Vox ha reiterado en los últimos meses su acusación de que la educación pública en Extremadura está sometida a un supuesto “adoctrinamiento ideológico”. Esta idea se ha colado en el corazón de las negociaciones políticas, situando a la educación en el centro de una polémica que combina estrategia electoral con polarización cultural. 

Se trata de una afirmación grave porque cuestiona la profesionalidad de los docentes extremeños, la neutralidad institucional del sistema educativo y la legitimidad de los contenidos curriculares establecidos por ley. 

La narrativa de Vox no es nueva ni exclusiva de Extremadura. Esta formación ha alimentado debates similares sobre “adoctrinamiento” en otros ámbitos educativos y ha impulsado propuestas como el llamado 'pin parental', destinado a que padres autoricen previamente actividades extraescolares.

Todas estas acusaciones responden más a estrategias de movilización política que a evidencias empíricas de prácticas educativas sesgadas. El uso del término “adoctrinamiento” viene sirviendo para descalificar a interlocutores y movilizar emociones.

Principios consagrados en la Constitución

Adoctrinar implica inculcar una determinada ideología, excluyendo el debate y la pluralidad de perspectivas. La escuela pública extremeña se rige por un marco normativo aprobado por un parlamento democrático. Los currículos oficiales establecen competencias, saberes básicos y criterios de evaluación que responden a consensos pedagógicos y científicos, no a consignas partidistas. Los contenidos educativos se diseñan a partir de esos criterios y su aplicación cotidiana está supervisada por equipos docentes cualificados y por la inspección educativa.

Acusar a la escuela pública de adoctrinar porque aborda cuestiones como igualdad, diversidad o derechos humanos es ignorar que estos temas forman parte de los principios consagrados en la Constitución y en acuerdos internacionales de derechos humanos. Defender la convivencia democrática no equivale a imponer una opción partidista.

Vox no ha limitado su crítica al ámbito de las Ciencias Sociales o la Educación en Valores. También ha cuestionado contenidos relacionados con la igualdad de género, la diversidad afectivo-sexual y, de manera creciente, el tratamiento del cambio climático y la sostenibilidad en materias como Ciencias Naturales o Biología. Aquí conviene detenerse: ¿es adoctrinamiento enseñar que el cambio climático tiene base científica? ¿Es ideológico explicar los consensos alcanzados por la comunidad científica internacional? Las Ciencias Naturales no funcionan por mayorías parlamentarias ni por opiniones partidistas. Funcionan mediante el método científico: observación, experimentación, revisión por pares y acumulación de evidencias. El cambio climático antropogénico no es una consigna política, sino una conclusión respaldada por una abrumadora mayoría de investigaciones científicas internacionales. Incluir este conocimiento en el currículo no es promover una ideología, sino transmitir resultados consolidados por la ciencia contemporánea. 

Del mismo modo, abordar contenidos sobre biodiversidad, energías renovables o impacto ambiental no convierte al aula en un espacio militante. Forma parte de una alfabetización científica básica que permite comprender fenómenos que afectan directamente a la realidad económica, social y territorial de Extremadura. Una región con amplias zonas rurales, con retos demográficos y con una creciente implantación de proyectos energéticos necesita ciudadanos capaces de interpretar datos ambientales y participar con criterio en debates públicos complejos.

Esencia de una educación democrática

Desde el punto de vista pedagógico, la pluralidad de ideas es la esencia de una educación democrática. El currículo oficial prevé el tratamiento de múltiples perspectivas sobre hechos históricos, científicos y sociales, y obliga a los docentes a garantizar que los estudiantes comprendan y contrasten información desde diferentes ángulos. En Historia se analizan procesos desde diferentes perspectivas historiográficas; en Ciencias se examinan hipótesis y evidencias; en Filosofía se confrontan corrientes de pensamiento. Las aulas no son espacios monolíticos sino heterogéneos, marcados por la convivencia de diversas sensibilidades y experiencias. Ello es precisamente lo contrario de un proceso de adoctrinamiento, que eliminaría la posibilidad de cuestionar, comparar y argumentar. 

Además, la práctica docente cotidiana dista mucho de la caricatura que algunos discursos proyectan. El profesorado extremeño trabaja con grupos heterogéneos, fomenta el pensamiento crítico y promueve el debate razonado. En las aulas se analizan fuentes diversas, se contrastan opiniones y se enseña a argumentar con evidencias. 

Otro elemento que suele omitirse en este debate es la naturaleza plural de la sociedad extremeña. Las familias tienen convicciones diversas y el sistema educativo debe garantizar que ningún estudiante sea discriminado por razón de origen, género, orientación o creencias. La inclusión y el respeto no constituyen una agenda partidista, sino una exigencia legal y ética. Cuando se presentan estas políticas como “adoctrinamiento”, se desplaza el foco desde la protección de derechos hacia una confrontación identitaria que poco aporta a la mejora real del sistema.

Conviene también preguntarse por el efecto de este tipo de acusaciones. Cuando se repite que la escuela pública adoctrina, se erosiona la confianza social en una institución fundamental para la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades. Extremadura afronta desafíos educativos reales: dispersión geográfica, envejecimiento demográfico, necesidad de recursos en determinadas zonas, mejora de resultados académicos, brecha digital. Estos problemas requieren debate político serio y propuestas concretas. 

En definitiva, la escuela pública no es un aparato ideológico, sino un servicio esencial que busca garantizar igualdad de oportunidades y formación integral. Criticar es legítimo; desacreditar sin pruebas, no. Si de verdad se aspira a mejorar la educación en Extremadura, el camino no pasa por sembrar sospechas infundadas, sino por fortalecer el diálogo, el respeto a la profesionalidad docente y el compromiso con una educación plural, crítica y democrática.

El PP ha tombat la iniciativa del 'veto parental' que va proposar Vox a Balears amb l'objectiu que els centres educatius permetessin als pares vetar les activitats externes que qüestionin les seves conviccions morals, ideològiques o religioses.

Es tracta d'una de les mesures estrella que va llançar la formació d'extrema dreta a les eleccions autonòmiques de l'any passat a fi de vetllar per la “innocència” dels menors al terreny afectivosexual i “acabar amb l'adoctrinament ideològic” a les aules.

Durant el ple celebrat aquest dimarts al Parlament, els populars, que inicialment es van mostrar a favor de la proposta, han impedit finalment amb el seu vot que aquesta tiri endavant, fent visibles, una vegada més, les discrepàncies amb qui fins fa poc ha estat el seu soci extern i principal valedor de les seves iniciatives.

Cal recordar que a l'acord d'investidura subscrit per PP i Vox a inicis de legislatura s'obria la porta al veto parental polèmic: “Reforçarem la inspecció educativa per preservar la qualitat de l'ensenyament i l'absència d'intromissions ideològiques. A més, implementarem els mecanismes necessaris per garantir el coneixement i aprovació prèvia de matèries extracurriculars, així com la seva voluntarietat”.

La proposta que pretenia aprovar Vox contemplava l'obligatorietat que els centres informessin amb antelació els pares de la realització d'activitats de contingut religiós, moral, social, cívic o sexual, a més de sol·licitar per escrit el consentiment exprés previ dels progenitors perquè els seus fills poguessin assistir-hi.

La Cambra sí que ha aprovat instar el Govern autonòmic a garantir el dret dels pares que els seus fills rebin la formació d'acord amb les seves pròpies conviccions religioses i morals, en virtut de l'article 27 de la Constitució Espanyola.

El PP ha echado por tierra la iniciativa del 'veto parental' que propuso Vox en Balears con el objetivo de los centros educativos permitieran a los padres vetar las actividades externas que cuestionen sus convicciones morales, ideológicas o religiosas. Se trata de una de las medidas estrella que lanzó la formación de extrema derecha en las elecciones autonómicas del pasado año a fin de velar por la “inocencia” de los menores en el terreno afectivo-sexual y “acabar con el adoctrinamiento ideológico” en las aulas.

Durante el pleno celebrado este martes en el Parlament balear, los populares, quienes inicialmente se mostraron a favor de la propuesta, han impedido finalmente con su voto que ésta salga adelante haciendo visibles, una vez más, las discrepancias con el que hasta ahora había sido su socio externo y principal valedor de sus iniciativas.

Cabe recordar que en el acuerdo de investidura suscrito por PP y Vox a inicios de legislatura se abría la puerta al polémico veto parental: “Reforzaremos la inspección educativa para preservar la calidad de la enseñanza y la ausencia de intromisiones ideológicas. Además, implementaremos los mecanismos necesarios para garantizar el conocimiento y la aprobación previa de materias extracurriculares, así como su voluntariedad”.

La propuesta que pretendía aprobar Vox contemplaba la obligatoriedad de que los centros informasen con antelación a los padres de la realización de actividades de contenido religioso, moral, social, cívico o sexual, además de solicitar por escrito el consentimiento expreso previo de los progenitores para que sus hijos pudieran asistir a las mismas.

La Cámara sí ha aprobado instar al Govern autonómico a garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación de acuerdo con sus propias convicciones religiosas y morales, en virtud del artículo 27 de la Constitución Española.

Vox está siendo un socio de gobierno dócil para el PP en Extremadura. Sin embargo, el líder de la formación de extrema derecha, Ángel Pelayo Gordillo, ha recordado a la presidenta, María Guardiola, que aún quedan por cumplir numerosos aspectos de su pacto, entre los que ha mencionado el veto parental en las aulas, la eliminación de las subvenciones “a los mal llamados sindicatos mayoritarios” y a la cooperación al desarrollo, o la ampliación en la rebaja de impuesto y precios públicos.

Después de que Guardiola no mencionara a Vox en ningún momento durante su discurso de 90 minutos del lunes en el debate del estado de la región, Gordillo ha subrayado al inicio de su intervención que es presidenta gracias a un gobierno de coalición entre PP y Vox, que firmaron un pacto hace un año “que debe ser la guía de la legislatura”. En este sentido, el portavoz de extrema derecha se ha mostrado partidario de la devolución de las competencias en Sanidad y Educación para que las asuma el Estado en todo el país, pero ha avisado a la presidenta que el acuerdo incluye la “neutralidad ideológica de la enseñanza” y la “libre elección” de centros en todas las etapas.

Gordillo ha afirmado que el “criterio” de los padres “debe prevalecer siempre en la educación” y ha avisado de que su formación “insistirá” en el derecho constitucional que asiste a los padres “para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”.

Este asunto, el de la censura de los padres en los contenido educativos, ya abrió una grieta entre los socios de gobierno el pasado otoño. Vox siempre ha defendido que se trata de un compromiso recogido en el pacto, concretamente se trata de la medida 32, pero el PP ha negado que hablar de “neutralidad ideológica” suponga la implantación del conocido como 'pin parental'.

La extrema derecha también ha focalizado parte de su intervención en las subvenciones que reciben los sindicatos y la cooperación al desarrollo. María Guardiola se comprometió en el pacto a una “reducción considerable” del dinero público que reciben la patronal y las organizaciones de trabajadores y el recorte incluido en los presupuestos de 2024 ha sido insuficiente a juicio de Vox. Como lo es el tijeretazo de un 800% en las cuentas de cooperación.

Gordillo también ha mencionado la profundización en la reforma fiscal puesta en macha el pasado otoño con la rebaja del IRPF, la eliminación del impuesto de Patrimonio y el dirigido a los grandes tenedores por las viviendas vacías. Según ha dicho, todas eran “medidas urgentes y reclamadas por los extremeños” y ha exigido ahora la bajada del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y el de matriculación, eliminar para más contribuyentes el impuesto sobre sucesiones y donaciones, seguir reduciendo el IRPF, degravaciones para las familias y revisar las tasas de precios públicos, especialmente en materia de instalaciones en viviendas, industrias agroalimentarias y actividades agropecuarias. 

El diputado de VOX en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, ha propuesto este lunes que sea preceptiva la autorización de los padres para que los escolares participen en actividades extracurriculares en los centros, lo que defenderá este martes como proposición no de ley en la Comisión de Educación, Ciencia y Universidades.

En rueda de prensa, Civiac ha señalado que esta es una iniciativa registrada junto con el PP para instar al Ejecutivo regional a “tomar medidas para asegurar la libertad de educación y desideologizar las aulas y los contenidos de las asignaturas que se imparten en la enseñanza no universitaria”.

PP y VOX abogarán, en la Comisión de Educación, por revisar el curriculum escolar “conforme a la legislación” y reforzar la inspección educativa para “garantizar que ninguna ideología forme parte de los contenidos curriculares o didácticos”, ha continuado el diputado de VOX.

“La libertad de educación no es una novedad, pero sí es preciso que se garantice su ejercicio, actualmente amenazado”, ha aseverado Civiac, quien ha apelado a la Constitución de 1978 y la Declaración de Derechos Humanos de la ONU para reivindicar este derecho.

Ha añadido que “el Gobierno de turno no puede violentar ese derecho que tienen los padres”, de forma que “la enseñanza debe tener un carácter ideológicamente neutro”, lo que “diferencia un régimen democrático de uno totalitario de partido único, tan del gusto del PSOE y sus socios”.

Asignatura de religión

Además, Fermín Civiac ha anunciado otra iniciativa, que VOX quiere que se tramite en la sesión plenaria del 9 de mayo, para modificar el curriculum de bachillerato de forma que “no se discrimine a los alumnos que eligen matricularse en educación católica”.

“Pretendemos que se cumpla la legalidad, a la que en muchas ocasiones es ajena la práctica política del PSOE, y normalizar la asignatura de religión, que tiene que ser como las demás”.

Civiac se ha remitido a una sentencia dictada por el TSJA en 2017 para exigir que tanto en primero como en segundo de bachiller se imparta una hora semanal a los que elijan esta asignatura y los que no lo hagan cursen una asignatura optativa, indicando que los que sí la cursan reciben 32 horas de clase semanales, dos horas menos los que no lo hacen, “lo cual provoca innumerables problemas de organización en los centros”. También ha pedido que la calificación en la asignatura de religión forme parte de la nota media de bachillerato.

El diputado de VOX ha manifestado que “hay serias dudas, refrendadas por el TSJA, de que en Aragón no se están respetando los derechos de los alumnos que deciden matricularse en religión y no se están respetando los acuerdos Iglesia-Estado, además de que el curso pasado el Gobierno de Lambán y Faci decidió vulnerar esta sentencia con la excusa de la implantación de la ley educativa”.

Un instituto público de Vitoria con un millar de alumnos ha concedido un veto parental a las familias de cara a la próxima celebración, en marzo, de un módulo de tres sesiones de educación afectivo-sexual y de prevención del consumo de pornografía en algunos niveles, según ha podido saber este periódico. El Departamento de Educación, que ha confirmado los hechos, ha explicado que se trata de un “error” cometido por un cargo del colegio y confirma que se ha procedido a dar la orden de comunicar a las familias que esa formación pasará a ser obligatoria como parte de las actividades de sensibilización que se están impulsando desde diferentes niveles y que forman parte del currículo educativo.

El módulo está impartido por la entidad Konexio-Ona y recibe financiación del Ayuntamiento de Vitoria y de la Fundación Vital. Los talleres llevan años impartiéndose en colegios e institutos ante la creciente preocupación por el consumo de pornografía, según sus promotores. Consta de una primera sesión sobre los “mitos” de la pornografía en la que se pretende que los jóvenes no tengan “vergüenza” de admitir que consumen estos contenidos pero que, a cambio, tengan claro que no responden a la realidad. En la segunda se hace hincapié en conductas de riesgo. Y, en la tercera, se ofrecen “alternativas y recursos” para una “sexualidad sana”. Todos los talleres se hacen en horario lectivo, en concreto dentro de la asignatura de Tutoría.

La formación está complementada con la realización de un estudio sobre la sexualidad en adolescentes coordinado por investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) que sí requiere de autorización de los progenitores o de los tutores legales. Pero un responsable del centro, deliberadamente, fue más allá y comunicó a las familias que concedía a quienes no compartían los objetivos del módulo por motivos ideológicos o religiosos la posibilidad de sacar a los menores del aula durante esas horas y que realicen una actividad alternativa no precisada. Esta excepción no se había ofrecido hasta ahora con ningún otro contenido complementario a las asignaturas.

El denominado veto parental fue una de las medidas estrella de Vox en materia de Educación cuando negoció acuerdos con el PP en comunidades como Murcia, Andalucía o Madrid. Según lo definió la ultraderecha, es “un mecanismo para garantizar que los padres puedan evitar el adoctrinamiento sectario de sus hijos”. En Euskadi, la anterior consejera, Cristina Uriarte, rechazó de plano implantar este tipo de fórmulas para eludir contenidos incluidos en el currículo educativo cuando surgieron estos debates en otros lugares. El actual titular de Educación, Jokin Bildarratz, mantiene un criterio similar. De hecho, la apuesta por la educación afectivo-sexual forma parte de la normativa estatal (Lomloe), de la nueva ley autonómica (aprobada por el Parlamento en diciembre y ya en vigor) y de acuerdos tan recientes como el adoptado en la Cámara hace apenas dos semanas, a principios de febrero, donde se recalcaba que “todo el alumnado” tiene el “derecho” a recibir formación en materia de “coeducación”. De hecho, en fechas muy recientes se han hecho sesiones con profesores para que incorporen una visión transversal de la educación afectivo-sexual en las aulas. Decayó, eso sí, un intento más expreso de vetar estas prácticas dentro de la Ley de Familias, que no pudo ser aprobada en la anterior legislatura estatal.

Cuando Vox alentó este debate, el dirigente del PNV José Antonio Suso fijó la posición de su partido, que es el que dirige Educación en el Gobierno vasco. “En Euskadi llevamos años construyendo un modelo educativo basado en la adquisición por el alumnado de las competencias básicas, las destrezas necesarias para afrontar la vida. Sin vetos. Al menos, sin vetos que impidan promover una educación en valores en la que prime el respeto a los derechos fundamentales. Los profesionales educativos, los padres y las madres y el alumnado, en determinadas edades, comparten, mediante herramientas propias del sistema, la posibilidad de establecer aquellos mecanismos que permitan transitar de manera responsable por esa experiencia que supone aprender a aprender, a pensar, a emprender, a ser, a convivir y a comunicarse durante la primera etapa vital de las personas. ¿Quién se atreve a poner vetos a este planteamiento? ¿Qué sentido tiene vaciar de contenidos cívicos/éticos a la educación? ¿O pretenden volver a 'la letra con sangre entra' como herramienta educativa?”, escribió.

En el caso de los talleres impartidos en colegios de Vitoria, cuyo título es 'La pornografía como educación sexual', sus contenidos están adaptados para Primaria o Secundaria. Los materiales están visados por el comité de ética de la UPV/EHU, que además solicita autorización para realizar una investigación sobre el consumo de pornografía entre los adolescentes para mejorar el “diseño de un plan de formación” para generalizar este tipo de módulos. Nunca se solicita para la charla en sí que, además, está “teniendo unas valoraciones muy altas” entre el alumnado destinatario y en los propios colegios.

El veto parental reabre una antigua brecha entre el PP y Vox en Extremadura. El pleno de la Asamblea ha rechazado este jueves, con los votos de PP, PSOE y Unidas por Extremadura, la propuesta de impulso presentada por el partido de extrema derecha para implantar este veto, conocido como pin parental, en las aulas de la comunidad autónoma. No obstante, Vox ya había avanzado que no rompería su acuerdo de gobierno en Extremadura, aunque el PP votase en contra de la iniciativa, como ha sucedido.

La formación de Santiago Abascal ha defendido una propuesta para “revisar los currículos educativos y adoptar las medidas necesarias para la inmediata retirada de libros de texto y material educativo que contenga cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino para la inocencia de los menores”. En esta iniciativa, que supone un veto o pin parental aunque Vox no utilice expresamente ese término, se plantea también “garantizar el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”.

La diputada del PP Sandra Valencia, encargada de defender la postura de su grupo en el debate, ha dejado claro que el Gobierno de María Guardiola solo estaría dispuesto a estudiar la modificación de decretos sobre currículos educativos siempre que hubiera “una demanda real”, que hasta el momento no existe, y solo se llevaría a cabo “contando con toda la comunidad educativa”.

Valencia ha defendido la libertad de cátedra y la profesionalidad de los docentes, así como la importante labor que llevan a cabo los inspectores de educación, además de recordar que las familias, a través de los consejos escolares, aprueban la Programación General Anual (PGA) de los centros.

La diputada popular ha manifestado que la Junta garantizará el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones, así como la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura, que es lo que aparece en el punto 32 del pacto de gobierno suscrito entre PP y Vox.

El diputado defensor de la propuesta de impulso, Álvaro Sanchez-Ocaña, se había mostrado contrariado por no saber exactamente cual sería el voto del PP, pero ha dejado claro, no obstante, que “Extremadura está por delante y nosotros vamos a cumplir el pacto de gobierno y, sobre todo, la gobernabilidad de todos los extremeños”.

La diputada socialista Piedad Álvarez se ha preguntado si Vox no será “la derechita cobarde” en Extremadura, ya que ni siquiera se atreve a hablar de “pin parental” y ha dejado claro que esta medida no se puede aplicar porque va contra la libertad de cátedra y cuestiona a los consejos escolares y al claustro de profesores.

Tanto Álvarez como la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, han defendido que la educación en valores es más necesaria que nunca después de las movilizaciones protagonizadas estos días contra la amnistía, cargadas de “odio y violencia”, ha dicho la dirigente de Podemos, con “cantos fascistas e insultos homófobos y racistas”. 

Ni veto ni censura. Eso es lo que dice la Junta de Extremadura sobre la propuesta de impulso que ha registrado Vox en la Asamblea de Extremadura para implantar el conocido como pin parental en las aulas y para que se eliminen de forma “inmediata” los libros y el material educativo que afecte a la “inocencia” de los menores.

La secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez, ha dicho este martes que Vox no habla de “veto parental” y que lo que plantea en la propuesta de impulso registrada ayer “está en consonancia con lo que dispone el artículo 27 de la Constitución Española”.

Ara Sánchez se ha pronunciado así al ser preguntada por los medios sobre la propuesta de impulso registrada por Vox en la que plantea “el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”.

La secretaria general con rango de consejera ha recordado que esta iniciativa parlamentaria es “una propuesta que tendrá que admitirse, que se tendrá que debatir y veremos en qué termina”.

Tras insistir en que Vox no utiliza “en ningún momento el término pin parental”, ha añadido que la formación de Santiago Abascal “ahora mismo lo que está haciendo es presentar una propuesta que está en consonancia con lo que dispone el artículo 27 de la Constitución Española”.

Sánchez ha reconocido que esta propuesta está en el acuerdo de gobierno de coalición suscrito entre María Guardiola y Ángel Pelayo Gordillo y ha señalado que en ese pacto tampoco se habla de “veto o pin parental”, ya que lo pactado, igualmente, “se circunscribe única y exclusivamente a lo que dice el artículo 27” de la Carta Magna.

En ese sentido, ha precisado que esto “no difiere de lo que ya se está haciendo por parte de la Consejería de Educación y de los planes de Educación que se están aplicando en todos los centros de Extremadura.

La secretaria general de Educación, Pilar Pérez, ha dicho sobre esta cuestión que la Consejería se va a mantener “en la línea de lo que tiene que hacer cualquier partido democrático, que es atenerse al respeto de lo contenido en la Constitución Española y en concreto en el artículo 27”.

“De ahí desde luego no nos vamos a mover”, ha dicho Pilar Pérez, quien ha destacado que en los centros educativos se mantiene la premisa de que “hay que trabajar con todos los alumnos unos principios, unos valores y que la educación debe de estar al margen de ideologías y de adoctrinamientos, lógicamente”

“Pero eso es algo que siempre se ha hecho, la educación es algo que tiene que ceñirse al ámbito educativo y que tiene que estar alejada de la política”, ha dicho la responsable de Educación del Gobierno de María Guardiola.

Ara Sánchez y Pilar Pérez, que han asistido en la Asamblea de Extremadura al VIII Pleno Escolar contra el Bullyng por LGTBTIfobia, han apostado por una educación en respeto a la diversidad y a la pluralidad.

Vox ha presentado una propuesta de impulso en la Asamblea de Extremadura para exigir a la Junta la censura en los colegios e institutos de la región y la implantación del veto parental en las aulas. De esta forma, el partido de extrema derecha, que gobierna en coalición con el PP, obligará a la presidenta, María Guardiola, a posicionarse sobre este asunto después de que negara que estaba incluido en el pacto de gobierno.

En su propuesta, Vox pide a la Junta que revise los currículos educativos y adopte las medidas necesarias para promover la “inmediata retirada” de libros de texto y material educativo “que contengan cualquier tipo de adoctrinamiento o contenido potencialmente dañino que pueda afectar a la inocencia de los menores”.

Además, el partido de Santiago Abascal quiere que se garantice el “conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos en el aula”, o, lo que es lo mismo, que la Consejería extremeña de Educación implante el veto parental.

Sin embargo, María Guardiola rechazó el pasado jueves llevar esta medida a las aulas de la región porque no formaba parte, según dijo, del pacto de gobierno del PP y Vox en Extremadura. Pero en el punto 32 de ese documento ambos partidos se comprometieron a garantizar la “neutralidad ideológica” de la enseñanza y fomentar la igualdad de oportunidades asegurando la libre elección de centro en todas las etapas educativas, así como el derecho constitucional que asiste a los padres “para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”.

A pesar de ello, la presidenta aseguró que la Junta “garantizará una educación sexual adecuada, sana y respetuosa” después de que la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, reclamara una educación afectivo sexual en las aulas a partir de los tres años y recordara los casos de los falsos desnudos de niñas en Almendralejo y el de la menor agredida sexualmente por tres compañeros en un colegio de Montijo, ambas localidades en Badajoz.

“Nosotros queremos una Extremadura feminista y que combata palmo a palmo y sin descanso la violencia machista en cualquiera de sus formas”, resaltó Guardiola, además de criticar que la líder de la coalición de izquierdas utilice estos casos para “frivolizar” y “hacer regate corto en lugar de arrimar el hombro”. 

Será en el próximo pleno, previsto para el 19 de octubre al ser el 12 festivo, cuando la presidenta de Extremadura y los diputados del PP se tengan que posicionar sobre la censura en los colegios y la implantación del pin parental, como exigen sus socios en el Ejecutivo, o supondrá un nuevo enfrentamiento entre la derecha y Vox a escasos días de que se celebren los 100 días de gobierno.

No hay semana sin fricción entre el PP y Vox en Extremadura a cuenta del pacto firmado para gobernar en coalición. Si la derecha y la ultraderecha protagonizaron el miércoles un rifirrafe por las subvenciones a los sindicatos y la patronal, solo un día después se pone en cuestión el veto parental en las aulas, que Vox ha conseguido incluir en todos los acuerdos que ha firmado con el PP en otras comunidades autónomas tras las elecciones del pasado mayo.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha negado este jueves en el pleno de la Asamblea que el conocido como pin parental se incluya en el pacto de gobernabilidad que firmó con la extrema derecha para poder acceder al Gobierno regional y, por lo tanto, rechaza su aplicación, a pesar de ser una de las banderas de Vox.

Esta medida supone en la práctica que los padres y madres puedan censurar los contenidos formativos que sus hijos reciben en los colegios en contenidos que la ultraderecha considera “cuestiones controvertidas” con especial objeción a las que tienen que ver con la diversidad afectivo-sexual, aunque también con convicciones morales, ideológicas o religiosas.

Por eso, en el punto 32 del acuerdo entre PP y Vox en Extremadura se recoge que ambos partidos garantizarán “la neutralidad ideológica de la enseñanza en Extremadura (...) y asegurarán el derecho constitucional que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus convicciones”.

Sin embargo, Guardiola asegura que la implantación de eso veto “no aparece”, a pesar de que ambas formaciones lo recogían en los borradores que se intercambiaron antes de cerrar el acuerdo. Y lo hace después de que la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, haya pedido que no se aplique porque “necesitamos educación afectivo-sexual” desde los tres años.

La portavoz de la coalición de izquierdas ha asegurado que, aunque la presidenta lo haya negado, el punto 32 del pacto de PP y Vox es “un pin parental de libro” y ha criticado que Guardiola, a pesar de sus palabras, gobierne con quienes niegan la violencia machista.

De Miguel ha insistido en la educación sexual en las aulas desde edades tempranas porque “en estos tiempos es vital”, ha dicho tras recordar los casos de violencia machista hacia menores registrados en Extremadura: el de las niñas de Almendralejo con la difusión de sus desnudos mediante inteligencia artificial y el de la menor de 6 años de Montijo vejada por sus compañeros.

La presidenta ha considerado que llevar estos casos “repugnantes” a la Asamblea es “frivolizar”“ y ”hacer regate corto en lugar de arrimar el hombro“. También ha asegurado que su Gobierno quiere ”una Extremadura feminista y que combata palmo a palmo y sin descanso la violencia machista en cualquiera de sus formas“,

Esta semana hemos conocido dos situaciones de violencia sexual hacia niñas menores de edad en Extremadura que nos han puesto los pelos de punta a muchas. El primer caso lo conocí a través de un historia en el Instragram de la famosa ginecóloga almendralejense Miriam Al-Adib, cuando denunciaba que sus hijas junto con otras compañeras de clase estaban siendo objeto de montajes de fotos a través de Inteligencia Artificial simulando estar desnudas y se estaban difundiendo por Whatshapp.

Cuando escuché a la doctora Al Adib pensé inmediatamente en mi hija y obviamente me entró un escalofrío imaginando que pudiera ser ella otra víctima, ya que está a las puertas de la adolescencia. Pero con quien me senté a hablar fue con mi hijo mediano para hacerle entender lo grave que suponía un hecho así. “¿Qué harías tú si en tu grupo de amigos comparten fotos de compañeras desnudas?”, le pregunté, a lo que respondió: “pues mamá, les diría que son unos machistas de mierda”. Una contestación muy propia viniendo de él y que, a pesar de la altisonancia, me hizo sentir muy orgullosa al pensar que al menos tiene las bases para ser el día de mañana un hombre feminista.

El segundo caso me heló la sangre al conocer que en Montijo, de manera reiterada, unos niños de 6 años habían acosado y agredido sexualmente a una compañera. Aquí sí que me paré con mi otro hijo, más cercano a esa edad, e intenté explicarle el respeto a nuestro cuerpo y al de los demás. Algo de lo que ya habíamos hablado en casa pero que necesité volver a repetirle.

Mis hijos tienen la enorme suerte de estar creciendo en un ambiente donde el feminismo (como decía la inigualable Angela Davis; la idea radical de que las mujeres somos también personas) y la educación en el respeto a la diversidad son una constante en su día a día. De ahí supongo, que mi hijo no dude en tildar de “machistas de mierda” a quienes les parece gracioso vulnerar la integridad de sus compañeras utilizando para ello la IA y ejerciendo violencia sexual.

Poner en marcha el pin parental, como han firmado PP y Vox en su acuerdo de Gobierno en Extremadura, es vetar a los niños y niñas el derecho a ser educados en una educación sexual sana y respetuosa. Es impedirles a aquellos que más lo necesitan que aprendan valores que les hagan detectar abusos y violencias y desarrollar relaciones sanas, respetuosas y constructivas.

La educación afectivo-sexual es imprescindible desde edades tempranas en la escuela para preparar a nuestros niños y niñas a una vida segura, feliz, plena y respetuosa. Me produce mucha angustia escuchar a personas adultas expresar discursos negacionistas donde cuestionan esto y utilizan argumentos absurdos como que se quiere enseñar técnicas masturbatorias a niños y niñas de Infantil cuando se habla de educación afectivo sexual. Además de absurdo es deleznable que se quiera así evitar que los menores identifiquen lo que es un abuso, una violencia y entiendan cómo funciona su propio cuerpo. ¿Cuántos testimonios más de niñas violadas y vejadas tenemos que escuchar que digan que ellas no sabían lo que estaba pasando, si eso estaba bien o no pero que las hacía sentir mal y culpables?

Nuestros niños y niñas tienen cada vez más a su alcance el acceso a contenidos pornográficos que desvirtúan la sexualidad y fomentan relaciones llenas de estereotipos machistas que anteponen el deseo masculino.

Es más que evidente que se ha legislado antes para ponerle alfombra roja a la IA que para controlar sus posibles efectos adversos como ha sucedido en Almendralejo. La legislatura pasada el PSOE extremeño corrió rápido y veloz a aprobar un decreto ley para que Extremadura fuera la primera Comunidad en abrir las puertas a la IA. Es una triste coincidencia que también seamos la primera comunidad en darnos cuenta de las amenazas que supone esta tecnología que no tiene ninguna tipificación legal detrás.

Aun así, considero que el punitivismo no es la vía para afrontar las grandes transformaciones que necesita nuestra sociedad. Por ello, apostar por la educación afectivo sexual desde edades tempranas, como nos ha demostrado el caso de Montijo, es de vital importancia. Poner en marcha el pin parental que defiende Vox es una gran amenaza para la sana convivencia y el necesario respeto que se necesita en nuestras aulas y en nuestra sociedad.

El Instituto de Educación Secundaria Arquitecto Ventura Rodríguez, de Boadilla del Monte (Madrid), aplicó el pasado mes de febrero el conocido como pin parental a una charla sobre diversidad y contra la LGTBIfobia en 2º de la ESO. La actividad, como explicaba el mismo centro en la carta que remitió a las familias, era obligatoria, pero el instituto la convirtió en voluntaria, siguiendo los postulados que pretendía implantar Vox en Murcia –allí empezó la polémica con el veto parental– pero que no llegaron a aplicarse estrictamente en ningún lugar.

“Les recordamos que estos contenidos son curriculares y que, en la actual legislación, aparece la obligación de trabajarlos en el ámbito educativo. No obstante, en caso de que no quieran que sus hijos participen en esta actividad, podéis [sic] comunicárselo al tutor”, reza la carta que envió la dirección del centro. A raíz de esta dispensa, la mitad de las familias de la clase decidieron que sus hijos se saltaran la actividad, según cuenta la madre de una estudiante que sí participó.

La Comunidad de Madrid, que llegó a coquetear con la idea de aplicar el 'pin parental' en la región cuando en la anterior legislatura negoció los presupuestos con Vox, explica que desconocía el asunto y le ha recordado al centro que no lo puede aplicar. Preguntada la Consejería de Educación, informa de que “tras realizar las pertinentes investigaciones, el servicio de Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid le ha indicado al centro educativo que [las actividades] son curriculares y, por tanto, obligatorias para todo el alumnado”.

La dirección del centro, situado en el segundo municipio con más renta per capita de la Comunidad de Madrid, ha explicado a este diario que la decisión fue tomada de forma autónoma por parte del servicio de orientación del instituto, al que se remitió. Este diario ha tratado de contactar con la responsable del departamento, pero no ha obtenido respuesta.

Diversidad y prevención del acoso LGTBI

La charla, a cargo del colectivo Cogam, incluía estos contenidos: atención y aprecio a la diversidad, diversidad sexogenérica, orientación afectivo-sexual, diversidad familiar, igualdad de género y prevención del acoso LGTBfóbico, según explica el centro en la carta que envió a los padres.

Una familia del centro, que prefiere permanecer en el anonimato, explica que la charla tuvo lugar durante las horas de jornada escolar normal y que buena parte de 2º de la ESO (13-14 años) se la saltó con ese permiso familiar.

Ronny de la Cruz, presidente de Cogam, se muestra sorprendido por la situación. Explica que no era la primera vez que acudían a ese centro, pero sí la primera vez que sucede esto. Aunque, comenta, ya la preparación de la actividad fue diferente: mientras otros años la charla se dio a “varios cursos durante varios días”, esta vez fue un solo curso un solo día.

La realidad detrás de este tipo de charlas que trata de esquivar el pin parental es que son contenidos contemplados en las leyes autonómicas aprobadas en varias comunidades autónomas y su objetivo es educar en diversidad. Las materias están adaptadas a cada edad y la temática se trabaja a través de diferentes recursos, actividades, películas, cuentos... “Estas charlas pueden cambiar la vida de los alumnos”, contaban los profesionales que las imparten en este reportaje. Todos los materiales didácticos desarrollados para este fin inciden en que uno de los objetivos debe ser atender a las necesidades que pueden estar dándose en el aula y prevenir el acoso LGTBIfóbico contra esos niños o niñas. De hecho, según un reciente estudio del Consejo de Europa, el 60% de los estudiantes madrileños aseguran haber presenciado acoso homófobo o tránsfobo en clase.

Las actividades complementarias que se realizan en los institutos durante el curso las aprueba el Consejo Escolar, donde están representadas las familias, antes de que empiece el mismo. En la Comunidad de Madrid, tras una negociación entre el PP y Vox, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, accedió a que madres y padres fueran informados preventivamente sobre qué se va a hacer y con quién, pero no se llegó a hablar de vetos. El director de un centro madrileño explica que ausentarse de ellas –son curriculares y por tanto obligatorias– “debe estar sometido al mismo criterio de justificación de faltas y ausencias que en cualquier otra actividad”.

El veto parental es un elemento que se inventó Vox, que lo trató de incluir por ley en Murcia cuando negoció su entrada en el Gobierno y que aparecía en el documento de acuerdo de presupuestos que firmó el partido ultra en Andalucía con el PP en 2020. El objetivo del mismo es articular un mecanismo por el que las familias puedan vetar “contenidos ideológicos” en las escuelas de sus hijos. El partido de Santiago Abascal pensaba específicamente en las charlas contra la homofobia, la bifobia o la transfobia cuando trató de instaurarlo. El Ministerio de Educación amenazó con llevar la propuesta a los tribunales y la Junta de Andalucía tumbó esa parte porque, argumentó, contravenía la ley.

El Ministerio de Educación recurrirá la implantación del veto parental en Murcia si se aprueba (cuando se apruebe). Como ya hiciera tras el primer intento del Gobierno del PP de imponer el llamado pin parental el pasado curso, el departamento que dirige Isabel Celaá acudirá a la Justicia para frenar esta medida, según informan fuentes del ministerio.

“Ante todo está el derecho de los menores a la educación integral, que incluye la educación afectivo-sexual, la igualdad y la prevención de la violencia de género. Esas cosas que a algunos no les gustan”, explica una portavoz de Educación. El Ministerio asegura que el veto parental, al menos en la versión conocida hasta ahora, va contra varias leyes españolas y contra varios tratados internacionales (que también son ley) suscritos por España porque atenta contra el derecho a la educación de los menores, y este derecho asiste a los hijos, no a sus padres. Además, recuerda el Ministerio, este año está vigente la nueva ley educativa, la LOMLOE, que devuelve voz y sobre todo voto a las familias dentro de los consejos escolares de los centros, y estos son los únicos que pueden decidir sobre las actividades complementarias que serán objeto del veto.

Este va a ser el segundo intento del PP de implantar en Murcia una de las propuestas estrellas de Vox. El pasado curso escolar, el Ejecutivo murciano, formado entonces por populares y ciudadanos pero necesitado del apoyo de la formación ultra para sumar mayorías, llegó a enviar a los centros escolares unas indicaciones en las que explicaba que “aquellas [actividades] que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo se dará conocimiento a las familias (...) al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades”.

Las “actividades” a las que se referían estas instrucciones son las llamadas actividades complementarias que se realizan en los centros. La Junta de Andalucía (no difieren mucho en el resto de comunidades) las define como “las organizadas por el centro durante el horario escolar, de acuerdo con el proyecto curricular, y que tienen un carácter diferenciado de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos que utilizan. La asistencia a estas actividades será obligatoria, igual que a las demás actividades lectivas”.

En concreto, a Vox le molestan las destinadas a educar al alumnado en la diversidad sexual y la igualdad de género, que en el partido de Abascal califican de “juegos eróticos” y sitúan “cerca de la corrupción de menores”. Un ejemplo de estas podría ser el programa navarro Skolae, en el punto de mira de los sectores más conservadores desde su implantación y que incluso ha sido denunciado por la asociación de AMPAs católicas Concapa (con poco éxito). La realidad es que el programa ha recibido varios premios, entre ellos uno internacional de la UNESCO llamado 'Educación a mujeres y niñas 2019'.

A la espera de conocer la redacción específica que tendrá el veto parental en esta ocasión, el anterior intento planteaba el 'no' a las actividades complementarias como posición estándar de las familias. Esto es, si los padres, madres o tutores legales no entregan en el centro educativo el documento con el permiso explícito para realizar una actividad “se entenderá que muestran disconformidad con la participación del menor en tales actividades”. Un olvido y alumno descartado.

Pandemia y olvido

La medida estuvo vigente bajo el radar y cuando se hizo público que se habían enviado estas instrucciones el Ministerio de Educación recurrió la decisión. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia suspendió cautelarmente la aplicación del veto mientras resolvía la situación. Era enero de 2020. Antes de que al tribunal le diera tiempo a entrar en la cuestión, estalló la pandemia y la emergencia educativa a corto plazo dejó el veto parental aparcado. Llegó julio, se acabó el curso y el TSJM decidió archivar el caso sin resolverlo porque el objeto en disputa había desaparecido del mapa.

El pasado verano, probablemente por las mismas razones de emergencia educativa, ni se habló del tema. Hasta la moción de censura de la semana pasada, cuando se supo tras el fracaso de la misma que el PP había propuesto a algunos diputados expulsados de Vox no solo implantar el veto parental, sino ejecutarlo: el presidente López Miras le ha ofrecido a Vox la Consejería de Educación. El presidente murciano afirmó este pasado lunes que él no habla de “pin parental” porque no sabe “lo que significa exactamente eso”, pero que apoyará “todos los mecanismos que garantizan dar plena libertad a los padres para decidir la educación de sus hijos, siempre que sean legales y que respeten la libertad de cátedra y de la profesionalidad de los docentes de la Región de Murcia”. Si la máxima de que comportamientos pasados predicen actuaciones futuras se cumple, los murcianos pueden dar por hecho que habrá veto parental en Murcia.

O al menos lo intentarán y la situación parece abocada a resolverse en un tribunal. El Ministerio está convencido de que le asiste la razón y recurrirá en cuanto se apruebe la medida, según explica una portavoz. A la espera de los detalles, que tendrán que ajustarse a la manera en que se plantee el veto parental, el recurso se basará en el derecho a la educación y todas las normas, nacionales e internacionales, que lo respaldan.

Un derecho recogido en varias leyes

Empezando por el escalón más alto de la pirámide normativa, la igualdad de sexos está amparada como un derecho fundamental en el artículo 14 de la Constitución (el que atañe a la igualdad de los españoles ante la ley y que tanto le gusta citar a la derecha a la hora de defender la libertad educativa). En el siguiente peldaño, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo y la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño (tres tratados internacionales ratificados por España y que normativamente solo están por debajo de la Carta Magna) defienden el derecho a la educación en igualdad, sostiene Educación.

El tercer nivel lo conforman las leyes orgánicas españolas. Las de Educación, Igualdad o Violencia de Género instan a “comprender y respetar la igualdad de sexos”, “fomentar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres”, “evitar comportamientos sexistas”, “la promoción de una visión de la sexualidad en términos de igualdad”, “el reconocimiento y aceptación de la diversidad sexual” o “el desarrollo armónico de la sexualidad acorde con las características de las personas jóvenes”.

Hay más. Estas generalidades –podría aducir alguien– se concretan por ejemplo en la ley del aborto, que especifica que “los poderes públicos apoyarán a la comunidad educativa en la realización de actividades formativas relacionadas con la educación afectivo-sexual”. También la nueva ley de Educación, la LOMLOE, entra en la cuestión. El artículo 121 habla del proyecto educativo de un centro, y especifica que “incluirá un tratamiento transversal de la educación en valores, del desarrollo sostenible, de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad de trato y no discriminación y de la prevención de la violencia contra las niñas y las mujeres, del acoso y del ciberacoso escolar, así como la cultura de paz y los derechos humanos”. Además, explican fuentes de Educación, la nueva ley devuelve a los consejos escolares de los centros el voto que le quitó la LOMCE, de manera que las familias, presentes en este órgano, vuelven a ser un actor a la hora de decidir las actividades.

Por último, recuerdan desde el Ministerio, las familias no pueden aducir que no conocen las actividades complementarias que va a desarrollar su colegio, otro de los argumentos que suele utilizar Vox. Según la normativa, las actividades complementarias que se van a realizar durante un curso aparecen incorporadas en el plan general anual del colegio, donde se recogen las programaciones, y en el proyecto educativo del centro, que debe ser aprobado por el consejo escolar antes de que empiece el curso.

La ministra Celaá se reunió este pasado miércoles con varias organizaciones que le pidieron que defienda el derecho de la infancia a la educación igualitaria y al conocimiento en diversidad afectivo-sexual, familiar y de género. La presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB), Uge Sangil, le pidió a Celaá medidas concretas contra el veto parental; el de la Fundación Triángulo, Raúl González, recordó que “el sistema educativo tiene la obligación de proteger a la infancia ante cualquier tipo de violencia” y la de Chrysallis, Ana Valenzuela, incidió en que “la educación en igualdad no es un privilegio de las familias (...) sino una obligada responsabilidad de los poderes públicos”.

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Este artículo ha sido editado a las 10.55 porque se decía por error que el veto parental no llegó a ejecutarse, aunque estaba en vigor, pero realmente sí fue aplicado.

Altos representantes del Partido Popular, tanto nacional como regional, protagonizaron un acto en un centro público castellanomanchego, un acto, que como no puede ser de otra manera, no se ha planteado nadie vetar.

Esto no debería ser noticia. Un centro educativo público es un espacio de democracia y de libertad, en las que cualquier persona o institución que defienda postulados democráticos, de tolerancia, igualdad y libertad tiene cabida.

Lamentablemente sí es una noticia, porque, precisamente sus protagonistas, se han consagrado a defender los conciertos con centros privados para garantizar esta libertad, ya que entienden que en los centros públicos, dicha libertad no está garantizada. Aparte, por si mantener los 'chiringuitos' ideológicos no fuese suficiente, también se inmiscuyen, allí donde el sistema educativo está bajo su responsabilidad, de librar de “dogmatismo” también los centros públicos...entendiendo por “dogmatismo” todo lo que ellos no defienden. Ese es su nivel de libertad.

Afortunadamente, nuestra Administración regional, nada sospechosa de liderar el 'progresismo radical', tiene la suficiente altura de miras como para ver que la democracia es pluralidad y libertad y que en los centros públicos no hay vetos, ni se va a tolerar ningún “pin parental”.

Esto no puede considerarse como una mera anécdota, sino como un paso más en la escalada antiliberal que la irrupción de la ultraderecha está marcando en la agenda política de nuestro país. Decimos bien, antiliberal, porque, parece que la única libertad que defienden es la suya, mientras que hacen bandera del ataque a cualquier avance en la igualdad de colectivos tradicionalmente desfavorecidos: inmigrantes, feminismo, colectivo LGTBI...

El gran objetivo de esta escalada antiliberal lo lleva protagonizando la lucha feminista estos últimos años. Hemos visto como, bochornosamente, la movilización por el 8M ha sido la única cuestionada preventivamente en un año de pandemia. Este hecho, no solo visibiliza la plena vigencia de tener que marcar un día en el calendario para reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres, sino que nos enfrenta a la España que, por desgracia, todavía somos, y a la que le falta subir un par de “escalones democráticos” para poder alcanzar los estándares europeos.

Que las manifestaciones feministas hayan sido objeto de las únicas “críticas preventivas” que hemos oído este año, en el fondo, lo que indica, es que el ideario de VOX está ganando la partida ideológica en nuestro país.

Las 'feminazis' son el objetivo a batir, y la 'salud pública' una excusa inconsistente cuando hemos visto que ni manifestaciones multitudinarias de negacionistas o el esperpento “retro” del neo-fascismo cuqui hayan planteado ningún problema de dicha “salud pública”. De la misma manera, la excusa de librar de 'dogmatización' la educación pública, prohibiendo a la Ministra de Igualdad, participar en el acto sobre el 8M de un centro educativo público, se desvanece cuando se contrasta con la realidad de la presencia cotidiana de políticos del Partido Popular (e incluso de VOX) en centros educativos.

El problema no ha sido ni la 'dogmatización' ni la 'salud pública' sino la 'salud democrática' de un país visceral como pocos, en el que el adversario ideológico no es tratado como un igual contra quien poder debatir, sino como un enemigo a erradicar. Alemania pudo pasar la página del fascismo, estableciendo un consenso entre todas las fuerzas mayoritarias, Inglaterra e Irlanda también superaron su profundo problema terrorista, y el IRA, hoy en día no es un arma arrojadiza entre partidos, pero España sigue anclada en el 'Duelo a garrotazos' de Goya, donde somos incapaces de llegar a consensos tan básicos: ni sobre el fascismo, ni sobre el terrorismo, ni sobre el cambio climático...por no hablar de consensos ante hechos puntuales tan necesarios como la implantación del Estado de Alarma para atajar una pandemia.

En España vivimos la política del “desgasta y vencerás”, estableciendo el “no a todo” como un hecho categórico, del que el feminismo es un eslabón más.

Adalides de la libertad, que defienden “tomarse unas cañitas” pero demonizan la movilización feminista, avalan como libertad de expresión “fusilar a 26 millones de personas” pero criminalizan a raperos y titiriteros o defienden un feminismo liberal, creando la figura de la 'señora COVID' para limpiar en los centros educativos...ese es su nivel de libertad.

Desde STE-CLM queremos que este acto de políticos del Partido Popular en un centro público de nuestra comunidad se quede grabado en la memoria de quien no hace mucho salía a defender los conciertos educativos como única garantía de educación libre. No, la única educación libre y no sectaria es la que se imparte en los centros públicos.

La asociación Docentes Unidos denuncia el “mercadeo” de la consejería de Educación por parte del PP: “El Partido Popular culmina su total menosprecio hacia la educación en la Región mercadeando con nuestra consejería, dispuesto a vendernos al mejor postor, como prebendas, a cambio de tumbar la moción de censura contra López Miras”.

El pasado jueves, López Miras ofreció Educación a los diputados 'díscolos' de Vox, que votaron en contra de la moción de censura: “Un posible pacto en el que se entregaría la consejería de Educación a un oportunista, repudiado por su propio partido, que se ha aprovechando de la situación de corrupción generalizada”, añaden desde Docentes Unidos.

La asociación educativa reprocha la posibilidad de que se apruebe un PIN parental en Murcia tras este acuerdo entre ambos partidos: “Ni los Servicios Públicos somos intercambiables por maletines, ni a los docentes se nos puede desactivar con un 'PIN'. El derecho a la educación de nuestro alumnado no se desconecta. Desde Docentes Unidos tenemos muy claro que la censura parental es inaceptable, y una aberración legal. La llegada de fondos estatales y europeos a la región debe servir para hacer la educación más inclusiva y acorde con la sociedad actual, no para hacerla retroceder más de medio siglo”.

“La situación educativa es dantesca”

Docentes Unidos ha denunciado una vez más la “nefasta gestión” de la que hasta ahora era consejera de Educación, Esperanza Moreno: “Se negó a bajar ratios y a contratar más profesores, abandonó la conciliación familiar, no invirtió en filtros HEPA ni medidores de CO₂, jamás garantizó la distancia de seguridad en las aulas. A cambio, nos timó con la semipresencialidad desde Infantil hasta Bachillerato y FP”.

La asociación recuerda que “la situación educativa es dantesca”: “Necesitamos que la consejería garantice la bajada de ratios ya, ahora que se están negociando los cupos para el curso próximo. Exigimos transparencia en la gestión de los fondos que lleguen. Basta ya de corruptelas”.  

“Stop fascismo”: Manifestación de CCOO por la educación y la cultura

Tras conocer la oferta por parte del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, de entregar la consejería de Educación y Cultura a los conocidos como díscolos de Vox, Comisiones Obreras ha convocado una manifestación este viernes a las 18:00.

Bajo los lemas de “Stop fascismo” y “La educación y la cultura no se venden”, el sindicato denuncia que este nombramiento “no se trata de una configuración del gobierno para ajustar cosas que podrían funcionar mejor, se trata de un mercadeo para asegurar los votos que le aseguren a Miras su estabilidad en el gobierno regional”.

Informa Elisa M. Almagro

Nos estamos empezando a acostumbrar al caos, a la ausencia absoluta de proyecto, al abandono institucional. En la Región de Murcia hace casi dos años que el Gobierno pugna únicamente por mantenerse en el gobierno. Se despellejan entre sí, en un macabro juego de tronos en el que únicamente importa no perder el sillón, aunque para eso tengan que vender su alma al diablo. Cada día una reyerta nueva, un nuevo escándalo. Y cada día aumenta la vergüenza ajena del millón y medio de habitantes de la Región a los que mantienen entretenidos con sus disputas, pero en la más absoluta miseria y abandono. No puedo evitar el bochorno que me produce este esperpento, no soy capaz de entender hasta qué punto se puede perder el norte de esa manera y tener la cara tan dura para reírse sin pudor de aquellos a los que dicen deberse.

Se han vacunado antes que nuestros abuelos y dependientes. No hay mayor ejercicio de ruindad, no hay hecho más despreciable. Pero, además, ahora, ¡precisamente ahora! cuando todos luchamos por salir cuanto antes y de la mejor forma posible de esta situación, anteponen a lo demás una modificación de la Ley que permitirá a López Miras seguir presentándose sin cortapisas como candidato a la presidencia. Esa y no otra es la urgencia en San Esteban, su prioridad más absoluta. Y no se les cae la cara de vergüenza.

Pero hay más. Estamos en marzo y sin presupuestos. Tres meses perdidos para la Región, porque lo primero es lo primero, sus guerras de poder. Una vez reciba cada líder de la coalición lo que exige, llegará el turno de la ciudadanía. Esperemos que al menos llegue entonces. Pero llegará tarde. La cuestión es si también llegará mal.

Desde noviembre lleva Diego Conesa con la mano tendida para negociar unas cuentas centradas en las necesidades reales de la Región, en el fortalecimiento de los servicios públicos básicos, en el refuerzo de la igualdad entre hombres y mujeres y en la sostenibilidad de nuestra tierra. Pero eso es mucho pedir para ellos. Les renta más conseguir el voto de Vox o de los tres diputados de extrema derecha expulsados por su partido. Ellos solo le exigen una cosa: que instalen la censura en nuestras escuelas. Y en eso parece que coinciden.

La nostalgia del oscurantismo preconstitucional mueve a los ultras a acabar con la convivencia pacífica de estos más de cuarenta años de paz y democracia. Y no hay mejor forma de hacerlo que empezar por la educación de nuestros menores. Instalando vetos en las aulas, con el pretexto de la libertad, buscan precisamente acabar con ella, porque no hay libertad sin conocimiento. El saber nos hace libres y eso precisamente es lo que pretenden combatir.

Les molesta que nuestros menores conozcan la diversidad y la respeten. Les molesta que nos rijamos por las normas constitucionales que todos, menos ellos, nos marcamos tras una larga dictadura. Les enfada vivir en un país en el que los hombres y mujeres sean iguales, que no se criminalice a las personas en función de su identidad sexual o de género y, sobre todo, que las oportunidades de futuro sean las mismas para los hijos de los “señoritos” que para los de quienes trabajan para ellos. No soportan que se les hayan acabado los privilegios, llevan cuatro décadas echando chispas por ello. Pero ahora están en las instituciones y han encontrado quienes les den calor y cobijo. Y ese el problema, que en la Región de Murcia el Partido Popular ha abandonado un centrismo que, honestamente, creo que nunca existió, para abrazarse sin remordimiento a los extremistas. Ellos les dan sus votos para continuar dirigiendo su cortijo y López Miras les contenta comprando sus postulados y discursos.

Ya el pasado año fuimos la única comunidad autónoma en instalar el veto parental en nuestras aulas, hasta que la justicia lo detuvo. Fuimos la vergüenza nacional y el laboratorio de las perversas pretensiones de la extrema derecha y lo fuimos con el beneplácito y la condescendencia de quienes dicen gobernar de acuerdo a las normas. Quedaron retratados, pero no fue suficiente. Nunca es suficiente para ellos.

De nuevo pretenden repetir la jugada, pese a estar más que demostrado que con ello vulnerarán la Ley y violarán los derechos de nuestros niños y jóvenes. Derecho fundamental a recibir una Educación plena e integral. Derecho a saber y a ser libres. Derechos, al fin y al cabo, que todo gobierno debe defender con uñas y dientes y no socavar con total indignidad, como es el caso.

Lo harán o no, pero tendrán que hacerlo con la cara descubierta, porque desde el PSOE no vamos a consentir más atropellos. Esta semana el pleno de la Asamblea, todos sus diputados y diputadas, tendrán que pronunciarse a favor del derecho o de la censura educativa. Será la oportunidad para que todos pongamos las cartas boca arriba y decidamos ante los ojos atentos de la ciudadanía de qué lado estamos. Sin paliativos, o estamos con el consenso social o con quienes quieren reventarlo.

La derecha valenciana ha dejado solo al partido de ultraderecha Vox en una iniciativa sobre la censura parental en el parlamento autonómico.

Todos los partidos salvo el proponente han votado en contra de la propuesta que Vox introdujo en la Región de Murcia, incluso las formaciones que gobiernan con el partido de extrema derecha en la citada autonomía. El veto parental, recurrido por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional, no ha encontrado apoyos en las CortsValencianes. 

Los portavoces de los distintos grupos se han referido a la iniciativa con calificativos como “una mierda” - por parte de Fran Ferri, de Compromís-; “pseudopolítica” de Carlos Gracia, de Ciudadanos; “completamente inviable”, de Beatriz Gascó (PP) o un  “problema que no existe”, como lo ha descrito Ana Besalduch (PSPV-PSOE).

Por parte de Unides Podem, Cristina Cabedo ha considerado “bochornoso” debatir esta propuesta. La propuesta ha recibido los votos en contra tanto del gobierno del Botànic II (PSPV, Compromís y Unides Podem) como del resto de la oposición (PP y Cs), en una jornada que ha contado con la visita a València de la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid. Antes del pleno, Rocío Monasterio ha denunciado el “adoctrinamiento del pancatalanismo” y ha llamado a “dar la batalla por la educación”.

De la oposición, el PP cree que es una medida “completamente inviable” que el Gobierno de Pedro Sánchez “utiliza para tapar sus escándalos”, por lo que exige a Vox que “no utilice la ley a su antojo como Carles Puigdemont -'expresident' de Cataluña-”, no dé “lecciones de moral” y “no banalice el adoctrinamiento, que es un problema muy serio”.

“Nos hemos partido la cara por la educación; lecciones de ustedes, ninguna”, ha enfatizado la 'popular' Beatriz Gascó: “Lo que proponen es una objeción de conciencia, sean coherentes y no se lo pongan tan fácil. El riesgo para la libertad son Marzà y (Isabel) Celaá -ministra de Educación-”. En su réplica, la representante de Vox ha cargado contra el PP por “hablar de moral cuando entregó el valenciano para convertirlo en un dialecto del catalán”.

Como profesor, exdirector y padre, Carlos Gracia (Cs) ha rechazado “una pseudopolítica que produce vergüenza” y un debate “interesado y artificial” con el que Vox “solo pretende hacer ruido y crispación en los medios de comunicación”. “Ni los profesores son enemigos ni los hijos pertenecen al Estado”, ha recalcado, criticando la “imposición lingüística en la Vega Baja (Alicante)”.

“Contra el adoctrinamiento se lucha con la Constitución; este es nuestro 'pin parental'”, ha reivindicado el diputado 'naranja' con la carta magna en la mano, desde la bancada donde Cs ha colgado una bandera LGTBI. Ha llamado a un pacto nacional por la educación y ha prometido que “Ciudadanos jamás apoyará” esta medida, sin citar el caso del gobierno de Murcia que comparte con el PP.

Con la medida, Vox quería que los padres valencianos “tengan la obligación de procurar lo mejor a sus hijos para que no sean el caldo de cultivo del proyecto de ingeniería social de la izquierda, protegiéndolos de discursos ideológicos y sectarios”. “El calado mediático del 'pin parental' demuestra lo inquieta que está la izquierda con su supremacismo cultural”, ha criticado Massó, denunciando “la vergüenza de niños que se han visto obligados a simular una felación en un centro escolar”.

Tras rechazar las enmiendas “descafeinadas” de PP y Ciudadanos, la diputada de Vox ha exigido a la oposición que se posicione en materia educativa, recordando su “equidistancia” en las políticas LGTBI y cuestionando su “comprensión lectora”. También ha sostenido que “Cs está intentando buscar 'amiguitos' en la izquierda”, que su partido “no estigmatiza a los profesores” y que “los padres no denuncian por miedo o coacción”. “Jamás nos bajaremos del burro por la libertad”, ha remachado.

Cuatro sociedades científicas sanitarias y la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública han advertido de que la implantación del veto parental pone “en riesgo la salud integral” de los escolares murcianos puesto que varios programas públicos se ofrecen al sector educativo como apoyo a su labor.

En un manifiesto, estas organizaciones han remarcado que los programas de promoción de la salud y prevención de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, formación en reanimación cardiopulmonar básica, educación para relaciones afectivo sexuales saludables y respetuosas con la diversidad fomentan hábitos, habilidades y relaciones saludables entre los escolares.

Algunos de los programas, han recordado, evitan el consumo temprano de sustancias tóxicas, así como enfermedades de transmisión sexual y embarazos en adolescentes.

Para los firmantes del manifiesto, el veto parental representa una “desconfianza” hacia la educación pública y sus profesionales, dado que los programas y acciones que se imparten suponen una cooperación necesaria de distintos sectores, como es el sanitario y sus profesionales, con el sector educativo.

Además, han apuntado que estas charlas e iniciativas son muy valoradas por los educadores que, “junto con los padres, son los últimos responsables de la educación de los niños y jóvenes murcianos”.

La aplicación de este veto “cuestiona y pone en riesgo” el desarrollo de los programas citados así como la importante labor que han iniciado desde los centros de salud las 13 enfermeras escolares ya contratadas para los centros de salud y que habrán de seguir aumentando, han remarcado estas organizaciones.

Por todo ello y más allá de cualquier ideología y pacto político, las organizaciones firmantes piden al Gobierno regional que no aplique el veto parental y que, por el contrario, “fomente los necesarios apoyos de distintos profesionales a los educadores en su trascendente labor”.

Las organizaciones firmantes son la Sociedad Murciana de Enfermería Familiar y Comunitaria (Seapremur); la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC); la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de la Región de Murcia (AperMap); la Asociación de Matronas de la Región de Murcia (AMRM) y la ADSP-RM.

La vicepresidenta de Murcia, Isabel Franco, ha abierto la puerta a que los miembros del Ejecutivo murciano de su partido Ciudadanos apoyen las reformas en los decretos propuestas desde la Consejería de Educación. Las modificaciones planteadas blindarían el veto parental exigido por Vox, aunque obligará ahora a los alumnos a asistir a la actividad o charla complementaria a menos que exista un no expreso de los padres: “Hoy vemos un decreto donde las cosas empiezan a cambiar. Las propuestas están bastante rebajadas y matizadas”, ha señalado la también consejera de Mujer, Igualdad y LGTBI.

En la noche del 28 de enero, diferentes medios se hacían eco de un acuerdo del Gobierno regional para llevar a cabo un endurecimiento del 'pin parental' a través de decretos, pero con modificaciones respecto a las exigencias de Vox. El Gobierno quiere introducir en la normativa la autorización familiar exigida por Vox y los padres podrán no permitir la asistencia a charlas complementarias, aunque los alumnos tendrán que asistir obligatoriamente a la actividad salvo que exista un 'no' expreso. Franco ha señalado que desde su formación no tenían constancia de la propuesta de blindaje del veto parental hasta que la han leído en los medios.

Aun así, su consejería lleva varios días elaborando “una bolsa de personas que puedan impartir las charlas de educación afectivo-sexual en los colegios”. La vicepresidenta está a la espera de ver el texto final del decreto para saber si esa bolsa solo incluirá funcionarios o también profesionales colegiados. La consejera niega que lo que se aplicado hasta ahora en Murcia sea el veto parental: “Simplemente es una instrucción enviada desde Educación que los colegios aplican según su criterio”, argumenta.

La portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, también de Ciudadanos, ha asegurado que ha visto dos informes de los servicios jurídicos de la administración murciana que evalúan las modificaciones de los decretos en favor del veto parental y ambos “son favorables”. También ha señalado que la introducción del 'no' expreso es positiva. La portavoz ha expresado que para Ciudadanos su 'pin parental' consiste en asegurar que los hijos reciban una “educación plural en valores”. No obstante, ha rechazado el “adoctrinamiento político” en las aulas: “Si un miembro de ETA en el País Vasco va a dar una charla sobre democracia en las aulas entendemos que vulnera los principios constitucionales. Si en Cataluña hay una charla sobre independentismo en los colegios, tampoco estamos de acuerdo”.

Vidal ha ratificado que su agrupación no acepta el veto parental de Vox: “No entramos en temas seculares o morales”. Además, ha asegurado que con los informes jurídicos favorables y con las “condiciones de autorización de Ciudadanos” los miembros de su partido en el Ejecutivo regional votarán a favor.

Jerónimo Moya, portavoz de la comisión gestora de Ciudadano en la Región de Murcia ha valorado de “aceptable” la propuesta planteada desde Educación “mientras no se salga de la ley y cuente con los informes jurídicos favorables”. En la misma línea, ha señalado que no tendrán inconveniente en apoyar “todo lo que esté dentro del marco normativo. Nuestra línea roja es la Constitución y las leyes educativas”.

Más de una veintena de colectivos ultracatólicos de todo el país se han unido en defensa del veto parental que Vox quiere imponer en Murcia y han constituido la Plataforma Escuela Libre de Ideología. Su “único” objetivo “es sacar el adoctrinamiento de las aulas”, han asegurado a través de un manifiesto que han leído en la tarde del lunes 27 de enero.

Se han adelantado así a la manifestación convocada este martes por Pacto por la Regeneración en la Región de Murcia a las 19.00 de la tarde y que saldrá desde la sede del Gobierno autonómico, el Palacio de San Esteban, contra el llamado 'pin parental' y que cuenta con el apoyo de 216 organizaciones y asociaciones políticas, educativas y sociales; entre ellas, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos Juan González, la que aglutina más centros en toda la Región.

Con no más de 50 adultos y cuatro menores, la Escuela Libre de Ideologías ha dado comienzo a su manifestación. La concentración ha sido frente a la Delegación del Gobierno de Murcia, adornada en su fachada con una pancarta que reza 'Vivas y sin miedo', dentro de una campaña del teléfono de ayuda (016) contra la violencia de género.

Su objetivo es, según sus integrantes, evitar la “manipulación mental y emocional a favor de intereses ajenos a su formación académica”. Desde la Plataforma sostienen que la ideología política en algunos lugares de España está “rompiendo familias y sectores sociales, llegando a ser un peligro para la integridad misma de la nación y su gobernabilidad”.

Los ultracatólicos exigen a los poderes públicos, a los partidos políticos y al poder judicial que amparen sus derechos como padres y como ciudadanos, según han declarado. “Representamos a más de un 40% de los padres de alumnos de la Región; solo la Confederación Católica Nacional de Padres de Alumnos (Concapa) aúna al 35% de las familias” en la Comunidad, donde el alumnado de la educación concertada representa el 30% frente al 70% de la pública. Otras fuentes educativas de la Región, en cambio, han señalado que la Concapa supone el 10% del total del alumnado.

La Concapa, que ya se había manifestado recientemente a favor del veto parental, a través de un comunicado ha afirmado que quieren “llegar a acuerdos que liberen a la educación de imposiciones o tendencias ideológicas”. Desde la Plataforma han opinado que “los aparatos ideológicos del Estado son diversos, pero el más importante con diferencia es la escuela; así lo han entendido siempre los aspirantes a controlar a la población y a perpetuarse en el poder usando el sistema educativo para ejercer presión vertical sobre el individuo”.

No obstante, y contraviniendo a los ultracatólicos, el presidente del sindicato mayoritario educativo y de corte conservador en la Región ANPE, Clemente Hernández, se ha pronunciado el lunes en contra del veto parental en declaraciones a la Cadena Ser Murcia.

En 2009 el Tribunal Supremo decidió por 22 votos a favor y 7 en contra que no era posible acogerse al derecho a la objeción de conciencia para la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Esta materia fue finalmente suprimida como asignatura íntegra por el Gobierno de Mariano Rajoy, apareciendo de manera transversal en la LOMCE, aprobada en noviembre de 2013.

“El monstruo estaba dormido”

“Después de la derrota de aquel intento han pasado unos años y han vuelto a la carga con la intención de querer usar a los niños como herramienta de poder, con fines políticos”, ha criticado Francisco Martínez Peñaranda, presidente de la Asociación Libertas. “Se creía que el monstruo estaba muerto, pero estaba dormido. Se pretende hacer lo mismo otra vez. El pin recupera el consentimiento informado”, ha dicho Peñaranda a eldiario.es de la Región de Murcia.

Martínez Peñaranda, autor del libro 'Sin paternidad no hay libertad. La tiranía del género', ha adelantado que desde la Plataforma pondrán en marcha una serie de acciones para “eliminar la ideología de las aulas”. La primera será reclamar una cita con la consejera de Educación para hacer un seguimiento sobre el veto parental y conocer en qué quedarán las instrucciones de principio de curso.

En opinión de Escuela Libre de Ideología el Estado no es titular del derecho a la educación de los hijos; “este es un derecho y un deber de los padres y sólo una sentencia judicial dictada por causa criminal (o en casos muy concretos y singulares de divorcio) puede privarles a los padres del mismo; la educación moral de los hijos es un derecho de los padres”.

A la Plataforma se han adherido asociaciones de otras comunidades “porque esto es un problema de toda España”, según Peñaranda. Al manifiesto se han unido otros colectivos como Cristianos En Acción, el Foro Español de Política Familiar y Social, la Asociación Activa, la FAPA San Javier, la Asociación Libertas, Actúa Familia, Valores en Baleares, Los niños son Intocables, Grupo Giges, Asociación Género en Libertad, Asociación Libres Para Elegir la Educación de Nuestros Hijos, el Foro de la Familia Región de Murcia, la Asociación Cultura y Mujer, Plataforma por las Libertades, Abogados Cristianos, Asociación Cultural Amemos, Confraternidad de Ministros de Madrid, Instituto Balear de la Familia y Profesionales por la Ética. También se sumaron después HazteOír y Con mis hijos no te metas.

“Dentro de esas asociaciones hay colectivos ultraconservadores de nuestra Región. La plataforma educativa más representativa es la Plataforma por la Escuela Pública de la Región de Murcia que está en contra del veto parental, como gran parte de la comunidad educativa”, ha afirmado a eldiario.es Antonio José Espín, portavoz socialista de la Comisión de Educación de la Asamblea.

La “estrategia jurídica” detrás del 'pin parental'

El Ministerio de Educación confirmó el pasado 17 de enero que recurrirá ante los tribunales la directiva del Gobierno murciano de principios de curso en la que se establece la necesidad de informar a los padres de las actividades complementarias de los centros escolares de la Comunidad. La cartera dirigida por Isabel Celáa señaló que esta norma “vulnera los derechos de los alumnos y alumnas” al “socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado”.

El consejero de Presidencia y Hacienda murciano, Javier Celdrán, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al consejo de gobierno extraordinario en el que se ha dado luz verde a los presupuestos de la Comunidad que “nuestros servicios jurídicos se encuentran estudiando con más profundidad el requerimiento porque parece que tiene detrás la intención de llevar este asunto por lo contencioso administrativo o recurso de inconstitucionalidad, como si hubiera ya toda una estrategia jurídica para tumbarlo”.

Según Celdrán, las instrucciones sobre el veto parental cuentan con los informes jurídicos favorables de la Consejería de Educación y la inspección educativa, “pero estamos revisándolos para tener mayor seguridad”.