Este jueves, 23 de julio, se cumplen cincuenta años de la desaparición del dirigente de ETA político-militar Eduardo Moreno Bergareche, más conocido como 'Pertur'. No hay certezas todavía de la autoría de su muerte, aunque el entorno de 'Pertur' tiene fundadas sospechas de que fue la propia organización, como traslada quien fuera su novia en 1976, Lourdes Auzmendi. Aún hoy, sigue clamando justicia medio siglo después. “Asesinar, en este país, ha salido muy, muy barato para la inmensa mayoría de la gente”, sentencia sobre Francisco Mujika Garmendia, alias 'Pakito' y una de las últimas personas en verlo. Por el contrario, un informe hecho público coincidiendo con el aniversario por el denominado Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (conocido por las siglas GEB) ofrece la “conclusión unívoca” de que “sólo los servicios secretos [de España] tenían la capacidad de organizar con tanta eficacia y precisión” la desaparición.

El caso de 'Pertur' es un hecho trascendental para entender la evolución de ETA en la transición de la dictadura al franquismo. La organización nació en 1959 y en 1974 se escindió. Por un lado, la rama militar, la que duró hasta su disolución en 2018; por otro lado, la político-militar, la que más estructura tenía a la muerte del dictador Francisco Franco.

Moreno Bergareche, más marxista e incluso revolucionario que nacionalista vasco, ejercía de ideólogo y trabajaba en una ponencia llamada 'Otsagabia' que pretendía ir relegando la “lucha armada” para apostar por las vías exclusivamente políticas. Es el germen del partido EIA (Euskal Iraultzarako Alderdia), de la posterior EE (Euskadiko Ezkerra) y de la entrega de armas por parte de los conocidos como 'polimilis' en 1982. EE acabó fusionada con la federación vasca del PSOE, que sigue llamándose PSE-EE y que continúa empleando en las reuniones de su comité nacional el término Biltzar Ttipia, como se ha visto esta misma semana.

“A Eduardo lo conocí en 1974. Siempre fue una persona muy vital, muy alegre. Amigo de sus amigos. Leal. Y con muchas inquietudes intelectuales y políticas. Era un gran lector. Desde muy niño pudo escuchar conversaciones políticas, incluso del propio Pío Baroja en casa de su tía. Se había criado en ese ambiente. Y entró en ETA. Lo hizo en 1972”, explica Auzmendi, que atiende a este periódico durante más de una hora para destripar las últimas horas de 'Pertur', que tenía apenas 26 años en 1976. Según Auzmendi, también militante de aquella ETA, Moreno Bergareche se sentía “cómodo” en el “frente político”. Una de sus “pasiones” era la formación ideológica de quienes entraban a la organización, primero en Donostia, de donde era natural, y después en Francia, donde se exilió. Su mote, 'Pertur', no era un nombre de guerra, sino un apelativo cariñoso del dueño de un bar de Moreno Bergareche hacía pequeños sainetes. 'Pertur', de perturbado.

—Evidentemente, ocurrió lo que ocurrió en 1976. Pero tampoco hay que blanquear a aquella ETA, ¿no?

—Simplemente digo lo que hay sin intentar blanquear en absoluto. Es la historia de ETA y hay que situarlo en un contexto. ¿Qué otras alternativas nos dejaba el franquismo para combatirlo? Es verdad que hubo mucha gente que lo combatió y que trabajó muy duro sin entrar en una organización armada. Eso es así. Pero creo que no se puede equiparar toda la historia de ETA como muchas veces pasa. Hay condicionantes. ¿Por qué nos adheríamos a ese movimiento? Porque la situación era terrible.

En 1975, ETA político-militar sufrió un fuerte golpe policial. El infiltrado Mikel Lejarza, conocido como 'El Lobo', permitió la detención de más de un centenar de sus miembros. “Supuso un palo terrible para la organización”, concede Auzmendi. Y añade que, entre quienes se quedaron, había muchos que “perfectamente” podían haber sido de ETA militar porque no entendían la necesidad de “trabajar en el ámbito cultural, estudiantil o en el mundo obrero”. “Esa gente terminó creando una estructura absolutamente paralela dentro de ETA político-militar, los 'bereziak' [comandos especiales]. Lo único que les interesaba era la práctica de la violencia. Es lo que demostraron con el secuestro de Ángel Berazadi”, expone.

Explica Covite en su diccionario biográfico de todas las víctimas de ETA que Berazadi, euskaldun de 58 años y gerente de la empresa Sigma de Elgoibar, la de las máquinas de coser, “fue secuestrado la tarde del 18 de marzo de 1976 a la salida de su empresa”. “A cambio de su liberación, la banda terrorista pidió un rescate de 200 millones de pesetas. Berazadi fue retenido durante veinte días en el caserío Ipiola, en Itziar, por los comandos 'bereziak' de ETA político-militar [...]. Pese a los intentos de la familia por pagar a cambio de la liberación del industrial con la ayuda del PNV, partido al que Berazadi era muy cercano, no llegaron a conseguir la cantidad exigida por ETA y el 8 de abril de 1976, tras veinte días de cautiverio, el cadáver de Berazadi apareció en una cuneta [...] boca arriba, con los ojos cubiertos por unas gafas de soldador y un tiro en la nuca”, relata Covite. Fue el primer secuestro que acababa así en la historia de ETA.

En ese tiempo, 'Pertur' ya trabajaba en su ponencia política. “Muerto Franco, empieza a trabajar en su cabeza la idea de que, cuando se produjese el cambio en España, había que estar preparados y que ETA político-militar tenía que ser parte activa de la lucha para recuperar la democracia y las libertades. Entendía que eso no se podía hacer, desde luego, utilizando simplemente la vía armada. Tenía mucha inquietud con ese tema. Mantuvo contactos con buena parte de representantes de la sociedad vasca, con movimientos culturales o estudiantiles, por ejemplo. Con los gérmenes de los sindicatos también. Y se pone a escribir”, expone Auzmendi.

Después del asesinato de Berazadi, ETA político-militar celebró una “preasamblea”. Era abril de 1976. Juan Carlos I ya era jefe del Estado pero Adolfo Suárez aún no era presidente del Gobierno. En Vitoria, la represión se cobró la vida de cinco trabajadores en el barrio de Zaramaga el 3 de marzo. Antes de esa reunión, que tuvo lugar en Iparralde, sus propios compañeros de organización retuvieron a 'Pertur' durante “dos días en un armario”. Una militante 'legal' (no fichada por la Policía) trasladó a Auzmendi, quien no acudió en aquel encuentro, que se preguntó por Moreno Bergareche a la dirección. “Lo tenemos nosotros”, contestaron. Se llegó a votar si lo soltaban o no, y “por 33 votos a 30”, siempre según Auzmendi, decidieron incorporarlo a la asamblea.

—¿Fue un aviso?

—Sin ninguna duda. Lo que no hicieron entonces lo terminaron haciendo el 23 de julio.

Auzmendi, unos doce días antes de la desaparición, recibió una carta de su pareja. “Esos bestias han creado un clima tal en la organización que ETA no es un colectivo revolucionario, sino un Estado-policía, donde cada uno sospecha del vecino y éste del otro. Este clima influye no a todos por igual (existen auténticos histéricos que no ven sino conspiraciones por todos lados). En ese sentido, te digo que no estoy bien, en el sentido de que he de zafarme de la mentira, etc. De esta dinámica que tiende a eliminar rivales políticos, no por medio del debate político, sino a través de sucias maniobras en nombre de la disciplina, la seguridad, etc”, planteaba.

El 23 de julio era viernes. La desaparición incluye un Renault 5 azul de tres puertas. Al parecer, 'Pertur' salió de su casa en San Juan de Luz hacia las 9.00 horas. Y, sobre las 10.00 horas, se encontró fortuitamente con 'Pakito' y con 'Apala', Miguel Ángel Apalategi. Supuestamente, quiso ir a Behobia y a ellos les venía bien, porque iban a Hendaya. Supuestamente, a las 11.30 horas lo dejaron cerca de la frontera hispanofrancesa.

Al día siguiente, según recoge el historiador Gaizka Fernández Soldevilla, del Memorial de Víctimas del Terrorismo del Gobierno de España, con sede en Vitoria, la organización convocó una rueda de prensa: “Podemos afirmar con plena seguridad que Pertur ha sido secuestrado por terroristas al servicio de la Policía española en territorio francés”. Su entorno, entretanto, denunció la desaparición a la Policía francesa. Fernández Soldevilla apunta a que las hipótesis comenzaron pronto, incluidas diferentes reivindicaciones de grupos parapoliciales ultraderechistas. Se llegó a hablar hasta de neofascistas italianos. Hubo teorías que llegaron a señalar al PNV, partido próximo a Berazadi, siempre según este investigador. En el entretanto, emergen dos supuestos testigos, uno apodado 'Trotski'.

Pero las pesquisas no condujeron a nada. Tampoco la investigación reabierta en 2008 en la Audiencia Nacional por el juez Fernando Andréu. 'Pakito', de su lado, saltó a ETA militar, donde acabó como una de sus máximas referencias. Se le imputan 22 atentados que causaron 37 fallecidos. El terrorista llegó a recibir una pena de 2.354 años teóricos de cárcel por el atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, de 1987, que dejó once asesinados -seis de ellos niños- y 88 heridos.

Adelantemos diez años el calendario para ofrecer, como contexto, otro suceso clave en la historia de ETA. En 1986, Dolores González Catarain, conocida como 'Yoyes', también escribió una carta, como 'Pertur' una década antes. “No quiero actuar en apoyo de una lucha que ha degenerado en algo terrible, dictatorial y mítico, contrario a mis valores y sentires más profundos y constantes en mi trayectoria”, plasmó sobre la única ETA que seguía activa, la militar. 'Yoyes' era de Ordizia, como 'Pakito'.

Y fue ejecutada a plena luz del día en una feria en presencia de su hijo, un niño que estaba montado en un tractor. “Años después, en 1991, 'Kubati' [José Antonio López Ruiz] relató al juez que se acercó a María Dolores y le preguntó: ‘¿Tú eres Yoyes?’. Ella respondió afirmativamente y él, pistola en mano, le dijo: ‘¿Sabes quién soy yo? Soy de ETA y vengo a ejecutarte’”, expone Covite sobre este crimen.

—Es un episodio casi mimético.

—Yo conocía también a 'Yoyes'. Estuve con ella en San Sebastián muy poco antes de que la asesinaran. Sabía en su fuero interno que la estaban buscando. Sabía que le podía pasar cualquier cosa. Tenía pendiente con ella una conversación. Necesitaba preguntarle si ella en ETA militar alguna vez había oído algo de 'Pertur'.

Volviendo a 1976, en septiembre, dos meses después de la desaparición de 'Pertur', se celebró la asamblea que discutió la ponencia 'Otsagabia' en la que trabajaba 'Pertur'. “Se dijeron barbaridades. Verdaderas barbaridades. Como que estaba bien muerto. Delante de todo el mundo. Delante de mí. Abandoné la sala. No lo soportaba”, rememora Auzmendi. Con ella salieron dos dirigentes de ETA militar, Domingo Iturbe Abasolo, 'Txomin', y José Miguel Beñarán, 'Argala', que acabó asesinado por el Batallón Vasco Español. Estaban allí como observadores, como invitados.

—Habló con ellos.

—Sí, estando ya fuera, se me acercó 'Txomin'. Y me dijo: 'No tenemos ninguna duda de que fueron ellos los que lo hicieron desaparecer'.

Cuenta Auzmendi que otro testigo escuchó a 'Apala' decir en su estancia como huido en países del Caribe un “lo matamos nosotros, lo metimos en un bidón y lo tiramos al mar”. Dice el informe de GEB que es “un malintencionado bulo”, una mala “interpretación” de la pareja de 'Pertur' que no se confirmó en la investigación judicial de 2008. A ella le duelen mucho esas teorías alternativas. “Te juro que hay cosas de una crueldad que es increíble”, lamenta.

En estos años, se han seguido pistas falsas, como un panteón en Francia y otro enterramiento en Burgos. No hay cadáver y, ahora mismo, no hay ninguna pista nueva. Según el documento de GEB, que alimenta la tesis de la guerra sucia, “los 'bereziak' no ocultaron la responsabilidad de su retención por razones de indisciplina” en abril de 1976, pero “trajeron a 'Pertur' de vuelta en cuanto recibieron un mandato directo de la asamblea”. Y, sobre la carta poco antes de morir, argumentan que “no es indicativo de que sospechase que podían matarlo”. Este trabajo sostiene que las relaciones entre los diferentes sectores de ETA político-militar eran tan malas que cuando 'Pakito' y otros saltaron a ETA militar fueron “deshumanizados” [sic] y “caricaturizados”, con el ánimo de “alentar su posible implicación en una vendetta dentro de la organización”.

'Pakito' salió de la cárcel en 2020. Auzmendi ha intentado contactar con su entorno para conocer su verdad. Es muy dura con él. “Se ha aprovechado de las circunstancias que le ha brindado la democracia contra la que intentó combatir todo lo que pudo. La verdad, asesinar, en este país, ha salido muy, muy barato para la inmensa mayoría de la gente”, denuncia.

Auzmendi, en 2009, se convirtió en viceconsejera de Política Lingüística en el Gobierno del primer lehendakari no nacionalista vasco en la historia, el de Patxi López. Al PSE-EE le apoyó el PP para alcanzar el poder. En aquel momento, ETA lanzó una amenaza general contra todo el Ejecutivo. Eran otros tiempos. Muchos ex de la antigua Euskadi Ezkerra asumieron cargos de responsabilidad, aunque Auzmendi aclara que ella nunca estuvo afiliada a los socialistas. “No fue fácil por el boicoteo que tuvimos. Y yo, con la política lingüística, más aún”, sostiene de aquella legislatura, que acabó en 2012, ya con la banda terrorista fuera de la ecuación. Ahora sigue vinculada a su euskera. Es presidenta de UZEI, Terminologia eta Lexikografia Zentroa.

—¿Cuál cree que fue el legado de 'Pertur'?

—Hay una figura muy importante. Todos tenemos una deuda con Mario Onaindia. Con él sí terminó el ciclo político de Eduardo. Mario negoció el abandonó de la lucha armada por parte de ETA político-militar. Eso sí que fue el cierre propuesto por Eduardo. Estoy convencidísima de que esto ahorró a este país mucho dolor. Si ETA político-militar hubiese seguido con la lucha armada, habríamos tenido dos organizaciones cometiendo asesinatos en plena democracia.

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha entregado al Parlamento Vasco un segundo parte con las lesiones sufridas por los agentes de la Ertzaintza que intervinieron en las cargas del aeropuerto de Loiu, a finales de mayo, cuando llegaron activistas de la Global Summud Flotilla. EH Bildu, solicitante de la información sobre un polémico operativo que dio la vuelta al mundo, había presentado un recurso de amparo después de que, hace dos semanas, la respuesta a la pregunta sobre los agentes heridos se ventilara en unas pocas líneas. Ahora, la información facilitada es algo más amplia, pero Zupiria se niega a que vaya más allá porque uno de los activistas “perteneció a la organización terrorista ETA, de la que no consta arrepentimiento alguno ni petición de perdón por los actos terroristas cometidos, entre cuyas víctimas se encuentran también miembros de la Ertzaintza”.

Según Zupiria, facilitar toda la información médica a la Cámara no sería ni “proporcional”, ni “idóneo” ni “necesario”. Reprocha a EH Bildu que no concrete “la finalidad para la que se solicita la información” e incluso el “alcance que podría tener”. Por ello, se limita a facilitar, después de una larga exposición jurisprudencial, los datos que cree “razonables” y “suficientes”.

En relación a las lesiones de los agentes, si en un primer momento, a comienzos de julio, se indicó que los heridos en el dispositivo de Loiu fueron 14 -exactamente el doble que la primera información oficial-, que la gravedad de las lesiones fue “leve” y que ocho recibieron la baja laboral, ahora se añade que cinco tuvieron “lesiones superficiales”, otros cinco “lesiones múltiples”, tres “esguinces-torceduras” y uno “otro tipo de dislocaciones”. Nada más.

El consejero del PNV ya se escudó en ETA en su comparecencia en el Parlamento Vasco a los pocos días de los hechos. “En este país hay quienes no quieren que haya Policía, ni siquiera si esa Policía es vasca. Y no sólo eso. Algunos ciudadanos vascos pusieron una diana a la Ertzaintza. Miembros de la Ertzaintza fueron víctimas del terrorismo de ETA y de la violencia callejera. Por fortuna, eso ha terminado, pero algunos no han cambiado desde entonces su actitud hacia la Ertzaintza. Algunos no le han perdonado aún a la Ertzaintza que se pusiera del lado de la democracia y de los derechos humanos y en contra del terrorismo y la violencia callejera. Las cenizas de las llamas de otra época se mantiene en las cabezas y corazones de algunos. Ese sentimiento venenoso es evidente. En la pugna que tienen entre ellos los movimientos políticos vascos de extrema izquierda, la naturaleza de la Policía o de la propia Ertzaintza siempre está en medio, a modo de bandera política”, manifestó ese día.

“La pregunta parlamentaria realizada por EH Bildu no justifica el uso de los datos de salud ni respeta el principio de proporcionalidad, ni los derechos fundamentales en juego. Es más, en legislaturas anteriores, tal y como traslada su parlamentario [Gorka Ortiz de Guinea], desde el Departamento de Seguridad se entregaron copia de dichos partes [médics], de los cuales se hizo un uso político indebido [...], toda vez que se publicitaron sin tener en cuenta la vulneración del derecho a la protección de datos personales”, abunda el consejero del PNV, sin concretar a qué episodio se refiere. Ortiz de Guinea es parlamentario desde 2023 y miembro de la comisión de Seguridad desde 2025.

Agrega el titular de Seguridad que “es conocido que una vez finalizado el operativo de Loiu aparecieron pintadas y fotografías de uno de los funcionarios de la Ertzaintza que formó parte” del despliegue. Fueron localizadas “no sólo en su domicilio, sino también en el centro de estudios de sus descendientes”. “¿Dónde queda la protección de este servidor público y de su familia? ¿Cuál es el interés público a velar? ¿Está relacionado con la salud pública?”, se pregunta Zupiria.

Agrega que “las lesiones que sufrieron los ertzainas en el operativo de Loiu fueron consecuencia de la necesidad del empleo de la fuerza pública para hacer frente a actos violentes”. Sostiene que “en algunos casos” hubo “ataques dirigidos personalmente” a los uniformados. “Estamos ante la única respuesta factibe ante una situación de violencia”, sentencia Zupiria sobre un asunto que sigue aún bajo investigación. Son al menos cuatro las causas abiertas, la judicial, la de Asuntos Internos -por partida doble-, la del Ararteko (Defensoría del Pueblo) y la de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca.

La Mesa del Parlamento ha dado por zanjada la cuestión con esta ampliación de información de Zupiria y estima que el recurso de Ortiz de Guinea de EH Bildu ya ha quedado obsoleto. El parlamentario abertzale había presentado un escrito recordando que el reglamento de la Cámara -que tiene rango de ley- concede a los electos derecho a solicitar información oficial al Gobierno.

Sabía que lo iban a matar y, aun así, se quedó. Esta podría ser una de las frases que resumiera quien fue Ángel Pascual, un hombre (casi) olvidado por la historia. Uno más entre las 853 víctimas mortales de ETA, según datos del Ministerio de Interior. Pero Pascual fue mucho más que un número. Ángel Pascual era un ingeniero nuclear de la central de Lemóniz (Vizcaya). Una central que empezó a construirse en 1972 por la empresa Iberduero (luego Iberdrola) y que nunca llegó a ponerse en marcha tras múltiples protestas de grupos ciudadanos, ecologistas y antinucleares en una España que empezaba a despertar del letargo de la dictadura.

La central nunca llegó a ponerse en marcha porque, a fines de los 70, la organización terrorista decidió sumarse a las protestas con su habitual forma de actuar, a base de Goma-2 y arrebatando vidas, con el objetivo de detener las obras a cualquier precio. Una de las vidas segadas fue la de Pascual, que también era la mano derecha de Jose María Ryan, el ingeniero jefe; secuestrado y asesinado antes que él. Por eso, Pascual, que recibió múltiples amenazas, sabía que lo iban a matar. Ángel Pascual fue la última y novena víctima mortal de Lemóniz.

Este episodio negro de la historia reciente de España es el que han elegido el guionista Florentino Flórez (1961, Avilés) y el dibujante Guillermo Sanna (1976, Palma) para rendir homenaje a aquellos hombres a los que mataron por ir a trabajar. “No hemos hablado con las familias, no hemos hablado con nadie involucrado directamente hasta ahora”, explica Flórez a elDiario.es frente a una jarra de agua y rodeado de cómics en la madrileña librería Generación X.

“Para nosotros, aquellas personas que murieron son admirables y, con este cómic, intentamos darles la mayor dignidad posible. Esperamos que sus allegados lo entiendan así”, continúa el guionista para señalar que la razón por la que ambos se han involucrado en un proyecto que les ha llevado varios años de investigación y documentación (que puede encontrarse referenciada al final del libro) es sencilla: ahí había una buena historia que todavía no se había contado. O no del todo.

Lemóniz: ETA y el movimiento nuclear (Norma editorial, 2026) narra, en definitiva, quiénes fueron aquellos que se convirtieron en una cifra más en las estadísticas, desde los obreros Baños, Guerra y Negro hasta los dos ingenieros, sobre cuyos hombros recae buena parte del relato. Sobre todo en Pascual, el menos conocido de ambos. “El nombre de Ryan nos sonaba a todos porque salió mucho en su momento en la televisión, pero de Pascual no se sabía casi nada más allá de la labor que ha ido haciendo su hijo para que se recuerde la figura de su padre”, continúa Flórez.

Ryan, padre de cinco hijos, fue secuestrado, ejecutado a sangre fría con las manos atadas a la espalda y abandonado en un bosque. Pascual, padre de tres hijas y un hijo, fue tiroteado por tres pistoleros cuando llevaba en el coche a su adolescente de 17 años a la parada de autobús. “Su hijo ha contado muchas veces cómo él llegaba a casa de madrugada, borracho como todos los chavales rebeldes de su edad, a la espera de la reprimenda de un padre que no estaba, que ya nunca podría estar”, cuenta el guionista.

Realidades complejas

Pascual fue la última víctima mortal y la penúltima en general. La última fue Alberto Muñagorri, de 10 años, que resultó herido de gravedad el 26 de junio de 1982 en Rentería por una bolsa-bomba colocada por la banda en la puerta de un almacén de Iberduero. El niño estuvo muchas semanas debatiéndose entre la vida y la muerte. Finalmente, perdió el pie izquierdo y quedó ciego de un ojo. “A las ocho horas del atentado (…), mi madre tuvo que tragarse una manifestación que gritaba Gora ETA miltarra! a las puertas de mi casa”, dice el testimonio de un Muñagorri adulto recogido por Flórez y Sanna al final del relato.

El cómic, por tanto, ilustra una realidad compleja borrada por el paso del tiempo. “La lucha ecologista era una buena excusa para ETA, para decir ‘estoy ayudando al pueblo vasco y lo voy a liberar del peligro nuclear’”, explica Flórez, señalando que, cuando profundizaron en el tema y se asomaron a las vidas de los dos ingenieros asesinados, se dieron cuenta de que ellos solos “construían una gran historia” en la que Flórez opina que lo que a él le importa es “que se sepa que estos tíos fueron unos héroes y tienen que ser recordados”. Así, la novela gráfica incide en que todos los asesinados por ETA en su ciega lucha contra esta central fueron civiles: obreros e ingenieros. Trabajadores a los que esta obra rinde homenaje recuperando su recuerdo con nombres y apellidos.

“El cómic acaba de salir, pero ya nos están llegando correos de gente que quiere compartirnos las historias de su familia, y eso es muy emocionante”, continúa el guionista para señalar la importancia de reivindicar a las víctimas del terrorismo. “Hablamos con un periodista que trabajó durante diez años con uno de los hijos de los obreros muertos y nos contó que, tras una década a su lado, el hijo comentó de pasada que a su padre le había matado ETA. ¡Diez años sin abrir la boca!”, desvela Flórez, indicando que las víctimas han cargado durante mucho tiempo con “una especie de vergüenza”. “Ellos se enfrentaban a que el padre moría y luego, en el pueblo, les decían ‘algo habrá hecho’”, apunta Flórez.

Las ilustraciones de Sanna, por su parte, están llenas de contrastes con, por un lado, escenas muy íntimas y, por otro, viñetas cargadas de violencia. “El dibujo, en un caso como este, es como el lenguaje. Es un vehículo de expresión”, explica el mallorquín, quien ha trabajado, entre otros, para Marvel, con los que ha dibujado para numerosas series como Bullseye (2016), Deadpool (2017), Amazing Spider-Man (2021), New Mutants (2023), Iron Man (2022), Star Wars (2022) y Savage Wolverine (2025).

Para Sanna, en casos como este, hay que tener en cuenta que, a veces, el virtuosismo o el detalle puede pasarle por encima a la historia que uno está contando. “Si te fijas en el detalle del dibujo, pierdes el hilo narrativo. Por eso en las escenas de violencia está todo mucho más esquematizado, porque las cosas pasan más rápido y en las familiares hay más detalle”, ejemplifica el dibujante, que se vale, también, de la luz y la oscuridad para variar entre los ambientes opresivos y los amables, donde ambos autores buscan contar quiénes fueron aquellos que ocuparon unas líneas en los periódicos y telediarios de entonces.

La pregunta hoy es qué queda de todo aquello. Tal y como redacta Flórez en el cómic, en septiembre de 1982, el Estado central se hace cargo de la continuación de Lemóniz. Un mes más tarde, el PSOE gana las elecciones y no se reanudan las obras. En 1984, el Gobierno decreta la moratoria nuclear, paralizando tres centrales en construcción: Sayago, Valdecaballeros y Lemóniz. La ley de ordenación del sistema eléctrico de 1994 reconoce el derecho de los titulares de las tres centrales nucleares a percibir una compensación por las inversiones realizadas. El pago se sufraga a través de la tarifa eléctrica, en el recibo de la luz. Los españoles pagan 5717 millones de euros a lo largo de 19 años. En 2020 se salda por fin la deuda. La empresa desmanteló y vendió el equipamiento instalado. Escribe Flórez que, en el lugar, ya solo quedan los grandes edificios vacíos.

Ermua ha acogido este viernes su acto anual de homenaje a las víctimas del terrorismo, en el que ha recordado a los vecinos de esta localidad vizcaína asesinados por ETA, que son Sotero Mazo y Miguel Ángel Blanco. Se ha reivindicado una convivencia que “no humille a las víctimas” y que “no convierta a quienes ejercieron la violencia en referentes”, según ha pedido su alcaldesa, Beatriz Gámiz, del PSE-EE.

También la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha reivindicado el legado del 'espíritu de Ermua' como un pilar de la convivencia democrática, al tiempo que reafirmado “el compromiso del Gobierno vasco con la memoria de las víctimas y la educación en valores democráticos de las generaciones más jóvenes”, informa Europa Press.

Como cada año, Ermua ha celebrado un acto institucional, organizado por el Ayuntamiento, en recuerdo al peluquero Sotero Mazo y al concejal del PP Miguel Ángel Blanco, asesinados por ETA en 1980 y 1997, respectivamente. El acto ha sido ante el monolito de homenaje a las víctimas de Agustín Ibarrola, ubicado en San Pelayo, y ha incluido una ofrenda floral.

Han participado en el homenaje la delegada del Gobierno de España, Marisol Garmendia, el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Carlos García Buendia, la viceconsejera de Derechos Humanos, Memoria y Convivencia, Arritxu Marañon, y representantes de todos los grupos municipales de Ermua, familiares y vecinos.

“Dos vidas arrebatadas. Dos familias golpeadas por el terror. Dos heridas que forman parte de nuestra memoria colectiva y que nos recuerdan, cada año, por qué este homenaje sigue siendo necesario”, ha remarcado la alcaldesa. Por su parte, San José ha realizado una condena “inequívoca” del terrorismo y de la violencia y ha señalado que “aquel espíritu de Ermua” representó la respuesta “serena, valiente y democrática de una ciudadanía que decidió romper el silencio y plantar cara al miedo”.

La ciudad de Logroño ha recordado a Miguel Ángel Blanco en el vigésimo noveno aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. Una efeméride aún más especial, ya que el edil de Ermua contaba con 29 años cuando los 'etarras' lo secuestraron y mataron.

El acto que ha contado con un minuto de silencio y una entrega floral en memoria del concejal de Ermua en el que se ha indicado que “es nuestro deber defender la verdad de lo que ocurrió. ETA fue una organización terrorista que durante más de 50 años asesinó, secuestró, extorsionó y persiguió a quienes pensaban diferente”.

El tradicional homenaje, organizado por el Ayuntamiento de Logroño, ha tenido lugar en el monumento en Memoria de las Víctimas del terrorismo, en el Paseo del Espolón. Al mismo han acudido numerosas autoridades regionales y locales, entre los que han destacado el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y el obispo de La Rioja, Santos Montoya, que al final del misma ha pedido por las víctimas del terrorismo.

Escobar, por su parte, ha dado lectura al manifiesto elaborado por la Fundación Miguel Ángel Blanco. En el mismo, ha incidido en que “han pasado 29 años; misma edad que tenía Miguel Ángel Blanco cuando ETA lo secuestró y asesinó”. “Un joven de Ermua, concejal del Partido Popular, que iba a trabajar un 10 de julio cuando la organización terrorista decidió darle un plazo de 48 horas a su vida, a su futuro”, ha añadido.

El alcalde de Logroño ha recordado que “sus asesinos tienen nombre: Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Irantzu Gallastegui; y Jose Luis Geresta, y -ha señalado- que no vamos a olvidarlos; como tampoco vamos a olvidar lo que ocurrió en las calles. Alrededor de dos millones y medio de españoles participaron en alguna de las manifestaciones que se convocaron en toda España durante aquellos días”.

Gente que trazó “la línea más importante de nuestra historia reciente: la que separa a los demócratas de los terroristas. Y la sostuvieron con dignidad y sin rendirse”. “De esa resistencia cívica nació algo que ningún terrorista supo prever. Nacía el Espíritu de Ermua. Y ese espíritu es el legado de Miguel Ángel Blanco”.

“Un legado que no pertenece al pasado, que nos interpela hoy, directamente, a cada uno de nosotros, y que nos compromete a defender la verdad de lo que ocurrió”, ha añadido Escobar, que ha indicado que “durante demasiados años en España hubo personas que vivieron señaladas, escoltadas y amenazadas; personas que tuvieron que mirar debajo del coche cada mañana o cambiar las rutinas de sus hijos, para mientras tanto, los terroristas decidían quién merecía vivir y quién debía morir”.

ETA, ha indicado el alcalde de Logroño “fue derrotada gracias al sacrificio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, a la independencia de la Justicia y a la resistencia cívica de la sociedad española”, pero “también fue derrotada por miles de personas anónimas que jamás ocuparán titulares ni aparecerán en libros de historia”.

“Olvidar o manipular esa historia, relativizar o blanquear el terrorismo, es pervertir la democracia que nos ampara y humillar a las víctimas”, ha destacado, al tiempo que ha asegurado que “la verdad no es negociable; no lo fue cuando más nos costaba defenderla, y no puede serlo ahora”.

En el manifiesto, ha señalado Escobar las víctimas del terrorismo “no piden venganza, sino que se diga la verdad, que se haga justicia, que se respete la memoria de quienes lo perdieron todo”. “El legado de Miguel Ángel Blanco nos compromete a no apartar la mirada de lo que está ocurriendo ahora mismo. Porque esa verdad que tanto nos costó defender sigue siendo atacada hoy, de otras formas y con otros instrumentos”.

“A lo largo de este año, los presos de ETA han alcanzado su mayor nivel de beneficios penitenciarios”, ha lamentado, además de añadir que lo han hecho “sin arrepentimiento, sin colaboración con la Justicia, sin un solo gesto hacia las víctimas”, así como que “más de 300 asesinatos siguen sin resolverse”.

En este punto, han querido recordar que EH Bildu “es un partido que lleva terroristas con delitos de sangre en sus listas electorales y que nunca ha realizado la más mínima autocrítica, así como que impulsa la mayoría de los homenajes a presos de ETA cada verano en las en las fiestas del País Vasco y Navarra”. “Y esto no es libertad de expresión, es humillación a las víctimas del terrorismo”, ha lamentado.

Ha insistido en que el legado de Miguel Ángel Blanco “nos compromete a exigir justicia, ya que la justicia no puede negociarse ni puede ser moneda de cambio en ningún pacto de gobierno, además de que nos compromete a combatir la desmemoria”.

La sociedad española “tiene la obligación moral de transmitir a las nuevas generaciones lo que ocurrió. No para alimentar el enfrentamiento, sino para que el olvido no abra la puerta a la manipulación”. Y aquí “queremos hablar directamente a los jóvenes, a quienes no vivieron aquellos días de julio de 1997, porque los jóvenes deben saber que Miguel Ángel Blanco no es solo un símbolo. Era una persona. Un hombre joven, bueno y valiente, que se sentía orgulloso de ser vasco y español sin complejos y, por eso, ETA lo eligió”.

“Que sepan que en julio de 1997 otros jóvenes como ellos salieron a la calle sin que nadie los convocara. Que llenaron plazas en Ermua, en Bilbao, en Madrid, en toda España. Que escribieron su nombre en carteles. Que lloraron por alguien a quien no conocían. Que esa respuesta -espontánea, masiva, sin miedo- fue el momento más importante de la historia reciente de nuestra democracia. Y que esa historia es también la suya”, ha añadido Escobar.

“Tiene que saber que no se puede reescribir la verdadera historia, que no se pueden blanquear a los asesinos y convertir a los verdugos en víctimas. Que frente a ese relato falso, el mejor instrumento es conocer la verdad”, ha apuntado.

Finalmente, Escobar ha indicado que el legado “no es una página del pasado. Es la página que cada generación tiene la obligación de leer, entender y defender. Y por ello, su legado nos compromete un año más”.

Tras la ofrenda floral se ha invitado a los presentes a escribir una palabras en un cartel alusivo al aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Esta historia comenzó el 10 de julio de 1997 y concluyó dos días después, el 12 de julio. La banda terrorista ETA secuestró en Ermua a un joven concejal de la localidad vizcaína, Miguel Ángel Blanco, y lanzó una amenaza: si el Gobierno entonces en manos de José María Aznar no acercaba a los presos de la banda a cárceles del País Vasco, Blanco sería asesinado. Y así ocurrió. Pasadas las 16.30 de aquel 12 de julio de hace 29 años el joven político apareció en Lasarte con dos disparos en la cabeza. Murió en unas horas.

Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo, el documental que Netflix estrena el próximo viernes, 10 de julio, narra esos dos días que revolucionaron a la sociedad vasca. Hubo muchos hitos, pero el principal fue la movilización ciudadana sin precedentes rogando e incluso suplicando a los terroristas que no mataran al edil del PP. Los manifestantes no consiguieron salvar la vida del concejal, pero sí lograron que empezara a remitir el miedo en el que quienes apoyaban a ETA habían inmerso a los vascos que no respaldaban la violencia durante 40 años.

Jon Sistiaga y Juanjo López, directores del documental, se pasaron por la redacción de elDiario.es para explicar su trabajo, que cuenta con numerosos testimonios, desde los amigos de Miguel Ángel Blanco y su hermana hasta Aznar; el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja; y el ahora rey, Felipe VI, que en 1997, cuando aún era príncipe, se desplazó hasta Ermua para solidarizarse con el pueblo.

Quería comenzar como empieza el documental: recuerdo perfectamente dónde estaba cuando murió Miguel Ángel. Yo tenía 12 años, estaba en la casa de mis aitonas en Oiartzun y recuerdo un grito terrible de mi amona. ¿Cómo creéis que nos ha marcado a las personas que vivimos ese momento y que nos acordamos de esto?

Jon Sistiaga: Ese grito de tu amona fue el de la mía, el de mi madre, el de todas las madres y el de todos los que tenemos un recuerdo y que estábamos allí. Fíjate que yo estaba allí y lo mío fue más una desolación de decir: “¡Joder, qué hijos de puta, se lo han cargado!”. Pero el resto de Euskadi creo que se acuerda perfectamente de dónde estaba en el arranque del secuestro y, sobre todo, en el final. Porque era una cuenta atrás y aunque era un sábado tórrido de julio, aunque estuvieras en la playa... Cuánta gente nos ha dicho: “Tengo la sensación de que la playa se quedó en silencio”. Hay muy pocas veces, quizá un 11M o un 11S, en que te acuerdas perfectamente de dónde estabas.

Juanjo López: Hay noticias que pasan durante esas 48 horas de las que te acuerdas perfectamente dónde estabas: el momento en el que le secuestran, hay gente que nos ha dicho era la primera manifestación a la que fue y otra, que se acordaba de las vigilias. Por un lado, estamos los que nos acordamos perfectamente y luego los que están con los ojos así como dos lavadoras vacías [hace el gesto] pensando: ¿pero esto pasó?

Sistiaga: Había gente que estaba viendo el Tour [de Francia] y escuchando la radio a la vez. Y no sé si ha vuelto a pasar, pero las televisiones, justo antes de las cuatro de la tarde, se fueron todas a negro durante un minuto con un cartel que decía: “Miguel Ángel, te esperamos”.

En cambio, tú, Jon, eras optimista. Pensabas que la movilización ciudadana vasca iba a tener algún tipo de reacción en ETA y no la tuvo.

Sistiaga: Todo el entorno abertzale y cercano a los colectivos de refugiados que yo controlaba era muy pesimista. Yo de alguna manera empezaba a ver que algo había cambiado en aquellas 48 horas y que ETA había cometido un fallo de estrategia como organización que se dedica a utilizar la violencia y no había medido el impacto emocional que estaba teniendo esa acción que ellos habían pensado como impactante para el Gobierno. Y se les estaba yendo de las manos. De alguna manera pensaba que incluso el propio comando tendría la autonomía necesaria como para decir: “Aunque no podemos contactar con la dirección, seguro que la dirección va a pensar que efectivamente no hay que hacerlo y le vamos a meter un tiro en la rodilla”.

Pero no, porque no era un comando que fuese a reflexionar, sino que en el documental se habla de que eran matones.

López: Cuando hemos hablado con las fuerzas de seguridad todos nos decían lo mismo, que la “mala suerte” es que [el secuestro de Blanco] recae en [Francisco Javier García Gaztelu] Txapote, que era un psicópata. Y era alguien que no se iba a dejar llevar por esa especie de corriente o presión de la gente que por primera vez dice “hasta aquí. Basta”. Sobre todo la gente de Euskadi, con Carlos Totorika a los mandos como alcalde de Ermua. Es la primera vez que dicen 'no, ya no vamos a callar, vamos a salir a la calle, vamos a presionar'. Pero es que cae en manos de uno de los peores.

Sistiaga: Todo era nuevo. En aquellas 48 improvisamos todos. Los periodistas, que muchos nos rompimos. Hubo periodistas que se pusieron a llorar en directo.

Es el caso de Verónica Elorza, de Televisión Española.

Sistiaga: Por ejemplo, pero muchos más, incluso los que llamamos plumillas [profesionales de los medios escritos], que no tenían una cámara que les estuviera mirando, y operadores de cámara que dejaron de grabar porque no podían más o que dejaron las cámaras y se pusieron de rodillas con las manos en la nuca también a gritar. Es decir, estábamos todos improvisando qué estaba ocurriendo. Entonces, elucubrar sobre si lo iban a hacer o no era lícito y lo podíamos hacer todos. Ya no hacía falta ser experto en ETA o del País Vasco, de la Gipuzkoa más o menos profunda. Todo podía ocurrir. Lo que no sabíamos es exactamente quién lo tenía. Porque si llega a caer en otro comando, a lo mejor sí que hubiera sido permeable a esa sensación.

No pretendo enmendar el titular del documental, pero decís que esas 48 horas lo cambiaron todo. Durante 15 años más, ETA estuvo matando. ¿Qué cambiaron esas 48 horas?

López: Cambian algo muy importante, que es que la sociedad vasca perdió el miedo.

Sistiaga: Se perdió el miedo y la sensación de que las cosas eran así y llevaban siendo así 40 años e íbamos a seguir pasándolo de esa manera. Se perdió la sensación de que la calle era solamente de una pequeña parte de los vascos que votaban a HB o que eran más afines a la violencia terrorista. Se aprendió a mirar a la gente a la cara y decirles: “Os estáis pasando, os habéis pasado tres pueblos”. Pero sobre todo se perdió el miedo dentro de la propia comunidad de votantes abertzales de poder decir: “Joder, nos estamos pasando”.

Está el ejemplo de Patxi Zabaleta, que es verdad que antes también se había pronunciado en contra de la violencia. El secuestro y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, ¿fue el inicio del fin del terrorismo o fue quizás el principio de la deslegitimación de ETA?

Sistiaga: Ambas cosas son iguales. El principio del fin empieza por deslegitimar la violencia terrorista y, sobre todo, por quitar el miedo a poder decirlo en alto. Prácticamente un año después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, ETA decreta una tregua porque tiene que repensarse a sí misma entera, porque sus propios cuadros dirigentes no acaban de valorar si lo que han hecho ha sido bueno o malo para los fines de la banda y porque su propio entorno de apoyo les está criticando. ¿ETA se podía haber acabado el año siguiente? Sí, si las negociaciones que se iniciaron en el año 1999 hubieran llegado a buen puerto. Al final, ETA decretó el fin de la tregua y se produjo una nueva oleada de atentados muy bestia. Pero al final era el canto del cisne, porque ya no tenían apoyo ni entre sus propias filas. Así que llamémosle el principio del fin aunque fue una lenta agonía y sesenta y tantos muertos. Sí. Llamémosle el inicio de la de la ofensiva ciudadana de poner pie en pared y decir: “ya está bien”. Los que éramos de allí pudimos mirar a la cara a alguna gente a la que antes no nos atrevíamos porque luego igual tenías una pintada o tenías que mirar debajo del coche y decirle: “ya está, se acabó”.

En aquellos días se produjeron algunos hitos: la movilización ciudadana, la presencia del ahora rey en Ermua o el momento en el que hay una manifestación frente a la sede de Herri Batasuna en la calle Urbieta de Donostia y los ertzainas se quitan el pasamontañas. No sé si fue un momento de euforia del que luego la gente quizá se pudo arrepentir porque el terrorismo siguió adelante o si la gente se sintió más segura a partir de ese momento.

López: El propio Imanol [uno de los ertzainas que aparece en el documental] dice: “En ese momento pensé que me iba a caer un paquete”.

Sistiaga: Sí, dice: “Me van a meter un expediente por quitarme el verduguillo”. ETA ya había matado a siete u ocho ertzainas y luego fueron asesinados unos cuantos más. Pero sí es de esos momentos que los que tienen una cierta edad recuerdan también perfectamente por la emocionalidad que se transmitió. Una policía vasca que está defendiendo la sede de los que apoyan a los que les asesinan. ¿Todo muy loco, no? Pero están cumpliendo su labor de policía del pueblo, que es defender a los que en ese momento están siendo acosados. ¿Cómo rompió ese momento de tensión que podía haber estallado de cualquier manera, quemando la sede abrasando a los de dentro, la Ertzaintza atacando a los manifestantes para tratar de pararlos? Quitándose el verduguillo y diciendo: “Voy a dar mi cara”. ¿Y qué ocurrió? Que hubo un momento de catarsis, que es uno de esos momentos que históricamente tiene una importancia y que luego ha trascendido porque logró parar a la masa.

Totorika puso a andar a los vecinos de Ermua.

López: Sí, a ver si les cansaba.

Sistiaga: Exacto.

Una compañera de Vocento, Lourdes Pérez, recuerda en el documental cómo en aquella época en Euskadi unos señalaban, los famosos chivatos, ETA ejecutaba y luego había quien lo justificaba y lo amparaba. ¿Qué ha sido de esa gente? ¿Creéis que han hecho el trabajo suficiente?

Sistiaga: Uno de los fines de este documental era no solo traer otra vez una historia que ocurrió hace 29 años y que se ha olvidado, sino volver a hacer recordar a generaciones que no lo vivieron que esta historia fue muy potente, ocurrió en un momento determinado y cambió muchas cosas, pero que también explica cómo somos ahora. Porque esta historia no se cuenta en los libros de la EBAU. Por primera vez en la PAU del País Vasco han entrado los años 80, los años de plomo, y estamos en el 2026. Es decir, no se cuenta nuestro pasado de acoso terrorista y creíamos que este documental iba a servir para explicar unas cuantas cosas. Pero también hay otro mensaje. Muchos se fueron de rositas y otros no han hecho el tránsito ético de decir: “Hostias, ¿cómo pude yo apoyar esto?” Tengo esa pequeña satisfacción de pensar que desde el sofá mucha gente que estaba en el lado equivocado en ese momento, con sus ideas políticas legítimas, pero que no era capaz de saltar ese silencio, de dejar de apoyar [la violencia] a través del partido que además sostenía a la organización terrorista, diga: “¡Joder, tío, que nos pasamos tres pueblos!”

Generar un poquito de incomodidad, ¿no?

Sistiaga: Mucha gente ha hecho el tránsito, pero algunos no. Todavía le falta a la dirección actual de Sortu decirlo de verdad: “Todo aquello fue una mierda, lo apoyamos y nos sentimos fatal. Lo sentimos”.

López: Es verdad que hemos estado con gente que sí ha hecho ese tránsito.

Sistiaga: Claro que los hay, hay muchos. Pero, a ver, que lo veas desde tu casa en Netflix, sepas que lo tiene todo el mundo y pensar: “Quería salir en una manifestación, pero yo no podía”.

López: O a lo mejor conseguimos que esa persona que esté al lado, que sea alguien joven, esté sentada con su ama o su aita y le diga: “¿Pero, y tú, dónde estabas?” Y se provoque una conversación que puede ser incómoda. Eso es lo que nos gusta de este documental.

En esas 48 horas, ¿hubo algún contacto entre el Gobierno de José María Aznar y ETA o el entorno de ETA para intentar parar el asesinato de Miguel Ángel Blanco?

Sistiaga: Se permitieron contactos indirectos. Una de las exclusivas del documental es que el Gobierno de José María Aznar estaba al tanto de que había algunas personas que intentaron acercarse a la organización terrorista ETA y que no actuaban en nombre del Gobierno, ni de parte del Gobierno, ni estaban autorizadas a hacer ninguna propuesta oficial por parte del Gobierno. Pero que si llegaban a buen puerto, pues estupendo, porque salvaban una vida. Es decir, el Gobierno lo tenía muy claro: no iba a negociar bajo chantaje con una organización terrorista. ¿Qué significa eso? Miguel Ángel Blanco Garrido está muerto. Ahora, si hay alguien que quiera hacer algo –el Papa, el Premio Nobel de la Paz Pérez Esquivel que habla con Antxon en la República Dominicana– o si alguien tiene que entrar en una cárcel bueno, pues se hacía alguna gestión para que entre en la cárcel. Pero no es su gestión.

En Euskadi, la mayor parte de los jóvenes no saben muy bien qué ocurrió en los años del terrorismo según varias encuestas y muchos adultos han tirado para adelante y quizás esto lo han aparcado. ¿Es una manera de supervivencia?

Sistiaga: Es una manera de supervivencia sobre todo para aquellos que estaban en el lado oscuro. Pero sí es verdad que en Euskadi desde hace años se ha instalado una especie de dulce amnesia que es beneficiosa para todo el mundo, porque pasas página enseguida, porque los que no podían salir a potear por 'lo viejo' porque llevaban escolta desde hacía 15 o 20 años, pueden ir a tomar algo, porque los que siempre votaron por opciones no nacionalistas sienten que ha llegado su momento de poder salir a la calle tranquilamente. Pero sobre todo para que aquellos que sí que apoyaron la violencia esa dulce amnesia de todos, hace que puedan seguir saliendo a la calle sin que le digas: “tío, pide perdón, macho, que me pusiste una pintada en la puerta hace 20 años y que eso significaba el inicio de una estigmatización que menos mal que acabasteis con todo, pero podía luego acabar en un bombazo”. Esa dulce amnesia que se ha instalado en toda la comunidad hace que los padres no le hayan contado nada a sus hijos, ni los más abertzales, ni los más proetarras, ni los menos nacionalistas. Nadie ha hablado.

¿Y creéis que es un riesgo el hecho de que no se haya hablado?

Sistiaga: Claro. Este documental es porque existe ese riesgo. La ventaja de contarlo en una plataforma como Netflix es que llegas a todo dios, pero además lo contamos casi en un formato thriller. Así que las nuevas generaciones que tienen esa visión tan sincopada de ver las cosas, que digan: “uy, me quedo a ver qué está pasando, a ver si es un thriller vertiginoso”.

Dentro de la moda del true crime.

Sistiaga: Sí, pero en serio. O sea, sin florituras, sin dramatizaciones que no existen ni nada. Te vamos a contar todo porque es que además pasó en 48 horas. Solo tengo que empezar desde el principio y hacer la cuenta atrás.

López: Claro que es peligroso que esto no se sepa. Creo que es necesario saberlo. Y, de hecho, la forma de contarlo ha sido muy desde la piel.

Según un último estudio, un 60% de los jóvenes vascos no recordaba el nombre de una sola víctima de ETA y más de la mitad no había escuchado nunca el testimonio de una de ellas.

Sistiaga: ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué nos está pasando como país? No solo a Euskadi, sino también al resto del Estado. ¿Cómo es que no sabemos nuestra historia reciente? ¿Sabemos cuántos goles ha metido Messi en un Mundial y no sabemos cuántas víctimas ha habido en este país por violencia terrorista? Algo estamos haciendo mal. Por mucho que vengan en el temario, al final en los colegios no se llega nunca a la Transición, los años de plomo, los atentados de ETA o el cese de la violencia terrorista. Y de estos polvos vienen algunos lodos.

Unos lodos son, por ejemplo, que en la sede del Parlamento se siga utilizando a ETA como arma para atacar al adversario.

Sistiaga: Es escandaloso que se siga hablando de ETA para atacar al adversario político. ETA dejó de matar hace 15 años y se disolvió hace 8. Y no existe gracias a la enorme labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que acabaron con esa organización terrorista y a que la sociedad hizo frente a los que apoyaban a los terroristas. Este documental enseña que ETA empezó a desaparecer en 1997 y desapareció por completo hace ya casi diez años.

Entrevista completa a Jon Sistiaga y Juanjo López:

Vídeo: Alejandro Corral

El Tribunal de Apelación de París ha absuelto este jueves al exjefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu 'Ternera', en el último proceso que tenía pendiente en Francia, lo que abre la perspectiva para su entrega a España.

La presidenta del tribunal se ha limitado a dar el dictamen absolutorio a Josu 'Ternera', que había acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005, según recoge Efe.

En este proceso, que se había celebrado en abril, se le ha juzgado por formar parte de ETA desde que huyó de España, cuando era miembro del Parlamento Vasco para escapar de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 2002 para aclarar si había estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987 (fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas menores de edad, y hubo 88 heridos).

Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó de su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot. Allí vivieron el que era entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

Antes de que se resolviese esta causa, la Justicia francesa ya había dado luz verde a la entrega de 'Ternera' a España. Antes, en abril, la fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, había defendido que no hay que ver a Urrutikoetxea como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”, según recogió entonces Efe.

La Audiencia Nacional ha concedido un permiso de salida de prisión de tres días al exjefe de ETA José Javier Arizcuren, más conocido como 'Kantauri', al considerar “proporcionada” la medida, negando a su vez que la concesión del mismo suponga “una normalización acrítica” de su situación penitenciaria “ni una desatención a las víctimas”.

En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados estiman un recurso de apelación interpuesto por la defensa de 'Kantauri' contra un auto de la Sección de Vigilancia Penitenciaria del Tribunal Central de Instancia, en el que se ratificaba la negativa a la concesión del permiso que había acordado la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario de Pamplona.

El exjefe de ETA militar fue condenado en 2013 a 56 años de cárcel por un delito de atentado terrorista y otro de homicidio terrorista por ordenar el asesinato en 1998 del segundo teniento de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y su esposa, Ascensión García Ortiz.

Los magistrados supeditan la concesión del permiso al cumplimiento de una serie de normas por parte de 'Kantauri', que tendrá que designar el domicilio o lugar de permanencia durante el permiso y no podrá modificarlo sin autorización.

Prohibición de acercarse a las víctimas

El exdirigente de ETA tendrá “prohibición absoluta de aproximarse o comunicarse directa o indirectamente” con las víctimas, los familiares de las víctimas o los perjudicados por los delitos por los que cumple condena, así como de acudir a domicilios, localidades o lugares afectados por las prohibiciones judiciales de aproximación, residencia o presencia que se mantienen vigentes, según el auto.

Asimismo, la Audiencia Nacional le prohíbe participar en actos públicos, concentraciones, homenajes, entrevistas, comunicaciones públicas o actividades “que puedan suponer la exaltación, justificación, banalización, instrumentalización de los delitos cometidos o causar perturbación o revictimización”.

El tribunal le obliga a mantener un teléfono “operativo” y facilitar un medio de contacto durante el permiso, así como a comparecer ante las dependencias policiales, judiciales o administrativas que determine el centro con la periodicidad que se fije a su plan de salida.

También le ordena el respeto a las pautas médicas y farmacológicas prescritas y “abstenerse de cualquier conducta incompatible con su estado de salud o con el objeto del permiso”.

Asimismo, la Audiencia Nacional le obliga a regresar “puntualmente” a la cárcel en la fecha y hora señaladas, “con apercibimiento expreso” de que cualquier incumplimiento podrá suponer la denegación de permisos posteriores.

En el auto, los magistrados indican que 'Kantauri' “ha superado sobradamente la cuarta parte de la condena” y “no consta la existencia actual de expedientes disciplinarios”, si bien recuerda que la “situación objetiva” de cumplimiento “no es, por sí sola, determinante de la concesión del permiso, aunque sí desplaza el centro de gravedad de la valoración hacia la preparación gradual de la vida en libertad”.

“La Sala no desconoce ni puede minimizar la extraordinaria gravedad de los delitos por los que el interno cumple condena. Se trata de delitos de terrorismo, asesinatos y otros hechos de máxima lesividad, con víctimas morales y gravísmos daños personales, familiares y sociales. Esta circunstancia debe ser expresamente ponderada y justifica la adopción de especiales cautelas durante cualquier salida autorizada”, argumenta la resolución.

Sin embargo, los magistrados ponen de manifiesto que la “gravedad delictiva” de 'Kantauri' “no puede operar, por sí sola y de manera indefinida, como causa automática de exclusión de todo permiso ordinario, especialmente cuando la ejecución de la pena se encuentra muy avanzada” y cuando hay “datos penitenciarios actuales que permiten efectuar un pronóstico muy favorable”.

El auto detalla que aunque el exdirigente de ETA tiene “causas penales pendientes de sustanciación”, en este caso “no se aprecia que la concesión de un permiso ordinario breve, controlado y sometido a condiciones pueda afectar a la disponibilidad judicial del interno”.

“La concesión que ahora se acuerda no supone una normalización acrítica de la situación penitenciaria ni una desatención a las víctimas. Al contrario, precisamente por la gravedad de los hechos, el permiso debe concebirse como un primer permiso ordinario, de duración limitada, sometido a control reforzado y con reglas expresas de respeto a las víctimas”, finaliza.

El presidente del Euzkadi Buru Batzar del PNV, Aitor Esteban, ha ironizado que EH Bildu busca “referentes” históricos del PNV, como el lehendakari José Antonio de Aguirre, por que los suyos “Argala, Gadafi, Txapote, Urrutikoetxea y el propio Otegi”, en referencia a miembros de ETA o al líder de la coalición abertzale. No tienen “un legado muy vistoso”, ha insistido.

En una entrevista a Radio Popular, recogida por Europa Press, el dirigente peneuvista ha considerado que la situación en Euskadi no está para hacer un Gobierno de concentración al estilo de la Guerra Civil. Esteban se ha pronunciado de esta forma tras las palabras del secretario general EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien este pasado lunes recordó que el lehendakari Aguirre conformó un Gobierno de “amplio espectro, donde estaban comunistas, socialistas y las dos familias del abertzalismo”. Días antes, la formación pidió renombrar el aeropuerto de Loiu para homenajear al primer lehendakari.

“Te pones detrás de la pancarta, hablas del fascismo que viene y de hay que pararlos, hablas como si estuvieras en la guerra civil, pero no estamos en esa situación, ni mucho menos”, ha dicho. “Citan a personajes y referente nuestros en vez de a los suyos”, ha lamentado también. “A Ibarretxe también le han sacado a colación de vez en cuando”, ha dicho sobre el lehendakari entre 1999 y 2009.

Cree que se debe a que su pasado relacionado con ETA no es presentable y a que “el legado que verdaderamente ha dejado un país y ha dejado un recorrido, el que ha hecho futuro y el que ha hecho una defensa de la democracia en todos sus términos” es el del PNV. “Aguirre, Lauaxeta, el primer Gobierno vasco, Ibarretxe. Eso es PNV”, ha reiterado.

La Justicia ha absuelto al acusado de vandalizar con pintura negra y embadurnar de heces la tumba de Fernando Buesa, político del PSE-EE asesinado por ETA en el año 2000. La sentencia de la plaza 2 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Vitoria, firmada por el magistrado Roberto Ramos, recoge que ha quedado acreditado que junto al panteón se encontró “un trozo de una bolsa de plástico blanco en la cual fueron localizadas sendas huellas correspondientes a los dedos pulgares de ambas manos del acusado”. El acusado alegó, sin embargo, que regenta una tienda en la que se ofrecen bolsas de ese tipo con los productos y que por ello podían encontrarse sus huellas dactilares. La sentencia suscribe la tesis de que esta prueba no resulta “suficiente como para fundar o basar” en ella una condena. “Tal versión exculpatoria o alternativa [ofrecida por el acusado] no resulta del todo extraña, descabellada, inverosímil o increíble”, recoge.

El mausoleo de la familia de la esposa de Fernando Buesa, en el que está enterrado también el que fuera vicelehendakari y dirigente del PSE-EE, se encuentra en el cementerio de Santa Isabel. En apenas 24 horas, entre el 4 y el 5 de octubre de 2023, hubo dos ataques contra su memoria. Primero, el monolito que recuerda tanto a él como a su escolta —Jorge Díez, asesinado en el mismo atentado— apareció pintado de negro. Poco después, se produjo el ataque con pintura y heces, que acarreó contundentes mensajes de repulsa de las principales autoridades vascas, incluido el entonces lehendakari, Iñigo Urkullu. “Este nuevo ataque a la tumba me ha golpeado muy adentro. Respiro mi dolor y me repito: que el hielo no penetre en mi corazón, que nunca deje de sentir ni pierda la sensibilidad ante el dolor ajeno. Seguiré cultivando semillas de amor y compasión frente al odio y la barbarie”, escribió entonces Sara Buesa, hija del político asesinado.

La sentencia, fechada este lunes, sostiene que la versión del acusado ahora absuelto concordaba con “el hecho común de que la persona que regenta una tienda o comercio proceda a abrir una bolsa para introducir en su interior el producto comprado por el cliente, para lo cual el dependiente de forma usual introduce sus manos o alguno de sus dedos en la bolsa para abrirla y tener fácil acceso a su interior (ya que las bolsas habitualmente están pegadas y muy juntas)”. “Y la versión ofrecida por el acusado resulta suficiente como para contradecir la versión incriminatoria que se realiza contra él”, abunda.

El magistrado recrimina a la Policía local, que fue la encargada de confeccionar el atestado, que no practicase una prueba de ADN a las heces, lo que, considera, habría resultado “muy útil, claramente concluyente y esclarecedor sobre la autoría de los hechos”. El agente municipal alegó que le constaba que la Policía científica no analiza heces y que estas habitualmente no contienen manterial genético que permita cincelar un perfil. “Más allá de la experiencia que pudiera tener dicho agente en supuestos similares, creo que es más que dudoso desde un punto de vista científico o técnico que no se pueda obtener un perfil genético o una muestra de ADN de restos de heces”, le reprocha el juez.

Tanto la Fundación Fernando Buesa Blanco, que honra la memoria del político asesinado, como el Ayuntamiento de Vitoria ejercían la acusación particular. Contra la sentencia cabe la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Álava.

A pocos días de que se cumplan 46 años de la desaparición de José Miguel Etxeberria Álvarez, alias 'Naparra', el Observatorio Vasco de Derechos Humanos ha solicitado de manera formal la desclasificación “inmediata” de los documentos relacionados que obren en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), heredero del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). 'Naparra', que había pertenecido a ETA político-militar primero y a ETA militar después, se integró más tarde en los Comandos Autónomos Anticapitalistas, en los que llegó a destacarse como líder. Huido a Francia en 1978, desapareció el 11 de junio de 1980.

La petición se ha hecho a través de un escrito, fechado el 4 de junio, dirigido a seis diputados (Mertxe Aizpurua, de EH Bildu; Maribel Vaquero, del PNV; Rafaela Romero y Adriana Maldonado, socialistas; Ione Belarra, de Podemos, y Lander Martínez, de Sumar) y cinco senadores (Estefanía Beltrán de Heredia, del PNV; Uxue Barkos, de Geroa Bai; Gorka Elejaberrieta, de EH Bildu, y Nuria Medina y Alfonso Gil, socialistas). Se les solicita que “promuevan [...] la desclasificación inmediata de la documentación obrante en el CESID (actual CNI) relativa al secuestro, desaparición y ocultación de los restos mortales” del desaparecido.

En el escrito, en una sección dedicada a recoger los hechos, se apunta a que Ramón Francisco Arnau de la Nuez, que habría prestado “servicios para el CESID en la época de los hechos”, ha declarado “públicamente, bajo su nombre y responsabilidad, que durante su pertenencia a los servicios de inteligencia españoles tuvo conocimiento directo y fehaciente de la localización exacta de los restos mortales”. Con unas coordenadas, de hecho, apuntó a la localidad de Brocas, en el departamento de las Landas.

Esta declaración, se sostiene en el escrito firmado por Agus Hernán, coordinador del observatorio, “constituye una prueba indiciaria sólida de que los servicios de inteligencia españoles elaboraron en su día informes operativos, notas de seguimiento o al menos documentación de inteligencia territorial donde se consignaron los datos geográficos del enterramiento clandestino”. “Dicha documentación, de existir y todo apunta a que existe, sigue en poder del Estado y permanece ilegítimamente clasificada”, abunda. Se apoya en el derecho internacional, concretamente en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de 2009 y ratificada por España, para sostener que existe un “derecho inalienable a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, la suerte de la persona desaparecida y el paradero de sus restos”.

Alude, además, a un “principio de proporcionalidad” para alegar que no hay motivos para mantener el secreto. “No hay fuentes activas que proteger. No hay planes militares en curso”, dice, por ejemplo. “El perjuicio de desclasificar es nulo para la seguridad nacional. El perjuicio de no desclasificar es inmenso para la familia: 46 años de duelo interminable, de incertidumbre, de sufrimiento, de búsqueda permanente”, añade. “Lo que sentimos es un dolor continuado que seguimos padeciendo desde hace 41 años, no podemos cerrar la herida hasta que no demos con él. No solo es que te arrebaten y maten a tu ser querido, sino que te impiden que puedas hacer el duelo”, contó en 2021 Eneko Etxeberria, hermano del desaparecido, a este periódico, con motivo del estreno de un documenta.

Batallón Vasco Español

Recoge el Comité de Víctimas del Terrorismo (Covite) que la autoría de este caso es “confusa”. 'Naparra' habría acudido a una cita en San Juan de Luz y ya no se le volvió a ver. Tan solo apareció su vehículo. Días después de su desaparición, una llamada anónima al periódico 'Deia' reivindicó el secuestro en nombre del Batallón Vasco Español (BVE), grupo terrorista parapolicial y de extrema derecha. “Reivindicamos el secuestro de 'Naparra' en Ciboure, en Francia. Está en España. Después de los últimos asesinatos de ETA su suerte está echada. El Batallón Vasco Español es la única solución. Viva la Unidad de España — Batallón Vasco Español, Comando Esteban Beldarrain”, proclamaba en el comunicado.

Un mes después, y a través de una llamada anónima, este mismo grupo terrorista volvió a ponerse en contacto con el periódico y comunicó que lo había asesinado y que lo había enterrado cerca de San Juan de Luz: “José Miguel Etxeberria 'Naparra' ha sido ejecutado el día 30 y está enterrado cerca de Biarritz, por la zona de Txantako. Nuestros comandos seguirán actuando en Francia contra los terroristas marxistas de ETA y contra instalaciones turísticas del Sur de Francia y Costa Azul”. El grupo terrorista de extrema derecha llegó a revindicar el secuestro y asesinato hasta en cinco ocasiones, apuntando a cinco localizacones distintas.

Sin embargo, se rumoreó también que los autores podrían haber sido sus propios compañeros de los Comandos Autónomos Anticapitalistas, que pusieron en duda la reivindicación que achacaba la desaparición al BVE. También se habló de ETA. El pasado abril, la familia de 'Naparra' pidió retirar al desaparecido del Memorial de Víctimas del Terrorismo al entender que este apuntaba a ETA y no al Batallón Vasco Español como responsable de su desaparición. La institución se escudó en que la información se ajustaba a lo que se conocía, sin descartar “ninguna de las hipótesis posibles”.

Se han rastreado varias zonas de Francia a lo largo de los años, pero todas las búsquedas han resultado infructuosas. En 1999, por ejemplo, la Audiencia Nacional admitió una querella interpuesta porla familia, pero el caso se volvió a zanjar como “supuesta desaparición”. En 2016, se reabrió nuevamente y un año después, en 2017, se buscó en otra zona de la localidad de Labrit, nuevamente sin éxito.

Jon-Mirena Landa es catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco (UVP-EHU) y director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos. Especializado en violencia política, forma parte de la comisión para el reconocimiento de víctimas de abusos policiales en Euskadi, una iniciativa que ve exportable para abordar la escucha y reconocimiento de los represaliados del franquismo y la transición.

“No se trata de poner a unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados”, defiende Landa, que fue uno de los ponentes de unas jornadas de la Universitat de Girona sobre formas de reparar a víctimas que han encontrado un muro en los juzgados.

Ha investigado sobre las “víctimas invisibles” de violencia política en España. ¿Quiénes son?

Son las víctimas de violencia política del Estado tanto en la dinámica del contraterrorismo en el País Vasco como los opositores de la dictadura después de 1978. La dictadura se acabó, pero la tortura continuó, y de forma muy exagerada, en los años 80. Estas víctimas, que no son prototípicas, han sido negadas o tratadas de peor condición que las víctimas de ETA. No se trata de hacer una competición, pero en España ha habido unas víctimas de segunda, que no han conocido la justicia penal.

Un primer grupo de estas víctimas son las del contexto de la lucha antiterrorista. ¿Se han contabilizado?

Un primer informe del Gobierno vasco de 2013, tras el fin de la violencia letal de ETA, cifró en al menos 167 víctimas mortales y más de 1.100 heridos, bien por violencia de la Policía, bien por elementos contraterroristas que actuaban en colusión con las fuerzas de seguridad. En la actualidad se ha contabilizado ya a 240 víctimas.

Cuando hablamos de violencia de Estado en la lucha contra ETA la imagen automática son las víctimas del GAL y el caso Segundo Marey. ¿Al resto de víctimas se las ha reparado lo suficiente?

El GAL existió pero no solo es el GAL. En los 70 y los 80, grupos como el Batallón Vasco Español o la Triple A se dan el relevo en las reivindicaciones de violencia política. Y también se han identificado, claramente, elementos parapoliciales, o incontrolados, que cuentan con la aquiescencia del Estado para llevar a cabo su violencia política.

Hubo algunos casos excepcionales de enjuiciamiento, pero la gran bolsa de muertos, heridos y torturados no ha conocido la justicia penal, y no existen a nivel oficial. Lo que sí ha habido es un debate, tanto en el País Vasco como en Navarra, en el que se ha conseguido aprobar dos leyes para crear dos comisiones de valoración, similares a las impulsadas en relación con los abusos de la Iglesia, para generar una investigación y reparar a las víctimas.

En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política

¿Cómo ha sido este proceso?

Las comisiones nacieron tras una batalla por tierra, mar y aire en el plano jurídico contra ellas. Se decía que iban a actuar como jueces, y no es cierto. En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política. Se ha logrado que emerjan más damnificados, a los que se ha reconocido como víctimas. Se ha conseguido darles lo que más piden: algo de verdad. Las víctimas no reivindican tanto una indemnización, que también reciben, sino que quede constancia de que se les lesionó o torturó o a que a su familiar lo mataron.

¿Qué tipo de casos han visto las comisiones?

Pelotazos en manifestaciones, detenciones con gravísimas agresiones en los centros de detención, incluso con agresiones sexuales, controles de carretera con muertos… Todos esos excesos, abusos y violaciones graves de los derechos humanos, en su momento no se enjuiciaron porque la policía no investigó o se investigó lo mínimo, y los jueces y fiscales miraron para otro lado y no hicieron su trabajo, con lo que los procedimientos se dilataron, archivaron o prescribieron. Es un supuesto clásico en casos de excesos de los aparatos del Estado: el propio Estado se autoencubre y los tapa.

¿Su trabajo ayuda a la reconciliación en el País Vasco?

Se está logrando cierta verdad y reparación para estas víctimas. Se está logrando también cierta visibilidad, aunque mediáticamente bastante enclaustrada en el País Vasco y Navarra. Pero es un trabajo muy necesario para la reconciliación del tejido social: aquí no se trata de poner unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados.

A las víctimas de ETA pendientes de reparación, hay que repararlas y trabajar a su favor. Pero estas otras víctimas que estaban totalmente fuera de foco también merecen reparación y una respuesta. Seguramente en el contexto polarizador del terrorismo no se podía hacer, y por eso se hace ahora.

¿La labor de estas comisiones se puede comprender más desde Catalunya y otras periferias del Estado que desde Madrid?

No debería ser así porque no es una cuestión de ‘politiqueo’. No estoy hablando de un discurso o una labor que beneficie a un partido político u otro. Hemos reconocido ya a 240 víctimas, y decenas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con ningún color político. Un día fueron detenidas, les metieron cuatro días en una comisaría y les destrozaron la vida con un derrumbe psiquiátrico irrecuperable. Eso tiene un impacto en la persona y su familia respecto, por ejemplo, la percepción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Si queremos una democracia en la que todos creamos en las instituciones, tendrá que atenderse también esta realidad. No es una realidad de suma cero: atender a estas víctimas no quita legitimidad a las de ETA. Las políticas de acompañamiento a las víctimas de ETA siguen siendo muy necesarias, pero en el pasado a su alrededor se generó un relato inaceptable para condenar al olvido otras violaciones de derechos humanos.

¿Por qué le ha costado tanto al Estado y a sus responsables políticos reconocer esta violencia?

Le sigue costando: la Ley de Memoria Democrática tiene una disposición adicional que por primera vez amplía el espectro del ámbito objetivo de la ley desde 1978 a 1983 para tratar la violencia que se produjo en la transición. Pero el Estado atiende de manera muy tímida a estas víctimas. Parece que va contra la democracia reconocer que a partir de la entrada en la Constitución se produjeron también violaciones graves de derechos humanos. En realidad, la grandeza de un Estado democrático no es el cuerpo formal de su democracia, sino cómo la ejerce. Y se ejerce reconociendo también aquellos derechos humanos que han quedado por el camino.

Aunque ha habido investigaciones, los represaliados del franquismo y la transición siguen encontrando un muro en la Justicia. ¿Un ejemplo a seguir para estas víctimas serían las comisiones que ha impulsado en el País Vasco?

Es un mecanismo previsto por la ley de Memoria, y tiene potencial, pero será real cuando se lo tomen en serio. Si no nos gusta el nombre de comisión de la verdad, le llamamos de otra manera. Pero lo que no puede ser es que estas personas no estén atendidas.

Más allá de la judicatura, donde se ha impuesto una doctrina muy conservadora (que no era la única posible) para no atender los estándares de derechos humanos y a las víctimas, hay un espacio intermedio que son los mecanismos de verdad, que se pueden instrumentar a través de leyes administrativas y expedientes que no tienen que ser fríos. Al contrario, pueden ser mecanismos que se llenen el corazón con lo que es la doctrina del derecho internacional y de los derechos humanos y llamen a las cosas por su nombre.

Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria

¿Por qué tarda tanto en moverse esta maquinaria institucional del Estado en memoria democrática?

Hay varias razones. Medio país no cree en esas leyes: cuando el PP ha llegado al poder en distintas instituciones, le ha quitado el presupuesto. Cancelaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que educaba a los alumnos en derechos humanos y era una sugerencia del Consejo de Europa, y nos debilitó. ¿Cómo se puede quitar la educación para la ciudadanía en un Estado democrático? Ello no quita la capacidad de los actuales responsables del Gobierno para impulsar la ley de Memoria, aunque habría que preguntárselo a ellos.

Por otro lado, históricamente en Europa la víctima de primera es precisamente la de la violencia del Estado a su máximo nivel: la víctima del Holocausto. Por contra, en España la víctima prototípica es la del terrorismo. Todo ello genera una contención por parte de medio país, que no quiere mirar a los ojos a la historia y que sigue, de alguna manera, convalidando una especie de historia de España como si la dictadura no fuera lo que fue. Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria.

Hay muchas víctimas que se quejan de las dificultades que les ponen los archivos para acceder a la documentación de sus detenciones.

Esto muestra donde estamos: hay leyes de víctimas bien articuladas jurídicamente, pero hay muchas instituciones que colaboran y otras muchas instituciones que no colaboran. En nuestra comisión de colaboración, cuando no colaboran lo decimos y se va haciendo presión.

¿Qué instituciones colaboran menos?

Los archivos militares. Muchas veces a la judicatura le cuesta, dice que no tiene medios y echan balones fuera. Pero incluso con la propia administración autonómica a veces no es todo tan claro.

¿Por qué?

Porque todavía se está sujeto a la arbitrariedad. Muchas veces depende de que un archivero te dé o no unos datos cuando hay una ley de víctimas que articula una comisión de valoración que tiene unos poderes investigativos tasados para poder recabar la documentación. Pero cuando emergen las personas reconocidas y se van conociendo sus historias de vida, la verdad empuja la verdad y es más difícil de tapar.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España. Es bueno que todos los abusos se limpien, no con una voluntad de estar constantemente con comisiones de clarificación, que también tienen que tener un tiempo tasado. Si se hace bien el trabajo, aunque no pueda hacerse todo pero quede limpio, la salud democrática mejorará.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España

¿Cómo podría tener éxito una comisión de este tipo a nivel estatal?

Lo primero sería tomársela en serio y que las personas que participaran fueran del máximo prestigio y que no sea para hacer un juego partidario. También tenemos que imbuirnos de la cultura del derecho internacional de los derechos humanos, que ha quedado demasiado fuera del foco (es otro daño colateral de la dictadura).

El derecho internacional de los derechos humanos no es para gente buena que tiene el corazón henchido de buenos deseos. La Constitución dice que hay que interpretar todas las leyes conforme a lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos. No lo han querido hacer los jueces, pues actuemos estratégicamente impulsando las leyes de víctimas y mejorando los mecanismos.

Muchas de las víctimas en el caso de las del tardofranquismo y transición ya están empezando a morirse.

Esto nos pasó en la comisión de valoración del País Vasco y es un drama. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de personas a las que funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos han torturado. Se trata de atender estándares asentados en todo nuestro entorno europeo que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

¿Cuáles son las consecuencias de no mirar con seriedad al pasado?

Comporta un lastre para hoy y para el futuro, por ejemplo en políticas en las que se necesitaría consenso y no lo hay. También en determinados cuerpos funcionariales: a veces, en ciertos sectores de la judicatura y la Fiscalía, hay una mirada de arrastre porque en su momento no se depuraron. ¿Por qué casi siempre hay mayoría conservadora en determinados cuerpos del Estado? ¿Representan a la pluralidad del país? Hay muchos deberes que no se atendieron y lastran el funcionamiento de las instituciones hoy, no solo en la violencia de motivación política, sino también a la hora de controlar los abusos policiales.

¿Estamos pagando las consecuencias del modelo de transición española, caracterizado por el olvido, en vez del argentino, donde se juzgó a los responsables de la dictadura?

Creo que sí. Hay muchas personas que tienen reservas respecto al Estado democrático por la experiencia que tuvieron con la Policía. Las historias negras que no se limpian dejan rastro en muchas personas que no van a confiar en las fuerzas de seguridad, lo que les dificultará convertirse en un cuerpo de proximidad y comunitario. Hay que atender a las víctimas y a sus familiares porque son espinas que están clavadas en las historias de vida de nuestros ciudadanos. Sacando esas espinas, conseguiremos recuperar el tejido social.

La Justicia francesa ha dado luz verde a la entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu 'Ternera', uno de los exdirigentes de la banda terrorista ETA. El Tribunal de Apelación de París ha tomado la decisión a raíz de una euroorden de la Audiencia Nacional, que investiga a 'Ternera' por su presunta responsabilidad como jefe que fue de la banda. Antes, sin embargo, deberá resolverse una causa que el exdirigente de ETA tiene pendiente en Francia.

En abril, la fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, defendió que no hay que ver a Urrutikoetxea como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”, según recogió entonces Efe.

Recordó que en su trayectoria ya hubo otra condena en Francia a diez años de cárcel por terrorismo tras su detención en Bayona en enero de 1989 con una pistola y una granada, y que la Justicia española lo reclamaba sobre todo para juzgarlo por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1989, en el que fueron asesinadas once personas, incluidos cinco niños.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, contra Vox por un mensaje en redes sociales, en septiembre de 2024, en el que se le denominaba “alcalde etarra” y se le acusaba de “seguir patrocinando el terrorismo” con motivo de la publicación del cartel de las fiestas de San Fermín Txikito de 2024, según ha informado Vox en un comunicado. El alcalde pedía una indemnización de 30.000 euros por “vulnerar su derecho al honor”.

En el mensaje difundido a través de la cuenta de X de Vox Navarra, la formación de Santiago Abascal llamó “etarra” a Joseba Asiron por subvencionar desde el Ayuntamiento, “con el dinero de todos los pamploneses”, a la comisión de fiestas de San Fermín Txikito, unas fiestas que se celebran en el Casco Viejo de la ciudad a finales del mes de septiembre. En concreto Vox aludía a uno de los carteles de la fiesta en el que aparecían “símbolos nacionalistas e independentistas vascos de un partido independentista vasco como es Sortu (hoy parte de EH Bidu) y anagramas de los presos de ETA”, según recoge la sentencia.

Tanto el juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona como la Audiencia Provincial de Navarra desestimaron la demanda en mayo y noviembre de 2025, respectivamente, al considerar “que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política”. Y, aunque admite que “las afirmaciones” son “ciertamente desafortunadas”, las estima “legítimas” en una “sociedad democrática” e interpreta que “el partido político demandado (Vox Navarra) critica el destino o utilización de fondos públicos”.

“Nos hallamos, por tanto, ante un contexto de naturaleza eminentemente política o de interés o alcance general, vinculado al contenido del cartel anunciador de uno los eventos festivos o de ocio más relevantes y populares entre la población de la ciudad de Pamplona/Iruña (San Fermín Txikito 2024), que goza del patrocinio o subvención del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña (gestión de fondos públicos), consistorio en el que el demandante-apelante [Joseba Asirón] ostenta el cargo (manifiesta relevancia pública) de alcalde”, razonaba la sentencia de mayo de 2025, ratificada por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.

El alcalde de Pamplona acudió a la cúspide del órgano judicial pero, tal y como señala Vox Navarra, “este ha inadmitido el recurso de casación al no apreciar que el recurrente justificara suficientemente la necesidad de corregir el juicio de ponderación realizado por la Audiencia Provincial”, ya que en dicha sentencia, la argumentación jurídica se apoya en sentencias emitidas por el propio Tribunal Supremo, “en línea con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional”.

“La sentencia es ya firme y el alcalde ha sido condenado al pago de las costas procesales y a la pérdida del depósito constituido”, afirma el partido demandado en un comunicado.

La Audiencia Nacional ha transmitido una comisión rogatoria a Venezuela en busca de información sobre Juan Ignacio de Juana Chaos y otros trece exmiembros de la banda terrorista ETA que se encontrarían en aquel país. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Francisco de Jorge incide en “el cambio político operado recientemente en Venezuela” para reclamar “colaboración”.

De Jorge interesa que las autoridades venezolanas “faciliten cuanta información posean” sobre De Juana Chaos, Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

También ha librado comisión rogatoria a Estados Unidos para que facilitan toda la información que tengan en un procedimiento judicial seguido contra Hugo Armando “El Pollo” Carvajal sobre los miembros de ETA “huidos de la justicia española” y residentes en Venezuela.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha inadmitido una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, por la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a los presos de ETA Soledad Iparragirre, alias 'Anboto', y Garikoiz Aspiazu, 'Txeroki'. Este artículo permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. El tribunal vasco afirma que no existe ningún “elemento o principio de prueba que avale razonablemente” la denuncia.

En un auto que ya es firme, el TSJPV destaca que la denuncia interpuesta por esta asociación “viene a decir que las resoluciones por las que se ha adoptado el modelo de ejecución previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario”, de flexibilidad en el régimen carcelario, respecto a los dos presos han sido adoptadas “en fraude de ley”, al “no cumplirse los requisitos legales” previstos para ello y, por tanto, se habría cometido un delito de prevaricación, según recoge Europa Press.

El alto tribunal vasco señala que en la denuncia se hace constar que ninguna de las dos resoluciones “ha sido firmada y adoptada por la consejera”. “El título de imputación a nivel de autoría sería, según la denuncia, que la resolución no se concibe sin la anuencia, el beneplácito, incluso el mandato de la consejera”, destaca. Por ello, el TSJPV responde que el título de imputación que hace Manos Limpias en su denuncia es “una mera opinión o suposición del denunciante, sin ningún apoyo o corroboración objetiva de dichas manifestaciones y sin que exista ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, por lo que no cabe admitir a trámite la denuncia”, y decreta el archivo de las actuaciones.

El Ministerio Fiscal también informó a favor de inadmitir la denuncia al considerar que no “existen elementos de naturaleza penal que justifiquen” su admisión. Manos Limpias interpuso asimismo denuncia ante el TSJPV, por los mismos hechos, contra el director de Servicios Penitenciarios del Gobierno vasco, Pablo María Martínez Larburu, pero el Superior vasco recuerda no es competente para resolver sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio de la persona que ejerce ese cargo.

La resistencia de la sociedad civil frente al terrorismo de ETA desempeñó un papel importante en la derrota de la banda, pero la literatura académica internacional no se ha fijado hasta ahora en aquellas movilizaciones que, junto con otros agentes y factores, lograron que se pasase de un asesinato prácticamente cada tres días a una rendición sin paliativos de los terroristas. Los 'papers' han desdeñado ese aguante frente a un grupo militarizado y organizado, de los más temidos de toda Europa, con más de cuatro décadas de extorsiones, secuestros y asesinatos a sus espaldas. Javier Argómaniz sostiene que la sociedad civil vasca fue “crucial” en la derrota de ETA. Esos ciudadanos, según apunta en un libro publicado por Oxford University Press, sembraron la semilla de la deslegitimación de la violencia, llevaron a cabo una labor pedagógica y aparcaron sus diferencias políticas para unirse con el único propósito común de alcanzar la paz.

Argómaniz se encuentra esta semana en Vitoria. La sala 1.8 del Centro de Investigación Micaela Portilla de Vitoria acoge este martes, a las 10:30 horas, un seminario titulado, como el libro que firma, 'Resisting Terror. Civil action and non-violent resistance to terrorism in Basque Country'. El evento puede seguirse a través de una retransmisión en directo, en este enlace.

“La resistencia civil puede afectar a la evolución de la violencia a través de cuatro mecanismos, que ayudan a largo plazo a debilitar indirectamente a la organización terrorista”, explica Argómaniz, tanto de forma general como en la práctica aplicada al caso de ETA y la respuesta de la sociedad vasca. Esos cuatro resortes son, dice, la deslegitimación de la violencia, el fortalecimiento de la cohesión social, socavar el apoyo a ETA dentro del movimiento político que lo rodea y, finalmente, en la fase final de la evolución de la campaña terrorista, sumar a grupos de la sociedad civil que ayudan en el debate que existe dentro de la propia izquierda abertzale en torno a la transición que puede emprender hacia el uso de métodos no violentos. En esa última categoría incluye iniciativas como Foro Social Permanente y Artesanos por la Paz, que considera que ayudan en dicha fase final a que el proceso arribe a buen puerto.

En su análisis, se retrotrae a los movimientos pacifistas, que actuaron como “emprendedores”, pues trabajaron para “normalizar a la sociedad en una cultura para la paz y los valores democráticos”. “Ahora lo vemos con ojos de 2026 y no suena como una contribución tan importante, pero nos tenemos que poner en ese contexto histórico. Había muy poca tradición democrática en España”, reconoce Argómaniz. No fueron los únicos, pues hubo también intelectuales, periodistas y partidos políticos dedicados a esa labor, pero enfatiza el papel del movimiento cívico y constitucionalista en la “deslegitimación de la violencia”, con una pedagogía dirigida a enseñar lo que significa vivir en una democracia y un Estado de derecho. Argómaniz sostiene que, desde el ámbito académico, se ha prestado poca atención a cómo la sociedad civil puede determinar la trayectoria de una campaña terrorista a través de acciones no violentas. “Es importante que haya un conocimiento del caso vasco, porque tiene lecciones que se pueden extrapolar”, defiende.

Las organizaciones civiles, además, se rodearon de un aura de credibilidad nacida del hecho de que no se guiaban por directrices políticas. Algunas llegaron a tener conexiones con partidos políticos, admite Argómaniz, pero gozaban de autonomía y bregaban en una única dirección: la consecución de la paz. Se unían para hacer ver a ETA que enfrente tenía a una mayoría social contraria al uso de la violencia en la esfera pública. El plantarse frente a los terroristas ya servía para minar la imagen glorificada que algunos tenían de ellos, incluso para disuadir a potenciales miembros de la banda de unirse a ella. Habla Argómaniz de un “cortafuegos” frente al reclutamiento de nuevos militantes.

El asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista, que lo tuvo secuestrado durante tres días, supuso un “parteaguas”. Miles de personas se echaron a las calles a exigir a la banda terrorista su liberación y Argómaniz defiende que sin esas “desbordantes” movilizaciones, no es posible entender la aparición del movimiento cívico. “Esa respuesta social sobrepasa lo que habíamos visto anteriormente. Para intelectuales y activistas, indica que hay un anhelo por una respuesta más vigorosa”, abunda.

La acción cívica contra ETA tampoco estuvo exenta de peligros y amenazas. Quienes se significaban en contra de la banda pasaban a ser objetivos, ya fuera de los terroristas o de las acciones de la 'kale borroka'. Ante esos costes, los “lazos emocionales y afectivos”, como los denomina el autor, fueron de gran relevancia, porque facilitaron la permanencia a través de una sensación de compañerismo y un sentimiento de pertenencia a una causa “más grande que las personas” como era la paz.

Argómaniz, autor del libro que sirve de percha para el simposio de este martes, es profesor titular de la escocesa University of St Andrews y miembro del Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV). Con una investigación enfocada a las respuestas estatales, no estatales y civiles ante la violencia política, ha publicado artículos en varias revistas académicas y ha codirigido proyectos de ámbito internacional sobre las necesidades de las víctimas del terrorismo y el papel que pueden desempeñar en la prevención de conflictos.

Pasadas las ocho y media de la mañana del 24 de mayo de 2001, Santiago Oleaga se encontraba en la Fundación Matia, ubicado en el barrio El Antiguo de Donostia, para continuar con la rehabilitación de una lesión de hombro causada por su afición a la pala. Mientras, miembros de ETA le esperaban en las inmediaciones del centro médico. Al identificar a Oleaga descendiendo de su coche, los terroristas no dudaron en disparar siete tiros por la espalda que acabaron con la vida de Oleaga. Así fue como hace 25 años el director financiero 'El Diario Vasco' fue asesinado por ETA.

Oleaga, nacido en Durango en 1947, trabajaba como director financiero de El Diario Vasco cuando fue asesinado. Estaba casado con Amaia Guridi y tenían dos hijos. Durante el homenaje celebrado este viernes en la sede de periódico, el presidente del grupo editor, José María Bergareche, le ha definido conmovedoramente como “un hombre íntegro” y “bueno”. A su vez, el director, David Taberna, recordaba que, después de su familia, “su prioridad era el periódico”.

La organización terrorista había puesto fin al alto el fuego en el año 2000. En aquellos meses, los periodistas se convirtieron también en uno de sus objetivos. Apenas diez días antes del asesinato de Oleaga, el periodista Gorka Landaburu había resultado gravemente herido tras abrir un paquete bomba enviado por la organización a su domicilio en Zarautz. Bergareche cataloga a su difunto colega como “la dignidad de quienes decidieron no callar”, aunque la propia víctima, según recoge la ficha Covite, no se consideraba objetivo de ETA. Tras el atentado de Oleaga, Covite relata en su ficha que los asesinos huyeron en un coche cargado de explosivos que abandonaron posteriormente en el barrio de Aiete. El vehículo estalló en una zona residencial y pudo haber causado una matanza mayor.

Con motivo del 25 aniversario del asesinato, 'El Diario Vasco' ha celebrado este viernes la primera edición del Premio Santiago Oleaga, un galardón anual a partir de ahora destinado a reconocer a periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad de información. Este primer premio fue entregado a la periodista colombiana Jineth Bedoya, secuestrada, torturada y violada en el año 2000 mientras realizaba un trabajo periodístico en el contexto del conflicto armado colombiano.

Durante el acto del aniversario del atentado, Taberna ha defendido la necesidad de que el periódico asumiera en esta ocasión el relato del recuerdo. Ha explicado que no querían seguir pidiendo a la familia, especialmente a la viuda, que compartiera su dolor públicamente, y subrayó el papel del periodismo en los años de violencia en Euskadi, cuando “las crónicas y las imágenes” eran la voz de una sociedad sometida al miedo. Los medios son como “voz de la ética y la razón” frente a la violencia, reivindicaba Taberna, y ha alertado de que hoy ese compromiso sigue siendo necesario ante la polarización y la desinformación. Por su parte, el presidente de la cabecera de Vocento, José María Bergareche, ha enmarcado el asesinato de Oleaga en la historia de una Euskadi marcada por décadas de violencia. “Hubo un tiempo en el que discrepar podía costar la vida”, ha apuntado.

La asociación de víctimas del terrorismo Covite ha denunciado este jueves la concesión de dos nuevos terceros grados que ve “fraudulentos” a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. Además, ha pedido “la dimisión” de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José.

Olarra Guridi fue uno de los máximos responsables del aparato militar de ETA y sobre él pesaban condenas que superaban los 1.000 años de prisión por diferentes atentados y delitos relacionados con la actividad terrorista de la banda. Ya tenía concedida una flexibilización del segundo grado mediante el artículo 100.2. En el caso de Zabalo Beitia, se le había concedido el tercer grado en 2025. Sin embargo, la Fiscalía recurrió aquella decisión y el juez terminó revocando la progresión hacia la semilibertad.

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que “el Gobierno vasco vuelve a conceder beneficios penitenciarios a presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación de la izquierda abertzale”. A juicio de Ordóñez, estas dos nuevas concesiones constituyen “un nuevo episodio de la amnistía encubierta que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA”, informa Europa Press.

Ordóñez enmarca estas dos nuevas concesiones en “un contexto de creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco”, que tiene la competencia desde 2021. “Esta política se sostiene sobre el fraude de las cartas privadas de supuesto arrepentimiento”, según la hermana del dirigente del PP asesinado en 1995.

En este contexto, el Parlamento Vasco ha aprobado una resolución con los votos del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno autonómico, compuesto por ellos mismos, a “reforzar” las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las víctimas del terrorismo y de otras vulneraciones de derechos humanos, así como a estudiar nuevas medidas educativas, sociales o sancionadoras “con el fin de prevenir la revictimización y consolidar una memoria inclusiva, crítica, ética y democrática”. La proposición no de ley original era del PP e instaba a que en el plazo de seis meses y en cooperación con las asociaciones de victimas del terrorismo, llegue a la Cámara un proyecto de ley de modificación de la norma de reconocimiento y reparación a las víctimas.

Jesús Eguiguren, presidente del PSE-EE entre 2002 y 2014, ha defendido que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero es “más que 'lawfare'” y que se enmarca dentro de un “golpe de Estado” que se viene ejecutando durante toda la legislatura, para perjudicar a Pedro Sánchez mediante ataques a su entorno. Sostiene que hay “jueces, guardias civiles y aparatos del Estado en contra del Gobierno”, y que ese es el motivo por el que ahora se “persigue” al que fuera presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011.

En una entrevista concedida en euskera a Euskadi Irratia, Eguiguren, que también fue presidente del Parlamento Vasco entre 1987 y 1990 y parlamentario hasta 2012, ha asegurado que ha recibido la noticia de la imputación con un “tremendo disgusto”. Se ha referido a Rodríguez Zapatero como el único “amigo” que tenía tanto en el PSOE como en Madrid. Con él al frente del Ejecutivo, Eguiguren ejerció la interlocución con ETA en unas conversaciones secretas celebradas a partir de 2005 que la banda terrorista dinamitó con el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas. Preguntado por el auto que achaca a Rodríguez Zapatero una presunta participación en una red de tráfico de influencias, Eguiguren no ha entrado a valorar, en cualquier caso, si el expresidente podría haber incurrido en alguna ilegalidad con los negocios que ahora se investigan.

De su lado, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha tenido en el Parlamento Vasco una postura mucho más matizada. Aunque ha confiado en que el expresidente “quede absuelto”, sí ha emplazado a que “dé las explicaciones oportunas”. “No voy a negar que los lazos emocionales son evidentes” con la figura de Rodríguez Zapatero, ha dicho Andueza, refiriéndose al final de ETA.