La adquisición de xAI por parte de SpaceX es una operación típica de Elon Musk: grandes cifras respaldadas por una gran ambición. Además de extender “la luz de la conciencia a las estrellas”, tal como lo describió Musk, la transacción crea un negocio valorado en 1,25 billones de dólares (1.050.000 millones de euros) al combinar la compañía de cohetes de Musk con su startup de inteligencia artificial.

Esto valora a SpaceX en 1 billón de dólares y a xAI en 250.000 millones, con una salida a bolsa prevista para junio, coincidiendo con el cumpleaños de Musk y una alineación planetaria. Sin embargo, existen interrogantes sobre el acuerdo, como si resulta beneficioso para los accionistas de SpaceX ajenos a Musk y si la premisa tecnológica que lo sustenta puede tener éxito.

Para Musk, una parte clave de la lógica del acuerdo es trasladar los centros de datos —el sistema nervioso central de las herramientas de IA— al espacio. Las empresas de IA dependen demasiado de los centros de datos terrestres, que conllevan una inmensa demanda energética, argumenta Musk esta semana. La solución, según él, consiste en poner en órbita hasta un millón de satélites para formar enormes centros de datos alimentados por energía solar.

La profesora Julie McCann y el profesor Matthew Santer, codirectores de la Escuela de Ciencia sobre el Espacio, la Seguridad y las Telecomunicaciones del Imperial College de Londres, afirman que los centros de datos alimentados por energía solar podrían ser una opción futura para las empresas de IA. Sin embargo, señalan que existen límites en cuanto a la potencia de computación que pueden reunir los satélites actuales, por lo que sería necesario un “ordenador distribuido a escala planetaria compuesto por muchos satélites”, tal como lo concibe Musk.

Pero incluso la ejecución del concepto podría verse afectada por la calidad de la conexión entre los dispositivos en órbita, que necesitarán operar en tándem para replicar los centros de datos terrestres mientras transmiten sus resultados a la Tierra.

Los profesores añaden que hay otros problemas por resolver, como la radiación solar y el mantenimiento. “Los centros de datos en la Tierra reciben un mantenimiento constante; el fallo de componentes es normal. Enviar componentes al espacio es complejo y costoso, y habría que ser innovador respecto a cómo se instalan dichos componentes”.

Esta fusión pretende crear un nuevo camino para bajar el coste de cómputo de la IA, al unir a la principal empresa de internet/exploración espacial con los principales constructores de centros de datos

Musk asegura que estos centros de datos añadirán 100 gigavatios de capacidad de IA anualmente —la capacidad actual de los centros de datos globales es de unos 59 GW—, por lo que su visión es ambiciosa. La persona más rica del mundo cree que una fusión de hardware de cohetes y software de IA es una combinación ganadora y, en un mensaje a los empleados, dijo que crearía el “motor de innovación integrado verticalmente más ambicioso dentro (y fuera) de la Tierra”.

“Esta fusión pretende crear un nuevo camino para bajar el coste de cómputo de la IA en los próximos dos o tres años, al unir a la principal empresa de internet/exploración espacial con los principales constructores de centros de datos”, afirma Dan Ives, analista de la empresa estadounidense de servicios financieros Wedbush Securities.

¿Necesita xAI la ayuda financiera de SpaceX?

La empresa de inteligencia artificial de Musk, xAI, compite con rivales que están gastando, y recaudando, enormes sumas en la infraestructura —centros de datos, chips informáticos— necesaria para sus productos. La compañía, que ha desarrollado la herramienta de IA Grok y también posee la red social X, supuestamente consumió 13.000 millones de dólares el año pasado y, a diferencia de Meta, Amazon, Microsoft y Google, no cuenta con un negocio consolidado que genere efectivo para financiar sus esfuerzos.

Según Ross Gerber, inversor en Tesla y SpaceX, la combinación con SpaceX proporcionará a xAI un mejor acceso a efectivo e inversores. “Musk ya se está quedando sin capital para xAI y compite con empresas que están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en IA. Si fusionas SpaceX y xAI, puedes respaldar a xAI porque SpaceX es una propuesta extremadamente atractiva para muchos inversores”, afirma.

¿Qué piensan los accionistas de SpaceX?

La tecnología de SpaceX es compleja, pero es un negocio sencillo. Genera ingresos mediante el despliegue de cohetes reutilizables para misiones como el lanzamiento de satélites y el reabastecimiento de la Estación Espacial Internacional. También opera el servicio de internet de alta velocidad por satélite Starlink. Según Reuters, SpaceX obtuvo el año pasado unos 8.000 millones de dólares de beneficio sobre unos ingresos de entre 15.000 y 16.000 millones de dólares.

La incorporación de xAI añade complejidad narrativa a la historia de SpaceX, comenta Michael Sobel, presidente y cofundador de Scenic Management, firma que compra participaciones secundarias en empresas privadas y que ha invertido en la compañía de IA Anthropic.

Sobel, que habla regularmente con inversores de SpaceX, señala: “Al integrar xAI, que conlleva un importante consumo mensual de efectivo, se cambia el perfil financiero de la empresa de la noche a la mañana. En el mercado secundario, lo ”simple“ suele verse recompensado. Esta fusión requiere que los inversores hagan muchos más deberes para analizar cómo afecta el consumo de caja de xAI a la valoración general de SpaceX y al cronograma de su salida a bolsa”.

Para un inversor a largo plazo, esto asegura el 'cerebro' de IA más avanzado para el 'cuerpo' de hardware más avanzado que existe. La ventaja potencial es una entidad de 1,25 billones de dólares que controla toda la cadena tecnológica, desde la plataforma de lanzamiento hasta la red neuronal

También existe la carga añadida de X, una plataforma de redes sociales que es objeto habitual de escrutinio regulatorio e ira política. No obstante, añade Sobel, el argumento a favor de la operación es convincente. “Para un inversor a largo plazo, esto asegura el 'cerebro' de IA más avanzado para el 'cuerpo' de hardware más avanzado que existe. La ventaja potencial es una entidad de 1,25 billones de dólares que controla toda la cadena tecnológica, desde la plataforma de lanzamiento hasta la red neuronal”.

Gerber, quien invirtió en la compra original de X por parte de Musk en 2022, cuando la plataforma era más conocida como Twitter, dice que ve con buenos ojos el acuerdo, pero está menos seguro respecto a los inversores de SpaceX.

Como accionista de Twitter, no podría estar más contento. Daba por hecho que había perdido mi dinero, pero eso ahora se ha transformado en poseer acciones de SpaceX. Pero si yo fuera accionista de SpaceX estaría cabreado

“Para mí, como accionista de Twitter, no podría estar más contento. Prácticamente daba por hecho que había perdido mi dinero, pero eso ahora se ha transformado en poseer acciones de SpaceX. Es genial para mí, pero si yo fuera accionista de SpaceX estaría cabreado”.

¿Qué es lo siguiente? ¿Una fusión entre Tesla y SpaceX?

Musk posee alrededor del 44% del recién ampliado negocio de SpaceX y el 17% de Tesla, donde es el consejero delegado. ¿Es el siguiente paso una combinación de ambas?

Ives cree que existe una “probabilidad creciente” de que se cree una “ventanilla única” para invertir en los negocios de Musk. “Musk quiere poseer y controlar una mayor parte del ecosistema de la IA y, paso a paso, el santo grial podría ser la combinación de SpaceX y Tesla”, afirma.

El juez Juan Carlos Peinado acordó hace un año sumar los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional a las imputaciones que ya pesaban en ese momento contra Begoña Gómez. El magistrado se apoyó en una querella de la asociación ultra HazteOír para abrir un nuevo frente contra la mujer del presidente del Gobierno en relación con una herramienta informática vinculada a la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense.

La tesis de las acusaciones es que Begoña Gómez robó ese software que era propiedad del centro educativo. El juez sigue considerando “verosímil” esa imputación a pesar de que tras casi doce meses de exhaustiva investigación no ha logrado reunir indicios que respalden esta hipótesis. Es más, el sumario recoge incluso documentos y testimonios que la contradicen. Uno de esos testimonios es el del que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales, Juan Carlos Doadrio, quien ha comparecido en el juzgado en dos ocasiones.

Doadrio alertó al juez sobre la existencia de “ciento y pico” correos intercambiados con Begoña Gómez o su asesora, lo que ha servido para apuntalar el delito de malversación por el que también se investiga a la mujer del presidente. Sin embargo, dejó otra afirmación que pone en entredicho la acusación por otro de los delitos investigados, el de apropiación indebida: “[El software] siempre era gratuito para todos los usuarios. Era un buen proyecto que la Complutense tuviera un software (...) gratuito. Era lo mejor de la cátedra”, afirmó ante el juez el pasado enero. 

Su testimonio resulta clave para entender el desarrollo de la plataforma que centra la imputación por ese delito. Doadrio gestionó el convenio que dio origen a la cátedra y al software y recibió comunicaciones relativas a su gestión. La alusión a que la herramienta era gratuita pone de manifiesto que Begoña Gómez nunca pudo hacer negocio con ella. Y que no hubo, por tanto, ningún ánimo de lucro porque era un programa que ni se ofrece en el mercado ni reporta ganancias, tal y como pone de manifiesto la Fiscalía en uno de los últimos escritos aportados al juez en el que reclama el archivo de la causa. De hecho, en este tiempo, tampoco la Complutense ha planteado conflicto alguno. 

Pese a ello, la universidad acaba de personarse en el procedimiento como perjudicada. La institución respondió el pasado 6 de octubre al ofrecimiento realizado por el juez Juan Carlos Peinado y aceptó formar parte de la causa “para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño”. La Complutense justifica su decisión en que los hechos objeto de investigación “pudieran haber causado un perjuicio económico y ser lesivos” para sus intereses. La universidad había pedido en dos ocasiones que le permitiera actuar como acusación si detectaba que hubo un “perjuicio económico”. Ha pasado más de un año desde esa primera petición y ese daño patrimonial no se ha constatado, pero el último movimiento del juez le permite actuar como perjudicada.

El software era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. Fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros) y Google (110.000 euros). Pero, al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que esas empresas hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense, lo que resultaría clave para probar la existencia del delito de corrupción en los negocios.

La defensa de Begoña Gómez viene alegando que el término Transformación Social Competitiva fue ideado por ella y que propuso a la Complutense que fuera utilizado en la cátedra y alguno de los másteres que impartía. En la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) figura que la mujer del presidente registró las marcas “TSC transformación Social Competitiva” y “Transforma”. Además, los dominios “transformatsc.org”, “transformatsc.es” y “transformatsc.com” fueron dados de alta en una compañía privada de gestión de dominios por una de sus colaboradoras en la cátedra. Pero, según el fiscal, “no consta” que se hayan utilizado fuera de la Complutense, ni que se haya hecho negocio con ellos. 

En su primera declaración, Doadrio también ratificó que Begoña Gómez no recibía remuneración alguna por la cátedra, lo que rebate el mantra de los “negocios privados” de la mujer del presidente del Gobierno al que aluden de forma insistente las acusaciones que sustentan la causa. “¿Sabe si Begoña Gómez cobraba algún emolumento de la Complutense por su labor pedagógica?”, le preguntó la letrada de Vox, Marta Castro. “Lo tenía más que prohibido exceptuando lo que era el máster. Ahí hubo unas preguntas porque ella cobraba 15.000 euros (...) por la cátedra no puedo cobrar”, respondió Doadrio. 

En un escrito reciente, el fiscal cifra en 40.000 euros el dinero que Begoña Gómez cobró en una década de la Universidad Complutense, entre 2012 y 2022. De ellos, 8.123 los percibió en los años previos a que Pedro Sánchez llegara a la Presidencia del Gobierno, en 2018.

Por otro lado, la declaración del exvicerrector dejó otras afirmaciones que sí refuerzan las tesis de las acusaciones populares en relación con el delito de malversación, que está centrado en las gestiones que realizó Cristina Álvarez, la asistente que Begoña Gómez tiene asignada en la Moncloa y que es un puesto que han tenido todas las mujeres de los presidentes del Gobierno. 

Doadrio manifestó que Begoña Gómez le visitó en su despacho “cuatro o cinco veces” y que, a partir de ahí, la comunicación pasó a ser principalmente a través de email. “Ella venía a visitarme al despacho, pero debió de venir cuatro o cinco veces y luego casi todo era por correo. Al principio con ella y luego a través de Cristina Álvarez”, afirmó. De hecho, cifró en “ciento y pico” los correos intercambiados con ambas. 

También afirmó que Begoña Gómez le introdujo a Cristina Álvarez como una persona de su confianza y que, a partir de entonces, la interlocución llegó a ser “casi más” con la asesora, también imputada en la causa. La Audiencia Provincial se basó en su testimonio para avalar que se investigara si la asesora “se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas” para favorecer el “plan delictivo” de Begoña Gómez a través de “la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados”. 

Durante el primero de los interrogatorios a Doadrio, las acusaciones populares también trataron de averiguar si la creación de la cátedra en 2020 fue fruto de otro tráfico de influencias por ser Begoña Gómez la mujer del presidente del Gobierno. El exvicerrector era en el momento de los hechos el responsable de la creación de las cátedras extraordinarias. De hecho, fue él quien suscribió el convenio junto a los patrocinadores (Reale y Fundación La Caixa) y propuso el nombramiento del profesor Jose Manuel Ruano como codirector. 

“¿Usted por ser doña Begoña Gómez se sintió obligado a iniciar los trámites para crear esta cátedra?”, preguntó la letrada de Vox, Marta Castro. El exexvicerrector lo negó de forma tajante y dejó otro apunte hasta el momento desconocido: su cercanía al Partido Popular. “No, no, porque yo creo que cuando el rector [Joaquín Goyache] me dice que si yo tenía algún inconveniente se refería a que yo soy un miembro activo del Partido Popular. Entonces, no me siento obligado para nada. Es más, miré toda la documentación. Y yo le dije lo que pienso: si la documentación viene bien, adelante. Pero si no, no. Claro”, afirmó. 

El primer Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha tras las vacaciones de verano ha aprobado una inversión de 53 millones de euros en el sistema sanitario regional.

En la rueda de prensa celebrada para dar cuenta de los asuntos aprobados en el Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha aclarado que ese importe se divide en tres inversiones: la implantación de un sistema único de información de tratamientos oncohematológicos, renovación de equipos informáticos y contratación de gas natural para las infraestructuras del Sescam.

Con respecto a la primera partida, la portavoz ha informado de que se pondrá en marcha un Sistema Único de Información para la gestión de tratamientos oncohematológicos por un importe de tres millones de euros. Para la portavoz, poner en marcha este sistema supondrá “muchísimos beneficios para los pacientes y sus familias”. Y es que, hasta ahora, cada centro hospitalario trabajaba con un sistema informático, algo que “dificultaba unificar criterios y hacía más complicado analizar los resultados de los tratamientos”.

En palabras de Padilla, esta nueva herramienta permitirá disponer de un sistema único que va a abarcar todo el proceso desde el diagnóstico hasta la administración y el seguimiento de los tratamientos: “Garantiza la seguridad y control uniforme en todos los hospitales de la región”.

Los otros dos acuerdos sobre inversiones sanitarias son una partida de 31,5 millones de euros para la renovación de equipos informáticos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y la contratación de gas natural para consultorios, hospitales y centros de especialidades por un importe de 2,1 millones de euros.

Más plazas residenciales para salud mental

Por otra parte, Padilla también ha informado de que el Gobierno regional ha aprobado la contratación de 46 plazas residenciales en el área de Mancha Centro para atender a personas con trastorno mental grave. Estas plazas se crearán en el área de Mancha Centro en centros concertados e incluyen los cuidados básicos, el acompañamiento y la rehabilitación psicosocial.

Además, también se ha autorizado el gasto de medio millón de euros para la habilitación de 20 plazas más en residencias de mayores destinadas a mayores de 55 años con problemas de salud mental que necesitan una atención sanitaria integral.

La empresa de ciberseguridad Fortinet ha inaugurado en Torija (Guadalajara) su primer centro de datos en España tras invertir 40 millones de euros, una operación que se enmarca en la estrategia de la compañía de expandir sus puntos de presencia, según ha informado en un comunicado.

Las instalaciones cuentan con dos edificios simétricos que abarcan una superficie de 11.250 metros cuadrados y cuenta con una potencia de 7 megavatios (MW).

Con este centro de datos la empresa ampliará su oferta global de 'cloud' y proporcionará servicios SaaS ('software as a service', por sus siglas en inglés) y de seguridad en la nube ('secure access service edge', SASE) a Francia, Alemania y Portugal.

“El centro, que cuenta con un nivel de certificación 'Tier 3' y con la de 'Categoría alta' del ENS (Esquema Nacional de Seguridad) para los servicios, supone un paso adelante en el compromiso de Fortinet por impulsar la innovación y la inversión en ciberseguridad en España”, ha subrayado la empresa.

El centro de datos ha sido inaugurado oficialmente con una ceremonia a la que han asistido representantes de las administraciones públicas regionales y locales, clientes y socios de Fortinet, y que ha estado encabezada por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Fortinet se instala en Torija pero ya venía colaborando con el Centro Regional de Innovación Digital (CRID) con sede en Talavera de la Reina, donde Fortinet trabaja junto a socios locales en el ámbito de la seguridad digital.

Page anuncia un centro regional de ciberseguridad

Ha sido durante este acto cuando García-Page, avanzaba la disponibilidad de diez millones de euros “para crear un centro regional de ciberseguridad” a fin de “protegernos nosotros, nuestra salud, nuestra sanidad y nuestros servicios públicos” pero también “para ayudar y mucho a los ayuntamientos y a las pequeñas y medianas empresas que en la región son el 95 por ciento del total”.  

Ha comentado que el nuevo centro regional de ciberseguridad se desarrollará “con permeabilidad empresarial”, es decir, “en colaboración con el sector” y ha puntualizado que permitirá “fortalecer ”a las instituciones y empresas que “por su propia escala, necesitan cierta ayuda”. “Es invertir en seguridad”, ha reflexionado en torno a una medida que permitirá “arbitrar mecanismos de estímulo para la seguridad”.

 “La seguridad acompaña al ser humano desde el comienzo de la humanidad”, ha remarcado García-Page quien ha indicado que “ante la duda de quedarnos como estamos o apuntarnos a los cambios y avanzar, siempre hemos apostado por lo segundo”. 

En consecuencia, “hoy la industria del dato aporta ya a esta región miles de empleos perfectamente cualificados”, lo cual “nos permite tener un pie puesto en la economía tradicional, pero también tener un pie perfectamente puesto en la economía de hoy y del futuro, la que tiene que ver con el dato, las comunicaciones, los servicios”.

Barcelona se ha convertido en la nueva base de operaciones de los equipos de piratas informáticos israelíes. Así lo ha desvelado una investigación del periódico israelí Haaretz, que ha identificado a al menos tres equipos de piratas informáticos especializados en hallar vulnerabilidades de dispositivos móviles que operan desde la capital catalana.

Israel es uno de los principales líderes mundiales en materia de ciberseguridad, solo superado por Estados Unidos, Rusia y China. Además de su uso militar, empresas del país como NSO Group venden productos espías a gobiernos de todo el mundo, como el 'software' intrusivo Pegasus, que permite acceder a todo el contenido del teléfono móvil de la persona espiada y que ha sido usado por varios países para espiar a sus rivales políticos o activistas.

Según la investigación del rotativo israelí, el traslado de los 'hackers' a Barcelona y a otras ciudades de España se ha producido en el último año y se explica por las restricciones y la inestabilidad en su país de origen debido a la invasión de Gaza y a las incursiones militares de Israel en Líbano.

Los piratas informáticos que se mudan a Barcelona forman parte, explica Haaretz, de una nueva tendencia en la industria de la ciberseguridad, consistente en la investigación de vulnerabilidades de los teléfonos móviles y aparatos informáticos. Es decir, más que en programas espías como Pegasus, la industria ahora se especializa en encontrar las brechas para atacar los dispositivos.

Según Haaretz, uno de los equipos que ahora trabaja desde Barcelona está formado por exempleados de BlueOcean, una empresa de ciberseguridad ofensiva con sede en Singapur y propiedad de un exoficial de la Fuerza Aérea israelí. Otro equipo, agrega el rotativo, está dirigido por el primer investigador del NSO Group, creador de Pegasus, quien se trasladó a España hace más de un año y fundó la empresa Defense Prime.

Aunque parte de estas empresas están registradas en Estados Unidos, la mayoría de los empleados de la empresa, revela Haaretz, son veteranos de empresas cibernéticas israelíes. Desde la fundación de la empresa, 60 israelíes se han trasladado a España para trabajar en la oficina de Barcelona.

Varias empresas israelíes de ciberseguridad han cerrado a raíz de los cambios en la regulación israelí, que ahora ha impuesto más controles la industria local. Exintegrantes de estas firmas ahora forman parte de nuevas sociedades especializadas en las vulnerabilidades cibernéticas, que venden los productos que detectan brechas a las empresas que comercializan los productos espías a los estados o a las agencias gubernamentales.

El juez Juan Carlos Peinado ha convertido lo que se inició como una investigación sobre la actividad profesional de Begoña Gómez en una causa a la que no dejan de sumarse derivadas. Nuevos frentes del caso que el magistrado alimenta apoyado en las acusaciones populares de extrema derecha sin que, por el momento, hayan arrojado avances significativos. Las últimas ramificaciones están dirigidas a escudriñar su relación con la Universidad Complutense, donde llegó a tener dos máster y una cátedra extraordinaria; su contratación en el IE África Center e incluso sus finanzas personales. 

Además de a Gómez, citada el miércoles, el juez interrogará esta semana a la asesora de la Moncloa que hizo gestiones para esa cátedra y al directivo de IE y exconsejero autonómico del PP en Madrid Juan José Güemes. Entre tanto, Peinado también se ha abierto a investigar el patrimonio de Gómez en una investigación que se aleja cada vez más del objeto inicial y que ha dejado atrás las sospechas sobre los contratos de Juan Carlos Barrabés y las cartas de recomendación en las que Manos Limpias centró su denuncia. 

Respecto a la asesora, el magistrado ya tiene identificada a María Cristina Álvarez como la persona que, según informaciones periodísticas, habría mandado correos a empresas que colaboraban con Gómez en su trabajo para la Complutense. Sin embargo, en una providencia fechada el 10 de diciembre, pidió a la Presidencia del Gobierno que aporte una lista detallada de todos los trabajadores y asesores que ejercen en el Palacio de la Moncloa. El magistrado no explica el motivo de la petición de información ni para qué quiere la lista de los cientos de personas, entre funcionarios y puestos de libre designación, que allí trabajan. La asesora está citada para declarar como testigo el próximo viernes 20 de diciembre. 

Dos días antes, el miércoles 18, comparecerá como investigado Güemes, que fue citado como testigo y acabó como imputado tras negar que hubiera dado la orden de contratar a Gómez por ser esposa del presidente del Gobierno. Ante el juez, el que fuera uno de los hombres fuertes de Esperanza Aguirre trató de explicar que la contratación de Gómez se había debido a su experiencia en el ámbito de la captación de fondos. 

Pero eso, según el juez, se contradice con lo afirmado en sede judicial por otra testigo, la directora de Recursos Humanos del IE, Sonsoles Blanca Gil de Antuñano. Esta directiva señaló a Güemes como la persona que le había dado la orden de contratar a Gómez para dirigir el IE África Center. Aseguró que su sueldo ascendía a 55.000 euros al año en 14 pagas. En un tenso interrogatorio, Peinado llegó incluso a plantear un careo entre ambos comparecientes. Finalmente, acordó que el testigo volviera de nuevo, pero como imputado, aunque no especificó ni los hechos que motivan su cambio de condición ni los delitos que le atribuye de forma indiciaria. 

No es la primera vez que Peinado imputa a un testigo después de escuchar sus respuestas en el juzgado. Lo hizo con el empresario Juan Carlos Barrabés, profesor del máster que dirigió Gómez en la Universidad Complutense y al que tiene en el punto de mira por sus adjudicaciones públicas en contratos relacionados con la innovación. Y también con el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, que en sus dos comparecencias negó haber dado trato de favor a Gómez y se desvinculó de la creación de la cátedra que la mujer del jefe del Ejecutivo codirigió en el campus madrileño. Al igual que en el caso de Güemes, el juez tampoco ha aclarado de qué les acusa. 

El patrimonio de Gómez

El juez también se ha adentrado recientemente en otro territorio hasta el momento inexplorado: el patrimonio de Gómez. Para ello, se dirigió al Punto Neutro Judicial, que localizó 11 cuentas bancarias en las que supuestamente aparece Gómez con un saldo total de 40,25 euros. En ese listado figuraba que es “titular” en cinco cuentas, “representante” en cuatro y “autorizado” en dos. Las únicas en las que se reflejaba algún saldo son dos en las que aparecía como titular: una con 40,10 euros y otra con 0,15 euros.

La defensa de la mujer de Sánchez advirtió al juez de que esa información bancaria era “absolutamente errónea”, al tiempo que le instó a proteger sus datos personales para evitar que caigan en manos de “terceros”, incluida la prensa. El escrito presentado por su abogado, Antonio Camacho, señalaba los errores de esa información, tanto en lo relativo a la identificación de las cuentas, puesto que aparecían algunas de las que no es titular; como a los saldos, pues insistía en que es “totalmente incierto que estas cuentas tengan casi todas ellas un saldo 0”. 

Por otro lado, Camacho cuestionó que esa información se hubiera unido a la causa “con todos los datos que han sido remitidos”, entre ellos números de cuentas bancarias de los que sí es titular, “incumpliendo con ello principios básicos en materia de protección de datos personales y, con ello, normas esenciales en la tramitación de los procedimientos penales”.

Gómez está citada a declarar de nuevo el próximo miércoles después de que el juez admitiera una nueva querella presentada contra ella por la organización ultra Hazte Oír, que le atribuye los delitos de apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con el software de la Complutense que ofrecía sin coste a algunas empresas y “sin ánimo de lucro”. Será la tercera vez que se siente delante del juez tras la apertura de la causa hace nueve meses. En las otras dos ocasiones se ha acogido a su derecho a no declarar. 

El Gobierno de Carlos Mazón tardó más de 10 meses en formalizar un contrato para un sistema informático “avanzado de seguimiento y ayuda a la decisión de los riesgos derivados de las inundaciones” destinado a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, dependiente de la Conselleria de Justicia e Interior que dirige Salomé Pradas. La formalización del contrato se hizo apenas tres días antes de la jornada de la catástrofe causada por la DANA en varias comarcas valencianas, según indica la documentación disponible en el Portal de Contratación.

El Ejecutivo del Pacte del Botànic inició el procedimiento, tras haber aprobado el decreto de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), el proyecto que Mazón tumbó apenas cuatro meses después de haber aterrizado en el Palau de la Generalitat. Con el decreto de aprobación de la UVE, era “necesario disponer” de herramientas de 'software' para la “predicción del comportamiento de los riesgos meteorológicos e hidrológicos”, según indican los pliegos del contrato.

Elisa Núñez, la primera consellera de Justicia e Interior del Gobierno formado por Mazón con sus socios de Vox, continuó el proceso de adjudicación, heredado por la actual titular de la cartera autonómica de la que depende la gestión de las Emergencias, Salomé Pradas. Sin embargo, a pesar de que la adjudicación se produjo el 13 de diciembre de 2023, la formalización del contrato solo se hizo el pasado 26 de octubre, tres días antes de la catastrófica DANA.

El 'software' para la predicción del comportamiento de los riesgos meteorológicos e hidrológicos, según confirman varias fuentes, no estuvo operativo durante la primera reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi).

En el expediente se justifica que “se hace necesario disponer de herramientas de software para la predicción del comportamiento de los riesgos meteorológicos con especial incidencia por sus características a las inundaciones, todo ello en el marco del Plan Especial Frente al Riesgo de Inundaciones, y resto de herramientas de planificación y tanto en prevención como durante la emergencia y la fase de postemergencia para su utilización en el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat”.

Fondos Next Generation

El contrato, adjudicado a una UTE formada por las empresas Hydrometeorological Innovate Solutions SL y Aquatec Proyectos para el Sector del Agua SAU, tenía previsto un presupuesto de 68.464 euros para comenzar a implementarse en el año 2023 y un aumento progresivo hasta 2025, a cargo de los fondos Next Generation. El importe total del contrato era de 811.687 euros, correspondiente a las anualidades comprendidas entre 2023 y 2025.

La mesa de contratación analizó las ofertas en noviembre de 2023 y, en diciembre, se consideró que la UTE cumplía los requisitos, por lo que se les adjudicó el contrato. Pero no fue hasta el 1 julio de 2024, siete meses después, cuando la entonces consellera de Justicia, Elisa Núñez, autorizó que se incorporasen remanentes de presupuesto a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

Una semana después se rompió el Gobierno autonómico y Mazón tuvo que reorganizar sus efectivos. Salomé Pradas pasó a ocupar la cartera de Justicia e Interior. Cuatro meses más tarde, el secretario autonómico y director de la agencia, Emilio Argüeso, nombrado tras esa crisis, firmó el contrato por el servicio pocos días antes de la tragedia.

¿Por qué el Consell tardó 10 meses en continuar el procedimiento? La Conselleria de Justicia e Interior ni el departamento de Emergencias han contestado las preguntas de este diario, planteadas el pasado viernes. El secretario autonómico que firma el contrato afirma que se puso al día de los asuntos pendientes al llegar al cargo.

La ruptura del pacto del Ejecutivo y su posterior reestructuración explicarían una parte de ese lapso. Vox salió del Consell en julio y Mazón reestructuró el departamento en un día; lejos de llevar a cabo una remodelación en profundidad, echó mano de los efectivos que ya tenía en el Ejecutivo y en el partido.

El siguiente paso en la contratación, ya con los cambios efectuados por el PP en el Gobierno, se da el 15 de octubre, cuando la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias “dispuso el gasto derivado de la contratación” del 'software'. “La adjudicación queda condicionada a la efectiva existencia de crédito adecuado y suficiente una vez aprobados los presupuestos de la Generalitat para 2025 y 2026”, sostiene el contrato firmado entre el representante de la UTE y el secretario autonomico.

Un 'software' nacido de la Unidad Valenciana de Emergencias

Los pliegos de prescripciones técnicos aluden al decreto de creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), el proyecto creado por el Gobierno de Ximo Puig y eliminado por su sucesor tildándolo de “ocurrencia” heredada de la etapa del Pacte del Botànic. El decreto de creación de la UVE establecía la obligación de la puesta en marcha de una unidad de análisis y evaluación en crisis derivadas de fenómenos meteorológicos, cuya implantación y dotación de personal funcionario ya estaba “en marcha”, según indican los pliegos de prescripciones técnicas del contrato del 'software'.

Los pliegos, firmados por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, pedían una herramienta “ya plenamente operativa a la fecha de presentación de las ofertas”. “La herramienta deberá tener unas características altamente especializadas para la gestión de las emergencias y el análisis de riesgos, no siendo aceptables soluciones de carácter básico de gestión de eventos”, agragan los pliegos.

La adjudicación del contrato también estaba condicionada por el hecho de que el 'software' pudiera trabajar sin conexión a la red, “con las limitaciones propias de la falta de funcionalidades basadas en datos exclusivamente accesibles vía internet”. La herramienta, según los pliegos, también debía ser capaz de “analizar, registrar e interpretar el máximo de fuentes” y de “emitir alertas en base a algoritmos propios o avalados por la comunidad científica” sobre, entre otros, la lluvia esperada, la vulnerabilidad de bienes y personas y la acumulación de lámina de agua en entornos urbanos.

La gestión de Vox en Emergencias

Carlos Mazón dejó a Vox la gestión de las Emergencias, en virtud del pacto de Gobierno que suscribió al poco de ganar las elecciones. Nombró como consellera de Justicia e Interior a Elisa Núñez, que dejó el partido cuando Santiago Abascal ordenó romper los pactos de Gobierno autonómicos con el PP.

La consellera tuvo durante el primer verano en que estuvo al frente del departamento a cargos nombrados por el PSPV-PSOE en sus funciones hasta que encontró a alguien del partido a quien encomendar la gestión. Al mando de Emergencias situó a Ángel Javier Montero Hernández, exalto cargo del PP en la Generalitat con Alberto Fabra, exdiputado provincial y letrado en el Ayuntamiento de Chiva. Pese a su clara vinculación con el PP, entonces se dijo que el nombramiento se había producido a propuesta de Vox.

En julio de 2024, cuando Vox rompió con el PP, Mazón reestructuró el Gobierno en una reforma exprés, apenas un día después de la salida de los ultras. Situó al frente de Justicia e Interior a Salomé Pradas, abogada, exsenadora y hasta entonces consellera de Medio Ambiente.

En el segundo escalón nombró a Emilio Argüeso, exsenador expulsado de Ciudadanos y comisario de Policía Local en excedencia, al que puso de secretario autonómico, y a Alberto Javier Martín Moratilla, bombero y técnico de emergencias, como director general de Emergencias y Extinción de Incendios. Estos nombramientos se produjeron el 12 de julio.

Desde la aparición de los modelos de lenguaje extenso de inteligencia artificial (IA) como ChatGPT, una de las grandes preocupaciones ha sido la posibilidad de que muchas personas hagan pasar por propios trabajos que en realidad ha producido un algoritmo, un asunto de especial relevancia en ámbitos como el educativo o el de la investigación. 

Un equipo liderado por Sumanth Dathathri y Pushmeet Kohli, miembros del laboratorio DeepMind de Google, ha desarrollado un algoritmo de muestreo capaz de aplicar marcas de agua al texto generado por su herramienta de IA y hacerlo reconocible. El sistema introduce pequeños cambios, detectables estadísticamente, pero apenas apreciables para los humanos, que funcionan como una firma que puede ser reconocida por el software de detección asociado. 

El nuevo software, bautizado como SynthID-Text, se describe en un trabajo publicado este miércoles en la revista Nature. Los autores han puesto a prueba la detectabilidad de estas marcas de agua y han encontrado una mejora sustancial en comparación con los enfoques existentes. El algoritmo dispone de un modo “distorsionador”, que mejora la marca de agua con un pequeño costo de la calidad de salida del texto, y un modo “no distorsionador”, que preserva la calidad del texto.

La calidad del texto se ha evaluado utilizando casi 20 millones de respuestas de interacciones de chat en vivo con el modelo de lenguaje de Google DeepMind, Gemini LLM

Los autores han evaluado el sistema utilizando casi 20 millones de respuestas de interacciones de chat en vivo con el modelo de lenguaje de Google DeepMind, Gemini LLM y concluyen que el modo sin distorsión no disminuye la calidad del texto. También han comprobado que la herramienta no tiene un impacto insignificante en la potencia computacional necesaria para ejecutar LLM, lo que reduce la barrera para la implementación.

Aunque los investigadores de DeepMind han probado la herramienta de Google, este tipo de aproximaciones podrían generalizarse en otras tecnologías, como la más popular, ChatGPT. La compañía responsable de este chatbot, OpenAI, reconoció este verano que tiene listo un sistema para reconocer sus textos, aunque no se decide a lanzarlo por temor a perjudicar sus resultados. “Nuestros equipos han desarrollado un método de marca de agua de texto que seguimos considerando mientras investigamos alternativas”, admitieron desde la empresa. También están investigando el uso de otras vías, como los metadatos, para reconocer la procedencia del texto.

“Esta tecnología permite a Google detectar contenido de texto generado por nuestra propia aplicación Gemini y la experiencia web”, explican desde DeepMind a elDiario.es. “Ahora, otros desarrolladores de IA generativa podrán usar esta tecnología para ayudarlos a detectar si los resultados de texto provienen de sus propios LLM, ya que se ofrece en código en código abierto”. Los autores del nuevo trabajo consideran que es un paso más para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia del uso responsable de la inteligencia artificial, aunque reconocen que las marcas de agua de texto se pueden evitar editando o parafraseando el resultado.

Una posible vía de escape

La doctora en inteligencia artificial, Nerea Luis, cree que el resultado es muy interesante y destaca que, a pesar de introducir ciertos conjuntos de palabras para generar esas marcas, la calidad del texto no se altera y el usuario no percibe una pérdida de calidad. “Para mí el punto fuerte es que la demostración se ha hecho con el modelo como el que usa todo el mundo, no uno de laboratorio”, explica a elDiario.es. “Aun así, el método es efectivo en la primera generación del texto, pero no se puede mantener en el tiempo si se añade nuevo o se modifica parte”, señala. “Este es el verdadero problema en general del tema de trazabilidad si queremos aplicarlo a LLMs, especialmente con textos, que son algo tan cambiante”. 

El punto fuerte es que la demostración se ha hecho con el modelo como el que usa todo el mundo, no uno de laboratorio

Nerea Luis — Doctora en inteligencia artificial

“Mientras que en imágenes, vídeos o audios es sencillo insertar marcas de agua, en el caso del texto esto representa un desafío, ya que cualquier alteración en las palabras puede afectar significativamente el significado y la calidad del contenido”, asegura Pablo Haya, investigador del Laboratorio de Lingüística Informática de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en declaraciones al SMC . Actualmente, los sistemas para detectar si un documento ha sido generado por IA tienen bajos índices de acierto, por lo que tecnologías que faciliten la identificación de la autoría son muy necesarias, explica.

Para entender cómo funcionan estas marcas de agua, Haya pone un ejemplo. Si el modelo hubiera producido la siguiente frase: El informe muestra que el mercado ha tenido un crecimiento significativo durante el último trimestre, relata, el algoritmo de marca de agua generaría una frase equivalente, pero escogiendo una serie de palabras que, sin modificar el significado, siguen una relación estadística conocida por el algoritmo: El reporte indica que el mercado ha tenido un avance notable durante el último trimestre. “En este ejemplo, que aparezcan en la misma frase estas cuatro palabras, 'reporte', 'indica', 'avance', 'notable', y no otras, es poco probable en el caso de un LLM, y altamente probable si se ha utilizado el algoritmo de marca de agua”, explica a SMC.

Mikel Galar, experto en IA de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), recuerda que este estudio está basado en otros trabajos previos. “Los resultados parecen convincentes y dicen que el sistema ya está implantado en Gemini y Gemini advanced”, destaca. “Creo que para sus usuarios sería importante saber esto, porque quizás no tengan interés en usar un sistema que sea fácilmente detectable”.

Este tipo de técnicas son vulnerables a modificaciones del texto o reescrituras por parte de otros modelos, por lo que su utilidad práctica está todavía por ver

Mikel Galar, — Experto en IA de la Universidad Pública de Navarra (UPNA)

Según los resultados, recuerda Galar, para textos cortos (100 tokens, 60-70 palabras) la detección es de un 50%, aunque con muy pocos falsos positivos (1%), y aumenta al 80% cuando llegamos a los 400 tokens (unas 300 palabras). “Aunque es un paso adelante, las limitaciones de este trabajo son claras y expuestas por los autores: hay muchas implementaciones abiertas en internet que no van a incluirlo”, subraya. “Además, este tipo de técnicas son vulnerables a modificaciones del texto o reescrituras por parte de otros modelos, por lo que su utilidad práctica está todavía por ver. Alguien con conocimiento podría modificar ligeramente el texto reduciendo la capacidad de detección”.

El uso de la inteligencia artificial para resucitar a personas fallecidas con las que poder interactuar no está suficientemente regulado y existe un serio riesgo de causar daño psicológico a quienes la utilicen, e incluso de que sean ‘perseguidos’ por estos fantasmas digitales sin su consentimiento. Es la advertencia que realizan Katarzyna Nowaczyk-Basińska y Tomasz Hollanek, especialistas en ética de la IA de la Universidad de Cambridge, en un artículo publicado este jueves en la revista Philosophy and Technology. 

En el artículo, los autores empiezan recordando que ya existen plataformas que ofrecen recrear a los muertos con IA por una pequeña tarifa, como Project December, aplicaciones como HereAfter y otros servicios similares desarrollados en China. “A pesar del rápido crecimiento de este sector dentro de la industria de la vida digital en el más allá, la cuestión de los riesgos socioéticos que plantean los servicios de recreación se ha pasado por alto en gran medida dentro del campo más amplio de la ética de la IA”, advierten. Y para explorar las implicaciones de estos desarrollos, describen tres escenarios hipotéticos producidos por tres aplicaciones ficticias y las consecuencias en las vidas de los implicados.  

Uno de los escenarios es el desarrollo de un servicio de inteligencia artificial llamado “MaNana”, que permite a las personas crear un robot que simule a un familiar fallecido. Los científicos nos piden que imaginemos a Bianca, una mujer de 35 años que decide suscribirse al servicio en modo de prueba para recrear a su abuela Laura, fallecida hace siete años y con la que tenía una relación muy estrecha. “Sin embargo, después de que finaliza una prueba premium gratuita y el deadbot comienza a generar mensajes que incluyen anuncios, Bianca empieza a sentirse incómoda al usar el servicio”, escriben. “Una noche, decide llamar al robot de Laura mientras prepara espaguetis a la carbonara siguiendo la receta de su abuela y se sorprende cuando el robot le aconseja que haga un pedido a través de un popular servicio de entrega de comida a domicilio, en lugar de hacerlo ella misma, algo que Laura nunca le habría sugerido”. 

Los riesgos de la inmortalidad digital

La posibilidad de que las empresas que gestionan esta tecnología traten de rentabilizarla introduciendo publicidad no deseada (spam) en la voz de nuestros familiares muertos es tan inquietante como real, argumentan los autores. Otro escenario presentado en el artículo es el de una empresa imaginaria llamada “Paren’t”. En este caso, una mujer con una enfermedad terminal deja un robot para ayudar a su hijo de ocho años en el proceso de duelo y, si bien el robot inicialmente funciona como ayuda terapéutica, la IA comienza a generar respuestas confusas y termina generándole un trauma al menor, que no sabe gestionar la muerte de su madre.

El tercer escenario es el de una empresa ficticia llamada “Stay” en la que es la persona que fallece la que paga una suscripción de veinte años para que su avatar siga vivo en línea con sus recuerdos y personalidad, sin el permiso ni conocimiento de sus hijos, que empiezan a recibir un bombardeo de mensajes que no pueden cancelar porque violaría los términos del contrato firmado por su padre.

“Cuando los vivos se inscriben para ser recreados virtualmente después de su muerte —subrayan los investigadores—, las empresas podrían utilizar los chatbots resultantes para enviar spam a familiares y amigos supervivientes con notificaciones no solicitadas, recordatorios y actualizaciones sobre los servicios que brindan, similar a ser acechado digitalmente por los muertos”. Incluso aquellos que inicialmente encuentran consuelo en un 'robot muerto' pueden sentirse agotados por las interacciones diarias que se convierten en un “peso emocional abrumador”, argumentan, pero también pueden ser impotentes para suspender una simulación de IA si su ser querido ahora fallecido firmó un extenso contrato.  

Tenemos que empezar a pensar ahora en cómo mitigar los riesgos sociales y psicológicos de la inmortalidad digital, porque la tecnología ya está aquí

Katarzyna Nowaczyk-Basińska — Investigadora del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia de Cambridge (LCFI) y coautora del estudio

Estos productos ficticios representan varios tipos de deadbots que, a partir de ahora, son tecnológicamente posibles y legalmente realizables, concluyen los autores. “Nuestros escenarios son especulativos, pero el impacto social negativo de los servicios de recreación no es sólo un problema potencial al que tendremos que enfrentarnos en algún momento en el futuro”, aseguran. “Los rápidos avances en la IA generativa significan que casi cualquier persona con acceso a internet y algunos conocimientos básicos puede revivir a un ser querido fallecido”, añade Nowaczyk-Basińska, coautora del estudio. “Tenemos que empezar a pensar ahora en cómo mitigar los riesgos sociales y psicológicos de la inmortalidad digital, porque la tecnología ya está aquí”.     

“Un campo de minas ético”

Para la investigadora, esta área de la IA es “un campo de minas ético”. Su apuesta es dar prioridad a la dignidad de los difuntos y garantizar que esto no se vea invadido por motivos financieros, por ejemplo, de servicios digitales de ultratumba. “Al mismo tiempo, una persona puede dejar una simulación de IA como regalo de despedida a sus seres queridos que no están preparados para procesar su dolor de esta manera”, añade. “Los derechos tanto de los donantes de datos como de quienes interactúan con los servicios de inteligencia artificial después de la muerte deben salvaguardarse por igual”.

Deben considerarse rituales para retirar los robots muertos de manera digna y diseñar protocolos que impidan que los deadbots se utilicen de manera irrespetuosa

Tomasz Hollanek — Investigador del Centro Leverhulme para el Futuro de la Inteligencia de Cambridge (LCFI) y coautor del artículo.

“Las personas pueden desarrollar fuertes vínculos emocionales con tales simulaciones, lo que las hará particularmente vulnerables a la manipulación”, señala Tomasz Hollanek, coautor del artículo. Y recomienda diseñar protocolos que impidan que los deadbots se utilicen de manera irrespetuosa, como por ejemplo para publicidad o para tener una presencia activa en las redes sociales. Los diseñadores de servicios de recreación, opina, deberían buscar activamente el consentimiento de los donantes de datos antes de su aprobación, y deberían implementarse restricciones de edad para los robots muertos y una “transparencia significativa” para garantizar que los usuarios sean conscientes de que están interactuando con una IA. Estos mensajes podrían ser similares a las advertencias actuales sobre contenidos que pueden provocar convulsiones, asegura.

Una protección post-mortem

Damián Tuset Varela, investigador en Derecho Internacional Público e IA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), considera que en el escenario más llamativo propuesto por los autores, el del servicio “MaNana”, la inclusión de anuncios y sugerencias comerciales a través del deadbot podría considerarse una forma de manipulación emocional y altera la esencia del servicio, pasando de ser un apoyo emocional a un canal para marketing dirigido. “Este tipo de situaciones requiere una regulación más robusta que aborde específicamente el uso de datos personales post-mortem”, asegura. “Las legislaciones podrían necesitar adaptarse para proteger no solo los intereses de los individuos mientras viven, sino también su legado y memoria después de su muerte”.

Las legislaciones podrían necesitar adaptarse para proteger no solo los intereses de los individuos mientras viven, sino también su legado y memoria después de su muerte

Damián Tuset Varela — Investigador en Derecho Internacional Público e IA de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

“En este caso estaríamos en los límites de manipulación psicológica de la persona, porque hay vínculo emocional con el avatar, lo que hace que ese anuncio tenga un impacto mayor para que llegues a consumir el producto”, coincide Javier Valls Prieto, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Granada (UGR), especializado en regulación ética y jurídica de la inteligencia artificial y la robótica. En su opinión, esto estaría regulado en la medida en que la ley de publicidad exige que haya una diferenciación clara entre el programa y el contenido patrocinado. 

En cuanto al caso del niño que termina por traumatizarse con la madre muerta, Valls Prieto cree que es esencial regular la transparencia de estos sistemas. “Establecer la obligación de que aparezca un recordatorio cada cierto tiempo en el que advierta está usted interactuando con un avatar, por ejemplo”. “La práctica de decir al niño que su madre siempre estará ahí para ti a través de un robot podría considerarse engañosa, porque la distinción entre la realidad y la representación tecnológica puede no estar clara para un niño de ocho años”, añade Tuset. Este engaño, añade, puede tener graves consecuencias emocionales y psicológicas, especialmente en un contexto tan sensible como el duelo, y las empresas podrían incurrir en una responsabilidad por los daños emocionales o psicológicos causados por sus productos.

Preservar la dignidad humana

Para Valls Prieto, el estudio es muy interesante y tiene el valor de plantear algunas situaciones que casi nadie se había planteado. Por ejemplo, estos avatares de personas fallecidas, ¿van a estar actualizados con información reciente o van a estar congelados en el tiempo?. “Mi abuelo murió en 2013, cuando Pedro Sánchez aún no era presidente, ¿qué pensaría de él? Si se actualiza con información política posterior, ¿con qué bases de datos lo harán? ¿No tendrán un sesgo político de uno u otro signo?”. 

Mi abuelo murió en 2013, sin conocer a Pedro Sánchez. ¿Qué pensaría de él? Si se actualiza con información política, ¿con qué bases de datos lo harán? ¿No tendrán un sesgo político?

Javier Valls Prieto — Profesor de Derecho Penal de la UGR, especializado en regulación ética y jurídica de la IA

Lo que van a facilitar estas tecnologías de resurrección digital, reconoce el experto, es una posible vía de manipulación psicológica muy peligrosa. “No deja de ser una versión actualizada de los álbumes de fotos, pero tendrán que cumplir los principios de ética de la IA, que haya control humano, que sean seguros y permitan un manejo de la privacidad adecuado, que prevalezca el bienestar social e individual sobre los beneficios económicos de la empresa y que haya transparencia”, resume. “Lo que debemos plantearnos es si realmente van a mejorar el bienestar de las personas o van a destruir una idealización que tenemos del familiar fallecido, porque las repuesta que da va a generar mucha ansiedad en determinada gente, que es lo que le ocurre al niño del caso que se expone en artículos”, asegura. “Igual que a la chica a la que la abuela le propone pedir comida a domicilio”.

“La interacción entre la tecnología avanzada, como los bots que imitan a seres humanos fallecidos, y los principios jurídicos de la dignidad humana es compleja y revela numerosos desafíos éticos y legales”, opina Tuset. Pero la dignidad humana es el cimiento sobre el cual se construyen todas las leyes nacionales e internacionales, recuerda, y estas compañías estarán obligadas a respetarla. “La creación y uso de deadbots necesitan ser cuidadosamente regulados para asegurar que no se degrade la dignidad de las personas que representan”, concluye. “Cualquier implementación o regulación de esta tecnología debe hacerse con una consideración cuidadosa de cómo se alinea con los principios de la dignidad humana, asegurando que se respeten los derechos y la esencia de las personas representadas, tanto en vida como después de la muerte”.

¡Buenos días!

¿Cómo va la semana? ¿Has tenido esa sensación de falsa sorpresa cuando ocurre algo que sabías que estaba pasando pero te costaba creer? Pues esa sensación es la que tenemos con las compañías eléctricas. Se descubrió el pastel y, para variar, se lo han comido ellos. Las grandes eléctricas españolas han reconocido su alivio ante la reforma eléctrica finalmente pactada en diciembre pasado por la UE con un acuerdo entre el Consejo, la Eurocámara y la Comisión Europea en la recta final de la presidencia europea de España. Alivio porque es la medida que se ajusta a sus intereses. 

Los directivos de Iberdrola y Endesa no han tenido el menor pudor de admitir su trabajo de lobby en Bruselas porque la propuesta del Gobierno español, tras el tope al gas, la conocida como excepción ibérica, y el impuesto al sector, suponía pasar a la ofensiva y puso en guardia al sector, que aseguró, a través de sus patronales, que podría “poner en peligro el libre mercado” y “asustar a los inversores”; que era “veneno” y una “expropiación” y que iba a provocar una fuga de inversiones a Estados Unidos. Eurelectric, la patronal europea, se dedicó en cuerpo y alma a trabajarse los pasillos de la Comisión Europea con el planteamiento: 'Dios mío, la que se nos viene encima'.

El responsable de Regulación de Endesa temía “una reforma devastadora que arramblara con todo lo que había”; según su homólogo en Iberdrola, “lo mejor” de la reforma “es que ha terminado”. En marzo de 2023 la Comisión Europea adaptó la propuesta con lo que proponían las compañías eléctricas. Una medida “muy razonable” para ellas. En esta información te contamos cómo la industria de la electricidad admite que se puso manos a la obra para tumbar en Bruselas una reforma energética que favoreciera a los consumidores.  

Por todo esto es relevante que el Gobierno haya aprobado un anteproyecto para recuperar la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que el PP había fusionado en la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC). El objetivo es encaminar al sector en la transformación y descarbonización de la economía y el sistema energético. La CNE tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables. En este enlace te damos más detalles de la Comisión Nacional de la Energía.

El Gráfico

Mientras, el modelo económico español sigue en transformación. La digitalización de las empresas y el desarrollo de nuevas actividades en los sectores tecnológicos de mayor valor añadido están creciendo a mayor velocidad en España. Por un lado, se puede observar en la importante creación de empleos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y con la investigación y el desarrollo (I+D). También, en las cifras de inversión en “propiedad intelectual” que recoge la Contabilidad Nacional del INE. Además, como se puede ver en el gráfico, los ingresos de los sectores más innovadores, relacionados con la informática, la ciencia o los servicios técnicos y de información, se han disparado en los dos últimos años: el índice de inversión en “equipo y software” ha escalado hasta máximos históricos, superando en 30 puntos el nivel previo a la pandemia. Aquí te contamos como los brotes en la inversión en tecnología y software están transformando la economía española.

Por otro lado, pese a la debilidad de nuestros principales socios comerciales (la Unión Europea y, sobre todo, Alemania) y a la crisis de inflación, el sector exterior aportó la mitad del crecimiento de la economía de España en 2022 (2,9 puntos del 5,8% que avanzó el PIB) y una tercera parte del de 2023 (0,8 puntos del 2,5%). Uno de los datos más interesantes es que las empresas que venden fuera regularmente (lo que se conoce técnicamente como base exportadora) se han incrementado un 33% desde el suelo de 2011, hasta alcanzar un récord de casi 44.000 compañías. En este enlace tienes más información sobre la pujanza del sector exterior español. 

El Dato

107,7% del PIB

Es la deuda pública de España en 2023, según informó el Banco de España. Por culpa de los gastos necesarios para afrontar la pandemia y la crisis de inflación, en nuestro país alcanzó el 125,3% del PIB en el primer trimestre de 2021. Ahora, el Gobierno prevé que baje al 106% este año. Se conseguiría una reducción de 20 puntos en tres años gracias a la progresiva disminución del déficit y, sobre todo, al crecimiento económico. Ante la falta de argumentos sólidos, la deuda se ha convertido en uno de los principales elementos de crítica por parte de la derecha para atacar al Gobierno de coalición, aunque como ya publicamos el 2,4% del PIB que supone la factura de intereses anuales hace que sea sostenible en el futuro. En este enlace tienes más información y explicaciones sobre cómo ha bajado la deuda pública 17,6 puntos desde la pandemia.

Los agricultores siguen con sus movilizaciones por la situación del sector y ya van tres semanas. Este miércoles se vivió una de las protestas más concurridas en Madrid, cuando Unión de Uniones convocó una tractorada que ha paralizado el centro de la capital. Hay una fuerte polémica abierta alrededor de la representatividad de esta asociación de agricultores, de hecho, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, no se sienta con Unión de Uniones a negociar porque no forman parte del Consejo Agrario, donde están las organizaciones que sí se consideran representativas del sector primario en el ámbito nacional.

Sean representativos o no, este miércoles colapsaron Madrid y lograron entrar con sus tractores hasta el Ministerio de Agricultura con el aplauso de cientos de madrileños. Por cierto, en lugar de aplausos igual habría que ayudar más a los agricultores a la hora de hacer la compra. Entre otras cosas porque España está en el podio de países europeos donde más se adquiere marca blanca, la enseña del distribuidor. Con la inflación, los consumidores gastan menos y se decantan por productos más baratos y por ofertas. La marca blanca ya supone la mitad de todo lo que se vende en los supermercados. Con precios muy bajos de alimentos es más difícil que el agricultor tenga una remuneración suficiente por sus productos. Aquí puedes leer la otra cara de la crisis del campo: así hemos intentado bajar todo lo posible el precio de la cesta de la compra. 

Entrepreneur

Esta semana nuestro 'entrepreneur' favorito es Jesús Huerta de Soto Ballester, referente del “anarcocapitalismo” libertario y cuyo discurso extremista ha calado en la nueva derecha madrileña. Con un patrimonio de 160 millones, dueño de la aseguradora España SA, es también doctor en Derecho y Económicas y catedrático de Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sí, Huerta de Soto Ballester no tiene duda en trabajar en una universidad pública aunque se ha erigido como figura internacional del anarcocapitalismo más radical -el presidente de Argentina, Javier Milei, lo tiene como un referente- y suelte frases como que “el Estado es la encarnación del demonio”. Aquí tienes mucha más información del multimillonario que defiende que “corresponde al siglo XXI desmontar al Estado”.

Por cierto, tenemos esta semana ración doble de 'entrepreneur'. Te recomiendo leer esta información sobre la familia Urenda, que han estado históricamente vinculados a la derecha chilena y al fallecido dictador Augusto Pinochet. Accionistas de Grupo Empresas Navieras, están tejiendo una red de sociedades en España para eludir impuestos a través de las denominadas ETVE. Tras el fallecimiento del patriarca, Beltrán Urenda Zegers, la sucesión por el emporio familiar es digna de la mejor serie. Aquí tienes más información sobre el gigante naviero vinculado a la vieja derecha chilena abre filiales en Madrid para eludir impuestos. 

Bien público

Mucho se ha escrito y debatido sobre los abusos laborales de la conocida como 'economía de plataforma': un sistema de intermediarios tecnológicos que ofrecen unos servicios dejando desprotegidos a los trabajadores. En España se ha puesto solución con una normativa a la precarización constante de los riders, pese a los intentos de las empresas a saltársela. Como en el ámbito energético, los lobbys han conseguido que no salga una ley para regular el reparto a nivel europeo. Hay otros sectores de la economía de plataforma que utiliza vericuetos para rebajar las condiciones laborales de sus empleados. Uno de ellos es el de los conductores de Cabify. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha respaldado las actas de infracción impuestas por la Inspección de Trabajo por cesión ilegal de sus conductores a través de tres empresas. Las magistradas restablecen la multa de 60.000 euros por este fraude en la contratación, que había sido anulada en primera instancia. La sentencia pone en duda este modelo de negocio. Es necesario que la Ley Rider se amplíe y llegue a otros ámbitos como los conductores o el sector asegurador. Aquí tienes más información sobre la condena a Cabify por fraude de contratación y cesión ilegal de trabajadores. 

Nos gusta la competencia

Ahora os enlazamos una serie de artículos de otros medios que nos han parecido interesantes:

Se acabó por esta semana. Tendrás otro boletín el próximo jueves. Mientras tanto, si quieres mandarnos una propuesta o una idea nos puedes escribir a contraoferta@eldiario.es.

¡Buena semana!

Apúntate a Contraoferta, todos los jueves en tu buzón

Acepto las condiciones de uso y privacidad

Apúntate

“Nuestro sueño era digitalizar las catas para llevar nuestro vino a todo el mundo, y lo estamos haciendo”, dice un bodeguero que ha recibido 12.000 euros del “Kit digital” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en un vídeo publicitario del Gobierno. La digitalización de las empresas y el desarrollo de nuevas actividades en los sectores tecnológicos de mayor valor añadido están entre los principales objetivos del programa de fondos europeos (conocido como Next Generation) que la UE diseñó en 2021 como respuesta a la pandemia, junto a “la transición ecológica”.

Distintas estadísticas de la economía de España están dejando ver brotes de esa trasformación digital que se busca. En primer lugar, se puede observar en la importante creación de empleos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y con la investigación y el desarrollo (I+D). También, en las cifras de inversión en “propiedad intelectual” que recoge la Contabilidad Nacional del INE (Instituto Nacional de Estadística). Y, por último, la misma evidencia se obtiene del fuerte crecimiento de las ventas de “equipo y software” de las empresas de nuestro país, según los datos de la Agencia Tributaria.

Esta última estadística cuenta una historia de auténtica transformación de la economía de España. Los ingresos de los sectores más innovadores, relacionados con la informática, la ciencia o los servicios técnicos y de información, se han disparado en los dos últimos años. Concretamente, el índice de inversión en “equipo y software” ha escalado hasta máximos históricos, superando en 30 puntos el nivel previo a la pandemia, tomando como referencia diciembre de 2019, y con datos hasta el cierre de 2023.

Más en detalle, los fabricantes de productos informáticos, electrónicos y ópticos han incrementado su resultado bruto de explotación (una forma contabilizar los beneficios) un 9% en 2023 respecto a 2019. Las compañías de programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática lo han hecho un 24%. Las empresas de servicios de información, un 4%.

Estos números se han trasladado al mercado de trabajo. El empleo creció en 2023 en la gran mayoría de actividades económicas, aunque con diferencias. Los que más puestos de trabajo generaron el año pasado están encabezados por las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 165.000 trabajadores más (+15%), algo muy relevante al tratarse de un sector con alto valor añadido y en general mejores condiciones, lo que aleja a España del típico retrato de “un país de camareros”.

Esta evolución no se puede explicar sin el Plan de Recuperación. Este mismo jueves, el centro de análisis BBVA Research publicó un informe que concluye desde el inicio del programa Next Generation EU y hasta finales de 2023 “se habrían licitado contratos y convocado subvenciones financiadas con los fondos europeos por un importe superior a 70.000 millones de euros, lo que supone más del 88% del total planificado inicialmente y en las transferencias de la Adenda [la ampliación del Plan]”.

“Por otro lado, se habrían resuelto, y por tanto es dinero que ya está a disposición de familias y empresas, más de 33.500 millones de euros, que equivalen a un 42% del total del Plan”, continúan los expertos de BBVA Research. “Estas cifras están en línea con lo publicado por el Gobierno en su último Informe sobre la ejecución del Plan de Recuperación (diciembre de 2023)”, añaden.

El despliegue del Plan de Recuperación

Visto de otra manera, se estima que hasta 2023 los fondos estarían financiando más de 12.500 contratos con empresas y familias. Por su parte, casi 500.000 empresas y familias habrían sido beneficiarias de las subvenciones que cuelgan del mismo Plan.

“A diferencia de otros fondos europeos, [en esta ocasión] el beneficiario es el Estado. De esta forma, las inversiones, proyectos y reformas las deciden y diseñan los gobiernos centrales, a través de sus Planes de Recuperación y Resiliencia (planes que ascienden a 79.870 millones de euros)”, explica el centro de análisis. El resto es un paquete de préstamos de hasta 83.000 millones a condiciones favorables, aunque su despliegue dependerá de la demanda.

“En España, al ser un país descentralizado, las comunidades autónomas y las entidades locales participan en la ejecución del Plan para el desarrollo de las inversiones y reformas que recaen sobre sus competencias. En este sentido, las haciendas territoriales recibirán fondos condicionados por importe de 31.200 millones de euros para la ejecución de los programas de gasto que les corresponden. Adicionalmente, el Estado estaría canalizando 29.400 millones de euros a través de otros organismos y entes públicos dependientes”, prosigue.

El Plan se estaría destinando principalmente a favorecer la transición ecológica –un 40% del total de lo planificado- y a la transformación digital –un 30%-. Uno de los programas específicos para este último objetivo es el “Kit digital”. Su puesta en marcha fue la primera medida adoptada del Plan de digitalización de las pymes 2021-2025.

Este programa tiene como objetivo promover la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y autónomos. El programa está dotado con un presupuesto de 3.067 millones de euros, y se han lanzado ya cuatro convocatorias por un importe de 1.700 millones de euros. “Hasta mediados de febrero de 2024 más de 298.000 empresas y autónomos se habrían beneficiado del programa, con una inversión en torno a 1.380 millones de euros”, concluye BBVA Research.

Por primera vez peritos de un cuerpo policial han corroborado que los teléfonos móviles de dirigentes independentistas fueron atacados con el programa espía Pegasus. Así lo han certificado los Mossos d’Esquadra ante los juzgados que investigan la infiltración a tres dirigentes de ERC, la eurodiputada Diana Riba; el diputado en el Parlament Josep Maria Jové; y el actual alto cargo del Govern y exdiputado Sergi Sabrià.

En los informes, a los que ha tenido acceso elDiario.es, los peritos informáticos de la policía catalana concluyen que los terminales móviles “han sido infectados por un programa malicioso que deja los mismos rastros que el conocido como Pegasus”. Debido a la magnitud del ataque, los informáticos de los Mossos no pueden descartar que el programa espía “haya estado activo en días posteriores” a las infecciones, producidas en 2019 y 2020.

Las conclusiones suponen un espaldarazo a las tesis de los independentistas espiados, que, salvo contadas excepciones, se han encontrado con unos juzgados reacios a investigar el espionaje y su conexión con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También implican, en parte, un desmentido al Gobierno, quien aseguró que Jové y Riba no fueron espiados, lo que sirvió al Ejecutivo para negarse a desclasificar los documentos que le había reclamado la jueza del caso.

Jové, Riba y Sabrià han sido los primeros independentistas en proporcionar sus terminales a la policía científica. El resto de denunciantes ha acudido a peritos privados, se ha resistido a entregar el terminal al juzgado por desconfianza o bien se deshizo de los móviles tras las infecciones.

El análisis forense de los Mossos no solo ha ratificado las infecciones desveladas por el laboratorio canadiense Citizen Lab. Al disponer de los terminales físicamente, la policía catalana ha desvelado nuevos detalles.

En el caso de Jové, Citizen Lab no fue capaz de concretar las fechas de las infecciones. Sí lo hacen los Mossos, que sitúan en un mínimo de cuatro fechas los ataques a los dos terminales del dirigente de ERC, uno de los interlocutores de los republicanos con el PSOE. Sucedieron en marzo y octubre de 2019 y en julio y noviembre de 2020, mientras Jové negociaba con los socialistas el apoyo de ERC a proyectos clave del Gobierno de Pedro Sánchez.

La policía científica también ha confirmado que el móvil de Riba fue infectado, al menos, el 28 de octubre de 2019. En esa fecha, uno de sus asistentes parlamentarios testificó ante la jueza que mantenía una conversación con Riba por teléfono, pero que se cortó. Acto seguido, su teléfono reprodujo la conversación que había mantenido con su jefa, lo que hizo saltar las alarmas al asistente y para la defensa de Riba supone un indicio claro de la infección.

El método empleado por la policía catalana para detectar los ‘hackeos’ es el análisis de los denominados “indicadores de compromiso”. Se trata de patrones informáticos que quedan registrados en los terminales y que se pueden vincular con el ataque con un ‘software’ malicioso como el de Pegasus, comercializado por el grupo israelí NSO Group únicamente para uso de los Estados.

Hasta tres “procesos maliciosos”

La policía catalana ha detectado hasta tres “procesos maliciosos” con los que se logró infectar los teléfonos móviles y que para la policía catalana suponen “indicadores de compromiso claros y documentados del ‘software’ malicioso Pegasus”.

El informe del laboratorio de informática forense de la división de policía científica de los Mossos señala además que en algunos casos el ataque logró “grabar la actividad” y descargar datos de los teléfonos y subirlos a Internet, si bien no pueden determinar dónde quedaron alojados los archivos sustraídos.

Una de las formas de infección detectadas por los Mossos es el envío de SMS con “enlaces maliciosos” a los espiados. Si la víctima pinchaba en el enlace, era dirigido a un servidor que se encarga de distribuir el programa malicioso “sin que el usuario se diera cuenta”. Con todo, la policía catalana señala que los ataques también se produjeron sin necesidad de que el usuario accediera a un ‘link’ malicioso.

Si bien corrobora que hubo varias infiltraciones, la policía catalana advierte en sus conclusiones de los dictámenes que no ha localizado en los terminales “ninguna información que permita establecer el destino que usó el programa malicioso Pegasus”. En otras palabras, que el análisis forense no puede por ahora determinar si, como sostienen Jové y Riba, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el responsable de los ataques.

La jueza que investiga la infiltración en los móviles de Jové y Riba pidió el pasado verano al Gobierno desclasificar documentos para averiguar si, como mantienen los denunciantes, el CNI está detrás de los ataques. El Ejecutivo rechazó acceder a la solicitud de la magistrada y negó que hubiera espiado a los dos dirigentes republicanos.

El Gobierno no puede emplear el mismo argumento con la petición que el juez que investiga el espionaje al president de la Generalitat, Pere Aragonès, hizo al Ejecutivo para desclasificar documentos, toda vez que el propio CNI admitió en el Congreso que el actual jefe del Govern fue uno de los 18 independentistas espiados. El Gobierno recibió la petición del juez hace mas de un mes, pero todavía no ha respondido al magistrado, que mantiene para el próximo 26 de enero la declaración como imputada de la exjefa de los espías españoles, Paz Esteban.

Jové y su teléfono incautado por el 1-O

La infiltración en los móviles de Riba y Jové presenta peculiaridades propias de los cargos que ocupan. En el caso de Riba, porque el ataque supone una invasión a una autoridad protegida por la inviolabilidad y la inmunidad como es una eurodiputada, a quien no se puede investigar de ninguna forma sin el permiso de la Eurocámara.

Jové se encuentra pendiente de juicio (señalado para el próximo mes de abril) por su papel como organizador del referéndum del 1-O de 2017. Su defensa ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que el teléfono que Jové tenía hace siete años también sea objeto de análisis pericial por parte de los Mossos, al sospechar que también podría haber sido víctima de un ataque con Pegasus o un 'software' espía.

Sin embargo, el TSJC ha rechazado que una copia del terminal de Jové, decomisado por la Guardia Civil desde el 20 de septiembre de 2017, sea objeto de análisis forense al considerar que se trata de una “pieza de convicción” para el juicio por los preparativos del 1-O.

Las autoridades nacionales y los tribunales de los países miembros del Consejo que han utilizado el software Pegasus deberán ofrecer aclaraciones. Así lo ha aprobado la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) este miércoles a través de una resolución y una recomendación en las que se menciona a cinco países, entre ellos España, por el espionaje a líderes del independentismo catalán y a otros políticos. La resolución ha salido adelante con 91 votos a favor y 16 en contra. Se han posicionado en contra de la decisión tanto PP y Vox como el PSOE.

El texto pretende que se pueda determinar si, al acceder a través de ese programa de espionaje a los móviles de personalidades políticas, periodistas, abogados y defensores de los derechos humanos, esa intromisión en su privacidad se hizo con un objetivo legítimo, como la seguridad nacional o la prevención de delitos. Además, defiende que “el uso de 'spyware' del tipo Pegasus debería limitarse a situaciones excepcionales como medida de último recurso, para evitar o investigar un acto específico que equivalga a una amenaza real y genuina a la seguridad nacional o un delito grave específico, y solo contra la persona sospechosa de cometer o planear cometer esos actos”.

A España se le pide expresamente que informe a la Asamblea y a la Comisión de Venecia, un órgano consultivo integrado por expertos constitucionales, “sobre el uso de Pegasus, Candiru y similares, en un plazo de tres meses”. También solicita que se lleven a cabo “investigaciones efectivas, independientes y rápidas sobre todos los casos confirmados y presuntos de abuso de 'spyware'” y se brinde “suficiente reparación a las víctimas en los casos de vigilancia ilegal”. Por último, se pide al Estado español que “aplique las sanciones adecuadas, ya sean penales o administrativas, en casos de abusos” y que se contenga de utilizar la legislación en torno a los secretos “para denegar acceso a información sobre el uso de 'spyware' a los mecanismos de supervisión y las personas afectadas”.

Esta resolución ha sido presentada por el diputado holandés Pieter Omtzigt, del PPE. En ella se constata que varios de los 46 países que integran el Consejo de Europa “han adquirido y usado Pegasus para vigilancia selectiva de sus propios ciudadanos”.

“Si las cosas se han hecho correctamente, no hay que tener miedo”, subrayó Omtzigt al término de un debate en el que quedó patente el choque entre los parlamentarios de la derecha y la extrema derecha española, por una parte, y la senadora de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Laura Castel, por otra.

En el caso de España, el ponente del informe ha insistido en que tendrían que hacerse públicas las autorizaciones judiciales que recibió el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para vigilar con Pegasus a líderes del independentismo catalán y debería ponerse en marcha una comisión de investigación parlamentaria. También ha recordado, en base a los hallazgos realizados por la comisión sobre Pegasus en la Eurocámara, que los teléfonos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de varios ministros “fueron presuntamente infectados con Pegasus por un país tercero (Marruecos)”.

El espionaje se limitó a la autorización del Supremo, según el PSOE

La diputada socialista Susana Sumelzo defendió la actuación en esta cuestión del Gobierno de Pedro Sánchez, del que dijo que se ha comprometido con “la regeneración democrática” y con el refuerzo de los servicios secretos“. Sobre todo, Sumelzo aseguró que la información extraída de las 18 personas a las que el CNI ha admitido haber espiado (de las 65 personalidades independentistas a las que se les pinchó el teléfono, según Citizen Lab) sólo se utilizó para los fines que había autorizado el magistrado del Tribunal Supremo que dio el visto bueno a la operación. ”Sus derechos fundamentales han estado siempre protegidos por un magistrado del Tribunal Supremo“, insistió.

Además, recordó que los acuerdos con los independentistas tras las elecciones legislativas de julio para los órganos de dirección del Congreso de los Diputados incluyen la organización de una comisión de investigación parlamentaria sobre esta cuestión.

Castel hizo hincapié en el bloqueo a esa comisión por parte de la derecha y se quejó de que las personas espiadas no pueden saber qué fue lo que se extrajo de sus móviles ni han podido consultar la autorización judicial que permitió al CNI recurrir a Pegasus para lo que calificó como “un ataque sin precedentes contra un movimiento democrático”.

Claramente en contra del informe se posicionó el Partido Popular español (PP), que por boca de su diputado Pablo Hispán cargó contra el ponente, que a su parecer “se comporta como un juez, fiscal y verdugo” pero sin preguntar a los acusados, ya que “ningún Estado a los que se refiere el señor Omtzigt ha tenido derecho de defenderse”.

Hispán tampoco estuvo tibio con los independentistas catalanes espiados con Pegasus o que alegan haberlo sido: “Estas supuestas víctimas presentan falsos positivos (...) o no colaboran con los tribunales de Justicia”.

Vox: el espionaje estuvo bien hecho y fue legal

En una línea similar, el diputado de Vox José María Sánchez García descalificó el texto del ponente porque a su parecer se basa “en hechos aislados” y porque en el caso de España no tiene en cuenta que las personas espiadas con Pegasus “habían protagonizado un golpe de Estado” con el “referéndum ilegal” de 2017 y desde entonces han seguido diciendo “que volverían a protagonizar un golpe de Estado”.

“Ese espionaje que se hizo en ese momento –añadió– estuvo bien hecho” y además se llevó a cabo “de acuerdo a la ley” y autorizado por un magistrado.

Para Omtzigt, las autoridades “no han sido transparentes” y una vez que se cerró el capítulo del referéndum independentista, debería autorizarse una investigación parlamentaria para examinar cómo actuaron unos y otros y cómo lo hizo el Estado.

En el texto de la APCE se reprocha a España, entre otras cosas, que los procedimientos judiciales abiertos por las denuncias de los independentistas “no están avanzando tan rápido como se esperaba”.

También que un tribunal debería poder verificar si la autorización que se dio al CNI de espiar a los 18 fue proporcional y necesaria.

Petición a Marruecos e Israel

Por otra parte, la resolución de la APCE pide a Marruecos que les informe en el plazo de tres meses “de si ha usado Pegasus o 'spyware' similar en su territorio o fuera de él”. Aquí sería donde entraría el presunto espionaje a Sánchez y otros miembros del Gobierno, pero también al presidente francés, Emmanuel Macron.

Además, reclama a Rabat que ponga en marcha en un plazo de tres meses “una investigación plenamente independiente sobre el presunto uso de Pegasus por las autoridades estatales contra objetivos en Marruecos y objetivos dentro de la jurisdicción de los estados miembro del Consejo de Europa”.

También hay peticiones concretas a Israel, país en el que se fabrica Pegasus. Así, solicita a las autoridades israelíes que “cooperen plenamente con las investigaciones realizadas por estados miembro del Consejo de Europa respecto al uso de Pegasus y otro 'spyware' exportado por Israel o vendido por empresas con sede en Israel”.

Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama procedió a archivar la causa que investigaba el supuesto espionaje a Sánchez y varios ministros con Pegasus por la “absoluta” falta de cooperación jurídica de Israel, que no había contestado a la comisión rogatoria enviada por el tribunal.

Igualmente se pide a Israel que “fortalezca sus mecanismos de control de exportaciones para garantizar que las licencias relativas a tecnologías 'spyware' son denegadas o revocadas cuando hay un riesgo sustancial de que esas tecnologías puedan ser usadas para la represión interna o transnacional y/o la comisión de violaciones de los Derechos Humanos”. Además, quiere que haga público su marco de control de exportaciones en un plazo de seis meses y se lo haga llegar.

Investigadores del grupo ReTiCS, del Instituto de Investigación en Informática de Albacete (I3A) de La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), participan junto a otros agentes de Castilla-La Mancha en el proyecto de innovación 'Grupo Operativo Diferenciación de la Calidad de la Uva en Cooperativas de CLM (Go-DICAUVACOOP)', que hará posible que las bodegas cooperativas de la región dispongan de un software que les permita avanzar, tanto en la diferenciación de la calidad de la uva a la entrada en bodega, como en su retribución sostenible y orientada al mercado.

Este proyecto, tal y como señalan desde DICAUVACOOP, compensará económicamente al socio viticultor, mejorará la renta y calidad de vida de sus familias y respetará el entorno rural en el que desarrolla su actividad, según ha informado la UCLM en nota de prensa.

El estudio lleva aparejado el desarrollo de un software que facilitará la toma de decisiones relacionadas con la diferenciación de la calidad de la uva a la entrada en bodega, en función de la tipología de productos a elaborar, sirviendo toda la información tratada, en base a unos criterios técnicos objetivos.

Como objetivos que contempla el proyecto se encuentran el de conocer mejor la calidad de la uva a la entrada en bodega para realizar un pago más justo y equitativo; unificar los criterios de diferenciación de la calidad de la uva y facilitar un sistema de comparación de su pago; incentivar a los viticultores en la realización de buenas prácticas de cultivo respetuosas con el medioambiente que mejoren la eficiencia de los recursos utilizados; la zonificación del viñedo en base a características agronómicas homogéneas; la planificación de vendimias para una elaboración segmentada que mejore la calidad de los distintos productos vitivinícolas transformados; establecer políticas y estrategias comerciales que generen mayor valor; y posicionar a las bodegas cooperativas castellanomanchegas como referente mundial en la diferenciación de la calidad de la uva y en el cultivo sostenible del viñedo, tanto en la producción convencional como ecológica.

El Grupo Operativo está formado por Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Fundación Globalcaja, Cooperativa San Antonio Abad de Villamalea (Albacete), Cooperariva El Progreso de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real) y el grupo de investigación ReTiCS del I3A.

Su financiación se realizará mediante la ayuda destinada a promover la cooperación innovadora en los grupos operativos de innovación y la realización de proyectos piloto innovadores en el sector agroalimentario, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.

El nuevo supercomputador español ya está en el horno. El plan es que el MareNostrum 5 se ponga en marcha por primera vez en julio de este año, casi 20 años después de la instalación del primer MareNostrum, que llegó a ser el cuarto más rápido del mundo en 2004. La diferencia entre ambos da idea del increíble salto de la computación en estas dos décadas: el nuevo superordenador será 7.500 veces más potente que su primer predecesor. También 30 veces más rápido que el MareNostrum 4, que ha llegado al final de su vida útil tras seis años apoyando a investigadores españoles y europeos en sus cálculos sobre nuevos medicamentos, estudio del clima, astrofísica, lucha contra el cáncer, biomecánica, geofísica y una larga lista de disciplinas científicas.

La potencia del MareNostrum 5 ha hecho que la ubicación de su antecesor se le quede pequeña. El modelo 4 se hizo famoso por estar instalado en la capilla construida en los años 40 del pasado siglo que el Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) tiene en sus dependencias de la capital catalana. Ese original contexto para una infraestructura de la más alta tecnología le hizo ganar varios premios de belleza de supercomputadores (sí, existen ese tipo de galardones) y recibir visitas guiadas.

Pero la capilla solo puede proporcionar 1,5 megavatios para alimentar al superordenador y 160 m2 útiles. El MareNostrum 5 consumirá entre 10 y 12 megavatios, a lo que hay que sumar el equipo que lo mantendrá en condiciones óptimas para operar. Su casa de casi 1.000 m2 será comparable a los centros de datos que usan las multinacionales digitales. “Este ya es un proyecto de ámbito europeo y hemos tenido que construir un nuevo datacenter. Hace falta refrigeración, distribuciones eléctricas muy densas”, expone en conversación con elDiario.es Sergi Girona, director de Operaciones del BSC.

El proyecto MareNostrum 5 tiene un presupuesto de 150 millones de euros, financiados al 50% por la Comisión Europea y por un consorcio formado por España, Portugal y Turquía. Además de las funciones tradicionales de la supercomputación, estará especializado en inteligencia artificial o simulaciones de propagación de virus. También será el encargado de analizar e interpretar a las dos nuevas joyas de la corona de la computación española y europea: los dos ordenadores cuánticos que también se instalarán en el BSC durante 2023.

Porque la capilla convertida en referencia de la computación no se quedará vacía. Será el espacio que ocuparán estos dos nuevos prototipos, tanto el español del proyecto Quantum Spain como el europeo, después de que España fuese seleccionada en noviembre para albergarlo. “Creemos que es un espacio muy adecuado tanto desde el punto de vista técnico como de imagen”, apunta Girona. Una combinación a tener en cuenta por el llamativo aspecto que ofrecen los procesadores cuánticos.

Se espera que esta nueva tecnología revolucione el campo de la computación, pero no que sustituya a los superordenadores tradicionales. “Un ordenador cuántico es un método diferente para problemas que utilizando ordenadores digitales no se pueden resolver, porque tardan demasiado tiempo o la solución que da no es la más adecuada. Serán un complemento”, adelanta el director de Operaciones del BSC.

Dos superordenadores europeos entre los cinco más rápidos del mundo

El comienzo de la construcción del MareNostrum 5 como parte de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento (EuroHPC) ha coincidido con un gran éxito de los supercomputadores europeos. Por primera vez en décadas, dos aparatos instalados en el viejo continente han conseguido meterse en los cinco primeros puestos del ranking mundial de ordenadores más veloces en su capacidad de cálculo.

Se trata del LUMI finlandés y del Leonardo italiano, tercero y cuarto de la lista respectivamente. La lista, conocida sencillamente como el top500, ha estado dominada tradicionalmente por EEUU y Japón, a los que en los últimos años se sumó China. “Es un gran logro de Europa impulsado por el BSC para conseguir que los científicos europeos tengan acceso a tecnologías competitivas y relevantes en el mundo”, presume Girona, que recordando el papel impulsor que la institución española tuvo en la creación de la EuroHPC de la que tanto el LUMI como el Leonardo forman parte.

“En 2004, cuando instalamos el primer MareNostrum, fuimos la primera máquina europea. Nadie pensaba que España lo conseguiría. Pero desde entonces lo que ha pasado siempre es que las inversiones europeas eran diversificadas por países, mientras que en Estados Unidos compraban algunas máquinas grandes para todo Estados Unidos, y Japón compraba una sola máquina grande. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando, con el BSC como parte importante, para convencer a Europa de que hiciera una inversión conjunta”, rememora. Esa inversión llegó en 2017 con la creación de la EuroHPC.

“EuroHPC tiene dos objetivos importantes. El primero, dar servicios de supercomputación de nivel mundial a los investigadores europeos. El segundo, desarrollar tecnología propia europea. El primero se cumple intentando tener el máximo posible de máquinas en el top500 y las dos máquinas de Finlandia e Italia son el primer ejemplo”, continúa. Además del nuevo MareNostrum, a esta terna se sumará en 2024 el Jupiter alemán, que por su tipología exaescala (el primero de este tipo que se instalará en Europa) se espera que compita con el primer puesto de la lista con el Frontier estadounidense.

El MareNostrum 5 no estará centrado en conseguir la mayor velocidad de cálculo posible, entre otras cosas porque su capacidad se dividirá en dos sistemas paralelos que obtendrán dos puestos diferentes en la lista top500. Una característica que, en cambio, beneficiará su uso en la investigación. Una investigación que como recuerda Girona (y ya explicó en este reportaje de elDiario.es Mateo Valero, director del BSC) tiene entre sus principales objetivos lograr la soberanía tecnológica europea en materia de supercomputadores. Los investigadores esperan que la próxima generación de superordenadores, como el MareNostrum 6, ya no dependan de tecnología no europea para su construcción.

La práctica totalidad de alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de Cáceres en las especialidades de Informática y Telecomunicaciones se incorporan al mercado de trabajo de forma inmediata tras finalizar sus estudios, si no antes, y a diferencia de otras titulaciones, la gran mayoría lo hacen en empresas privadas.

La semana pasada saltaba la noticia de que una empresa de desarrollo software con sede en Cáceres, incorporaba a su plantilla a la totalidad de las 58 personas procedentes de los módulos formativos de seis de los IESO que cuentan con módulo formativo en alguna especialidad de informática.

La misma semana, el CEO de otra empresa internacional de desarrollo software, con sede en Cáceres y Badajoz, anunciaba a través de su cuenta de Twitter los planes de trabajo en modo fullremote (teletrabajo) de la totalidad del conjunto de la plantilla.

Esta semana en las jornadas ‘Cáceres, destino digital’ que ha organizado la Diputación de Cáceres han participado otras dos empresas regionales, que desde Extremadura proveen de soluciones basadas en inteligencia artificial a multinacionales que las incorporan como parte de sus productos.

La industria del software, del desarrollo software, se manifiesta como un sector en sí mismo que de forma transversal recorre el resto de los sectores, industrial, servicios y primario, fundamentando la transformación digital de las empresas y organizaciones, y manifestándose como una industria generadora de un sector auxiliar propio.

Es fácil entender el símil si lo comparamos con el sector automovilístico, alrededor de una factoría de coches, surgen un ingente número de pequeñas empresas que fabrican componentes auxiliares que formarán parte del vehículo: tapicería, elementos de seguridad, o pequeñas piezas de plástico.

El sector auxiliar del software lo componen empresas que prestan servicios de atención al usuario, empaquetado de soluciones, distribución y venta, marketing digital, los denominados contacts centers (algo más allá de un call center) o lo que se está empezando a denominar los albañiles del software, estos conjuntos de personas que sin ser tituladas universitarias cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para dar soporte base a los equipos de ingenierías.

Esta industria y su sector auxiliar cuentan con dos ventajas adicionales. De una parte cuenta con el don de la ubicuidad y pueden prestarse desde cualquier situación espacio-temporal, y eso incluye a la práctica totalidad de los pueblos de nuestro entorno, que cuente con una mínima infraestructura: un puesto de trabajo con fibra óptica. De otra parte, el empleo que genera es de alta calidad y estabilidad si se aplica una mínima política de gestión de talento.

Tres cuestiones sobre la mesa: necesidad de talento, necesidad de nuevas especialidades y necesidad de suelo, que tanto la administración pública, el sistema educativo y el tejido empresarial deben abordar de forma inmediata y sistémica para tratar de elevar la capacidad de la industria actual al conjunto del territorio regional y generar un ecosistema desde el que luchar contra el mayor enemigo de la región: la despoblación.

El superordenador MareNostrum 4 es muy bonito. Está instalado en el interior de una capilla propiedad de la Universitat Politècnica de Catalunya, construida en los años 40 del pasado siglo. Frente a ella hay una réplica de una cabeza monumental de la civilización olmeca, cedida por una universidad mexicana. “Ha ganado todos los concursos de belleza de supercomputadores”, presume el director del Centro Nacional de Supercomputación, Mateo Valero. Que reciba visitas guiadas por ser digno de admirar es uno de los rasgos particulares del buque insignia de la computación española, puesto que lo que suele primar en este tipo de instalaciones es su velocidad para hacer cálculos.

No es que el MareNostrum 4 no sea rápido. Pero se montó en 2017 y se está aproximando al final de su vida útil, que en los superordenadores está en torno a los cuatro o cinco años. La solución será el MareNostrum 5, que será unas 30 veces más potente. El organismo que dirige Valero, más conocido como Barcelona Supercomputing Center (BSC), ganó el pasado verano un concurso de la Unión Europea para ayudar a financiarlo. Uno de sus proyectos de investigación que llamó la atención de Bruselas es el conocido como “chip europeo”, un desarrollo tecnológico con capacidad para revolucionar no solo el sector de los supercomputadores sino también otros como el de los coches autónomos.

El “chip europeo” es un intento de aplicar la lógica del código abierto, muy avanzada en lo relativo a programas digitales (software), al mundo de los chips (hardware). “La cosa es: ¿Por qué no creamos un juego de instrucciones que sea de todos y para todos, que sirva para que cualquiera pueda hacer sus chips y que no dependamos de empresas que cobran más de 50 veces lo que vale desarrollarlos?”, explica el director del BSC en entrevista con elDiario.es. La iniciativa, denominada RISC-V, surgió en la Universidad de Berkeley en 2010 pero ha ganado un nuevo impulso en Europa en los últimos años, que no cuenta con ningún gran fabricante de chips.

El software abierto se basa en facilitar el acceso al código bajo una licencia que permite utilizarlo, reescribirlo, mejorarlo y redistribuirlo sin el permiso expreso de su autor original. Surgió como respuesta a los programas privativos que impedían a sus usuarios incorporar mejoras o funcionalidades adicionales, impidiendo explotar al máximo las posibilidades de la tecnología. La mayoría de supercomputadores realizan labores de investigación, “como los buques oceanográficos o los Observatorios de Canarias”, expone Valero, y utilizan versiones de Linux –la nave nodriza del código abierto– como sistema operativo. Sin embargo, siguen atados a las lógicas privativas y a las condiciones de venta que establecen unos pocos fabricantes de chips.

Europa no siempre ha carecido de esa capacidad estratégica. Hasta 2016 contaba con la multinacional británica ARM, pero tras el Brexit esta fue vendida a Softbank, una compañía japonesa. Los chips de ARM se usaron para crear el Fugaku, el supercomputador que ocupa el primer puesto en el prestigioso top500 de los computadores más rápidos del mundo. Está instalado en Kobe (Japón). “Llevamos tres años coordinando una iniciativa para intentar hacer procesadores que compitan con los Intel, Nvidia, ARM...”, explica el director del BSC. “Las posibilidades de colaborar, optimizar, de tomar diseños de uno, adaptarlos a tus necesidades, mejorarlos, son enormes a nivel mundial”.

“Estamos avanzando. Hoy por hoy no son comparables con los de los competidores, pero estoy convencido que si no se para la financiación, el MareNostrum 6, de aquí a cinco o seis años, podrá tener chips europeos, abiertos. Actualmente no hay ningún supercomputador que los tenga”, pide Valero, que recalca la importancia de que las instituciones apoyen esta carrera en un capítulo de Faster than the Future, editado por Digital Future Society. En el libro, el director del BSC y otros 10 expertos internacionales apuntan algunos de los retos inmediatos de la tecnología. En su presentación participaron tanto la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, como la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas.

“No habrá tecnología ética en Europa sin soberanía”

Unos 600 investigadores del BSC utilizan el MareNostrum 4 como instrumento de trabajo. Su función es realizar las simulaciones necesarias en sus experimentos. Se organizan en torno a cuatro departamentos: ciencias de computación, donde se estudian cuestiones como el big data o la inteligencia artificial; ciencias de la vida, centrada en modelización molecular del ser humano o medicina personalizada; ciencias de la tierra, que analiza el cambio climático, la calidad del aire, etc.; e ingeniería, cuya misión es “desarrollar software científico para explotar de manera más eficiente las capacidades de la supercomputación”.

Existen centros de investigación con superordenadores por todo el mundo, pero Europa se ha quedado descolgada. Ninguno de los cinco más potentes se encuentra en el viejo continente. Los primeros representantes, según el top500, son el Juwels (Alemania, 7º más rápido) y el HPC5 (Italia, 8º). El MareNostrum 4 es el número 42 de la lista. El plan europeo que cofinanciará a su sucesor tiene como objetivo revertir la situación y que los superordenadores europeos rivalicen por los primeros puestos. Es el primero que se organiza en este campo y también ayudará a construir otras dos instalaciones punteras en Finlandia e Italia.

Aunque de momento Japón se queda con la primera posición y además del Fugaku tiene otro par de superordenadores además entre las 20 más rápidas, es EEUU quien domina el sector. Su posición se consolidó aun más tras una nueva venta de ARM, que el pasado septiembre pasó de SoftBank a la estadounidense Nvidia. China, que ha realizado una gran inversión en los últimos años, se le acerca cada vez más, aunque aún existe distancia entre las dos superpotencias.

La iniciativa del chip abierto está enfocada a los superordenadores de los centros de investigación, pero puede repercutir en toda la sociedad. “Europa tiene que tener tecnología soberana, primero porque a nivel económico va a generar un rendimiento, pero segundo, porque si quieres hacer una internet ética, tienes que dominar la tecnología que la sostiene”, expone Mateo Valero. “En Europa defendemos que somos los que tenemos las mejores regulaciones éticas. Pero si no eres tú quien desarrolla la tecnología, el problema te vendrá dentro”.

En Europa defendemos que somos los que tenemos las mejores regulaciones éticas. Pero si no eres tú quien desarrolla la tecnología, el problema te vendrá dentro

El problema que define el director del Centro Nacional de Supercomputación se da tanto a la parte física de las tecnologías de la información como al código informático que las rige. En medio del debate sobre el poder de multinacionales digitales como Google o Facebook, Valero recuerda que la situación es similar en lo relativo a los chips, con empresas como Intel o Nvidia dominando el sector. “¿Por qué enfocarnos en los procesadores? Porque son los elementos que procesan toda la información”.

En cualquier caso y pese a que su campo de especialización es el hardware, Valero no ahorra críticas sobre las multinacionales digitales. “Nos han hecho esclavos sin haber habido ninguna guerra”, asevera en su conversación con este medio. “Lo que están haciendo estas empresas es inmoral, aunque sea legal. Te hacen firmar una serie de consentimientos para poder comunicarte con tus familiares y amigos, para luego hacer negocio con tus datos. Y lo que es mucho peor, para tratar de cambiar la forma en la que piensas”.

“La situación tiene que cambiar”, sentencia el experto, ganador de numerosos premios como el Eckert-Mauchly, considerado el más prestigioso en arquitectura de computadores. “Europa tiene que intentar que los datos sean de los que los producen, de que no se puedan extraer sin más, jugar con ellos y, sobre todo, mandarte consignas en cada segundo sobre qué tienes que hacer. Yo no tengo redes sociales. Tuve Facebook hasta hace ocho años. Lo dejé porque vi que se puede vivir sin él y no tengo por qué nutrir con mis datos ese gran negocio”.

El sur de Camerún ha apostado por la medicina social para combatir las enfermedades. Cuatro centros sanitarios de las ciudades de Yaundé, Kribi, Bikop y Obout, dirigidos en su mayoría por mujeres, han informatizado sus sistemas empleando un software sanitario libre a través de la ONG GNU Health, fundada por el médico e ingeniero informático canario Luis Falcón. El propósito: hacer más accesibles los historiales clínicos de los pacientes y comprender su contexto social, educativo y económico para elaborar diagnósticos precisos y buscar soluciones efectivas.

Profesionales de la salud camerunesa han recibido formación durante dos años para manejar estas herramientas libres que les permiten independizarse de las multinacionales que gestionan los sistemas informáticos sanitarios. Una tarea aún pendiente en España y en el resto Europa. “No se entiende que en un sistema de sanidad pública, nuestros historiales estén en manos de entidades privadas y la propia ciudadanía no tenga acceso a ellos”, defiende Falcón. 

El siguiente paso a dar en Camerún es la creación de una red nacional entre todos los centros sanitarios. Esta interconexión abre la posibilidad de que las instituciones responsables de la salud pública obtengan datos globales sobre los índices de bienestar social de la población. Por otra parte, permite identificar en distintos puntos del Estado casos de sida, tuberculosis y malaria, las principales enfermedades que azotan al país del Golfo de Guinea. De esta forma, se podrán activar protocolos de prevención inmediatos en los núcleos próximos a la persona afectada, con el fin de evitar el contagio. “Nuestra medicina siempre ha sido reactiva, pero la clave está en la prevención y en perseguir un estado de salud y no de enfermedad”, apunta el doctor canario.  

La educación ocupa un papel protagonista en este protocolo. Falcón explica que quienes padecen estas patologías también son objeto de grandes estigmas: “Los niños huérfanos cuyos padres han muerto de sida a veces son aislados. En este caso, se debe hacer entender que por jugar o tocar no se pega el VIH”. La educación sexual es otro de los pilares de la salud. “Cuando desconoces algo, te conviertes en víctima de esta ignorancia. Es anacrónico que en España la derecha intente poner en cuestión la necesidad de formar a los menores en estas áreas”, señala. 

Conocer a los pacientes para entender su salud 

El contexto socioeconómico es “igual o más importante que el biológico” para la salud de las personas. El sistema informático que promueve GNU Health cuenta con una serie de indicadores que permiten identificar si el paciente pertenece a un núcleo familiar funcional o disfuncional. Para ello, se tienen en cuenta cuestiones como el nivel afectivo, la fragilidad de la familia, el nivel académico o el tiempo que emplean las personas en dialogar con su círculo más cercano. “Si no puedes comer, no tienes formación sobre cómo prevenir enfermedades y tus relaciones familiares son nulas, eres más vulnerable ante la enfermedad”, apunta Falcón. Por tanto, la raíz de las patologías, en gran parte de los casos, son más profundas. “Medicar es solo un paliativo si no se atienden las causas reales”, señala. 

El médico canario encuentra en este aspecto un paralelismo con la atención de los problemas de salud mental en Europa. “Estamos inmersos en una epidemia de ansiolíticos que solo genera un desbalance químico en el cerebro”, considera. Asimismo, el profesional lamenta que el papel del psicólogo se haya silenciado durante muchos años en favor de la industria farmacéutica. “El acompañamiento psicológico es fundamental, si no, no estamos atajando los motivos que producen un trastorno mental”, insiste. 

Al otro lado del continente africano, en Tanzania, y también en Angola, GNU Health ha contactado  con algunos centros sanitarios para implantar este sistema de software libre. Para su expansión por el Planeta, la organización ha contado con la ayuda de distintos centros académicos como la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) de Argentina. “Esperamos que la filosofía de la medicina social logre filtrarse a Europa desde el sur”, subraya Falcón. 

La empresa pública Gran Telescopio de Canarias SA (Grantecan) está interesada en contratar para su Grupo de Operaciones de Ingeniería un ingeniero de Operaciones con perfil Software para operaciones y mantenimiento e invita a aquellos interesados a presentar su candidatura antes del 4 de julio.

El ingeniero que se precisa “se incorporará al Grupo de Operaciones de Ingeniería para el mantenimiento y mejora del software de control y equipamiento relacionado del GTC, incluyendo la gestión de las incidencias diarias, y de otros sistemas informáticos relacionados, así como el desarrollo de software que aporte nuevas funcionalidades a la operación, cuando se requiera”, explican. De Forma adicional, podría participar en otras tareas y actividades relacionadas con el software y equipos informáticos en la parte IT, si así se requiriese.

El centro de trabajo será la base de operaciones de Grantecan en Breña Baja, con frecuentes estancias de trabajo el Observatorio del Roque de Los Muchachos (GTC) a 2.400 metros de altitud. Es posible que se requiera trabajo puntual en la sede de Tenerife, en San Cristóbal de La Laguna. El sueldo bruto será de entre 33.100 y 37.101 euros a convenir según la experiencia y valía del candidato.

Los trabajos que se efectúen en el Observatorio del Roque de los Muchachos tendrán compensaciones adicionales.

Los interesados deben enviar antes del 4 de julio el formulario de solicitud de empleo (disponible en la web) y currículum vitae, en formato PDF, a la dirección de correo r.personal@gtc.iac.es, indicando el número de referencia pertinente, en la línea de asunto.

“Considero la regla de oro que me exige que si me gusta un programa lo debo compartir con otras personas a quien también les guste [...] Para poder seguir utilizando los ordenadores sin violar mis principios, he decidido reunir un conjunto suficiente de software libre para poder vivir sin usar ningún software que no sea libresoftware”. Richard Stallman escribía esas palabras en un texto de 1983. En él, pedía que otros desarrolladores se unieran a su proyecto: un nuevo sistema operativo que los usuarios tuvieran la posibilidad de ejecutar, estudiar, modificar y distribuir sin cortapisas.

Stallman abandonó el Laboratorio de Inteligencia Artificial del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) para poder hacerlo realidad y evitar que se le impidiera distribuir ese ambicioso sistema operativo. Tambiėn fundó la Free Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro que impulsara el movimiento del software libre. Aunque el término ‘free’ dio lugar a confusión (también significa gratis en inglés), el propio Stallman ha repetido en muchas ocasiones que debía asociarse con la libertad de expresión y no con una “barra libre”.

Pocos años después de que el padre del ‘software’ libre planteara esos propósitos, un joven finlandés llamado Linus Torvalds anunciaba el desarrollo de un “sistema operativo (libre)”, “solo como un hobby, no tan grande y profesional como GNU”. Sin embargo, ambos proyectos acabaron combinándose: el propio Torvalds decidió distribuir el núcleo de Linux bajo la Licencia Pública General de GNU. Nacía así el sistema operativo GNU/Linux.

Hoy, el creador de Linux es considerado uno de los padres del código abierto (un término que todavía no se había acuñado) al permitir que sus herramientas se compartieran libremente y se mejorarán colectivamente. Por eso, es también una de las muchas figuras retratadas en Faces of Open Source, un ambicioso proyecto del fotógrafo Peter AdamsFaces of Open Source que muestra decenas de rostros desconocidos detrás de la revolución de la tecnología abierta.

Entre ellos, los padres de Unix, el sistema operativo que precedió e inspiró tanto a Linux como a GNU. Fue en 1969 cuando el fallecido Dennis Ritchie y Ken Thompson, dos trabajadores de los laboratorios Bell, desarrollaron la primera versión de ese sistema operativo en un miniordenador de la marca DEC. AT&T (la empresa propietaria de Bell Systems) no podía venderlo al ser una compañía de telefonía y se vio obligada a distribuir el código fuente.

Así, algunas versiones de Unix comenzaron a llegar a las universidades bajo una licencia que permitía a los investigadores modificarlo y mejorarlo. Sin embargo, con el tiempo, la operadora comenzó a defender sus derechos sobre el sistema operativo, lo que llevó a Stallman a idear GNU (que significa precisamente “GNU no es Unix”).

Del software libre a la madre del código abierto

softwareA finales de los 90, Netscape decidía liberar el código fuente de su navegador. Brendan Eich, el creador del lenguaje JavaScript, cofundó ese proyecto (Mozilla) y se encargó de dirigir el desarrollo de código abierto del popular navegador Firefox que nacería posteriormente.

Tras el anuncio de Netscape, algunos defensores del software libre decidieron reunirse y acuñar un nuevo término que se distinguiera de la “etiqueta centrada filosóficamente y políticamente del software libre”software. En 1998, la química Christine Peterson propuso uno para sustituirlo (open source) en una reunión a la que acudió Eric Raymond. Este ingeniero había escrito un ensayo precursor del movimiento de código abierto y cofundó hace dos décadas la Open Source Initiative.

Richard Stallman reconoció que ese término y el software libre describen “casi la misma categoría de software” (ambos son enemigos del software privativo), pero para él se diferenciaban en los valores. Él quería poner el foco en la libertad: “El código abierto es una metodología de programación, el software libre es un movimiento social”.

De un modo u otro, el más pragmático movimiento de código abierto tuvo éxito rápidamente. El escritor y editor Tim O’Reilly ayudó a popularizarpopularizar el término. Para ello, organizó una conferencia en Palo Alto sobre ese movimiento basado en “la amplia distribución del código fuente para estimular la innovación y aumentar la calidad del software”.software

A ella asistieron el propio Linus Torvalds o Guido van Rossum, el padre del lenguaje de programación Python. Fue en sus vacaciones de 1989 cuando este informático comenzó a trabajar para crear un lenguaje que fuera sencillo para tareas rápidas y al que bautizó en honor a la serie Monty Python’s Flying Circus de los famosos humoristas británicos.

Van Rossum quería compartir Python con otros programadores y usó una licencia modificada del MIT para conseguirlo.licencia modificada del MIT A través de listas de correos, foros de discusión y conferencias, la comunidad Python creció rápidamente. Por su trabajo, los miembros decidieron nombrar a Van Rossum “dictador benévolo de por vida”.

Este programador siempre luchó para que su lenguaje se mantuviera como un software de código abierto. En 2001, creó para ello la Python Software Foundation, una organización sin ánimo de lucro que tiene los derechos de Python y administra sus licencias open sourceopen source, manteniéndolo independiente de empresas y gobiernos. Acaba de recibir el Fellow Award del Computer History Museum por su trabajo.

Los reyes del open source en el siglo XXI

open sourceEl mismo año en el que Van Rossum creaba su fundación, nacía Wikipedia, la enciclopedia libre y abierta. El contenido textual se encuentra bajo las licencias GNU y Creative Commons, y MediaWiki, el software detrás de Wikipedia, también es libre. Ese carácter abierto ha hecho que Katherine Maher, la actual directora ejecutiva de Wikimedia Foundation (la organización sin ánimo de lucro que gestiona la Wikipedia), también forme parte de Faces of Open Source.

Aunque sea menos conocido, el software libre y de código abierto ya había llegado a la edición de imágenes por aquel entonces, frente a alternativas privativas como Photoshop. En los 90, los desarrolladores Spencer Kimball y Peter Mattis concibieron GIMP (GNU Image Manipulation Program, en honor a Stallman) como un proyecto de clase cuando estudiaban en la universidad. Hoy este editor de imágenes open source, cuyo código cualquiera puede ver, modificar y ampliar, continúa vivo.

Otra de las madres del código abierto reflejada en ese proyecto fotográfico es Helen-Hou Sandi,Helen-Hou Sandi una de las desarrolladoras principales del popular sistema de gestión de contenidos (CMS) Wordpress. Lanzado en 2003, la plataforma defiende “la democratización de la publicación y en las libertades que vienen del código abierto”. Gracias a ello, miles de programadores tienen a su disposición el código fuente de Wordpress, que hoy está en las bambalinas de millones de webs (según la propia plataforma, el 30%).

Del cerebro de los robots al ‘hardware’

La filosofía libertaria ha llegado incluso al ámbito de la robótica. En 2006, un emprendedor millonario fundó Willow Garage, un laboratorio que aspiraba a ser el Xerox PARC de los autómatas. Para ello ficharon, entre otros, a Eric Berger y Keenan Wyrobek, que habían ideado un software de robótica de código abierto en la Universidad de Stanford. Lo hicieron realidad en ese laboratorio, donde lo implementaron en los populares humanoides PR2, que pronto comenzaron a mejorar sus habilidades.

Otros de los miembros que trabajaron en el desarrollo de ROS (Robotic Operating System), conocido como el “Linux de la robótica”, también aparecen retratados en Faces of Open Source. Entre ellos, Tully Foote, un programador que hoy se encarga del mantenimiento de ROS desde la Open Source Robotics Foundation, y Melonee Wise, actual CEO de Fetch Robotics, una compañía de robots móviles que también hacen uso de ROS. Ambos son padres, además, de TurtleBot, un kit de robots personales de código abierto.

Peter Adams, el creador de Faces of Open Source, también ha tenido en cuenta cómo la revolución del código abierto ha llegado en los últimos años al ámbito del hardware. Una de las retratadas es la ingeniera Limor Fried, creadora de Adafruit,Adafruit una plataforma dedicada a la venta de productoaus de electrónica open source, muchos de ellos desarrollados en la propia compañía. En su blog y en su canal de YouTube podemos encontrar miles de proyectos DIY que se han convertido en un referente para los makers.

“Aprendí a programar con el software de código abierto, por lo que me pareció natural intentar aplicar la misma filosofía a mi joven negocio de hardwarehardware”, explicaba Fried en una entrevista. Apodada Ladyada (en honor a Ada Lovelace, la primera programadora de la historia), pasó de fundar Adafruit en su dormitorio del MIT allá por 2005 a convertirlo en una gran empresa en la que el año pasado trabajaban más de un centenar de personas.

El mismo año en el que Friedman lanzaba Adafruit, dos italianos, dos estadounidenses y un español (David Cuartielles)David Cuartielles daban otro paso en la revolución del hardware libre fundando Arduinohardware. Sus económicas placas dotadas de microcontroladores se popularizaron rápidamente en la comunidad maker: el hardware, el software y la documentación son libres para que se pueda crear y compartir.

Hay muchas otras personalidades que han puesto su granito de arena en la revolución del código abierto, una filosofía que otorgó un toque libertario a la tecnología. Pese a que algunos de ellos no sean demasiado conocidos, lo cierto es que gracias a su trabajo hoy dispones en tu ordenador o tu smartphone de muchas herramientas creadas por una gran comunidad de programadores que pudieron nutrirse unos del trabajo de otros para mejorar sus creaciones.

---

Todas las imágenes son propiedad de Faces of Open Source/ Peter Adams.