¿Qué hemos hecho? Durante el encuentro de esta semana entre el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente de EEUU, Donald Trump, esa es la pregunta que debería haber resonado entre las paredes después de que un sistema respaldado por la ONU declarara que “el peor escenario posible de hambruna está teniendo lugar actualmente en la Franja de Gaza”.

El hambre deliberada que Israel está infligiendo a Gaza es un crimen confesado, diseñado y ejecutado a plena luz del día. Starmer ha anunciado que Reino Unido reconocería al Estado palestino si Israel no acepta el alto el fuego y la solución de dos Estados. Pero no se dejen engañar: la autodeterminación nacional palestina es un derecho inalienable, no una moneda de cambio. También es la medida más cosmética al alcance de Starmer. En vez de eso, el primer ministro británico podría imponer sanciones generalizadas y ponerle fin a todas las ventas de armas, por ejemplo. Las lamentaciones de los medios y los políticos occidentales no van a dar de comer a los niños famélicos de Gaza, ni los van a absolver de culpa.

Desde el principio los líderes israelíes han sido explícitos al decir una y otra vez que están matando de hambre a la población de Gaza de manera deliberada. “Una hambruna provocada por el hombre es algo que no había visto en mi vida”, me dice Martin Griffiths, exresponsable de asuntos humanitarios en la ONU.

El 9 de octubre de 2023, el entonces ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció “un bloqueo total de [Gaza]: sin electricidad, sin comida, sin agua, sin combustible”. El argumento que empleó para justificarlo fue: “Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia”. Al día siguiente, el general israelí encargado de los asuntos humanitarios en Gaza y Cisjordania, Ghassan Alian, dijo que los “ciudadanos de Gaza” eran “bestias humanas” y que sufrirían “el bloqueo total de Gaza, sin electricidad, sin agua, solo destrucción”. “Querían el infierno y tendrán el infierno”, dijo.

“No permitiremos la ayuda humanitaria en forma de alimentos y medicinas desde nuestro territorio a la Franja de Gaza”, dijo la semana siguiente el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Muchos medios occidentales no se hicieron eco de estas declaraciones, o lo hicieron de pasada y sin subrayar la intención objetivamente ilegal de Netanyahu. Fue como si hubieran sido pronunciadas en un universo paralelo. Si nuestros medios hubieran reflejado esas palabras con la debida precisión y jerarquía, también habrían tenido que cubrir la ofensiva de Israel como una empresa criminal antes que como una guerra de autodefensa.

La inacción de los aliados

Los aliados occidentales de Israel sabían perfectamente lo que tramaba. En marzo de 2024, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Lord Cameron, escribió una carta exponiendo muchas de las artimañas desplegadas por Israel para impedir que la ayuda llegara a Gaza. Pero Reino Unido no tomó ninguna medida.

En abril de 2024, dos ministerios del Gobierno de Estados Unidos concluyeron que Israel estaba bloqueando deliberadamente el paso de la ayuda, lo que obligaba legalmente a la Administración Biden a dejar de enviarle armas. Pero el equipo del presidente decidió seguir adelante con el suministro.

Más tarde ese mismo año, la misma Administración Biden hizo pública una carta detallando los obstáculos que Israel ponía para que no llegase ayuda a la Franja. Pero en Tel Aviv calcularon acertadamente que la Casa Blanca solo lo hacía por las elecciones presidenciales. Israel ignoró en gran medida las demandas y no sufrió ninguna consecuencia.

El hambre, la ayuda, las masacres

Israel tiene el récord histórico de haber matado a más trabajadores humanitarios que nadie, con más de 400 víctimas mortales hasta la primavera. Libró una guerra implacable contra el principal organismo humanitario que había en Gaza, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés), hasta que el pasado octubre consiguió expulsarla de los territorios ocupados. Su ejército ha matado a agentes de policía encargados de escoltar la ayuda y evitar los saqueos.

No se trata solo de bloquear la entrada de ayuda. La ofensiva de Israel ha dejado inutilizables prácticamente todas las tierras agrícolas, dañando un 80% de las cultivadas. Han muerto casi todo el ganado y la mayor parte de la vegetación. El puerto y los medios para pescar en la Franja han sido destruidos, y los palestinos que desafían la prohibición de Israel de pescar se enfrentan a la posibilidad de que los maten.

La matanza de palestinos hambrientos buscando ayuda ha sido un tema recurrente. En febrero de 2024, el Ejército israelí (FDI) masacró a más de 100 civiles que esperaban harina. Pero como ha sido la tónica a lo largo de todo el genocidio, los medios trataron las negativas de las FDI, sus evasivas y mentiras, como afirmaciones creíbles. Semanas después, una investigación detallada de la CNN concluyó que el Ejército israelí era culpable, lo que debería haber sido obvio desde el primer momento. El problema fue que para entonces la atención ya se había ido a otro lado.

En marzo de 2025, Israel impuso un bloqueo total y reemplazó el eficaz sistema de ayuda de la ONU por el de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), cuyos “centros de distribución” son distópicos campos de exterminio. Como señala el sistema IPC, respaldado por la ONU, es una ayuda insuficiente y a menudo inutilizable: Israel ha dejado a los palestinos sin gas ni agua potable para preparar la comida.

Más de 1.000 civiles han sido asesinados mientras trataban de acceder a esta ayuda. Como han denunciado los organismos de ayuda humanitaria, el diseño de la GHF está pensado para trasladar a la población hambrienta hacia el sur, para que puedan ser confinados en lo que el ex primer ministro israelí Ehud Olmert ha descrito como un “campo de concentración”, antes de su deportación.

Mentiras a pesar de las pruebas

A pesar de las culpas evidentes, transparentes y descaradas de Israel, sus mentiras son toleradas por los políticos y medios occidentales. Donald Trump repetía este lunes lo de que “Hamás roba gran parte de los alimentos”, una mentira que ya fue desmentida por Cindy McCain, directora del Programa Mundial de Alimentos y viuda del difunto senador republicano John McCain (conocido por su postura belicista en favor de Israel). Según un informe interno del Gobierno de EEUU no hay pruebas que confirmen esa versión. Autoridades israelíes han informado de que su Ejército llegó a la misma conclusión. Paradójicamente, las que están robando la ayuda son bandas criminales respaldadas por Israel, las mismas que según el exvicepresidente de Netanyahu tienen vínculos con el Estado Islámico.

Las órdenes de detención que la Corte Penal Internacional emitió hace ocho meses se centraron en el hambre que Israel infligía deliberadamente a la población de Gaza por una razón: las pruebas son abrumadoras. Pero incluso si Gaza se llenara repentinamente de camiones con ayuda, muchos palestinos morirían por la devastación irreversible que el hambre ya ha provocado en sus cuerpos. Y eso ni siquiera es lo que está ocurriendo: los 73 camiones autorizados a entrar el lunes pasados se vieron obligados a seguir una ruta poco segura en la que luego fueron saqueados.

El primer ministro de Reino Unido ha estado promoviendo la idea de lanzar ayuda desde aviones. Es una iniciativa de alcance mínimo, mal orientada, y que ha provocado la muerte de palestinos a los que les caía la ayuda sobre la cabeza. Lo único que consiguen es encubrir a Israel, fingir que se está haciendo algo y distraer para que no miremos la gigantesca y deliberada hambruna. ¿Pero qué otra cosa podemos esperar de Starmer, el hombre que al comienzo del genocidio respaldó el derecho de Israel a imponer un asedio en Gaza y luego intentó engañarnos para que creyéramos que no lo había hecho?

¿Qué hemos hecho? Esa es la pregunta que debería estar quitándole el sueño a las élites occidentales, si tuvieran un mínimo de vergüenza. La respuesta sería sencilla. Lo que hicieron ustedes fue permitir una gigantesca hambruna en todo un pueblo. Sabían lo que estaba pasando, durante 21 meses hubo una catarata de pruebas, y el perpetrador, su amigo, se jactaba una y otra vez de su crimen ante el mundo. Por desgracia, los artífices de esta abominación no someterán a examen lo que han hecho. Eso quedará en manos de la historia y de los tribunales.

Traducción de Francisco de Zárate.

La muerte de grandes figuras públicas puede provocar las expresiones de hipocresía más grotescas. Así ha sucedido con el papa Francisco, ahora elogiado por líderes y medios que fueron cómplices de los mismos males que él condenó. “El papa Francisco fue un papa para los pobres, los oprimidos y los olvidados”, dijo Keir Starmer, un primer ministro británico que ha eliminado el subsidio de calefacción invernal para muchos pensionistas vulnerables antes de lanzar un ataque contra las prestaciones por discapacidad que, según las previsiones, empujará a unos 400.000 británicos a la pobreza. “Promovió... el fin del... sufrimiento en todo el mundo”, escribió Joe Biden, facilitador del asalto genocida de Israel sobre Gaza.

De hecho, el destino de Gaza pareció ocupar gran parte de los últimos años del Papa. En su último mensaje de Pascua, condenó la “muerte y destrucción” y la consiguiente “dramática y deplorable situación humanitaria”, un sermón poderoso que casi ningún medio occidental cubrió. En efecto, cuesta encontrar una cobertura destacada de cualquiera de sus valientes declaraciones sobre Gaza, como esta: “Esto no es una guerra. Esto es terrorismo”. En su último texto publicado, el Papa reiteró su apoyo a un Estado palestino, declarando: “La paz exige coraje, mucho más que la guerra”.

Starmer reconoció el trabajo del Papa con “cristianos de todo el mundo que enfrentan guerras, hambrunas, persecución y pobreza”. Sin embargo, no hizo referencia a cómo el Papa llamaba todos los días a la única iglesia católica de Gaza para ofrecer solidaridad y oraciones, ni a cómo temía con razón por una comunidad cristiana que corre el riesgo de desaparecer tras haber vivido en Gaza durante más de 1.600 años.

La islamofobia ha sido un factor clave en el despojo del valor y significado de la vida palestina. Pero esa deshumanización trasciende la religión, ya que hubo poca indignación en Occidente por el ataque israelí a la iglesia de San Porfirio en Gaza, o el reciente bombardeo al hospital bautista Al Ahli, o la matanza de numerosos cristianos, entre ellos una madre anciana y su hija, asesinadas por un francotirador israelí en la iglesia de la Sagrada Familia en la víspera de Navidad de 2023. Esa era la iglesia a la que el Papa llamaba cada día; su escuela fue atacada por el Ejército israelí el pasado julio.

Reino Unido no fue un simple espectador. La “muerte y destrucción” deploradas por el Papa incluyen las bombas que cayeron sobre Gaza desde cazas F-35, cuyos componentes clave son suministrados por Londres. En su último libro, el Papa señala: “Según algunos expertos, lo que está ocurriendo en Gaza tiene características de genocidio”. Sin embargo, el Gobierno británico se niega a calificar como “crimen de guerra” ninguna de las atrocidades israelíes. Recordemos cuando el ministro de Exteriores, David Lammy, fue reprendido por Downing Street por simplemente afirmar que Israel había violado el derecho internacional.

La muerte de figuras públicas se politiza inevitablemente de dos maneras. En casos como el de Margaret Thatcher, la muerte agudiza las divisiones políticas, y los críticos son tratados como indecentes e irrespetuosos si señalan su legado nefasto. Si el fallecido era una figura respetada que disentía del statu quo en vida, sus opiniones suelen ser blanqueadas póstumamente. Eso le ocurrió a Nelson Mandela, quien declaró célebremente: “Sabemos muy bien que nuestra libertad está incompleta sin la libertad del pueblo palestino”. Una vez más, quienes evocan las creencias auténticas del difunto corren el riesgo de ser acusados de sembrar división en un momento de duelo.

De forma perversa, hay algo casi refrescante en la honestidad de la política ultraderechista estadounidense Marjorie Taylor Greene, quien escribió en redes sociales, en aparente referencia al Papa: “Hoy hubo cambios importantes en el liderazgo mundial. El mal está siendo derrotado por la mano de Dios”. Una afirmación asombrosamente ofensiva. Pero ¿cuánto más irrespetuoso es eso que ignorar el contenido real de las creencias y posturas valientes del Papa, y ofrecer en su lugar vaguedades y tópicos?

Precisamente por eso fue tan importante el papel del Papa. Occidente está bajo el yugo del ataque más extremo contra la libertad de expresión desde el macartismo de los años 50, con quienes denuncian el genocidio de Israel siendo censurados, amenazados, despedidos, expulsados de universidades, agredidos por la policía, arrestados, encarcelados e incluso ahora enfrentando deportaciones desde países como Alemania y Estados Unidos.

En este contexto, el papa Francisco fue una excepción notable a la regla –y no se puede cancelar al Papa–. En cambio, las élites políticas y mediáticas han intentado borrar su legado en la muerte como ya lo hacían en vida, otra táctica dentro de la estrategia para eliminar el escrutinio y la rendición de cuentas por este crimen de proporciones históricas.

Este fue un papa inusual que denunció el capitalismo desenfrenado y un “nuevo colonialismo”. Pero también estuvo plagado de contradicciones, mostrando más apertura hacia las personas LGTBI+ que sus predecesores, mientras denunciaba lo que llamó “ideología de género” como “el peligro más feo” de nuestro tiempo. Al fin y al cabo, los papas no son responsables ante las urnas: quienes no creemos sostenemos que su elección es arbitraria y no voluntad divina. Como cualquier figura poderosa sin mandato democrático, que un papa sea favorable a la justicia o no es cuestión de azar.

Y un papa benevolente no elimina la necesidad de críticas a la Iglesia católica por, por ejemplo, su gestión de los abusos sexuales o su oposición a los anticonceptivos durante la pandemia de VIH/sida en África.

Pero lo que importa es esto: si uno cree que se está cometiendo un crimen monumental ante nuestros ojos, entonces debe esperar que cualquiera con poder e influencia tome partido. Que la historia registre que este Papa sí tomó partido frente a uno de los grandes horrores de nuestro tiempo.

Owen Jones (Reino Unido, 1984) ha viajado hasta Tenerife para recibir uno de los principales premios del festival Culture & Business Pride. Es uno de los columnistas más importantes del periódico The Guardian y no ha dudado en aprovechar su espacio para ejercer de altavoz por los derechos LGTB. Reivindicar y reconocerse con orgullo le ha costado un acoso continuo en las redes y varias agresiones físicas en los últimos años, coincidentes también con la escalada de la extrema derecha en varios países. “No es una casualidad”, asegura.

El periodista alcanzó fama internacional cuando apenas tenía 26 años con el libro Chavs: la demonización de la clase obrera, destacado entre los diez mejores ensayos de 2011 por The New York Times. Desde entonces ha sido nombrado uno de los cien pensadores de izquierdas más influyentes del mundo y ha trabajado como comentarista en diversos canales de televisión y medios europeos. A pesar de todos estos logros, en la entrevista se muestra vergonzoso y modesto. Su prioridad sigue siendo la misma: defender lo colectivo y frenar a la extrema derecha.

Ha sido reconocido con el People Award en pleno mes del Orgullo. ¿Qué le supone este premio?

Es muy conmovedor. Muy dulce. Pero soy consciente de que todos nuestros derechos y libertades se han conseguido porque hay personas que se han sacrificado más que yo y han pagado un coste mucho más alto. Hay activistas LGTB que han dedicado toda su vida a luchar sin recibir ningún agradecimiento o premio, y me parece importante enfatizarlo.

En una columna reciente admitía haber sido mitad víctima y mitad cómplice de la homofobia en su colegio. ¿Cómo recuerda su infancia en los 90?

Crecí en un pueblo llamado Stockport donde no era nada fácil ser LGTB. Yo no salí del armario hasta que tuve 20 años. Era un ambiente muy sofocante y la homofobia era la forma en la que los niños interactuaban. Se trataba más de vigilar cómo debía ser un hombre que de sentir asco hacia las personas homosexuales. Si no hablabas a las mujeres de manera degradante, no eras lo suficientemente violento o atlético o tal vez eras demasiado estudioso, ibas a a recibir un ataque homófobo en consecuencia.

Además, en esa época, las leyes contra los homosexuales todavía estaban vigentes. Por supuesto no había uniones civiles ni leyes contra la discriminación, sino que existía una norma presentada por Margaret Thatcher en los 80 que prohibía la llamada “promoción de estilos de vida homosexuales” en las escuelas. Eso significaba que en el colegio no se hablaba de temas LGTB porque los maestros tenían miedo de que les denunciaran.

Hay partidos que hoy en día buscan rescatar algo parecido a la norma de Thatcher y que están en contra de que los niños reciban educación sexual. En su experiencia, ¿cómo cambia la vida recibir una buena formación y tener referentes?

Lo cambia todo. Por culpa de esa educación interioricé mucha homofobia, incluso una vez que ya había salido del armario. Solía ​​decir cosas estúpidas como “no soy un hombre gay, sino un hombre que resulta ser gay”. Estaba de mal humor todo el día por ser gay. La idea de serlo era bastante aterradora y solitaria. El ambiente en los 90 estaba ensombrecido por la pandemia anterior de VIH. También tenía mucho que ver que la representación gay en televisión era muy limitada: o su existencia era trágica o solo aparecían sexualizados y retratados como payasos. Hasta George Michael era una broma de patio de colegio.

Estaba de mal humor todo el día por ser gay. La idea de serlo era bastante aterradora y solitaria

¿Cuál fue el primer producto cultural que le abrió los ojos?

(Sonríe) Para mí, la serie Queer As Folk. Salió en 1998 y causó mucha controversia en Reino Unido. Era muy hedonista y tenía puntos difíciles, pero fue un hito importante porque era la primera vez que una serie de televisión se centraba en personas homosexuales y obviamente mostraba sexo gay. Para los milenials más mayores fue nuestro gran momento cultural. Ahora los jóvenes tienen Heartstopper. En ese sentido, la vida era mucho más difícil en los noventa de lo que es hoy.

Por una parte eso es cierto, pero por la otra no paramos de denunciar ataques brutales contra el colectivo. ¿Qué cree que está ocurriendo?

En general hay un mejor ambiente para que un niño gay crezca, de eso no hay duda. Pero a la vez los crímenes de odio contra la comunidad LGTB han aumentado: los ataques homófobos se han triplicado y los tránsfobos se han cuadriplicado en Reino Unido. Nuestro país es muy hostil para las personas trans. Ya sabes, la homofobia sigue siendo un medio violento para que los hombres se disciplinen entre sí y se sigue viendo en las escuelas. Pero si miras las encuestas, la actitud de la gente joven ante este tema es mucho mejor que la de ninguna generación anterior. Más en España que en Reino Unido, lo que me parece interesante porque España estuvo gobernada hasta hace no mucho por una dictadura de extrema derecha y despenalizó la homosexualidad más tarde que Inglaterra y Gales.

Las cosas se han puesto complicadas. La campaña antitrans en Reino Unido es dominante y ha tenido un impacto en toda la comunidad LGTB. Al mismo tiempo, los derechos de las mujeres en Estados Unidos están retrocediendo dramáticamente y eso da miedo. Hemos visto crecer a Vox aquí en España y a los movimientos ultraderechistas en Reino Unido y Estados Unidos. Entonces se da una contradicción. Hay mejores actitudes sociales entre la gente más joven y hay un extremismo de derechas más asertivo y violento.

Hace unos años fue agredido por un neonazi, así que ha sufrido en sus propias carnes esta escalada de violencia. ¿Cómo convive con ello?

Es cierto. Fui atacado por un grupo de neonazis en 2019 el día de mi cumpleaños. Después se descubrió que era un ataque homófobo. El agresor principal fue enviado a prisión durante casi tres años, aunque yo no apoyé la sentencia porque no veo la cárcel como un medio para lidiar con la extrema derecha o con la homofobia. Su casa estaba llena de símbolos neonazis, banderas de las SS, calaveras de la muerte y todo eso. Ese fue el ejemplo más extremo. Otra vez me rodearon en una manifestación. Así que sí, recibo insultos homófobos todos los días y los ataques cada vez son peores. Simplemente me he acostumbrado. Es extraño, porque recibí mi primer ataque homófobo a los 30 años y en mi opinión es por culpa del ascenso de la extrema derecha. El extremismo se ha envalentonado y legitimado y a menudo tiene un carácter anti-LGTB muy tosco.

Hablando ahora del libro que le dio a conocer en 2011, Chavs. La demonización de la clase obrera. ¿Cómo cree que ha cambiado durante estos años la clase trabajadora para llegar a ser absorbida en ocasiones por la extrema derecha?

La clase trabajadora ha sufrido mucho desde que lo escribí. Ya advertí en el libro de que si la izquierda y los partidos socialdemócratas la abandonaban, la derecha adoptaría su lugar. Y eso es lo que ha pasado. No se trataba de economía o de si están explotados por patrones capitalistas, se trataba de cultura: les han convencido de que la élite urbana liberal o de izquierda los mira con desprecio, está tratando de destruirlos con el multiculturalismo y la inmigración y odia su patriotismo. Incluso si son como Donald Trump, enormemente ricos, fingen que se ensucian los zapatos y se acercan a la vida ordinaria del hombre común, lo cual es mentira porque promulgan políticas que ayudan a los ricos. Pero eso es lo que ha cambiado. La derecha se ha apropiado del lenguaje de clase obrera y lo ha subvertido para fines conservadores.

La derecha se ha apropiado del lenguaje de clase obrera y lo ha subvertido para fines conservadores

¿Es difícil que la izquierda se vuelva a hacer con unas capas de población que representaban su apoyo tradicional? ¿Por qué le está costando tanto?

Las guerras culturales son muy tóxicas para la izquierda. El objetivo de la izquierda es argumentar que hay diferentes intereses entre la mayoría y las élites. Que la amplia mayoría debe recibir mejores salarios, mejores pensiones y mejores servicios públicos, mientras que las élites quieren obtener ganancias y evitar impuestos. Pero si tienes una guerra cultural, como pasa en Reino Unido, entonces en lugar de ser muchos contra unos pocos, se convierte en los que se quedan contra los que se van de la Unión Europea. Esa es la nueva identidad.

Un trabajador negro mal pagado de Londres votó por quedarse, ¿está del mismo lado que el jefe de un banco comercial? No, sus intereses son completamente diferentes. Lo que hace una guerra cultural es que personas de diferentes clases parezcan estar del mismo lado. Esa no es la división que importa. La división que importa es quién tiene riqueza y poder y quién no tiene riqueza ni poder. Pero una guerra cultural destruye eso y destruye a la izquierda.

Lo que parece indestructible es Boris Johnson. Después del escándalo de las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia, ¿cómo percibe la ciudadanía británica al primer ministro?

Él es muy impopular porque es un tramposo mentiroso que violó las leyes de las que estaba a cargo y que se suponía que debía comunicar al país. Hizo fiestas en el número 10 de Downing Street cuando los demás no podían coger de la mano a sus parientes moribundos o tenían que asistir a sus entierros por Zoom. Las personas sin hogar fueron acusadas de violar las normas de la cuarentena y hasta multaron a niños. Ahora mismo tenemos una crisis por el costo de vida a la vez que una crisis de Gobierno. Obviamente, creo que todos piensan que es un mentiroso, incluso las personas que lo apoyan.

¿Y cómo puede ser que no haya supuesto su muerte política?

El problema es que los laboristas no ofrecen ninguna alternativa inspiradora. Parece que ni siquiera existen como oposición. Los laboristas deberían estar arriba en las encuestas en este momento, pero hubo una el otro día que decía que se seguía prefiriendo a Boris Johnson como primer ministro antes que a Keir Starmer. ¿Cómo es eso posible? A la gente no solo no le cae bien Boris Johnson, sino que está enfadada con él. Pero Starmer es aburrido, un inútil y un desperdicio de espacio que fingió ser de izquierdas. Ambos son políticos deshonestos y Reino Unido está atrapado entre ellos en plena crisis. Es una tragedia.

Boris Johnson es un tramposo mentiroso que violó las leyes de las que estaba a cargo

Hablamos con preocupación de líderes de extrema derecha como Meloni o Abascal, pero la medida que quiere llevar adelante el Gobierno británico de deportar a Ruanda a cualquier solicitante de asilo, venga de donde venga, es propia de la ultraderecha. ¿Hemos infravalorado a Boris Johnson y a los tories?

Johnson es un peligro, obviamente. Es alguien que no tiene moral ni escrúpulos. No es de extrema derecha porque no cree en nada, ¿sabes? Pero es un oportunista y cree que puede aprovechar el sentimiento antiinmigración y antirrefugiados para protegerse a él y a los conservadores. Esa política que mencionas es repugnante. Estuve en una protesta el día antes de venir aquí. Deportar a cualquiera que llegue a Reino Unido por las rutas legales y enviarlo a un país pobre carente de derechos humanos es francamente obsceno.

Me alegro de que haya grandes protestas, desobediencia civil y de que la justicia lo impidiese. Pero es solo la muestra de que el Partido Conservador se ha movido en una dirección muy de derechas. Es la culminación de los años que han pasado fomentando la intolerancia y los prejuicios contra los refugiados y los migrantes. Hay una parte que animará al ala reaccionaria, xenófoba y racista del electorado británico, pero creo que para mucha gente es demasiado y están absolutamente asqueados. Pero sí, Boris es un político peligroso porque no cree en nada pero está dispuesto a todo por mantener su posición.

Muchos políticos han estado agazapados durante la pandemia y la guerra en Ucrania para asestar un golpe con políticas más conservadoras y discursos más retrógrados. Ahora que no quedan cortinas de humo, ¿qué futuro nos espera?

Cuando tienes una crisis social, los movimientos de extrema derecha se vuelven más asertivos y los políticos están más tentados de cambiar la ira de la gente hacia una dirección racista y xenófoba. Mi esperanza son los jóvenes, porque creo que muchos en Gran Bretaña y España son progresistas por naturaleza, que han sufrido las consecuencias de la austeridad y que les repugna Vox o Boris Johnson. Pero creo que vamos a ver muchos horrores en cuanto al extremismo y populismo de derechas. La potencial entrada de Vox en el Gobierno de España es uno de los ejemplos. Las cosas podrían empeorar significativamente y es muy deprimente. Aunque tengo esperanza en la gente joven, no podemos esperar a que alcancen la mayoría de edad: tenemos que organizarnos ya.

“Esta fiesta es una demostración de cómo creemos que hay que hacer política. Pocas cosas son más políticas que una fiesta (...) que construir comunidad, compañerismo”. Ante un mar de sombrillas blancas y moradas, siguiendo el pantone de la formación, Lilith Vestrynge, secretaria de Organización de Podemos, resumía la jornada del fin de semana en los Jardines de Viveros de València.

Unas 3.000 personas han pasado por la fiesta de la primavera de Podemos, una exhibición de músculo ideológico que aspira a celebrarse de forma anual y aborda los temas que la formación ha puesto en agenda. Tras meses siendo vapuleados en todos los foros, los morados se dieron un baño de amor propio entre los suyos, de abrazos y palmadas en la espalda, en un acto de autoafirmación política.

En Podemos tenían ganas de fiesta. Tanta que, como bromeaban al día siguiente, se dejaron la garganta en los conciertos y terminaron con las existencias de cerveza. Sin una asistencia masiva, consiguieron llamar la atención suficiente en las charlas, especialmente en las que abordaron la relación entre tiempo y trabajo, la supervivencia de la monarquía o la salud del bloque de investidura. No obstante, apenas hubo debate alguno: las jornadas fueron una sucesión de la puesta en valor de sus acciones, de su papel en el Estado, con temas que en su agenda tienen sobradamente trabajados, en los que ya han generado su perfil.

La sorpresa, para algunos, fue la jornada sobre el Papa Francisco, impulsada por el dirigente en el Gobierno valenciano Héctor Illueca. El vicepresidente segundo valenciano y exdirector de la Inspección de Trabajo es un devoto estudioso de la figura del Papa Francisco e impulsó un foro en el festival para poner en valor que su doctrina impugna el sistema neoliberal. Para sumar, reflexionaron los ponentes, hay que incorporar al proyecto a aquellos que “comparten el anhelo de justicia”, sean o no creyentes, en un tema poco habitual en los morados.

La batalla cultural estaba en todas las sesiones, quizá por ello echaron mano de su star system para completar las sillas: los escritores y pensadores Owen Jones, Elisabeth Duval o Miquel Ramos acompañaron a sus cargos más relevantes en presentaciones y a las actuaciones de Samantha Hudson, Manel y Los Chikos del Maíz; tres estilos musicales con poco o nada en común pero que impulsan un cambio ideológico desde los escenarios. La de Ramos, acompañado por la fotoperiodista Eva Máñez y Ricardo Romero 'Nega', vocalista de los Chikos del Maíz, fue una de las mesas más emotivas, con varios momentos lacrimógenos en el público al repasar la historia de movimiento y la militancia desde los años noventa.

Como en todo festival, hubo merchandising a toneladas: bolsas con el lema 'fck vox', libros, camisetas, más libros, pegatinas y memes con bromas en clave interna, con gestos a las redes en las que Podemos ha desplegado su acción política. El actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, llenaba camisetas y vasos a través de la fotografía que le vincula con un narcotraficante, compitiendo con la simbología republicana en atención.

Pese a reivindicarse como un partido de suma y de mayorías, apenas hubo palabras para las “otras fuerzas hermanas” que han posibilitado el bloque de investidura -que sí tuvo una mesa de debate con Bildu y ERC- o a las alianzas autonómicas y municipales que comparten. Durante el fin de semana no hubo menciones a las acciones del Gobierno del Pacto de Botánico, en el que gestionan la vicepresidencia segunda y conselleria de Vivienda, tampoco a Yolanda Díaz y a las medidas que impulsa su ministerio, más allá de la intervención de Jaume Asens, ni hubo una notable presencia de sus compañeros de Ejecutivo valenciano; asistió la vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, a una presentación, y la consellera de Transparencia y líder de Esquerra Unida, Rosa Pérez, al mitin, ambas con un papel discreto entre el público. En un momento en el que se están fraguando alianzas que resultarán determinantes en las próximas elecciones, hasta el silencio comunica.

La agenda feminista

Pese a la diversidad temática de las jornadas, un tema centró el fin de semana: la agenda feminista. Los morados ponen en valor las medidas que han impulsado en el Gobierno y que esta semana les ha dado varios éxitos. Los permisos por dolor menstrual, la ley de violencia sexual o los avances en la reforma de la ley del aborto son puntos del programa que, pese a las reticencias de su principal socio, han dado a la organización de los círculos un protagonismo notable.

Las reformas en el Ministerio de Igualdad, las políticas feministas, son el estandarte que la formación exhibe. Varias mesas abordaron el consentimiento y el deseo sexual, la justicia patriarcal, los derechos sexuales y cómo legislarlos; el mitin central contó con la presencia de dirigentes latinoamericanas, que denuncian que ser mujer es un factor de riesgo, y un baño de aplausos arropó a Irene Montero al reivindicar lo que ya es un lema en las manifestaciones: que el miedo a volver sola a casa es una forma de poder. Al finalizar su discurso la secretaria general, Ione Belarra, un hombre mayor en el público comenta a su compañero: “El mundo será de las mujeres. Apunta eso”.

¿Cómo resuelves un problema como la violencia de extrema derecha? Esto es lo que pensaba el pasado viernes mientras estaba sentado en una sala del juzgado número 3 del este de Londres y observaba a James Healy, el matón de 40 años que me agredió el pasado agosto.

Esa noche había celebrado mi cumpleaños en un pub y me fui del local en compañía de cinco personas más. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran cómo, mientras nos despedíamos alegremente, Healy se abalanzaba sobre nosotros. Con las manos en los bolsillos y sin previo aviso me dio un golpe de kárate, me tiró al suelo y empezó a darme patadas y a golpearme salvajemente. Una acción que el tribunal calificó de “ataque enloquecido”.

Lo siguiente que pasó fue que dos amigos del atacante, que se declararon culpables de alteración del orden público, siguieron su ejemplo y se formó un altercado. Las personas que me acompañaban evitaron que el incidente fuera a más; tres terminaron con golpes en la cabeza.

Healy ya se había declarado culpable de alteración del orden público y agresión. Argumentó que aquel arrebato de rabia se debía a una pinta de cerveza derramada poco antes. Sin embargo, en el pub él o un amigo suyo había venido a hablar conmigo poco antes y se había hecho pasar por un admirador, con la intención de asegurarse de que efectivamente se trataba de mí y que no iba a agredir a un extraño que se parecía remotamente a Macaulay Culkin.

La casa de Healy estaba llena de símbolos de extrema derecha: insignias del grupo Combat 18 (uno de sus objetivos declarados es “ejecutar a todos los maricones”), logotipos del grupo de cabezas rapadas White Power y calaveras nazis, así como una bandera de las SS con el logo de los Chelsea Headhunters, un conocido grupo de ultras de fútbol vinculado con la extrema derecha.

En su defensa, Healy argumentó que simplemente era un coleccionista. Afirmó que creía que se trataba de objetos que tenían alguna relación con el fútbol. También aseguró que una tarjeta de felicitación que le enviaron sus amigos por su cumpleaños, con menciones expresas al terrorismo de grupos norirlandeses, era solo una broma. También afirmó que nadie podía considerarle homófobo, ya que su abogado era gay, y lamentó que la policía había estado de mi parte desde el primer momento.

El compañero de piso de Healy, un hombre con un pasado violento, dio fe de su honestidad. Afirmó que ponía la mano en el fuego por él hasta el punto de saber que Healy nunca intentaría acostarse con su atractiva novia. Los argumentos en su defensa se desmoronaron. En su sentencia, la jueza afirmó: “Estoy segura de que [Healy] tiene una ideología que se asocia con los valores de la extrema derecha” y de que detrás del ataque se esconden su homofobia y su antipatía por las ideas políticas de izquierdas.

El mes que viene conoceremos la condena. Sin embargo, si es castigado con una pena de cárcel, ¿qué habremos conseguido? Es una pregunta importante. Soy un periodista blanco con la repercusión que me da una plataforma mediática, así que este ataque de la extrema derecha ha sido más seguido que otros. Esta agresión debe ser analizada desde un contexto más amplio. Me he ido convirtiendo en blanco de ataque de la extrema derecha. No solo en la calle, también en Internet.

Pese a todo, el ataque fue menos grave que muchos de los que sufren otras personas que reciben menos atención por parte de los medios, como los miembros de minorías que son víctimas de ataques de odio, sufren agresiones o simplemente los matan. En los últimos seis años, los crímenes de odio se han más que duplicado. La cifra de simpatizantes de extrema derecha que han sido obligados a participar en el programa Prevent [un programa que intenta prevenir la radicalización antes de que el individuo sea una amenaza real o ya haya cometido algún delito] no tiene precedentes.

Según la policía metropolitana, los radicales de extrema derecha son la amenaza terrorista que más rápido aumenta. Nuestro sistema penal encierra en la cárcel, de forma desproporcionada, a personas pobres con problemas mentales o condena a hombres negros a penas que les destruyen la vida por delitos no violentos relacionados con la droga. Así que el hecho de que un fascista homófobo termine entre rejas tampoco parece una tragedia. Sin embargo, la pregunta que volvemos a hacernos es: ¿qué habremos conseguido?

El Ministerio de Justicia se jacta de tener múltiples programas que ayudan a desradicalizar a los prisioneros de extrema derecha. Estos programas están “hechos a la medida de cada individuo”, afirma un portavoz. Sin embargo, como me dice Chris Daw, un abogado que ha escrito extensamente sobre cuestiones vinculadas con la justicia penal: “En términos generales, todo el sistema penitenciario es un completo fracaso en lo que respecta a la desradicalización”.

Daw afirma que, independientemente de que los extremistas pasen meses, años o décadas en la cárcel, no se desradicalizan. De hecho, más bien suele darse la situación contraria y se vuelven más radicales que antes ya que tienden a relacionarse con personas con puntos de vista similares a los suyos. A veces cuando salen de la cárcel reinciden y cometen un delito que es más terrible que el anterior.

Este es el caso de Usman Khan, el terrorista islamista que el pasado noviembre asesinó a dos personas en una conferencia sobre los programas de rehabilitación de prisioneros. Pasó ocho años entre rejas y muy probablemente durante todo ese tiempo solo había participado unos días en programas o tratamientos de desradicalización. En cambio, es probable que durante años se relacionara con otros prisioneros con ideas extremistas parecidas y compartieran su filosofía de vida y puntos de vista. Tengo que preguntar lo siguiente: Si Healy es condenado con una pena de privación de libertad ¿cómo será cuando salga de la cárcel?

Y hay un contexto político más amplio que tampoco puede ser ignorado. David Renton, abogado y autor especializado en extrema derecha, habla de la memoria popular antifascista de la izquierda, de la Liga Antinazi y de Rock Against Racism de los años 70. En aquel entonces, la extrema derecha podía ser presentada como un pequeño grupo de extremistas que podía ser derrotado y aislado por la ciudadanía. Sin embargo, en la actualidad en Estados Unidos, Gran Bretaña y en otros lugares, la frontera entre centroderecha y extrema derecha se ha derrumbado. 

Tanto Donald Trump como Boris Johnson son tratados como iconos de la extrema derecha contemporánea, a diferencia de sus predecesores republicanos y conservadores. El primer ministro británico cuenta con el apoyo declarado de extremistas de extrema derecha como Britain First y Tommy Robinson. Podemos afirmar sin equivocarnos también que países como Hungría y Brasil tienen Gobiernos de extrema derecha.

Renton subraya que, mientras que el Frente Nacional de los años 70 reclutaba a través de listas de miembros y suscripciones a revistas, en la actualidad Internet se ha convertido en un destacado portal de radicalización. Por su parte, los medios de comunicación conservadores legitiman la visión de la extrema derecha mientras que sistemáticamente convierten en chivos expiatorios a minorías como los musulmanes, los inmigrantes, los refugiados y las personas trans, y demonizam a la izquierda y presentan a sus simpatizantes como traidores peligrosos.

La actual reacción en contra de la justicia social y la igualdad racial no es sino un intento de invertir los valores sociales progresistas, las conquistas conseguidas por las minorías y las mujeres tras mucho esfuerzo, para reimponer las normas conservadoras y una desigualdad histórica.

Entonces, ¿cómo deberíamos gestionar la violencia de extrema derecha? La propuesta de Daw de que los extremistas sean separados en la cárcel, parece tener sentido. A cambio, deberían ser tratados por expertos y ofrecerles tratamientos psicológicos obligatorios de primer nivel para desradicalizarlos. Sin embargo, los programas de desradicalización que actualmente se ofrecen en las cárceles no cuentan con la financiación necesaria.

Renton también señala que se debe explotar la división de la derecha: muchos votantes conservadores desaprueban el extremismo de derechas. El experto señala que tenemos que “recrear la dinámica de separar el centroderecha y la extrema derecha para crear mayorías antifascistas”.

Este es un problema de difícil solución y por otra parte no debemos subestimar el hecho de que el fascismo no se soluciona por vía judicial. Es probable que mi atacante, James Healy, entre en la cárcel siendo un matón de extrema derecha y salga sin haber cambiado un ápice. De hecho, tal vez tras cumplir la condena solo se habrá reafirmado en sus convicciones.

Vivimos en una sociedad que presenta a la izquierda como la principal chusma peligrosa, a menudo debido a la mala educación de activistas de izquierdas en la red. Y, en este contexto, una amenaza creciente no está recibiendo la atención necesaria. Sin duda, el peligro es que, sin una estrategia correcta para desradicalizar a la ultraderecha, otras personas que se crucen en su camino serán víctimas de un ataque mucho peor al que yo sufrí esa calurosa noche de viernes delante de un pub de Islington.

Traducido por Emma Reverter

Tres hombres han sido detenidos por la agresión al columnista de The Guardian Owen Jones a las puertas de un pub en Londres el pasado 17 de agosto cuando este celebraba su cumpleaños con sus amigos.

“Se acercaron, me dieron patadas en la espalda, me tiraron al suelo... y después me patearon la cabeza”, afirmó Jones. “Mis amigos intentaron protegerme y también fueron golpeados”, añadió.

Los detenidos tienen 29, 34 y 39 años y permanecen bajo custodia policial acusados de desorden público violento y agresión con lesiones. Según contó Jones, ninguna de las víctimas tuvo que acudir al hospital.

“Está bastante claro por qué me odia esta gente. Soy gay, socialista, antirracista y antifascista. Y soy parte orgullosa del movimiento antifascista”, señaló el periodista en un vídeo publicado en The Guardian poco después de la agresión. “Hay muchos miembros de minorías en este y otros países que están siendo atacados por ultraderechistas sin aparecer en los titulares y sin conceder entrevistas. La extrema derecha está en auge y es más fuerte que en ningún otro momento de la historia desde la guerra”, añadió.

¿Así que por esto se va a destruir el planeta, porque los hombres heterosexuales tienen miedo de que la gente piense que son homosexuales? Según un estudio reciente realizado por la Universidad Estatal de Pensilvania, algunos hombres evitan realizar actividades relacionadas por el medio ambiente porque temen que si alguien les ve reciclando o llevando una bolsa de la compra reutilizable piensen que están buscando ligar con otro hombre. Así que cuando estos hombres estén revolviendo basura chamuscada por el sol para encontrar comida, o nadando a través de Covent Garden o protegiendo a sus familias de un colapso social estilo Mad Max, al menos podrán consolarse pensando que su preciosa heterosexualidad ha quedado intacta.

Por supuesto que la crisis climática no se resolverá solo con más reciclaje y menos bolsas de plástico, pero el estudio es revelador. Tanto hombres como mujeres ven el cuidado del medio ambiente como un rasgo “femenino”, y los hombres asocian el comportamiento femenino con ser homosexuales.

Aquí tenemos un aspecto poco discutido de la homofobia. Sabemos que las principales víctimas de la homofobia son, por supuesto, las personas de la comunidad LGTBI: desde el impacto para toda la vida causado por el abuso y el rechazo, a la constante amenaza de acoso verbal y físico. Pero la homofobia también puede perjudicar a los hombres heterosexuales, empujándolos a un comportamiento destructivo que afecta a las personas que los rodean.

Desde que son pequeños, a los niños se les enseña que los hombres de verdad pelean, dicen cosas degradantes sobre las niñas y las mujeres, demuestran una gran destreza deportiva, evitan parecer muy estudiosos, no hacen nada que demuestre supuesta “debilidad” emocional y priorizan la competencia sobre la cooperación. Es un regimen autoritario invisible, pero que -como cualquier dictadura- se impone a través de la intimidación y la violencia. Los que son percibidos como disidentes -aquellos que involuntariamente o de forma intencional se apartan de estos patrones de comportamiento- están expuestos a sufrir cualquier castigo, desde ser molestados en el pasillo del colegio a ser golpeados, o algo peor.

El abuso comenzará por ser llamados “niñita” o “maricón”, y el mensaje es el mismo: te has alejado de la verdadera masculinidad y debes ser castigado por ello. Esta es la policía del género: la homofobia es la guardia fronteriza del patriarcado.

No pretendo con esto hacerme el santurrón: como el hombre adulto homosexual que soy, puedo recordar haber participado de abusos homofóbicos cuando era un niño. Como dijo Jean-Paul Sartre: “Mitad víctimas, mitad cómplices, como todo el mundo”. Lo que hace esta experiencia formativa es instalar un pequeño policía dentro de las cabezas de los hombres, sean heterosexuales o LGBTI, que les grita “¡No hagas esto o parecerás gay!”.

Entre los hombres gays, esta homofobia internalizada puede impedirnos corregir a un extraño que nos pregunta si tenemos novia, porque nos avergüenza decir la verdad. Pero también nos lleva tristemente a rechazar a hombres afeminados, a menudo de formas hirientes y humillantes, como decir que solo nos gustan los “hombres de verdad” o sugiriendo que el comportamiento afeminado atrae a la homofobia, culpando a las víctimas de una forma deprimente. Algunos hombres ponen “solo chicos que parezcan heterosexuales” como condición en las aplicaciones de citas (perdón que os decepcione, pero ningún hombre parece heterosexual cuando está teniendo relaciones sexuales con otro hombre). Esto genera vergüenza y rechazo a uno mismo, lo cual deriva en angustia y puede llevar a la automedicación mediante drogas o abuso de alcohol.

Entre los hombres heterosexuales, existe una sencilla prueba para la policía interna: incluso muchos hombres que defienden abiertamente los derechos de la comunidad LGBTI se ofenden si alguien piensa equivocadamente que son homosexuales y piden que les expliquen qué comportamiento los llevó a esa conclusión.

Esto puede hacer que hombres adultos se nieguen a echarse atrás o retirarse cuando una discusión se sale de control peligrosamente. Puede significar competir con amigos hombres por ver quién dice lo más degradante sobre las mujeres, normalizando una cultura que termina con niñas y mujeres acosadas y violadas. Y también puede hacer que los hombres que sufren depresión y ansiedad piensen que es poco masculino, o de hecho homosexual, hablar de sus sentimientos. En Reino Unido, el suicidio es la principal causa de muerte de los hombres menores de 45 años. Tenemos aquí a hombres atrapados en el alambre de espino que delimita la frontera de la masculinidad recalcitrante.

Es evidente que el éxito de las campañas por los derechos de la comunidad LGTBI también liberarían a los hombres heterosexuales. Junto con el feminismo, ya han cambiado el significado de ser un hombre. Ahora los hombres hablan más de sus sentimientos que antes, tienen más amigas o amigos gays y dedican más tiempo a la crianza de los hijos, aunque no sea tanto como deberían. Cuando el patriarcado acabe en el desguace de la historia, todo el mundo -hombres, mujeres, no binarios- será libre de ser sí mismo, sin la policía interna. Desafiando a los que protestan frente a las escuelas, ofendidos de que a los niños les enseñen que se puede tener dos madres, nuestro sistema educativo debería hacer mucho más por cambiar las normas opresivas. Quién sabe, quizás algún día los hombres puedan reciclar basura sin importarles que alguien piense que quieren salir con otro hombre.

Traducido por Lucía Balducci

El Partido Laborista no tiene ninguna opción buena con el asunto del Brexit. Aceptarlo es deprimente pero también liberador. Se supone que ser de izquierdas es tener un optimismo ilimitado y creer que la imaginación y el empeño hacen realidad lo materialmente irrealizable para los “adultos sensatos” de la política. Pero después de un tiempo buscando lo imposible, reconocer que no hay una píldora mágica para ponerle fin al debate del Brexit es todo un alivio. En este tema, los partidarios de cada postura deben reconocer los inconvenientes de sus respectivas estrategias.

La prioridad del Partido Laborista es, con razón, que haya elecciones generales. En abril de 2017, cuando Theresa May declaró desde su podio en Downing Street que quería disolver el parlamento, su objetivo era generar unas elecciones en torno al Brexit. Pero los laboristas no se lo permitieron. Llevaron el debate hacia asuntos domésticos en los que ellos pisaban fuerte: desde aumentarle los impuestos a los ricos hasta invertir en servicios públicos o pasar empresas a manos del Estado. Temas que unían a los votantes partidarios del Brexit con los votantes pro Unión Europea.

Pero repetir hoy esa estrategia laborista de 2017 es mucho más difícil, por decirlo de la manera más suave posible. Es cierto que los electores siguen teniendo otras preocupaciones aparte del Brexit, como el estancamiento de los salarios o los problemas de la vivienda y de la Seguridad Social, pero la coalición electoral laborista (donde entran tanto el barrio londinense y pro UE de Kensington como el distrito pro Brexit de Ashfield, en Nottinghamshire) se verá sometida a fuertes presiones. Al Partido Laborista no le conviene que el Brexit domine el debate político porque anula su política de lucha contra el establishment y hace aparecer a los líderes laboristas como políticos calculadores, igual que los demás.

Luego está la posibilidad del segundo referéndum, que aún podría materializarse. Si se produce, el laborismo tendrá que hacerlo lo mejor posible pero el voto popular sobre la independencia escocesa y sobre el Brexit ya nos enseñaron lo que hacen los referéndum con nuestra vida política. Fomentan las divisiones radicales de una manera que no suele darse con las elecciones parlamentarias. Por eso son terreno fértil para populistas y partidos de extrema derecha. En los hechos, la campaña de un nuevo referéndum sería como regalar un megáfono durante meses a los miembros más demagogos y reaccionarios de la vida política británica. Hay quienes dicen que las divisiones radicales ya están entre nosotros, ¿en qué cambiaría la situación? Por decirlo suavemente, les falta imaginación. Un nuevo voto será mucho más desagradable que el anterior y los que piden ese segundo referéndum deberían tener algunas ideas sobre cómo lidiar con eso.

El malestar económico fue clave para el resultado del referéndum, pero el Brexit ha terminado desatando una guerra cultural integral. Pero la división más significativa en la sociedad no se da entre los que se quieren quedar y los que se quieren ir, o entre los jóvenes y sus abuelos. Ni siquiera entre los votantes laboristas y los del Partido Conservador. La verdadera división es la que hay entre la avariciosa élite que ha sumido a Gran Bretaña en una crisis económica y social y la gran mayoría que sufre las consecuencias.

La guerra cultural es una distracción que se lleva el foco lejos de la política de clases que fundamenta el accionar del Partido Laborista. Un referéndum podría hacer parecer a los laboristas como sostenedores del status quo y arruinar todo el trabajo que el partido ha desarrollado en circunscripciones pro Brexit sin las que no puede ganar las elecciones.

La izquierda ha sido tradicionalmente criticada por anteponer los principios a la toma del poder, por no entender que sin gobernar no se puede ayudar a la gente. Ahora que su estrategia es ganar las elecciones y lidiar con las injusticias que explican el voto del Brexit, los mismos que los acusaban de principistas los denuncian por anteponer los intereses del partido a los del país.

“Díselo de nuevo”. Ese eslogan pro Brexit podría acalorar los ánimos y tener mucho eco. Las encuestas demuestran que los partidarios de quedarse en la Unión no representan una mayoría clara, y eso que en este momento no hay una campaña en marcha por el Brexit. ¿Se imaginan qué pasaría si los partidarios de dejar la Unión Europea vuelven a ganar? El mensaje que eso enviaría es el de una élite pro Unión que habría perdido todo su discurso después de intentar darle la vuelta al primer referéndum arrastrando al país por otra despiadada campaña.

Otra posibilidad es la que se ha llamado “Mercado Común 2.0”, o Noruega Plus. El Reino Unido seguiría formando parte del mercado único europeo y entraría en una unión aduanera permanente. ¿Es buena opción? No. Ninguna lo es. Pero este tipo de acuerdo resuelve el insoluble problema de la frontera en Irlanda del Norte y, según sus defensores, deja a la Unión Europea sin jurisdicción en la justicia y en las políticas agrícola y pesquera británicas. Gran Bretaña quedaría con margen para resistirse a una mayor integración política.

Es cierto que esta alternativa no termina con la libertad de circulación (algo positivo desde mi punto de vista), pero el gobierno podría imponer controles técnicos si demuestra “serias dificultades económicas, sociales o medioambientales”. Gran Bretaña también tendría libertad para definir sus propias normas sobre el sector financiero. Otro argumento de los defensores del modelo Noruega Plus es que reduciría significativamente las contribuciones financieras a la Unión, pero eso aún está por demostrar.

Quedaría un tema clave por resolver: qué pasa con las políticas laboristas de ayudas estatales, intervencionismo económico y estatización de activos. Aunque los defensores de la alternativa “Mercado Común 2.0” dicen que las ayudas estatales en Noruega figuran entre las más altas de Europa, el Partido Laborista teme no poder implementar su programa de transformación si Europa le restringe la libertad de acción en esos campos. Yo me remito a lo que sugiere el economista Laurie Macfarlane: las normas actuales no descartan cierto nivel de socialdemocracia (dentro de ciertos límites) pero podrían obstaculizar los intentos de seguir avanzando.

Los laboristas tendrían que ver qué pasa con eso una vez en el poder: cualquier intento de impedir que un gobierno electo implemente su programa desencadenaría un enfrentamiento que, por el bien de la democracia, los laboristas deberían ganar haciendo un llamado a la solidaridad internacional. El acuerdo con Europa podría tener carácter provisional. De esa forma, si hay un bloqueo a las propuestas del Partido Laborista, por ejemplo, se termina.

¿Significa esto que estamos dejando para mañana el problema del Brexit? Sí. ¿Es un intento desesperado? Por supuesto que lo es. Pero consideremos esto: el tejido social de Gran Bretaña está en plena desintegración; hay una crisis de vivienda; la pobreza infantil se dispara; los salarios siguen estancados; y nuestros servicios públicos se desmoronan junto con nuestra infraestructura. Mantener como el tema principal del discurso político a la relación de Reino Unido con un bloque comercial significa desatender y empeorar la crisis social británica.

Cuando se rechace el acuerdo de May, el Partido Laborista deberá presionar para que haya elecciones generales. Pero el modelo Noruega Plus podría terminar siendo el único que obtenga mayoría en el parlamento. Los simpatizantes del partido laborista deberán recordar todas las cosas que los unen, más allá del Brexit. ¿Podría negociarse un acuerdo así incluso con el apoyo de los diputados? Nadie lo sabe. Pero teniendo en cuenta el escaso atractivo de las otras opciones, tal vez esta sea la única que el Partido Laborista pueda digerir.

Traducido por Francisco de Zárate

Al fin, un poco de escrutinio sobre la sórdida relación entre Gran Bretaña y una de las dictaduras más abominables del mundo. Es ridículo que para eso haya hecho falta el asesinato de un periodista y no alcanzase, por ejemplo, con la implacable guerra de Arabia Saudí en Yemen, la peor crisis humanitaria del mundo. Pero no esperen que esto dure demasiado tiempo. El establishment británico y la tiranía saudí están estrechamente relacionados: los lazos entre las élites británicas y un régimen que decapita a disidentes, mata a niños yemeníes y exporta el terror son demasiado lucrativos como para romperlos.

La élite política es un ejemplo. Como primer ministro, Tony Blair presionó al fiscal general británico para que pusiera fin a una investigación por un gigantesco escándalo de corrupción relacionado con un negocio de armas saudí. Desde que comenzó el ataque saudí contra Yemen, el Gobierno británico ha autorizado la exportación de armas por unos 5.300 millones de euros. Incluso ha habido asesores militares británicos trabajando en salas de guerra saudíes. Alemania ha detenido la exportación de armas al régimen saudí, pero no hay ninguna posibilidad de que el Gobierno conservador británico siga su ejemplo, aunque se repitan las bombas occidentales cayendo sobre los autobuses escolares de Yemen.

El régimen saudí gasta cientos de miles de dólares en parlamentarios británicos. En su mayoría pertenecen al partido conservador, pero también hay laboristas. Reciben desde viajes al extranjero hasta regalos. Durante uno de esos viajes en abril, el laborista Paul Williams dijo que sus “ideas anteriores se habían esfumado” y que había “visto una Arabia Saudí moderna y progresista”: “Ha cambiado totalmente mi visión de este país”.

Seguramente, sus financiadores saudíes estaban encantados. Bajo el mandato del príncipe heredero, Mohamed bin Salman, se ha duplicado la tasa de decapitaciones; la disidente más importante del país y muchos activistas por los derechos de las mujeres sido detenidos; y miles de yemeníes han sido asesinados. Parece una buena inversión pasear a crédulos parlamentarios británicos en viajes organizados que proyectan una falsa imagen de las reformas. Incapaz de aceptar que lo están utilizando, Williams asegura que es capaz de ver “las cosas absolutamente atroces que hace el régimen” pero también subraya las “reformas económicas y sociales que se están produciendo”.

Kwasi Kwarteng es un parlamentario conservador que ha participado en viajes financiados por los saudíes valorados en casi 11.000 euros. Me dice que no aceptar viajes pagados por las dictaduras para evitar “comprometerse” es “infantil” y “el estúpido enfoque de la izquierda” (“como el no-platforming de las universidades” [en referencia a la política de algunas universidades de rechazar charlas de determinados disertantes]).

Cuando le preguntan si aceptaría un viaje financiado por la dictadura norcoreana, se limita a argumentar que no está interesado en ese país. ¿Por qué cree que el régimen saudí paga por los viajes? “Quieren que la gente vea su país, con fines propagandísticos, por supuesto”, admite antes de colgar. Tiene razón, claro. Esos viajes son cruciales para la ofensiva propagandística saudí.

También están los lazos económicos. A principios de este año, el entonces ministro de Exteriores británico, Boris Johnson, alababa una inversión saudí estimada en unos 73.500 millones de euros que se desembolsaría a lo largo de diez años en sectores que cubrían desde las finanzas hasta la educación, pasando por la sanidad y la defensa. La autoridad que regula los mercados financieros británicos cambió las normas para permitir que empresas extranjeras de propiedad estatal cotizasen en la “categoría premium” de la Bolsa de Londres.

Las fuentes del mercado coinciden: la modificación de las reglas se hizo para favorecer a Aramco, la empresa petrolera saudí. La Financial Conduct Authority, el organismo que regula el sistema financiero británico, cambió sus normas para favorecer los intereses de una dictadura extranjera. Como David Wearing destaca en su maravilloso nuevo libro, AngloArabia, los petrodólares del Golfo, entre ellos los de Arabia Saudí, están financiando el colosal déficit de cuenta corriente británico, surgido tras desmantelar la industria en favor de las finanzas.

La influencia saudí llega hasta lo más profundo de la sociedad civil. La familia real saudí se ha prodigado con dinero para las universidades británicas, incluyendo decenas de millones en instituciones de la Universidad de Oxford como el Museo Ashmolean y la Escuela de Negocios Said. Mientras los museos de Nueva York han empezado a rechazar el dinero saudí, en el Reino Unido lo siguen recibiendo. Incluso después de la desaparición de Jamal Khashoggi, el Museo de Historia Natural se negó a cancelar un evento para la embajada saudí con el argumento de que era una “fuente importante de financiación exterior”.

Por último, echen un vistazo a la llamada prensa libre británica. El periódico The Independent, mi antiguo empleador, se ha asociado con un grupo de medios cercano a la familia real saudí para abrir sitios web en Pakistán y en todo Oriente Medio. Es preocupante que un empresario saudí vinculado al régimen incluso haya llegado a comprar una participación del 30% en The Independent.

Los saudíes pagan por anuncios en los periódicos, The Guardian entre ellos, promocionando la agenda de reformas de bin Salman. Con Coughlin, redactor de temas de defensa en The Telegraph, fue uno de los asistentes a la fiesta del Museo de Historia Nacional. Un día después publicó un artículo y lo anunció así en su cuenta de Twitter: “¿Jamal Khashoggi era un liberal o un lacayo de la Hermandad Musulmana que vilipendiaba a Occidente?”. Coughlin también ha publicado complacientes entrevistas a bin Salman, al que describe como una “dinamo humana” bajo cuyo gobierno “las perspectivas de futuro de Arabia Saudí claramente no tienen límites”.

La tiranía de Arabia Saudí es una amenaza para todos. Ha sido fundamental en el auge de los talibanes, de al-Qaeda y de ISIS. Somete a las mujeres a una monstruosa opresión, mantiene la pena de muerte para los homosexuales y para las “brujas”, prohíbe los partidos políticos y los medios independientes, y mata a civiles en Yemen con armas británicas y estadounidenses.

La alianza de Gran Bretaña con la Casa de Saúd pone en evidencia que el discurso de nuestra élite gobernante sobre los “derechos humanos” en el extranjero es una sarta de mentiras. Los regímenes extranjeros se dividen en una jerarquía de malvados, pero para saber cuál es peor no hay que pensar en sus maldades intrínsecas sino en el grado en que se enfrentan a los intereses de Occidente. Hay muchas razones por las que el desmoronado orden social del Reino Unido ha perdido legitimidad. Este acuerdo empapado de sangre es un motivo tan válido como cualquier otro.

Traducido por Francisco de Zárate

¿Ni siquiera la matanza de niños en Yemen podrá terminar con el silencio en torno a la complicidad criminal del Gobierno del Reino Unido? Las víctimas eran niños que habían ido de picnic y volvían a sus casas en autobús. Sin duda, como ocurre con todos los grupos numerosos de menores, hacían ruido y se reían a carcajadas. Y entonces fueron quemados vivos. De las 43 víctimas de este ataque, al menos 29 eran niños, una atrocidad perpetrada por un avión militar de Arabia Saudí y sus aliados del Golfo.

Analicemos el papel que ha desempeñado el Reino Unido. Según Campaign Against Arms Trade (Campaña contra el comercio de armas), desde que empezó la guerra en Yemen, nuestro Gobierno ha proporcionado a la grotesca dictadura saudí armas por valor de 4.700 millones de libras esterlinas. Aviones militares, helicópteros, drones, bombas, misiles: todo suministrado por el Reino Unido Sociedad Anónima, y con potencial para atacar a niños que se lo pasaban bien en un autobús cuando volvían a sus casas después de un picnic.

Unos meses atrás, el Gobierno de Reino Unido llegó a un acuerdo con el dictador saudí Mohammed bin Salman para proporcionar conjuntamente ayuda humanitaria por valor de 100 millones de libras esterlinas, en una operación de relaciones públicas que legitima a este tirano, mientras que BAE Systems informó sobre la venta de otros 48 aviones Typhoon al Gobierno saudí. Y todavía peor: los militares del Reino Unido han tenido una participación activa en esta guerra y han ayudado al régimen saudí. El alcance de esta ayuda se esconde en una turbia nebulosa.

Miles de personas han muerto como consecuencia de las acciones de un ejercito saudí armado por Reino Unido. Millones de personas se han convertido en desplazadas y el país está al borde de la hambruna.

Y pese a todo ello ¿quién se ha escandalizado? ¿Dónde están las portadas en los periódicos sobre todas estas atrocidades cometidas en nuestro nombre? Como consecuencia de la incapacidad imperdonable de los medios de comunicación de exigir responsabilidades al Reino Unido, la mayoría de la población del Reino Unido ni siquiera sabe que está guerra está teniendo lugar.

Si el país responsable de todas estas atrocidades fuera un enemigo de occidente, como por ejemplo Irán, ya hace tiempo que se habrían hecho llamamientos para que una fuerza liderada por Estados Unidos interviniera y pusiera fin a esta masacre. Sin embargo, se trata de nuestros buenos amigos, nuestros aliados, Arabia Saudí, la dictadura exportadora de extremismo y cortadora de cabezas. Y es por este motivo que siguen imperando la matanza y el silencio.

Pensemos en otra atrocidad perpetrada con la participación directa de occidente. El miércoles por la noche, una mujer embarazada y su hija, una bebé de dieciocho meses, murieron durante un bombardeo israelí en Gaza. Se ha presentado como un conflicto entre Hamas e Israel, como si un campamento de prisioneros al aire libre y una superpotencia militar regional fueran equiparables. Todas y cada una de estas muertes, sean palestinos o israelíes, son una tragedia. Todos y cada uno de estos ataques contra civiles, por parte de las fuerzas Israelíes o de Hamas, son indefendibles.

Pese a todo ello, la ONG de derechos humanos B´Tselem ha informado que en los últimos 18 años, y con la complicidad de Occidente, las fuerzas de seguridad israelís han matado a 9.456 palestinos, en comparación a los 1.237 miembros de las fuerzas de seguridad Israelís y civiles matados por los palestinos. La cifra de niños palestinos muertos se eleva a 2.025. Otras estimaciones calculan que la cifra de palestinos muertos durante ese periodo alcanzó los 9.730. Este es un conflicto que no tiene dos partes enfrentadas, solo hay una dominante, e insinuar lo contrario es perverso. Sin embargo, la masacre continua y la venta de armas por parte del Reino Unido a Israel están en un nivel récord.

Tanto Arabia Saudí como Israel creen que pueden seguir matando inocentes, niños incluidos, como si nada. Están convencidos de ello por una razón muy sencilla: obviamente es así. Occidente les proporciona apoyo militar y diplomático. De vez en cuando, se producen manifestaciones de arrepentimiento, pero muy pronto se olvidan. Mientras el Reino Unido y sus aliados sean cómplices de esta situación, y mientras nuestros medios de comunicación no cumplan con su deber de informar al ciudadano de unas acciones llevadas a cabo en su nombre, se seguirán cometiendo estas atrocidades.

Traducido por Emma Reverter

La Unión Europea tiene que echar a Hungría. Se ha convertido en un Estado miembro que desprecia como si nada los derechos humanos y las normas básicas de convivencia democrática, inmerso en una deriva autoritaria y sin sufrir por ello ninguna consecuencia significativa.

Revisemos la última representación en el declive húngaro hacia lo que su primer ministro Viktor Orbán se jacta en llamar una “democracia antiliberal”. El Parlamento húngaro no solo acaba de aprobar una ley que convierte a las solicitudes de asilo en algo prácticamente imposible: el mero hecho de ayudar a los inmigrantes y refugiados se ha convertido en delito. Además, se ha aplicado un impuesto del 25% a la financiación de las ONG que “apoyan la inmigración”: en la práctica, eso significa cualquier ONG que diga algo positivo sobre la inmigración.

En la misma semana en que aprobaron la ley, se canceló el musical Billy Elliot en Budapest tras una vil campaña homófoba de un periódico favorable al Gobierno que llegó a decir que el musical podía “transformar en homosexuales a los niños húngaros”.

En su guerra contra la democracia, el Gobierno de Orbán ha lanzado una dura campaña contra George Soros plagada de imágenes antisemitas. La red de Las Fundaciones de Open Society está abandonando Budapest debido a lo que consideran “un ambiente político y legal cada vez más represivo”. La Universidad Centroeuropea de Budapest también dice que la presión legal y política pueden terminar expulsándola del país. Es otro de los blancos contra los que apunta el Gobierno húngaro, que la considera un centro de resistencia antiOrbán.

Los medios de comunicación estatales promueven la propaganda del Gobierno y difaman a la oposición, los medios privados afines al Gobierno compran a las publicaciones independientes, y los medios opositores o críticos a Orbán se enfrentan a una presión creciente.

No obstante, como dice Michael Ignatieff, presidente de la Universidad Centroeuropea, la Unión Europea está dando su “complicidad y conformidad” para que ocurra todo eso. El partido Fidesz de Orbán sigue siendo miembro del Partido Popular Europeo (PPE). La agrupación de los partidos de centroderecha de la Unión Europea ni siquiera reprendió a Hungría en la reunión que celebró en Varsovia a principios de junio. Manfred Weber, líder del PPE y aliado de Angela Merkel, hasta se ha puesto a defender a Orbán.

Como mínimo deberían activar el artículo 7 del Tratado de Lisboa que exige que “todos los países de la UE respeten los valores de la UE” y que justificaría suspender a Hungría de su derecho de voto, entre otras sanciones. La Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo ya lo pidió, basándose en 12 infracciones cometidas por el Gobierno húngaro: desde el debilitamiento del poder judicial hasta las restricciones a la libertad de expresión.

Pero Hungría y la cada vez más autoritaria Polonia se están burlando descaradamente del compromiso declarado de la UE por la democracia y los derechos humanos. En 2016, el ministro de Asuntos Exteriores de Luxemburgo pidió la expulsión de Hungría de la UE por el trato que había dado a los refugiados. Tenía razón. Sí, a la UE le golpean muchas crisis, desde el Brexit hasta la llegada de los euroescépticos al Gobierno de Italia. Pero la mayor amenaza para su supervivencia puede ser tolerar que sus propios estados miembro sucumban al autoritarismo.

Traducido por Francisco de Zárate

Una vida a lo Black Mirror. Así es como la sindicalista Mags Dewhurst describe su trabajo como repartidora de Deliveroo, la conocida plataforma online de reparto de comida a domicilio. Esta es una historia de trabajadores a los que llaman emprendedores para despojarles de sus derechos, de una carrera cada vez peor en los términos y condiciones de los contratos laborales, y de algoritmos y aplicaciones que dirigen el trabajo de personas.

Me he sentado con cinco mensajeros de Deliveroo en la sede del Sindicato de Trabajadores Independientes de Gran Bretaña (IWGB, por sus siglas en inglés), una agrupación que luchó con éxito por los derechos de los trabajadores inmigrantes especialmente mal pagados. Los repartidores hoy son considerados contratistas independientes autónomos o microempresas ciclistas. Eso hace que carezcan de derechos que cualquier trabajador debería poder dar por sentados: salario mínimo, vacaciones pagadas, jubilación, protección contra la discriminación y derechos sindicales.

Cuando terminaba el año 2016, el sindicato pidió que se le concediera el derecho de representar a los repartidores de Deliveroo en Camden y Kentish Town (en el norte de Londres) en los convenios colectivos. De esa forma pasarían a una categoría de autoempleo conocida como “trabajadores agentes (b)” y conseguirían al menos los derechos básicos.

Tres semanas antes de que el caso llegara al comité central de arbitraje, Deliveroo se sacó un as de la manga introduciendo una cláusula en los contratos de todos los empleados que, supuestamente, otorgaba a los repartidores el “derecho” de permitir que cualquier otra persona hiciera el trabajo en su lugar.

Todo era una farsa. Los repartidores tendrían que someter a un control de antecedentes penales y otro de inmigración a cualquier posible sustituto, así como cumplir con leyes específicas (para asegurarse de que no han sido objeto de trata, por ejemplo). Pero la cláusula permitía a Deliveroo presentar a los repartidores como si fueran subcontratistas autónomos: ¿o en qué empresa se ha visto que los empleados tienen la libertad para encontrar a un sustituto que haga su trabajo?

La artimaña funcionó. Según Dewhurst, el dictamen de la comisión fue “99%” en favor de los repartidores. Incluso, dijo, la comisión aceptó que los repartidores de Deliveroo no querían ni necesitaban esa nueva cláusula, pero la compañía ganó gracias a un tecnicismo.

El sindicato está ahora buscando financiación para seguir luchando con una apelación en el Tribunal Supremo que costará decenas de miles de libras. Si pierde, el sindicato se enfrenta a la ruina y la perspectiva de que otros empleadores incluyan la misma cláusula en los contratos para librarse del salario mínimo o los derechos básicos de los empleados.

Deliveroo dice que su intención es proporcionar cláusulas y condiciones justas a los trabajadores. De todos modos, es bueno detenerse a escuchar cómo le va a sus repartidores. Su presente puede ser nuestro futuro.

En una época había formación, dice Tom, de 24 años, repartidor de Tooting (en el sur de Londres): “Salías en la bici con un asesor de reclutamiento, llamado instructor, que también estaba clasificado como contratista independiente”. Los repartidores me han dicho que ahora escasea la formación apropiada porque eso les haría parecer empleados en vez de contratistas.

Según Tom, los responsables de Deliveroo “han terminado perjudicándose a sí mismos por querer darle la vuelta al modelo de negocio”: “¿Te imaginas si en la presentación inicial de la startup hubieran dicho a los inversores: ‘Vamos a coger a gente aleatoriamente de las calles’ ¡Por supuesto que no lo hicieron así!”.

A la mayoría de los repartidores de Deliveroo les pagan por entrega. Corre por su cuenta la financiación del equipo y las reparaciones que necesite. En las horas tranquilas del día, uno puede registrarse en la aplicación como disponible para trabajar, esperar y terminar la jornada sin cobrar nada. A cada trabajador se le asigna una zona (en una ciudad tan grande como Londres hay docenas de ellas). Pero los repartidores me han dicho que el tamaño de las zonas está ampliándose constantemente, por lo que cada vez tardan más en hacer las entregas y cobran menos.

“Todo se maneja por algoritmos”, dice Guy, de 20 años, de Brighton. “Pero la aplicación da bastantes problemas: puedes quedarte sin señal, el trabajo que te corresponde no es asignado, y si tienes demasiados pedidos sin asignar pierdes el empleo”.

El sistema incentiva que los pilotos vayan a velocidades peligrosas. Una vez, Mohann, de 25 años, se bajó de la moto y se lesionó gravemente la rótula, pero siguió hasta la dirección de reparto por temor a que el incumplimiento fuera motivo de despido.

Los que hacen un mayor número de entregas tienen preferencia para elegir las franjas de tiempo más lucrativas. Suena bien pero no es un sistema tan justo. “Te lo venden de esa manera tan masculina, que si eres realmente rápida y estás comprometida con la empresa ganarás mucho dinero”, dice Dewhurst. “Pero la realidad es que hay muchas variables que escapan de tu control: un pinchazo en la rueda, restaurantes que tardan demasiado o clientes que no están”.

Si te asignan un turno de trabajo en el que cobras menos del salario mínimo y cierras la sesión en la aplicación, es un punto negro en tu currículum que te obligará a trabajar en un turno de aún menos dinero la próxima vez.

Los repartidores cuentan historias de colegas despedidos por razones arbitrarias y fuera de su control, como fallos en el sistema o errores cometidos en la centralita telefónica. Como dice Alan, un repartidor de Barnet de 31 años, “si transfieres la responsabilidad a los que no tienen forma de responsabilizarse, estás volviendo al trabajo a destajo y sin derechos laborales de la era victoriana”.

Deliveroo se presenta como una oportunidad para obtener un poco de dinero de vez en cuando, incluso se habla de dinero de bolsillo. También dice que sus repartidores valoran la flexibilidad. Pero en la práctica, ninguna empresa puede trabajar y prosperar así. Los repartidores insisten en que ellos no están contra la flexibilidad, la innovación o la tecnología: solo quieren tener derechos. No hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que estamos ante una distopía en el mundo del trabajo.

Como me dice Jason Moyer-Lee, el secretario general del sindicato, la aplicación de las leyes laborales es débil en comparación con las leyes de inmigración, por ejemplo. Es posible imaginar que este modelo sea adoptado por cadenas de café o tiendas de ropa. “Inicias sesión en la app de Topshop y te unes a la cola para trabajar”, dice Dewhurst. La propuesta es atractiva para las empresas porque elimina costes laborales y recursos humanos.

No olviden que los contratos de cero horas eran una innovación poco conocida hasta que se extendieron por toda la economía. Podría ser un episodio de Black Mirror pero no lo es. Estamos en Gran Bretaña en 2018. Es Black Mirror en tiempo real.

Traducido por Francisco de Zárate

El hundimiento de la constructora británica Carillion no es un caso de error aislado, ni una casualidad, ni una aberración. Es un síntoma más de la decadencia de un orden social antidemocrático, ineficiente y que pone el beneficio por encima de las necesidades de las personas, sus aspiraciones y hasta sus vidas. Ese orden social se llama neoliberalismo.

Es verdad que el término no está precisamente de moda en el bar de la esquina y que despierta risas de ignorancia actuada entre los analistas de las noticias. Que nos quiten una palabra que sirve para describir cómo se dirige y estructura nuestra sociedad es cómodo para nuestros amos. Nos impide ver el conjunto y entender que el derrumbe de Carillion es solo una manifestación más de un sistema fracasado: uno que en todas partes hace retroceder al sector público para que avance el privado, que recorta los impuestos de las grandes corporaciones y los ricos, y que desrregula de manera compulsiva.

“Una historia de imprudencia, arrogancia y avaricia”. Ese fue el juicio, publicado el miércoles, de los diputados en dos comisiones creadas para analizar lo ocurrido con Carillion. Un epitafio perfectamente válido para el neoliberalismo. Según los diputados, el modelo de negocio de una empresa que construyó carreteras y hospitales, sirvió comidas en los colegios y facilitó alojamiento al Ejército fue “correr de manera implacable en busca de dinero”. Independientemente de los beneficios que tuviera, “aumentaba su dividendo cada año, pasase lo que pasase”. Sus cuentas “eran manipuladas de forma sistemática”. Cuando la empresa comenzó a derrumbarse, “el consejo se preocupó por aumentar y proteger las generosas bonificaciones de los ejecutivos”.

Con un gran sentido de la oportunidad, el presidente de Carillion, Philip Green, asesoró tanto a David Cameron como a Theresa May en temas de “responsabilidad corporativa”.

A los reguladores los dejaron sin armas. PwC, EY, Deloitte y KPMG, las “cuatro grandes” empresas de contabilidad, funcionaron como miembros de un “acogedor” club en el que aprobaron “cifras fabulosas”, sin identificar los catastróficos problemas internos o simplemente ignorándolos. Se embolsaron enormes sumas de dinero a cambio de conceder sellos de respetabilidad a una desastrosa empresa pagada por los contribuyentes. “Carillion podría ocurrir de nuevo y pronto”, fue la conclusión de los parlamentarios.

Ya lo creo que sí. Así lo garantiza todo un sistema en el que los servicios públicos esenciales son prestados por empresas que tienen como objetivo, por definición, obtener beneficios. De acuerdo con las cifras de la Oficina Nacional de Auditoría para 2016, el Gobierno gasta unos 258.000 millones de euros entre proveedores privados y asociaciones, casi el 30% de todo el gasto público. Hay que recordar que las cuatro grandes empresas de contabilidad tienen otras funciones. Son consejeras del Gobierno: lo asesoran para redactar las leyes fiscales y luego ayudan a sus clientes a saltarse las mismas leyes en cuya redacción contribuyeron.

Repasemos los múltiples fracasos y escándalos que ha generado nuestro orden social neoliberal. El día en que los diputados publicaron su informe sobre Carillion, el Gobierno anunciaba la renacionalización transitoria del servicio ferroviario de la Costa Este después de que sus operadores privados confesaran que ya no podían pagar lo que cuesta tenerlo funcionando. La última vez que lo renacionalizaron había sido en 2009.

Para vergüenza de los fanáticos neoliberales, aquella terminó siendo una historia de éxito: ingresó al Tesoro público cientos de millones de libras esterlinas, fue la línea más eficiente y obtuvo la mejor puntuación de pasajeros satisfechos entre todas las líneas de larga distancia. Cuando la privatizaron, los nuevos gerentes quitaron muchos de los billetes baratos de venta adelantada, lo que en los hechos multiplicó por dos el precio de algunos pasajes.

Todo el sistema privado de ferrocarriles es un desastre, ineficiente y fragmentado. Tiene algunos de los billetes más caros del mundo occidental y recibe subvenciones públicas mucho más altas que las del British Rail. Todo el sistema ferroviario, no solo el de la Costa Este, debería ser nacionalizado. Pero el dogma neoliberal de los conservadores está en guerra con el sentido común. En cuanto puedan, van a dejar la línea en manos de otra desastrosa banda de especuladores.

Acuérdense de Serco, la empresa a la que le encargaron los brazaletes electrónicos para delincuentes. Con los beneficios como objetivo, Serco cobró al Estado más de 78 millones de euros en brazaletes para delincuentes que no estaban siendo vigilados, o que habían vuelto a la cárcel, o que simplemente habían muerto.

Y luego está la empresa G4S, que se llevó el contrato de seguridad de los Juegos Olímpicos. Cuando incumplió sus obligaciones, el Estado tuvo que salir al rescate poniendo a trabajar al Ejército británico. Incluso el tory Philip Hammond, por aquel entonces ministro de Defensa, admitió que solía tener el “prejuicio de mirar la forma en que el sector privado hace las cosas para saber cómo hacerlas en el Gobierno”, pero que el incidente con G4S había sido “bastante instructivo”.

También hay escándalos en los gobiernos regionales, la sanidad pública y el sector de cuidados. Después de que en Sussex privatizaran en 2016 los servicios de transporte no urgente del la sanidad, cientos de enfermos de cáncer y de riñón perdieron las citas que tenían porque las ambulancias no llegaron a buscarlos.

En 2011 se derrumbó la empresa Southern Cross, propiedad del fondo de inversión Blackstone. Four Seasons Health Care, el segundo proveedor más grande del país en hogares para ancianos, tiene en este momento una deuda de cientos de millones y ha cerrado o vendido muchos de sus hogares.

Diseñada durante el gobierno de John Major y expandida intensamente por el Nuevo Laborismo, la figura de la iniciativa financiera privada compromete al Gobierno en contratos de hasta treinta años con empresas privadas para construir escuelas, hospitales y otras infraestructuras. En la actualidad hay 700 proyectos en marcha que pueden costar hasta un 40% más de lo que costarían con préstamos del Gobierno.

Desde la privatización del agua, que dejó a los consumidores ingleses pagando un extra de 2.600 millones de euros más al año (incluso el periódico The Financial Times la llamó una “estafa organizada”) hasta el derrumbe de los bancos, el escándalo de Carillion no es un caso aislado.

No estamos ante la historia de una compañía obsesionada con obtener ganancias antes que asegurar un servicio público. Estamos ante la consecuencia inevitable de un sistema podrido y antidemocrático en sus fundamentos. El Estado se ha obligado a sí mismo a cumplir contratos que duran una generación, sin importar lo poco eficientes o pobremente hechos que estén, mientras los políticos electos han renunciado a muchos de sus poderes en favor del mercado.

Desde que comenzó el neoliberalismo a finales de la década de los setenta, Gran Bretaña ha sufrido sus tres peores crisis en la posguerra, así como un crecimiento menor que además se ha distribuido de manera menos equitativa. En los últimos diez años los trabajadores han sufrido la peor reducción de salarios de los tiempos modernos. Todo está relacionado: desde la privatización a la desregulación, pasando por el trasvase de poder de trabajadores a empresarios.

La historia de Carillion es la de un sistema que por encima del bien común pone a los beneficios, los dividendos y los intereses de los accionistas. Ese sistema se llama neoliberalismo. Mientras no tengamos un gobierno que rompa estos contratos y traiga todos estos servicios públicos de vuelta a casa, seguirá habiendo muchos más Carillion.

Traducido por Francisco de Zárate

Al Partido Conservador lo tienen en el bolsillo las grandes potencias que representan una amenaza hacia la seguridad nacional del Reino Unido. Es un escándalo nacional que ha tenido una repercusión grotescamente escasa y se ha perdido en medio de la campaña conservadora para deslegitimar al partido laborista con falsas acusaciones de traición.

Si el laborismo hubiera recibido casi 925.000 euros de oligarcas y empresas vinculadas a Rusia en los últimos 20 meses -–y 3,4 millones de euros desde 2010–, los medios de comunicación estarían enloquecidos con el tema. Pero como se trata del Partido Conservador, nadie grita “¡Traición a la Patria!” ni los acusa de pactar con potencias extranjeras ni de amenazar la seguridad nacional.

Cuando se le preguntó por las donaciones rusas al partido conservador, el ministro de Hacienda Philip Hammond se negó a devolver el dinero. “Hay personas en este país que son ciudadanos británicos de origen ruso”, argumentó. “No creo que debamos mancillarlos ni ensuciarlos relacionándolos con Putin”. Mirad qué nobleza: un conservador luchando contra la demonización de los inmigrantes.

Pero antes de sacar los banderines, examinemos una donación a modo de ejemplo. En 2014, Lubov Chernukhin, esposa del exviceministro de Hacienda de Rusia, pagó la espléndida suma de 180.000 euros por jugar al tenis con David Cameron y Boris Johnson. En total, desde 2012, cuando la Comisión Electoral la declaró inicialmente “donante no permitida”, antes de que finalmente le permitieran donar, esta mujer entregó a los conservadores 580.000 euros.

Propongo pensar qué pasaría si el Partido Laborista recibiera más de medio millón de euros de la esposa de un ministro cubano. Ni siquiera se discutiría que esto representa una escandalosa relación económica con el régimen de Cuba. Otros ejemplos incluyen 450.000 euros de Gérard Lopez, un empresario que es miembro de la junta directiva de una empresa relacionada con bancos rusos que han recibido sanciones durante la crisis de Ucrania.

Pero la cosa va aún más lejos. Hasta octubre pasado, diputados conservadores habían recibido cuatro veces más dinero proveniente de la cadena televisiva estatal rusa Russia Today que los parlamentarios del Partido Laborista: se agradece que el portavoz socialista de Haciend, John McDonnell, haya dicho que sus colegas no deberían volver a salir en esa cadena de televisión.

Es conocida la dependencia del Partido Conservador de las donaciones de la industria financiera. Las decenas de millones de euros que caen en los fondos de financiación de los conservadores no son meros actos de caridad o generosidad.

Por ejemplo, en 2011, el Financial Times informó de que “incluso los donantes confiesan que el deseo de los parlamentarios conservadores de bajar el tope del impuesto a la renta se debe a la cercanía de estos donantes del sector financiero al partido”.

Este mismo sector financiero londinense está atiborrado de dinero sucio proveniente de Rusia. No sorprende entonces que en 2014 un documento secreto del Gobierno reveló los planes de impedir cualquier sanción contra Rusia que perjudicara al sector financiero.

El laborismo ha intentado que se aprueben leyes que impidan que ciertos rusos entren al Reino Unido o al menos bloquear sus activos: qué misterioso parece ser que los conservadores hayan rechazado esa ley por “razones técnicas”.

Luego están los vínculos con otros regímenes que combinan el desprecio por los derechos humanos con amenazas a nuestra seguridad nacional. Por ejemplo, Arabia Saudí, con un régimen totalitario y fanático que corta la cabeza a los homosexuales y los disidentes, que trata a las mujeres de una forma que sólo puede llamarse bárbara, y que exporta extremismo internacional. Más o menos en los dos años siguientes a que comenzaran los bombardeos sobre Yemen –con armas británicas–, los parlamentarios conservadores recibieron 112.000 euros del régimen de Arabia Saudí, disfrazados como regalos, gastos de viajes y pagos por servicios de consultorías. Hammond fue uno de los beneficiados: recibió un reloj valorado en 2.200 euros de parte del embajador saudí.

Además, en los últimos cinco años, Arabia Saudí y otras autocracias gastaron más de 790.000 euros en viajes de lujos para parlamentarios británicos, de los cuales el 80% pertenecían al Partido Conservador. De ese dinero saudí, 225.000 euros fue destinado a pagar excursiones para 41 parlamentarios británicos, de los cuales 40 eran conservadores.

¿Por qué habrían de hacer eso? ¿Podría ser que –dado que nuestros parlamentarios no reciben nada de parte de nuestros aliados democráticos para este tipo de viajes– esto sea una clara ofensiva de relaciones públicas, un intento de asegurarse la influencia sobre el Gobierno conservador?

De hecho, Rehman Chishti –el recientemente nombrado vicepresidente para comunidades en el Partido Conservador– recibió 2.250 euros al mes del Centro de Investigación y Estudios Islámicos Rey Faisal, con base en Riad, entre marzo de 2016 y enero de 2018. Aunque la Comisión de Ética Parlamentaria no vio razones para investigar, vale la pena mencionar su ferviente simpatía por el régimen saudí.

Su actividad en Twitter incluye alardear de haber sido felicitado por el dictador saudí al ser reelegido como parlamentario en 2015, presentar charlas ofrecidas por funcionarios saudíes, y encabezar la delegación parlamentaria conservadora a Arabia Saudí.

Su colega, Daniel Kawczynski, sale en televisión para justificar el sangriento ataque saudí contra Yemen, se jacta de haber escrito “el libro más a favor de Arabia Saudí jamás escrito por un político británico”, pero luego amenaza con iniciar acciones legales cuando se relaciona su libro con un viaje que costó 7.500 euros y que pagó el régimen saudí.

Y luego está el corazón financiero de los conservadores. La dictadura de Qatar tiene tres veces más propiedades en Londres que la reina, y más que el Ayuntamiento. De hecho, la Autoridad de Inversión Catarí es dueña de Canary Wharf, el rascacielos Shard y Harrods. Hablemos claro: el régimen catarí ha apoyado a organizaciones extremistas y terroristas, y lo mismo han hecho personas muy ricas que viven en ese país.

Como dijo Paddy Ashdown en 2015, David Cameron no presionó a Qatar y Arabia Saudita para que dejen de financiar al terrorismo, lo cual hizo que Ashdown se preguntase “sobre los estrechos vínculos del Partido Conservador con personas muy ricas del Golfo Árabe”. Tengamos en cuenta la negación de Theresa May a publicar un informe sobre la financiación extranjera del extremismo. Eso no habría sentado bien a los países del Golfo, que son tan cercanos a los conservadores, ¿verdad?

Qué farsa. Organizan una campaña de desprestigio contra Jeremy Corbyn, pintándolo como un traidor, basándose en el testimonio de un única fuente de la antigua Checoslovaquia. Y mientras tanto, los conservadores están envueltos en una red manejada por los regímenes ruso y del Golfo.

En Salisbury, cientos de personas están en este momento lavando sus pertenencias después de que se encontraran restos de un agente tóxico en un restaurante del que se sospecha que fue el lugar donde un exespía ruso, su hija y un policía británico fueron envenenados.

¿Cómo es que es aceptable que los conservadores acepten dinero de Rusia o Arabia Saudita? ¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esto? ¿Y cómo es que los medios de comunicación no se escandalizan por esto? Las respuestas a esas tres preguntas nos obligan a denunciar esa realidad.

Traducido por Lucía Balducci

El neoliberalismo es una estafa y un fraude y la crisis de vivienda que sufre el Reino Unido es el mejor ejemplo  de ello. La promesa populista del neoliberalismo siempre ha sido que los ciudadanos tengan más opciones. En una sociedad que funcionase bien, una que lamentablemente no tenemos, los jóvenes británicos podrían decidirse por una acogedora casa de protección oficial con arrendamiento protegido, o por una casa de alquiler estable y precio asequible, o por una vivienda en propiedad. Las tres alternativas han sido destruidas.

Cientos de miles de personas languidecen en las listas de espera para las viviendas de protección oficial porque no hay nuevas en edificación. El sector privado de los alquileres desregulados implica rentas altísimas y falta de seguridad, lo que deja a los inquilinos sin capacidad de arraigo en las comunidades. Y como demuestra una nueva investigación del Instituto de Estudios Fiscales, en sólo dos décadas la tasa de  propiedad de viviendas para adultos jóvenes con ingresos medios se ha reducido a menos de la mitad. 

Los tories construyeron este sistema de inseguridad endémica. No es ninguna sorpresa que la población en edad de trabajar los castigara en las urnas para votar en cambio por la promesa laborista de romper un statu quo que ya no funciona.

En la década de los ochenta, el “derecho a comprar” tu casa de Margaret Thatcher fue visto como una genialidad política: puso a los laboristas a la defensiva y dio la impresión de que iba a crear toda una generación tory de propietarios de viviendas.

Pero a largo plazo esta política fue la que sembró las semillas de la actual crisis tory. Cuatro de cada diez casas vendidas durante aquel programa de Thatcher pertenecen hoy a propietarios privados: sus inquilinos pagan el doble de alquiler que en una casa de protección oficial. Se agotó la reserva de viviendas sociales sin que hubiera un reemplazo y los precios de las viviendas se dispararon.

Atención, sorpresa: la propiedad de casas en el Reino Unido está ahora en los niveles que tenía en los años ochenta. Obtuvieron una ventaja a corto plazo a cambio de una crisis a largo plazo: un breve resumen de la filosofía conservadora.

Si los tories quisieran recuperar de verdad el apoyo político de los votantes más jóvenes, estarían ahora mismo despertándose en medio de la noche empapados en sudor y pensando cómo resolver la crisis de la vivienda. Pero eso necesitaría un programa serio de construcción de viviendas sociales y el temor de los conservadores, como lo han dicho claramente George Osborne, David Cameron, o Nick Clegg, es que la vivienda social “sólo crea votantes laboristas”.

Los tories también temen cualquier medida que pueda bajar el precio de las viviendas de su núcleo duro de votantes: los not-in-my-backyard (no en mi jardín) y los contrarios a nuevas edificaciones son mayoría en las filas tories. 

Hace falta tomar medidas radicales para poner fin al nivel más bajo de construcción de viviendas en tiempo de paz desde la década de 1920. Es hora de construir, construir y construir. En la postguerra, el gobierno laborista se comprometió a construir viviendas sociales de mejor nivel que las privadas. Ese compromiso debe renovarse. Las hipotecas respaldadas por autoridades locales deben ser promocionadas masivamente. Tanto la tasa de actos jurídicos como el injusto sistema de impuestos locales (el council tax) deben ser abolidos en favor de un impuesto progresivo sobre el valor de la tierra. 

En lo referente a alquileres privados, los laboristas hacen bien en proponer la inflación como subida máxima en los aumentos de alquileres y contratos por tres años. Pero también se debe otorgar a las autoridades locales el poder de imponer controles al precio de los alquileres. Las viviendas desocupadas deberían poder ser compradas de forma obligatoria para transformarse en viviendas municipales. A las compañías y fideicomisos sin sede en Gran Bretaña también les deberían prohibir comprar viviendas.

Los tories son incapaces de introducir tales medidas. Su ideología se los impide. No es el partido que generalizará la propiedad de la vivienda: es el partido de la crisis de la vivienda. Y de nuevo, vaya estafa es su filosofía. No amplían la oferta de vivienda: la restringen. Andan llorando con lo de la promesa de la libertad individual: ¿pero qué libertad puede tener un ciudadano sin seguridad y con un salario que es devorado por el alquiler?

La bancarrota del conservadurismo británico se resume en esta crisis de vivienda que no vino del cielo: fue creada de forma consciente. Por eso no vale con retocar o ajustar el desmoronado orden social que gobierna Gran Bretaña. Hay que reemplazarlo por completo.

Ojalá el Brexit se evaporase. Absorbe todo el oxígeno político que debería ir a otras cuestiones más relevantes, como por ejemplo, los salarios bajos, los trabajos precarios y la crisis de la vivienda. Es el grito de guerra de una alianza tóxica formada por demagogos anti-inmigración y partidarios de un libre mercado sin regulación.

El fanatismo, la xenofobia y el racismo auspiciado por la campaña a favor de la salida de la UE han inyectado una corriente negativa en el sistema político del Reino Unido que no se ha disipado, dejando un rastro de crímenes de odio.

Para ser sinceros, el Brexit es terrible, insoportable y dolorosamente aburrido. Así que sí, si se pudiera pulsar un botón rojo para que esta cuestión desapareciera del mapa, yo lo haría encantado.

Es cierto que como socialista he sido muy crítico con la naturaleza actual de la UE e incluso sopesé la opción favorable a la salida. Al final, la descarté porque los europeos de izquierdas hicieron un llamamiento muy convincente para que nos mantuviésemos unidos y reformásemos la UE, ya que era evidente que se estaba librando una terrible cruzada contra los inmigrantes.

Así fue como empecé a luchar con pasión contra la campaña de los partidarios del Brexit, junto con la alianza Otra Europa es posible. Votamos, y los partidarios de la permanencia perdimos. De esa noche fatídica se extraen dos conclusiones. La primera, que era necesario luchar contra el fanatismo, el autoritarismo y la intolerancia de los partidarios del Brexit del Partido Conservador. La segunda, que es necesario intentar reconciliar este mal resultado con la necesidad de construir un futuro para el país.

Y esto me lleva a la campaña para Stop Brexit. Muchas personas decentes y honestas se han comprometido a revertir el resultado del referéndum. Creen que, empujado por mitos y mentiras, Reino Unido se precipita hacia una tragedia nacional completamente innecesaria, y también creen que lo único que le depara al país es aislamiento y una situación económica convulsa.

Es absolutamente legítimo cuestionar el resultado del referéndum a través de cauces democráticos. Sin embargo, observando los líderes, la estrategia y los mensajes de esta causa se hace difícil imaginar otro desenlace que no sea el fracaso.

Para empezar, la finalidad de esta campaña no me convence y les explicaré por qué. Algunos partidarios de detener el Brexit repiten, como si fuera un mantra, que se trataba de una consulta sin carácter vinculante (a pesar de que el Gobierno mandó un folleto a todos los hogares del Reino Unido prometiendo respetar la decisión).

La anulación del resultado del referéndum sería interpretada como un golpe contra la democracia, ya no solo por los partidarios de salir de la UE sino también por muchas personas que estaban en contra. Sería muy difícil recuperar la fe en la democracia.

Nunca una llamada a las urnas había tenido tanta participación en el país y ahora el sistema frustra esta expresión democrática; eso es lo que se diría. Sería la mejor oportunidad que ha tenido la derecha radical en toda su historia, ya que no olvidemos que en parte el resultado es consecuencia del resentimiento hacia una élite política que ha despreciado sistemáticamente la voluntad popular.

Por otra parte, un segundo referéndum podría ser interpretado como un intento por parte de la élite de convocar tantos referendos como sea necesario hasta conseguir el resultado que desea. La campaña sería más agresiva que la anterior y aumentaría la fractura social. Si se confirmase el resultado anterior, los partidarios de derechas del Brexit tendrían una actitud más intolerante y triunfalista que nunca, y si ganara la opción de la permanencia por un margen ajustado, sería imposible impedir que los partidarios del Brexit pidieran otro referéndum.

Además, el debate en torno a detener el referéndum podría renunciar al debate en torno a qué tipo de Brexit se tiene que negociar con los conservadores más extremistas.

En el fondo, estamos hablando de matemática política. Si el Partido Laborista se comprometiera con la causa para detener el Brexit, perdería a muchos de sus votantes que están a favor del Brexit, unos tres millones. La hemorragia le haría perder escaños.

Tal vez ganaría votantes entre el 7% de británicos que apoyan al partido que más se ha posicionado a favor de detener el Brexit; los liberales demócratas. Sin embargo, este hipotético aumento de votos se daría en centros urbanos donde los laboristas ya han conseguido los correspondientes escaños.

De hecho, si parar el Brexit es un proyecto tan sumamente atractivo, ¿por qué el partido de Vince Cable tiene tan poco apoyo? Las consecuencias de la hemorragia de votos del Partido Laborista asegurarían la victoria electoral del Partido Conservador, lo que le permitiría llevar a cabo el Brexit más radical de todos los posibles y continuar con todas sus políticas, entre ellas, los planes de austeridad y la ausencia de viviendas asequibles.

Me encantaría que los argumentos que he expuesto fueran refutados por los partidarios de la campaña para parar el Brexit. De hecho, me gustaría que me convencieran. Sin embargo, este tipo de campañas no parece haber aprendido la lección del fracaso del movimiento oficial a favor de la permanencia en la UE, que fue visto por muchos como un intento de la élite para mantener sus privilegios en un contexto en el que muchos estaban indignados y desilusionados.

Los portavoces más destacados de esta causa, como Tony Blair, Nick Clegg y los no electos miembros de la Cámara de los Lores, consolidan la imagen negativa de una campaña fallida, por muy injusto que les parezca a sus seguidores. Para que la campaña para detener el Brexit tuviera éxito, debería convencer a muchos partidarios de salir de la UE, así como a aquellos que estaban en contra de esta opción pero que ya se han conformado con el resultado. Sin embargo, los partidarios del Brexit a menudo son descritos como una masa homogénea de racistas e ignorantes. Esta actitud no hace más que reafirmarlos en sus opiniones.

Incluso los que eran partidarios de permanecer en la UE pero que ahora creen que se tiene que respetar el resultado del referéndum (los sondeos estiman que estamos hablando de millones de británicos) tienen una opinión tan o más firme que el más convencido de los partidarios de detener el Brexit.

Si quieren tener alguna posibilidad de éxito necesitan una estrategia completamente diferente. Para empezar, el mensajero es tan importante como el mensaje. Para muchos partidarios de salir de la UE, un Brexit frustrado sería un movimiento golpista contra la voluntad popular. El hecho de que los políticos que defienden esta opción no tengan credibilidad o sean muy impopulares, o que los defensores de esta opción no sean cargos electos, refuerza esta creencia.

En segundo lugar, si el movimiento para detener el Brexit se presenta como una defensa del sistema actual, en un contexto de rechazo popular contra este sistema, fracasará. Más bien debería combinar su llamamiento a favor de parar el Brexit con propuestas de reformas radicales.

En tercer lugar, debería presentarse como un movimiento de las bases y de insurgencia popular en vez de organizar actos en los principales feudos contrarios al Brexit en los que se ondea la bandera de la UE. Debería organizar actos públicos masivos y campañas en zonas partidarias del Brexit, y centrarse en proporcionar argumentos para aquellos que no son precisamente unos entusiastas de la UE (en definitiva, la mayoría de ciudadanos, incluidos los que votaron a favor de la permanencia). Su objetivo debería ser conseguir un cambio radical de la opinión pública para que no se pueda ignorar la petición de celebrar un nuevo referéndum.

Sin embargo, todo parece indicar que muchos de los partidarios de la campaña para detener el Brexit están cometiendo los mismos errores que ha cometido tradicionalmente la izquierda: buscar traidores, y no posibles conversos, definirse por todo a lo que se oponen, y no por lo que están a favor, ser demasiado purista, tratar a los ciudadanos como si fueran poco sofisticados políticamente, ser dogmáticos y agresivos, gritar a la gente en Twitter.

No, tal y como están las cosas, no me convencen sus argumentos y no veo respuestas claras para las preguntas que planteo. Una salida de la UE gestionada por los laboristas que no destruya nuestros lazos con la UE y que no convierta al Reino Unido en un paraíso fiscal poco regulado parece una mejor opción. Pero la campaña para detener el Brexit merece ser impulsada y merece que se haga en condiciones.

Traducido por Emma Reverter

El último día que la ley electoral española permite publicar encuestas es la marca de la recta final de las campañas. A Catalunya en Comú las encuestas no le han ayudado especialmente en esta carrera hacia la Generalitat, por lo que han celebrado el día haciéndose acompañar en el acto de Badalona por dos invitados internacionales de lujo: el diputado líder de la izquierda francesa Jean-Luc Mélenchon y el escritor y articulista Owen Jones, además de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Los tres referentes de la izquierda europea han saltado a la campaña catalana en el polideportivo Joaquim Blume de Badalona para dar gas a un Xavier Domènech que necesita echar el resto en los pocos días de campaña que quedan. Por esta razón el candidato morado ha apuntado este viernes su mensaje social contra ERC, a quienes ha acusado de haberse olvidado de hacer políticas de izquierdas.

“Vimos un debate entre Arrimadas y Rovira en el que solo era posible estar con Jordi Évole”, ha disparado Domènech en tono duro, tras haber acusado a los republicanos de estar “acostumbrados a doblegarse ante la derecha”. Ellos no apoyarán al PDeCAT, ha prometido Domènech, quien ha reiterado que su propósito es formar un gobierno transversal de izquierdas que tanto el PSC como ERC ha negado tener intención de suscribir.

Domènech ha mostrado con orgullo pedigrí izquierdista en el pabellón deportivo badalonés. Y, para hacerlo, nada como tener como telonero al histórico líder de la izquierda radical francesa y reciente candidato a la presidencia gala con la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. En un perfecto castellano aprendido de su familia española en su Tánger natal, el diputado de la Assemblée se ha reivindicado como “un viejo jacobino”. “Pero demócrata”, ha añadido como inicio de un apasionado alegato en favor de los presos independentistas catalanes.

“Es insólito”, ha considerado el francés, “están en la cárcel por su opinión política, y esto es insoportable aunque no estemos de acuerdo con ellos”. Según ha asegurado, la patria para él es “un plebiscito diario” y no “una camisa de fuerza. Por esto ha recetado la apertura de un proceso constituyente, ”como propone mi amigo Pablo Iglesias“, para solucionar la crisis constitucional catalana.

En un sentido similar se ha expresado el articulista británico Owen Jones, que a diferencia del francés ya se ha convertido en una cara habitual de los actos políticos de los comuns. El autor del aclamado ensayo 'Chavs' ha cargado contra “las élites corruptas” y ha apuntado a una victoria de las izquierdas europeas –“Mélenchon en Francia, Jeremy Corbyn en el Reino Unido y Domènech aquí”, ha enumerado– como muro ante el fascismo.

“Si no ganamos los populismos racistas y fascistas están esperando”, ha alertado el británico que, pese a eso, ha asegurado que las candidaturas que los movimientos de izquierdas deben ser de esperanza para los trabajadores. “La democracia y la justicia se ganaron por gente como la que está en este pabellón”, ha indicado, tras lo que ha pedido votar el día 21D “llenos de esperanza y de optimismo”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no estaba anunciada en el acto badalonés, que ha reunido a unas 250 personas, aunque ha acabado haciendo un hueco en su agenda para acercarse. El mensaje que traía a sus vecinos de municipio es el que la campaña de Domènech ha venido subrayando: superar los bloques. “Hay una mayoría social que quiere poner la agenda social en medio a través de políticas concretas y acabar con la impunidad”, ha asegurado.

Barcelona es el ejemplo de los comuns, el modelo de cómo aseguran querer gobernar la Generalitat. Por eso, Colau no ha dudado en sacar pecho de las medidas anunciadas por su consistorio de forma coincidente con la campaña, como la oferta pública de empleo o la multa a Endesa en virtud de la ley contra la pobreza energética, anunciadas este mismo viernes aunque aún no se haya resuelto de forma de forma definitiva el expediente sancionador.

“Lo expuesto por los Papeles del Paraíso es legal, ¿cuál es el problema?”

Familiarízate con esta frase, porque en los próximos días la escucharás de la boca de los defensores de nuestro corrompido status quo. Por supuesto que lo hacen con una intención subyacente, quieren demonizar el pago de impuestos como concepto. El fin último es construir un “utopía” de libre mercado que, para la gran mayoría, sería más bien una distopía.

Analicemos este razonamiento. Usar vacíos legales para evitar pagar impuestos a nivel industrial es una decisión, una decisión consciente, que un individuo o un negocio tiene que tomar. Muchos deciden no hacerlo. Lewis Hamilton nació sin problemas en el hospital Lister de Stevenage en Hertfordshire, Inglaterra, cortesía del sistema de salud público, la NHS. Después fue educado a expensas del estado. A lo largo de su vida, ha circulado por carreteras y raíles de tren públicos, ha sido protegido por las fuerzas policiales y los bomberos, y sin duda ha contratado los servicios de contables que han usado sus diplomas de universidades públicas para encontrar vacíos legales en el sistema tributario para Hamilton. Ha expresado su agradecimiento a su país eligiendo evitar los impuestos europeos en su jet privado de más de 18 millones de euros.

Los que alardean de la “legalidad” de la evasión fiscal están siendo poco sinceros. El estado no ha aprobado leyes que permitan llevar a cabo ciertas tramas de la misma manera en la que, por ejemplo, ha aprobado la venta legal de alcohol. Este nivel de evasión fiscal requiere un conocimiento enciclopédico fiscal y legal, junto a gran astucia, pedantería y sofisticación. Al fin y al cabo, estás intentando encontrar vacíos legales y zonas grises que los legisladores no habían planificado. Es por esto que se necesitan contables extremadamente caros, que la vasta mayoría de individuos y negocios no pueden permitirse.

La mayoría de trabajadores en Reino Unido están bajo el PAYE (Pay-as-you-earn, “paga según ganes”) así que no pueden explotar vacíos legales para disminuir sus deducciones fiscales. Los pequeños negocios se encontrarán con que la Administración de Hacienda y Aduanas de Reino Unido llama a sus puertas en cuanto cometan el más mínimo error en sus declaraciones fiscales, y además se están quedando sin negocio por culpa de los gigantes corporativos que evaden impuestos. No, este tipo de evasión fiscal es el dominio de los super ricos que pueden permitirse darle la vuelta a la ley. Y ningún individuo ni negocio puede hacer dinero sin infraestructuras públicas, educación pública, sistema de salud público, investigación pública, prestaciones de trabajo, el orden público y la ley, un sistema bancario salvado a costa del Estado, lo que quieras poner como ejemplo. Los evasores fiscales prosperan a expensas de un Estado al que se niegan a contribuir de manera adecuada.

Casualmente, dos profesores de derecho tildan los tejemanejes de Hamilton de potencialmente “abusivos”, y uno de ellos señala que las leyes existentes no se están poniendo en práctica. Para mí, éste es el meollo del asunto. El estado castiga cuando tiene que ver con el fraude de gente con prestaciones sociales o de gente joven penalizada a causa de drogas prohibidas de manera arbitraria, pero trata con pinzas a la élite adinerada sin vergüenza alguna. El comportamiento destructor de los ricos está permitido; las infracciones de los pobres son intolerables.

Los Papeles del Paraíso subrayan, una vez más, la injusticia, inmoralidad y ruptura de nuestro orden social. Unas reglas para la élite, otras para todo el resto. Austeridad sin fin para cientos de millones por todo Occidente, justificada en base a que “no hay dinero”, mientras que una élite rica hasta niveles grotescos acumula su riqueza en paraísos fiscales. No podemos arreglar este sistema, hay que reemplazarlo. Una revolución democrática viene de camino al mundo occidental, y esta élite sinvergüenza, decadente, sólo puede culparse a ella misma.

Traducido por Marina Leiva

Mi hermana melliza, Eleanor, no es una terrorista. Es absurdo tener que escribir esto. Hace tres meses –después de viajar a Escocia para asistir al funeral de nuestro abuelo– la detuvieron en el aeropuerto de Edimburgo bajo el Anexo 7 de la Ley Antiterrorista de 2000. Le obligaron a dar las contraseñas de su móvil y de su ordenador; le interrogaron sobre sus ideas políticas y las de sus familiares (incluido yo); y después la llevaron a la comisaría del aeropuerto para tomarle muestras de ADN y de sus huellas dactilares. Después de ser detenida durante cuatro horas, perdió su vuelo a Berlín, ciudad en la que vive. La policía se negó a pagarle el billete para otro vuelo.

Estos son los hechos previos. Mi hermana participó en las protestas de julio durante la cumbre del G-20 en Hamburgo. Le dispararon con un cañón de agua y con gas lacrimógeno, fue testigo de la brutalidad policial y, durante las refriegas, se cayó y se hizo daño en las piernas. Después fue arrestada bajo la sospecha de ser integrante del 'bloque negro' anarquista (no lo era), la detuvieron durante 36 horas y fue puesta en libertad sin cargos.

Su primer arresto fue un ataque a las libertades civiles durante una protesta pacífica. La segunda detención no se puede interpretar de otra manera que como un intento de intimidar y hostigar a una persona que está ejerciendo sus derechos democráticos fundamentales, utilizando una legislación que supuestamente fue ideada para evitar que los posibles asesinos cometan atrocidades.

El parlamentario laborista escocés Neil Findlay se ha dirigido al ministro de Justicia de Escocia con una serie de preguntas sobre el caso de mi hermana. Entre ellas se incluye si la detención fue justa, justificada y proporcionada; también si las tácticas utilizadas por la policía escocesa se usaron contra “un ciudadano completamente inocente”; y, finalmente, quién autorizó la acción.

Ninguna persona racional discute la necesidad de leyes para proteger a la población de la amenaza que supone el terrorismo. No es irracional, después de todo, esperar que la legislación antiterrorista se utilice contra objetivos terroristas. Cuando se introdujeron dichas leyes, los críticos sugirieron que amenazarían a las libertades civiles y violarían los derechos de personas inocentes. Los llamaron alarmistas y, sin embargo, sus sospechas estaban justificadas.

Eleanor quiere hacer hincapié en que ella ocupa una posición de privilegio. Es una mujer blanca cuyo hermano es columnista de un periódico. “Lo que más me preocupa es la gente que no tiene privilegios o voz en el asunto, y que son acosados injustamente por esta ley”, me dice. “Quiero que mi caso se utilice para que la gente sea consciente de esta injusticia”.

El Anexo 7, un legado del autoritarismo del Nuevo Laborismo, otorga a la policía poderes plenos e ilimitados en la frontera: en los aeropuertos, puertos y estaciones de tren internacionales. “Permite a la policía detener e interrogar a cualquiera sin tener indicios de delito”, explica Millie Graham Wood, abogada en Privacy International. “Por lo que a menudo todo esto recae en gente que no ha hecho nada malo”.

Como muy pocos de los que son objetivo de esta legislación llegan a desafiarla –quizá porque les da vergüenza o se sienten intimidados, o porque simplemente no quieren más problemas– la policía siente que puede seguir saliéndose con la suya.

Como dice mi hermana, las personas blancas como ella no son normalmente las víctimas. El Anexo 7 de la ley antiterrorista apesta a racismo. De acuerdo con Liberty, en 2010/2011 solo un 8% de los afectados fueron blancos. La policía puede interrogar a aquellos a los que detiene durante hasta seis horas y quedarse sus posesiones durante una semana. Además, los detenidos no tienen el derecho a permanecer en silencio ni a un abogado. Sus derechos civiles básicos se suspenden.

La descarga de información de ordenadores portátiles y teléfonos móviles también es escalofriante. En la era moderna, toda nuestra vida está en esos aparatos, incluidos los detalles más personales y sensibles. Permitir a extraños registrar nuestras fotos e información –desde nuestra sexualidad hasta enfermedades– es terriblemente invasivo, incluso humillante. Y el ataque indiscriminado a británicos de minorías es una forma de acoso aprobado por el Estado que nos debería preocupar a todos.

Como señala el jurista David Anderson –que posee el título de Consejero de la Reina–, antiguo revisor independiente de la legislación sobre terrorismo, no existe un “umbral de sospecha para algunos de los poderes más invasivos bajo el Anexo 7”. Aun así, el Gobierno se ha negado a aceptar su recomendación para establecer dicho umbral, lo que significa que gente inocente seguirá viendo cómo se violan sus libertades civiles.

De hecho, David Miranda –pareja del experiodista de the Guardian Glenn Greenwald– fue detenido bajo esta misma cláusula hace cuatro años. Como posteriormente halló una sentencia del tribunal de apelaciones sobre su detención, el Anexo 7 es incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Otros activistas también han sufrido la suerte de mi hermana: en 2009, las autoridades prohibieron al activista contra el cambio climático Chris Kitchen viajar a Copenhague, donde iban a celebrarse unas charlas. En 2012 se prohibió a varios anarquistas visitar una reunión internacional en Suiza, y también cogieron su información. Lo mismo le ocurrió a un activista por la paz. Tampoco es solo cuestión del Anexo 7. Un informe de 2009 detalló el uso de otras leyes antiterroristas contra manifestantes.

Reino Unido ha sufrido este año ataques terroristas mortíferos que han acabado con la vida de decenas de personas: menores en un concierto en Manchester, jóvenes de fiesta en Borough Market, turistas en Westminster Bridge y un devoto en una mezquita. Sí, la policía y los servicios de seguridad necesitan urgentemente tener los poderes que necesitan para prevenir tales actos. Pero al Gobierno le conviene desviar la atención de haber recortado 20.000 agentes y, en su lugar, enfantiza la necesidad de una legislación todavía más autoritaria. Después de todo, Theresa May calificó de “alarmistas” a los policías que advirtieron de que tales recortes pondrían el país en peligro.

Aun así, el reconocido jurista Max Hill, actual revisor independiente de la legislación antiterrorista, ha advertido esta semana contra la “reacción impulsiva” a los recientes ataques. Sin “un trabajo muy cuidadoso”, ha indicado, los planes de encarcelar a aquellos que visitan en repetidas ocasiones contenidos terroristas online podría implicar el encarcelamiento de gente inocente. ¿Es eso alarmismo? ¿O evidencia la experiencia de mi hermana que esta es una amenaza real?

Nuestros derechos y libertades los ganamos con enormes sacrificios. Permitir que la amenaza del terrorismo prive a los ciudadanos de derechos humanos básicos es peligroso. También le da la victoria a los terroristas, que pueden presumir, con razón, de cambiar nuestra forma de vida y de profundizar las divisiones en nuestras comunidades.

El caso de mi hermana representa un intento de intimidar a una manifestante. Las autoridades están suspendiendo los derechos civiles a activistas y a británicos inocentes de minorías. Es un insulto a nuestra democracia, y debe parar.

Traducido por Javier Biosca y Cristina Armunia

Es difícil no estar de acuerdo con el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, quien al referirse a la crisis política en Catalunya  afirmó: “Algunos caminan por una gasolinera llena de combustible con un mechero en la mano”. En el centro del debate hay un principio democrático básico: el derecho a la autodeterminación o, como indica el eslogan de los defensores del referéndum, el derecho a decidir.

No tienes que querer la independencia de Catalunya para apoyar este principio; de la misma forma que puedes estar de acuerdo con el derecho al divorcio sin querer que todas las parejas se separen. Imaginemos que en una pareja, uno de sus miembros se cuestiona si la relación va bien, y el otro no solo le niega la posibilidad de divorciarse sino que además le impide sopesar esta posibilidad.

Esta reacción es mucho más que una afrenta. De hecho, no hace más que alimentar el deseo de separación del miembro de la pareja que ya tenía dudas. Y esta es precisamente la reacción ante la intransigencia del Gobierno español, sus políticas económicas desastrosas, su negativa a negociar y las medidas brutales con las que intentó impedir el ejercicio de las libertades civiles en Catalunya.

El presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, ha actuado con una prudencia admirable tras la celebración de un referéndum que terminó con cientos de ciudadanos heridos y con policías agarrando a mujeres mayores por el pelo. Estas personas solo querían ejercer el derecho democrático más básico: el derecho al voto. Algunos grupos independentistas más radicales se han estado movilizando para que se proclame una declaración unilateral de independencia, pero Puigdemont ha optado por suspender esta declaración para fomentar el diálogo y la negociación.

Sin embargo, cuando personas como Rafael Hernando, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, describe una huelga general celebrada en Catalunya en apoyo a la democracia como una “huelga de corte nazi” se hace evidente que por parte de Madrid hay poca voluntad de diálogo. Ahora, el peligro es que el Gobierno español active el artículo 155 de la Constitución y suspenda la autonomía de Catalunya. Altos funcionarios de la administración temen que esto provoque disturbios y una nueva ofensiva policial, que tendría consecuencias imprevisibles.

La situación en Catalunya no puede ser comprendida si no se analiza el contexto. Estamos ante otra reacción a la crisis que sacude al mundo occidental; otro síntoma de un sistema en decadencia. “2017 podría convertirse en el año en el que la política finalmente alcanzó la crisis financiera del 2008”: así describió Jeremy Corbyn el auge del partido laborista, pero lo cierto es que la crisis económica ha provocado muchas otras reacciones políticas. Dio lugar a una nueva izquierda, que abarca desde el partido Syriza en Grecia, Jeremy Corbyn en el Reino Unido a Bernie Sanders en Estados Unidos. También alimentó el populismo xenófobo de derechas, con políticos como Donald Trump en Estados Unidos, Nigel Farage en el Reino Unido, el Frente Nacional en Francia y la extrema derecha en Austria. Así mismo, jugó un papel crucial en el resultado del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea (Brexit). Sin lugar a dudas esta crisis también ha dado lugar al nacimiento de un nacionalismo ciudadano en Escocia y en Catalunya.

España fue uno de los países más afectados por la crisis. La tasa de desempleo entre los jóvenes llegó a ser del 50%. Cientos de miles de familias perdieron sus casas cuando explotó la burbuja inmobiliaria. Hace seis años, el movimiento de los indignados ocupó plazas de ciudades de todo el país, entre ellas Barcelona. Fue el principio del fin de la hegemonía de los dos partidos que habían estado en el Gobierno desde la llegada de la democracia en España tras la muerte de Franco. El desengaño político se ha convertido en una de las características que mejor definen lo que está pasando en Catalunya. En la Diada de 2012, el día nacional de Catalunya, unos dos millones de catalanes salieron a la calle para protestar contra los recortes en el sector público, el desempleo y el estancamiento de las condiciones de vida.

El Gobierno de centroderecha catalán aprovechó este estado de ánimo para pedir al Gobierno de Rajoy más soberanía presupuestaria. De lo contrario, indicó, Catalunya se independizaría.

Al mismo tiempo que las fuerzas independentistas pedían a los catalanes que dieran la espalda al sistema español, Podemos, el nuevo partido de izquierdas en el país, y sus aliados abogaban por una reforma radical del sistema.

La propuesta de independencia, como explica el periodista Raphael Minder [corresponsal del The New York Times en Madrid] en su excelente nuevo libro, The Struggle for Catalonia, “prometía cambio y prosperidad en un nuevo Estado catalán, en contraposición al estancamiento en una España corrupta”.

El comportamiento autoritario y despectivo del PP

En 2015, prácticamente la mitad de los catalanes votaron a partidos que se posicionaron a favor de la independencia. Todo parece indicar que los partidarios de la independencia se duplicaron en una década. La crisis económica no fue el único factor que alimentó el descontento. También lo fue el comportamiento autoritario y despectivo del Partido Popular. Los catalanes habían aprobado en referéndum un estatuto que definía a Catalunya como “nación” y daba un estatus especial a la lengua catalana. Sin embargo, el Partido Popular consiguió que estos artículos quedaran sin efecto. Desde entonces, no se han parado de oír peticiones para que se celebre un referéndum de independencia. La situación ha ido a peor, ya que el Partido Popular ha exacerbado la crisis catalana porque eso le da votos.

Cuando el Gobierno de Rajoy se opone a las fuerzas “separatistas” catalanas, como ellos las llaman, consiguen fortalecer el nacionalismo y el patriotismo español. Y, todavía más conveniente, consiguen que los electores no presten atención a los escándalos por corrupción que han sacudido al Partido Popular en los últimos años. Algunos catalanes de izquierdas, que defienden la necesidad de que se celebre un referéndum pero no quieren la independencia, temen que el Gobierno español ya haya dado a Catalunya por perdida y que simplemente este alimentando el resentimiento y las quejas del resto de los españoles para ganar votos en otras partes de España.

¿Qué pasará a continuación? La Unión Europea no ha condenado explícitamente el comportamiento de Rajoy. Ahora debería presionar al Gobierno para que negocie con Puigdemont y con otros políticos. Los Gobiernos del Reino Unido y de Canadá permitieron que se celebraran referéndums de independencia en Escocia y Quebec.

Obviamente, los catalanes deberían tener derecho a votar sin ser atacados por los antidisturbios. Mientras que el partido Podemos defiende este argumento, el Partido Socialista, bajo presión de su sector más conservador, de momento no ha sido capaz de apoyar la que probablemente es la única vía para resolver esta crisis.

No suelo posicionarme a favor de los movimientos independentistas salvo que una nación esté siendo oprimida, como las que estaban dominadas por expotencias europeas. Catalunya no es una nación sometida. Defender que Catalunya tiene derecho a divorciarse no significa querer que eso pase. Cuando se está atacando la democracia tenemos el deber de solidarizarnos.

Algunos señalan que la experiencia de Escocia y el Brexit demuestran que los referéndums dividen a un país. La negativa a que se celebre un referéndum en Catalunya ha servido precisamente para provocar esa división. Si el Gobierno español hubiera querido que Catalunya se fuera, probablemente habría seguido la misma hoja de ruta. Es el principal responsable de esta crisis.

Al final, solo un nuevo Gobierno que aborde el agravio social y económico de Catalunya podrá garantizar que España no se desintegre. El Gobierno actual ha creado una olla a presión que está a punto de explotar.

Traducción de Emma Reverter