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Educación recurrirá ante los tribunales el 'pin parental' que quiere imponer Vox en Murcia y lo califica de "ilegal"

La cartera dirigida por Isabel Celáa ha mostrado su rechazo a la medida, que tilda de "censura previa" y "una objeción de conciencia encubierta"

Ha incidido en que este tipo de normativa "vulnera los derechos de los alumnos y alumnas" y excede las competencias que tienen atribuidos los centros educativos

Ahora en Murcia se debate la reforma de la ley, pero ya a principios de curso la Consejería de Educación mandó unas instrucciones a los centros para que los padres autoricen estas actividades, algo a lo que también se dirigirá el recurso

¿Qué es el 'pin parental'?

Isabel Celaá antes de su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno.

Isabel Celaá antes de su última rueda de prensa como portavoz del Gobierno. Eduardo Parra / Europa Press

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha anunciado este jueves que va a recurrir por la vía judicial el 'pin parental' que quiere imponer Vox en la Región de Murcia a cambio de las cuentas de 2020. La titular de la cartera, Isabel Celáa, ha calificado la medida, que permite a los padres vetar actividades contrarias a sus creencias morales o éticas en los centros escolares, de "ilegal" y considera que excede las competencias que tienen atribuidos por ley los centros educativos sobre decisiones curriculares.

La imposición del 'pin parental' se está debatiendo actualmente en Murcia y ha desatado una guerra en el Gobierno del PP y Ciudadanos, pero ya a principios de curso se enviaron a todos los centros unas instrucciones que recogen la obligación de que los progenitores autoricen estas actividades. Por eso, la acción de Educación irá dirigida "a cualquier iniciativa dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado" en general.

Esta instrucción ha sido denunciada por Comisiones Obreras por ser contraria a una normativa de rango superior, el decreto de currículo, pero lo que se debate ahora sería una modificación de la ley. Algo que, según reconoce la cartera dirigida por Celáa, ha generado "una gran controversia y rechazo por parte de la comunidad educativa" y es contrario a Ley Orgánica de Educación (LOE) y las propias normas autonómicas de esta región, explica en una nota.

El ministerio indica que el alumnado tiene "la obligación" de asistir a las actividades complementarias programadas por los centros educativos, entre ellas las de diversidad afectivo-sexual, precisamente a las que se dirige la imposición del 'pin parental'. "El veto por parte de los padres a la asistencia de los alumnos a estas actividades supondría una 'objeción de conciencia encubierta' que podría aplicarse a contenidos curriculares y que va en contra de la legislación española", señala Educación.

La ministra ha incidido en que este tipo de normativa "vulneraría los derechos de los alumnos y alumnas a recibir una educación integral, para el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales", además de "contravenir" tratados internacionales ratificados por España como la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración Universal de los Derechos Humanos o la legislación sobre la violencia de género y la normativa específica en materia LGTBI.

Por otro lado, la legislación educativa prescribe que son los docentes, en el marco de la autonomía pedagógica de los centros, quienes "tienen la competencia para diseñar las actividades complementarias que consideren convenientes y dar cumplimiento así a lo establecido en los currículos".

¿Qué es el 'pin parental'?

Se trata de una de las propuestas estrella de la formación de extrema derecha desde las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo y de la que sus defensores hablan cada vez que se refieren al tema de la educación afectivo-sexual en las aulas. En la práctica, se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios. El objetivo es que los progenitores decidan sobre si sus hijos deben asistir o no y está muy dirigido a las charlas contra la homofobia, bifobia y transfobia.

La realidad detrás de estos contenidos es bien distinta a la que explica la extrema derecha. Están contemplados en las leyes autonómicas aprobadas en varias comunidades autónomas y su objetivo es educar en diversidad. Las materias están adaptadas a cada edad y la temática se trabaja a través de diferentes recursos, actividades, películas, cuentos...

Todos los materiales didácticos desarrollados para este fin inciden en que uno de los objetivos deber ser atender a las necesidades que pueden estar dándose en el aula y prevenir el acoso LGTBIfóbico contra esos niños o niñas. De hecho, según un reciente estudio del Consejo de Europa, el 60% de los estudiantes madrileños aseguran haber presenciado acoso homófobo o tránsfobo en clase.

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