge un caso tan brutal como falso. Voluntariamente das pasos atrás en tu vida porque no quieres perjudicar con tu presencia. Hoy ha acabado todo esto. La reparación total es imposible: han sido 15 años en los que han pasado muchas cosas. Quince años en los que has visto tu nombre utilizado para fines políticos. Dejé la vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones. He tenido que hacer frente patrimonialmente a los gastos derivados del proceso. No, esos 15 años no nos lo devuelve nadie. Pero al menos queda la verdad. Todo lo que han dicho durante este tiempo era falso, no existía. El montaje se ha caído.

El PP debería dar explicaciones, pero no lo hará. No sabe hacerlo. Al contrario, ha emprendido el camino de la demolición del TC porque la sentencia los desnuda. Es una actitud antidemocrática. Cada vez parece más un partido antisistema. Saben que el TC es el tribunal de garantías y no hay juego político limpio y democrático si no se respetan sus decisiones. Por eso no va a parar la cacería política, porque sería como admitir lo que han hecho.

La justicia tendrá que concretar en cada caso si hubo o no fraude, la cuantía y los beneficiarios, y hasta ahora no lo ha hecho. La cifra de 700 millones de euros repetida hasta la saciedad por el Partido Popular es otro invento; tanto la han repetido que hasta los mejor intencionados se lo han creído. Los datos de la Cámara de cuentas de Andalucía son otros bien distintos. Sin embargo, lo extraño es que el señor Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, sigue pagando dichas ayudas (las fraudulentas, según ellos) año tras año. ¿No eran ilegales? ¿La Junta de Andalucía comete una ilegalidad a sabiendas? ¿están pagando ayudas a quien no corresponde? ¿A cuántas de las personas que reciben estas ayudas han solicitado su devolución?

Demasiadas falsedades acumuladas durante muchos años son difíciles de desmontar en unos días. Pero ya conocemos la verdad política y la verdad judicial y ambas permiten afirmar que no estamos “ante el mayor caso de corrupción” de la democracia sino ante la mayor manipulación de la historia de la democracia. Ante un montaje diseñado, coordinado y ejecutado contra el PSOE. El PP debería estar avergonzado y pidiendo disculpas, pero ya han descubierto que hay atajos que les sirven para conquistar el poder. Y seguirán recurriendo a esos atajos aún a costa del daño a las personas y del deterioro infinito que se inflige a nuestro sistema democrático.

El Tribunal Constitucional (TC) estudiará en el pleno que comenzará el próximo 2 de julio un borrador de sentencia que propone exonerar parte de la malversación por la que se condenó al exconsejero de Empleo de Andalucía Antonio Fernández en el marco del caso de los ERE.

Fuentes jurídicas explican a Europa Press que la ponencia a cargo de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, plantea anular la sentencia y ordenar a la Audiencia Provincial de Sevilla que dicte un nuevo pronunciamiento “exclusivamente” en lo relativo a la posible comisión de un delito de malversación en las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001, lo que se traduciría en una rebaja de su condena.

Fernández fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión y 19 años y medio de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación no solo por haber intervenido en las modificaciones presupuestarias que arbitraron los fondos para el pago de los ERE, sino también por haber firmado como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) convenios particulares con el director general de Trabajo a través del que se materializaron varias ayudas.

La ponencia del Constitucional propone ahora perdonar parte de la malversación de Fernández y deja fuera del amparo los actos de presupuestación y gestión que, en calidad de viceconsejero de Empleo, realizó antes de que las leyes de presupuestos hubieran incorporado el concepto de transferencias de financiación del IFA a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), es decir, las modificaciones presupuestarias de 2000 y 2001.

La condena por prevaricación contra Magdalena Álvarez anulada

Esta nueva ponencia se debatirá después de que la semana pasada el propio Constitucional dictara una nueva sentencia sobre el caso de la exconsejera de Economía y Hacienda de Andalucía Magdalena Álvarez. En aquella resolución, el TC defendía que los anteproyectos y proyectos de ley de presupuestos, así como sus modificaciones, ni son resoluciones ni han recaído en un asunto administrativo, al tratarse de actos dictados por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de su función de gobierno que le atribuye el Estatuto de Autonomía de Andalucía.

En este sentido, el tribunal incidía en que no son asuntos gubernativos sujetos de control jurisdiccional y que “si los proyectos tuvieran que respetar el contenido de las normas nunca podrían llevarse a cabo las modificaciones de las leyes existentes, pues los cambios normativos tienen como objeto establecer una legislación diferente de la que se encuentra en vigor”.

De esta forma, el Tribunal Constitucional estimaba parcialmente el recurso de la exministra contra su condena por prevaricación en el caso de los ERE de Andalucía, anulando la sanción de nueve años de inhabilitación que le impuso la Audiencia de Sevilla y obligando a repetir la sentencia pero sin casi la totalidad de acusaciones que pesaron sobre ella. 

Recursos de los ERE a estudio el 2 y 16 de julio

Está previsto que el 2 de julio, además de estudiar el recurso de Fernández, el Constitucional estudie los recursos de amparo de los condenados Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo –que ya goza del tercer grado penitenciario– Jesús María Rodríguez Román y Miguel Ángel Serrano Aguilar.

Todos los recurrentes fueron condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, cuya sentencia fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Supremo, a penas de prisión e inhabilitación por delitos de prevaricación continuada en concurso medial con malversación.

En el siguiente pleno, el del 16 de julio, los magistrados abordarán los recursos de los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves contra la sentencia de los ERE por la que se les condenó a 6 años de cárcel por prevaricación y malversación y 9 años de inhabilitación por prevaricación, respectivamente. También los del exconsejero Gaspar Zarrías y del exviceconsejero Antonio Vicente Lozano, condenados a inhabilitación por delitos de prevaricación.