Cuando los potenciales usos terapéuticos de las drogas ni siquiera habían aparecido en la conversación pública, el psicólogo y doctor en farmacología José Carlos Bouso (Madrid, 1970) ya investigaba las propiedades del MDMA para tratar el estrés postraumático en víctimas de violaciones.

Era 1999 y Bouso, doctorando en la Universidad Autónoma de Madrid, lideraba un ensayo clínico financiado por una entidad americana y con el aval del Comité de Ética del Hospital de La Paz y del Ministerio de Sanidad.

En mayo de 2002, sin embargo, un artículo en prensa reveló la existencia del estudio y se generó un escándalo. A los pocos días la Comunidad de Madrid canceló el ensayo, que estaba ya en la segunda fase de las cuatro que se requieren para aprobar un medicamento.

Un cuarto de siglo después, Bouso es uno de los mayores expertos mundiales en la investigación en psicodélicos y ha visto como su campo de estudio ha dejado de ser un tabú en la psiquiatría.

El pasado otoño publicó Medicina Psiquedélica (Kairós), un compendio de todo lo aprendido durante tres décadas estudiando las propiedades terapéuticas de las drogas. La conversación tuvo lugar el pasado día de Sant Jordi en Barcelona y ha sido editada para mejorar su claridad y recortar su extensión.

Después de que un artículo en prensa acabara con su ensayo, ¿imaginaba que 25 años después los periodistas estarían haciendo reportajes sobre el renacer psicodélico?

No esperaba que el capitalismo fuera a entrar tan a saco a apoderarse de estas sustancias. Era algo insospechado, aunque yo siempre tuve claro que el MDMA algún día iba a ser un medicamento. Lo que no sabía es que sería de esta forma, en la que, por una serie de razones —entre ellas el fracaso de la psicofarmacología clásica—, toda la industria farmacéutica se ha volcado de repente en esto.

Cuenta en el libro que ese artículo frenó la posible regulación médica del MDMA durante años.

Por lo menos 10 años. Porque la FDA [el regulador sanitario en EEUU] tardó una década más en autorizar el primer estudio en EEUU. Nosotros ya hubiéramos ido bastante avanzados.

Paradójicamente, entonces gobernaba Aznar en España. Y ahora en EEUU es Trump quien está acelerando la entrada de los psicodélicos en la medicina. ¿La izquierda no ha sabido surfear esta ola?

No, en absoluto. Es otro de los efectos paradójicos que estamos viviendo con estas sustancias. Siempre se han asociado a movimientos contraculturales, pero ahora es justo la derecha norteamericana quien más las apoya. Y por supuesto todas las corporaciones, con Elon Musk y otros magnates de Silicon Valley.

¿A qué lo atribuye?

Se ha visto un filón. La industria farmacéutica ya no invierte en psicofármacos porque saben que su utilidad es limitada. A pesar de que en España somos el primer consumidor del mundo de antidepresivos, su eficacia tiene muchas limitaciones y empiezan a verse efectos adversos. Hace 50 años que no ha habido una sola innovación en psicofarmacología. Otro de los elementos que ha generado el entusiasmo de la derecha MAGA es que el MDMA se empezó a utilizar con excombatientes.

El ensayo que lideró en 1999 tocaba dos tabús: las consecuencias psicológicas de las violaciones y el éxtasis, que entonces estaba muy mal visto.

Sí, porque el éxtasis era la droga de la juventud de ese momento y supuestamente estaba aniquilando a nuestros chavales. Dos de las drogas más controvertidas de la historia, el LSD y el MDMA, están a punto de convertirse en medicamentos junto a la psilocibina.

¿Qué usos potenciales tienen?

El LSD para la depresión y la ansiedad generalizada, el MDMA para el estrés postraumático y la psilocibina para la depresión. ¡Piensa que la FDA llegó a decir que el LSD nunca iba a tener una aplicación médica!

¿Se les exige más a los psicodélicos que al resto de medicamentos?

Ahora mismo no. En aquel entonces sí. En los últimos diez años todo ha dado un giro de 180 grados: hay ensayos clínicos con psilocibina en los que la eficacia tampoco es mucho más alta que la de algunos antidepresivos, pero hay una especie de hype y de encantamiento. Antes ser investigador psicodélico te podía costar la carrera, como estuvo a punto de costarme a mí, y hoy es algo “cool”.

Siempre tuve claro que el MDMA algún día iba a ser un medicamento

El boom ha sido muy rápido, de apenas una década.

Las razones son varias. Entender cómo funcionan los psicodélicos en el cerebro puede ayudarnos a comprender la complejidad de algunas enfermedades mentales, sumado a que llevamos 50 años sin nuevos psicofármacos. Y ha pasado algo insólito: hay un interés popular por estas sustancias. No hay un interés popular por la cardiología, por ejemplo, pero sí con los psicodélicos porque tienen un potencial recreativo.

¿Hay una burbuja con los psicodélicos?

Hay una burbuja, seguro. Porque hay un sobreentusiasmo…

… que usted intenta rebajar en el libro.

Trato de ponerlo en el lugar que le corresponde según la evidencia. Cuando esa burbuja estalle, las cosas se pondrán en su sitio.

Los psicodélicos pueden ser útiles, pero no son milagrosos.

No creo que vayan a revolucionar la psiquiatría. Son una opción terapéutica más: a algunas personas les funcionarán muy bien y a otras no, como ocurre con cualquier medicamento.

¿Por qué cuesta encontrar voces ponderadas sobre este tema?

Porque verlo como una solución mágica también atrae financiación. Los medios, probablemente con la complicidad de algunos investigadores, han amplificado resultados que había que tomar con cautela.

Hasta hace poco, medicina psicodélica era casi un oxímoron. Buena parte de los psiquiatras eran muy críticos con las propiedades de las drogas...

No voy a decir nombres, pero algunos psiquiatras que me veían como alguien a quien casi había que encerrar ahora son líderes de opinión en psicodélicos. Yo he atravesado todas las fases y me divierto bastante viendo según qué cosas.

¿Se podría decir que el tiempo le ha dado la razón?

He visto colegas defender ahora la psilocibina para la depresión con un entusiasmo que no se corresponde con lo publicado. Hay un poco de todo: los psiquiatras necesitan medicamentos que funcionen y los actuales lo hacen de manera limitada. Se ha producido una especie de contagio en el entusiasmo, algo que curiosamente no ha pasado con el cannabis.

¿España ha sido un país pionero en la investigación en psicodélicos?

En los 90 había seis grupos de investigación en todo el mundo y dos estaban en Catalunya: el equipo de Jordi Riba en Sant Pau con la ayahuasca y el de Magí Farré en el Hospital del Mar con MDMA.

Ahora sus propiedades se investigan en los sitios más prestigiosos.

Universidades como Yale o Harvard ya tienen departamentos dedicados a ello. También el Imperial College o el Royal College de Londres. La Unión Europea ha destinado 60 millones a investigación de sus propiedades en enfermedades terminales…

Sus estudios no cuentan con ninguna universidad ni gran hospital público detrás. ¿Qué ha supuesto esto?

Fuera de la academia tienes la desventaja de no contar con recursos económicos y tecnológicos, pero haces lo que te da la gana. Yo he hecho toda mi vida lo que me ha dado la gana. Me ha costado más ganarme la respetabilidad y todo era más fácil cuando trabajaba en el Hospital de Sant Pau, por ejemplo, pero hemos salido adelante: hemos terminado el primer ensayo clínico del mundo con ibogaína.

Antes ser investigador psicodélico te podía costar la carrera y hoy es algo “cool”

La antesala de este ensayo con la ibogaína fue un tratamiento que hizo en su casa a una mujer que llevaba 17 años enganchada a la metadona.

La conocí en una charla en la que expliqué que estaba trabajando en un protocolo con ibogaína. Al terminar me dijo que quería participar, pero todo iba muy lento. Quería hacerlo por su cuenta, y antes de que lo hiciera sola montamos una clínica improvisada en mi casa: alquilamos un electrocardiograma, compramos la ibogaína y se quedó con su pareja unas cuatro semanas en mi domicilio.

¿Funcionó?

Sí, se desintoxicó completamente de la metadona.

En el libro define la ibogaína como el compuesto más extraño. ¿Por qué?

Farmacológicamente es muy “sucia”, lo toca absolutamente todo. No se sabe qué mecanismo elimina el síndrome de abstinencia, ni si es necesario que actúe sobre todo para lograrlo. Por eso es la droga más extraña, porque es la más desconocida en cuanto a su mecanismo de acción.

El MDMA lo describe como la “droga total”.

Sí, pero no por su farmacología, sino por sus efectos. Genera una sensación de seguridad emocional. Permite a personas que sufren reconocerse tanto a ellas como a su entorno durante unas horas como su mejor versión, y eso desde el punto de vista terapéutico facilita cambios transformadores.

Todo apuntaba que en 2024 ya estaría aprobado como medicamento, pero la FDA lo tumbó.

Fue un jarro de agua fría. En 2017 lo había calificado como Breakthrough Therapy, una calificación que se da a tratamientos innovadores que sirven para tratar enfermedades que no tienen buenos tratamientos u otras alternativas eficaces y seguras. Se estimaba en un 90% las posibilidades de que se aprobara como medicamento.

¿Qué ocurrió?

En ese momento Trump no había empezado a soltar sus flamas propsicodélicas. Un comité consideró prematuro autorizarlo por el riesgo cardiovascular, aunque si miras la literatura es mínimo. Se basaron en usuarios recreativos y no en pacientes. 

¿Cuándo estará disponible?

He fallado en todas mis predicciones. Pero recientemente Trump ha pedido acelerar estos procesos, incluso el uso de la ibogaína, que es la única de estas sustancias que no está en ninguna fase de ensayo clínico en EEUU.

Explica en el libro que el MDMA lleva décadas utilizándose de manera clandestina en muchas consultas, sobre todo en Catalunya.

En los 90 Catalunya fue un foco de inspiración psicodélica: la revista Ulises, el primer encuentro psicodélico en el CCCB, las jornadas de enteógenos que organizaba [Josep Maria] Fericgla, en las que vinieron figuras como Shulgin, Hofmann... Siempre ha sido un territorio que se ha prestado a la innovación en el ámbito contracultural relacionado con las drogas

En Barcelona está la Clínica Synaptica, en la que ejerce de director científico y ofrecen tratamientos con Ketamina.

Al principio costó, pero está yendo muy bien. De momento usamos ketamina, que es la única autorizada, pero la idea es poder incorporar el resto de psicodélicos. Al final son medicamentos que van a estar a disposición de cualquier psiquiatra que quiera utilizarlos.

En todo caso, usted defiende que el mejor entorno para tomar psicodélicos no es la consulta de un psiquiatra. Habla de un entorno natural, preferiblemente en un medio comunitario… ¿Cómo convive esto con la medicalización de los psicodélicos? 

Aunque se están medicalizando, históricamente los psicodélicos se han usado en contextos comunitarios, tanto en las comunidades indígenas como en Occidente, y sigue siendo así: en ceremonias del [credo] Santo Daime, en los centros que hay por todo el país donde cada fin de semana la gente se junta a tomar ayahuasca… He dedicado el libro a la medicalización, pero podría haberlo dedicado al uso comunitario.

Hay una burbuja y un sobreentusiasmo con los psicodélicos

Y en esta realidad aparecen las farmacéuticas. Producir un gramo de MDMA cuesta un euro, en el mercado negro se vende a entre 40 y 60 pero en Australia, donde ya es un medicamento, vale 4.000 euros. ¿La medicina psicodélica solo será para ricos?

Sin duda, al principio sí. Son tratamientos largos y caros, y el sistema público no está preparado: Una sesión con MDMA son seis horas, una de LSD son 14-16, una con ibogaína requiere un día entero de hospitalización. Esto en el modelo que defiendo, que implica un proceso de psicoterapia, de preparación, la sesión con la sustancia y luego un proceso de integración.

¿Lo ve como un fracaso?

Por supuesto, es un fracaso del sistema. Lo que pasa es que será solo al principio. 

Estas sustancias no tienen patente ¿no?

Exacto. En tres o cuatro años tras su comercialización podrán desarrollarse versiones más baratas. Lo ideal sería que el Estado asumiera su producción.

Antes de acabar, quería hablar de ayahuasca. Asegura que nunca hubiese pensado que dedicaría casi la mitad de su carrera y de su vida al estudio de algo tan exótico.  

Mi droga de investigación era el MDMA y nunca me hubiera gustado salir de ahí. Pero por accidente empecé a investigar la ayahuasca y no tengo ninguna queja. Me ha permitido viajar e ir a sitios de la Amazonía donde nadie había llegado antes, con auténticos maestros y maestras en comunidades en las que solamente se practica la medicina ancestral como se ha practicado siempre. He tenido algunas de las experiencias más interesantes de mi vida, pero también es cierto que el mundo de la ayahuasca es complicado. 

¿Por qué?

Porque estás sometido a mucho escrutinio. Cuanto más visible eres y más fuerza tiene el movimiento indigenista, más en el punto de mira estás porque eres un intruso que ha venido a estudiar su medicina. Y, ¿quién eres tú para estudiar su medicina? Esto también me ha ido cansando y ya no quiero saber nada más de la ayahuasca. Quiero volver a las drogas de síntesis. 

Cualquier iluminado que ha ido a la Amazonía a tomar ayahuasca se pone dos plumas y organiza ceremonias por aquí, generando auténticos disparates

¿Qué riesgos tiene su globalización?

Que el conocimiento ancestral se desvirtúa. Esto no es ni bueno ni malo. En Perú les viene de puta madre que vayan los gringos a tomar ayahuasca, pero cada vez se practica menos la medicina ancestral. Pero es que las sociedades amazónicas también han cambiado mucho y los chavales ya no quieren quedarse en la selva viviendo de la agricultura, de la pesca y muriendo jóvenes. Quieren salir a las ciudades. 

¿Se está banalizando su uso en Occidente?

Totalmente. Para mí es el principal problema. Cualquier iluminado que ha ido a la Amazonía a tomar ayahuasca se pone dos plumas y organiza ceremonias por aquí, generando auténticos disparates.

Por culpa de estos “iluminados”, algunos comunicadores pintan la ayahuasca como una herramienta de lavado del cerebro previa entrada a una secta. ¿Qué opina del trabajo de Carlos Tamayo?

No conozco su trabajo porque nunca me han interesado los reportajes sensacionalistas de cámara oculta, pero sí conozco lo que ha hecho con la ayahuasca y conmigo. Se ha comportado de forma especialmente virulenta y manipuladora. Yo no sé la calidad ética y profesional que habrá tenido en otros reportajes, pero en los de la ayahuasca ha falseado muchas cosas.

¿Me puede dar algún ejemplo?

Yo siempre he denunciado las malas prácticas con la ayahuasca y organicé una mesa redonda para hablar de los abusos cometidos por chamanes en ceremonias. Me puse a imitar los discursos de estos charlatanes para ejemplificar cómo trataban de engañar a la gente. Tamayo recortó ese fragmento y lo puso en su documental como si fuera mi discurso real. Hay varios ejemplos similares...

Tras casi cuatro años de instrucción, la Audiencia Nacional sigue estrechando el cerco sobre los responsables de la estafa piramidal de inversión en cannabis Juicy Fields. El tribunal especial decretó el pasado 1 de abril prisión provisional sin fianza para Viktor Bitner, considerado uno de los cerebros del fraude y al que distintas fuentes relacionan con los servicios de inteligencia del Kremlin.

Según un auto del juzgado central de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso elDiario.es, la medida cautelar responde al riesgo de fuga y de destrucción de pruebas. El juez sitúa a Bitner como una pieza clave en la creación de la primera sociedad utilizada en la estafa y en la gestión de movimientos bancarios destinados a ocultar fondos.

La estafa piramidal de Juicy Fields fue destapada por esta redacción en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero en lo que se considera el fraude financiero más grande de Europa.

La estafa se estima en unos 645 millones de euros, de los cuales al menos 24 millones habrían sido defraudados a clientes en España.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

Bitner ya había sido detenido en abril de 2024 en una operación coordinada por Interpol contra la trama. Tras quedar en libertad provisional en Alemania, donde también se investiga el caso, se trasladó a Suiza, donde fue arrestado de nuevo el pasado 31 de marzo en virtud de una orden europea. Trasladado a España, se acogió a su derecho a no declarar.

Nacido en 1969 en Novodolinka (Kazajistán), entonces parte de la Unión Soviética, Bitner fundó en noviembre de 2019 la sociedad Juicy Grow GmbH, origen del entramado empresarial de Juicy Fields.

Apenas dos años antes de registrar la empresa con la que se vehicularía la estafa piramidal del cannabis, Bitner participó como emisario del Kremlin en un intento de vender a la CIA armamento informático que había sido robado previamente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. 

El pacto, fraguado en la embajada de Moscú, también incluía la entrega de un supuesto vídeo de Donald Trump con prostitutas en la capital rusa, pero los agentes de la CIA abortaron el acuerdo tras haber hecho un primer pago a Bitner de 100.000 dólares en un hotel de Berlín, según publicó el New York Times. 

Bitner no es el único lazo con el Kremlin de la estafa. Tal y como desveló este periódico, otro de los acusados aseguró ante el juez que parte del dinero de Juicy Fields se destinó a una fábrica de drones vinculada al Ministerio de Defensa ruso.

El hombre que gestionaba el dinero

El auto judicial describe a Bitner como uno de los principales gestores financieros de la trama. Estaba autorizado para operar una cuenta en Chipre que llegó a recibir hasta 162 millones de euros procedentes de inversores.

Bitner también controlaba las cuentas destinadas a pagar a empleados y a algunos clientes que obtenían beneficios iniciales, una práctica habitual en este tipo de estafas para generar confianza y atraer nuevos fondos.

Entre sus funciones figuraba la apertura constante de cuentas bancarias a nombre de Juicy Fields para garantizar la operativa en caso de bloqueos. Además, era el encargado de responder ante las entidades financieras cuando surgían sospechas por los elevados movimientos de dinero.

La Audiencia Nacional también le atribuye operaciones de blanqueo a través de criptomonedas: habría recibido 3,46 millones de euros en una cartera digital que posteriormente dispersó para dificultar su rastreo.

Precio a la cabeza de Bitner

Bitner estuvo desde el primer día al frente del fraude, hasta el punto de que fue él quien se encargó de contratar al CEO de la empresa, Alan Glanse, junto al otro cabecilla de la estafa, Sergei Berezin, también encarcelado provisionalmente en España tras ser extraditado desde República Dominicana.

Berezin y Bitner, sin embargo, acabaron enfrentados porque el primero acusó a Bitner de desviar fondos de la estafa a sus propias cuentas. Según declaró un arrepentido de la estafa a la policía de Berlín, Berezin puso precio a la cabeza de Bitner y le encargó asesinarlo a cambio de una alta suma de dinero.

El encargo de asesinarle, sin embargo, no se pudo llevar a cabo y ahora Berezin y Bitner coincidirán en la cárcel de Soto del Real en Madrid a la espera de que se abra el juicio oral en la Audiencia Nacional.

Las víctimas apuntan al banco

Ante la dificultad para recuperar el dinero, parte de los afectados ha decidido ampliar la estrategia judicial y dirigir sus reclamaciones también contra la entidad bancaria chipriota que recibió buena parte de los fondos.

La principal asociación de perjudicados, representada por Zaballos Abogados, ha solicitado la apertura de una pieza separada de responsabilidad civil contra ISXPAY, el banco implicado en las operaciones.

La defensa considera que este banco jugó un papel esencial en la canalización de los fondos y que actuó como instrumento dentro de la estructura financiera utilizada para la captación y redistribución del capital de los inversores.

La solicitud, a la que ha tenido acceso este diario, se fundamenta, entre otros extremos, en el incumplimiento de los deberes de diligencia y control exigibles a las entidades financieras, conforme a la normativa europea en materia de prevención de blanqueo de capitales.

“La magnitud de las operaciones, su reiteración y la ausencia de una base económica real constituían indicios suficientes para haber activado mecanismos de control reforzado, cuya omisión habría permitido la continuidad de la operativa fraudulenta”, señalan fuentes de la defensa.

La incapacidad de varios policías en ponerse de acuerdo sobre si un conductor estaba drogado o no ha salvado a ese hombre de una pena de cárcel por un accidente de coche del que no era responsable. Un juez ha dictaminado que para ser condenado por conducir bajo los efectos de las drogas hace falta, precisamente, estar bajo los efectos de las drogas. Y que debe quedar acreditado.

Pero no con un mero positivo en el test de droga en carretera, el llamado drogotest, y menos si es de saliva. No es suficiente, sostiene este magistrado, y no es el primero que lo dice. En este caso “no ha quedado suficientemente acreditado que el acusado exteriorizara signos de afectación o intoxicación por la ingesta de marihuana ni que condujera bajo la influencia de esta sustancia, siendo la prueba practicada insuficiente a los fines pretendidos, por lo que debe prevalecer el principio in dubio pro reo y (...) se debe absolver al acusado de la acusación que sobre él pesa”.

El abogado que ha llevado el caso, Francisco Azorín, cree que “es necesario que se regule mejor los test de droga en carretera, porque el test en saliva ofrece resultados positivos a los varios días de haber consumido y se debería de ofrecer siempre el derecho a una prueba de contraste en sangre a las personas que dan positivo en saliva. Además, el test de signos externos sobre la afectación en las capacidades psicofísicas para la conducción no debería realizarse por la policía, sino por un médico. Esto ayudaría a resolver estos procedimientos condenando a las personas que efectivamente hayan provocado el accidente por ir bajo los efectos de las drogas y absolvería a aquellos que consumieron días atrás y que esa ingesta de drogas en nada tuvo que ver con el accidente”.

El sistema de detección de drogas en carretera (y posterior sanción) está cada vez más cuestionado tanto por jueces como por expertos y asociaciones civiles. Los drogotest en saliva devuelven positivos varios días después de haber consumido sustancias, pero además ni siquiera detectan necesariamente drogas: un juez anuló hace unos meses una multa de mil euros y seis puntos del carné de conducir a una mujer porque el aparato había dado positivo por un metabolito, una sustancia que genera el organismo cuando ya ha procesado y depurado la cocaína y por tanto no está bajo sus efectos, como recogió el magistrado en su sentencia absolutoria.

Los jueces empiezan a generar un patrón. Aquel caso fue por lo administrativo, este por lo penal, pero la conclusión es la misma y cuestiona un elemento central de la política antidroga en carretera: un positivo en un control, por sí mismo, no es siempre condición suficiente para sancionar.

Consumió la noche anterior

El hombre dio positivo por cannabis tras atropellar a una anciana. Sí, reconoció, había fumado marihuana. Pero la noche anterior, más de 12 horas antes. La perito explicaría más tarde ante el juez que es perfectamente posible que la máquina pite en esas circunstancias. Un policía creyó notar olor a porro. Veía a una persona locuaz, preocupada y con los ojos rojos y dilatados.

Pero otros dos agentes no notaron nada de eso. El olor a porro podía ser el cigarrillo que el joven se había fumado in situ para calmar los nervios tras el accidente y locuaz es compatible con nervioso, pero no es la reacción más típica del cannabis, alegaría el abogado en el juicio. El joven ni siquiera tenía culpa del accidente: la mujer, con problemas de audición, probablemente no vio ni oyó el coche y se golpeó con él. La ubicación del bollo, en la parte lateral trasera del coche, confirmaba su versión.

Estas discrepancias de los policías, la incapacidad de la perito para determinar la cantidad de THC (el principal principio activo del cannabis) necesaria en el organismo para afectar a una persona y el hecho de que el hombre no fuera responsable del atropello –si hubiera sido culpa suya se consideraría prueba de que conducía bajo la influencia de la droga– llevaron al juez a absolver al conductor.

El juez recuerda en su sentencia que el Código Penal castiga a quien conduzca “bajo la influencia de drogas tóxicas” y que, a diferencia de lo que sucede con el alcohol, el resto de sustancias no tiene un límite marcado por la ley que no se pueda superar. “Así como en el caso de la conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas se establecen normativamente unos límites máximos y objetivos a partir de los cuales la conducción se considera influenciada por la ingesta de alcohol (0,60 miligramos por litro en aire o 1,2 gramos por litro en sangre), no sucede lo mismo en el caso de la conducción bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, por lo que en estos casos habrá de acudirse a las circunstancias acreditadas del caso concreto para determinar si la conducción estaba o no influenciada por el previo consumo de droga”, escribe el magistrado.

Los cinco años de proceso que ha pasado (la causa estuvo dos paralizada), con la amenaza de perder la plaza de funcionario que acababa de sacarse, no se los quita nadie.

“Moraleja”, concluye el abogado Azorín, “si fumas por la noche y al día siguiente conduciendo, una anciana o un niño te sale entre dos coches, lo atropellas y no tienes la culpa, esa presencia de cannabis u otra droga va a convertir tu presunción de inocencia en presunción de culpabilidad y te va a arruinar la vida económica y emocionalmente. Hay que regular de manera urgente esta cuestión”, cierra.

Un sistema cuestionado

No es el primer juez que cuestiona un positivo en un control de carretera como prueba suficiente para condenar a un conductor. El magistrado que anuló una sanción por cocaína utilizaba argumentos similares a los de este caso: “Este método [un test de saliva] por sí solo no acredita de forma fehaciente que una persona se encuentre bajo la influencia de sustancias estupefacientes, sino que se trataría, en todo caso, de un mero indicador de si esa persona ha podido consumir o no una sustancia, pero sin determinar el momento en que lo ha hecho, esto es, el momento previo a conducir o incluso el mismo día, ni la intensidad o efectos de la presencia de dicha sustancia en las capacidades del sujeto para conducir”.

Además, explican expertos en la materia, cada marca de aparatos tiene un punto de corte distinto porque no existe una ley que establezca un criterio, como sí sucede con el alcohol. “Uno de los grandes problemas del sistema de medición [de drogas en carretera] es quién pone los límites en los dispositivos”, explicaba a este periódico Juan José Ramírez, quien ha estado vinculado a los controles de Tráfico durante 47 años, primero en la Guardia Civil y luego en la Policía Local de Osuna (Sevilla) y ha escrito la tesis doctoral 'Los controles de drogas a conductores en España: análisis de la legislación, la formación específica de los profesionales y los dispositivos de detección', probablemente el análisis más completo de la situación realizado en España.

“Lo normal sería que los pusiera la administración, como hace con el alcohol. Pero en estos aparatos los pone cada fabricante. Eso provoca que una misma muestra puede dar resultado negativo o positivo según el aparato”, explica. Exactamente lo mismo sucede con la prueba de sangre en laboratorio, si el conductor pide ese segundo test (está en su derecho). “Pasa lo mismo”, insiste Ramírez, “una misma muestra puede dar negativo o positivo según el laboratorio por la misma razón, no hay una norma, y puedes encontrar diferentes límites de corte para diferentes sustancias en cada laboratorio. Esto arroja inseguridad jurídica”.

Tampoco existe, señala el abogado Azorín, una ley que establezca qué sustancias pueden detectar o no los aparatos. Este vacío ha propiciado, por ejemplo, que las benzodiazepinas hayan dejado de dar positivo por decisión no se sabe bien de quién. “Si los test no detectan estos sedantes ni muchas nuevas sustancias psicoactivas no prohibidas u otras que, aunque estén prohibidas no aparezcan en el aparato, difícilmente vamos a tener un sistema que proteja la seguridad vial. Lo único que tenemos es una máquina de represión de la persona usuaria de drogas y una forma de financiar las arcas públicas”, lamenta el letrado.

El ex guardia Ramírez recordaba a raíz del caso de la mujer exonerada del positivo por metabolitos que esta postura crítica no trata de eximir a las personas que conducen bajo el efecto de las drogas, sino de poner orden en un sistema que no cree justo. “La realidad es tozuda y dice que se consume y se conduce al mismo tiempo. Y ese consumo debe estar totalmente regulado para evitar que suponga un peligro en la vía pública. Lo mismo que hay que regularlo hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, establecer las suficientes garantías procesales para que cuando se persiga un determinado caso tenga posibilidades de éxito. Hay que hacer legislaciones acordes a la realidad social. Las leyes que no son entendidas ni asumidas por los ciudadanos están llamadas a ser desobedecidas”.

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos mujeres y un hombre acusados de delitos contra la salud pública por almacenar y distribuir ilegalmente marihuana y hachís desde una asociación cannábica que se escondía tras un establecimiento de “experiencias inmersivas”. Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando un equipo de policías del Grupo de Atención al Ciudadano patrullaban por la zona.

Los agentes se percataron de un fuerte olor a marihuana que provenía de un establecimiento de ocio donde presuntamente se ofrecían “experiencias inmersivas”, según un comunicado conjunto de ambos Cuerpos. Tras acceder al local y entrevistarse con los empleados, los agentes descubrieron que realmente se trataba de una asociación cannábica, a pesar de que no estaban publicitados como tal.

En el interior se incautaron cuatro kilos de marihuana, casi 1.500 gramos de hachís, 30 kilos de resina de hachís, 80 pastillas y útiles para la distribución de sustancias. Tras unas rápidas pesquisas, la Policía comprobó que esta empresa estaba dada de alta como asociación cannábica y usaba su apariencia legal para almacenar y distribuir sustancias estupefacientes, ya que carecía de licencia para la distribución lícita de estas sustancias.

A los detenidos se les acusa de un posible delito contra la salud pública, y a uno de ellos además se le imputa también asociación ilícita. Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

Un análisis de las aguas residuales en Madrid confirma que la cocaína y el cannabis siguen siendo las drogas ilegales más consumidas, pero ahora advierten de nuevos peligros. El Ayuntamiento acaba de hacer público un estudio para el que se han tomado muestras del alcantarillado y examinado las sustancias químicas que prevalecen desde el año 2023, cuando comenzaron a recopilar estos datos. Las conclusiones, anunciadas esta mañana por la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, no solo apuntan a un abuso de estupefacientes: el peligro también se señala en dirección a algunos medicamenos, como la ketamina o las benzodiacepinas.

“Analizar las aguas residuales es una herramienta innovadora para estimar el consumo de drogas en las grandes ciudades”, ha asegurado Sanz en una visita al laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud acompañada del concejal de Hortaleza, David Pérez, y el gerente del organismo municipal a cargo del estudio y las muestras, Antonio Prieto. La investigación, desarrollada en colaboración con la Universidad Complutense, ha observado durante casi dos años los metabolitos de distintas drogas, unos compuestos que aparecen tras el consumo de sustancias y su eliminación posterior dentro el organismo.

Algo permite estimar los niveles de uso en la población de forma indirecta, sin depender únicamente de encuestas o declaraciones personales que puedan no coincidir con la realidad. Los resultados, que también se publicarán en el portal oficial de Madrid Salud, sitúan a la cocaína y el cannabis como las sustancias con mayor presencia en aguas residuales madrileñas. Se han estudiado 20 sustancias de interés, incluyendo drogas ilegales, algunos medicamentos con potencial de abuso y benzodiacepinas.

En total, se identificaron hasta seis sustancias ilegales en las muestras, obtenidas entre diciembre de 2023 y octubre del año pasado: cocaína, cannabis, anfetamina, metanfetamina, MDMA (éxtasis) y ketamina.En el resto de compuestos analizados se detectan niveles menores, aunque el estudio confirma su presencia en distintos momentos del año. Además, el estudio detectó restos de algunos fármacos con “potencial de abuso”, y entre ellos no solo se encontraba la ketamina.

Ansiolíticos, sedantes u otras sustancias con receta médica

También se advirtió de la presencia de determinadas benzodiacepinas con “potencial de abuso” como el lorazepam o lormetazepam, dos sustancias utilizadas habitualmente como ansiolíticos o sedantes que cada vez se extienden más entre la población. Sobre las drogas ilegales el análisis también permite observar patrones de consumo asociados al ocio. Mientras que el cannabis mantiene niveles relativamente estables a lo largo de la semana, los metabolitos de MDMA aumentan de forma notable durante los fines de semana, un comportamiento que los investigadores vinculan al consumo en contextos de ocio nocturno.

En datos absolutos, para el cannabis se detectaron 77,2 miligramos diarios en aguas residuales por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de Lisboa (150,8), Barcelona (220,7) o Ámsterdam (319), pero delante de otras ciudades como Santiago (54,3) o París (53,9). En cuanto a la cocaína, de las ciudades europeas con las que se han comparado los datos, Madrid es la segunda con menos consumo, con 369 miligramos al día por cada 1.000 habitantes, superando sólo a Ámsterdam.

Por encima se sitúan Lisboa, Roma, Oporto y Milán. Los resultados del estudio sitúan a Madrid en niveles comparables a los de otras grandes ciudades europeas que participan en este tipo de programas de vigilancia epidemiológica. El Ayuntamiento considera que esta información puede servir para mejorar las políticas públicas de prevención y reducción de riesgos, así como para orientar campañas de salud pública dirigidas a los grupos con mayor exposición al consumo.

En este caso, el método para identificar las sustancias con más presencia es relativamente sencillo: después de su consumo, el organismo la elimina a través de la orina y su rastro termina llegando al alcantarillado urbano, primero, y a las estaciones depuradoras de aguas residuales después. Para esta investigación, desde Madrid Salud detallan haber recogido casi 400 muestras representativas a la entrada de las ocho estaciones depuradoras: La China, Madrid Sur, Viveros de la Villa, Las Rejas, Butarque, Sur Oriental, Valdebebas y La Gavia.

El dueño de una tienda de CBD se ha librado, de momento, de la condena a nueve meses de prisión y la multa, por un delito de tráfico de drogas que no causan grave daño a la salud, que le impuso el Juzgado de lo Penal número 2 de Elche por enviar casi un kilo de cánnabis con destino a Luxemburgo en un paquete detectado el verano de 2021 en el almacén de un depósito temporal de la empresa DHL de la zona de descarga del recinto aduanero del aeropuerto de Alicante.

La sentencia inicial (que rebajó la pena al empresario, sin antecedentes penales, al reconocer las dilaciones indebidas en la causa) se basó en la única pericial practicada sobre el producto, un informe analítico elaborado por la jefa de sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas, dependiente de la Delegación del Gobierno, que concluyó que los 949 gramos de cánnabis tenían una pureza del 0,8% y un coeficiente de variación aplicado sobre el porcentaje de riqueza media del 5%, lo cual el juez consideraba “prueba suficiente para acreditar la naturaleza toxicológico-farmacéutica de la sustancia intervenida”. El magistrado descartó que se tratara, tal como alegaba el empresario, de una “mera devolución” sin que existiera “intencionalidad de tráfico”, al carecer de constancia documental. También destacó el peso de los cogollos —no era “precisamente una cuantía menor o ínfima”—, el “carácter profesionalizado y conocedor de las sustancias” por parte del acusado y el envío del paquete al extranjero “a través del tráfico mercantil internacional”.

Sin embargo, tras el recurso de la defensa, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha revocado la condena, declarando la nulidad de la causa y del juicio, al considerar que el acusado ha sufrido una “evidente indefensión”, según indica la sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El fallo alude al “desequilibrio que se ha producido entre la parte acusadora y la defensa a la hora de utilizar las pruebas que han estimado conveniente para el acto del juicio oral”. Tampoco acepta los hechos probados de la sentencia recurrida.

La Audiencia Provincial de Alicante reconoce que la defensa, que ejerce el abogado Joan Bertomeu, del despacho Brotsanbert, solicitó un contraanálisis para determinar los niveles de THC, CBD y CBN a fin de aplicar a la muestra el método del índice de psicoactividad reconocido en el procedimiento de Naciones Unidas para diferenciar el cánnabis tipo droga del tipo fibra. El CBD, al tener un índice de psicoactividad bajo, queda en una suerte de limbo en España, con tiendas abiertas en todas las ciudades lastradas por cierta inseguridad jurídica de los propietarios ante la postura de la Fiscalía Antidroga de equiparar los cogollos por igual, sean del tipo que sean.

Nulidad del procedimiento

En el caso del empresario de Elche, la primera vista del juicio se suspendió, de común acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la defensa, para que se ampliara el único informe analítico y se determinara el índice de psicoactividad. El juez ofició a la subdelegación del Gobierno en Alicante para que elaborara la prueba. Sin embargo, la Sección de Inspección Farmacéutica y Control de Drogas contestó que su laboratorio no dispone de una “método analítico adecuado” ni de patrones con los que “poder cuantificar la riqueza de dichos compuestos”.

En la fase de cuestiones previas del juicio oral, la defensa planteó que se había incumplido el requerimiento y solicitó que se remitiera el mismo oficio al Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona. El fiscal contestó que el oficio ya se había practicado, sin perjuicio de que la defensa pudiera haber conseguido otra pericial con antelación suficiente al juicio oral, celebrado el pasado mes de julio. Sin embargo, el juez inadmitió la cuestión previa planteada por el letrado del acusado.

La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, en su sentencia del pasado 5 de febrero, considera que la denegación de la prueba, que había sido acordada en un auto dictado meses antes del juicio, “causa evidente indefensión a la parte que lo solicitó”, por lo que declara la nulidad del procedimiento, lo retrotrae al momento anterior a la celebración de la vista y ordena que se practique el análisis, ya sea reiterando el requerimiento en los términos solicitados por la defensa o “dando el tiempo suficiente a la parte solicitante para que lo pueda practicar a su costa”.

Estrategia de “falta de colaboración de los laboratorios”

El letrado Joan Bertomeu enmarca la problemática planteada por la sentencia en la “práctica generalizada de los laboratorios oficiales” que realizan las periciales judiciales de “no cuantificar los cannabinoides, por considerar irrelevantes los niveles de THC y CBD”.

Bertomeu lamenta la postura de calificar a “todo cánnabis” como estupefaciente, “incluso aquel que, por su composición, no puede producir efectos en la salud”, sin diferenciarse, por tanto, “la marihuana como droga del cáñamo que no es psicoactivo”.

“Esta sentencia es un límite a esta estrategia de falta de colaboración de los laboratorios y a los jueces que la validan, porque genera una absoluta indefensión”, concluye el abogado.

L’amo d’una botiga de CBD s’ha lliurat, de moment, de la condemna a nou mesos de presó i la multa, per un delicte de tràfic de drogues que no causen greu mal a la salut, que li va imposar el Jutjat Penal número 2 d’Elx per enviar quasi un quilo de cànnabis amb destinació a Luxemburg en un paquet detectat l’estiu del 2021 en el magatzem d’un depòsit temporal de l’empresa DHL de la zona de descàrrega del recinte duaner de l’aeroport d’Alacant.

La sentència inicial (que va rebaixar la pena a l’empresari, sense antecedents penals, pel fet de reconéixer les dilacions indegudes en la causa) es va basar en l’única pericial practicada sobre el producte, un informe analític elaborat per la cap de la Secció d’Inspecció Farmacèutica i Control de Drogues, dependent de la Delegació del Govern, que va concloure que els 949 grams de cànnabis tenien una puresa del 0,8% i un coeficient de variació aplicat sobre el percentatge de riquesa mitjana del 5%, cosa que el jutge considerava “prou prova per a acreditar la naturalesa toxicologicofarmacèutica de la substància intervinguda”. El magistrat va descartar que es tractara, tal com al·legava l’empresari, d’una “mera devolució” sense que hi haguera “intencionalitat de tràfic”, per mancar de constància documental. També va destacar el pes dels cabdells —no era “precisament una quantitat menor o ínfima”—, el “caràcter professionalitzat i coneixedor de les substàncies” per part de l’acusat i l’enviament del paquet a l’estranger “a través del trànsit mercantil internacional”.

No obstant això, després del recurs de la defensa, la secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant, amb seu a Elx, ha revocat la condemna, i ha declarat la nul·litat de la causa i del judici, per considerar que l’acusat ha patit una “indefensió evident”, segons indica la sentència, a què ha tingut accés elDiario.es.

La sentència al·ludeix al “desequilibri que s’ha produït entre la part acusadora i la defensa a l’hora d’utilitzar les proves que han estimat convenients per a l’acte del judici oral”. Tampoc accepta els fets provats de la sentència recorreguda.

L’Audiència Provincial d’Alacant reconeix que la defensa, que exerceix l’advocat Joan Bertomeu, del despatx Brotsanbert, va sol·licitar una contraanàlisi per a determinar els nivells de THC, CBD i CBN a fi d’aplicar a la mostra el mètode de l’índex de psicoactivitat reconegut en el procediment de Nacions Unides per a diferenciar el cànnabis tipus droga del tipus fibra. El CBD, com que té un índex de psicoactivitat baix, queda en una mena de llimbs a Espanya, amb botigues obertes en totes les ciutats llastrades per una certa inseguretat jurídica dels propietaris davant la postura de la Fiscalia Antidroga d’equiparar els cabdells per igual, siguen del tipus que siguen.

Nul·litat del procediment

En el cas de l’empresari d’Elx, la primera vista del judici es va suspendre, de comú acord entre el ministeri fiscal i la defensa, perquè s’ampliara l’únic informe analític i es determinara l’índex de psicoactivitat. El jutge va oficiar la Subdelegació del Govern a Alacant perquè elaborara la prova. No obstant això, la Secció d’Inspecció Farmacèutica i Control de Drogues va contestar que el seu laboratori no disposa d’un “mètode analític adequat” ni de patrons amb què “poder quantificar la riquesa d’aquests compostos”.

En la fase de qüestions prèvies del judici oral, la defensa va plantejar que s’havia incomplit el requeriment i va sol·licitar que es remetera el mateix ofici a l’Institut Nacional de Toxicologia de Barcelona. El fiscal va contestar que l’ofici ja s’havia practicat, sense perjudici que la defensa poguera haver aconseguit una altra pericial amb prou antelació al judici oral, esdevingut el mes de juliol passat. No obstant això, el jutge no va admetre la qüestió prèvia plantejada pel lletrat de l’acusat.

La secció setena de l’Audiència Provincial d’Alacant, en la seua sentència del 5 de febrer passat, considera que la denegació de la prova, que havia sigut acordada en una interlocutòria dictada mesos abans del judici, “causa indefensió evident a la part que ho va sol·licitar”, per la qual cosa declara la nul·litat del procediment, el retrotrau al moment anterior a la celebració de la vista i ordena que es practique l’anàlisi, siga reiterant el requeriment en els termes sol·licitats per la defensa o “donant prou temps a la part sol·licitant perquè el puga practicar a costa seua”.

Estratègia de “falta de col·laboració dels laboratoris”

El lletrat Joan Bertomeu emmarca la problemàtica plantejada per la sentència en la “pràctica generalitzada dels laboratoris oficials” que duen a terme les pericials judicials de “no quantificar els cannabinoides, per considerar irrellevants els nivells de THC i CBD”.

Bertomeu lamenta la postura de qualificar “qualsevol cànnabis” d’estupefaent, “fins i tot el que, per la seua composició, no pot produir efectes en la salut”, sense diferenciar-se, per tant, “la marihuana com a droga del cànem que no és psicoactiu”.

“Aquesta sentència és un límit a aquesta estratègia de falta de col·laboració dels laboratoris i als jutges que la validen, perquè genera una indefensió absoluta”, conclou l’advocat.

La promesa de hacerse rico por invertir en plantaciones de cannabis de la estafa piramidal Juicy Fields escondía un trasfondo inimaginable para quienes perdieron sus ahorros en el negocio: buena parte del dinero defraudado acabó destinado a una fábrica de drones del Ministerio de Defensa ruso. 

Uno de los cerebros de la trama, Sergei Berezin, afirmó el pasado 11 de noviembre ante el juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional que prácticamente la mitad de los 645 millones de euros defraudados acabaron destinados a una fábrica de drones en San Petersburgo, según fuentes presentes en la declaración. 

La confesión de Berezin, extraditado a España tras su detención en abril de 2024 en República Dominicana, donde se escondía bajo una identidad falsa, apuntala lo que algunos investigadores llevan tiempo sospechando: el mayor fraude piramidal de Europa contó con el respaldo del Kremlin y en él participaron agentes vinculados a los servicios secretos rusos y al grupo de mercenarios Wagner. 

El fraude de Juicy Fields fue destapado por elDiario.es en un reportaje en mayo de 2022 y, apenas dos meses después, sus responsables desaparecieron llevándose todo el dinero.

La empresa, que llegó a tener una sede en Valencia, prometía grandes rendimientos (de hasta un 160%) por invertir en supuestas plantaciones de cannabis medicinal que después resultaron no existir. Se calcula que hay hasta 180.000 inversores afectados que perdieron cientos de millones de euros de la noche a la mañana. 

La declaración voluntaria de Berezin ante el juez ha supuesto un giro en la investigación. Por primera vez, el presunto cabecilla de la trama admitió que nunca existieron beneficios de las plantaciones de cannabis y que, de los 645 millones de euros robados, apenas 30 se destinaron a contratar personal, elaborar estrategias de márketing y financiar cultivos para dar una apariencia de credibilidad al negocio. 

Berezin empezó afirmando ante el juez instructor que era un simple traductor con conocimientos de márketing. Tres horas más tarde, sin embargo, acabaría admitiendo que tomaba decisiones de calado en la organización. Mencionó el nombre de cuatro personas que lideraban la mitad del fraude y afirmó que la otra mitad la manejaban unos “socios ocultos” en Rusia cuya identidad no quiso desvelar. 

Los lazos que unen a Juicy Fields con el Kremlin

En septiembre de 2017, unos agentes de la CIA le entregaron en una habitación de hotel de Berlín un maletín con 100.000 dólares a un enigmático ciudadano ruso que aseguraba estar vinculado al Kremlin y al submundo del crimen organizado de San Petersburgo. 

El pago tenía que ser el primero de diversas transferencias, hasta llegar al millón de dólares, que acordaron abonar a cambio de la entrega de armamento informático robado previamente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) de EEUU. El pacto también incluía la entrega de un supuesto vídeo de Donald Trump con prostitutas en un hotel de Moscú.

En las reuniones que se hicieron previas a la entrega del dinero, el misterioso enviado del Kremlin llegó a citar a los agentes americanos en la embajada rusa de Berlín para negociar el acuerdo. Tras el primer pago, sin embargo, los agentes de la CIA constataron que todo era una estafa y cortaron la relación, según publicó el New York Times. 

El hombre se llamaba Viktor Bitner, confirman fuentes de la investigación, y es la misma persona que registró en noviembre de 2019 en Berlín la primera sociedad de Juicy Fields.

El caso de este agente es uno de los varios hilos que unen a los cabecillas de Juicy Fields con el Kremlin, en una historia que muestra cómo el crimen organizado y el Estado ruso son a día de hoy vasos comunicantes. 

“La línea que separa un mundo del otro es muy fina”, apunta el criminólogo de la Universidad de Oxford y experto en crimen organizado ruso Federico Varese. “Los criminales pueden operar independientemente mientras hagan lo que el Kremlin quiera”.

La propia Europol alerta en un informe de 2025 sobre la “alianza en la sombra” entre bandas criminales y el estado ruso. Según esta agencia policial europea, Rusia aprovecha “los recursos, la experiencia y la protección” de estas organizaciones para lograr sus objetivos. “El fraude en línea ha alcanzado niveles epidémicos”, añade el mismo informe.

Según Varese, una estafa como la de Juicy Fields no podría haberse originado en Rusia sin la aquiescencia del Gobierno. “Es prácticamente imposible”, sostiene en conversación telefónica. 

Tampoco le sorprende que parte del dinero robado acabara en una fábrica de drones. “Hay una criminalización de la economía rusa desde la guerra”, apunta este experto, al tiempo que recuerda las estrategias de algunas empresas para evitar sanciones. “Y existe una integración entre el mundo criminal y el esfuerzo del país para la guerra de Ucrania”.

Los registros empresariales confirman que Vitaly Markevich, considerado el ‘número dos’ de la estafa y señalado este noviembre ante el juez por Sergei Berezin, está vinculado a la mencionada empresa de drones, situada en San Petersburgo. Según desveló un consorcio de medios que investigó la estafa, la compañía contaba con el logotipo del Ministerio de Defensa ruso en su web. 

Markevich, de 41 años, logró escapar de la gran operación internacional —en la que participaron hasta 400 agentes de España, Francia y Alemania— que se saldó con varios registros y detenciones por todo el mundo. Estaba empadronado en la Casa Rusa de Berlín, un centro cultural gestionado por una organización dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú. Al llegar los agentes, sin embargo, Markevich se había esfumado.

Las conexiones no acaban en la empresa de drones rusa. El que fuera jefe de seguridad de Juicy Fields, Igor Kekshin, es un expolicía de San Petersburgo que estuvo a sueldo del grupo de mercenarios Wagner tras salir de prisión por secuestro, extorsión y detención ilegal. 

Kekshin es uno de los arrepentidos del fraude y testificó ante la policía de Berlín durante tres días. Posteriormente desapareció y subió un vídeo en el que aseguraba que todo lo que había dicho era mentira. 

La información que desveló, en todo caso, resultó ser valiosa. Fue él quién alertó de que el presunto líder de Juicy Fields detenido en República Dominicana emprendió con anterioridad un fraude similar en Polonia llamado Reciclix.

El que fuera su principal testaferro en esa estafa previa, un lituano llamado Aleksandr Suranovas, fue detenido el pasado verano por enviar paquetes con explosivos a través de la empresa DHL. Se le acusa de trabajar para el GRU, el servicio de inteligencia militar ruso, según publicó el Wall Street Journal.

La dificultad para detener al resto de fugados

La instrucción del caso avanza lentamente en la Audiencia Nacional ante la complejidad del fraude. Paralelamente, también la fiscalía de Berlín lleva a cabo su propia indagación en lo que, según fuentes jurídicas, podría anticipar un conflicto competencial por ver quién se acaba quedando con el caso.

Fuentes jurídicas de ambos lados destacan, en todo caso, la dificultad para continuar con las pesquisas cuando indagan sobre sospechosos que han logrado huir a Rusia. “Es un muro infranqueable”, apuntan.

“Desgraciadamente, la situación de conflicto geopolítico entre Rusia y occidente comporta que no se pueda procesar a ningún criminal ruso si están en ese país”, apunta Varese, el experto de Oxford. “Rusia protege a estos criminales”.

Entre los procesados se encuentran algunos de los presuntos cabecillas del fraude pero también un buen número de empleados de la compañía que aseguran que no sabían que todo era una estafa.

Algunos han recibido amenazas de muerte, pintadas en su domicilio y hasta falsos paquetes bomba para que no desvelen los secretos del fraude que todavía quedan por contar. 

Mientras tanto, Berezin se ofreció a colaborar con las autoridades. Aseguró ante el juez instructor que aportaría documentos y grabaciones para ayudar en la investigación. Ofreció, a su vez, aportar bienes por más de 15 millones de euros para indemnizar a víctimas, una cantidad muy por debajo de los 645 millones que la investigación cree que se llegaron a robar.

Los agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Guadalajara, así como funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la región, han desmantelado una plantación 'indoor' de marihuana en el municipio de Trijueque (Guadalajara). En esta actuación llevada a cabo el pasado 15 de octubre se intervinieron 612 plantas, que se corresponden con 66 kilos de marihuana y se detuvieron a cuatro personas, a las que se les imputan presuntos delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.

Desarrollo de la operación

Esta operación, denominada ‘Colombia-Capetri’, se inició a mediados de año, gracias los controles realizados por la zona por funcionarios de Vigilancia Aduanera. Tras coincidir en las investigaciones con la Guardia Civil de la Compañía de Sigüenza (Guadalajara), la investigación continuó conjuntamente.

La fase de explotación finalizó con la entrada y registro del inmueble, en cuyo interior los agentes encontraron un total de 612 plantas de cannabis sativa, marihuana, en diferentes estadios de crecimiento y floración.

Las plantas estaban localizadas en diferentes estancias del inmueble donde se encontraba la infraestructura necesaria para el cultivo ilegal. Así, se disponía de la instalación eléctrica necesaria que permitía abastecer los diferentes aparatos de climatización, extracción de aire, lámparas de iluminación y calor. También se contaba con un sistema de riego y con productos fertilizantes utilizados para forzar el crecimiento de las plantas. Tanto la droga como los demás enseres fueron incautados.

Además, en el registro se detuvo a tres personas a las que se les imputan delitos contra la salud pública, tráfico de drogas y de fraude en el fluido eléctrico.

Adicionalmente, durante la actuación se descubrió la existencia de una conexión ilegal al suministro eléctrico (defraudación de fluido eléctrico) cuyo fraude alcanzaba más de 13.000 euros.

Esta operación culminó el pasado miércoles 29 de octubre, con la detención de otra persona en Torrejón de Ardoz relacionada con estos hechos.

La Guardia Civil ha detenido a tres vecinos de la localidad pacense de La Codosera, como presuntos autores de un delito contra la salud pública por cultivo de marihuana y elaboración de droga. La operación se desarrolló tras las sospechas de que se estaría llevando a cabo esta actividad delictiva en las inmediaciones del río Gévora. 

Los agentes inspeccionaron la ribera a su paso por La Codosera a primeros del mes de septiembre, adentrándose en una plantación de unas 201 matas de más de dos metros de altura perfectamente acondicionadas, con instalación de sistema de riego por goteo para asegurar el perfecto desarrollo de las mismas.

En el reconocimiento de la zona, también se hallaron dos cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones, supuestamente para vigilancia y custodia del cultivo, bien para detectar la presencia de agentes de la autoridad ante el hallazgo de las plantas o protegerlas de algún posible 'vuelco de droga', es decir, del robo por parte de otros grupos criminales.

En ese momento se personaron en el lugar tres hombres, que ante la presencia de los agentes, se dieron a la fuga, logrando detener in situ a uno de ellos.

Con las gestiones practicadas en el transcurso de la investigación para dar con el paradero de los otros dos coautores, se inspeccionó una finca de propiedad familiar donde hallaron colgadas en los troncos de una encina y alcornoque, gran cantidad de ramas con cogollos de marihuana en proceso de secado.

Las pesquisas han dado resultado positivo en las dos últimas semanas, cuando se ha logrado detener a los dos delincuentes buscados. Todos ellos vecinos de La Codosera, que para el cuidado de las plantas accedían a la siembra a través de una vereda marcada entre zarzales y la espesa vegetación existente propia de la ribera.

Con las pruebas incriminatorias, se les instruyó diligencias como presuntos autores de un delito contra la salud pública por el cultivo y elaboración de drogas y fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial de Badajoz.

Esta actuación de la Guardia Civil, se enmarca dentro del Plan de respuesta policial para la lucha contra el cultivo y tráfico de cannabis desarrollada a nivel nacional por la denominada 'Operación Miller', dirigida principalmente a detectar y erradicar grupos organizados dedicados a estas actividades ilícitas.

Han sido años de proceso, pero España se ha unido finalmente este martes a la (creciente, son cerca de 40 ya) lista de países europeos y del mundo que cuenta con un programa de cannabis medicinal en su sistema sanitario. El Consejo de Ministros aprobó este martes regular ciertos usos médicos para el cannabis en lo que será un programa limitado en su origen y los usos previstos, que se contempla como último recurso para los pacientes y apenas introduce el consumo de aceites de cannabis como novedad, sin cogollos ni autocultivo. Al menos, valoran las asociaciones de pacientes, es más de lo que había hasta el lunes.

El Real Decreto por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis aprobado este martes no establece un listado cerrado de indicaciones –enfermedades o dolencias concretas–, sino que determina que los usos clínicos autorizados, junto con las condiciones específicas de elaboración, dosificación y prescripción, se fijarán en las monografías que publique en un plazo de tres meses la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Qué incluye el programa y qué no

El uso de cannabis medicinal se plantea como el último recurso para los pacientes, una vez todos los demás tratamientos se han demostrado inútiles.

La principal novedad que plantea el Real Decreto es que se permitirá el uso de “fórmulas magistrales tipificadas elaboradas a partir de preparados estandarizados de cannabis para su uso medicinal”. Dicho de otra manera, se permitirá el uso de aceites, pero no de la flor de la planta (los cogollos). Por extensión, queda fuera el autocultivo.

Sanidad ha informado de que la monografía que incluirá los usos clínicos y las condiciones específicas de elaboración de los preparados estandarizados se publicarán “en las próximas semanas”. Una vez realizada esta monografía, “las compañías interesadas en elaborarlos deberán presentar una solicitud”, que el ministerio evaluará.

Todo el programa está pensado para que se gestione desde los hospitales o centros de especializaciones y deja fuera la atención primaria, siempre más próxima al ciudadano. “Las fórmulas deberán ser prescritas exclusivamente por médicos especialistas en el ámbito hospitalario, cuando existan razones clínicas documentadas para su uso”, explica Sanidad, y “su elaboración se realizará únicamente en servicios de farmacia hospitalaria autorizados”.

Puesto en negativo, los centros de salud y las farmacias de barrio quedan fuera –aunque la disposición adicional segunda abre la puerta a que estas “podrán ser objeto de regulación específica”–, dos aspectos que pueden disuadir a potenciales pacientes, advierten las asociaciones.

En cuanto a sus usos, el texto explica que “la evidencia científica ha mostrado un grado de beneficio variable del cannabis y de sus extractos en algunas indicaciones terapéuticas” y señala que las que mayor evidencia tienen son: espasticidad por esclerosis múltiple, formas graves de epilepsia refractaria, náuseas y vómitos por quimioterapia y dolor crónico refractario. Por ahí irán los posibles usos, siempre que los tratamientos estándar, y los medicamentos industriales con cannabis, que existen, fracasen previamente.

Las valoraciones

Para las asociaciones de pacientes y otras partes interesadas la aprobación del programa es agridulce. “Hoy es un día de celebración, porque después de este proceso tan cruel y tan opaco por fin el programa va a ver la luz, aunque el Real Decreto podría ser más generoso”, valora Carola Pérez, responsable del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) y la asociación Dos Emociones, donde asesora a personas que, como ella misma, recurren al cannabis como último (o mejor) recurso para dolencias varias.

La sociedad civil que defiende una regulación integral y se articula en torno a asociaciones como el Observatorio Europeo del Consumo y Cultivo del Cannabis (OECCC) también valora la aprobación como “un primer paso”, aunque “ha sido poco ambicioso y excesivamente conservador”, en palabras de Hugo Madera, portavoz de la organización, quien se muestra crítico con la exclusión de los cogollos del proyecto. “Los pacientes españoles van a tener menos derechos con esta ley de los que tenían los pacientes alemanes antes de la regulación lúdica de Alemania”, uno de los últimos países en aprobar el uso integral del cannabis en el que sin regulación lúdica “cualquier paciente podía ir a una farmacia y adquirir cogollos para la vaporización”.

“Esta regulación va a permitir que cuando los tratamientos tradicionales no funcionen tengamos una alternativa terapéutica con toda la evidencia científica, con toda la seguridad”, valoró la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La responsable de Sanidad asumió que esta era una demanda “largamente esperada por el Congreso de los Diputados [que la impulsó hace cuatro años], por los profesionales y por los pacientes” y explicó que el texto está abierto a ser modificado en un futuro según avance el conocimiento científico.

“Las sociedades científicas no están formadas”

Pérez apunta que le preocupa de cara a la implementación del programa que “las sociedades científicas no están formadas, no están preparadas” para incluir el cannabis en su práctica. “Incluso en una reunión que mantuvieron en el ministerio había médicos confundiendo CBD con THC” [dos principios activos, el primero no tiene efectos psicoactivos, pero el segundo sí y que tenga una presencia mayor del 0,2% cambia el estatus legal del preparado].

Manuel Guzmán, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y uno de los principales investigadores en cannabis del mundo, realiza una valoración “positiva” por el mero hecho de que se haya aprobado finalmente el programa, y recuerda que está destinado a “pacientes con enfermedades crónicas, altamente debilitantes, que están necesita nuevas terapias” que podrían ver mejorada su vida y “quitarse el estigma y la inseguridad jurídica y sanitaria en la que están en este momento”.

Madera lamenta la oportunidad perdida para regular el uso de las flores y el autocultivo. “Nosotros entendemos que era legal porque no está prohibido, y todo lo no prohibido es legal, otra cosa es que no esté regulado”, empieza. Pero valora que “entendemos que el cannabis ya ha sido declarado oficialmente como medicinal, con lo cual entendemos que sólo tomarán en cuenta los jueces cuando juzguen a enfermos que estaban autocultivando para ellos mismos”.

La memoria de la Fiscalía vasca correspondiente al año 2024 recoge que desde el inicio de ese año la Ertzaintza ha realizado “una amplia campaña de prevención e incautación” en lugares de ocio del llamado “gas de la risa” u óxido nitroso, cuyo consumo se estaba “extendiendo en exceso” en el ocio nocturno de Vitoria. “Existía un gran desconocimiento de la nocividad de dicho consumo, de los efectos secundarios que podían padecerse, así como de la ilegalidad de su venta”, sostiene el documento, publicado el pasado septiembre.

Según informa la Ertzaintza, la comisaría de Vitoria ha iniciado desde 2023 tres investigaciones relacionadas con la compraventa de óxido nitroso. Como resultado, cuatro personas están siendo investigadas por un presunto delito contra la salud pública. La gravedad de estos datos ha llevado a la Policía vasca a poner el foco en su compraventa, al constituir esta un delito contra la salud pública. Hasta el momento se han abierto diligencias por tres delitos de este tipo en la capital vasca, tanto en el interior de locales de ocio nocturno, como en la vía pública, con el resultado de cuatro personas investigadas por los hechos. Su venta y consumo estaría tan integrado en dichos ambientes que se ofertaría junto al consumo de otras sustancias legales como el fumar tabaco en cachimbas, cuando, en realidad, se estaría incurriendo en un delito de tráfico de drogas.

El óxido nitroso es una sustancia cuyo uso está permitido tanto en la industria alimentaria como en la aeroespacial y, también, como medicamento de uso hospitalario bajo prescripción facultativa. Sin embargo, cada vez se está detectando más en las zonas de ocio, donde se utiliza de manera lúdica, lo que puede provocar diferentes reacciones en el organismo de la persona que lo consume tales como, entre otras, alucinaciones, desorientación o desmayos.

Por lo general, se vende en pequeños botes de plata y se inhala. Afecta de manera diferente, según la cantidad inhalada, el peso y estado de salud del consumidor, el nivel de tolerancia y la interacción con otras sustancias o medicamentos. Los efectos inmediatos del gas de la risa incluyen euforia, entumecimiento del cuerpo, sensación de sedación, mareos, risas incontroladas, descoordinación, visión borrosa, confusión, debilidad y cansancio. En los casos más graves se podría llegar a producir la muerte súbita.

En caso de una ingesta excesiva los riesgos son enormes. El efecto del gas puede llevar a una pérdida de presión arterial que puede desencadenar en un desmayo e infarto de miocardio o una hipoxia por falta de oxígeno. Además, el consumo prolongado puede llevar a efectos secundarios como la pérdida de memoria, déficit de vitamina B12, zumbidos en los oídos, entumecimiento de extremidades, espasmos, depresión, debilitamiento del sistema inmunológico, psicosis o dependencia psicológica.

Turismo cannábico de Francia

Otra de las cuestiones en las que pone el foco la Fiscalía, en este caso en Gipuzkoa, es en las asociaciones de consumo de cannabis, donde está permitido consumir dicha sustancia siempre y cuando se realice dentro de los locales que tienen las asociaciones y sean socios. Cuando no ha sido así, se ha investigado si realmente se trata de lugares para la adquisición o compra de cannabis y hachís bajo el subterfugio de haberse hecho previamente socio de la misma. En estos procedimientos, siguiendo la línea marcada en tres sentencias del Tribunal Supremo, se aplica ya junto al delito contra la salud pública, el de asociación ilícita con la consiguiente petición de disolución de la asociación.

La Fiscalía constata, además, que dada la situación fronteriza de Gipuzkoa, la existencia de ciudadanos franceses que cruzan la frontera para adquirir cannabis o hachís en España en las propias asociaciones de cannabis en las que figuran como socios, para, a continuación, regresar a Francia con dicha sustancia, sin consumirla de forma inmediata en el interior de la asociación. Esa práctica es ilícita.

En unas semanas, previsiblemente, el Gobierno aprobará el Real Decreto (RD) que regula la creación de un programa de cannabis medicinal en España. Será final, por ahora, de un proceso que se cuenta en años desde que lo empezó a abordar la Cámara Baja y en lustros desde que los primeros países europeos regularizaron el uso terapéutico de la marihuana y los pacientes confiaron en que España seguiría ese camino sin tardar.

Bruselas primero y el Consejo de Estado después han emitido sus preceptivos informes sobre el texto y la propuesta del Ministerio de Sanidad afrontará el próximo reto: su implementación real en un sistema en el que los médicos que deberán recomendarlo no han sido formados en los posibles usos, más allá del interés que cada uno haya podido poner.

Cuando el Consejo de Ministros apruebe el RD por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis, nombre técnico de la ley, España se unirá con varios años de retraso al cada vez más amplio grupo de países, tanto en Europa como el mundo, desde Marruecos hasta Tailandia, que han aprobado un programa medicinal de cannabis en los últimos años. Seguirá, sin embargo, por detrás de los más adelantados en la materia, que ya han regulado también el uso recreativo, como Uruguay, varios estados de EEUU o Alemania, de los últimos países europeos en legalizar el consumo lúdico para mayores de 18 años.

Sin uso de la planta

Pero será, denuncian los pacientes, un programa disminuido. El Real Decreto redactado por el Ministerio de Sanidad excluye el uso de la flor de cannabis (los cogollos de marihuana), por extensión del autocultivo, y limita los usos a los preparados magistrales (aceites de cannabis) y dos medicamentos ya existentes hace años. De hecho, el Real Decreto del Ministerio no aparece la palabra “programa” ni ningún término similar en el texto.

En el texto se especifican las patologías que podrán beneficiarse de estos preparados a base de aceites, única forma de consumo de cannabis terapéutico contemplada por el momento. Las patologías incluidas en el texto son “aquellas para las que existe evidencia científica de beneficio terapéutico del cannabis y sus extractos”, según Sanidad.

En concreto, se permitirá su uso para espasticidad por esclerosis múltiple: rigidez y espasmos musculares asociados a la esclerosis múltiple; para formas graves de epilepsia refractaria (ciertos tipos de epilepsia que no responden a los tratamientos convencionales); contra las náuseas y vómitos por quimioterapia; y contra el dolor crónico refractario (dolor persistente que no se alivia con los tratamientos habituales).

Algunos investigadores del cannabis creen que los usos aprobados por el Gobierno se quedan cortos. La planta es, según algunos investigadores, el más potente antiinflamatorio que existe. Tiene efectos antidepresivos, analgésicos, ansiolíticos, antivomitivos y ayuda a proteger el sistema nervioso. En España lo utilizan enfermos de cáncer, esclerosis múltiple, alzhéimer, párkinson o fibromialgia, entre otros.

Además, solo se podrá utilizar “cuando no existan medicamentos autorizados o estos no se ajusten a las necesidades del paciente”. Será el último recurso, por tanto, y los médicos tendrán que justificar explícitamente su uso. “Deberá documentarse en la historia clínica la justificación del tratamiento con fórmulas magistrales tipificadas de preparados estandarizados de cannabis, en relación con otros tratamientos que haya recibido el paciente. Deberá igualmente informarse al paciente sobre la evidencia clínica disponible, los beneficios esperables y los posibles riesgos”, según el RD.

El sistema diseñado por Sanidad presenta al menos otros dos problemas, a decir de las asociaciones de pacientes y posibles usuarios: solo se permitirá que lo receten médicos especialistas, no los de atención primaria, y que lo dispensen solo las farmacias hospitalarias, no las de barrio (comunitarias). Estas dos medidas alejan a potenciales usuarios del cannabis medicinal, según las organizaciones civiles como el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM), que las ven como trabas en el acceso.

Años de lucha

La aprobación del Real Decreto por el Consejo de Ministros será el penúltimo paso –deberá validarlo el Congreso también– de un camino que se empezó a transitar hace años. Aunque se venía hablando desde tiempo atrás, en 2021 se creó una subcomisión en el Congreso que estudió el asunto y, en 2022 –con el apoyo de todos los partidos, excepto PP y Vox, que votaron en contra, y ERC y Bildu, que se abstuvieron–, enconmendó al Gobierno que elaborara una propuesta de regulación. “Es inexorable”, dijo entonces el portavoz del PSOE en la materia, Daniel Viondi. El Ministerio de Sanidad, entonces dirigido por los socialistas (primero con Salvador Illa, después Carolina Darias), realizó efectivamente su propuesta de regulación, pero a la vez retuvo el texto.

En esas cayó el Gobierno, y con él la propuesta. Pero Pedro Sánchez repitió presidencia y esta vez le dio Sanidad a Mónica García y Consumo (que sería partícipe en una eventual y por ahora imposible regulación integral) a Pablo Bustunduy, ambos de Más Madrid. Los usuarios de cannabis celebraron: el partido, a través de la plataforma Sumar, llevaba la legalización completa en su programa electoral.

Pero el departamento de García retomó el programa medicinal conservador que heredó del PSOE, para decepción de los colectivos, y de la regulación integral ni se habla. Aún así, creen que aprobar algo es un primer paso. Meter el pie por la puerta para que no se cierre y algún día, quizá, echarla abajo.

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* Fe de erratas: el artículo ha sido editado para corregir un error. El Real Decreto sobre cannabis medicinal no debe ser validado por el Congreso, como decía la redacción original de la noticia. Quedará definitivamente aprobado cuando lo valide el Consejo de Ministros.

Jesús posaba las manos sobre un enfermo y el gesto parecía suficiente para que recuperase fuerzas. Unos pasos tambaleantes se transformaban en andares firmes que sorprendían a todos los presentes. Los ojos velados de un ciego se abrían con una claridad súbita que devolvía expresiones de asombro en quienes observaban esos hipotéticos milagros.

Entre las historias más repetidas se incluía también la abundancia de panes y peces que saciaba multitudes enteras, un relato que enmarcó su supuesta figura en un halo de misterio desde los primeros tiempos.

Una teoría relaciona esos relatos con el uso de aceite de cannabis

La hipótesis que relaciona esas curaciones con el uso de aceite de cannabis se ha difundido en distintos medios, aunque siempre como teoría polémica. David Bienenstock, autor y editor de la revista High Times, señaló en una entrevista con el Daily Star Online que “no hay ninguna diferencia entre el aceite de cannabis eficaz utilizado hoy y el que habría estado disponible en tiempos de Jesús”. Según su planteamiento, la sustancia se aplicaba sobre la piel y podía calmar dolencias físicas que en aquella época se interpretaban como males sin remedio.

Varios investigadores han buscado referencias en el Antiguo Testamento para reforzar esta línea. El libro del Éxodo describe con detalle la receta del aceite de la unción sagrada, que incluía mirra líquida, canela aromática, casia, aceite de oliva y una hierba denominada q’aneh-bosm. Ese término ha sido identificado por algunos lingüistas como cannabis, mientras que otros lo asocian con cálamo, una planta utilizada en la medicina tradicional por sus efectos terapéuticos.

Chris Bennett, escritor especializado en la historia del cannabis, defendió en High Times que “los antiguos ungidos quedaban literalmente empapados con esa potente mezcla”. El investigador apoya su tesis en textos bíblicos que relatan cómo los discípulos ungían a enfermos y éstos recuperaban la salud, lo que, en su opinión, sugiere que el aceite contenía un principio activo con efectos reales. Además, Bennett recordó que la etimóloga polaca Sula Benet propuso en 1936 que el vocablo hebreo kan significa cáñamo o junco, y que bosm equivale a aromático, lo que acrecentaría la identificación con cannabis.

La interpretación no es aceptada de forma unánime. Lytton John Musselman, profesor de Botánica en la Universidad Old Dominion, explicó a la revista Vice que “el cálamo es un componente muy importante de la medicina ayurvédica y se ha demostrado que tiene eficacia”. En su argumentación añadió que la planta sigue siendo común en remedios herbolarios de Sri Lanka y que también fue muy valorada por comunidades nativas en Norteamérica, que buscaban tierras donde creciera de forma natural. Por lo tanto, no se trataría de cannabis.

La discusión sobre el origen del aceite sagrado sigue dividiendo a estudiosos y creyentes

El debate no se limita a la filología. Existen hallazgos arqueológicos en Beit Shemesh, cerca de Jerusalén, que muestran restos de cannabis quemado en contextos médicos del siglo III, lo que refuerza la idea de su uso terapéutico en la región. Bennett apuntó en varios de sus libros que este contexto hace verosímil que Jesús, como personaje histórico hipotético, utilizara aceites con extracto de cannabis en sus prácticas de sanación, especialmente en casos que hoy se interpretarían como epilepsia o afecciones cutáneas.

Otros estudiosos, sin embargo, consideran que la conexión entre las menciones bíblicas y la planta sigue siendo demasiado débil. El profesor Musselman insiste en que los efectos medicinales del cálamo se ajustan mejor a lo que narran los textos sobre el aceite sagrado. Su postura busca frenar las interpretaciones que asocian automáticamente el término q’aneh-bosm con cannabis, algo que, a su juicio, responde más a una lectura contemporánea que a una traducción precisa de los escritos antiguos.

En paralelo, algunos grupos religiosos actuales han abrazado esta teoría como una forma de reivindicar el cannabis en un marco espiritual. En Colorado, el colectivo Stoner Jesus Bible Study sostiene que las acciones atribuidas a Jesús encajan con alguien que compartía experiencias bajo los efectos de la planta. Esa lectura moderna ha alimentado la discusión cultural, aunque carece de base arqueológica firme.

El historiador Bennett lleva la idea un paso más allá al afirmar que “si el cannabis fue uno de los ingredientes principales del aceite de la unción antigua, y recibir ese aceite es lo que convirtió a Jesús en el Cristo y a sus seguidores en cristianos, perseguir a quienes usan cannabis podría considerarse anticristiano”. La afirmación condensa una visión que mezcla interpretación histórica y militancia a favor de la legalización, lo que genera aún más recelo en sectores académicos convencionales.

Frente a esas posturas enfrentadas, lo que permanece claro es que los textos bíblicos describen un aceite con un poder sanador que marcó a quienes recibían la unción. La disputa sobre si ese poder procedía del cálamo o del cannabis mantiene vivo un debate que se extiende más allá de la historia religiosa y conecta con la discusión contemporánea sobre el valor medicinal de la planta. En cualquier caso, la idea de que un ungüento pudo estar detrás de las supuestas curaciones atribuidas a Jesús seguirá alimentando todo tipo de discusiones durante mucho tiempo.

Si a un conductor le hacen un control de drogas en carretera y tiene una concentración de, por ejemplo, 25 nanogramos de cocaína por mililitro de saliva, las consecuencias que tenga dependerán del aparato con el que le hayan hecho la prueba. Si le toca un drogotest SoToxa, dará negativo. Pero si es Drager, será positivo. En la prueba confirmatoria, que se realiza en laboratorios, dará positivo sí o sí y ese conductor tendrá una sanción de mil euros y seis puntos del carné de conducir.

“El primer gran problema del sistema de medición [de drogas en carretera] es quién pone los límites, los niveles de corte en los que se da positivo, en los dispositivos. Lo normal sería que los pusiera la administración, como hace con el alcohol. Pero en estos aparatos los pone cada fabricante. Eso arroja una diferencia entre fabricantes y dispositivos que provoca que una misma muestra puede dar resultado negativo o positivo según el aparato”.

Juan José Ramírez ha estado vinculado a los controles de tráfico durante 47 años, tanto en la Guardia Civil como en la Policía Local de Osuna (Sevilla). Es autor del, probablemente, más concienzudo estudio que se ha hecho sobre la materia en su tesis Los controles de drogas a conductores en España: análisis de la legislación, la formación específica de los profesionales y los dispositivos de detección. Desde ese conocimiento, sostiene que el sistema es injusto e ineficaz y que puede conculcar ciertos derechos ciudadanos.

Porque, explica, ese diferente punto de corte –dónde salta el aparato y devuelve un positivo– es también diferente para la segunda muestra, que se analiza en un laboratorio a modo de comprobante de la primera. “Si esta primera da positivo o si el agente ve indicadores de deterioro, se toma una segunda muestra que se manda a los laboratorios, que tienen su propio corte también establecido por ellos mismos. Pasa lo mismo: una misma muestra puede dar negativo o positivo según el laboratorio por la misma razón, no hay una norma, y puedes encontrar diferentes límites de corte para diferentes sustancias en cada laboratorio. Esto arroja inseguridad jurídica”, sostiene el guardia civil retirado.

Francisco Azorín, abogado especializado en el tema y que acaba de conseguir que un juez anule la sanción a una conductora que dio positivo por cocaína en un control, cuestiona por su parte la “política de tolerancia cero” que la Dirección General de Tráfico (DGT) sostiene que se aplica en España en relación a las drogas y la conducción.

“No es verdad la tolerancia cero”, sostiene tajante el letrado. “Existe un cut off, un punto de control. Tienes que superar una determinada concentración de droga para que el aparato salte. Por debajo no lo hace”, insiste en la idea de Ramírez. “Esto no solo afecta al principio de igualdad, pues dependiendo el aparato que utilicen y el laboratorio donde envíen la muestra, tu resultado podrá ser negativo o positivo teniendo la misma cantidad de droga en el cuerpo, sino que además demuestra que no existe norma de control metrológico del estado que establezca estos cut off. Tampoco existe una norma que establezca qué sustancias hay que detectar, dejando este punto al albur de los fabricantes de drogotest y los laboratorios”, explica con sorpresa.

Algunos documentos de fabricantes y laboratorios revelan estas diferencias: el laboratorio Echavarne tenía en 2022 un límite de THC de 1,12 nanogramos por mililitro de saliva, según ha podido constatar este diario en los resultados de una prueba real realizada, mientras Synlab alcanzaba 2, casi el doble; con los dispositivos, SoToxa fija el máximo en 25 y Drager está en 10. Estas diferencias en las tasas se repiten con la metanfetamina, los opiáceos o las anfetaminas, entre otras sustancias.

En el caso que acaba de ganar el abogado Azorín, el aparato reveló la presencia en el organismo de la mujer de un metabolito de la cocaína, pero, según esgrimió el magistrado, no se puede sostener que estuviera afectada por la droga solo por la presencia de este metabolito, diga lo que diga la ley. Y anuló la sanción.

“Seguiremos teniendo problemas”

Ramírez explica que este problema –si se quiere considerar así que un juez anule una sanción por un positivo respecto a un consumo que no se sabe cuándo se produjo– se está dando cada vez con más asiduidad por la falta de un método reglado, de unos puntos de corte legales –como sí tiene el alcohol– y por la diversidad de sustancias –o metabolitos– que pueden recoger los dispositivos de control, que generan situaciones como la anulada por el juez de Murcia del caso de Azorín.

“Hay sustancias cuyos metabolitos –por ejemplo el THC, el compuesto psicoactivo por excelencia del cannabis– se van a quedar en el organismo durante semanas. Si aparecen metabolitos porque te has fumado un porro hace una semana, sancionar a un conductor no tiene sentido. Es como si lo hicieras porque se emborrachó hace dos semanas. Mientras no se abandone esa línea de tolerancia cero para determinadas sustancias seguiremos teniendo estos problemas”, sostiene.

De hecho hay jueces que ya están cuestionando esta política. Quizá no abiertamente en las sentencias, pero sí están fallando a favor de los conductores. Cada vez más, según Ramírez, porque la ley de seguridad vial solo habla de efectos y dice que la mera presencia de sustancias psicoactivas está perseguida por la ley. Y eso incluye que no se admite la más mínima presencia de drogas en el organismo. “Pero esto tiene problemáticas”, explica Ramírez, porque con esa política “cualquier sustancia que sea degradada por el organismo y se convierta en metabolito para ser expulsada va a dar positivo porque los dispositivos son muy sensibles”. Y los metabolitos, como estableció el juez del caso referido, pueden no ser psicoactivos. “Cada vez hay más jueces que dicen que no está acreditado que la simple presencia de la sustancia en el organismo perjudique las capacidades del conductor”, remacha.

Otro problema, añade Azorín, es que tampoco existe una ley que establezca qué sustancias pueden detectar o no los aparatos, lo que ha propiciado, por ejemplo, que las benzodiazepinas hayan dejado de dar positivo por decisión no se sabe bien de quién. “Si los test no detectan estos sedantes ni muchas nuevas sustancias psicoactivas no prohibidas u otras que, aunque estén prohibidas no aparezcan en el aparato, difícilmente vamos a tener un sistema que proteja la seguridad vial. Lo único que tenemos es una máquina de represión de la persona usuaria de drogas y una forma de financiar las arcas públicas”, lamenta el abogado.

Noruega se considera el país pionero abordar exitosamente la política de drogas y conducción. Un comité de expertos decidió cuáles eran las 20 sustancias más consumidas –legales o no– y estableció o niveles máximos o la prohibición total

¿Qué solución hay, entonces? El guardia civil retirado propone “aprender de lo que ya se ha hecho en el derecho comparado, no hay que inventar la rueda. Yo siempre pongo como ejemplo el caso de Noruega, que es paradigmático: que pongan tasas máximas para algunas sustancias y prohibición para otras”.

En Noruega, país pionero en el tratamiento de las drogas y la conducción, según Ramírez, un comité de expertos estudió en 2012 qué sustancias (tanto legales, medicamentos, como ilegales) que pueden afectar a la conducción eran las más consumidas por la población, y cuáles son los límites equivalentes a una alcoholemia baja, media y alta para esas sustancias. Y con esa información, el Gobierno hizo una ley. Este modelo ha sido imitado por varios países después (por ejemplo, Reino Unido). Para el resto de sustancias, la normativa incluye un genérico que cubre incluso las que puedan surgir nuevas bajo el axioma de que altere las capacidades psicofísicas.

Es cierto, matiza Ramírez, que “la ciencia todavía no ha establecido cuáles son los niveles de consumo de estas otras sustancias que afectan al consumidor, no hay tablas excepto para el alcohol (entre otras cuestiones, culturales por ejemplo, porque el alcohol solo tiene un principio activo y lo tenemos muy estudiado, las otras drogas pueden tener varios y muy diferentes). Pero se puede ser pragmático, explicar que hasta que la ciencia sea capaz de establecer estos límites de afectación física ponemos unos quizá no tan científicos, pero suficientes para apartar de la circulación a los conductores afectados”.

El mismo razonamiento aplica a los metabolitos que se asocian a las diferentes sustancias. Con la normativa actual todos se consideran drogas –como en el caso de la sanción anulada–, pese a que la ciencia define algunos como “inactivos”.

Ramírez concluye con una reflexión. “La realidad es tozuda, y dice que se consume y se conduce al mismo tiempo. Y ese consumo debe estar totalmente regulado para evitar que suponga un peligro en la vía pública. Lo mismo que hay que regularlo hay que garantizar los derechos de los ciudadanos, establecer las suficientes garantías procesales para que cuando se persiga un determinado caso tenga posibilidades de éxito. Hay que hacer legislaciones acordes a la realidad social. Las leyes que no son entendidas ni asumidas por los ciudadanos están llamadas a ser desobedecidas”.

En 2023, el Observatorio Europeo de las Drogas señaló en un informe que Tarragona era la segunda ciudad de Europa con un mayor consumo de cocaína (por detrás de Amberes, Bélgica). Al año siguiente repetiría. Pero lo más sorprendente de una situación ya de por sí llamativa (Tarragona, entre todas las ciudades del mundo), reflexiona el periodista David López Canales, es que a nadie pareció importarle.

“Sale un informe que dice por dos años que tu ciudad, que no tiene ningún motivo para estar en ese ranking, es la segunda con más consumo de cocaína, y nadie llama al Ayuntamiento. Nadie intenta averiguar el porqué. Para mí esto es parte de la normalización en el consumo”, apunta. En un país que está entre los que más cocaína consumen del mundo, con un 3% de la población como usuaria.

López Canales, escritor y periodista, colaborador de este diario, parte de esta situación para indagar en su ensayo ¿Una rayita? (Nuevos Cuadernos Anagrama) sobre “por qué en España se consume tanta cocaína y no se habla de ello”, según propone la misma portada del libro, un texto ameno y breve que recorre la historia reciente de esta droga, su relación con la sociedad y las élites y que analiza la actual normalización del consumo habitual de una sustancia demonizada hasta hace pocos años. Una droga que 100.000 personas en España consumen con patrones que los expertos consideran problemáticos, más de 30 días al año.

Antes de entrar en faena, López Canales advierte y se explica. Ni él es un dogmático antidrogas ni cuando habla de la cocaína habla solo de la cocaína. En la literalidad el texto sí se refiere básicamente al perico –nunca llamamos a la droga por su nombre común, observará, como si no nombrarla fuera el primer paso en la normalización–, pero solo es “por ser la sustancia ilegal más consumida después del cannabis, por su historia e imagen como reina de las drogas y especialmente por el altísimo consumo en España. Pero su realidad es aplicable a otras sustancias”.

Sentadas las posturas previas, el autor trata de contestar a la pregunta que articula el ensayo. “Por un lado, el consumo se ha hecho evidentemente mucho más asequible por una cuestión de precio: cuesta lo mismo el gramo de coca hoy que hace 30 años, y el nivel de vida ha subido. Eso hace que mucha más gente pueda acceder a ella que aquellas élites que lo hacían en los años 90. Por otro lado, creo que responde al modelo de sociedad que vivimos. De una sociedad dopada y desquiciada, en la que ya no es solo cosa de la cocaína u otras drogas ilegales, sino todo tipo de drogas legales, empezando por los ansiolíticos y los hipnosedantes. También creo que responde al modelo social de hiperconsumo de todo tipo de cosas que nos generan placer o placer inmediato. Desde las redes sociales y los likes, el ocio, la gastronomía, los maratones de series. Solo que la coca es más a lo bestia, permite dar más placer (o más desfase) de inmediato”.

No siempre fue así. El periodista, nacido en 1980, recuerda que su generación se crio entre campañas de “no a la droga”, que eran las drogas duras, heroína y cocaína. Que ambas entraran más o menos a la vez en el país pudo ser la clave para que la cocaína adquiriera la imagen que tiene hoy, sostiene López Canales.

La coca al principio era equiparable a la heroína –en aquellos anuncios lo veíamos–, pero de repente no causaba esos estragos y se desmarcó. Y llega un momento en el que, por contraste y por consumo y por ver que no te mata como a lo mejor podía hacer la heroína, se quedó la imagen de una droga inocua

“La coca al principio era equiparable a la heroína –en aquellos anuncios lo veíamos–, pero de repente no causaba esos estragos y se desmarcó. Y llega un momento en el que, por contraste y por consumo y por ver que no te mata como a lo mejor podía hacer la heroína, se distanció totalmente y se quedó la imagen incluso de una droga inocua”. Súmese esto a que enseguida se empezó a asociar con la jet set, con los personajes que ilustran las portadas de la prensa del corazón, con “millonarios más o menos desquiciados, extranjeros turbios, verano y fiestas en mansiones donde los camareros la ofrecían como caviar. También en los del backstage de las movidas, o en los de las bambalinas del cine”, escribe el autor.

De ahí a la trivialización solo había un pequeño salto, “y en 30 años las drogas duras pasaron de ser el demonio y uno de los mayores temores de la sociedad a no preocupar nada, a no hablarse de ello, incluso a hacer bromitas. Del 'no' rotundo a que, pese al consumo desorbitado, no haya ni campañas”, se extraña. Normalización y silencio.

López Canales cree que el problema parte de que no existe una conversación política sobre el fenómeno, que nadie se atreve a abordarlo. “Cuando miras las iniciativas del Congreso son anecdóticas. Las veces que se debate la cuestión siempre está relacionada con accidentes, con adicciones, con crimen... Nunca con esa visión más realista de un consumo que tiene muchas caras muy diferentes y, sobre todo, que está tan extendido en la sociedad”.

En parte, cree que se debe a que hace décadas se instaló socialmente el enfoque prohibicionista y no se ha salido de ahí, pese a que los años han demostrado que no funciona, básicamente porque no parece haber incentivos para hacerlo. “Políticamente es muy complicado porque te quita votos. Los consumidores, o los no consumidores que podrían estar a favor de esa postura, van a ser mucho más minoritarios que los que no consumen y que han crecido o han vivido siempre con la idea del 'no a las drogas'. Y tenemos integrado el prohibicionismo desde hace tantos años que es difícil cambiar esa mentalidad. A ver qué político se atreve a decir que hay que tener otro enfoque. Aunque ha habido algunos casos. Yo menciono en el libro la alcaldesa de Ámsterdam o Suiza o el caso de The Economist de Estados Unidos”, una publicación elitista que en 2022 pidió a Joe Biden, presidente de EUU, que legalizara la cocaína porque los efectos de la prohibición superaban a los de su teórica legalización.

10.000 ingresos al año por adicción

Porque la cocaína puede no ser la droga ilegal más consumida –es el cannabis–, pero sí la que más ingresos en centros de desintoxicación provoca, con uno de cada cuatro casos –el doble que el cannabis–. Cada año, unos 10.000 pacientes entran a uno de estos centros por su adicción a la cocaína, recuerda el periodista.

Y solo son la punta del iceberg, añade. “Por debajo de eso hay cientos de miles de personas que la consumen para el ocio o hasta para trabajar. Y tampoco se habla de ello, es como si no se quisiera ver”. Un consumo extendido, pero invisibilizado, que “explica la implantación silenciosa, pero también que se perpetúe el tabú y la falta de un debate público necesario”, escribe López Canales, “sin el que no puede haber un cambio de paradigma. Primero tiene que haber mucha conversación sobre el tema”, añade.

Una conversación amplia sería, porque la cocaína, relaciona el periodista, habla de nuestro sistema de producción, del modo de vida de las sociedades occidentales. “La cocaína se consume básicamente en países occidentales: en Europa occidental, en Estados Unidos, en Australia. En el resto no se consumen tantas drogas ni tantos ansiolíticos ni hay tantos jóvenes con trastornos de ansiedad o depresión como en España o Europa”, sostiene.

La cocaína está muy normalizada en el consumo diario para producir. No solo permite aguantar ese ritmo, sino que es la sustancia que mejor lo representa. Es la sustancia de los 'yuppies' de de Wall Street. El modelo nos ha convertido a todos en yuppies de Wall Street, pero sin pasta

¿Nos hemos resignado a que esto sea ya parte de la sociedad? “La cocaína está muy normalizada en el consumo diario para poder producir”, responde López Canales, “no solo permite aguantar ese ritmo, sino que es la sustancia que mejor lo representa. Es la sustancia de los yuppies de Wall Street. El modelo nos ha convertido a todos en yuppies de Wall Street, pero sin pasta. Y estos consumos son la consecuencia de este modelo social tan narcisista e individualista en la que parece que todo depende exclusivamente de nosotros. Que te vaya bien en el trabajo depende exclusivamente de ti, de lo que seas capaz de producir. Que te vaya bien en la vida y que estés en calma depende exclusivamente de ti, y si no lo consigues es porque no quieres”. Y así, se consume masivamente “por su experiencia y placer, o por el alivio de escapar de esa rueda y de uno mismo”, escribe.

López echa en falta que la normalización en el consumo se traslade al debate público. El que tuvo Portugal, por ejemplo, un país con características similares a España, pero con tasas de consumo diez veces menores. ¿Qué nos diferencia de ellos? Pese a admitir que no es un experto, el escritor tiene algunas ideas.

“Despenalizaron el consumo de drogas hace ya 20 o 25 años e hicieron campañas de reducción de riesgos y de prevención. Han trabajado mucho, porque hace dos décadas también tuvieron problemas con la heroína, como en España, y un mayor consumo de cocaína. Pero después de despenalizarlo (que en España también se ha hecho) estuvieron haciendo estas campañas informativas y de prevención realistas, enfocando el consumo como lo que es, sabiendo que hay una parte de adicción, por supuesto, pero hay otra parte de consumo por placer. Enfocar el fenómeno con esa visión mucho más realista les ha funcionado y el consumo es mucho más bajo que en toda Europa”, desarrolla, poniendo el foco en que cuestiones que se achacan al elevado consumo en España –ser puerta de entrada o el estilo de vida– puede que faciliten el consumo, pero no lo acaban de explicar las altas tasas de España.

La doble moral

Un debate público que quizá, aventura el escritor, podría poner sobre la mesa elementos a los que los consumidores de drogas no suelen prestar mucha atención. Por ejemplo, la “doble moral con el tema de las drogas”, dispara. “Por un lado, nos decimos que vamos a cuidarnos, a no tomar gluten, lactosa, a contar la calidad nutricional de lo que comemos. Pero luego llega la noche y lo que haya te lo metes, aunque se fabrique usando queroseno, ácido sulfúrico o amoniaco”.

No es la única doble moral con esta droga, sostiene López Canales. “Consumo sostenible, consumo ecocomprometido, economía circular, productos de temporada y de proximidad, consumo que apoya las comunidades locales, consumo consciente”, escribe. “Y después, sniiiiiiiiif... Con la cocaína no existe sostenibilidad ni conciencia de consumo. No importa la producción y el impacto que esta tiene, sino conseguirla”, explica. Todo por una inocua rayita.

El escritor cierra el libro con una reflexión que quizá podría catalogarse de optimista. Es lo que llama “la paradoja de la cocaína”: “Se consumen más drogas porque vivimos en un mundo de hiperconsumo y se consume excesivamente de todo, pero quizá también se consuman más drogas para sobrevivir a ese mundo. La cocaína sería así parte del hiperconsumo y de sus consecuencias (...). En esa falla del sistema, en esta paradoja de la coca, tal vez estén la salvación o el cambio. O quizá, de momento, menos ambicioso, el inicio de la conversación pendiente”, cierra.

“Pues sí, nos gustan. Sí que somos callejeros. Somos de Madrid, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino. ¿Qué pasa? La ministra de Sanidad, que persigue los bollos, pero que es incapaz de poner médicos en España entera, esta semana volvía a la carga con sus obsesiones con Madrid. Pues a la ministra le gustan los porros, a mí la fruta. A cada uno le va lo suyo”.

Además de insultar (no tan) veladamente con ese “me gusta la fruta”, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le gusta contradecir toda la evidencia científica cuando se trata de defender el alcohol. Ayer fue el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hoy es Mónica García, mañana será alguna sociedad médica que recuerde lo que dice la ciencia y todos los programas de prevención de consumo de drogas: “No existe un nivel de consumo seguro de alcohol. El consumo de riesgo, el consumo perjudicial, el consumo excesivo episódico y la dependencia del alcohol, el alcoholismo, son considerados hoy en día grandes problemas de salud pública”.

Esta frase en concreto está sacada de una web oficial de la Comunidad de Madrid que preside Ayuso. De la misma comunidad en la que en los últimos dos años, durante el mandato de Ayuso, se ha duplicado el número de bebedores diarios, pero que el día que se conoce esa estadística el Gobierno saca una nota de prensa en la que de nueve párrafos dedica seis al cannabis, uno al alcohol y otro al tabaco. La primera droga la consume a diario un 2% de la población española y no se le achacan muertes directas. Alcohol bebe cada día una de cada siete personas en España y es la “sustancia psicoactiva más consumida de España”, donde tres de cada cuatro personas bebieron en el último mes y provoca unas 15.500 muertes cada año. Un 23% de las personas fuman a diario y 54.000 mueren cada año por culpa del tabaquismo.

Además, el tabaco y el alcohol son las sustancias más dañinas a nivel general de población, según concluyó el informe Clasificación de los daños del alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas para el individuo y la población, realizado en Países Bajos sobre 17 sustancias ilegales más el tabaco y el alcohol. En cuanto a la afectación individual son la tercera y cuarta, respectivamente, siempre por encima del cannabis (el crack y la heroína son las peores).

“Estigmatizando las cañitas”

Pero para la presidenta es una afrenta que alguien sostenga que el alcohol es una droga. Diga lo que diga la evidencia médica, aunque aparezca así definida en todos los planes antidroga. “Intentan equipararla [la cerveza a la droga] y perseguir como siempre a la hostelería, como si fuera algo parecido, estigmatizando las cañitas”, dijo la presidenta madrileña como parte de la diatriba contra la ministra a cuenta del plan para regularizar el consumo de cannabis medicinal –en forma de aceites mayormente, la propuesta de Sanidad no contempla el uso de la flor propiamente y prevé unos usos muy concretos para casos limitados y como última opción–.

La manera de pensar de la presidenta se refleja en la evolución de los planes sobre drogas de la Comunidad. En el apartado genérico sobre drogas de la web de la Comunidad de Madrid el tabaco y el alcohol aparecen desde hace años como sustancias dañinas que, en el caso del alcohol, explica la información colgada, puede causar trastornos y toda una serie de enfermedades cardiovasculares, como enfermedades hepáticas, neuropsiquiátricas, transmisibles, además de que existe “una sólida evidencia de la asociación del consumo de alcohol y ciertos tipos de cáncer”.

Pero en la última versión del Plan Regional contra las Drogas para el periodo 2024-2027, una iniciativa que depende del Gobierno de turno, no aparecen la palabra “alcohol” ni “tabaco”. Son 82 páginas y 75 medidas sin mencionar ninguna de las dos drogas.

Ayuso ha hecho de la defensa de las “cañitas” una de sus señas de identidad desde que ganó unas elecciones subida al carro de la “libertad”, que tras la pandemia era “libertad para tomarse una caña”. Desde entonces ha protagonizado varios episodios atacando a quien critica el consumo de alcohol e incluso ha llevado sus peleas a las políticas antidrogas de la Comunidad de Madrid.

Dicen las webs oficiales del Plan Regional contra las drogas de la Comunidad de Madrid que “las drogas, con su capacidad devastadora para destruir vidas, familias y naciones enteras, son la mayor amenaza para la libertad y la prosperidad en el mundo de hoy. Por eso debemos combatirlas en todos los frentes”.

Y luego, el sello Ayuso: “Hasta ahora, se las ha favorecido por desconocimiento [sic]”, explica el Plan Regional. Quién las ha favorecido o cómo queda en el aire. Pero queda. Negro sobre blanco. Luego concluye; “Se han utilizado de herramienta antisistema. Pero no hay nada más regresivo ni destructivo que las drogas. Son la causa principal de la marginalidad y la delincuencia y afectan a la salud mental de una manera trágica. Las drogas están vinculadas a trastornos como la esquizofrenia, las depresiones y los trastornos bipolares y también son la causa de fondo en muchos casos de suicidio”. Pero nada de esto alude a la cerveza, eso son otras cosas. Eso, en la mente de Ayuso, no es una droga.

La cantidad de personas que cada día del año bebe alcohol en la Comunidad de Madrid se ha disparado. De hecho, se ha duplicado en dos años. Pero la política de drogas de su presidenta Isabel Díaz Ayuso solo ve cannabis. La última Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y otras Drogas (EDADES) revela que alcohol y tabaco son las sustancias, legales o no, que más se consumen en la región, y que las personas adultas que admiten beber a diario se han más que duplicado en Madrid en dos años, pasando de 6,7% en 2022 al 15,6% en 2024. Frente a esto, ese mismo informe advierte de que el uso del cannabis ha subido en el mismo periodo, aunque lo hace mucho menos y en términos diferentes: quienes refieren haberlo probado en el último año han pasado del 8,3% al 9,7%.

Pero los datos oficiales no parecen hacer mella en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que solo tiene ojos para (contra) el cannabis. Sin ir más lejos, en su exposición pública sobre las encuestas EDADES –y con las cifras de consumo anteriores encima de la mesa–el Ejecutivo de Ayuso ha destacado por encima de cualquier otra consideración que “la Comunidad de Madrid constata que el cannabis es la sustancia ilegal de mayor consumo en la región con un ligero incremento en 2024”. Mientras, se pasa por encima del consumo alcohol, que se define como la sustancia “preferida” de los madrileños y se le dedican dos líneas para mencionar un incremento “importante” en los consumidores diarios. El tabaco también aparece mencionado de refilón para destacar que está en su dato más bajo de consumo, con un 33,8% de la población que dice fumar.

De los nueve párrafos que tiene la nota de la Comunidad de Madrid publicada este lunes, seis están dedicados al cannabis, una droga que consume a diario un 2% de la población española y a la que no se le achacan muertes directas, aunque sí se registraron 117 fallecimientos en 2017 por “reacción aguda” tras consumirlo en España. Por otro lado, el alcohol se refiere en un párrafo, una sustancia que bebe cada día una de cada siete personas en España y provoca 15.500 muertes al año. Otro párrafo más habla del tabaco, con un 23% de consumidores diarios y 54.000 fallecidos cada año.

En este sentido el Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid, que se alarga 82 páginas y contiene 75 medidas, no menciona una sola vez el alcohol o el tabaco. Además, para lo que sí ha encontrado hueco en esa campaña el Gobierno regional ha sido ordenar a todos los institutos de la región que instalen un buzón para realizar denuncias anónimas sobre consumo de cannabis entre el profesorado o el alumnado, con o sin pruebas.

La “libertad” está en un vaso de caña

Ayuso lleva años, desde que organizó toda una campaña electoral en la “libertad” que da salir a tomar cañas, con una política de drogas peculiar: a favor el alcohol, en contra de aumentar las restricciones al tabaco y abiertamente opuesta al cannabis. Drogas legalizadas que se consumen masivamente, bien. Droga ilegalizada (cada vez menos a nivel global) que utilizan un tercio de las personas que las otras, mal.

El caso es que Ayuso dice creer que las drogas “son una condena, quitan la libertad al individuo, le quitan autonomía. Estoy en contra de las drogas, me parece el mayor lastre de una persona ser dependiente de algún tipo de sustancia”.

Ante esta información, o la presidenta cree que el tabaco y el alcohol no son drogas o modela su discurso al margen de esa afirmación. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid considera realmente que el alcohol y el tabaco no son drogas, debería pedir que alguien cambie su propio portal sobre drogas y adicciones, que incluye el tabaco y el alcohol exactamente en la misma categoría que el cannabis.

“No existe un nivel de consumo seguro de alcohol”, sostiene la Comunidad de Madrid sobre la bebida en ese portal. “El tabaquismo es la primera causa aislada y evitable de enfermedad y muerte en los países desarrollados”, advierte a los fumadores. “El consumo de cannabis puede ser perjudicial para la salud, cada vez más, dado el aumento que se viene produciendo en su contenido en Tetrahidrocannabinol (THC)”, el principal componente psicoactivo de la planta, añade para usuarios de hachís o marihuana.

A nivel científico la cuestión de que las tres sustancias son drogas está tan asentada que no genera ni debate.

La presidenta también ha recurrido en ocasiones a la conocida como “teoría de la escala”, por la cual supuestamente se va pasando de una droga a otra en una espiral ascendente sin fin. Una de las últimas veces, a finales de 2023 con motivo de una visita a Estados Unidos, repitió: “Nos encontramos con grandes capitales, grandes ciudades en el mundo, (...) donde todo son tiendas de consumo de marihuana, donde se ha contemporizado con todas las drogas, donde se es muy permisivo con lo demás. Estamos viendo cifras desastrosas de jóvenes, personas de todas las edades, abandonadas por las calles, hundidas, porque se ha pasado de unas drogas a las siguientes”.

Esta idea también se ha desmentido recurrentemente. “La teoría de la escala ha sido desechada desde hace mucho tiempo por la comunidad científica internacional, tanto por motivos neurobiológicos como por evidencia epidemiológica”, señala Manuel Guzmán, catedrático en Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM). “La inmensísima mayoría de los consumidores de cannabis no continúa consumiendo cocaína o heroína”, asegura el investigador. Lo mismo sucede con la teoría de entrada.

Nadie en la comunidad médico-científica defiende que el uso de cannabis sea inocuo, sus efectos están demostrados. El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) explica que “el consumo habitual provoca una serie de daños orgánicos y psicológicos”, y enumera: problemas de memoria y aprendizaje, peores resultados académicos, abandono prematuro de los estudios, dependencia (entre el 7% y el 10%), enfermedades broncopulmonares y determinados tipos de cáncer, arritmias y psicosis y esquizofrenia. También sostiene el PNSD que “el impacto psicológico del consumo de cannabis tiene una especial relevancia”: “Puede dar lugar a varios tipos de trastornos mentales, entre los que se incluyen los trastornos psicóticos. Su consumo aumenta más de cinco veces el riesgo de padecer psicosis a lo largo de la vida. Cuanto antes se comienza a consumir y más frecuente es el consumo, mayor es el riesgo”.

La cuestión es constatar cómo la Comunidad de Madrid se afana en señalar uno mientras se minimizan otros, sobre todo cuando el tabaco y el alcohol son las sustancias más dañinas socialmente a nivel de población, según el informe Clasificación de los daños del alcohol, el tabaco y las drogas ilícitas para el individuo y la población, realizado en Países Bajos sobre 17 sustancias ilegales más el tabaco y el alcohol. A nivel individual son la tercera y cuarta, respectivamente, siempre por encima del cannabis (el crack y la heroína son las peores).

Pudo haber sido una tragedia. Un motorista que se encontraba bajo los efectos de las drogas ha sido detenido por atropellar con su motocicleta a un agente de la Policía Local que se encontraba regulando el tráfico, durante le celebración de un carnaval escolar en el que participaba el alumnado de dos colegios de Turón, en el concejo asturiano de Mieres.

El agente sufrió heridas de carácter grave y se encuentra ingresado en el hospital Vital Álvarez-Buylla de Mieres , aunque su evolución es buena, según han confirmado a elDiario.es Asturias fuentes municipales.

Ninguno de los escolares que en ese momento se encontraban en la zona de Piamar y se disponían a subir al autobús estacionado en la vía ha sufrido lesiones.

Arrollado en plena carretera

Los hechos ocurrieron sobre las 13.30 horas de ayer, a la altura del kilómetro 21,100 de la carretera AS-337 (Sotrondio-Figaredo), en Turón.

A esa hora, el policía se encontraba participando en el dispositivo especial que se había establecido para garantizar la seguridad de los escolares de los colegios Vega de Guceo y Villapendi. que, momentos antes, habían disfrutado del carnaval.

En cuestión de segundos, el joven irrumpió en la zona e hizo caso omiso a las indicaciones del policía para que se detuviera, arrollando al agente con su motocicleta.

El motorista dio positivo en cannabis

La Guardia Civil del Sector de Tráfico de Asturias desplazada hasta el lugar sometió al conductor de la motocicleta, que sufrió lesiones leves, a las pruebas de alcohol y drogas.

El motorista dio negativo en la prueba de alcoholemia, mientras que en la de drogas dio positivo en THC (cannabis).

Al parecer, el detenido cuenta con varias denuncias administrativas por infracciones en materia de seguridad vial.

La Comunidad de Madrid ha instalado buzones (físicos y virtuales) en varios institutos de la región para recibir denuncias anónimas sobre consumo de drogas entre el alumnado, con especial atención al cannabis, según han denunciado las familias de un centro y confirmado la Confederación de AMPAS, AFAS y FAMPAS de la Comunidad de Madrid (Confapa). La medida es una de las 75 que recoge el Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid y ha sido implementada hace unas semanas en varios centros, según Confapa, además de haber habilitado una web que sirve para cualquier IES de la región.

Desde la confederación explican que esta propuesta presenta varios problemas. “Si bien algunas de las medidas recogidas en el plan son lógicas y entran dentro de un documento de esta naturaleza, como puede ser las medidas de formación, divulgativas, de concienciación, de colaboración con otras entidades públicas y sociales, etc., la instalación de un buzón de denuncias anónimas por el consumo de drogas podrá generar o reforzar conductas de acoso en los centros, servir de excusa para actuar de manera desproporcionada sobre el alumnado que requiere mayor atención y medios por parte del centro y, lo más grave, estigmatizar y criminalizar de manera pública al menor cuando éste haya consumido cannabis”, explica Fernando Mardones, vicepresidente y portavoz de la organización.

El panfleto explicativo de la Comunidad de Madrid explica que “se colocará un buzón físico de alertas anónimas en cada centro educativo que activará de manera inmediata el Protocolo de Prevención ante la presencia de drogas o de situaciones de riesgo, sospecha o evidencia de comportamientos adictivos”. Según ha informado este miércoles la FAPA Giner de los Ríos, la consejería de Educación informó este martes en el Pleno del Observatorio de la Convivencia de la Comunidad de Madrid que se han realizado 82 denuncias a través de este sistema de denuncia desde enero. De ellas, tres fueron en el buzón físico, siete por email y los demás se realizaron a través del QR habilitado. Fruto de estas denuncias se han realizado siete intervenciones a través de la coordinación con los agentes tutores.

Mardones, que explicita que Confapa está en contra del consumo de drogas, también critica que la campaña se centre exclusivamente en el consumo de cannabis, una de las obsesiones de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, mientras deja fuera (o no menciona) otras drogas, como la cocaína o el alcohol. “¿Por qué no se actúa con el alcohol, que sí es un problema real? O el tabaco, o los medicamentos para tratar el estrés o las depresiones, que el Ministerio está intentando controlar y esos sí están descontrolados”, se pregunta el portavoz.

Además, continúa Mardones, esta propuesta cuestiona la presunción de inocencia, “que queda totalmente descartada en el plan, y deja al alumno o a la alumna acusados de consumir en una situación de total indefensión”. Tampoco está claro dónde se dibuja la línea: ¿se denunciará a menores que consuman drogas en su tiempo libre, un fin de semana, o fuera del entorno escolar? ¿Se puede denunciar al profesorado o solo es para estudiantes?

La FAPA Giner de los Ríos alerta de que “el canal de denuncias anónimas puede canalizar acusaciones falsas o engañosas”, aunque concede que “es cierto es que el consumo de drogas es una realidad y es necesario, con este tema, buscar alternativas y vías de actuación”. También recuerda esta asociación de AMPAS que “las drogas que antes empiezan a consumirse, con 16 años, son el alcohol y el tabaco”.

El buzón, que también existe en su formato digital, no incluye ningún apartado para aportar pruebas. Esta circunstancia, junto al anonimato de los denunciantes, puede provocar acoso escolar o reforzar el ya existente, advierte el portavoz.

Este periódico ha preguntado por estos detalles a la Consejería de Educación, que por el momento no ha contestado. En la web donde se explica el plan se explicita que “tiene como objetivo aumentar la sensibilidad y la conciencia social de riesgos y daños provocados por las drogas y mejorar la prevención del consumo y de la adicción a todo tipo de sustancias psicotrópicas”. Según informa este documento, “los responsables del Plan Regional contra las Drogas serán los encargados de tomar las medidas oportunas”.

La Comunidad argumenta en el documento del plan contra las drogas que “en el último año se ha producido un incremento del uso de cannabis y de nuevas sustancias psicoactivas entre adolescentes y jóvenes adultos. El cannabis es la droga ilegal más consumida entre los jóvenes. Según la Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en España, ESTUDES 2023”, el 92,3% de los menores de 20 años en tratamiento por uso de sustancias lo hace por problemas con esta droga“.

Pero esa misma encuesta desmiente la primera afirmación, además de señalar que el alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas y las que presentan una edad de inicio más joven. “Entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años, las drogas con mayor prevalencia de consumo en los últimos 12 meses son el alcohol (73,6%), el tabaco (27,7%), el cannabis (21,8%) y los hipnosedantes con o sin receta médica (14,8%). En comparación con los resultados de 2021, el consumo de alcohol e hipnosedantes con o sin receta se han incrementado y, sin embargo, el consumo de tabaco y cannabis han disminuido”.

La presidenta regional ha dibujado a lo largo de estos años su política de drogas: la mandataria ensalza el consumo de alcohol, sobre el que ha organizado hasta alguna campaña electoral (libertad para tomar cañas), rechaza el aumento de las restricciones al tabaco que pretende implantar el Ministerio de Sanidad y demoniza el uso de cannabis. Esta visión del consumo de drogas se ha plasmado en el plan regional implementado ahora.