Educación requiere a Murcia que retire el veto parental porque va contra “diversos tratados internacionales”

Murcia está vulnerando “el derecho fundamental a la educación que reconoce el artículo 27.1 de la Constitución Española” con las instrucciones dadas a los centros para que apliquen el veto parental de Vox, que “contravienen igualmente diversos tratados internacionales ratificados por España (...) y suponen establecer mediante un instrumento carente de eficacia jurídica una suerte de objeción de conciencia no prevista en la ley”.

El requerimiento que el Ministerio de Educación envió al Gobierno murciano el pasado viernes para que derogue las instrucciones que ha dado a los centros para que instauren la censura que promueve Vox a ciertas actividades, le recuerda al Gobierno del popular Fernando López Miras que dichas instrucciones no solo van contra estos convenios y contra la LOMCE, sino incluso contra su propia normativa en el decreto 198/2014, que establece el currículo en la región.

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La ministra Celaá ya había advertido a Murcia en la mañana de este lunes que tiene un mes para derogar las instrucciones. Entre estas indicaciones, enviadas a los colegios el pasado agosto pero que no se han conocido públicamente hasta ahora, figura que “de todas estas actividades, aquellas que vayan a ser impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo, se dará conocimiento a las familias (...) al inicio del curso escolar con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades”.

Educación tiene claro que esto no es legal. “Las referidas instrucciones exceden del ámbito propio de las instrucciones u órdenes de servicio, teniendo vocación reglamentaria y pretendiendo generar efectos jurídicos más allá del mero ámbito autoorganizativo interno”, señala el ministerio.

Y recuerda que “la toma de decisiones sobre la concreción del currículo y los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual corresponde, exclusivamente, a los centros (claustro y director/a)”, para cerrar: “Estas actividades (...) han de ser evaluables a efectos académicos y obligatorias, únicamente tendrán carácter voluntario para el alumnado cuando se realicen fuera del centro o precisen de aportación económica”.

El Ejecutivo murciano no parece muy preocupado con el requerimiento de Madrid ni el ultimátum de Celaá. Según el documento con los cambios que se pretenden implementar de cara al próximo curso, al que ha tenido acceso eldiario.es Región de Murcia, no solo no se paralizarán las instrucciones de septiembre, sino que el Gobierno sigue adelante con la reforma de los decretos que blindarán la posibilidad de vetar las actividades complementarias. La propuesta del ejecutivo contempla que si los padres, madres o tutores legales no entregan en el centro educativo el documento con el permiso explícito para realizar una actividad “se entenderá que muestran disconformidad con la participación del menor en tales actividades”.