El Consejo de Gobierno ha aprobado es martes un decreto por el que se regula una ayuda económica de 5.760 euros anuales en 12 pagas, es decir, 480 euros mensuales, para las hijas e hijos huérfanos de víctimas mortales de la violencia machista. En el caso de las personas con discapacidad o dependencia la cuantía se elevará hasta los 11.520 euros. Esta ayuda se entregará hasta que cumplan la mayoría de edad y será ampliable hasta los 25 en dos situaciones: si se cursan estudios académicos reglados o si son hijas e hijos huérfanos con dependencia o con discapacidad igual o superior al 33%.

Para solicitarla, los menores cuyas madres hayan sido asesinadas deberán cumplir una serie de requisitos, como no haber cumplido los 18 años en el momento del fallecimiento de la madre, no haber cumplido 21 años en el momento de la solicitud de la ayuda y residir de manera efectiva y figurar en el padrón de cualquier municipio vasco al solicitar la ayuda y de manera ininterrumpida mientras ésta se reciba, salvo en el caso de aquellos jóvenes que estén empadronados fuera mientras están estudiando.

Según han indicado desde el Gobierno vasco, que debido a la campaña electoral no han realizado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, esta nueva ayuda, desarrollada dentro de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y vidas libres de violencia machista contra las mujeres, “parte del reconocimiento de estas personas menores huérfanas como víctimas directas de la violencia contra las mujeres y además de contribuir a la reparación del daño, permite dar cumplimiento a la obligación de reforzar el apoyo y la asistencia a hijas e hijos de víctimas mortales debido a su especial situación de vulnerabilidad”.

Además de las mensualidades, el decreto contempla un pago único de 10.000 euros con carácter retroactivo a todas aquellas personas que desde el 1 de enero 2003 han quedado huérfanas de madre siendo esta última asesinada por violencia machista y ellas menores de edad en el momento del crimen. Los requisitos a cumplir para esta ayuda son, al igual que la anterior, tener la residencia efectiva y el padrón en Euskadi, ser menor de edad cuando la madre fue asesinada y que el asesinato se haya producido entre el año 2003 y la aprobación de este decreto. Estas personas tendrán un plazo para solicitar la ayuda que comienza cuando el decreto se publique en el BOE y termina dentro de dos años.

 “Las hijas e hijos menores también son víctimas de la violencia machista. Son víctimas directas de la violencia ejercida contra sus madres ya que les afecta y les condiciona tanto su bienestar emocional como su desarrollo personal”, ha señalado este martes la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa. “El presente decreto supone un paso más en el apoyo y protección de las personas menores huérfanas de víctimas mortales de la violencia machista y se enmarca en el ámbito de acción de las medidas de mejora que se han ido contemplando en diferentes ámbitos a favor de dicho colectivo tan damnificado por el problema social de primer orden que es la violencia ejercida contra las mujeres”.

Las solicitudes de estas ayudas económicas, así como la aportación de la documentación necesaria para recibirlas podrán realizarse de forma electrónica o de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana –Zuzenean– del Gobierno vasco a partir de la publicación de dicho decreto en el BOE, que aún está por definir.

El 20 de febrero de 2017 Joshua Alonso comenzó una nueva vida. Aquel día, Emilio F.C. dejó al hijo que tenía en común con María José Mateo en casa de sus padres y les dijo que tenía que irse al trabajo. En realidad se dirigió a casa de su expareja y provocó una explosión de gas que hizo estallar la vivienda en Redondela (Pontevedra) con ambos dentro. Sesé, como era conocida, se convirtió en una de las 49 víctimas mortales de la violencia machista de aquel año y Joshua, a sus 25 años, perdió a su madre y se convirtió en el tutor de su hermano Igor, que entonces tenía 9 años: “Lo más difícil fue tener que contarle que su padre había matado a nuestra madre”, afirma.

Las estadísticas oficiales no registran cuántas personas se quedan huérfanas por esta causa, solo en caso de que sean menores de edad: en lo que va de 2024 la cifra asciende a diez. La inmensa mayoría de las veces, estos niños y niñas no solo se quedan sin su madre, sino que su propio padre se convierte en su asesino. En otros, los menos, el perpetrador es una pareja distinta. Es quizá la expresión más brutal de la violencia machista, una realidad para la que nadie se prepara nunca y una contradicción emocional difícil de asumir que hace saltar todo por los aires.

“Es muy complicado enfrentarte a una nueva realidad en la que tu persona de referencia no está. Ser consciente de que pierdes a tu madre. En muchos casos, también a tu padre porque está en la cárcel o se ha suicidado, porque dejas de tenerlo como referente. Es lo peor que te puede pasar, no hay nada comparable”, resume Joshua, que ofrece formaciones en prevención de la violencia como agente de igualdad. El joven habla de rabia, dolor y frustración. Y también de búsqueda de respuestas: “Entendemos la violencia machista en muchos aspectos, sabemos que vivimos en un sistema patriarcal que nos lleva a normalizarla, pero para nosotros no hay una explicación que nos vaya a aliviar o consolar”.

Entendemos la violencia machista en muchos aspectos, pero para nosotros no hay una explicación que nos vaya a aliviar o consolar

Joshua Alonso

Para Joshua, el paso del tiempo y recordar a su madre es la manera “de seguir caminando”. Porque María José Sesé Mateo no solo fue una víctima de violencia machista. Poeta y activista, involucrada en varios movimientos sociales en defensa de la vivienda, el feminismo o la memoria histórica, no hacía mucho que había sobrevivido a un cáncer de mama cuando fue asesinada por su expareja. De sus idas y venidas, su enfermedad y su compromiso político dejó escritos poemas y textos que sobrevivieron a la explosión de su vivienda y que acabaron siendo publicados en el libro No camiño do vento.

Sentirse igual que otros

A Guacilda Rodríguez, conocida cariñosamente como Guaci, su exmarido la apuñaló hasta matarla hace 11 años. José Miguel M. esperó a que la víctima cogiera el ascensor en su casa de Santa Cruz de Tenerife y en el rellano la atacó en presencia de sus dos hijos, de cinco y siete años, y de su madre. Luz Marina, la hermana de Guaci, explica las repercusiones que tuvo para los pequeños, que hoy tienen 16 y 18: “Cuando algo así ocurre se ven como en tierra de nadie. Es verdad que son niños y hacen una especie de caparazón, a veces incluso perdonan o no tienen rencor. Ellos son muy protectores el uno con el otro, pero esto es una especie de bomba que destroza a toda la familia”.

En este giro de 180 grados que da la vida para estos huérfanos, los espacios de iguales son un soplo de aire fresco en el que pueden, por fin, respirar. Así lo han demostrado los dos encuentros que el Fondo de Becas Soledad Cazorla de la Fundación Mujeres, centrado en el apoyo y la recuperación de los huérfanos por violencia de género, ha organizado en Valencia y Málaga, en los que durante un fin de semana familias y profesionales comparten conocimientos y experiencias. Las valoraciones lo atestiguan: “La segunda noche vino llorando, hacía mucho tiempo que no lloraba, se dio cuenta por fin de que no era el niño raro y señalado por lo que había pasado”, cuenta una mujer sobre su sobrino desde Andalucía. Un huérfano define como “increíble” el “sentirse igual que otros y no el desafortunado”, mientras que otro apunta a “lo bonito” de encontrarse “con personas en tu misma situación”.

Recuerdo a una joven de 15 años que me dijo que esta era la primera vez que conocía a alguien nuevo y no le decía que su madre murió en un accidente de coche

Marisa Soleto — Directora de la Fundación Mujeres

“Es que tú te piensas que solo te ha pasado a ti y lo que sienten es difícil de explicar. A mí también me ocurre porque empiezas a contar y ves que mucha gente no entiende, así que optas por callarte. Muchos niños no hablan fuera de casa de este tema para nada”, sostiene Luz, cuyos sobrinos cambiaron de municipio y de colegio “para empezar de nuevo y que nadie dijera 'estos niños son'”. Consciente de que la gente no lo hace “a mala fe”, la hermana de Guaci comprende “perfectamente” que al estar con quienes han vivido lo mismo, los menores “empiecen a soltarse”: “Es una pasada, se llevan todos súper bien, hablan el tema con pelos y señales, como si se conocieran de siempre”.

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres, cree que precisamente lo que atraviesan los huérfanos ilustra muy bien lo que es el desamparo: “Mirar alrededor y ver que no hay nadie que te entienda o esté en tu misma situación”. La experta recuerda a una joven de 15 años que había perdido a su madre a los seis meses y que le dijo “es la primera vez que conozco a alguien nuevo y no le digo que murió en un accidente de coche”, algo que no es poco frecuente que utilicen como explicación. Soleto asegura que, en muchos casos, “lo que quieren es ser normales” y no ser definidos constantemente por su situación de orfandad.

Porque sentirse señalados procede de un estigma que, según la experta, apunta a una doble dirección: por un lado, “mi padre mató a mi madre y eso es una cosa que no pasa, que nadie se lo imagina, un nivel de rareza extremo” y, por otro lado, es que “son hijos e hijas de un asesino”. Soleto pone un ejemplo de los efectos prácticos del estigma, que “no siempre se manifiesta con mala intención”: “Fue en un entorno rural donde todo el mundo se conoce y el menor celebraba su cumpleaños e invitó a sus amigos del colegio. Esto coincidió con que el asesino empezaba a tener permisos penitenciarios y los padres empezaron a disculparse por no acudir a la fiesta”.

“Cinco o seis” llamadas como terapia

Aunque los efectos del trance varían en función de la edad y no es lo mismo que ocurra en la infancia que en la adolescencia o incluso cuando el menor es un bebé y no tiene recuerdos, en todos los casos el sostenimiento psicológico es fundamental. “Su figura de apego principal ya no está y su otra figura de apego la ha asesinado. Eso es muy devastador”, resume Pablo Nieva, coordinador del Programa de Atención a Menores Víctimas de Violencia de Género, un servicio que ha atendido a varios niños en esta situación y que entra en acción al minuto uno de producirse el caso.

Más allá de la primera actuación de urgencia, lo importante es que la terapia sea sostenida en el tiempo y frecuente. “Habrá que elaborar la experiencia traumática que han vivido, más aún si lo han presenciado, y trabajar con las emociones que surgen, desde la rabia a la culpa o la negación”, sostiene Nieva. El psicólogo pone énfasis en cómo el asesinato suele ser “el culmen del trauma” porque “son menores que han vivido en entornos de violencia mantenida” que hay que atender, a lo que se suma “la sensación de abandono posterior” debido a que sus madre ya no están presente en sus vidas.

Faltan recursos para que no haya listas de espera ni sean pocas horas, debe ser una atención integral porque esto lo cambia todo, te deja destrozado por dentro

Joshua Alonso

Sin embargo, a pesar de la importancia de la terapia, no en todos los casos ni en todos los territorios está igual de garantizada. El programa de Castilla-La Mancha atiende a niños o niñas que llevan incluso más de una década en el servicio, pero a Joshua, en el momento, solo le ofrecieron atención vía telefónica en “cinco o seis” llamadas que utilizó “para saber cómo gestionar la relación con mi hermano, cómo le explicaba lo que había pasado y cómo hacía de padre de repente”. “Faltan recursos para que no haya listas de espera ni sean pocas horas, debe ser una atención integral porque esto lo cambia todo, te deja destrozado por dentro”, denuncia.

Su hermano Igor recibe apoyo psicológico “de calidad” gracias al Fondo de Becas Soledad Cazorla, que también ha ayudado a los dos sobrinos de Luz, que calca la misma reivindicación: en Canarias, el apoyo psicológico que recibieron los chicos sí fue más largo, de casi dos años, pero “es limitado en el tiempo hasta que les ven estables” sin tener en cuenta “que las etapas van y vienen y puede haber recaídas”.

Un laberinto burocrático

Si algo señalan las familias que les ha condicionado después del asesinato es “el laberinto burocrático” al que se enfrentan. Sus vidas pasan a estar centradas en arreglar papeles, vérselas con los seguros, solicitar las tutelas de los menores, facturas, conocer qué ayudas están disponibles, contratar abogados... un periplo que hay que afrontar en medio de un duelo que tienen la sensación de no tener espacio para transitar. “Nadie te explica nada. Es una parte de todo esto que no se ve pero todo este tiempo hemos estado con papeleos... Y aún seguimos peleándonos”, resume Luz once años después.

Te piden miles de papeles y tienes que ir de puerta en puerta contando el caso cada vez, por no hablar de los meses que tardaron en darnos la tutela

Luz Marina Rodríguez

La mujer explica que la vivienda de su hermana estaba a nombre de su asesino, que al entrar en prisión dejó de pagar los recibos de los suministros y la comunidad de vecinos. Las deudas empezaron entonces a llegar a nombre de su hijo mayor, que al no haber cumplido los 18 no era propietario. “Te piden miles de papeles y tienes que ir de puerta en puerta contando el caso cada vez, por no hablar de los meses que tardaron en darnos la tutela, un tiempo en el que ellos se quedaron en un limbo”, denuncia Luz.

La experiencia de Joshua es similar. “En el momento que pasa todo empiezas a recibir facturas, recibos, hipotecas... de todo. Para ti el mundo se para, pero para el resto no”, afirma el joven, que, aunque sabe que “es complicado” porque “hay muchas situaciones muy complicadas” en la sociedad, pelea por que se cree “una figura de apoyo” que desde los ayuntamientos guíe y unifique el proceso. “Es como si la información no estuviera conectada. A mí por ejemplo para todas las gestiones me pedían el libro de familia, pero no lo teníamos, se había quemado en la casa con todo dentro y aún así insistían.”.

Aunque los avances han sido palpables en la garantía de las pensiones para los huérfanos, algo a lo que ha contribuido la Fundación Mujeres, Soleto coincide en que hay cosas que no deberían estar pasando. Cita algunos ejemplos: “Hay casos de huérfanos que solicitan la exención de tasas universitarias para víctimas y como hace mucho tiempo del asesinato, él se ha muerto o no hay en vigor una orden de alejamiento se lo deniegan. Todavía hay dudas en algunos juzgados sobre si para el cambio de apellidos hay que preguntarle al tipo, a pesar de que no tenga la patria potestad ya, y a veces otorgar tutelas y evitar cualquier contacto con el maltratador se dilata mucho en el tiempo”.

La palabra de Sesé

Pese a todo, los menores son ejemplo de resiliencia y superación a los que hay que acompañar “social e institucionalmente” con el objetivo de “reparar el daño” y permitirles “entornos estables de crianza y de cuidado”, en palabras de la directora de la Fundación Mujeres. Ese, el de ser acogidos en espacios seguros es, según los expertos, el elemento que marca la diferencia cuando todo su mundo se desploma. “El ser querido ha desaparecido, sentir que hay un otro que se ocupa y se preocupa, que atiende sus necesidades emocionales y sentirse genuinamente cuidados es clave”, completa Nieva.

En otros casos, involucrarse en visibilizar la violencia machista y recordar quiénes fueron sus madres, hermanas, hijas o amigas contribuye a la reparación. Es lo que ha supuesto para Joshua la publicación en 2019 de No camiño do vento, el libro en el que recopila los poemas que su madre escribió durante su vida. La idea surgió de un grupo de mujeres de Pontevedra ligadas a la cultura que escucharon como Joshua leía una de las poesías en el concierto benéfico organizado por el movimiento asociativo para recaudar fondos con los que reconstruir la vivienda quemada ante la inacción del Ayuntamiento de Redondela (PP).

El joven había encontrado aquel poema en una de las libretas en las que María José Sesé Mateo dejó su palabra plasmada. El dinero procedente de las ventas, unos 16.000 euros, fueron donados por Joshua al Fondo de Becas Soledad Cazorla como “una forma de devolverle al mundo lo que ha hecho por mí, por mi madre y por nuestra familia”. A la primera presentación de la publicación acudieron “muchísimas personas del entorno” de Sesé: “Fue una despedida, un homenaje a ella y su manera de ver la vida. Estaré eternamente agradecido por aquello”.

Cuando Laura tenía cinco años, su madre, Beni, falleció de cáncer. Beni era madre soltera, por lo que desde el principio se apoyó mucho en su hermano Matías y su cuñada Pepe, con los que tenía una relación muy estrecha. De hecho, eran los padrinos de la niña, y Pepe acompañó a Beni en el parto, por lo que vio nacer a Laura. Los primeros meses de su vida la niña vivió en casa de sus padrinos. Así lo cuenta la propia Laura: “Soy hija de madre soltera, llevo sus apellidos, porque mi padre se desentendió. Los seis primeros meses de mi vida ya viví con mis padres de ahora, porque ella tenía que trabajar. Luego, cuando mi madre enfermó, viví con mis abuelos, y cuando se murió volví con mis padres actuales. Fue todo bastante orgánico, me considero una afortunada, pero aun así hay heridas de la orfandad”, explica Laura.

Cuando un niño o niña se queda sin ninguno de sus progenitores, su situación pasa a depender de los sistemas de protección de menores de cada Comunidad Autónoma. Si los padres biológicos han designado tutores, el proceso es más sencillo, aunque debe ser ratificado por un juzgado. En el caso de que sus padres no hubieran decidido quién asume la tutela, se abre un proceso judicial más complejo para decidirlo. Abuelos, abuelas, tíos y tías suelen ser la primera opción. Si no los hay o no son adecuados para cuidarles, se busca más allá entre las figuras de referencia, y en último caso pasarían a formar parte del sistema de protección de menores de cada comunidad. Si hay varios hermanos en situación de orfandad, se prioriza que se queden juntos.

“La figura del tutor existe para velar por un menor que ha perdido a sus progenitores”, explica Álvaro Iráizoz, abogado de familia y vocal de AEAFA, la asociación que agrupa a abogados familiares. “Los padres, en previsión de su fallecimiento o incapacidad (por un accidente, por una enfermedad), pueden designar un tutor para sus hijos en un testamento o documento público notarial. Ese tutor deberá ser nombrado judicialmente a través de un expediente de tutela”, detalla. En el caso de que los padres no hayan previsto tutor para los menores, “será la autoridad judicial quien constituirá la tutela a través de un expediente judicial que determine la persona más idónea para hacerse cargo de ellos”, explica Iráizoz. Y si hubiera varios familiares que quieren hacerse cargo del menor, “será la autoridad judicial la que decidirá la persona que considere más conveniente para el interés superior del menor, escuchando al propio menor si es mayor de 12 años o tiene la madurez suficiente”, aclara el abogado.

Cuando Beni, la madre biológica de Laura, falleció, Matías y Pepe se hicieron cargo de la niña. “Era lo natural, tenía que estar con nosotros, y el resto de la familia también nos apoyó”, explica Pepe, su madrina. Y ahonda en esa idea: “Beni fue una persona importantísima para nosotros, era mi cuñada y éramos muy amigas, nos queríamos muchísimo. Ella tuvo a Laura sola, convivió con nosotros en casa durante el embarazo y yo asistí al parto. Mi marido y yo cuidamos a Beni durante su enfermedad, y cuando falleció nos quedamos con Laura. Desde el principio nos acompañó una psicóloga, que nos hizo mucho hincapié en abordar esto con nuestros hijos mayores. Para ellos puede ser una situación difícil, y nosotros tuvimos suerte porque nuestros hijos reaccionaron muy bien. Desde ese momento Laura formó parte de nuestra familia total y absolutamente. Fue nuestra hija y hermana”, recuerda Pepe.

Heridas psicológicas

Los principios no fueron fáciles en la convivencia entre Laura, Pepe, Matías y los dos hijos mayores de la familia. “Fue muy complejo a nivel educativo, porque yo estaba ‘a monte’”, reconoce Laura. “Andaba siempre de casa en casa, y de repente tenía que aprender a convivir con una familia, con dos hermanos, con unas normas. Aunque al principio la adaptación fue complicada, mis padres lo hicieron muy bien”, añade. Coincide con ella su madre, Pepe: “Laura venía de un sistema familiar diferente y tenía un trauma, porque había sido consciente de la enfermedad y la muerte de su madre. Los primeros tiempos fueron muy difíciles, pero lo hicimos lo mejor que pudimos y supimos”, asegura.

El abogado Álvaro Iráizoz, que ha trabajado con varias familias en situaciones similares, confirma que la convivencia puede ser difícil al principio: “Aunque no tiene por qué ser así, cada caso será distinto, pero al principio es complicado. El tutor tiene que convivir en su casa, de repente, con uno o más menores que pueden añadirse a los suyos propios. Y si a menudo resulta difícil la convivencia y educación de los niños, más aún con unos menores tutelados como consecuencia de desgracias y circunstancias trágicas”, explica.

Con el paso del tiempo y con acompañamiento psicológico, todo fue encajando y la convivencia se calmó para la familia de Laura. De hecho, ella recuerda una anécdota que ejemplifica el buen hacer de la familia: “Como era muy pequeña, tengo pocos recuerdos de cuando falleció mi madre, pero recordaba con especial cariño un verano en el que toda la familia alquilamos una casa y pasamos mucho tiempo juntos. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que ese fue precisamente el verano que falleció mi madre”, rememora Laura.

Monste Lapastora es una psicóloga especializada en procesos de adopción, que ha tratado a muchos niños y niñas huérfanas en las tres décadas que lleva ejerciendo. Para ella, las secuelas que deja la orfandad dependen de muchos factores, entre ellos la edad del menor, la relación que haya tenido con sus padres, la forma en que se gestiona la muerte y la transición a otra familia. “Si el niño o niña ha tenido una buena vida con sus padres, pero estos han fallecido en un accidente o por una enfermedad, por ejemplo, el menor tendrá que curar ese dolor elaborando un duelo, pero lo va a superar con relativa facilidad”, explica.

Sin embargo, la orfandad sí deja secuelas, según la experta: “Hay tantos casos como personas: puede generarles inseguridad, desconfianza hacia otras personas y sensación de abandono, porque al ser niños no saben si sus padres han desaparecido por su voluntad o no. Pueden ser más ansiosos en sus relaciones sociales, tener más miedo. E incluso tener sentimiento de culpa, porque los niños son autorreferenciales: siempre van a pensar que han podido tener responsabilidad en lo ocurrido. Si por ejemplo sus padres han muerto en un accidente de tráfico, tenderán a plantearse que es su culpa porque les iban a recoger al colegio ese día”, explica Lapastora.

Para que la transición a una nueva familia y la convivencia se lleven de la mejor manera posible, Montse Lapastora apunta algunas claves: “Trabajar la culpa, explicar lo que ha pasado con transparencia, hablar de los padres con naturalidad, sin regodearse en el drama, y entender y acompañar los momentos de rabia”, señala. Y subraya otro aspecto importante: no obligar nunca a los niños a que llamen papá o mamá a sus tutores. “Eso casi siempre llega de manera natural, ya que ellos se resisten a suplantar las figuras tan valiosas que han perdido. Pero de repente, un día dirán ‘Oye, mamá, tráeme tal cosa’, y ya está”, asegura la psicóloga.

Las “heridas de orfandad” de Laura han tenido en ella consecuencias psicológicas: con el paso del tiempo le han diagnosticado ansiedad y trastorno obsesivo-compulsivo por pensamientos recurrentes, relacionados con el miedo a la muerte. “Desde pequeña soy muy hipocondríaca, y tengo ansiedad, aunque no sabía que lo era. Siempre he tenido mucho miedo a la muerte, tengo la sensación de que voy a enfermar, de que va a haber una desgracia, o de que la gente de mi entorno se va a morir. Me queda también la herida de no haber conocido a mi madre, así que de alguna manera intento vivir lo que ella no ha vivido. Y desde que fui madre sentí una conexión especial con ella y con todas las madres. Gracias a la terapia ahora estoy mucho mejor, pero siempre queda algo ahí”, reconoce. 

En 2009, en Corea del Sur, se instalaron las primeras y polémicas baby boxes, unas cestas donde las mujeres podían abandonar a sus hijos de forma legal. Compartimentos para un bebé con temperatura regulada que activan una alarma para que el equipo detrás recoja al recién nacido. Un sistema con el que desde el país asiático intentaron evitar el elevado número de niños abandonados en las calles. Actualmente, la media es de 300 bebés al año entregados en uno de los tres centros. Un mecanismo que también existe en países como Japón, Pakistán, Polonia, Rusia, Malasia, Alemania, Suiza y algunos estados de Estados Unidos.

Corea despenalizó el aborto por orden judicial el año pasado, por lo que hasta entonces, las mujeres que no querían tener a su hijo tenían pocas opciones: ir al extranjero a abortar aquellas que se lo podían permitir; abandonar al bebé o recurrir a las baby boxes. La existencia de estas cajas llamó la atención del director japonés Hirokazu Kore-eda, uno de los nombres más respetados del cine de autor y ganador de la Palma de Oro en Cannes por Un asunto de familia. Precisamente en el festival francés presentó Broker, que cuenta la historia de dos amigos (uno de ellos interpretado por la estrella coreana y protagonista de Parásitos, Song Kang-ho) que recogen los bebés de estas cajas y buscan la mejor familia a la que darles la criatura (previo pago).

En esta ocasión, Kore-Eda se coloca en un punto excesivamente ambiguo en un asunto que está vinculado con el aborto, un tema que no aparece en su película. Confiesa que cuando ha presentado la película por Europa le ha sorprendido que todos le preguntaran por el aborto, algo que en Asia no había ocurrido. Su opinión es que, sobre el aborto, quienes tienen que hablar son las mujeres: “Yo en mis películas nunca digo mi propia opinión sobre las cosas, pero a mí me parece que el aborto es una cuestión sobre la que deben decidir las mujeres y que nosotros, los hombres, no podemos entrar a decidir sobre si se debe o no se debe abortar”.

Subraya que sus películas no tienen “un mensaje político”. “Además, creo que es algo que no debe hacerse. En el momento en que das un mensaje político deja de ser cine para convertirse en propaganda. Entre el equipo había gente a favor del aborto y gente en contra. Yo hablaba con mucha gente, pero no les preguntaba directamente su opinión sobre el tema, sino sobre cómo se veía en Corea el tema de los buzones de bebés. Hay quien opinaba que esto lo único que hacía era aumentar la irresponsabilidad de las madres, y hay quien opinaba que este sistema lo que hace es salvar dos vidas, la de la madre y la del niño. Lo que a mí no me interesa es dar una visión única de las cosas. Lo que yo quiero siempre es mostrar el contraste, el enfrentamiento entre distintas opiniones, cada personaje tiene su postura diferente y esto es lo que enriquece para que luego el espectador se forme su propia opinión”, contaba desde el pasado Festival de San Sebastián.

Una de las cosas que más le llamó la atención es que “en este asunto de los buzones de bebés hay un transfondo religioso”. “Corea del Sur es un país donde hasta hace poco estaba prohibido el aborto y que tiene mucha influencia del cristianismo, lo que, de alguna manera, también favorece el sistema de adopción. Por eso, en Corea hay diez veces más de bebés que van a parar a este tipo de buzones que en Japón, porque todavía hay mucha resistencia a abortar a pesar de que ahora sea legal. En Japón este sistema de las baby boxes no termina de avanzar”, añadía entonces.

Dentro de lo que pasa en una familia, lo que me interesa es de qué manera se está reflejando lo que pasa en la política o lo que pasa en la sociedad

Hirokazu Kore-eda — Director de cine

Mirar a los invisibles

Cate Blanchett, presidenta del jurado de Cannes cuando el director ganó su Palma de Oro, le dijo una frase que se le quedó grabada, que sus películas hablaban sobre “gente invisible”. “A mí me gusta poner el foco sobre este tipo de personas, porque de alguna manera quiero que la sociedad se fije en cosas que de otra manera nadie se fijaría”, dice sobre su cine. Broker y aquella película forman parte casi de un díptico. De hecho, ambas se escribieron “prácticamente al mismo tiempo”. 

“Para mí la familia, ya sea de relación sanguínea o creada por otros afectos, es solamente un recipiente. Lo que a mí me interesa es lo que pasa dentro de ese recipiente. Desde ese punto de vista, son películas completamente distintas. Aquí de lo que se trata principalmente es de ver de qué manera puede salir adelante la vida de alguien que ya ha nacido. Dentro de lo que es esta familia, lo que me interesa es de qué manera se está reflejando lo que pasa en la política o lo que pasa en la sociedad”, dice de Broker, que como su anterior filme nace de una noticia que leyó en el periódico, la de una mujer que había abandonado a su hijo. “A partir de ahí, empiezo a pensar qué podría ser lo que no nos cuentan las noticias. Cuando lees que una mujer abandona a su hijo, lo primero que piensa todo el mundo es que lo ha abandonado porque era una molestia. Y yo a partir de ahí empiezo a pensar, ¿y si hubiera otro motivo? Así es como voy creando mis historias y presentando un contraste para mostrar que a lo mejor esta persona que en principio veíamos tan mala, luego finalmente no lo es”, cuenta sobre su proceso de creación en el que le gusta que “las líneas confluyan y no todo sea blanco y negro, sino una mezcla de grises”.

Aunque sus películas suelen ambientarse en Japón, de donde es él, esta vez sale a Corea del Sur como salió a Francia con La verdad, protagonizada por Juliette Binoche y Catherine Deneuve, una película que fue casi un experimento para ver “si hay una ‘japonesidad’ en la manera de hacer las cosas”. “Me gusta investigar en estos aspectos para ver si realmente hay una manera japonesa específica de dirigir”, indica.

Entre los fans de Kore-eda hay uno de excepción. Se trata de Steven Spielberg. Cuando presentó De tal padre, tal hijo en Cannes, el director de ET era presidente del jurado. No le dieron la Palma (que fue para La vida de Adele), pero compró los derechos para un remake que todavía no se ha producido. Muchos, de hecho, han comparado a ambos realizadores, una comparación que el japonés no entiende: “No creo que tengamos demasiados puntos en común. Si acaso que a él también le gustan las historias sobre huérfanos o sobre gente que de alguna manera ha sido abandonada por la sociedad. En cuanto el remake, el contrato con Dreamworks expiró y ahora se está intentando hacer con otra compañía. Pero la verdad es que no sé si finalmente se hará”.

El Tribunal Supremo ha decidido reconocer la pensión de orfandad a una joven catalana cuyo padre está vivo pero que, según destacan los jueces, nunca se ha ocupado de ella ni ha tenido reconocida la patria potestad. La sala de lo social entiende que, en casos como éste, la normativa sobre este tipo de prestaciones se debe interpretar de forma flexible al entender que el estado de necesidad de esta joven es “asimilable” al de una persona en situación de orfandad absoluta, con ambos progenitores fallecidos.

Los magistrados han estudiado el caso de una joven cuya madre falleció y cuyo padre tiene retirada la patria potestad desde hace una década por su “prolongada y acreditada desatención” hacia su hija. La Seguridad Social decidió reconocerle sólo la parte correspondiente por el fallecimiento de su madre pero un juzgado de Barcelona extendió la cantidad reconocida también al padre aunque estuviera vivo. El Tribunal Superior de Catalunya, sin embargo, dio la razón a la administración y dejó la pensión reconocida en un 20%.

El Tribunal Supremo entiende que es un caso que en otros tribunales, como por ejemplo en Canarias, se ha resuelto en sentido contrario: “Nos encontramos ante hechos, pretensiones y fundamentos sustancialmente iguales y ante fallos totalmente contradictorios”, lamenta la sentencia antes de dar la razón a la joven en su reclamación y entender que un progenitor que nunca se ha ocupado de una hija es asimilable a uno fallecido en términos de pensiones de orfandad.

Los jueces repasan la normativa de 2009 que regula este tipo de prestaciones y destaca que contempla no sólo la posibilidad de la “orfandad absoluta”, sino también la de “circunstancias análogas” que llevan a un hijo a una situación asimilable a la de haber perdido a ambos progenitores. Y entienden que este es el caso de esta joven con un padre que durante la mayor parte de su vida se ha desentendido de ella.

Esta actuación por parte del padre a lo largo de los años, dice la sentencia, “guarda una absoluta identidad de razón” con ese concepto. “No resulta difícil llegar a la conclusión de que la existencia de un progenitor vivo que ha sido privado de la patria potestad del huérfano por sentencia firme en razón de la prolongada desatención a las necesidades del hijo, puede constituir una ”situación o circunstancia análoga“ a las previstas” en la Ley, dice el Supremo. El padre tampoco percibía pensión de viudedad por la muerte de la madre.

El Gobierno regional publica hoy en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) la resolución del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha que recoge las ayudas para el próximo año 2022 destinadas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de las mujeres víctimas mortales como consecuencia de dicha violencia.

La dotación presupuestaria de estas ayudas asciende a 93.000 euros. De ellos, 78.000 euros, financiados con cargo a los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, se destinan a menores en situación de orfandad; mientras que los otros 15.000 euros están destinados a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género.

Estas ayudas fueron puestas en marcha por el Gobierno regional en el año 2019, mediante el Decreto 44/2019, que daba cumplimiento a una de las medidas más novedosas recogidas en la Ley para una Sociedad Libre de Violencia de Género y que convirtió a Castilla-La Mancha en una de las pocas comunidades autónomas que contempla este tipo de ayudas para proteger a menores y personas dependientes que han quedado en una situación de gran vulnerabilidad.

En abril del año 2020, el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page ampliaba y perfeccionaba este Decreto para dar cabida a un mayor número de casuísticas. Esta modificación, que se realizó con carácter retroactivo, ha permitido dar cobertura a todas las situaciones de menores en la región. Actualmente, 18 menores tienen concedida la ayuda en Castilla-La Mancha.

En ese sentido, la directora del Instituto de la Mujer, Pilar Callado, ha destacado “el compromiso férreo e inquebrantable del Gobierno regional con las y los menores víctimas de violencia de género que sufren esta violencia en sus propias vidas diariamente y, a veces, de la forma más cruel de todas, que es con el asesinato de sus madres”.

Presentación de solicitudes, personas beneficiarias y requisitos

Tal y como se recoge en la resolución publicada hoy, el plazo de presentación de solicitudes para estas ayudas comenzará el día 3 de enero de 2022 y se mantendrá abierto todo el año hasta el 31 de diciembre de 2022.

Las solicitudes podrán presentarse, preferentemente, de manera telemática a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es); o también, mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En cuanto a las personas beneficiarias de la ayuda a menores de edad, serán las hijas e hijos menores en situación de orfandad por homicidio o asesinato de sus madres como consecuencia de la violencia de género, pudiendo solicitar la concesión o la renovación de la ayuda económica la persona que ejerza la representación legal o quien ostente la guarda de hecho de las hijas e hijos menores.

En este caso, se deben cumplir los requisitos de no haber cumplido los 18 años, que la persona solicitante y la beneficiaria de la ayuda tengan domicilio y residencia efectiva en Castilla-La Mancha, o que la última vecindad administrativa de la madre fuese en alguno de los municipios de la región, entre otros.

En cuanto a las ayudas a familiares en situación de dependencia, podrán beneficiarse las y los familiares en situación de dependencia que conviviesen en el mismo domicilio cuando la última vecindad administrativa de la víctima fuese en alguno de los municipios de Castilla-La Mancha. Podrá solicitar la ayuda económica la persona interesada o quien ostente la representación legal o la guarda de hecho del familiar en situación de dependencia.

Para poder percibir la ayuda se deberán reunir requisitos como que la persona beneficiaria conviviese en el mismo domicilio que la mujer víctima mortal; que sea familiar consanguíneo y que tenga reconocido alguno de los grados de dependencia establecidos en el artículo 26 de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

El Congreso ha iniciado este martes el trámite para impulsar una reforma que elimina algunas trabas que actualmente se encuentran los huérfanos por violencia machista en el acceso a las herencias o las indemnizaciones que les corresponden. La toma en consideración de la iniciativa se produce en un momento de repunte de los crímenes machistas que sacó el viernes pasado a miles de mujeres a las calles y seguirá ahora su trámite parlamentario. En la práctica, supone el primer paso para que la ley resuelva algunos de los problemas a los que se enfrentan a la hora de gestionar los trámites sucesorios derivados del asesinato de sus madres a manos de sus padres y el cobro de las indemnizaciones cuando no son dinerarias impuestas por los jueces a sus progenitores.

La proposición de ley, presentada por el PSOE a instancias de una propuesta de la Fundación Mujeres, agiliza los procedimientos y sugiere exenciones fiscales para algunos supuestos que, según la organización, están impidiendo que los huérfanos accedan a sus derechos. El texto tiene por objetivo “eliminar ciertas incertidumbres y trabas” para “paliar, al menos en parte” la situación de “extrema vulnerabilidad” que a todos los niveles enfrentan estas personas, 300 de ellas menores de edad desde 2013. Al impacto psicológico, emocional y vital se les suman en muchas ocasiones dificultades económicas y burocráticas que alargan o directamente imposibilitan cobrar lo que les corresponde, incide la propuesta.

Ningún grupo político votará en contra de la norma, según han avanzado los diputados en el debate, aunque como es habitual, Vox ha utilizado su turno para cargar contra la concepción de la violencia machista e intentar equiparar todos los tipos de violencia. Tanto el partido de extrema derecha como el PP han anunciado que intentarán por la vía de enmiendas extender las medidas al resto de huérfanos. En el otro lado, Lidia Guinart, del PSOE, ha defendido que su objetivo “es mejorar su vida en la medida de lo posible y procurar que no sea más difícil de lo que ya es”.

La propuesta legitima a los huérfanos para que puedan liquidar los bienes gananciales, paso previo a la herencia y que actualmente está sujeto a la interpretación de los tribunales, que en ocasiones obligan a que el asesino esté de acuerdo; y también elimina dos impuestos que deben pagar al recibir ciertos bienes en la herencia, por ejemplo la vivienda, y al percibir la indemnización que deben pagarles sus padres por orden de un juez cuando es en forma no dineraria. En ambos casos, estas cargas están llevando a que muchos no puedan acceder a los cobros.

Críticas por la vía de tramitación

Sin embargo, también ha recibido críticas por falta de ambición o por la vía escogida para su tramitación. Desde el PNV, Joseba Andoni Aguirretxea, ha lamentado “la construcción jurídica” del texto, y Sofía Castañón, de Unidas Podemos, ha reclamado que se incorporen los casos más allá del asesinato en el marco de la pareja o expareja porque “los hijos de mujeres asesinadas en contextos de trata, prostitución o tras ser agredidas sexualmente quedan fuera”. Y son varios los grupos, entre ellos PNV o Compromís, que han criticado que los socialistas escojan la proposición de ley en vez de su trámite en el seno del Gobierno: “un mecanismo más sencillo y rápido”, según Joan Baldoví, “para mejorar la protección de las personas huérfanas”.

Han sido varias las referencias en esta línea a “la lucha sin cuartel en materia de igualdad entre PSOE y Podemos” en el Ejecutivo, en palabras de la popular Margarita Prohens y que en su opinión “ha llevado a unos y otros a la parálisis”. La diputada ha criticado “que la única iniciativa del Ministerio de Igualdad” haya sido convocar la reunión urgente de hace varias semanas para impulsar una revisión de los protocolos actuales de la que no se ha vuelto a tener noticia. “No hemos visto un avance ni una mejora legislativa en este sentido”, ha lamentado también Sara Giménez, de Ciudadanos.

En la derecha, PP y Vox han anunciado su voto a favor, aunque han insistido en que en el trámite parlamentario propondrán enmiendas para extender las medidas al resto de huérfanos “independientemente de la causa de su orfandad”, ha dicho Prohens, con el objetivo de “que ninguno quede desprotegido”. Desde el partido de extrema derecha, la diputada María de la Cabeza Ruiz ha defendido el habitual discurso de su formación de equiparación de todos los tipos de violencia y ha calificado la proposición de “vulgar medida ideológica para luchar contra la violencia de género, como llaman ustedes a la violencia ejercida por unos salvajes que no merecen llamarse hombres”.

La parlamentaria ha repetido algunos bulos popularizados estos días y habituales en la extrema derecha como que “el 70% de los filicidios”, los asesinatos de hijos a manos de sus padres, “los cometen mujeres”, una cifra que no es real ni oficial, mientras el resto de partidos ha señalado su negacionismo. “Lo de colocarse a varios metros de la pancarta que condena a los asesinatos machistas no vale como apoyo a las víctimas, escenifica esa tolerancia con los violentos que les anima a continuar. Si no se apoya a las víctimas se está apoyando al maltratador”, ha dicho la socialista Guinart refiriéndose a Javier Ortega Smith, que este lunes se apartó de la pancarta frente al Ayuntamiento de Madrid en un minuto de silencio por las niñas asesinadas en Tenerife.

La propuesta de reforma

La propuesta modifica varios artículos de diferentes normas para tres supuestos: en primer lugar, legitima a los huérfanos para que puedan autorizar la liquidación del régimen económico matrimonial de sus padres cuando es de gananciales, un paso previo para recibir la herencia y que hasta ahora está sujeto a “incertidumbre”. La idea es terminar con la disparidad en la interpretación que hacen los tribunales: algunos aceptan que el huérfano sea quien inste a la liquidación en representación de su progenitora, pero otros obligan a contar con el acuerdo del hombre que ha asesinado a sus madres. Algo que “les está perjudicando” porque “está retrasando que puedan acceder” a su derecho cuando no hay acuerdo del asesino, “con las consecuencias negativas que ello puede generarles”, especifica el texto.

Para estos casos, la norma propone además atribuir a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, que ven estos procedimientos, la competencia sobre la liquidación del régimen económico matrimonial en el caso de que sean los herederos de las mujeres fallecidas por violencia machista quienes los inicien.

Además la ley sugiere eliminar dos impuestos: uno, el que deben pagar los huérfanos al recibir la herencia de sus madres en el caso de algunos bienes, por ejemplo, la vivienda en la que residían, y que está sujeto al Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, lo que según ha detectado Fundación Mujeres, que ayuda a estas familias en los trámites, “supone una significativa carga económica que puede afectar gravemente a la viabilidad de su adquisición”.

Ocurre lo mismo, según la organización, con las indemnizaciones que los jueces obligan a pagar a los asesinos por responsabilidad civil y que en ocasiones, al no tener liquidez, deben solventarlo mediante otros bienes como la vivienda. Cuando son dinerarias, estas retribuciones están exentas de tributación indirecta, pero no ocurre lo mismo en el caso de que no lo sean, cuando se requiere el pago del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados que muchos huérfanos “no se pueden permitir”, según ha denunciado Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres, por lo que se quedan sin acceder a la indemnización.

Los huérfanos de la violencia machista tendrá derecho a ayudas economómicas por ley en Euskadi. Así lo contempla el proyecto de ley dirigido a modificar la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres. La modificación prendende adaptar la norma a las necesidades surgidas en el nuevo contexto social. De ahí, el objetivo de dotar de mayor protección a las niñas, niños y adolescentes. Así, la nueva ley considerará expresamente como víctimas y supervivientes de la violencia machista contra las mujeres, a las niñas, niños y adolescentes y otras personas dependientes que convivan en un entorno en el que se ejerza esta violencia. Y en este sentido, crea ayudas para hijos e hijas que se queden huérfanos.

La modificación permite también el reconocimiento al derecho de reparación de las víctimas y plantea la obligación de adoptar medidas para garantizar el reconocimiento de la verdad. Asimismo, prevé para las víctimas una nueva ayuda económica, compatible con las ya existentes, para supuestos de impago de indemnizaciones establecidas por resolución judicial.

Aumentar la investigación y mejorar el registro y la difusión de datos sobre violencia es otro de los desafíos a los que responde la modificación legal, que establece la implantación de un sistema electrónico de información compartida de casos y la creación de un Observatorio de Igualdad que permita tener una visión global y permanente.

Además, se mejoran los sistemas de detección temprana de la violencia mediante protocolos actualizados para los profesionales del ámbito educativo, sanitario, policial, judicial, laboral y social. Y se contempla la obligatoriedad de formación en igualdad del personal de las administraciones públicas vascas, que será “progresiva y permanente”.

Con una diferencia de poco más de un día, cuatro menores de edad han visto cómo sus madres eran asesinadas por parte de sus padres. El primero, que se produjo en la tarde del martes, ocurrió en Valga (Pontevedra), a punto de que la mujer fuera a llevar al colegio a los dos hijos, de 4 y 7 años. En el otro, que se produjo en Madrid en la tarde de este martes, fue una de las hijas, que tienen 10 y 8 años, la que avisó a los servicios de emergencia de lo sucedido. Con estos cuatro, son 263 el número de niños y niñas que se han quedado huérfanos por violencia de género desde 2013.

Fue en ese año cuando la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género comenzó a contabilizar estos casos. La estadística oficial incluye a todos los menores que se han quedado sin madre por esta causa, independientemente de que el asesino sea el padre o no. No obstante sí lo es en muchas ocasiones, en las que administrativamente se considera a estos niños huérfanos absolutos (de madre y de padre). Junto a ellos, figuran el número de mujeres y niños asesinados –30 desde hace seis años–. El recuento de las mujeres, sin embargo, se inició en 2003. Desde entonces se han acumulado 1.017 crímenes por violencia machista, 42 en lo que va de año.

El último, en Madrid, donde un hombre de 43 años ha matado a su expareja de 31, ya se ha incluido en la estadística oficial y, según ha publicado Europa Press, figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). En el caso de Valga, donde un hombre asesinó con arma de fuego a su expareja y a la madre y la hermana de esta, solo ha sido contabilizada la primera, dejando fuera a la exsuegra y la excuñada, puesto que la Ley Integral contra la Violencia de Género solo se refiere a los casos ocurridos en el marco de una relación sentimental.

Los dos casos han elevado a 32 el número de niños y niñas menores de edad que se han quedado huérfanos por esta causa en lo que va de 2019. El pico se computó en 2015, que contabilizó 51 menores para un año después descender a los 29 y 26 en 2017, año en el que se produjo el menor registro.

Los hijos e hijas de las mujeres que sufren violencia de género a manos de sus parejas o exparejas suelen enfrentarse a un sistema que olvida lo que ocurre después de un asesinato de estas características. Aunque la ley les concibe desde 2015 como víctimas directas de la misma violencia que sufren las mujeres y a pesar del avance normativo, aún muchos atraviesan situaciones de desamparo después de que la figura que supuestamente debía protegerles haya asesinado a sus propias madres.

Consecuencias emocionales y falta de ayudas

Son muchas las organizaciones feministas que llevan años intentando dar a entender socialmente esta realidad y las consecuencias que la violencia machista tiene para ellos. Así se puede comprobar en la exposición itinerante organizada por la Comisión para la Investigación de los Malos Tratos a Mujeres que la semana pasada visitó Madrid. En ella, se exponen decenas de dibujos reales de niños y niñas que en ese momento vivían maltrato en sus hogares. En algunas ocasiones, sus madres aparecen sin boca o sin piernas o son muy pequeñas, sus padres parecen monstruos o animales salvajes y ellos mismos se dibujan o muy grandes, como un intento de proteger a sus madres, o muy indefensos. Algunos de los dibujos pueden verse aquí.

Pero más allá de los efectos psicológicos y emocionales, apenas existen ayudas para las familias que pasan a encargarse de ellos, que en ocasiones se topan con dificultades y retrasos para asumir la patria potestad, y el Estado no ha diseñado protocolos específicos que garanticen su recuperación ni hace seguimiento de los casos. Estadísticamente solo se contabiliza el número de menores asesinados y de huérfanos, pero no podemos saber cuántos niños y niñas son víctimas de la violencia de género porque lo son sus madres.

En este punto, las organizaciones que trabajan con menores apuntan a la necesidad de que judicialmente también sean tenidos en cuenta al mismo nivel que las madres. Y es que el sistema todavía presenta carencias en su protección: según los datos disponibles, solo en un 2,9% de las denuncias en 2018, último año con cifras completas, se suspendió la patria potestad como medida cautelar. En este sentido, tanto el Defensor del Pueblo como el Consejo General del Poder Judicial han solicitado una revisión y exigen que se mejoren los instrumentos de valoración del riesgo también para los casos de los niños y niñas.

La falta de recursos que suelen enfrentar las familias que se empiezan a encargar de ellos, en muchos casos las abuelas maternas, es otro de los obstáculos clave de estos menores. De hecho, el Congreso alargó durante dos años el debate para aprobar la reforma de la ley que garantiza que todos los menores que se quedan huérfanos por esta causa cobren una pensión. El texto eliminó los requisitos, vinculados a la cotización de la madre, que provocaron la exclusión de algunos de estos niños durante muchos años. Finalmente, la reforma fue aprobada en febrero de este año.

Mi Sierra quemada, el fuego que todo lo arrasa. La tierra que tarda años en recuperarse y nunca consigue ser lo que fue. El sonido de la muerte, ni una hoja que baile con el viento, ni un animal que cante. Respirar cenizas que te recorren y manchan por dentro. En un homenaje a las mujeres maltratadas, la cantante Rozalén dibuja una metáfora con las consecuencias de un devastador incendio en su tierra natal, la Sierra del Segura de Albacete. Una situación que se puede trasladar al calvario que comienzan a vivir las víctimas olvidadas de la violencia machista, las familias y los huérfanos. Un crimen machista es “una bomba lapa” que entra y rompe a toda la familia. Así lo define la presidenta de la asociación Todos somos Guacy, hermana de una mujer muerta a manos de su pareja. La infinidad de procedimientos burocráticos a los que se enfrentan las familias les impide pasar el duelo por la muerte y proteger a unos menores que se quedan en el limbo con la esperanza de que alguien les ayude a encauzar su nueva vida.

Las cifras de niños en situación de orfandad por el asesinato de su madre se conocen de forma oficial desde el año 2013. Desde esa fecha hasta el pasado 13 de mayo se han contabilizado un total de 243 menores de edad. Según el informe elaborado por la Fundación Soledad Cazorla, algo más del 73% de las mujeres asesinadas en estos siete años tenía un hijo o hija. El documento detalla que desde 2005, a partir de la entrada en vigor la Ley Orgánica 1/2004, “se han producido unos 627 casos de asesinatos de mujeres que han dejado a menores huérfanos”.

El dato ofrecido por todos los medios de comunicación estos días es, cuanto menos, inquietante: 1.000 mujeres asesinadas por violencia machista desde que se inició el recuento oficial en 2003. Detrás de cada asesinato una historia y una familia que tiene que enfrentarse a un proceso para el que no está preparada y por el que no sabe por dónde comenzar a caminar. “Nunca esperas que esto te pueda suceder y la familia queda en estado de shock”, cuenta Luz Marina Rodríguez, quien tras el asesinato de su hermana Guacimara en 2013 creó la asociación Todos Somos Guacy. “Empieza un proceso muy largo de incertidumbre, de no saber lo que va a ocurrir y te ves envuelta entre profesionales, policías, forenses, psicólogos... en medio de una situación desagradable”, explica.

Es aquí donde comienza el calvario. Rodríguez recuerda que una de las primeras situaciones a las que se tuvo que enfrentar es a la solicitud de la tutoría legal de sus sobrinos, que en el momento del crimen tenían cinco y siete años. “Lo que no puede ser real es que durante seis u ocho meses estos niños no tengan tutor. ¿Cómo se hace para cambiarlos de colegio, para el DNI, para una enfermedad…?”, se cuestiona. En estos momentos la custodia de sus sobrinos está en manos de su otro hermano, pero reconoce que no fue fácil hacerse con ella. “Cuando ocurre un caso de estos tiene que ser de forma rápida y urgente, no que dependa de la presión que hagan las familias”, considera.

Una batalla tras otra. Las propiedades de la persona asesinada; si tiene una casa, un coche, si paga una hipoteca… “todo eso hay que tenerlo al día”, detalla Rodríguez, quien asegura que hasta que el seguro se hace cargo de las deudas puede pasar un proceso de seis u ocho meses por el que tiene que responder la familia. “Tienes el daño psicológico, que no puedes pasar el duelo, y el daño económico también muy importante”. Recuerda que a la hora de tratar con el banco las familias deben llevar un justificante que acredite que la víctima estaba sana y salva antes de ser asesinada y aun así “te ponen pegas”, asegura. “Cuando el seguro te cubre y te da el cheque para que vayas a liquidar las deudas, ”la sorpresa“ es que por saldar una hipoteca por anticipado tienes una penalización que tiene que cubrir la familia. Además, sostiene que hay casos en los que el seguro no se hace cargo de la deuda y si la familia decide seguir pagándola ”corre el riesgo“ de que la casa sea compartida entre los hijos y el asesino.

Rodríguez explica que en el caso de que el seguro se haga cargo de la casa, o que esté pagada, la parte de ella es una herencia y pasa por Hacienda sin ocurrir nada, pero la parte de él se vende mediante subasta pública. Si hay alguien que puje, la mitad de la casa es de los hijos de la víctima y la otra mitad de esa persona. En su caso, solicitó que fuera parte de la indemnización. A todo esto, añade que de los impuestos que genera esa vivienda tiene que hacerse cargo la familia.

Solicitar el documento que acredite a sus sobrinos como víctimas de violencia de género ha sido otra de las agonías en la vida de Luz Marina. “Vete para un lado o vete para otro. Nadie te lo sabe hacer, parece que es todo de favor”. En caso de querer cambiar los apellidos de esos niños se deben adoptar perdiendo sus derechos, las ayudas, la pensión de orfandad…, detalla. La única ayuda que tienen los menores cuando ocurre esto es un subsidio de hechos violentos. En este caso su hermana tenía su seguro de trabajo y ella misma luchó para que se bonificara a sus sobrinos, pero “cuando las dos cantidades se cruzan en Hacienda se descuenta”. “Las dos ayudas no las puedes cobrar y, ¿por qué no?, una es por asesinato y otra es porque la persona tiene su seguro”, se cuestiona la familia.

El apoyo psicológico es limitado, aunque reconoce que en Canarias “lo tenemos bastante bien”, explica que hay un tiempo en el que te lo pone la sanidad pública, pero no es específico de violencia de género en la mayoría de los casos. “Faltan medios y profesionales”, manifiesta. “Te miran los ingresos económicos y te hacen sentir mal, si yo no he hecho nada, no he asesinado a nadie ¿por qué me tengo que ver involucrada en pagar abogados, procuradores y papeles?”, se pregunta. Para Luz Marina y su familia la lucha no ha sido fácil. “En la violencia de género tienes que tocar muchos estamentos, educación, sanidad, policía... y deben coordinarse todos”.

Su objetivo es que los huérfanos de violencia machista tengan los mismos derechos para vivir que un niño que tiene padre y madre. “Tienen que mirar que estos menores tienen que tener todo cubierto”. Rodríguez asegura que es la Fundación Soledad Cazorla quien está prestando ayuda a muchas familias. “Debería ser el Estado, pero gracias a ellos hemos conseguido muchas cosas”. En los últimos tres años la fundación ha otorgado 32 becas a 16 familias de diferentes comunidades autónomas de toda España entre las que hay dos familias canarias.

La magistrada de violencia de género del Juzgado Número 2 de Instrucción de Telde, Virginia Peña, secunda el testimonio de Luz Marina. “Es una carga muy grande sobre esas familias” que se ven con “muchos frentes abiertos a la vez”, afirma. Peña considera que son muchos procedimientos que están legalmente previstos, pero reconoce la dureza de afrontarlos desde la perspectiva de una persona que está pasando un duelo. “Es realmente muy complejo lo que se viene encima. La mayoría de la gente no sabe a dónde ir, ni por dónde empezar, es normal que la gente no sepa ni cómo organizar todo esto”, reconoce.

Peña cree que en muchas ocasiones los jueces y juezas de violencia de género vuelcan todos los esfuerzos en resolver una muerte y no se percatan, hasta que alguien les da “un toque”, de que hay menores, algo que, opina, se va incluyendo en la metodología con la experiencia. “Es verdad que son los grandes olvidados, pero no creo que sea por malicia de nadie ni por ninguna razón”, afirma.

Ya lo decía Rozalén en la canción en la que dibujó una puerta violeta en la pared…Una flor que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel, los fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra…

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este jueves el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas económicas destinadas a las hijas e hijos, así como a los familiares en situación de dependencia, de mujeres víctimas mortales de la violencia machista cuya última vecindad administrativa fuese en alguno de los municipios de Castilla-La Mancha. La finalidad de estas ayudas es facilitar la reparación del daño ocasionado tanto a las hijas e hijos así como a los familiares en situación de dependencia de estas mujeres.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas, por un lado, los menores de edad en situación de orfandad, por homicidio o asesinato de sus madres y podrá solicitar la concesión o la renovación de la ayuda económica la persona que ejerza la representación legal, salvo que fuese el progenitor causante de la muerte, o quien ostente la guarda de hecho de las hijas o hijos menores.

Además podrán ser personas beneficiarias de la ayuda familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal que conviviesen en el mismo domicilio cuando la última vecindad administrativa de la víctima fuese en alguno de los municipios de la región. Podrá solicitar la ayuda económica la persona interesada, o quien ostente la representación legal o la guarda de hecho del familiar en situación de dependencia.

El crédito disponible para las ayudas a menores de edad se estima en 70.000 euros y para la concesión de ayudas a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género se estima en 50.000 euros.

La cuantía individual de la ayuda a menores de edad en situación de orfandad asciende a: por cada hija o hijo de la mujer víctima mortal a causa de la violencia de género, cuando el homicidio o asesinato haya sido cometido por el padre: 4.000 euros anuales; por cada hija o hijo de la mujer víctima mortal a causa de la violencia de género cuando el homicidio o asesinato no haya sido cometido por el progenitor sino por el hombre con el que la madre hubiese mantenido una relación afectiva de pareja, con o sin convivencia: 2.000 euros anuales.

Las ayudas a menores de edad se concederán por un año renovable hasta alcanzar los 18 años. Para ello, las personas beneficiarias de la ayuda tendrán que solicitar anualmente la renovación de la misma dentro de los seis meses anteriores a su vencimiento.

La cuantía individual de la ayuda a familiares en situación de dependencia, de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género en función del grado de dependencia, asciende a: por cada familiar en situación de dependencia, que conviviese en el mismo domicilio que la mujer víctima mortal, para el grado I: 4.000 euros; por cada familiar en situación de dependencia, que conviviese en el mismo domicilio que la mujer víctima mortal, para el grado II: 9.000 euros; por cada familiar en situación de dependencia, que conviviese en el mismo domicilio que la mujer víctima mortal, para el grado III: 15.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 31 de diciembre de 2019. Las solicitudes se dirigirán al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Los hijos e hijas de víctimas de violencia machista tendrán garantizada la pensión aunque su madre no hubiese cotizado, y eso incluirá a las asesinadas por violencia sexual cuyo agresor no haya sido su pareja o expareja. Es el acuerdo que han cerrado los grupos parlamentarios este martes, en la tramitación de una Proposición No de Ley del PSOE que lleva meses debatiéndose y que aún debe pasar por la Comisión de Empleo y el PSOE. El texto también amplía el dinero de la prestación de los niños y niñas en estas situaciones.

El texto llegaba este martes a una reunión en la que se han debatido y votado enmiendas, y ha salido adelante con el sí del PSOE, Ciudadanos, PdeCat y parte del Grupo Mixto. Se han abstenido PP, Unidos Podemos y el resto del Mixto. La ampliación de la prestación situaría la cuantía en un mínimo de 600 euros -esa cifra es ahora de 140-, que sería lo que correspondería si la madre no hubiese cotizado. Para los hijos de las que sí lo hubieran hecho la pensión iría en función de lo que percibiese cuando vivía y, según el cálculo del grupo socialista, sería de una media de 800 euros.

Ángeles Álvarez (PSOE) ha criticado que el proceso se haya alargado más de un año y ha llamado a los grupos a ser “responsables”. En mayo de 2017 se iniciaron los trámites parlamentarios con la toma en consideración en el Pleno del Congreso, proceso que incluye la ponencia de este martes. La medida, además, está recogida en el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, de septiembre del mismo año. Álvarez ha indicado que, “si actuamos de manera rápida”, podría ser hábil en un plazo de un mes.

La reforma de la Ley de Protección a la Infancia impulsada por el PP en agosto de 2015 incorporó una modificación que convirtió a los niños y niñas que han perdido a su madre por violencia machista en huérfanos absolutos (por haber sido su madre asesinada y su padre estar en la cárcel), de manera que pasaban de cobrar el 20% de la base reguladora de la madre al 52%. Sin embargo, no se cambiaron los requisitos para acceder a la prestación, que eran que su madre hubiera cotizado al menos 15 años. La iniciativa tramitada ahora elimina esa condición y sube al 70% el porcentaje de la base reguladora, como la de los menores que han perdido a ambos progenitores -huérfanos absolutos-.

La abstención de Podemos

Ángela Rodríguez, diputada de Unidos Podemos, ha explicado que la abstención de su grupo se debe a que mantendrán las enmiendas que no han sido incluidas en el texto transaccional del PSOE en el debate que continuará en Comisión, aunque comparte “la urgencia”. La intención es, en primer lugar, declaraba Rodríguez, que no haya en España “víctimas de primera y víctimas de segunda”, referido a que la prestación a la que puedan acceder las víctimas de mujeres asesinadas por violencia sexual sea menor que las que hasta ahora sí constan en los registros oficiales de violencia machista por ser asesinadas por sus parejas o exparejas.

“La cuantía estaría estipulada por un reglamento, pero en todo caso no sería del 100%”, ha explicado Álvarez (PSOE) para esos casos en los que no se dé la orfandad absoluta porque el menor siga contando con el padre al no haber sido él el asesino. La formación morada ha defendido desde su creación la inclusión en el registro de víctimas de violencia machista a mujeres asesinadas por hombres que no fueran sus parejas o exparejas.

Otra enmienda que mantendrá Podemos tiene que ver con la cantidad adjudicada para todas las prestaciones: consideran que no debería ir en función de lo que la madre haya cotizado ni ser la mínima si no hay cotización. “Por qué importa si la madre ha trabajado o no o en qué, o su sueldo, cuando lo que ocurre es que ha sido asesinada”, ha defendido Rodríguez.

Además, Podemos instará a que la cantidad dada sea superior a esos 800 euros de media para que sea “digna”. Han propuesto tres Salarios Mínimos Interprofesionales aunque están dispuestas a negociar por ser ésta una cifra “muy alta”. “Queremos cambiar el foco a que el Estado no ha podido evitar el asesinato” y por tanto “ha de hacerse cargo”, ha dicho Rodríguez.

Ángeles Álvarez (PSOE) había explicado antes que la medida sería retroactiva hasta 2004, aunque en principio podrían solicitar la ayuda familiares y afectados anteriores a esa fecha presentando la correspondiente documentación. La Seguridad Social inspeccionará cada caso para saber cuánto se retribuiría. Serán beneficiarios todos los menores de edad, alargable hasta los 25 años “si están estudiando o no tienen recursos”. Álvarez ha señalado que el número de menores que se quedan huérfanos cada año por violencia machista ronda de media los 40, aunque no se trataría de una suma desde 2003 ya que muchos ya no cumplen las condiciones.

“Ley parcial”, según el PP

El Partido Popular, por su parte, cree que esta propuesta es una “ley parcial, que no resuelve la situación de todos los huérfanos”. María Dolores Alba, como portavoz popular, ha declarado a los medios que la iniciativa “no resuelve la situación de todos los huérfanos”. También considera que marca “huérfanos de primera y de segunda”, pero por tener mejor protección del Estado que lo sean por violencia machista que “por la desgracia de un accidente de tráfico”. “En un único trámite parlamentario se podría haber resuelto” para así “extender la solución a todos”, ha zanjado.

El portavoz de Ciudadanos, Sergio del Campo, ha adelantado antes de entrar a la reunión que la formación naranja votaría a favor. Su grupo no ha presentado enmiendas, pero ha coincidido con el PP en que sería bueno aprovechar la tramitación de esta ley para “crear una prestación de orfandad no contributiva para todos los supuestos, que proteja a todos los huérfanos”.

A sus 39, no hace mucho que ha puesto un poco más de paz a su vida. Aquella que le arrebataron con el asesinato de su padre, cuando no había alcanzado los cuatro años. Una infancia perdida en los años de plomo de ETA. El nacimiento de sus hijos, de la misma edad ahora que la que él tenía cuando mataron a su padre, y un encontronazo con el libro 'Vidas Rotas' donde conoció los detalles de su muerte, le han servido en los últimos tiempos para tratar de poner orden a todo aquello.

Un acto de homenaje hace un par de sábados en el lugar donde le birlaron a su padre (“y a mi madre”) le ha llenado finalmente de “tranquilidad”, mandando “un mensaje de paz”. Al menos en lo que respecta al pasado, no tanto al presente. Porque sigue buscando un cambio legal que ampare casos como el suyo, una incapacidad derivada del asesinato de su padre.

“Estar aquí tomando con normalidad un café hace cinco años era algo casi impensable”, comenta en un bar de Bormujos (Sevilla) mientras charla con eldiario.es Andalucía, con pelos de punta a cada rato, según va confesando. José Miguel Cedillo ha pasado por todas las etapas en su “proceso de sanación” como él le llama. Como psicólogo, bien lo sabe. Una vecina le da un gran abrazo. “Qué valiente ha sido lo que has hecho”, le dice. El día 15, en la localidad guipuzcoana de Errenteria, junto a su madre, María Dolores García, otros familiares y representantes políticos, honró la memoria de su padre, como él mismo quiso, en el mismo lugar, 36 años y un día después del asesinato.

Pero la historia de José Miguel también empieza por el principio, por aquel nefasto 14 de septiembre de 1982 en el que su padre, el policía nacional de 29 años Antonio Cedillo, se dejó la vida junto a tres compañeros por los disparos de integrantes de la banda terrorista. Septiembre, un “mes maldito” desde entonces. Vivían en San Sebastián, lugar al que ahora ha vuelto para superar todo aquello. “Mi primer recuerdo es en la entrada de mi casa. Mi madre estaba comentando que mi padre estaba tardando. Llamaron a la puerta dos agentes y algo malo le estaban contando Ella se tiró al suelo. Más tarde nos enteramos que le habían matado. En el funeral vi cómo se pegaba un tiro un compañero de mi padre, que había estado un cuarto de hora delante de cada uno de los cuatro féretros. Al día siguiente nos sacaron de allí, muy rápido. Un Hércules de las Fuerzas Armadas nos llevó de inmediato a Sevilla. Tengo grabado el ruido de aquella avioneta y de los llantos mientras yo 'jugueteaba' con los ataúdes dando golpecitos”, relata José Miguel.

Una “intranquilidad constante”

Una infancia arrebatada para aquel hijo único y una adolescencia impensable para cualquier joven. “Estuvimos unos tres años en casa de mis abuelos, en Olivares, pero cuando tenía unos 6 años, mi madre quería ya salir del pueblo. Aquella etapa la recuerdo como de intranquilidad constante. El colegio fue un suplicio. Tenía un miedo que no podía controlar. No podía salir al recreo porque no me sentía seguro, recuerdo que le decía a la profesora. Eso me ha perseguido toda mi vida. No he podido disfrutar de muchas cosas de mi edad. Siempre he pensado que estaba enfermo, que me pasaba algo que nadie sabía qué era, pero todo era por la muerte de mi padre”. A partir de los 14 años, estuvo cinco años sin salir de casa, señala. Reacciones en la piel con cada atentado, según dictaminó su médico, al que visitaba a menudo.

Dice que hace apenas dos meses se dio cuenta de que tenía que volver al lugar donde mataron a su padre. No lo hubiera imaginado si se lo preguntan hace dos años. Una llamada del nuevo ministro de Interior interesándose por su caso le sirvió también de acicate. Grande Marlaska le telefoneó “el primer día que se sentó en su despacho”. “Llevo cuatro años luchando en el Ministerio. Fernández Díaz y Zoido [los anteriores ministros] me han hecho muchísimo daño. Zoido no nos quiso recibir. Tanto que se dice que hay que saber perdonar a los asesinos, también hay que decir que los buenos también hacen cosas malas. Podrían solo disculparse. Después vienen los tuits y los golpes de pecho con las víctimas. El perdón, incluso a los que asesinaron a mi padre, lo he encajado, pero no perdono a los de ahora, porque podían darme un sitio. A cambio, me dan una losa, una incapacidad, que no me reconforta”.

“Yo había buscado información en los últimos años y solo encontré un atestado de cuatro páginas del asesinato de mi padre. Contacté con Pedro, un compañero suyo que ahora vive en Jaén y fue el que recogió su cuerpo en Errenteria. Muy emocionado me tuvo que colgar mientras me reconocía que mi padre estaba irreconocible cuando le mataron”. Cedillo también habría podido hablar en su reciente viaje a Euskadi con el conductor de la furgoneta que recogió a su padre malherido en la carretera. Su padre no había muerto en el acto. Lo supo a través de 'Vidas rotas'. Dudó antes de leer el capítulo dedicado al policía nacional Antonio Cedillo. Al hacerlo se enteró que su padre se tuvo que arrastrar para pedir ayuda y que, unos kilómetros adelante, le remataron tras parar la furgoneta a punta de pistola. “¿Qué sintió en aquellos minutos? ¿Se acordó de mí en aquella agonía?”, se pregunta su hijo.

Estudio individualizado

La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo prevé una pensión a los hijos de las víctimas hasta una determinada edad. Pero él pretende que sus secuelas se le reconozcan como fruto del asesinato de ETA. “Han querido ponerme la etiqueta de incapacitado, pero una ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo que no incluye a los huérfanos no puede llamarse así. O le cambian el nombre o nos incluyen a mí y a tantos otros. Una ley de protección de las víctimas no puede dejarnos de lado”, apunta. “Yo quiero que, igual que se ha dicho que se va a hacer con cada acercamiento de presos al País Vasco, se estudie cada caso de huérfano de víctimas de ETA de manera individualizada”. Cedillo, que nunca ha pertenecido a ninguna asociación de víctimas, se lo quiso explicar a Fernández Díaz hace dos años. Una perseguida reunión de cuatro horas que no sirvió “para nada” y ahora ya “no quiere saber nada de nosotros”.“Sonia Ramos lleva doce años de directora de la oficina de apoyo a las víctimas y me ha demostrado una gran insensibilidad”, añade.

En enero, Cedillo tendrá un juicio contra la Seguridad Social por la inacapidad permanente con la que le quieren “etiquetar” y para la que no hay “ni reconocimiento ni secuelas”. Su espondilitis anquilosante con la que se levanta cada mañana y su constante medicación no es consecuencia de todo aquello que pasó, según le dijeron en última instancia en el Ministerio, pero otro informe anterior del mismo departamento señalaba que por el asesinato de su padre quedaría marcado para siempre. “Con el trabajo que me ha costado salir adelante con todo esto, no quiero para mí esa losa de la incapacidad”, resume mientras explica que apenas puede trabajar un par de días en el gabinete psicológico donde ejerce y donde convive con la “ansiedad” de querer dar más de lo que realmente puede, con las “limitaciones” y la “frustración” que ello le genera.

Ahora, con su enfermedad y sus hijos creciendo, no para de preguntarse: “¿cómo estaré dentro de unos años?”. Y confiesa: “Yo era como ellos, queriendo estar todo el tiempo con mi padre. Mi madre me contaba que le llevaba las zapatillas a la puerta en cuanto llegaba del trabajo. Mis hijos son más o menos así conmigo y pienso cómo tuvo que ser de impactante para mí que se fuera para siempre de un día para otro”. Quizás eso lo explique todo. Se encuentra en un estado “de haberme ayudado, de haber ayudado, de encontrar una pieza que encaja perfectamente. Lo tenía que hacer, y lo tenía que hacer yo”.

Pero durante un tiempo, la venganza también rondó su cabeza. “He estado en el odio y en la venganza. He planeado muchas veces el asesinato de los asesinos de mi padre. Hace cuatro años, uno de ellos, Jesús María Zabarte, el 'carnicero de Mondragón', dijo que no se arrepentía. Con 20 atentados y 17 asesinatos a sus espaldas. Eso me causó un gran sinvivir. Pero cuando preveía todo el plan, me chocaba con una pared que me decía que yo no era así, que la violencia no está justificada en ningún caso. Yo no soy igual. Yo no tengo que ajustar cuentas”.

La llamada de Grande-Marlaska

¿Y qué espera ahora? “Quiero confiar en lo que me dijo Grande-Marlaska, aunque desde junio no sabemos nada nuevo. Es mucho más de lo que me han dado todos los demás. Nadie se va a oponer a eso, a que los huérfanos de las víctimas tengamos nuestro sitio y nuestro reconocimiento. Aunque me da miedo que se vaya sin ayudarme, pero tengo esperanza. Hubo dos ministros que pudieron ayudar y no lo hicieron. Solo recibí portazos. El PP usa el nombre las víctimas. Somos 800 familias, no media España como dijo una vez Sonia Ramos. Tengo tres enemigos a día de hoy, a los que no perdono”.

Pero Cedillo tiene aún fresco el recuerdo de su viaje a Errenteria. “Me he traído una familia. Allí lo sentí. Todavía me escribe gente diciéndome que falta hacía algo así”. Mención aparte merece para él el alcalde de Errenteria. Quizá esa pequeña historia que se fraguó entre ambos sea el punto final necesario a la sangrienta historia de ETA en España y el “buen sabor de boca” que se trajo José Miguel.

“Algunos me decían que si estaba seguro. Yo lo necesitaba. Llamé al Ayuntamiento de Errenteria y les expliqué. Enseguida me respondió el alcalde, Julen Mendoza, y estuvo muy amable pero me dijo al final: '¿tú sabes que yo soy de EH Bildu?'. 'A mí me da igual, yo voy buscando personas', le respondí”.

“Hace unos meses vino a Sevilla exclusivamente a verme, a devolverme mi acto de valentía, me dijo. Me confesó que estaba nervioso. 'Yo también', le dije. Estuvimos cuatro horas hablando. Yo no sabía que allí hay víctimas conviviendo con sus asesinos. Él me contó todo eso. Me advirtió de que no sabía si iba a poder estar en el homenaje a mi padre (estuvo), pero que solo quería ayudarme. Antes de irse me dijo que no sabía cómo era mi padre pero que, viéndome a mí, se lo podía imaginar. Mi proceso de curación empezó a terminar ahí”.

Europa Laica ha puesto ante la Fiscalía de la Comunidad Valenciana una denuncia contra el Colegio Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer, situado en San Antonio de Benageber (València), por poner entre los requisitos para ser admitidos “estar bautizados en la Iglesia Católica” y excluir a aquellos con “discapacidad física o psíquica”, así como aquellos que estén “sin regulación”.

El colectivo denunciante ha puesto en conocimiento de Fiscalía la situación al considerar “inadmisible e ilegal” estas condiciones que podrían ser constitutivos de delito. Por otro lado también han informado a la Conselleria de Educación instando a que se abra un expediente resolutorio sobre este tema dada la circunstancia de que este centro está subvencionado con fondos públicos. Entienden además que se vulneran preceptos de la ley Orgánica de Educación que impone a los centros concertados una obligatoriedad de no discriminación en los requisitos de admisión por razones de religión, capacidad física o situación o no de residencia legal.

En su comunicación a Educación, Europa Laica también pide que se traslade a la Conselleria de Igualdad esta situación “ya que mucho nos tememos que esto centro educativo recibe subvenciones en calidad de orfanato y desconocemos si puedan existir en este centro menores tutelados, pero si así fuera, seria de especial gravedad y preocupación que los menores tutelados públicamente lo hagan en centros confesionales”.

Respuesta del colegio

A esta denuncia desde el colegio se ha querido especificar que los requisitos no son para la escuela, sino para la residencia de estudiantes la cual es “totalmente privada”. En ella afirman que acogen a niños no bautizados y menores de otras religiones, aunque prefieren que estén bautizados por la Iglesia Católica porque “encaja mejor en este tipo de centro un niño católico”.

Por lo que se refiere a la exclusión de menores con discapacidad física o psíquica el centro apunta qu no cuentan con los medios necesarios para atenderlos adecuadamente“.

Finalment en cuantol rechazo de niños “sin regularización” afirman que tienen que exigir la residencia legal en España porque ellos no tienen la custodia de los niños y necesiatan que sus familias tengan los papeles en orden, así como para poder recibir también asistencia médica.

Son las víctimas menos nombradas de la violencia machista y se enfrentan a un sistema que suele poner punto y aparte tras el asesinato. Entre 2013, año en que empezaron a ser contabilizados, y 2018 194 menores de edad se han quedado huérfanos después de que su padre asesinara a su madre. En lo que va de año son ocho, según los datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género recogidos por el Fondo de Becas Soledad Cazorla, gestionado por la Fundación Mujeres, en su nuevo informe sobre los niños y niñas que se encuentran en esta situación y que presenta esta tarde en el Senado.

El estudio pone un año más sobre la mesa el desamparo de los huérfanos por violencia de género, para los que todavía el Estado no garantiza una pensión de orfandad. Eso con una proposición de ley del PSOE paralizada que pide garantizarlas e incrementar su importe y cuya toma en consideración aprobó el Congreso hace un año. Además, el pacto de Estado también incluye esta medida, pero todavía no se ha puesto en marcha. El Gobierno ha incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 un aumento de cinco millones de euros para este fin. Por otro lado, algunas comunidades autónomas han comenzado a reconocer ayudas específicas, pero solo son Castilla y León, Castilla La Mancha y Baleares.

El Fondo de Becas Soledad Cazorla –destinado a ayudar económicamente a algunos de estos menores– hace hincapié en que en los últimos meses se ha dado “una modificación muy significativa” sobre el diseño de algunas medidas destinadas a la reparación de estas situaciones, pero lamenta que las contenidas en el pacto contra la violencia de género aún no se hayan puesto en marcha. De hecho, el Estado no ha diseñado protocolos específicos, no hace seguimiento de los casos, obvia la puesta en marcha de ayudas para su recuperación y no garantiza el acceso a determinadas prestaciones que sí les corresponden.

El informe asegura que “como regla general” las familias con las que la organización ha tenido contacto se han tenido que enfrentar “a situaciones para las que, o bien no existían los recursos adecuados, o no han podido tener acceso a la información necesaria para beneficiarse de ellos”. En este sentido, Fundación Mujeres y el Fondo de Becas Soledad Cazorla, lamentan que en muchos casos las familias deben salir adelante con sus propios medios y recursos.

Ante este escenario, el estudio denuncia el desconocimiento que suele rodear a la situación de estos niños y niñas y la falta de información sobre lo que implica para las familias el proceso de asumir su tutela y crianza. “Para estas familias asumir los diferentes trámites que la situación conlleva supone un gran esfuerzo y una inversión en recursos y tiempo en un momento muy difícil emocionalmente y sin prácticamente ayudas ni protocolos públicos”.

Medidas de protección

Un silencio que provoca “una casi total ausencia de respuesta por parte de las instituciones” que aboca a las familias a enfrentarse a problemas como retrasos en el reconocimiento de la filiación, la pérdida de la pensión de orfandad de los niños o niñas cuando las personas que se encargan de ellos pasan a adoptarles o falta de ayudas: “Para abordar estas exigencias económicas las familias no cuentan con apoyo económico suficiente, explica el informe.

En el caso de las pensiones de orfandad, la Fundación Mujeres ha constatado “que continúan existiendo casos de falta de reconocimiento de la Seguridad Social incluso en los casos en los que se cuenta con un reconocimiento judicial del derecho. La Seguridad Social recurre automáticamente estas resoluciones judiciales, retrasando el acceso de las familias a una pensión suficiente y obligándolas a un esfuerzo judicial adicional”.

Por otro lado, el estudio celebra que la reforma de la Ley de la Infancia de agosto de 2015, por la que los menores comenzaron a ser reconocidos como víctimas directas de la violencia que sufren sus madres, ha posibilitado que más sentencias condenatorias hacia los asesinos hayan tomado medidas sobre las retiradas de patria potestad y medidas de protección de los menores más allá de los años de condena. Sin embargo, “no siempre el cumplimiento de condena garantiza la mayoría de edad de los niños y niñas cuando el agresor sale de la cárcel, y si la familia no ha solicitado medidas de protección, puede suceder que el agresor intente recuperar el ejercicio efectivo de la patria potestad”, recuerda.

El Centro de la Paz tiene un aspecto lúgubre desde el exterior. La fachada principal es una gran reja verde que encierra un pequeño patio en la planta baja de un edificio de dos pisos. Tres dependencias separadas dan a la especie de claustro donde entra una luz atenuada. La visita es inesperada, pero bien recibida. “Normalmente pedimos a los visitantes que nos llamen antes, pero podéis pasar”, dice Bophal, la propietaria del centro. En el interior, una veintena de niños aprende algunas palabras en inglés mientras juega con dos profesores y una rubia voluntaria estadounidense cuya piel blanca contrasta con la tez morena de los menores. Es uno de los más de 500 orfanatos que durante los últimos años han proliferado en los principales puntos turísticos de Camboya.

Casi la mitad de ellos no están registrados antes las autoridades y funcionan sin ninguno tipo de control sobre sus actividades o finanzas. Los centros residenciales para menores comenzaron a multiplicarse en el país asiático a partir de 2005. Cinco años después prácticamente se habían duplicado, según un estudio realizado por el gobierno camboyano y Unicef.

El mismo informe apunta a una razón muy clara para este incremento de los orfanatos en un país en el que el número de huérfanos ha disminuido: el gran aumento del turismo internacional durante esos años. La explosión turística en Camboya comenzó en 2004, cuando se superó por primera vez el millón de visitantes extranjeros. En 2010, ya eran 2,5 millones y este año el gobierno estima que se alcanzarán los 4,7 millones de visitantes extranjeros.

La mayor parte de los orfanatos son en realidad un negocio, denuncia James Sutherland, responsable de comunicación de Friends International, una de las principales ONG en la atención a niños vulnerables en Camboya que lleva varios años promoviendo una campaña para evitar estas visitas.

El Lighthouse Orphanage es un buen ejemplo de ello. Situado en las afueras de la ciudad, es un viejo conocido de los conductores de tuk-tuk que transportan a los turistas -aunque también a locales- en sus amplios remolques tirados por motocicletas. Nada más subirse al tuk-tuk, el conductor sugiere comprar un saco de arroz para los niños del orfanato. La mayoría de los sacos de arroz comprados por turistas a precios desorbitados nunca son cocinados y vuelven intactos a la tienda donde fueron adquiridos, cuyo propietario suele tener un acuerdo con el orfanato y el conductor. El portal de viajes TripAdvisor, por ejemplo, tiene un hilo de comentarios abierto sobre este lugar como destino turístico.

A primera vista, el Lighthouse Orphanage es un lugar menos sombrío. La entrada principal da acceso directamente a un amplio terreno al aire libre donde una docena de niños juega al fútbol. Bordeando la zona de recreo, varios edificios de una planta acogen dormitorios, zonas comunales y baños. Una parte está además reservada a un pequeño huerto donde están plantados algunos árboles frutales y comienzan a crecer unos pocos vegetales. De nuevo, la visita no ha sido anunciada, pero en este caso es mejor recibida.

“No hace falta que llames antes, simplemente ven”, reza su página web. La invitación no ha caído en saco roto y varios turistas juegan en el interior con los niños o los ayudan con supuestas tareas escolares. Rithy, uno de los trabajadores del centro, recibe a los visitantes y les explica que el orfanato no recibe ayudas del gobierno y que depende de las donaciones. “Si quieres hacer un voluntariado, te puedes quedar el tiempo que quieras, pero hay que pagar 15 dólares (unos 12 euros) al día”, asegura, sin pedir referencias ni un proyecto concreto a realizar con los menores. “Puedes ayudar como quieras, dando clases o trabajando en el huerto”, explica Rithy.

Pasada la guerra, los orfanatos siguen creciendo

Los turistas llegaron cargados de buenas intenciones a Camboya, un país con un 20 por ciento de su población por debajo del umbral de la pobreza y una de las historias más convulsas del siglo XX. El capítulo más negro fue el de los jemeres rojos, un movimiento ultramaoísta que llegó al poder en 1975 tras cinco años de guerra y que exterminó a cerca de dos millones de personas –un 25 por ciento de la población de entonces– en menos de cuatro años. En 1979, tropas vietnamitas derrocaron al gobierno de Pol Pot, pero varios grupos de los jemeres rojos se hicieron fuertes en zonas fronterizas y la guerra civil continuó hasta 1999.

El país ha vivido ahora 15 años de relativa calma en los que las condiciones de vida han mejorado notablemente en el país, aunque las capas más pobres de la sociedad siguen viviendo en condiciones de subsistencia. “Era de esperar un aumento en el número de orfanatos tras los jemeres rojos, porque muchos niños se quedaron sin padres. Pero lo lógico era que esa tendencia hubiera cambiado y lo que se ha visto es que se han incrementado aún más”, asegura Sutherland, esos centros ni siquiera deberían llamarse así porque, en tres de cada cuatro casos, los niños no son huérfanos.

Bophal lo confirma. “No, la mayoría no son huérfanos, pero proceden de familias pobres”, dice la dueña del centro que se anuncia en su página web como un orfanato.

Intermediarios en busca de niños pobres

Intermediarios y trabajadores de orfanatos recorren los pueblos más pobres de Camboya en busca de familias desesperadas que no puedan dar de comer a todos sus hijos. Les prometen que proveerán a los menores con una mejor educación y un futuro brillante. La realidad que se encuentran en los orfanatos suele distar bastante de la idílica imagen presentada por los intermediarios a las familias. Con plantillas a menudo escasas, los niños están frecuentemente desatendidos, no reciben el afecto adecuado y tienen un nivel educativo menor a la media porque sus profesores son normalmente voluntarios extranjeros que se quedan apenas unas semanas, dice Unicef.

“El cuidado en residencias debería ser la última opción, pero los directos de orfanatos o agentes les dicen a las familias que estarán mucho mejor en los orfanatos”, explica Sutherland. Los niños pueden incluso arrastrar las consecuencias en sus etapas adultas. Según el estudio realizado por el gobierno camboyano y Unicef, los orfanatos pueden llevar a “desórdenes en la personalidad, retrasos en el crecimiento y en el habla, y una disminución de las capacidades para reintegrarse en la sociedad” en el futuro.

Muchos inclusos son expuestos a pederastas, debido a la falta de control de los visitantes o incluso de sus gerentes y trabajadores. “El peligro de los orfanatos con respecto a la explotación sexual de los niños es real”, dice Ana Gabriela Pinheiro, responsable de comunicación de APLE Cambodia, una ONG que lucha contra estos abusos en el país asiático. Uno de los casos más sonados fue el del británico Nicholas Griffin, que fue condenado en 2011 a dos años de prisión por abusar de los menores que estaban a su cargo en su orfanato de Siem Reap, la ciudad más turística del país.

Las ONG como Friends y APLE denuncian además que los niños sufren una explotación laboral encubierta, en la que son obligados a entretener a los visitantes para que aporten más dinero. Es el caso del Lighthouse Orphanage. Sus casi 90 niños terminarán el día amenizando a turistas y voluntarios con sus graciosas danzas tradicionales para derretir así sus corazones y sus bolsillos.