El Gobierno vasco ha realizado este martes un llamamiento a quienes no han reconocido “el sinsentido de la violencia” tras ETA a que se sumen “con valentía, sinceridad y determinación” al camino de la convivencia y los valores democráticos. En una declaración institucional con motivo del quince aniversario del fin de la actividad de ETA, el Ejecutivo de PNV y PSE-EE reconoce que “queda mucho camino por recorrer” y que hay quien “permanece atrincherado en viejos parámetros y mantiene con la sociedad una deuda moral que no prescribe”. “Este aniversario nos ofrece la oportunidad de hacer un llamamiento a estas personas”, ha señalado la portavoz María Ubarretxena, que ha leído la declaración tras el Consejo de Gobierno.

Ubarretxena, que ha destacado que “la convivencia y la reconciliación se deben fundamentar en bases sólidas, valores compartidos, una actitud honesta de reconocimiento y reparación del daño causado y una sincera empatía con las víctimas”, ha recordado a las personas “asesinadas, secuestradas, coaccionadas o amenazadas” porque, “bajo una aparente normalidad, persiste un dolor escondido que debe salir a la luz, que necesita ser visto, escuchado y reconocido”. “Muchas personas se sienten olvidadas y no pueden superar el trauma provocado por la violencia padecida. Otras siguen sin ser conscientes de que han sufrido una vulneración de sus derechos fundamentales, de que, por tanto, son víctimas. El Gobierno no las olvida y vamos a seguir trabajando para escuchar y asistir a estas víctimas, para contribuir a que vean cubiertos sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación”, ha señalado.

Este aniversario llega precedido precisamente de la detención por parte de la Ertzaintza de dos personas, un varón de 34 años y una mujer de 22, que están siendo investigados por delitos de “terrorismo” y que ya han sido trasladados este martes a Madrid al hacerse cargo del caso el juez instructor Antonio Piña del Tribunal Central de Instancia, la nueva denominación de la Audiencia Nacional. Ubarretxena ha señalado respecto a estas detenciones que “como sociedad no se puede dar un paso atrás”, aunque no ha querido dar más detalles para “respetar la declaración de estas personas y lo que decida el juez” al respecto.

En la declaración institucional, el Gobierno vasco reconoce que este aniversario del fin de ETA es un día de “recuerdo y de celebración”. “Recordamos a las víctimas de la violencia, las personas asesinadas, secuestradas, coaccionadas o amenazadas. Celebramos el final de la espiral de violencia y terrorismo que solo genera dolor, sufrimiento y muerte”, ha leído. Recuerda, en este sentido que “desde hace quince años nadie se siente amenazado por defender sus ideas”. “Hemos demostrado que somos capaces de dirimir nuestras discrepancias políticas con las herramientas del diálogo y el acuerdo. Celebramos los primeros quince años de vida en democracia y libertad desde el golpe de Estado y el estallido de la Guerra Civil hace noventa años”, señala.

Recuerda, además, que estos quince años han sido de avances normativos, asistenciales y de desarrollo de políticas públicas de memoria y derechos humanos. “Estas políticas han procurado ayudar a las víctimas a ser reconocidas, visibilizadas y escuchadas. Nos han permitido, también, ampliar la mirada y reconocer el sufrimiento generado por otras violencias y otro tipo de vulneraciones de los Derechos Humanos. Estos quince años muchas personas han asumido el sinsentido de la violencia, han recorrido un camino genuino hacia posiciones democráticas de respeto y reconocimiento de la pluralidad”, ha señalado la portavoz.

Tras reconocer que “queda mucho camino por recorrer”, indica que el Gobierno “mira al futuro”. “La memoria es un deber social, institucional y político. Memoria para reconocer el sufrimiento de las víctimas y Memoria para compartir una lectura moral del pasado ante las vulneraciones de Derechos Humanos que hemos conocido y padecido”, señala. En este sentido, reafirma el compromiso del Ejecutivo “con unas políticas públicas que ayuden a la sociedad vasca a mirar su pasado de frente”. “Recordamos el dolor generado, para que se asuma que el recurso a la violencia con fines políticos nunca puede ser el camino. Para que se comprenda que la violencia solo genera más violencia y dolor”, ha continuado.

Por otra parte, recuerda que la declaración institucional se aprueba en el marco del noventa aniversario del primer Gobierno vasco. “Un ejemplo de dignidad, lealtad democrática y compromiso con los derechos humanos”, ha apostillado. Y que se aprueba en un tiempo y un contexto global “en el que se vuelve a justificar el uso de la fuerza, se banaliza la violencia y se imponen discursos de odio y deshumanización del diferente”. “Nuestro pasado debe servirnos de antídoto contra esta deriva. El compromiso del Gobierno vasco es transmitir lo que pasó para que no vuelva a ocurrir, seguir contribuyendo a fortalecer la convivencia, los valores democráticos y la libertad”, ha concluido.

A la tercera va la vencida, pudo pensar la familia de José Miguel Etxeberria, más conocido como 'Naparra'. Pero se ha llevado un disgusto. Una vez más, el Ministerio del Interior ha rechazado la solicitud para reconocer a 'Naparra' como víctima del terrorismo. La noticia la han anunciado este jueves Agus Hernán, por parte de Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia); Pilar Garaialde, portavoz de Egiari Zor, y Eneko Etxeberria, hermano del desaparecido. Aunque aún no han agotado todas las vías administrativas, la familia no recurrirá la resolución debido al cansancio y al gasto económico que implicaría. Aun así, exige que se revise y que el Ministerio presente una disculpa pública a la familia.

El 11 de junio de 1980, 'Naparra', con 22 años, acudió a una cita que tenía concertada con unos miembros de ETA en San Juan de Luz. El objetivo era compartir sus contactos de traficantes de armas con la banda terrorista. Después de ese día, no se le volvió a ver y su cuerpo nunca ha sido encontrado; solo apareció su coche. El desaparecido formó parte de los comandos especiales de ETA político-militar, más tarde se integró principalmente en ETA militar y terminó abandonándola para unirse a los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA). Para cuando desapareció, ya era uno de los líderes de los CAA.

Según expone el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), se trata de un caso de desaparición cuya autoría es “confusa”. El Batallón Vasco Español (BVE) reivindicó el secuestro de 'Naparra' el 24 de junio de 1980, argumentando que la persona se encontraba en España y que corría “con la misma suerte que los asesinados por ETA”. Días después, se difundió la información de que había sido asesinado por sus propios compañeros de los CAA en Francia, adonde Etxeberria había huido en 1978. Sin embargo, en julio, los CAA hicieron público un comunicado en el que ponían en duda la posible autoría del BVE, al considerar que había mentido sobre su secuestro y ocultado su asesinato.

La familia, por el contrario, siempre ha mostrado su enfado por los intentos de señalar a ETA por estos hechos. “¿Alguien puede pensar que si ETA hubiera reivindicado tres veces un acto se hubiera puesto en duda su autoría? ¿Qué intencionalidad hay para intentar construir una hipótesis falsa?”, protestaron este año cuando el Memorial de víctimas de Vitoria, dependiente del Gobierno de España lanzara interrogantes.

A la familia Etxeberria le han rechazado en tres ocasiones la solicitud para que se aplique a su familiar la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo: en 2008, en 2013 y ahora, en 2026. La falta de autoría es uno de los motivos por los que el Ministerio del Interior justifica su rechazo. GEBehatokia ha citado el siguiente fragmento de la resolución: “al no poder determinarse la relación de casualidad necesaria y suficiente entre la desaparición y fallecimiento y un hecho de naturaleza terrorista”.

Hernán, de GEBehatokia, asegura que el Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska ha recurrido al “copia-pega” de las resoluciones anteriores, a pesar de que la familia ha aportado más argumentos a su favor. Entre ellos, destaca la contextualización de la época, marcada por numerosos atentados parapoliciales en Iparralde, así como varias certificaciones del BVE y de otros organismos que respaldarían la versión del secuestro por bandas parapoliciales.

En la misma línea, Garaialde, de Egiari Zor, ha insistido en que “no hay debate posible”: 'Naparra' es una víctima del terrorismo. La portavoz ha recordado que tanto el Gobierno vasco como las Naciones Unidas reconocen el caso como una desaparición forzada, al igual que el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, en Vitoria. Este último resalta a la vista, ya que el propio Ministerio del Interior participa en el patronato del Memorial, que incluso ha incluido a 'Naparra' en la exposición 'Ausencias presentes', dedicada a personas desaparecidas por terrorismo en España.

Con estos argumentos sobre la mesa, ambas entidades han mencionado el caso de los tres gallegos a quienes sí se les ha aplicado la ley. Trabajaban en Irún y, el 24 de marzo de 1973, desaparecieron al otro lado de la muga, a donde habían ido a ver una película. Sus cuerpos tampoco fueron encontrados y, a diferencia de 'Naparra', nadie reivindicó su secuestro. Además, la justicia no ha esclarecido las circunstancias “exactas” de su desaparición y, aun así, “nadie puede dudar de la naturaleza del hecho doloroso”. “Debían ser reconocidos y lo fueron”, ha concluido Garaialde.

El portavoz de GEBehatokia ha sido directo: “si se tratara de una víctima de ETA, este rechazo nunca se hubiera producido”. Garaialde ha coincidido con él y ha calificado la decisión de “repugnante acto de discriminación”. Este jueves, ambas entidades no han denunciado “un laberinto burocrático ni un vacío legal”, sino “una decisión política, consistente, sistemática y vergonzosa”. También han insistido en la “revictimización” que está sufriendo la familia Etxeberria, condenada a “vivir una discriminación inaceptable de por vida”, según ha afirmado Hernán.

Por su parte, Eneko Etxeberria, hermano de 'Naparra' y familiar presente en la comparecencia, ha completado las declaraciones compartiendo la odisea que ha vivido para lograr que a su hermano se le aplique la ley. Desde conseguir que el Defensor del Pueblo de Navarra colaborara con la causa hasta recibir una carta personal de Ana Ollo, consejera y vicepresidenta primera del Gobierno de Navarra, en la que compartía su “impotencia”. “Todo se reduce en la voluntad de hacerlo”, ha cerrado Etxeberria.

Debido al cansancio y al coste económico que implica, la familia ha desistido de volver a recurrir. “Cada rechazo es una frustración”, ha declarado Hernán. Por ello, Egiari Zor pide que se revise “inmediatamente” la resolución, que se garantice la “equiparación efectiva en el trato a todas las víctimas del terrorismo” y que se presente una disculpa pública a la familia Etxeberria por las cuatro décadas de negación institucional.

La aplicación de la ley a 'Naparra' podría significar mucho para su familia. Sus hermanos, además de recibir una indemnización de al menos 250.000 euros, podrían contar con asistencia psicológica y jurídica gratuita. Pero, sobre todo, su ser querido sería honrado, respetado y recordado en la memoria pública de España.

El Tribunal Supremo ha revocado el archivo por prescripción de una causa contra la exmiembro de ETA Natividad Jáuregui, a la que se imputa un atentado de 1981 en el que asesinó de un disparo en la nuca al teniente coronel Ramón Romeo. La Audiencia Nacional dictó la prescripción en 2023, con la extinción de su responsabilidad penal. Sin embargo, el Supremo estima ahora —aunque con el voto particular de dos de los cinco magistrados— los recursos de casación interpuestos tanto por la Fiscalía como por la familia. Se dispone que “el procedimiento continúe por sus trámites ante el tribunal de procedencia”.

Jáuregui, tras varios años huida y después detenida en Bélgica y entregada a las autoridades españolas, quedó en libertad a raíz de la decisión adoptada por la Audiencia Nacional. Esta entendía que la responsabilidad de la exmiembro de ETA había prescrito pasadas dos décadas de los hechos. Salió de prisión en noviembre de 2023.

Ahora, el Supremo entiende que la reapertura del sumario a través de una resolución judicial de 1989 supone que no había transcurrido el tiempo necesario cuando se dictó su auto de procesamiento. “No se pretende sustituir una valoración probatoria sobre la participación de la procesada ni establecer hechos nuevos acerca del atentado. Se discute la consecuencia jurídica de resoluciones y diligencias procesales cuya existencia y contenido sustancial reconoce el propio auto recurrido”, aclara la sentencia.

Tendrían que haber transcurrido veinte años y es en ese punto en el que llegan las discrepancias. Los votos particulares, de hecho, sostienen que los recursos interpuestos deberían haberse desestimado y no debería reabrirse la causa. Se recabaron más testimonios y, en ciertos momentos, se siguieron unas líneas de investigación que apuntaban incluso a otros responsables diferentes, no a Jáuregui.

El Supremo entiende, sin embargo, que “la identificación nominativa de un sospechoso” no excluye “la de otros partícipes que estén comprendidos en el mismo relato”. “Son alternativas de identificación, no una regla por la que la primera persona expresamente citada absorba todo el alcance subjetivo de la investigación”, abunda. No era una investigación “genérica”, apostilla, sino que “el sumario tenía por objeto un atentado determinado, con víctima, lugar y fecha identificados”.

Romeo era teniente coronel de Artillería. El 19 de marzo de 1983, a la salida de misa de la bilbaína basílica de Begoña, dos miembros de ETA se le acercaron y una de ellos le disparó en la nuca. “Mientras el herido quedaba tendido en medio de un gran charco de sangre, los dos agresores emprendieron la huida a pie. A última hora de la tarde del 19 de marzo se hizo público un parte médico anunciando que el herido estaba en coma profundo. Falleció dos días después incapaz de superar las gravísimas heridas que le provocó el atentado”, recoge el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Para la familia de Eduardo Moreno Bergareche, conocido como 'Pertur', la exposición institucional que pretende “hacer memoria” sobre el “pasado traumático” de Euskadi a través de su figura cincuenta años y unos meses después de su desaparición, supone un “apoyo muy grande”. “Claro que te repara”, afirma Inés Moreno Bergareche, hermana. Este 13 de octubre, 'Pertur' habría cumplido 76 años, una fecha maldita para sus allegados junto al 23 de julio, cuando se le perdió la pista. “Nosotros, al menos la familia, vamos a seguir otros 50 años, intentando saber la verdad”, garantizan.

'Eduardo Moreno Bergaretxe 'Pertur'. Una desaparición sin víctima’, con el segundo apellido con 'tx', ha sido el nombre elegido para la exposición, promovida por el Instituto de la Memoria (Gogora) del Gobierno vasco, en memoria al exmilitante de ETA desaparecido hace cincuenta años. La muestra, inaugurada este martes al mediodía en la plaza de Okendo de Donostia, no se ha centrado en la “desaparición en sí”, sino en su “familia, que no ha recibido ni verdad, ni justicia, ni reparación”, ha explicado Amaia Goenaga, de Gogora, a los familiares y autoridades que han acudido a la inauguración.

La exposición, compuesta por 22 paneles, rememora aquello que a 'Pertur' le tocó vivir, “pero sobre todo recuerda y reflexiona sobre la ausencia, sobre la huella tan profunda que dejó su ausencia para la familia y para los amigos”, ha expuesto al comienzo del acto Alberto Alonso, director de Gogora. También han intervenido el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, y la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, del PSE-EE. Al acto también han asistido otros cargos institucionales de PNV, EH Bildu, PSE-EE y Elkarrekin.

En su intervención, Insausti ha querido reivindicar la importancia de que la exposición se encuentre a pie de calle, pues en Donostia el espacio público es donde se celebran “muchos momentos colectivos”, considera. El dolor “no se puede quedar en las familias de manera individualizada”. “Al igual que los logros colectivos, las heridas también lo son y nos corresponde a todos sanar y curarlas”, se ha referido el alcalde en torno a la memoria. Y ha reivindicado el “gran trabajo de las instituciones” para alcanzar “una memoria inclusiva que no deje a nadie de lado”. A su criterio, la figura de 'Pertur', que deja “cincuenta años después más preguntas que respuestas”, es la muestra de que todavía queda trabajo pendiente para construir un “futuro en paz”. “La tarea de este Ayuntamiento y ciudad es no olvidar”, ha recalcado.

Por su parte, la consejera San José ha halagado la visión del exmilitante de ETA político-militar por buscar que la violencia quedara en “un segundo plano” dentro de la organización. “Teorizó un primer paso de un camino que, años despues, culminó con el abandono definitivo de las armas” por parte de la rama 'polimili'. Comprendió, “en palabras de Mario Onaindia, que lo verdaderamente revolucionario era la democracia”, ha asegurado citando a quien luego fuera dirigente del partido Euskadiko Ezkerra, EE, ahora integrado en la federación vasca del PSOE.

Al igual que las víctimas del franquismo “empiezan a ver aliviado su dolor” tras las exhumaciones e identificaciones, ha considerado San José, en el acto ha querido “reivindicar el derecho que tienen las familias de los desaparecidos durante la Transición a descansar definitivamente de esa búsqueda”. “Pido al Estado que cumpla con su responsabilidad, que no ceje en el obligado empeño de trabajar por el esclarecimiento de esos crímenes” y, en referencia a ETA, ha pedido igualmente que los que “saben y llevan años sin atreverse a hablar, que den un paso adelante” y “colaboren”. “Solo así podremos cicatrizar, tantas décadas después, la incurable herida de su ausencia”, ha concluido.

A pesar de no poder acudir a la presentación por encontrarse de viaje, Lurdes Auzmendi, pareja de 'Pertur' cuando desapareció, ha pedido en nombre de todos los familiares que “los que sepan algo”, aunque sea “el menor indicio o detalle sobre su desaparición”, hablen. “La inhumanidad de ocultar lo que se sabe sobre lo sucedido con una persona desaparecida es muy cruel”, ha expresado. “Los padres de Eduardo murieron con la tristeza y el dolor pegado a sus corazones por no tener ninguna noticia sobre el paradero de los restos de su hijo y nos pasaron el testigo y perseveramos en ese compromiso para que su memoria prevalezca por siempre”, ha apostillado.

En 2012, la familia de 'Pertur' solicitó su reconocimiento como víctima del terrorismo, pero fue desestimada al no estar determinada “la autoría de la desaparición”. Moreno Bergareche, por lo tanto, no tiene por tanto reconocimiento como víctima de ninguna violencia.

Entre los asistentes que se han detenido atentamente a leer los paneles, se encontraba Gorka Landaburu, superviviente de un atentado de ETA hace 25 años. El periodista abrió una carta-bomba que no lo mató por una carambola, aunque perdió gran parte de una mano, visión y oído. “La memoria es como conducir un automóvil, tienes que poner las dos manos al volante y mirar de frente, pero si no tienes un buen retrovisor, nunca conducirás debidamente. Todas las sociedades ocultan sus pecados, aquí tenemos un problema de memoria y queremos que se haga justicia, porque nuestros nietos pedirán explicaciones. Y hay que contar para que no se repita y, sobre todo, por dignidad, humanidad y justicia”, respondía preguntado por su asistencia al homenaje.

El Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco informará directamente a las víctimas acerca de los permisos penitenciarios que se conceden a los reclusos, una medida adoptada ante la constatación de que el sistema de anterior, basado en las comunicación a las asociaciones de damnificados, era “inadecuado” ante la falta de transmisión de avisos a las víctimas, en algunos casos, y “la filtración de aspectos sensibles y protegidos” de algunos expedientes.

Con el objetivo de implementar el nuevo sistema, el Ejecutivo autonómico ha habilitado un número de teléfono y una dirección de correo electrónico para que quien lo desee pueda recibir la información que legalmente le corresponde de forma personalizada y “con todas las garantías de confidencialidad y protección de datos”, según ha informado el propio Gobierno vasco en un comunicado que recoge Europa Press.

La decisión supone un cambio en el criterio aplicable a la notificación de los permisos penitenciarios. A partir de ahora, las comunicaciones se harán atendiendo al derecho de las víctimas a ser informadas directamente por parte del Gobierno vasco, de manera individualizada. Esta modificación busca compatibilizar el derecho de las víctimas a recibir información relevante con una gestión “más eficiente y homogénea” de las comunicaciones, según ha indicado el Departamento de Justicia.

Según ha recordado, hasta este momento se avisaba de estos permisos mediante la comunicación de las resoluciones a las asociaciones de víctimas, con el fin de que estas pudieran hacer llegar a sus asociados con antelación la existencia de resoluciones que les afectaran emocionalmente. Además, ha explicado que se ha comprobado que este método es “inadecuado” por la falta de transmisión de los avisos a las víctimas, en algún caso, y por “la filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes” en otros casos. La modificación no implica alteración alguna de los derechos reconocidos a las víctimas, que continuarán siendo informadas en aquellos supuestos legalmente previstos, y siempre que ellas lo deseen.

Asimismo, se mantiene el compromiso institucional de protección, atención y acompañamiento a las víctimas durante todo el proceso. A partir de este momento, cualquier víctima que desee ser informada de los permisos penitenciarios en los casos previstos por la ley, puede solicitarlo directamente al Gobierno vasco a través de los canales habilitados para ello: el teléfono 945 01 66 28 y el correo electrónico atencionvictimas@euskadi.eus. La Dirección de Atención a Víctimas le atenderá de forma personalizada, resolverá sus dudas y le facilitará la información que legalmente le corresponda recibir, “siempre con las debidas garantías de confidencialidad y protección de sus datos”, se informa.

“Intento de obstaculizar”

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado que el Gobierno vasco “cierra el acceso a la información penitenciaria a las asociaciones de víctimas para obstaculizar la fiscalización de su política con los presos de ETA”. En un comunicado, la presidenta, Consuelo Ordóñez, ha criticado la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco de “dejar de comunicar las resoluciones penitenciarias relativas a los presos de ETA a las asociaciones de víctimas”. Para el colectivo, esta medida constituye “un ataque frontal a nuestro derecho de conocer y denunciar decisiones que afectan directamente al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo”, además, de “un intento de obstaculizar nuestra legítima denuncia pública de la política penitenciaria que está llevando a cabo ese Ejecutivo autonómico”.

Ordóñez ha criticado que el Gobierno vasco “utilice su obligación de informar directamente a las víctimas (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito) como excusa para dejar de informar también a las asociaciones que las representan”. “Que informen directamente a las víctimas afectadas por sus resoluciones es lo que deben hacer”, ha subrayado. La presidenta de Covite ha incidido en que “esa obligación no exige cerrar el canal de información con las asociaciones que ellas han elegido libremente para que las representen, les informen y defiendan sus derechos”. “Ambos canales son compatibles y complementarios”, ha opinado.

A juicio de Covite, resulta “especialmente grave que el Departamento justifique su decisión atribuyendo a las asociaciones falta de transmisión de información y filtración de aspectos protegidos de los expedientes, sin identificar en su nota los hechos concretos ni las entidades a las que se refiere”.

Según Ordóñez, “no pueden lanzar sospechas sobre el conjunto de las asociaciones y utilizarlas para imponer un cierre general de información”. “Si tienen alguna acusación que formular, que la concreten y la acrediten”, ha afirmado, para subrayar a continuación que, “lo que resulta inaceptable es desacreditar públicamente a quienes defendemos a las víctimas para justificar una decisión que dificulta nuestro trabajo”. Ordóñez ha señalado que el Gobierno vasco “culpa” a Covite “de que algunas víctimas no hayan recibido información, cuando es su obligación garantizar que la reciban” y cuando, además, algunas “víctimas, también las que no están asociadas, se están enterando de sus decisiones penitenciarias gracias a nuestras denuncias públicas”.

“Es una contradicción absoluta: nos acusan de no informar y al mismo tiempo nos cierran el acceso a la información que nos permite hacerlo”, ha aseverado. Para Ordóñez, la medida adoptada por el Ejecutivo Vasco supone “una represalia contra la denuncia pública de los terceros grados y de las aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA que no han mostrado un arrepentimiento real y público”. Por otro lado, ha censurado que ha conocido esta decisión “por los medios de comunicación, sin que el Gobierno vasco se la haya comunicado directamente”. Finalmente, ha incidido en que la medida supone “un maltrato institucional a las víctimas y a las asociaciones que libremente han elegido para que las representen” y ha advertido al Gobierno vasco que no va a conseguir silenciarles cerrándoles el acceso a la información.

Desestimado el recurso de un preso

Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado el recurso interpuesto por un preso que solicitaba la nulidad de la decisión administrativa de la dirección de Justicia del Gobierno vasco que acordó su traslado del centro penitenciario de Bizkaia (Basauri) al de Álava (Zaballa) para cumplir la pena. Según ha informado el Alto Tribunal vasco, el recluso pidió al TSJPV la anulación del traslado y argumentó, entre otras cuestiones, el “evidente efecto desocializador” que conllevaba su traslado a la prisión alavesa, ya que su núcleo familiar estrecho tenía que trasladarse para poder visitarle, “implicando un gravamen económico de muy difícil asunción”.

Por otro lado, el Departamento de Justicia defendió la legalidad del acto impugnado y la desestimación del recurso alegando que la decisión estuvo debidamente motivada, que el ingreso inicial en el centro penitenciario de Bizkaia tenía “carácter provisional hasta la designación del centro de cumplimiento”, y que la capacidad de las instalaciones de la prisión vizcaína “determina que no pueda ser el centro de destino con todos los internos que lo solicitan” o que “mantengan vinculaciones con el entorno de Bizkaia”. El TSJPV ha rechazado finalmente las alegaciones del recurrente y ha recordado, en su resolución, que “no existe un derecho de los penados a elegir a su conveniencia un centro de cumplimiento”.

El tribunal ha añadido que, en este caso, la decisión de la dirección de Justicia que acordó su traslado se adoptó sobre la base del expediente de la junta de tratamiento del centro penitenciario vizcaíno. “En la medida que la propia decisión aquí impugnada se apoya en la previa decisión de la junta de tratamiento no cabe pues entender que se trate de una mera decisión arbitraria o carente de toda justificación”, afirma la sentencia.

El TSJPV también indica que las razones aducidas por el preso para cumplir la pena en la prisión vizcaína “se muestran un tanto endebles dada la cercanía entre ambos centros, lo que ”no constituye obstáculo de entidad ni para su posterior resocialización ni tampoco“ para mantener el contacto con sus familiares. Esta sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

Pello Salaburu Etxeberria (Arizcun, 1951) recuerda como uno de los momentos más “impactantes” de su carrera el acto celebrado en el aula magna de la Universidad pública vasca (ahora conocida como EHU) para condenar el asesinato semanas antes de Tomás y Valiente. El jurista e historiador —y expresidente del Tribunal Constitucional— que entonces ejercía como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid fue acribillado de tres disparos en su despacho del centro académico por un miembro de ETA. “La sociedad vasca no va a aguantar más a estos sembradores de huérfanos. No pasarán, ni ellos ni quienes en cada elección avalan con su voto el asesinato”, entonó en el campus de Leioa hace 30 años. Era 1996, primer año de su mandato como rector de dicha institución, la cual “no supo ponerse al frente” en los “momentos duros de ETA”, considera.

El año pasado, Salaburu publicó en euskera la primera versión de su libro. Es 'Panfleto contra el olvido', y esta semana lo ha presentado en Pamplona en castellano. Según confiesa, en un primer momento el 'panfleto' fueron unas 40 o 50 páginas escritas “del tirón” para denunciar el “cambio súbito de la izquierda abertzale” estos últimos años respecto al terrorismo de ETA. Los critica sin paliativos. “Siempre hemos pedido que dejasen el terrorismo y participasen en la vida política, pero ahora dan el paso olvidando todo lo que han hecho”, argumenta. En el libro, Salaburu reconstruye testimonios de víctimas de distintas épocas y lugares, intentando impedir que el tiempo las convierta en algo abstracto y las olvide, y reflexiona sobre la memoria, la reconciliación y la democracia para explicar la era posterior a ETA. Porque, a su juicio, la sociedad “quiere olvidar” para mirar hacia adelante, pero implica que a las víctimas “se les robe la palabra, como siempre”.

En la introducción afirma que fueron las “convicciones íntimas” las que le llevaron a escribir este libro, ¿esas convicciones han sido siempre las mismas?

Sí, siempre he tenido esa preocupación. Lo que pasa es que siempre había escrito en el periódico y hace unos años dije: “Me estoy repitiendo. No tengo nada más que decir”.

Y quiso escribir sobre algo diferente...

Siempre me han interesado los testimonios de personas relacionadas con conflictos, las víctimas, a las que se les roba la palabra.

¿Cuál es el relato que más le ha impactado?

Me impactó mucho el testimonio de [Geraldine] Schwarz [que disecciona la pulsión francesa por el olvido tras la II Guerra Mundial] o cuando me di cuenta de que [Konrad] Adenauer uno de los fundadores de la nueva Europa, al cabo del año de estar en el poder, comienza a meter nazis o filonazis en toda la Administración.

¿Le impacta más la indiferencia que un testimonio aislado y concreto?

Sí. La indiferencia en ese caso es el olvido, que es de lo que va el libro. Fomentar un olvido cuidadoso de cosas que no te molesten. Yo lo que quería meter en aquel 'panfleto' inicial es decir: “Mira, aquí queremos olvidar”. Eso es tremendo porque siempre hay unos perdedores sistemáticos, que son las víctimas.

Cuando se le puso una medalla a Rodríguez Galindo, responsable del asesinato de Lasa y Zabala, se lanza un mensaje tremendo a la sociedad

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

A las víctimas siempre se les roba la palabra, pero también es cierto que son un grupo muy heterogéneo y muchas mantienen un “perfil bajo”. ¿Cree usted que habría que intentar fomentar e incitar a que recuperen esa autoridad moral? ¿Es posible sin sobreexponerlas?

Yo creo que a las víctimas hay que apoyarlas por encima de todo, eso es lo primero. También por encima de su papel social. Podemos animarlas o ayudarlas, pero yo parto siempre de un profundo respeto, porque además cada una responde de manera muy diferente.

Por lo que parece, el olvido es un comportamiento humano y sistemático en todos los tiempos y lugares; ¿exime eso de una responsabilidad particular a la sociedad?

No exime para nada, hay que asumir la responsabilidad que cada uno de nosotros hemos tenido en toda esta historia. Es criminal para la sociedad intentar mirar hacia adelante con esa base tan débil, con esa base tan podrida. Es una responsabilidad personal y una responsabilidad colectiva, aunque la responsabilidad personal siempre se tiende a diluir en la responsabilidad colectiva. También [tiene responsabilidad] el Gobierno. Cuando se le puso una medalla a Rodríguez Galindo, responsable de cosas horrorosas en el cuartel de Intxaurrondo –entre otras, la desaparición y el asesinato de Lasa y Zabala– [y esas condecoraciones no han sido retiradas] se lanza un mensaje tremendo a la sociedad. Eso es inadmisible.

La sociedad ha fallado mucho a los 'nanclares', no se les ha recibido como se debería y eso no beneficia a nadie

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

¿La sociedad tiene que ser acogedora con aquellos terroristas de ETA arrepentidos? ¿Comparte la consigna de “ni olvido ni perdón”?

No la comparto. [La sociedad] tiene que ser mucho más acogedora con quienes deciden dar el paso realmente en serio. La sociedad ha fallado mucho a los 'nanclares', tenía que haberles dado mucha más importancia. Más acogida. Aunque igual ellos [los presos que se desmarcaron de ETA en la denominada 'vía Nanclares'] no quieran meterse más... Pero no se les ha recibido como se debería y eso no beneficia a nadie. Todos tenemos derecho a vivir y, si nos hemos equivocado, a tener una segunda oportunidad. Hay víctimas que [el perdón] lo han apoyado de forma sincera y la sociedad tiene que ser coherente.

La frase de Soares Gamboa, etarra arrepentido, de “un voto a HB [Herri Batasuna] es una bala regalada a ETA” aparece un par de veces en el libro y se incide concienzudamente en ella. Trayéndola a la actualidad, ¿cree que hoy un voto a EH Bildu es regalar un palo en la rueda al reconocimiento de las víctimas de ETA?

Sí. Hoy en día el voto que se le da a [EH] Bildu es un voto que se da a un olvido particular, buscado. Un olvido que se está dando en la sociedad y que repercute negativamente en las víctimas. Mientras ellos no sean capaces de cambiar y de asumir la responsabilidad que han tenido, yo creo que es así. Las víctimas son quienes tendrían que decirlo.

En el caso de la izquierda abertzale, ¿cuál cree que puede ser la razón de evitar ese reconocimiento a nivel particular e individual por parte de sus miembros? ¿Por qué a nivel de organización no les cree?

Es muy difícil asumir una biografía. No sé por qué no lo hacen, tendrían que decirlo ellos. Hubo compañeros suyos que sí lo hicieron. [A nivel de organización] hubo líneas rojas que se marcaron a los presos por parte de los grupos de apoyo [a los convictos abertzales]. “No te puedes arrepentir y no puedes delatar”, porque si no te echamos del colectivo. Y nadie puede marcar líneas rojas a personas que decidan repasar su pasado, mucho menos desde la comodidad de un despacho. Tampoco son creíbles cuando dicen que “la memoria sí” y reivindican la de hace 80 años, pero al mismo tiempo no reivindican la suya [como victimarios]. Hay que reivindicar la memoria del franquismo, del posfranquismo, las barbaridades que en momentos hicieron los republicanos, lo que hizo ETA y quienes la apoyaron... Todo eso forma parte de un todo, que es la memoria. No se puede seleccionar.

La responsaiblidad de enseñar a los jóvenes es de la sociedad, la familia y la Educación

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

¿Cree que debía haber una memoria de mínimos para alcanzar la convivencia?

Tiene que haber una memoria de máximos.

¿No es eso excesivamente difícil de conseguir?

Probablemente, pero cada uno tendrá que asumir lo que ha hecho. La complicación está ahí, aunque yo creo que eso hay que exigirlo.

A los jóvenes se les culpa de “olvidar lo que pasó”, cuando realmente hay muchos que no vivieron muchos acontecimientos, ¿a quién habría que atribuir ese desconocimiento?

Desde luego, a los jóvenes no. Los jóvenes deberían saber estas cosas desde las familias. Yo nací después de la guerra y en mi casa no se hablaba de Franco, cuando había que hablarlo porque [todavía entonces] estaban matando personas.

¿Deberían las nuevas generaciones preguntar más?

Los jóvenes deben de preguntar sobre todos los asuntos. Y, sobre todo, hablar con un poco de conocimiento de causa. No se puede ir inventando el mundo en cada generación. De todas formas, yo creo que la responsabilidad de enseñar a los jóvenes es de la sociedad, la familia y la Educación.

Este mismo mes, la también exrectora de la EHU Eva Ferreira declaraba en una mesa redonda, a la que usted también asistió, que "la Universidad [pública vasca], más que a la vanguardia, ha ido por detrás de la sociedad” en lo que a la condena de la violencia se refiere. ¿Por qué?

En los momentos duros de ETA, la Universidad no ha sido capaz de ponerse al frente de lo que eso suponía para la sociedad. Tenía que haber sido mucho más sistemático y mucho más claro. Aunque desde dentro no tienes la misma visión que desde fuera.

La izquierda abertzale ha sacado el rector de la EHU que quería

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

¿Y qué lo impedía?

No lo sé. Pero, al final, los profesores de universidad estamos contratados para enseñar determinadas cosas y hacer determinadas investigaciones. Además de eso, somos parte de la inteligencia del país. Aunque yo esperé más de la universidad.

En el 2000, cuando usted acabó su mandato de rector, seguía habiendo pintadas, pancartas y dibujos de dianas. A finales de ese mismo año, ETA puso una bomba en uno de los ascensores de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. ¿Cree que, como rector, le faltó contundencia en algunas cosas?

Yo creo que honestamente hice lo que pude. Hay manifestaciones mías muy duras. Pero había un sector en la Universidad, y yo creo que sigue habiéndolo, la han patrimonializado. Cuando tienes un sector dispuesto a decir que solo ellos tienen la razón y nadie más, porque si no eres un fascista, y no tienes apoyo desde el exterior, es muy difícil. La Policía, aunque han entrado con todos los rectores, nunca eran partidarios de actuar en la universidad. Y eso es bueno, pero al mismo tiempo te da una pata coja, porque es un recurso que no [siempre] puedes usar.

En febrero de este mismo año, el campus de Vitoria de la EHU se cerró y quedó protegido por un fuerte dispositivo policial con motivo de la visita de Vox. Al mediodía, el rector Joxerramon Bengoetxea destacó la “total normalidad” de la jornada. ¿Considera adecuada esa respuesta institucional?

No, yo no hubiera cerrado la Universidad. Se lo dije el otro día [a Bengoetxea] tras una mesa redonda. Si yo hubiera actuado como lo hizo él, habría tenido la mitad de mis centros cerrados durante los años que estuve en el mandato. Yo no quiero criticarlo. Creo que la izquierda abertzale ha sacado el rector que quería. Lo han dicho públicamente, no estoy diciendo nada nuevo. A partir de ahí no puedo decir mucho.

Me da la impresión de que ha habido una falta de protección con un grupo de profesores importantes de Vitoria

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

¿Cree que actualmente los profesores están protegidos de intimidaciones o actos que se han ido denunciando a lo largo de los últimos años?

No lo conozco. Me da la impresión de que ha habido una falta de protección con un grupo de profesores importantes de Vitoria, pero no conozco los casos más allá de la prensa. No he hablado con ellos.

¿Ha desconectado de este ámbito?

Por completo.

Ahora, con el estreno de 'La bola negra', hay muchos testimonios de la generación Z en los que se sorprenden de que la paz y la democracia son más débiles de lo que pensaban, cuando la daban por sentado. Una sensación que usted lo expresa con el término “nativos democráticos”.

No he visto la película, la tengo pendiente. Desde mi punto de vista, los jóvenes se dejan seducir por las recetas simples como solución a los problemas complejos. Y a veces pueden no saber dónde se están metiendo. Pensamos que las democracias son sistemas asentados, pero y son tremendamente frágiles, se pueden caer en cualquier momento. Lo hemos visto con lo que ha pasado en Estados Unidos, donde los poderes se oponían unos a otros y había un contrapeso muy fuerte. Trump ha ido rompiendo sistemáticamente todo. El ICE es una buena muestra, toda esa persecución a los inmigrantes. Una barbaridad. Esa es una muestra exacta de la debilidad de los sistemas democráticos.

Me da miedo que sean víctimas de una sociedad que no sé hacia dónde va y que puedan acabar siendo victimarios, porque los asesinos muchas veces era gente corriente

Pello Salaburu — Exrector de la universidad pública vasca EHU y escritor

En la introducción de 'Panfleto contra el olvido' cuenta que, cada vez que pulsaba una tecla, pensaba en sus nietos, Beñat e Ibon; ¿le preocupa que sus propios nietos pudieran llegar a ser victimarios antes que víctimas silenciadas?

Me da miedo las dos cosas. Me da miedo que sean víctimas de una sociedad que no sé hacia dónde va y que, como personas normales, puedan acabar siendo victimarios. Porque los asesinos muchas veces era gente corriente. Pienso más en la primera, no quiero pensar en la segunda.

¿Pero tiene esperanza?

Yo siempre tengo esperanza, pero la preocupación no me tapona la esperanza. Y tampoco la esperanza me tapona la preocupación.

Este jueves se han cumplido cinco años desde que Euskadi recibiera las llaves de las cárceles vascas. O más bien, desde que la entonces consejera Beatriz Artolazabal, con mascarilla, descubriera un escudo vasco donde antes estaba el de España. En aquel momento habían pasado 42 años desde que el Estatuto de 1979 previera para el Gobierno autonómico la gestión penitenciaria. ETA mediante, el Estado sólo había cedido hasta entonces esas funciones a Catalunya, aunque hace precisamente 90 años, cuando se aprobó el primer estatuto en II República y en plena Guerra Civil, también se gestionaron las prisiones. Ahora, en 2026, ¿cuánto del prometido “modelo vasco” se ha cumplido en este lustro? ¿Qué ha cambiado? ¿Y qué no?

La población reclusa ha crecido en Euskadi. Claramente. El actual equipo de Prisiones —del PSE-EE, que relevó al PNV en 2024 después de los primeros tres años— estima que era de “alrededor de 1.600” con el cambio de gestión, pero entonces se hablaba de unos 1.400. Ahora, a finales de agosto, eran prácticamente 2.000. La palabra “tensionamiento” se empezó a emplear muy pronto a pesar de las promesas de que el “modelo vasco” iba a ser menos punitivista.

Hasta fue preciso un acuerdo con el Ministerio del Interior para rechazar llegadas y realizar salidas. Ahora, con la reciente apertura del nuevo presidio de Zubieta, en Donostia, la situación se ha aliviado. Pero fuentes del área de Justicia y Derechos Humanos, dirigida por la consejera María Jesús San José, la tercera responsable política de Prisiones, recalcan que “el aumento de la población penitenciaria no se debe a un aumento de la delictividad”.

La red actual la forman Zaballa, a las afueras de Vitoria, Basauri cerca de Bilbao y Zubieta en lugar de Martutene, que será derribada para levantar vivienda en la cara Donostia. Con la transferencia se cedió igualmente el viejo complejo alavés de Nanclares de la Oca, pero lleva todo este tiempo sin uso definido.

Desde hace unos meses, al Gobierno vasco le gusta decir que es una “administración penitenciaria integral”. Y es que se ha abierto el módulo de régimen cerrado del centro penitenciario de Zaballa, la última modalidad que quedaba pendiente y que seguía obligando a hacer traspasos. Alrededor de “una decena” de presos están allí. “Es importante destacar que la clasificación en primer grado no responde tanto a la gravedad del delito cometido, sino a que, generalmente, se trata de personas incapaces de convivir y adaptarse a las normas”, exponen desde Prisiones.

De las exactamente 1.967 personas que terminaron agosto en la estadística de Prisiones, 1.819 son varones y 148 mujeres. 772 son de origen extranjero. Por edades, hay 19 presos de menos de 20 años y 20 de más de 70. La edad más común, con 1.026 de los 1.967, es la de treintañeros o cuarentañeros.

407 están sin clasificar, 9 figuraban en primer grado, 1.087 en segundo grado y 464 en tercer grado o semilibertad, aunque se han concedido flexibilizaciones del régimen cerrado merced al artículo 100.2 tanto a condenados por terrorismo como por corrupción política, los exdirigentes del PNV del 'caso De Miguel'. Son 107 los presos de ETA en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. “En cinco años, se han concedido 128 terceros grados, y [se han recibido] 47 recursos. La administración penitenciaria vasca concede cada año 500 terceros grados a sus internos. Además, se han aprobado 54 resoluciones de aplicación del artículo 100.2, con cuatro revocaciones”, detalla el Gobierno.

Asociaciones de víctimas del terrorismo y partidos de la derecha han criticado duramente la gestión penitenciaria vasca por, supuestamente, otorgar beneficios penitenciarios a los exterroristas de ETA. El Ejecutivo vasco insiste en que aplica la legislación vigente —cuya modificación sigue siendo competencia del Estado— siempre que los internos asuman su responsabilidad y el daño causado. La Audiencia Nacional ha revocado algunas progresiones o flexibilizaciones de grado. “Cuando los criterios técnicos están establecidos, el no aplicarlos puede ser rozar la prevaricación”, señaló a este periódico en una entrevista el alto cargo de San José Alberto Alonso, director del Instituto de la Memoria (Gogora).

Una de las patas para impulsar la reinserción ha sido Aukerak, una agencia creada 'ad hoc' tras la transferencia. “Actualmente, hay 630 internos trabajando. Se trata, aproximadamente, del 60% de las personas internas que, en función de su régimen, sus circunstancias y su tratamiento penitenciario, están en disposición de trabajar”, sostiene el Ejecutivo. Y añade: “Hay dos tipos de talleres, los productivos, con acuerdos con empresas externas, y los de servicios, que se encargan del economato, la panadería, limpieza, mantenimiento, cocina, acompañamiento sociosanitarios, … Todos reciben una retribución y con ella cumplen con el pago de la responsabilidad civil que tengan asociada a su delito”.

El personal ha sido también una patata caliente. El sindicato principal, ACAIP-UGT, ha formulado muchas quejas, como también otras centrales como ELA. Ha habido acuerdos de condiciones laborales pero, por ejemplo, la primera OPE no ha llegado hasta fechas muy recientes: está ahora en marcha.

¿El contexto? En 2021 la plantilla presupuestada era de 618 plazas, pero solamente 585 estaban ocupadas. Ahora ha crecido a 783 de 831. Sin personal, no todos los módulos han estado abiertos en un contexto de “tensionamiento”. Se confía en que “en un año” todo el personal sea funcionario de carrera y vaya desapareciendo la interinidad.

ELA, sin embargo, ha recurrido las bases. Expone el sindicato que la convocatoria complica la posición de quienes han estado sacando adelante el servicio en estos años, lamenta la escasa presencia del euskera en este cuerpo ya autonómico y avisa de que las pruebas físicas requeridas son discriminatorias para las mujeres. Sostiene que todo ello “consolida un modelo estatal que el Gobierno vasco se niega a cambiar casi cinco años después de asumir la competencia”.

Ceuta y Melilla están a cientos de kilómetros de Zaragoza, pero tuvieron una presencia destacada este miércoles en el salón de plenos del Ayuntamiento. Hasta tres de las seis mociones presentadas por PP y Vox estuvieron relacionadas con las dos ciudades autónomas y las relaciones con Marruecos. Hubo también espacio para ETA y la política penitenciaria. Entre medias, dos iniciativas consiguieron quedarse en Zaragoza, aunque una de ellas para reclamar al Gobierno de España más efectivos de Policía Nacional.

El reparto resulta especialmente llamativo al contemplar en conjunto las 15 mociones incluidas entre los puntos 28 y 42 del orden del día. El PP presentó dos y Vox cuatro. De esas seis, cuatro estuvieron dedicadas fundamentalmente a cuestiones de ámbito estatal o alejadas de las competencias propias de un Ayuntamiento.

La primera llegó ya en el punto 28. El PP planteó que el Ayuntamiento expresara su “firme apoyo” a Ceuta y reclamara al Gobierno de España mantener allí los recursos necesarios para garantizar la normalidad, la seguridad y el orden público y el ejercicio de los derechos de los ceutíes.

Vox amplió considerablemente el radio de acción municipal. Su primera moción reafirmaba que Ceuta y Melilla son “irrevocablemente España”, condenaba la actuación de Marruecos y exigía la presencia y actuación permanente de las Fuerzas Armadas en la defensa de las fronteras. No sería la última visita del pleno zaragozano a las ciudades autónomas. En el punto 36, la formación volvía sobre ellas para reclamar al Gobierno de España medidas de reconocimiento a las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de reforzar un plan de actuación en Ceuta y Melilla.

Así que Ceuta o Melilla aparecieron en tres de las seis mociones de PP y Vox.

La cuarta iniciativa que llevó al Ayuntamiento fuera de sus competencias más inmediatas estuvo dedicada a ETA. Vox propuso mantener el reconocimiento a las víctimas del atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza, pero la iniciativa se extendía también a la política nacional: condenar lo que la formación denomina “blanqueamiento” de la violencia terrorista, rechazar la política penitenciaria del Gobierno de España y reclamar la ruptura de pactos con partidos que no condenen el terrorismo de ETA.

El viaje resulta especialmente llamativo si se recuerda qué defendía el propio Vox apenas unos meses antes. En marzo, todavía con Julio Calvo como portavoz municipal, la formación reivindicaba el “auténtico municipalismo” y sostenía que un Ayuntamiento debía ocuparse prioritariamente de “los pequeños problemas de los zaragozanos”, como la iluminación de las calles, la suciedad o el transporte público. Calvo llegó a resumirlo en “la baldosa rota, la farola que no funciona, la suciedad”. Tras su jubilación y salida del Ayuntamiento, Eva Torres asumió la portavocía del grupo. Ahora, tres de las cuatro mociones presentadas por Vox en el pleno de septiembre han llevado el debate hasta Ceuta y Melilla, Marruecos, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia, ETA y la política penitenciaria.

Dos mociones consiguen quedarse en Zaragoza

Quizá por eso, entre Ceuta, Melilla, Marruecos, ETA, las Fuerzas Armadas y los servicios de inteligencia hubo también sitio para Zaragoza y la seguridad ciudadana. Vox presentó una moción directamente vinculada con una competencia municipal: reorientar la Policía Local hacia un modelo integral de seguridad urbana, actualizar sus indicadores y comenzar a reformar el Reglamento del cuerpo, que data de 1995.

El PP completó sus dos iniciativas con otra dedicada a la seguridad ciudadana en Zaragoza, aunque en este caso el destinatario volvía a ser el Gobierno central. Los populares reclamaron al Ejecutivo, al Ministerio del Interior y a la Delegación del Gobierno en Aragón un aumento “estable y suficiente” de los efectivos y medios materiales de la Policía Nacional destinados a la capital aragonesa.

El mapa de preocupaciones cambia considerablemente al observar las otras nueve mociones del pleno.

Zaragoza en Común llevó tres. Una planteaba modificar el PGOU para establecer distancias mínimas entre nuevas gasolineras y viviendas y equipamientos y suspender cautelarmente licencias en Valdespartera y el Picarral; otra abordaba el conflicto laboral de la limpieza y las reivindicaciones de la plantilla de FCC; y la tercera volvía sobre el contencioso del Tiro de Pichón y reclamaba un pleno extraordinario para resolver el recurso pendiente.

El PSOE presentó cuatro iniciativas. La primera abordaba la seguridad del servicio del tranvía y las condiciones laborales de su plantilla; otra, la financiación y calidad del Servicio de Ayuda a Domicilio; una tercera reunía varias cuestiones de la ciudad —gratuidad temporal de autobuses afectados por las obras, un plan extraordinario de limpieza, aceleración de la climatización de los colegios públicos y congelación de tasas y tarifas en 2027—; y la cuarta reclamaba reforzar las políticas municipales contra el cambio climático y avanzar hacia la neutralidad climática en 2030.

Las dos mociones restantes correspondieron a la concejal no adscrita. Una sí volvió a sacar al pleno de Zaragoza, esta vez para declarar el “Día del Pueblo Saharaui en Zaragoza” y reforzar los vínculos con los campamentos de refugiados. La otra regresó a un asunto inequívocamente municipal: poner en marcha en centros de mayores y centros cívicos una campaña para prevenir y detectar el riesgo de caídas entre las personas mayores.

El resultado deja una curiosa radiografía de las prioridades que cada formación decidió convertir en moción en el pleno de septiembre. De las 15 iniciativas, seis procedían de PP y Vox y cuatro de estas colocaron el foco en Ceuta, Melilla, Marruecos, ETA, las Fuerzas Armadas o la política penitenciaria. Mientras tanto, las otras formaciones llevaron al mismo salón de plenos la huelga de la limpieza, el SAD, el tranvía, las gasolineras junto a viviendas y colegios, el transporte afectado por las obras, la climatización de los centros educativos, las tasas municipales o el Tiro de Pichón, que no encontraron el apoyo de PP y Vox en casi ninguna.

La vivienda llegó por urgencia y no prosperó

La vivienda no figuraba, sin embargo, entre las 15 mociones ordinarias del pleno, aunque acabó entrando en el debate por la vía de urgencia. tras el desahucio de la anciana de 87 años de Madrid que ha acabado con movilizaciones en toda España. Por ello, Zaragoza en Común y PSOE presentaron otras dos iniciativas centradas en uno de los principales problemas de acceso a la vivienda: los desahucios, la estabilidad residencial y el encarecimiento de los alquileres. Ninguna salió adelante.

ZeC planteó instar al Gobierno de España a aprobar con carácter urgente un real decreto-ley con medidas estructurales contra los desahucios y en favor de la estabilidad residencial y reclamó al Gobierno de Aragón la declaración de zonas de mercado residencial tensionado, entre otras medidas.

El PSOE llevó una segunda moción urgente para pedir a los grupos de las Cortes Generales que respaldasen los dos reales decretos-leyes en materia de vivienda y, de nuevo, reclamar al Ejecutivo aragonés que Zaragoza sea declarada zona tensionada con el objetivo de favorecer una rebaja de los precios del alquiler.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, ha presidido este miércoles un acto celebrado en Vitoria en el que se ha hecho entrega a familiares de víctimas del terrorismo de unos cuadernos de memoria que recuperan su historia. Son veinte dosieres con información sobre personas asesinadas entre los años 1985 y 1989 por la banda terrorista ETA y dos más de víctimas de Iraultza de ese mismo periodo. En todos estos casos, no ha habido un esclarecimiento total de los hechos, bien sea porque no se han llegado a identificar los autores materiales o porque los sumarios han sido expurgados, entre otros supuestos. “Una víctima no puede quedar reducida a una fecha, a un expediente o a las circunstancias de su muerte. Antes que víctimas fueron personas”, ha incidido la consejera. Desde 2021 y con estos últimos, son ya 225 los cuadernos entregados a familiares.

Se les han puesto nombre y apellidos a las veintidós vícitimas, y algunas de ellas se han podido acompañar de fotografía. Son Jesús Ildefonso García Vadillo, Moisés Cosme Herrero Luengo, Eugenio Recio García, Juan Merino Antúnez, Antonio Jesús Trujillo Comino, Fernando Amor Calvo, José Expósito Afán, Alejandro Sáenz Sánchez, Manuel Fuentes Pedreira, José Miguel Moros Peña, Adrián González Revilla, Ignacio Mateu Istúriz, Julio César Sánchez Rodríguez, María Luisa Sánchez Ortega, Vicente Montoya Salazar, Pedro Ballesteros Rodríguez, José Luis Barrios Capetillo, Cristóbal Díaz García, José Calvo de la Hoz, Juan Bautista Castellanos Martín, Luis Reina Mesonero e Ignacio Bañuelos Lasso.

Según se indica desde el departamento, los cuadernos, confeccionados en colaboración con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), recogen la historia personal de cada víctima, con el contexto del asesinato, la situación judicial y material gráfico. La consejera firma, además, un mensaje institucional en el que transmite el reconocimiento oficial del Gobierno vasco. “El silencio también tiene consecuencias. Cuando una historia queda fuera del relato colectivo, cuando un asesinato acaba reducido a un expediente o a una noticia del pasado, ese silencio puede convertirse en una nueva forma de sufrimiento”, ha subrayado San José, para recalcar la importancia de preservar la memoria de las víctimas.

Los familiares de tres de estos asesinados han participado en el acto de este miércoles, celebrado en el museo Artium de la capital alavesa. Celso Recio es hijo de un cabo de la Guardia Civil asesinado en Santurtzi. El padre de Nerea Barrios, dueño de un restaurante, también fue asesinado en esa localidad vizcaína. El padre de Cristóbal Díaz, policía nacional, fue asesinado en Bilbao. Han relatado sus memorias, han hablado del recuerdo que les queda de sus padres y han coincidido en que las víctimas cuyos casos no se han resuelto son “de segunda”. Han convenido también en la necesidad de preservar la memoria histórica y en transmitir a las nuevas generaciones lo que fueron los años del terrorismo para que situaciones como aquellas no vuelvan a suceder. “La mayor derrota que puede tener una víctima del terrorismo es el olvido”, ha sostenido Barrios.

“No solo lo mataron, sino que querían quitar lo bueno de él”

Hija de un hombre conocido en el pueblo, con un negocio muy frecuentado, Barrios recuerda que, además del asesinato, lo que le hizo mucho daño fue que se intentase tejer una historia falsa sobre su padre después de muerto. “Se intentó vender una idea de que era una persona que tenía que ver con el narcotráfico, con la trata de blancas, que era confidente de la Policía. No sé ni cuántas cosas se pudieron decir en pasquines para amedrentar a la gente y que nadie fuera a la manifestación”, ha recordado. Ella encabezaba la protesta y rememora que había quienes les retiraban la mirada después de que se hubiesen difundido aquellos infundios. “No solo lo mataron, sino que querían quitar lo bueno de él”, ha lamentado.

Mientras se manifestaba, la familia de Barrios fue recorriendo el pueblo. La Casa del Pueblo socialista, recuerda, estaba de luto y el 'batzoki' también se había sumido en el silencio. “Cuando pasamos por la 'herriko taberna', sacaron los bafles a la calle, pusieron la música a tope y se pusieron a bailar como posesos. Han pasado 37 años y todavía recuerdo la canción: 'Mándalos, mándalos, mándalos a la mierda, que se piquen, que se piquen ellos y sus amigos los maderos como si estuvieran en las 'txosnas' de Bilbao'”, ha relatado. En esa misma línea, Díaz, hijo de policía, ha contado que, mientras se velaba a su padre en el tanatorio, fuera se oía la algarabía de personas que celebraban el asesinato de otro agente de la Policía Nacional.

Los tres casos se cerraron pronto, sin resolver, sin encontrar a los autores materiales de los asesinatos. Esa circunstancia, han coincidido los tres hijos, los relegó a una categoría inferior entre las víctimas, de segunda. No solo han accedido a compensaciones económicas muy inferiores a las del resto, se han quejado, sino que también han tenido muchas menos oportunidades de relatar su caso y homenajear a sus progenitores.

En cualquier caso, han incidido en la “calidad humana” de la que están dotadas las víctimas del terrorismo, a las que Díaz ha calificado de “abanderadas de la paz”. “La memoria histórica debería ser obligatoria”, ha exigido Barrios. Díaz ha pedido que se siga escuchando a las víctimas y que se les dé la posibilidad de que cuenten su historia. “A través de ese testimonio y ese ejemplo de las víctimas del terrorismo se construye una sociedad mucho mejor. Que las generaciones venideras sepan lo que ha costado tener esta paz que hoy disfrutamos y que la sepan valorar”, ha apostillado.

Al acto han acudido varias autoridades, incluidos la alcaldesa de Vitoria, la socialista Maider Etxebarria; la delegada del Gobierno en Euskadi, Marisol Garmendia; el director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco, Alberto Alonso, y Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo.

El director de Gogora, el Instituto de la Memoria vasco, Alberto Alonso (de la parte del PSE-EE de la coalición que lidera Imanol Pradales) relata que han recibido amenazas del que fuera partido único de la dictadura franquista, Falange Española y de las JONS, que sigue siendo legal en España. Han llegado después del expediente por enaltecimiento abierto por una visita a Vitoria del 12 de octubre de 2025. “Piensan que quizás la violencia puede ser una herramienta para atemorizar al que piensa diferente”, indica. Añade que otras instituciones también han tenido mensajes similares. En puertas del nonagésimo aniversario del Gobierno de Euzkadi, surgido en plena Guerra Civil, señala también que España no tiene que pedir perdón por el bombardeo nazi de Gernika en 1937 y que no apoya el traslado del cuadro de Pablo Picasso, como han demandado sus socios del PNV.

Se cumplen 90 años de la creación del Gobierno de Euzkadi en los próximos días.

Es un aniversario significativo por muchas razones. Son 90 años de un primer marco de autogobierno, de un primer estatuto que fue el que dio legitimidad jurídica posteriormente al Gobierno. Desde la perspectiva del presente, a mí siempre me gusta decir que la memoria consiste en buscar respuestas en el pasado a preguntas del presente. Se trata de reivindicar un Gobierno de coalición donde todos los que querían aportar tuvieron su hueco. Fue un Gobierno en el que se sumaron nacionalistas, socialistas, republicanos que podríamos considerar más de centro o comunistas. Y todos ellos aportaron a un proyecto común. Son los valores y el inicio de una larga historia. Lo mejor que ha tenido Euskadi a lo largo de estos años de democracia ha venido de Gobiernos de coalición. Se trata de poner en valor una cultura y una forma de hacer que demuestra que sumar diferentes puntos de vista, formas de ver el futuro y hasta de soñar es importante. Genera una potencialidad superior al sectarismo o a cualquier otro tipo de idea tan en boga hoy en día.

Hay voces que dicen que no todas las familias políticas están recordadas y reivindicadas de igual manera entre aquéllas que participaron hace 90 años.

Nosotros en Gogora hemos hecho un estudio biográfico —este medio se ha hecho eco de ello de una forma muy interesante— donde cada uno de los miembros de ese Gobierno, no solamente los consejeros, están reconocidos. Ésa ha sido nuestra aportación. Pero es algo que está abierto. Por ejemplo, el PSE-EE también va a hacer sus propios actos de conmemoración. Quien quiera hacerlo, que lo haga.

¿Debería llevar el nombre del lehendakari José Antonio de Aguirre el aeropuerto de Loiu, como propuso EH Bildu?

No sabría posicionarme en esa pregunta. Pero igual tendríamos que ponérselo al de Vitoria, ¿no? ¿Por qué siempre hay que pensar en Bilbao?

La parte del PNV del Gobierno vasco insiste en que España tiene que pedir perdón por el bombardeo de Gernika, del que también se van a cumplir 90 años. ¿Tiene que hacerlo?

Este Gobierno de España y este Estado no tienen por qué pedir perdón por aquello que hicieron quienes precisamente querían terminar con un Estado democrático y legítimamente elegido en unas urnas. Son momentos diferentes; son Estados diferentes; son instituciones absolutamente diferentes. ¿Quién bombardeó en su momento Gernika? Fueron quienes querían terminar con todo eso. Me parece que es darle la vuelta a la historia y, quizás, con cierto interés político.

¿Se ha cerrado ya el debate sobre el traslado del cuadro Guernica de Pablo Picasso o el Gobierno vasco mantiene esta reivindicación?

Yo, desde luego, nunca lo he reivindicado. Desconozco la situación exacta del debate. Nunca ha participado de ello y entendemos que intentar tomar decisiones más allá de los informes técnicos es una cuestión peligrosa. Te deslizas en el borde de la prevaricación. Hay unos informes técnicos y quien tenga que tomar la decisión en el Ministerio de Cultura, como cualquier otro cargo público, tendrá que asumir aquello que le dicen sus técnicos y sus funcionarios.

El Gobierno de España no tiene por qué pedir perdón por el bombardeo de Gernika

Este año se han cumplido 50 y 40 años de la desaparición de ‘Pertur’ y del asesinato de ‘Yoyes’, respectivamente. ¿Qué simbolizan ambos aniversarios?

Gogora, por lo menos en esta legislatura, intenta buscar hechos paradigmáticos que sirvan de ejemplo y que nos permitan reflexionar sobre diferentes cuestiones. En el caso de ‘Pertur’, es hablar de casos de desaparecidos en los que no ha habido ni justicia, ni verdad ni reparación. El caso de ‘Pertur’ es el caso de quienes han desaparecido y todavía no sabemos siquiera quiénes los hicieron desaparecer. Nos permite hablar de la ausencia; y esto lo hermana con miles de familias españolas que siguen buscando en las cunetas, con el dolor que genera el no saber dónde descansa esa persona. Queríamos hablar de eso, del gran peso que supone la ausencia para estas familias, también para las de ‘Naparra’ o los gallegos.

En el caso de ‘Yoyes’, lo que queríamos hablar es de la reacción ciudadana en Ordizia. Una parte nada desdeñable de Ordizia, unos cuantos cientos de personas, por primera vez firmaron una condena explícita del terrorismo. Lo hicieron con nombre, dos apellidos y número de DNI. Nos parecía que era la primera vez en la que en un pueblo daban un paso adelante. Hubo una manifestación muy importante. Y una reacción muy importante también por parte del mundo de la cultura. En la exposición veremos cartas de Ibarrola, por ejemplo. Además, cuando hemos empezado a trabajar nos hemos dado cuenta de que hay otros elementos. Hemos visto que Ordizia es uno de los pueblos con el mayor número de asesinatos y víctimas del terrorismo. Y que en este caso el silencio institucional ha sido enorme durante 40 años. Ninguna institución ha tenido la cercanía que las familias hubieran deseado. Se inaugurará el 2 de octubre, adelantándome a la pregunta.

Su consejera, María Jesús San José, no deja de recibir críticas por la gestión de la política penitenciaria hacia los presos de ETA. Entidades de víctimas como Covite están aludiendo a beneficios fraudulentos, por ejemplo.

Permítame que en esto sea un poco político. Alguien mandó la consigna de ‘el que pueda hacer, que haga’ y aquí también quien puede hacer está haciendo.

Consuelo Ordóñez, precisamente, no es sospechosa de seguir las tesis del PP…

No me refería a nombres concretos… Cuando las informaciones que da el Gobierno vasco son compartidas con diferentes asociaciones, hay veces que pasan escasos minutos antes de que estén colgadas en las redes y filtradas a los medios de comunicación. Da la impresión de que, en lugar de importarnos el informar a las víctimas, estamos más interesados en copar espacios de comunicación o de incendiar este tipo de debates. Hay muchas víctimas que no quieren saber nada de los victimarios. Hay víctimas que lo pasan muy mal con este tipo de informaciones. Hay que tener una sensibilidad especial. Y hay víctimas que nos están llamando y diciendo ‘Oye, me estoy enterando de todas estas cosas porque alguien lo filtra a la prensa’. Me da la sensación de que hemos perdido un poco la perspectiva objetiva de todo esto. Se están concediendo [progresiones de grado y permisos] más o menos en la misma media anual desde que las competencias están en el Gobierno vasco. Incluso creo que los recursos de la Fiscalía están incluso en un nivel de media inferior.

Pero hay algunas resoluciones del Tribunal Central de Instancia [Audiencia Nacional] que desmontan de alguna manera o tumban las progresiones de grado que concede el Gobierno vasco.

Es algo que no tiene que ver con Gogora, pero, en la medida en que yo lo pueda explicar, lo haré. Como hablábamos con el tema del ‘Guernica’ de Picasso, cuando los criterios técnicos están establecidos, el no aplicarlos puede ser rozar la prevaricación. Los expertos en la materia hacen los informes que validan estas cuestiones. Una vez que los jueces han podido ver que hay algún tipo de criterio que no era el correcto, lo han tumbado, como dice. Y se ha acatado y respetado la decisión del juez. Muchas veces son los mismos presos quienes vuelven a pedirlo una vez que han corregido o cumplido esa parte que exigía el juez. Y, si los informes vuelven a ser positivos, no queda más. Los presos también tienen sus derechos, su derecho a exigir aquello que consideran que les corresponde.

Este año se han hecho algunos actos con jóvenes, tanto relacionados con el tema de ETA como con el tema de la dictadura. ¿Hay un problema de falta de información en la nueva generación? ¿Se van a seguir haciendo este tipo de actos?

Creo que el problema que tenemos es la sobresaturación de información. En las redes sociales hay mucha opinión y un uso sesgado de la información. Y nos enfocamos especialmente a la juventud, pero es un problema también de otras capas de la sociedad. Parece que no tenemos herramientas críticas para enfrentarnos a esa información que nos llega, que no somos capaces de recurrir a las fuentes. Nos creemos la primera información que nos llega. Lo mejor en este caso es hablar con ejemplos. Cuando se habla del crecimiento económico durante el franquismo, ciertos opinólogos dicen que en aquel momento de desarrollo de las décadas de 1960 a 1970 España estaba en la cabeza de la OCDE. Eso es un dato aislado. Hay que decir también que entonces, por ejemplo, morían en el tajo en torno a 1.300 trabajadores al año en España. Ese crecimiento fue a cuenta de unos salarios de miseria y aquí lo conocemos bien porque todo lo que derivó en el 3 de marzo de 1976. Buena parte del reparto de ese crecimiento quedó en unas pocas manos y solamente las migas pudieron ir a quienes tenían que ir a trabajar constantemente. Con esto quiero decir que lo que nos preocupa es que se utilice solamente un trozo de la información y que no seamos capaces o no tengamos herramientas suficientes para contrastar eso que se está diciendo en las redes. Este año hicimos en el BEC un acto y el que viene lo seguiremos haciendo. Tenemos la intención también de hacer materiales didácticos que puedan servir no solamente para un día, sino para poner a disposición de los centros educativos. Esto es un tema importante. Hoy en día parece que se nos dice que vivimos en una dictadura, que estamos coartados, aunque luego enciendes la televisión y ves cómo la gente insulta libremente al presidente del Gobierno. Es muy importante explicar cómo se vivía realmente una dictadura. Uno de los primeros casos del Tribunal de Orden Público (TOP) fue porque una persona escupió una moneda.

Los presos de ETA también tienen sus derechos, su derecho a exigir aquello que consideran que les corresponde

Citaba el 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Ya ha pasado el quincuagésimo aniversario y parece que la cuestión ya no urge tanto. Pero, ¿para cuándo el memorial?

Seguimos ahora mismo trabajando. Es verdad que la parte que toca ahora es la más discreta y menos aparatosa, la de menor impacto mediático. Pero también me parece que estamos en una fase muy interesante: estamos trabajando con un grupo de expertos que están nombrados por todas las asociaciones, instituciones y miembros que forman parte del patronato. Y lo estamos haciendo con mucha sinceridad, con honestidad y con un altísimo y elevadísimo grado de consenso. Estamos preparando las bases fundamentales sobre las que hay que construir posteriormente el memorial. La filosofía. Luego ya vendrá quien nos diga cómo hacerlo o qué museografía realizar o cómo escenificarlo. Solemos realizar aproximadamente una reunión al mes.

¿Y el edificio?

Seguimos trabajando con el problema estructural del edificio. En un primer momento, se quiso intervenir para solucionar lo que considerábamos que eran problemas puntuales de goteras y de tejas. Pero se descubrió que el problema era mucho más serio. Hemos tenido que trabajar en la instalación de una línea de vida como es debido. Fui director de Osalan… Estamos en ello.

¿Y el plazo para la inauguración?

No sabría decirle. El plazo más adecuado es aquel en el que se garanticen que las cosas se hagan bien. No lo sé, la verdad.

Hace ya casi un año, también en Vitoria, Falange Española y de las JONS realizó un acto con motivo de la fiesta nacional de España. Gogora expedientó a los promotores por enaltecimiento del franquismo. Se planteaba una multa de hasta 10.000 euros. ¿Cómo va ese expediente?

El expediente sigue su curso. Tiene una serie de garantías. Incluso el sancionado tiene derecho al recurso y así lo ha ejercido. Ahora mismo estamos en ese trámite. Como cualquier sanción administrativa. Otra cosa es que, posiblemente por la voluntad de tensionar y polarizar la sociedad, me gustaría decir que hemos empezado a recibir amenazas, algunas de ellas firmadas también por Falange. Se sienten tan impunes, tan envalentonados, que se creen con derecho a amenazar a funcionarios y funcionarias del Gobierno vasco firmando con nombre y apellido. No sé exactamente qué tiene esta gente en la cabeza. Han sido denunciadas, por supuesto. Hemos ido a la Ertzaintza y sólo me queda reafirmar la profesionalidad y el compromiso con los derechos humanos que tiene Gogora y todos y cada uno de los que los componemos. Nunca nos han amilanado, ni nos van a amilanar.

¿De qué tipo de amenazas hablamos?

El número total no lo sé, porque es verdad que, por pura ingenuidad, las primeras las borramos. Las ha habido más ‘clásicas’, por correo postal. Un anónimo recortando fotos. Recuerdo una muy ‘interesante’ donde aparecía la mía junto a la de [Iósif] Stalin y la de [Francisco] Largo Caballero. Manuscrita. Ya digo que al principio no les quisimos dar importancia. Pero esta última, que es de este fin de semana, ya viene directamente con nombre, dos apellidos y a nombre de la Falange. Intentando atemorizarnos. Nos dicen que nos están vigilando. Me recuerda a los viejos tiempos, a los ‘argi ibili’ de los pueblos, al ‘ten cuidado, que te estamos vigilando’. Es verdad que al principio no les dábamos importancia, pero ha llegado un momento en que también está el hartazgo de que haya gente que se sienta con la impunidad suficiente y con el valor suficiente de creer que puede amenazar abiertamente a unos funcionarios o funcionarias que están haciendo su trabajo con pura y absoluta profesionalidad.

¿Saben algo más de su origen?

No pensamos que sea una anécdota. Ha llegado a más instituciones públicas esta amenaza. Pensamos que hay que incardinarlo dentro del contexto de una sociedad absolutamente polarizada. Piensan que quizás la violencia puede ser una herramienta para atemorizar al que piensa diferente.

No sé decirle una fecha [para la inauguración del memorial del 3 de marzo de 1976 en Vitoria]. El plazo más adecuado es aquel en el que se garanticen que las cosas se hagan bien

Hace unos meses, cambiando de tema, Gogora modificó su estructura y se ha creado un nuevo puesto de alto cargo, en este caso el de adjunto a la dirección. Y lo ha ocupado un dirigente del PNV. ¿Por qué se ha hecho todo esto?

Por varias razones. La primera es porque así lo contempla la ley. La ley de creación de Gogora establecía la creación de una dirección y de una dirección adjunta. Eso fue la voluntad del legislador en su momento. Desde esa perspectiva, la pregunta no es por qué se ha hecho ahora, sino por qué no se hizo en los diez años anteriores. Lo segundo es que es un compromiso directo y al más alto nivel. Tanto el lehendakari como la consejera de Justicia y Derechos Humanos así lo acordaron desde el principio de la legislatura. Vieron que era bueno generar esa dirección adjunta. Si es verdad que somos el instituto de la convivencia, entiendo que esto es un elemento que puede ser un buen ejemplo que enriquezca esa visión de la convivencia. Ya llevamos un mes y poco trabajando y ha encajado perfectamente.

¿Cuáles son las funciones de Ion Gambra?

Tal como establece el decreto, su función es asistir a la dirección. Es decir, está a disposición de la dirección en aquellos trabajos que se le asignen. Por ejemplo, la dirección adjunta se ha hecho cargo de algunas de las cuestiones relacionadas con el 90 aniversario del Gobierno vasco. Somos un equipo muy pequeño, de doce o trece personas. La verdad es que él ya es uno más sin ningún tipo de problema. Luego cada cual que vote al partido que quiera cuando llegan las elecciones.

El coste de esto es de 132.000 euros anuales.

Eso es lo que marca la ley. Tiene el rango de director porque así lo marca la ley y cobra como tal porque así lo marca la ley.

“Volver a mi pueblo después de tanto tiempo en que se me han cerrado las puertas, seguir teniendo una vida independiente y seguir queriéndonos, es todo lo que puedo desear, es lo máximo, el sumum y además con un niño merodeando por allá. Demasiada felicidad. Demasiado soñar”. El sueño de Dolores González Katarain, 'Yoyes', la primera mujer en alcanzar la cúpula de ETA, se cumplió brevemente. Pero el 10 de septiembre de 1986, hace 40 años, la organización terrorista la mató.

Llevaba apenas once meses en Gipuzkoa, después de más de doce años sin pisar su tierra, cuando, en pleno miércoles de mercado en Ordizia (Gipuzkoa), José Antonio López Ruiz, 'Kubati', se le acercó, cuando ella estaba con su hijo Arkaitz, de algo más de tres años y medio, y le disparó tres veces tras anunciarle que era de ETA y había ido a “ejecutarla”.

Mano derecha de Argala

Nacida en Ordizia en 1954, se integró en ETA muy joven y en 1973 huyó a Iparralde, donde fue escalando en el escalafón hasta convertirse en la primera mujer dirigente. Fue la mano derecha de José Miguel Beñarán, 'Argala', asesinado en 1978 por el Batallón Vasco Español (BVE), a quien sucedió brevemente como responsable política. Pero en 1979 decidió abandonar ETA por las diferencias con el devenir de la banda y porque la militancia le impedía desarrollar su proyecto de vida. Quería estudiar y poder tomar sus propias decisiones.

Lourdes Auzmendi, viuda de Eduardo Moreno Bergareche, 'Pertur', y exmilitante de ETA-pm, sitúa la ruptura de Yoyes en el momento del desembarco de los llamados 'berezis' (los comandos especiales liderados por Francisco Mujika Garmendia, 'Pakito') en la cúpula de ETA militar. “La llegada de los 'berezis' no le dan la posibilidad de hacer ni lo más mínimo de lo que ella quisiera. Ahí es donde ella rompe y dice 'hasta aquí'”, rememora en declaraciones a EFE. Auzmendi apunta a que 'Pakito', que era de Ordizia, conocía bien a Yoyes y “no la perdonó”.

Marcha a México

Tras intentos infructuosos por marchar a Cuba, 'Yoyes' se instala a principios de enero de 1980 en México, donde pasa cinco años en los que culmina sus estudios de Sociología y da a luz a su hijo Arkaitz, una de las grandes motivaciones que abonaron su sueño de volver a Euskadi. Toda esta peripecia vital está documentada en el libro 'Yoyes, desde su ventana', que su familia editó un año después del asesinato y que recoge sus diarios.

ETA ocultó la ruptura de 'Yoyes', mientras que su nombre se mitificaba entre su propia militancia. “Parece que los últimos no quieren aceptarlo, como si fuera un marido al que la mujer ha dejado pero que, mientras no todo el mundo lo sabe, mantiene la esperanza de que ella vuelva”, escribió en agosto de 1984. Auzmendi recuerda que el papel de la mujer en ETA en aquellos años 70 “no era el que cabría pensar en una organización que se llama revolucionaria”. “Tenían que estar criando hijos, siendo el reposo del guerrero. Éramos propiedad de los hombres, literalmente”, explica. Pero 'Yoyes' rompió moldes al alcanzar “la vanguardia” de ETA.

Tras el nacimiento de su hijo Arkaitz en 1982, 'Yoyes' comienza a preparar su regreso, pero es consciente del riesgo y deja escrito varias veces que sabe que puede ser asesinada. Después de algunas gestiones con personas que conoció en México y que formaban parte del Gobierno de Felipe González, vuelve en 1985 a Euskadi, pero no acogida a las medidas de reinserción, como se dijo entonces, sino porque no existía causa alguna contra ella en España y podía beneficiarse de la amnistía de 1977.

Su asesinato significó un terrible impacto social. Kepa Korta, quien un año después se convertiría en alcalde de Ordizia por Euskadiko Ezkerra, integró una plataforma de protesta que logró reunir 8.000 firmas para sustentar un manifiesto de rechazo, 1.500 de ellas de vecinos de la propia localidad. “Hubo un antes y un después en la contestación contra ETA. Luego pegó otro salto con Miguel Ángel Blanco”, sostiene Korta en conversación con EFE, en la que recuerda que recogieron las firmas en las fábricas, en los comités de empresas y en todos los ámbitos de la localidad.

A su juicio, la reacción social al asesinato de Yoyes fue un precedente de movimientos masivos posteriores contra la violencia, de cuyo calado no fueron conscientes entonces, pero que “hacían mucho daño a ETA”. Recuerda también que José Miguel Latasa Getaria, otro vecino de Ordizia, el miembro de ETA que identificó a Yoyes para que Kubati la asesinara, fue víctima de su mismo crimen. Al dejar ETA, aparecieron en el pueblo pintadas que le tildaban de “traidor” y le amenazaban de muerte.

“Una mujer valiente”

Las que aparecieron contra Yoyes se pudieron ver al poco de su regreso a Euskadi, después de que un medio de comunicación desvelara su retorno. “Es como si todos se hubieran puesto de acuerdo para matarme”, escribió en su diario. En noviembre de 1985 Yoyes rechaza las acusaciones de colaboracionismo que se vierten contra ella —nunca se arrepintió de sus actos ni colaboró con la Justicia— y escribe en su diario: “¿Cómo voy a apoyar a un HB [Herri Batasuna] convertido en payaso del militarismo de corte fascista? ¿Cómo me voy a identificar con dirigentes que lo único que saben hacer es aplaudir los atentados de ETA y pedir más muertos?”.

Diez meses después se cumplieron sus oscuros vaticinios y fue asesinada por ETA. HB no condenó nunca el atentado. “Fue una mujer valiente, que sabiendo que la podían matar y que era muy probable que la mataran, no quiso doblegarse, dijo 'yo quiero hacer mi vida' y la mataron”, rememora Auzmendi.

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado al preso de ETA Henri Parot, condenado por el asesinato de 39 personas. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha denunciado la concesión de un tercer grado que ha tachado de “fraudulento” a Henri Parot, “uno de los asesinos más sanguinarios de ETA”. En un comunicado recogido por Europa Press, la presidenta, Consuelo Ordóñez, ha calificado de “inaceptable” que el Ejecutivo vasco “conceda la semilibertad a un terrorista condenado por el asesinato de 39 personas sin que haya mostrado un arrepentimiento real, público y verificable”.

Tras recordar que entre los crímenes de Parot está “la matanza de la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, en la que fueron asesinadas once personas, entre ellas cinco niños, y otras 88 resultaron heridas” y acumuló “condenas cercanas a los 4.800 años de prisión por asesinatos, asesinatos en grado de tentativa, lesiones, estragos, detenciones ilegales, depósito de armas y explosivos y pertenencia a banda terrorista, entre otros delitos”, ha subrayado que es “inaceptable” que ahora este preso de ETA vea “flexibilizada su condena por el Gobierno vasco mediante un tercer grado basado nuevamente en escritos privados y en formulaciones genéricas contra la violencia”.

“Henri Parot no ha mostrado públicamente un arrepentimiento sincero por sus crímenes ni ha realizado una ruptura clara, inequívoca y verificable con ETA y con el entorno político y social que justificó y legitimó sus asesinatos”, ha denunciado. Ordóñez ha incidido en la progresión al tercer grado de Parot confirma “que el Ejecutivo autonómico continúa avanzando en su política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA, una amnistía encubierta”.

“No estamos ante una verdadera política de reinserción, sino ante una política penitenciaria puesta al servicio de la izquierda abertzale y de su objetivo histórico de vaciar las cárceles de presos de ETA sin exigirles arrepentimiento”, ha lamentado, para añadir que “es una consecuencia más del final negociado de ETA que las víctimas padecemos desde el año 2011”.

Permiso en 2025

Parot, que ingresó en prisión en 1990 y cumple una condena acumulada de 40 años, ya salió de permiso penitenciario en 2025. Lo avaló el juez de vigilancia de la Audiencia Nacional, que tuvo en cuenta una misiva en la que nombraba a sus asesinados y admite que el daño “nunca hubiese tenido que ocurrir”, según recogió entonces Efe. Enumeraba con nombres y apellidos a un total de 33 víctimas. “Creo que es necesario reconocer el sufrimiento ocasionado por mi antigua pertenencia a ETA y tratar, en la medida de lo posible, repararlo”, escribió Parot entonces.

Dos días después de que Pello Salaburu (Arizkun, 1951) fuera nombrado director de la Universidad del País Vasco (EHU), dos hombres con corbata entraron en su despacho y le mostraron en una cinta de vídeo VHS con medidas de seguridad que tendría que tomar a partir de aquel momento para evitar, en la medida de lo posible, un atentado bomba. “Cada semana vivíamos una escena de violencia distinta, algunas eran más fuertes que otras, pero no había escenas débiles. Una de las menos fuertes puede ser la de la pintada que me hicieron en la biblioteca y que nadie fue capaz de borrar. Tuve que ir yo a Leroy Merlín y comprar un bote de pintura blanca. Yo mismo me puse a pintar la pared hasta que me vieron los guardas de seguridad y me preguntaron qué estaba haciendo. La violencia presente en la sociedad se trasladaba a la universidad”, explica el que fuera rector de la EHU entre los años 1996 y 2000 durante el Curso de Verano 'La violencia contra la Universidad'.

Según recuerda Salaburu, en su época como rector “muchos sectores de la Universidad” pasaron miedo por la violencia de ETA y, como lamenta, “la Universidad no fue capaz de enarbolar la bandera de la decencia”. “Para enarbolar la bandera de la decencia hay que denunciar ciertas cosas. La Universidad es el sitio donde se piensa, no el sitio donde se tira la bala. Se responde con argumentos y eso la Universidad no lo cumplió, muy poca gente se atrevió a hablar con claridad”, reconoce.

Para quien fuera rectora de la Universidad pública vasca entre los años 2021 y 2025, Eva Ferreira (Barakaldo, 1963), el miedo se mostraba en las aulas a través de la autocensura. “Miguel Ángel Blanco era estudiante de Sarriko. Cuando llegué a la facultad el día que lo secuestraron me sorprendió el silencio. Cuando pregunté por qué nadie había hecho ni dicho nada me dijeron que era concejal del PP. Pusimos etiquetas para excusarnos y para no hacer nada. Miedo, autocensura, estigmatización, lo que queramos definir. También se estigmatizaba a los alumnos que llevaban escolta y muchos de ellos pasaban la mayor parte del tiempo solos. A veces porque el resto de los alumnos tenían miedo de que algo les pasara a ellos y otras porque no querían que se les viera con ellos”, detalla.

En su caso, al igual que Salaburu, también reconoce que la Universidad no estuvo a la altura en cuanto a condena del terrorismo se refiere. “Es verdad que había muchas universitarias y universitarios que estaban o estábamos frontalmente rechazando de la manera pública y privada que se podía la violencia y los actos terroristas, pero también es cierto que institucionalmente hicimos una especie de cordón enfermizo para no hablar de cuestiones políticas en las juntas. Hicimos un relato de que lo que estaba ocurriendo no era un asunto académico, sino político. La equidistancia y las excusas no estuvieron bien”, señala Ferreira, quien fuera miembro de Gesto Por la Paz.

El actual rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, recuerda que en un Curso de Verano en el año 1990 sobre nacionalismos emergentes públicamente dijo que ETA tenía que seguir el ejemplo de Terra Lliure, dejar las armas y abandonar la lucha armada. “Al igual que yo un colectivo de profesores que escribíamos habitualmente condenando todas las vulneraciones de derechos humanos nos hemos pronunciado sobre ello”, confiesa.

A pesar de ello, insiste en que el Curso de Verano está centrado en “la violencia de corte político contra la Universidad” y, por tanto, en su opinión esto abarcaría tanto la violencia de ETA como la respuesta de la violencia por parte del Estado. “Ejerce la violencia quien coloca una bomba lapa como quien tortura o quien decide no investigar las denuncias de tortura. No creo que estemos en un ámbito que paso del negro al blanco. Hay muchas zonas de penumbra y de gris y la Universidad debe mantener siempre el enfoque crítico y metodológicamente riguroso. Las universidades deben ser espacios de libertad y crítica”, en este sentido, el actual rector ha nombrado la violencia de la extrema derecha contra la universidad española en la Transición y la represión franquista en el ámbito académico, para después centrarse en la violencia de ETA.

“Vivimos y padecimos los años de plomo y luego sufrimos la estrategia de amedrentamiento. ETA aplicó la estrategia para silenciar a las personas críticas con ella, tanto en la sociedad como en la Universidad. ETA no consiguió su objetivo y no solo por el hecho de que no contara con las herramientas del Estado en el uso de la fuerza y la Justicia penal, venció la resiliencia democrática de nuestra sociedad. La EHU también fue un espacio de resistencia que contribuyó a deslegitimar la violencia de ETA, las extorsiones, los secuestros, los asesinatos, pero también los abusos y vulneraciones que cometió el Estado en su lucha contra ETA”, destaca Bengoetxea.

Sobre episodios de violencia en la Universidad en la actualidad, décadas después de que la banda terrorista entregara las armas, Ferreira recuerda el episodio que tuvo lugar en 2021 en el que un alumno de 21 años irrumpió a disparos con una escopeta en la Facultad de Ciencia y Tecnología en Bizkaia. “En aquel caso hubo una condena unánime sin ningún tipo de disenso. Fue un ataque contra los bienes públicos, porque no hubo personas heridas, pero hubo miedo. Sin embargo, otros actos no han tenido el mismo grado de condena. Seguimos pensando que dependiendo de quién está detrás del acto es más o menos condenable y a mí me parece que como academia debemos condenar la violencia venga de donde venga”, apunta.

En este sentido, Bengoetxea ha recalcado que, “ETA ya no existe”, aunque en la actualidad se siguen produciendo “actos que ponen en riesgo la convivencia y la seguridad de las personas”. “Botes de humo, pintadas amenazantes contra miembros de la comunidad universitaria o que dañan el patrimonio universitario, actos intimidatorios que vienen ocurriendo desde hace años... Hay quien los considera violencia de baja intensidad, quien los considera endémicos o esporádicos. Lo cierto es que se han producido con todos los rectorados. Los condenamos, nos preocupan y nos ocupan, por eso nuestros nuevos estatutos prevén entre sus principios rectores que la Ley contribuya a la promoción de la convivencia democrática rechazando cualquier tipo de violencia. Del mismo modo, la Acción 4.2 del eje 5 de nuestro Plan Estratégico 2026-2028 pretende asegurar la convivencia universitaria basada en el diálogo, respeto, empatía y cooperación”, concluye el rector.

La 'socialización del sufrimiento' fue una supuesta estrategia puesta en marcha por ETA a mediados de los noventa del siglo XX con el objetivo de “extender el miedo y la amenaza a amplios sectores de la población para conseguir la desmovilización de las organizaciones o personas que condenaban el terrorismo”. “Esta estrategia no solamente se basó en el asesinato (durante este periodo se asesinó a 98 personas) sino también en una fuerte presión y control social, en el fenómeno de la kale borroka y en un despliegue simbólico que reivindicaba para el mundo del nacionalismo vasco radical el espacio público”.

Así lo han explicado este miércoles el doctor en Historia Contemporánea por la EHU José Antonio Pérez Pérez y la licenciada en Historia Contemporánea y doctora en Ciencias Políticas, Sara Hidalgo García de Orellán en el Curso de Verano de la EHU 'ETA y la socialización del sufrimiento. Violencia terrorista multiforme. 1995-2011'.

“Tras la caída de la cúpula de ETA en Bidart (1992) y el paso de la 'Alternativa KAS' a la 'Alternativa Democrática', la organización pasa de una táctica de desgaste a una ampliación de sus objetivos terroristas. En ese momento dejó de atentarse únicamente contra las fuerzas de seguridad o altos cargos para dirigir la violencia, acoso e intimidación hacia concejales y políticos locales, especialmente del PP, PSOE y UPN, pero también del propio PNV en sus inicios con casos como el de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez o Fernando Buesa; hacia el poder judicial e intelectuales con asesinatos y ataques contra jueces y profesores o pensadores; hacia periodistas y medios de comunicación como directores, columnistas y sedes de periódicos (como el Diario Vasco o El Correo) para condicionar la información y evitar lo que ETA consideraba ”manipulación“, y por último, hacia la Ertzaintza, a través del acoso directo a agentes de la Policía”, ha explicado Pérez Pérez en su intervención.

Según han detallado los expertos, la “idea básica era hacer que el conjunto de la sociedad soportara las consecuencias del conflicto y no únicamente las personas directamente amenazadas por ETA”. Por ello, era necesario “extender la violencia y la intimidación a distintos sectores sociales, provocar miedo e inseguridad generalizados, de manera que la ciudadanía sintiera que nadie estaba al margen del conflicto, generar presión social y política para que el Estado modificara su política antiterrorista, desplazar los costes del conflicto hacia la población, de modo que el sufrimiento y las consecuencias de la violencia fueran compartidos socialmente y, en última instancia, buscaba debilitar la resistencia social frente a ETA y favorecer un clima en el que sus objetivos políticos parecieran tener mayor aceptación”, han indicado.

Entre las consecuencias de esa 'socialización del sufrimiento', han considerado que hubo un “ataque contra el pluralismo político, la extensión del terror, una ruptura y acoso en el espacio público, pero también por otra parte, la reactivación de la movilización social, la pérdida de apoyo del terrorismo de ETA y el fortalecimiento del Estado de Derecho”. “Miles de personas (llegando a casi 1.000 escoltados simultáneos en 2002) fueron obligadas a vivir con escolta privada o policial. Todo ello produjo un choque muy duro en la convivencia social que estuvo a punto de hacer descarrilar a la sociedad vasca hacia un enfrentamiento. Sin embargo, a largo plazo, provocó una reacción social en contra (especialmente a partir del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco en 1997), lo que llevó a la pérdida progresiva de apoyos a ETA y al fortalecimiento de los movimientos ciudadanos e instituciones democráticas”, ha concluido Pérez Pérez.

El Curso de Verano en colaboración con el Instituto Vasco de la Memoria (Gogora) cuenta con el objetivo de “conocer la historia del terrorismo de ETA”, así “los mecanismos desplegados para la consecución de sus objetivos” y saber “qué fue la socialización del sufrimiento y la violencia terrorista multiforme que puso en marcha, además de la violencia de persecución y el impacto que tuvo”. Para ello, este jueves analizarán todas estas cuestiones en una segunda sesión en la que el periodista Gorka Landaburu y la diputada del PSE-EE Rafaela Romero narrarán sus experiencias personales.

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El Departamento de Justicia del Gobierno vasco ha vuelto a aplicar el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre 'Anboto', que se encuentra en la prisión de Martutene (Gipuzkoa), y a la que ya le había autorizado este mismo año este régimen, pero su aplicación fue rechazada posteriormente por la Audiencia Nacional. Fuentes del departamento han señalado que la Junta de Tratamiento realizó una propuesta de cambio de régimen para la exdirigente de ETA y Justicia ha firmado esa concesión del artículo 100.2.

Las misma fuentes han recordado que la concesión de ese artículo del reglamento penitenciario está condicionado a un plan de ejecución para hacer actividades laborales o de voluntariado. En el caso de 'Anboto' es para realizar actividades de voluntariado, que están controladas y reguladas. La concesión del 100.2 implica salir de prisión de lunes a viernes para desarrollar esas labores y se pernocta en la cárcel, donde también se permanece durante el fin de semana, según recoge Europa Press.

Tras la aprobación esta semana de este cambio de régimen, las mismas fuentes han señalado que está previsto que se haga efectivo en los próximos días, de manera que 'Anboto' podría salir de prisión de lunes a viernes y regresaría cada día a dormir en la cárcel.

En abril de este mismo año, el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional (AN), José Luis Castro, rechazó la aplicación del régimen de semilibertad que había autorizado el Gobierno vasco. El Departamento de Justicia del Gobierno vasco había concedido en marzo la aplicación del artículo 100.2 a 'Anboto', lo que suponía que podía salir de prisión de lunes a viernes. El 23 de marzo fue el primer día que abandonó la cárcel de Martutene y el 22 de abril el último que disfrutó de ese nuevo régimen y volvió a prisión tras la decisión judicial.

De esta manera, el magistrado rechazaba la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario y acordaba que permaneciera en segundo grado de tratamiento penitenciario. En su auto, el juez recordaba la gravedad de los delitos por los que fue condenada, como diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión. Argumentaba también que las fechas de cumplimiento de las tres cuartas partes de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027, pero añadía que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

Tras la concesión de un “nuevo 100.2” a 'Anboto', desde la Asociación de Víctimas del Terroriso (AVT) se ha denunciado esa decisión y ha afirmado, por redes sociales, que “el contador baja a 32 presos en régimen ordinario sin salir de prisión” y que “ya son 123 terceros grados, 28 flexibilizaciones y 62 libertades condicionales”. “Estas son las cifras de la impunidad”, ha criticado.

Jefa militar

Soledad Iparragirre, histórica militante de ETA, vinculada con la banda terrorista desde 1981, con el comando Araba entre 1984 y 1987 y también con el comando Madrid entre 1992 y 1993, quien años más tarde huyó a Francia, fue la encargada, junto con Josu 'Ternera' de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA. Nacida en la localidad guipuzcoana de Escoriatza en 1961, se le imputan más de una docena de asesinatos. Llegó a ser la jefa militar de ETA durante una década, y suma una extensa lista de condenas y penas que suman más de 280 años de cárcel.

En el año 2020 fue sentenciada a un total de 122 años de cárcel por dar la orden y suministrar los explosivos para la bomba lapa que mató al comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo. En el 2021 aceptó una pena de 15 años de prisión por haber dado la orden de atentar contra Juan Carlos I con ocasión de su asistencia a la inauguración del Museo Guggenheim en 1997.

Una manifestación convocada por la red ciudadana de apoyo a los presos de ETA Sare ha reclamado este viernes en Bilbao, en el día grande de Aste Nagusia, que se aplique a “presos y exiliados” de ETA la legislación ordinaria para que puedan hacer “el camino a casa” y suponga “la resolución definitiva del conflicto”. La marcha ha partido a la una de la tarde de la plaza Elíptica, presidida por una sábana con el logo de Sare y una pancarta con el lema 'Etxera' ('a casa'), ambas sujetadas por representantes de distintas comparsas de Bilboko Konpartsak, federación que apoya la manifestación.

Entre música de txaranga, la marcha se ha dirigido hacia el Ayuntamiento y el recinto festivo y durante el recorrido, que ha transcurrido prácticamente en silencio, los manifestantes solo han coreado el lema 'Euskal presoak etxera' (“los presos vascos a casa”) y 'amnistia osoa' (“amnistía total”), mientras se dirigían por la Gran Vía hasta la explanada del Ayuntamiento bilbaíno. En declaraciones previas al inicio de la manifestación, la portavoz de Sare Bego Atxa ha afirmado que quieren y “anhelan con ímpetu” que esta sea “la última manifestación”, toda vez que pueda implicar que se avanza “en cuanto a la excepcionalidad legislativa” que se aplica a los presos de ETA, según recoge Europa Press.

“Pedimos que se les aplique la legislación ordinaria y que, en base a esa legislación ordinaria puedan hacer el camino a casa”, ha trasladado, para añadir que, con idéntico objetivo a la marcha de este viernes en la capital vizcaína, han convocado una nueva manifestación el 9 de enero de 2027, “también con el deseo de que sea la última”.

Al término de la marcha, ante el Consistorio de la capital vizcaína, la propia portavoz Bego Atxa ha dado lectura a un comunicado en el que ha recordado que “todavía existen situaciones sin resolver” y que “mirar al pasado es necesario, sí, pero no para quedarnos atrapados en él, sino para aprender, resolver lo que sigue pendiente y ser capaces de avanzar”.

Tras afirmar que “no podemos conformarnos con lo conseguido porque, a día de hoy son todavía 23 los presos y presas vizcaínas que no pisan la calle en su día a día”, ha dicho que “avanzar no significa haber llegado” y que, “cuando una solución es posible, prolongar innecesariamente los problemas pendientes no ayuda a nadie”. “No podemos hablar de una solución integral dejando situaciones sin resolver durante décadas”, ha agregado, para subrayar ante los concentrados que “hay personas que llevan demasiado tiempo esperando una solución, y creemos que existen vías para encontrarla desde el diálogo, la legalidad y el respeto a los derechos humanos”.

Según ha apuntado, “deberíamos ser capaces de ”compartir algo fundamental, que alargar el sufrimiento no construye convivencia pero resolver los problemas pendientes, sí“. En este punto, Atxa ha afirmado que ”dar pasos hacia una solución no significa borrar lo ocurrido, ni olvidar, ni pedir a nadie que renuncie a su memoria“.

Tras subrayar seguidamente que “los avances de estos últimos años no han llegado solos y los pasos que faltan tampoco llegarán simplemente porque pase el tiempo”, ha apuntado que “hace falta voluntad, compromiso y una sociedad que deje claro que quiere avanzar”. Por último, y respecto a la manifestación convocada el 9 de enero, ha llamado a “llenar Bilbao” y hacerlo desde la pluralidad, sensibilidades diferentes y desde personas que quizá no compartimos el mismo análisis sobre lo ocurrido, pero que sí podemos compartir una convicción: ha llegado el momento de dar pasos, solucionar y avanzar“. ”Cerrar definitivamente esta etapa no pertenece a una única sensibilidad política y es una oportunidad para el conjunto de la sociedad vasca“, ha proclamado.

Tras concluir la manifestación, incluida en la celebración del “Etxera Eguna de Bizkaia”, organizado por Sare junto a Bilboko Konpartsak, se ha celebrado una comida popular en las txosnas. Por la tarde, está programado un concierto sorpresa a partir de las 17:00 horas en la txosna de la comparsa Kaskagorri, que correrá a cargo de Fermin Muguruza y su banda.

L'Ajuntament de Calvià (Mallorca) ha retut homenatge aquest dijous als guàrdies civils Diego Salvà Lezaun i Carlos Sáenz de Tejada, assassinats per ETA fa 17 anys a Palmanova en el que va ser el darrer atemptat mortal comès per l'organització terrorista a Espanya. L'acte s'ha celebrat al costat del nou monument commemoratiu instal·lat a la localitat mallorquina.

La cerimònia ha estat marcada per les paraules de Montse Lezaun, mare de Diego Salvà, que ha assegurat que “cap mare hauria de sobreviure al seu fill” i ha defensat que els terroristes “no han pogut esborrar en Diego ni en Carlos”. També ha afirmat que continuarà assistint a aquest homenatge mentre tingui forces i fins que tots els responsables de l'atemptat responguin davant la Justícia.

Abans de l'inici de l'acte, els assistents han dipositat rams de flors al costat del monument, una escultura dissenyada i cedida per l'artista calvianer Carlos Terroba. La peça, de 110 centímetres d'alçada i uns 207 quilos de pes, incorpora un sistema d'il·luminació interior en tons verds que evoca l'uniforme de la Guàrdia Civil i pretén convertir l'espai en un lloc de record i de recolliment.

Durant la seva intervenció, el batle de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha subratllat que l'homenatge no només serveix per recordar els dos agents, sinó també per reclamar que no s'afluixi “ni un àpex” en la recerca, captura i càstig dels responsables de l'atemptat. Així mateix, ha agraït la tasca que du a terme la Guàrdia Civil tant al municipi com al conjunt del país i n'ha destacat la intervenció en els recents incendis forestals.

A l'acte hi han assistit, entre altres autoritats, el president del Parlament, Gabriel Le Senne; el delegat del Govern a Balears, Alfonso Rodríguez; el cap de la Guàrdia Civil a les Illes Balears, el general de Brigada Alejandro Hernández; familiars de les víctimes, i representants de diverses institucions, cossos de seguretat i entitats de la societat civil.

El 30 de juliol de 2009, ETA va fer esclatar un cotxe bomba carregat amb uns 60 quilos d'explosius davant el quarter de la Guàrdia Civil de Palmanova. L'explosió va causar la mort de Diego Salvà, de 27 anys, i Carlos Sáenz de Tejada, de 28, i va deixar diversos ferits.

El crim de Palmanova va ser el darrer assassinat perpetrat per ETA a Espanya. El 16 de març de 2010, la banda va matar a Dammarie-lès-Lys (França) el brigadier de la Policia francesa Jean-Serge Nérin durant un tiroteig després del robatori d'uns vehicles. El 2011, l'organització va anunciar el cessament definitiu de la seva activitat armada i, anys més tard, la seva dissolució.

La presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, també ha recordat els dos guàrdies civils a través d'un missatge a les xarxes socials. “Tal dia com avui, fa 17 anys, Diego Salvà i Carlos Sáenz de Tejada van ser assassinats per ETA a Palmanova. Continuen presents en la nostra memòria, i el seu record ens manté ferms en la defensa de la democràcia, la concòrdia i el diàleg. La meva abraçada més sentida als seus”, ha escrit.

Des de la Conselleria de Presidència, Coordinació i Cooperació, la responsable de la qual, Antònia Estarellas, ha estat present a l'acte d'homenatge, també han dedicat unes paraules en record dels qui “van perdre la vida a mans del terrorisme”. “Avui els hem recordat amb emoció i respecte, en homenatge a la seva valentia i al seu llegat. El seu record continua ben viu. Tot el nostre respecte a les seves famílies i companys”, han assenyalat.

El Ayuntamiento de Calvià (Mallorca) ha rendido homenaje este jueves a los guardias civiles Diego Salvá Lezaun y Carlos Sáenz de Tejada, asesinados por ETA hace 17 años en Palmanova en el que fue el último atentado mortal cometido por la organización terrorista. El acto se ha celebrado junto al nuevo monumento conmemorativo instalado en la localidad mallorquina.

La ceremonia ha estado marcada por las palabras de Montse Lezaun, madre de Diego Salvá, quien ha manifestado que “ninguna madre debería sobrevivir a su hijo” y ha defendido que los terroristas “no han podido borrar a Diego ni a Carlos”. También ha afirmado que continuará asistiendo a este homenaje mientras tenga fuerzas y hasta que todos los responsables del atentado respondan ante la Justicia.

Antes del inicio del acto, los asistentes han depositado ramos de flores junto al monumento, una escultura diseñada y cedida por el artista calvianer Carlos Terroba. La pieza, de 110 centímetros de altura y unos 207 kilos de peso, incorpora un sistema de iluminación interior en tonos verdes que evoca el uniforme de la Guardia Civil y pretende convertir el espacio en un lugar de recuerdo y recogimiento.

Durante su intervención, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha subrayado que el homenaje no solo sirve para recordar a los dos agentes, sino también para reclamar que no se afloje “ni un ápice” en la búsqueda, captura y castigo de los responsables del atentado. Asimismo, ha agradecido la labor que desempeña la Guardia Civil tanto en el municipio como en el conjunto del país y destacó su intervención en los recientes incendios forestales.

Al acto asistieron, entre otras autoridades, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; el delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez; el jefe de la Guardia Civil en el archipiélago, el general de Brigada Alejandro Hernández, familiares de las víctimas y representantes de distintas instituciones, cuerpos de seguridad y entidades de la sociedad civil.

El 30 de julio de 2009, ETA hizo estallar un coche bomba cargado con unos 60 kilos de explosivos frente al cuartel de la Guardia Civil de Palmanova. La explosión causó la muerte de Diego Salvá, de 27 años, y Sáenz de Tejada, de 28, y dejó varios heridos.

El crimen de Palmanova fue el último asesinato perpetrado por ETA en España. El 16 de marzo de 2010, la banda mató en Dammarie-lès-Lys (Francia) al brigadier de la Policía francesa Jean-Serge Nérin durante un tiroteo tras el robo de unos vehículos. En 2011, la organización anunció el cese definitivo de su actividad armada y, años más tarde, su disolución.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, también ha recordado a los dos guardias civiles a través de un mensaje en sus redes sociales. “Tal día como hoy, hace 17 años, Diego Salvà y Carlos Sáenz de Tejada fueron asesinados por ETA en Palmanova. Siguen presentes en nuestra memoria, y su recuerdo nos mantiene firmes en la defensa de la democracia, la concordia y el diálogo. Mi abrazo más sentido a los suyos”, ha escrito.

Desde la Conselleria de Presidencia, Coordinación y Cooperación, cuya responsable, Antònia Estarellas, ha estado presente en el acto de homenaje, también han dedicado unas palabras en recuerdo de quienes “perdieron la vida a manos del terrorismo”. “Hoy les hemos recordado con emoción y respeto, en homenaje a su valentía y a su legado. Su recuerdo continúa bien vivo. Todo nuestro respeto a sus familias y compañeros”.

La RAE llama nostalgia a la pena de verse ausente de la patria, de deudos o de amigos. También ofrece una segunda interpretación que es la que mejor se acerca a la idea que pretendo transmitir: “tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida”. Tristeza, melancolía, dicha perdida…, todo parece remitir a un pasado del que se desea irremediablemente su retorno. Un tiempo anterior, olvidado en sus defectos y mitificado en sus virtudes. Así debían recordarlo ciertos energúmenos que han originado los sucesos lamentables en el pre y pospartido de la final del Mundial de fútbol ganado por la selección española.

Diversos altercados, protagonizados por una minoría de violentos, empeñados en imponer una única versión de forma de vida, han oscurecido lo que pretendía ser una fiesta deportiva. Bilbao, Vitoria, Donostia o Berriozar han adquirido protagonismo al ver cómo sus calles eran nuevamente objeto de disturbios brutales, de agresiones hacia personas que por su indumentaria o su ubicación frente a una pantalla pública mostraban intereses distintos a los de los manifestantes.

El objetivo de los agresores estaba claro, excluir de estos lugares cualquier atisbo de identificación con unos colores odiados desde su más tierna infancia, eliminar de la vía pública toda referencia a la simbología española, amedrentar a quien hubiera decidido mostrar interés por disfrutar de una noche de espectáculo futbolístico.

Con estos comportamientos reproducían imágenes de triste recuerdo para cualquier vasco con más de tres décadas de vida. La imposición por la fuerza, el desprecio en sus cánticos, el matonismo en sus gestos, todo nos obliga a volver la vista atrás, a esos años que creíamos olvidados de forma definitiva. No lo pueden permitir; la calle siempre deberá ser suya, sus proclamas, las únicas permitidas. Son incapaces de entender un presente que no les satisface y buscan un futuro inalcanzable. Son nostálgicos de un pasado al que se niegan a renunciar, en la confianza de que su violencia y forma de ver el mundo sea la que acabe imponiéndose.

Sin embargo, no han entendido que la sociedad vasca, al margen de los sentimientos identitarios de cada cual, hace tiempo que decidió girar hacia otro lado; hace años que —aunque sin demasiada autocrítica— confió en seguir avanzando en democracia, en el diálogo, en la confrontación pacífica de ideas. Y, para ello, desterró la violencia como método de persuasión, la imposición como mecánica política. Cada vez aparecen más personas dispuestas a frenar este tipo de actuaciones agresivas, aunque tenga que ser con un abanico como arma defensiva. Cada vez hay más clamor para criticar abiertamente a quien se arma de violencia. Cada vez el rechazo hacia estos nostálgicos es más visible.

Raúl Guerra Garrido, novelista que sufrió el rechazo violento del nacionalismo vasco radical, recordado recientemente en una exposición del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo titulada 'Narrar la herida. Las víctimas de ETA en la Literatura', valoraba seguir siendo uno mismo, aunque fuese lo más peligroso. Eran otros tiempos, donde el heroísmo de unos/as pocos/as en su enfrentamiento con el terror etarra produjo consecuencias letales que sirvieron para anestesiar durante muchas décadas a toda una sociedad como la vasca. Resistir era una temeridad, sólo al alcance de quienes pusieron sus ideales por delante de sus propias vidas. Ahora no se trata de resistir, sino de convencer con argumentos democráticos; se trata de demostrar que una convivencia en paz sólo se logra desde el respeto máximo a ideologías y creencias y no desde la imposición.

A ese mundo desquiciado, de silencios cómplices y miedos exacerbados, pretenden llevarnos unos indeseables nostálgicos, exultantes de violencia y raquíticos de razón. Habrá que decirles alto y claro que ese no es el camino para exponer sus razonamientos y que el convencimiento viene de la razón y no de la coacción. Y por si aún no bastasen tales argumentos, explicarles que la anomalía que rodeaba a Bill Murray, obligado un día tras otro a realizar los mismos actos, en la película 'Atrapado en el tiempo', fue consecuencia de una tormenta de nieve, de un extraño fenómeno meteorológico y no de un premeditado plan identitario para salvarnos a todos/as.

También lo deja perfectamente nítido Jeanne Moreau, la inolvidable Catherine objeto de disputa de 'Jules et Jim', de F. Truffaut: “La nostalgia es cuando deseas que las cosas permanezcan siempre igual”. Ni los deseos son axiomas indemostrables, ni Euskadi sigue en los años del plomo.

El juez de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), José Luis Castro, ha revocado la concesión por parte de las Prisiones vascas, gestionadas por el Gobierno autonómico, de la semilibertad a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Oskar Zelarain. En ambos casos, las resoluciones del 16 de julio atienden los recursos de la Fiscalía y estiman que es prematuro un salto a tercer grado cuando aún no se han comprobado los efectos de la flexibilización del segundo grado en aplicación del ya popular artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

El Gobierno vasco, que ahora no hace comentarios y que siempre se ha escudado en que opera dentro de la legalidad penitenciaria, concedió a Olarra Guridi el tercer grado en mayo. Está condenado por delitos de “asesinato, homicidio y estragos” y su condena efectiva no expira hasta 2036. Según la asociación de víctimas Covite, este exjefe de ETA acumulaba una pena de 2007 a 1.253 años por un atentado con seis militares fallecidos en Madrid y otra de 1.000 años por una explosión con 95 heridos.

La resolución judicial concede que “se observa una evolución positiva del penado”, aunque “no resulta por sí sola suficiente” en casos de “delitos de terrorismo de extrema gravedad”. El juez Castro pide que se “consoliden” en los “factores positivos” que se aprecian con los permisos del 100.2 antes de concederle la progresión de grado hacia la semilibertad.

En el caso de Oskar Celarain, el acuerdo del tercer grado ahora revocado es de junio. Acumula siete penas diferentes de prisión que alcanzan los 964 años y tres meses, 30 de cumplimiento efectivo. Asesinó al concejal de UPN en Leitza José Javier Múgica, y en Santa Pola, a la niña de seis años Silvia Martínez y al jubilado Cecilio Gallego en el contexto de un atentado contra la Guardia Civil. Está condenado también por 51 intentos de asesinato adicionales por estos mismos hechos.

La fecha de licenciamiento prevista es 2032. Sobre él pesan responsabilidades civiles que suman 13,6 millones de euros. Empezó a afrontarlas en 2024, a razón de 40 euros mensuales, 960 en el momento de la concesión de la semilibertad. Las Prisiones vascas consideraron que ha hecho una “asunción correcta de la normativa institucional” y un “buen uso” de los permisos que ya ha tenido. Dispone de una oferta laboral en Hernani e incluso ha escrito una carta asumiendo su responsabilidad. La misiva es de 2022.

“He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mi actividad en ETA y he llegado a la conclusión de que la violencia no tuvo que producirse en ningún caso”, relata en castellano y a mano, citando por su nombre a las tres víctimas acreditadas. “Tengo que asumir personalmente la responsabilidad de estas pérdidas. Siento y lamento lo ocurrido y, en este sentido, quiero expresar todo mi respeto y comprensión para con el dolor de los familiares de las víctimas. Quiero mostrar aquí mi compromiso para dar los pasos necesarios en el sentido de mitigar el daño ocasionado y avanzar en la convivencia”, agrega. El preso ha mantenido también “interacción directa” con víctimas de ETA dentro de los programas de justicia restaurativa.

La Fiscalía recurrió al entender que no se había acreditado la eficacia de la flexibilización del segundo grado. En un período de “tres o cuatro meses” no es posible ver la “evolución” del penado y ha de imperar un criterio de “prudencia” por la gravedad de sus delitos.