El juez de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional), José Luis Castro, que tiene competencias sobre el cumplimiento de los condenados por terrorismo, ha rechazado la flexibilización del segundo grado a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, más conocida como 'Anboto', y al también exmiembro de la organización armada Juan Ramón Carasatorre. Ello implica su vuelta al régimen cerrado anterior, aunque los reclusos tienen posibilidad de recurso. A la vez, Castro cuestiona la aplicación por parte del Gobierno vasco, que tiene las competencias de Prisiones, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario español de 1996 para asimilarlo a la semilibertad.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las salidas continuadas anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial. Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie. “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”, argumenta.

En el caso de Iparagirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena efectiva de treinta años de prisión. Indica que las fechas de cumplimiento de los tres cuartos de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027 pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen parecido a la semilibertad del tercer grado y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

El auto del juez analiza los informes que obran en el expediente penitenciario de Iparraiuirre que acreditan una positiva evaluación de su actitud. Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas, se indica. Sin embargo, advierte de que la interna no ha disfrutado de permiso alguno concedido por el juzgado de vigilancia, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario español, a partir del principio de individualización y de progresividad.

Para el magistrado, aplicar el artículo 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que “con buen criterio denomina ausencia de motivación reforzada y valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”. El juez argumenta que la aplicación del principio de flexibilidad “exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado”.

Para el juez, tampoco se explica el porqué en la decisión administrativa “se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria, al no constatar la trayectoria tratamental a través de mecanismos como la concesión y evaluación de la cadena permisiva, lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del 100.2”.

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada también de treinta años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez recuerda que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo 100.2. Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del equipo técnico, la aplicación del 100.2, sino que ha sido una decisión “que se ha adoptado unilateralmente por el centro directivo, sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento”.

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicar el segundo grado al preso, basándose en que no había disfrutado de permisos y en el escaso tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Para justificar la propuesta unánime de segundo grado, la junta se amparó en la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión, así como la ausencia de permisos que permitieran valorar su adaptación y ausencia de cualificación laboral. El juez indica que Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034. Al mismo tiempo considera que si el centro consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento “debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo”.

El magistrado no alcanza a entender la ejecutividad de la medida del 100.2 -que en Euskadi se aplica a presos de ETA en más proporción que a otros- cuando se necesita la ulterior aprobación del juez de vigilancia. En estos casos las salidas son inmediatas y no se suspende con recurso de la Fiscalía, como sí ocurre con el tercer grado si la pena supera los cinco años, alega. “El sentido común -añade el juez- aconseja esperar, no sólo a la decisión judicial de instancia, sino a la resolución de la apelación. Eso sí, con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto”, opina.

El auto indica que desde la perspectiva política se requiere una reflexión serena de la que derive una posible reforma normativa. El 100.2 surge de un decreto firmado por el último consejero de Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, en 1996. El magistrado plantea la posibilidad de que el 100.2 fuera una fórmula clasificatoria intermedia (especialmente entre el segundo y tercer grado) que permita consolidad la evolución positiva del penado en un sentido similar a como son los permisos de salida. No requiere una reforma legislativa como tal.

Permiso para 'Txeroki'

Por otro lado, el juez Castro sí ha aprobado un permiso de seis días para el que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', como propuso el pasado noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene. Cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. En su resolución, cita “el estado avanzado de la condena”, que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, “la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el ministerio fiscal”. Para ese permiso, el juez establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. 'Txeroki' se encuentra en régimen de aplicación del artículo 100.2, que está pendiente de ser revisado.

En vista de estas resoluciones, fuentes del Gobierno vasco han mostrado su “respeto absoluto a las decisiones judiciales”. “Forma parte de los mecanismos de garantía de los que nos hemos dotado en el Estado de Derecho. Es un sistema plenamente garantista. Insistir en que no hay ninguna ilegalidad, es diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución. Estamos aplicando el marco legal vigente en la actualidad”, abundan desde el equipo de la consejera socialista María Jesús San José.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado penitenciario al preso de ETA Jon Bienzobas, condenado entre otros atentados por el asesinato del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en 1996. Las asociaciones de víctimas Covite y AVT han confirmado la concesión del tercer grado a Bienzobas, a quien le queda menos de un año para liquidar sus penas, que suman cientos de años de prisión.

Según ha indicado Covite en un comunicado, el Departamento de Justicia ha concedido a Bienzobas el tercer grado en virtud del artículo 83 del reglamento penitenciario, en atención a su buena conducta en la cárcel, a que dispone de una oferta de trabajo y a que ha escrito una carta en la que expresa sentirse responsable del dolor causado y manifiesta su voluntad de contribuir a una convivencia en paz, según recoge Efe.

Jon Bienzobas Arretxe, 'Karaka', (Bilbao, 1969), quien cumple sus condenas en la prisión alavesa de Zaballa, acumula penas que suman los 266 años de prisión por varios atentados. Entre las penas impuestas figura una condena de 30 años de cárcel por el asesinato a tiros del expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, cometido el 14 de febrero de 1996 en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid.

También fue condenado a otros 30 años de prisión por el asesinato de Rafael San Sebastián Flechoso, cometido el 10 de junio de 1990 en Getxo (Bizkaia), donde la víctima recibió varios disparos mientras desayunaba en una cafetería. Bienzobas fue arrestado el 30 de noviembre de 1999 en Pau (Francia), país en el que fue condenado a 18 años de cárcel por el robo de dinamita cometido en Plévin.

Covite ha tachado de “fraudulenta” la concesión de este tercer grado, ya que “lo que debería acreditarse con hechos verificables se está sustituyendo por cartas privadas que nadie tiene que dar por buenas, y menos aún las víctimas”. “Las víctimas no tenemos por qué creernos lo que se diga en esas cartas. No se nos puede exigir un acto de fe. Mientras no haya un arrepentimiento público, claro y avalado por hechos, no tenemos ningún motivo para dar credibilidad a esos escritos redactados con el único fin de obtener la semilibertad”, ha denunciado la presidenta de Covite.

Ha recordado que una sentencia de la Audiencia Nacional de 2023 relativa a Xabier Atristain estableció que estas cartas no tienen validez si no van acompañadas de “signos inequívocos de desvinculación” del terrorismo. Además Covite ha denunciado que el 90 % de los terceros grados concedidos a etarras se están ejecutando en la modalidad del artículo 86, “un régimen más parecido a la semilibertad”, ya que permite permanecer en el exterior de la prisión con una pulsera telemática.

“El Gobierno Vasco nos notifica una cosa, pero luego no nos informa de que en la mayoría de los casos esos terceros grados pasan a ejecutarse a través del artículo 86. Estamos ante un engaño intolerable. Hemos exigido al Gobierno Vasco que nos notifiquen el momento en que se produzca el cambio de modalidad del artículo 83 al artículo 86”, ha denunciado Ordóñez. La presidenta de Covite ha señalado también a la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en muchos caos está otorgando validez a los terceros grados concedidos por el Gobierno Vasco en lugar de recurrirlos.

La Fiscalía francesa ha pedido este viernes una pena de cinco años de cárcel, pero exentos de cumplimiento, para el histórico etarra José Antonio Urrutikoetxea, Josu Ternera, en el último juicio que tiene pendiente en Francia. También reclama para Urrutikoetxea (de 75 años) su expulsión definitiva de Francia, junto a esa pena de cárcel por pertenencia a una organización terrorista que sólo tendría que cumplir en caso de reincidencia.

La fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, ha defendido que no hay que verle como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”.

Recordó que en su trayectoria ya hubo otra condena en Francia a diez años de cárcel por terrorismo tras su detención en Bayona en enero de 1989 con una pistola y una granada, y que la justicia española lo reclama sobre todo para juzgarlo por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1989, en la que fueron asesinadas once personas, incluidos cinco niños.

No obstante, la representante del Ministerio Público reconoció que “el tribunal debe relativizar su responsabilidad”, teniendo en cuenta los elementos que se le reprochan en este sumario y que desde que ocurrieron no ha vuelto a estar vinculado a hechos terroristas, lo que justificaría que no ingrese en prisión.

En este juicio, Josu Ternera está inculpado por su acción en ETA en Francia entre diciembre de 2002, después de huir de España para escapar a las acusaciones de haber estado implicado en el atentado en Zaragoza, y mayo de 2005. Los principales elementos en su contra son las pruebas (trazas de ADN y huellas) de su paso por dos pisos francos de ETA, en Lourdes y en Villeneuve-sur-Lot en los que vivieron el que era el entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

Esas trazas estaban esencialmente en documentos de carácter político, muchos de los cuales estaban en un garaje que miembros de la banda habían alquilado junto a la vivienda de Villeneuve-sur-Lot. Durante su interrogatorio este viernes, Josu Ternera reconoció haber estado en esos pisos, pero dijo que no se acordaba de las fechas exactas y señaló que “en tanto que militante” se reunía “con mucha gente”.

La fiscal hizo hincapié en que, más allá de que esos textos se refirieran a negociaciones, esos pisos ponen en evidencia que había “una actividad terrorista”. “Hay una personalidad, la de Urrutikoetxea, vinculada a la negociación, pero que tiene un pie en el terrorismo”, ha señalado, después de haber echado en cara al encausado que se hubiera quejado por la mañana de que aunque en el País Vasco desde hace 15 años ya no hay violencia por el fin de los atentados de ETA, “no se puede hablar de paz” porque “no hay justicia” y “no hay verdad” sobre lo sucedido. “La paz —puntualizó Rudloff— pasa también por la reparación de las víctimas de ETA” y “no hemos escuchado una sola palabra de Urrutikoetxea” para esa reparación, subrayó.

La Fiscalía ha presentado un recurso contra la decisión de las Prisiones vascas de flexibilizar el cumplimiento de la condena de cárcel en segundo grado de la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, conocida como 'Anboto'. Al no ser un tercer grado o semilibertad, sino una aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, el recurso no suspende el disfrute de las salidas concedidas hasta que, en su caso, pueda ser revocado por el juzgado responsable de vigilancia penitenciaria, que es la Audiencia Nacional en casos de terrorismo.

El ministerio público ve prematuro este paso al no haber alcanzado 'Anboto' tres cuartas partes de su condena efectiva. La nominal es próxima a los 800 años por la acumulación de delitos. El fiscal de vigilancia penitenciaria, Carlos García-Berro, apunta también a un supuesto “uso indebido” del 100.2 a modo de “tercer grado anticipado por vía reglamentaria”. Desde el Gobierno vasco, que en 2021 asumió la competencia de Prisiones, expresan su “respeto absoluto” a la decisión de la Fiscalía. Repiten que el control judicial de sus decisiones “forma parte del mecanismo” garantista de la normativa penitenciaria.

'Anboto' disfruta de su nuevo régimen de cumplimiento de condena desde el 24 de marzo, lo que ha motivado controversia política y entre asociaciones de víctimas. Se le permiten salidas durante el día de lunes a viernes, con pernocta en Martutene, su cárcel de referencia, y estancia durante los festivos. El artículo 100.2 no es ni un beneficio penitenciario ni una progresión de grado, pero sí es una fórmula para flexibilizar el régimen cerrado que se ha usado en una proporción muy alta con los reclusos de ETA, que copan un tercio de todos los concedidos en Euskadi, cuando son alrededor de un 6% de la población interna.

UPN, partido que denunció la exhibición de imágenes de presos de ETA durante la Korrika, ha asegurado en una nota de prensa que la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil y a la Policía Nacional investigar si hubo “enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas” en el trascurso de la carrera popular a favor del euskera. Vox también denunció estos hechos.

Según informa el partido regionalista, la denuncia reclamaba a la policía identificar a los portadores de las imágenes de los terroristas de ETA Francisco Ruiz Romero y Alberto Viedma Morillas, asesino del concejal de UPN Tomás Caballero, y de Alberto Viedma Morillas, también condenado por el asesinato de Tomás Caballero, así como por el del subteniente del Ejército de Tierra, Francisco Casanova. Las imágenes se exhibieron durante la celebración de la Korrika a su paso por el barrio de la Txantrea de Pamplona, así como por otras localidades navarras.

La resolución del juez que ordena la investigación se ha llevado a cabo tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, según ha apuntado UPN.

Tras conocer la instrucción del juez, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha reclamado que “se llegue hasta el final” ante unos hechos “que denigran a las víctimas del terrorismo”, haañadidoo. La presidenta de UPN ha pedido así, que “se haga justicia” con las familias de Tomás Caballero y Francisco Casanova.

“No solo tienen que sufrir la pérdida de un ser querido a manos de los terroristas, sino que se ven humilladas nuevamente por la exaltación que se lleva a cabo con el consentimiento de los organizadores de la Korrika”. “Memoria, justicia, dignidad y verdad para todas las víctimas del terrorismo. Todo mi cariño y mi respeto”, ha manifestado.

“Volvemos a exigir a los organizadores una disculpa pública, la adopción de medidas para evitar que este tipo de hechos vuelvan a producirse en el futuro y que las entidades que hayan apoyado económicamente la Korrika pidan la devolución de sus aportaciones”, ha concluido.

En los últimos días se ha hablado mucho del cumplimiento íntegro de las penas de prisión, de los grados y los permisos derivados de las mismas. El debate público es necesario y saludable en democracia, pero también lo es garantizar una información rigurosa y veraz. Por eso, he creído oportuno aclarar algunos conceptos básicos, pero necesarios, para comprender un tema complejo como el que nos ocupa.

¿Para qué sirve la pena de prisión y por qué no se cumplen todos los años que se fijan? Son preguntas que afloran de forma recurrente en la opinión pública a la luz de diferentes noticias. Comencemos por aclarar lo más evidente. La pena impuesta tras un proceso judicial con todas las garantías es necesaria en un sistema democrático. La sociedad, a través de sus leyes, decide cuál es la respuesta que ha de darse ante la lesión a aquellos bienes jurídicos que considera dignos de protección.

Dentro del corpus jurídico se encuentran desde el Código Penal, que prevé qué ha de ser sancionado, la Ley procesal, que determina cómo ha de ser sancionado, y la Ley penitenciaria, que determina para qué ha de servir la sanción.

Todo este entramado legal responde al deseo de evitar aquellas conductas y amenazas que puedan dañar nuestra vida, nuestra libertad o nuestra privacidad. Sin embargo, en el caso de que dicho daño se produzca, tendremos que velar por que la persona causante no siga generando dolor. Lamentablemente, hay muchas formas de seguir causando daño, más allá de que repita el delito. Igual efecto nocivo tiene negar el dolor causado, no reconocer el valor de la norma que nos protege, justificar la conducta lesiva o no responsabilizarse de la misma. Pero, además, habrá que procurar que la persona condenada vuelva a la sociedad, una vez cumpla su condena, con la actitud y capacidad de respeto a la ley y al resto de la ciudadanía.

Por ello, las leyes establecen límites al cumplimiento de la pena. Nuestra Constitución no admite la cadena perpetua. Ni siquiera la prisión permanente revisable impide la salida en libertad en determinadas condiciones. Porque, tal y como recoge su artículo 25, la finalidad de la pena se orienta a la reinserción de la persona condenada. Es en este contexto en el que tenemos que situar el límite de cumplimiento máximo impuesto en la sentencia. 

Nuestras normas obligan a las administraciones competentes a proponer programas de tratamiento para que las personas privadas de libertad trabajen sobre aquellos aspectos que afectaron a la comisión del delito o que puedan ser un obstáculo para su reinserción. La deslegitimación de la conducta delictiva y la asunción de responsabilidades favorece que la persona salga a la sociedad de forma constructiva.

Las penas, por tanto, tienen fines plurales. Junto con la ya mencionada reinserción, también es necesaria una reafirmación de la importancia de las leyes que protegen los intereses de las personas. Es necesario que se cumpla una parte de la pena para poder contemplar posteriores salidas, permisos y, en ciertos delitos, también las progresiones en grado. Combinar ambos fines es función de las leyes y de quienes las aplican. Las primeras establecen límites para poder salir en libertad. A los segundos les corresponde razonar, garantizando un equilibrio entre el tiempo cumplido en régimen de estricta custodia y el que se va a cumplir con mayor libertad. 

Las salidas, los permisos, las progresiones no son premios, no concurren siempre y en todos los supuestos. Si tienen lugar es porque en el caso concreto se cumplen una serie de requisitos legales, entre los que se encuentra que la persona haya realizado una evolución aprendiendo un oficio, logrando un trabajo, una actividad, un vínculo que le permita retornar a la sociedad.

Aun así, trabajar en el centro penitenciario esta evolución no garantiza una plena reinserción. Es conveniente ir adquiriendo dosis más altas de libertad para poder poner en práctica lo construido en prisión, para ir conectando con una sociedad distinta a la que dejó y a la que ha de volver.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. No todo vale por un puñado de votos

Esta es la finalidad del segundo grado regulado en el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario: permitir la continuidad en sociedad del trabajo y el tratamiento iniciado en el centro. Un paso que requiere de la interacción con los elementos externos para ir incorporándose a la sociedad. Por ello, el interno sale a diario para cumplir un plan aprobado por la autoridad judicial para trabajar o hacer actividades formativas o de voluntariado que no puede hacer en prisión.

No caigamos en la tentación de simplificar algo que tiene su complejidad. El empleo parcial e interesado de estas noticias corre el riesgo de generar un dolor innecesario en las víctimas, preocupación en la ciudadanía y nutre discursos de odio y revanchismo muy alejados de la voluntad de reinserción que establece la Constitución. No todo vale por un puñado de votos. Estas normas son una herramienta fundamental para garantizar la convivencia, pilar de cualquier sociedad democrática.

La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, se reunirá con responsables de Korrika para evaluar su última edición, ha lamentado que se hayan exhibido durante la carrera popular a favor el euskera imágenes “hirientes”, en referencia a las de presos de ETA, y ha pedido decisiones y actitudes que tiendan “puentes” y no que levanten “muros”.

La representante del Ejecutivo vasco se ha referido a la polémica que ha generado la última Korrika, entre otras cosas, por la exhibición de imágenes de reclusos de ETA, la lectura del comunicado final por siete jóvenes supuestamente afines a la izquierda abertzale, denunciada por el presidente del PNV, Aitor Esteban, o la exclusión de CCOO en la carrera popular en la que siempre había participado. La Fundación Fernando Buesa y Covite han pedido este mismo martes a las instituciones públicas la retirada de subvenciones a Korrika, tras constatar que se mostraron 38 imágenes de miembros de ETA en su 24 edicción, “la cesión del testigo en Donostia a tres miembros” de la banda o la lectura de la declaración final por Aitzol Gil San Vicente Plá, hijo del que David Plá, exjefe de la organización terrorista.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, recogida por Europa Press, Bengoetxea ha insistido en que la Korrika “tiene que ser el gran espacio de encuentro” para todas aquellas personas que deciden apoyar al euskera. “El euskera necesita puentes y no muros, necesita actitudes y decisiones que atraigan a más personas a ayudar a nuestra lengua, y no decisiones que las alejen”, ha añadido.

También ha reiterado que para el Gobierno vasco “el uso de determinadas imágenes vinculadas al euskera es hiriente, no solamente para las personas que directamente así lo sienten, sino para toda la sociedad vasca”. “Voy a hacer lo que corresponde a una institución, que es tener una reunión de evaluación con los responsables de la Korrika, como hacemos siempre que se dan iniciativas en las que el Gobierno participa, y me van a permitir que me siente con quienes la organizan y que valoremos cómo ha sido esta edición”, ha concluido.

Por su parte, Vox, al igual que ya hizo en el año 2024, ha presentado una denuncia “contra todos aquellos que resulten autores, partícipes, cooperadores necesarios o cómplices” de un delito de “enaltecimiento del terrorismo” que observa en la Korrika. El partido que lidera Santiago Abascal ha presentado un escrito, que ha adelantado El Correo, ante la sección de instrucción de la Audiencia Nacional por “enaltecimiento y humillación a la dignidad de las víctimas del terrorismo, contemplados en los artículos 578 y 580 bis del Código Penal”.

Entre los hechos a los que Vox hace referencia en su denuncia destacan la participación activa y el protagonismo en el evento de tres miembros de ETA —Balbino Sáenz de la Maza, Mikel San Argimiro y Xabier Atristain—, quienes portaron el testigo oficial de la Korrika y recibieron reconocimiento público por parte de asistentes. Asimismo, se recoge la celebración de estos actos en el Casco Viejo de Donostia, lugar en el que la banda terrorista ETA cometió diversos asesinatos, así como la exhibición en Pamplona de la imagen del terrorista Francisco “Patxi” Ruiz Romero en la camiseta de un menor.

La semana pasada UPN también interpuso una denuncia ante la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo tras la exhibición de imágenes de terroristas de ETA durante la Korrika. “No vamos a tolerar ningún acto que suponga humillación o desprecio a las víctimas del terrorismo. Defenderemos su memoria y dignidad con firmeza y no dejaremos espacio alguno para la impunidad”, sostiene UPN.

Preguntada por esta cuestión, Ane Elordi, coordinadora de la Korrika, indicó lo siguiente a este periódico: “Sobre este tema no hacemos declaraciones, pero es cierto que a todos los portadores del testigo les damos algunas indicaciones, como que tienen que llevar un peto con número. En este caso, es evidente que no han atendido nuestras indicaciones. No está en nuestras manos. Pero es otra forma de alejar el foco”.

La Korrika llega a su fin después de diez días de kilómetros corriendo a favor del euskera. Y este domingo, en puertas de su meta en Bilbao, el lehendakari, Imanol Pradales, ha portado durante unas manzanas el testigo. Su equipo, con grandes ikurriñas, ha conseguido tapar las imágenes de un condenado por delitos de terrorismo y otras reivindicaciones a favor de los presos de ETA en la señal televisada en directo.

Pradales, que ha corrido en la zona de Indautxu y cuando ya se han cubierto más de 3.300 kilómetros desde la salida en Iparralde del 19 de marzo, ha estado acompañado de la vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, del dirigente del PNV Andoni Busquet, y de varios de sus asesores. Ellos mismos han sido los encargados de ubicar en primer plano las grandes banderas vascas que han tapado los carteles que iban más atrás en el 'pelotón' de la Korrika en esos momentos.

La edición de 2026 ha tenido dos grandes controversias. Por un lado, antes del inicio la organizadora, AEK, invitó a CCOO a no portar el testigo por entender que participa en una campaña orquestada de recursos a OPE que piden nivel de euskera. Eso motivó que el PSE-EE decidiera no asistir. Ningún miembro de la parte socialista del Gobierno, que negocia con el PNV precisamente una reforma de la normativa de empleo público en lo tocante a la lengua vasca, ha corrido, aunque sí otros alcaldes y concejales socialistas. Y, por otro lado, desde la visita a Pamplona pero también en otros puntos del mapa, las asociaciones de víctimas han criticado la presencia de imágenes de terroristas y las reclamaciones en favor de los presos de ETA.

“Continúan las exhibiciones de fotografías de miembros de ETA y peticiones de amnistía en la Korrika ante el silencio y la inacción de las instituciones públicas. Éste es un ejemplo más de que legitimación de ETA sigue presente en nuestras calles y lejos de ignorar estos hechos, es obligación de una sociedad que se considere sana, denunciarlos y condenarlos. Nunca nos cansaremos de repetir que la deslegitimación ética, social y política del terrorismo de ETA es imprescindible para construir una convivencia basada en valores democráticos”, ha planteado la Fundación Fernando Buesa, socialista asesinado por ETA en 2000. Consuelo Ordóñez, de Covite, se ha expresado en términos similares. En su caso, ha llegado a denunciar que expresos portaran el testigo de la carrera.

En este contexto, la vicelehendakari Bengoetxea dijo que esa escenografía era “hiriente”. De hecho, anunció una reunión con AEK al acabar la carrera para analizar este tipo de situaciones. Bengoetxea, que ya corrió también en Donostia con otros miembros del Gobierno del PNV, consideró que el evento ha de ser “en favor del euskera” y “sin entrar en otras cuestiones”. Personas del entorno del PNV como el exrector de la EHU Pello Salaburu, se han mostrado muy críticos en redes sociales con lo sucedido.

Ane Elordi, de AEK, indicó lo siguiente a este periódico: “Sobre este tema no hacemos declaraciones, pero es cierto que a todos los portadores del testigo les damos algunas notas, como que tienen que llevar un peto con número. En este caso, es evidente que no han atendido nuestras notas. No está en nuestras manos. Pero es otra forma de alejar el foco”.

Una de las imágenes tapadas por las ikurriñas del equipo de Pradales era la de Orkatz Gallastegi. En 2007 fue condenado a 26 años de cárcel por facilitar a un comando la información para asesinar al magistrado José María Lidón. El crimen se cometió en 2002 y, según acreditó el Tribunal Supremo, acerca del horario habitual de salida del domicilio (de Lidón), vehículo en que lo hacía, itinerario que recorría hacia su trabajo y medidas de seguridad. Terminado el relevo de Pradales, las banderas han desaparecido.

Hablemos de memoria y de olvido. De cómo en este mundo loco de odio, bombas, muerte, destrucción y crisis, hay quienes creen que el recuerdo importa para avanzar y no repetir errores y quienes prefieren la omisión o la amnesia parcial como coartada para consolidar la impunidad o convertir la infamia en hazaña. Este miércoles lo hemos visto con claridad en el Congreso de los Diputados durante la comparecencia del presidente del Gobierno para informar sobre la posición de España ante la guerra de Oriente Medio.

Entre los primeros, Pedro Sánchez, que hizo un exhaustivo ejercicio de retentiva para mantener vigentes los recuerdos. Los propios y los colectivos. “Porque hay fechas que no se olvidan”. Hablaba del 15 de febrero de 2003, de un sábado en el que más de tres millones de ciudadanos salieron a manifestarse por toda España. “Con un mensaje sencillo y rotundo: No a la guerra”. “Del orgullo y el coraje de un pueblo que se negó a renunciar a sus principios solo para contentar a un presidente estadounidense. Y de quienes se negaron a secundar una mentira que solo perseguía hacer más ricos a los ricos y más miserables a los pobres”

El presidente pretendía, por un lado, refrescar el recuerdo y de otro, poner al PP frente al espejo de un pasado, el de José María Aznar, que cree indiscutiblemente asociado al presente de Alberto Núñez Feijóo. El expresidente y su apoyo a la guerra de Irak no es algo que se pueda olvidar con facilidad porque, en palabras de Sánchez, “nos arrastró a esa locura para sentirse importante y porque quería que George Bush le invitara a un puro y le dejase poner los pies sobre la mesa”. Una guerra -prosiguió- “a cambio de ego y de la dignidad de todo un país, a cambio de aquella foto”. 

Lo que vino después, forma parte de la historia y, según sus palabras,“del mayor desastre geopolítico desde Vietnam”. Traducido en cifras: 300.000 muertos, 5 millones de desplazados y el equivalente actual a 1.900 millones de euros de gasto militar solo en España. Esto además de un país en ruina, más guerras, la quiebra del Derecho Internacional, subidas de precios en todo el mundo, una crisis migratoria sin precedentes y una ola de atentados yihadistas que se llevó por delante la vida de más de 1.000 europeos

Hoy, la historia se repite y, aunque algunos de los promotores de aquella guerra ilegal, como Bush o Blair, han pedido perdón, Aznar insiste en que nunca lo hará y arrastra a Feijóo a una posición imposible ante el conflicto en Oriente Medio. Cambien Irak por Irán y el resultado es una potencia militar con un Ejército que supera a los de Alemania, Francia e Italia juntos y que está preparado para lanzar misiles balísticos a 4.000 km de distancia.

De todo esto quería hablar el presidente del Gobierno. De las consecuencias de olvidar el pasado. Y de que el impacto económico y en vidas humanas ante la inestabilidad que vive hoy Oriente Medio puede ser infinitamente superior al que tuvo la guerra ilegal a la que Aznar arrastró a España hace 23 años. Pero la memoria, además de una herramienta fundamental para evitar el yerro, es también un recurso incómodo para quienes no desean recordar y, desde luego, para un Feijóo que prefiere espantar los demonios del pasado.

El líder de la oposición calló este miércoles ante la insistencia de Sánchez en recuperar una historia no tan remota y recordar lo que es el verdadero patriotismo: “Oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los españoles”. Feijóo no solo se hizo el desmemoriado para no entrar al trapo, sino que se lanzó a una retahíla de descalificaciones personales contra el presidente, al que llamó incluso “matón” y “perdedor” con “tics dictatoriales”.  

Insultos, frases hechas y lugares comunes para repetir los mismos mantras que a diario se le escuchan a Ayuso. Da igual que se debata sobre la guerra, la jornada laboral, las medidas anticrisis, la inmigración o la sanidad pública, a Feijóo solo le mueve el afán por una convocatoria anticipada de elecciones que no llega y por resucitar a ETA cada vez que carece de argumentos frente al adversario. La banda terrorista, que dejó de matar hace 15 años y se disolvió hace 8, es el comodín que el PP utiliza cuando la discusión no le es favorable. 

¿Irán? Elecciones. ¿Decreto anticrisis? ETA ¿Fiscalidad? Elecciones. ¿Financiación autonómica? ETA. Lo ha vuelto a hacer este miércoles cuando Sánchez le interpelaba sobre su posición sobre el conflicto de Oriente Medio y sobre el sentido de su voto para el decreto de medidas anticrisis: “Me hace menos gracia escucharle dar lecciones de humanidad. ¡Usted que pacta con los que mataban a sus compañeros! ¡Usted que ha favorecido a un etarra que acumuló 700 años de condena y lo excarcela! ¡Usted que sacó ayer a la señora Anboto, jefa militar de ETA, condenada a más de 600 años de prisión por más de una decena de crímenes¡ Para celebrar la guerra, supongo”. 

Se llama Estado de Derecho, tal y como le recordó el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien para corregir su desmemoria llevó al debate a los 300 etarras que se excarcelaron durante los gobiernos del PP porque también habían cumplido su condena. Mucho más duro fue el portavoz del PSOE, Patxi López, al acusar a Feijóo de ignorante por desconocer -o no- que los grados penitenciarios son ley y que, en última instancia, los decide no el gobierno sino un juez, que puede avalarlos o denegarlos. 

“¿Podrán de una puñetera vez alegrarse de que hemos acabado con ETA? ¿Podrán de una puñetera vez valorar el triunfo de los demócratas frente al terrorismo? ¿Podrán de una puñetera vez saber el significado profundo de lo que es una democracia, que no es su coto privado, sino un espacio abierto para todos aquellos que cumplen las normas. ¡Ya vale! ¡Ya vale! Esa utilización de mierda. Son ustedes los que utilizan las víctimas y el terrorismo para avalar su ignorancia”.

Fue la respuesta con la que López puso el broche a una sesión en la que Feijóo volvió a jugar al equilibrismo para no incomodar a los EEUU e Israel y tampoco a Aznar. Ante el elocuente silencio del líder de su partido sobre su pasado en Irak, el expresidente emitió un comunicado desde FAES para afear a Sánchez que hiciera oposición con 23 años de retraso e insistir en que Sadam “utilizó las armas de destrucción masiva contra su propio pueblo en masacres que dejan pequeñas las mayores atrocidades que hayamos podido ver después». 

Una trampa más de la desmemoria de un partido cuyo líder, además de proclamarse guardianes de la ética pública y la integridad, formaba parte del Gobierno de Aznar cuando el PP acercó a decenas de presos a las cárceles del País Vasco mientras ETA aún asesinaba y extorsionaba. Es más, apenas cuatro meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco -cuya memoria Feijóo utiliza constantemente-, sostenían que el conflicto vasco terminaría “sin vencedores, ni vencidos” y que ellos no buscaban una “rendición total” de ETA, como declaró entonces el ya ex secretario de Estado para la Seguridad, Ricardo Martí Fluxà. Pero eso la derecha lo ha escondido deliberadamente entre los pliegues del olvido.

La Comunidad de Madrid ha organizado una serie de charlas sobre terrorismo en distintos colegios mayores universitarios bajo el título 'Tu historia, mi memoria', donde participarán víctimas de ETA “para dar a conocer la historia reciente de España”. Según ha publicado El País, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, aseguró durante su intervención en este ciclo que el terrorismo “es un asunto de plena actualidad”, a pesar de los que se esfuerzan “por bloquearlo, e incluso negarlo, con el único objetivo de seducir a aquellos que antes ponían bombas y ahora ponen su voto para condicionar la gobernabilidad de España”.

Estas conferencias se celebrarán hasta el mes de octubre en 13 centros de la comunidad, en colaboración con la Asociación de Colegios Mayores. En la misma presentación del programa participaron cuatro mujeres cercanas a alguna víctima del terrorismo de ETA, y compartieron su experiencia, además de recordar a sus seres queridos: María San Gil, expresidenta del PP del País Vasco y compañera de Gregorio Ordóñez, que fue asesinado en su presencia; Claudia Múgica, perteneciente a la asociación Ego Non y nieta del exdirigente del PSE-EE en Gipuzkoa Fernando Múgica; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, y la representante de la Fundación Miguel Ángel Blanco, Cristina Cuesta, que perdieron a sus padres.

María San Gil afirmó que “es un proyecto político que sigue vivo”, además de añadir que Sortu y Bildu tienen “un líder político que es Arnaldo Otegi, que estuvo condenado por apología del terrorismo, que estuvo en la cárcel y que no se ha arrepentido de su pasado terrorista”. Según el mismo diario, San Gil comparaba el terrorismo en España con la Alemania de Hitler: “En la Alemania nazi hubo un juicio, el de Núremberg, y aquí no hemos juzgado el proyecto político por el que se ha asesinado a 853 personas”.

Maite Araluce acusó al Gobierno de “facilitar la vida de los terroristas” haciendo referencia a la salida de prisión de la exdirigente de ETA, Soledad Iparragirre (alias Anboto) cuando accedió al régimen de semilibertad después de ser condenada a 800 años de cárcel acusada de 14 asesinatos, mientras a las víctimas de terrorismo “nos machacan”. Por su parte, San Gil insistía en que ETA “sigue influyendo” en la política española, como también hizo durante su actividad, porque “no hemos derrotado a ETA”: “ETA no es una historia del pasado, ETA es una historia del presente, y si no lo hacemos bien, será una historia del futuro”.

Según relata El País, la expresidenta del PP del País Vasco opina que los jóvenes recogen un legado que debe cambiar “con los siguientes gobiernos”, e insistió en su apoyo a partidos como PP y Vox, puesto que “ambos han entendido muy bien lo que las víctimas piden”.

Asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han rechazado las palabras de San Gil en declaraciones a El País. “Cuando se mete la política por medio no solo pervierten nuestra causa, sino que atacan nuestra dignidad”, han respondido desde la asociación. Covite, presidido por Consuelo Ordóñez, cree que en estas charlas organizadas por la Comunidad de Madrid “lo que menos les importa” son las víctimas: “Van a lo que van, a tratarnos como mercancía política”, a lo que añadió: “Exigimos respeto”.

No es la primera vez que Covite se expresa en estos términos. En 2013, exigieron al Gobierno de Mariano Rajoy “que cesara en su empeño de instrumentalizar a las víctimas para disimular su parte de responsabilidad en la decisión de Estrasburgo”, y criticaron la actitud de los políticos españoles: “Todos los gobiernos que hemos tenido en este país tienen mucho que callar. Hoy lo que vivimos es un final de ETA negociado. Es indecente que con dinero público se esté financiando este programa y que San Gil se dedique a pedir el voto a dos partidos, PP y Vox, porque eso es lo que está haciendo”.

Esta martes, la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre 'Anboto', como antes Garikoitz Aspiazu 'Txeroki', ha visto flexibilizado su régimen penitenciario, lo que le permite hacer salidas regulares de su centro de referencia, el de Martutene en Donostia. Lo ha logrado en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario. La decisión ha soliviantado a las asociaciones de víctimas, que recuerdan que la suma global de todas las penas por terrorismo que pesan sobre 'Anboto' se acerca a los 800 años, y copado titulares y debates políticos.

¿Quién tiene la competencia de Prisiones?

Desde el 1 de octubre, las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Donostia -a punto de ser cerrada por la inminente inauguración de la de Zubieta- están bajo gestión del Gobierno vasco. Aplican y desarrollan, eso sí, una normativa penitenciaria común marcada por el Estado. La consejera actual es de la parte del PSE-EE del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales. Se llama María Jesús San José y lleva en el cargo desde el verano de 2024.

¿Cuántos presos hay en Euskadi? ¿Y de ETA?

La población reclusa en Euskadi, actualmente, es de 1.791 personas. Son personas privadas de libertad, en cualquiera de las modalidades, tanto internas como en otros regímenes más abiertos. De ellos, “alrededor del 6,5%” son presos de ETA, es decir, unos 116-117, según datos oficiales de Prisiones. Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 todos los condenados de la banda terrorista disuelta ese mismo año e inactiva desde 2011 han sido trasladados a estas cárceles y a la de Pamplona, gestionada por el Ministerio del Interior. Etxerat, la asociación de familiares, rebaja la cifra a 100, pero en sus listados excluye a los arrepentidos que han sido expulsados de la ortodoxia del denominado EPPK. Solamente consta como preso fuera de este perímetro el dirigente Mikel Karrera 'Ata', interno en el presidio francés de Lannemezan.

¿Cómo han sido los traslados?

Un reciente informe de la consejera San José entregado al Parlamento Vasco ha expuesto que han sido 120 los traslados de miembros de ETA desde 2021, es decir, desde que el Gobierno autonómico tiene la competencia. Fueron 21 ese primer año, 77 en 2022, 18 en 2023, dos en 2024 y otros dos en 2025. Antes, el alejamiento y la dispersión se empleaban como una política más de lucha antiterrorista. Es más, se premiaba a los arrepentidos con su traslado, particularmente al antiguo penal alavés que dio nombre a la 'vía Nanclares' de presos que aceptaron participar en procesos de reinserción e incluso de encuentros restaurativos con víctimas. La película 'Maixabel' mostró uno de estos casos.

¿En qué grado están los presos de ETA?

Desde 2021, las Prisiones vascas han emitido 2.183 clasificaciones de presos en segundo grado. De ellas, cuatro han recaído en condenados por terrorismo, el 0,18%. Es un dato poco relevante porque la mayoría ya llegó clasificado así. Lo es más el de clasificaciones en tercer grado, el estadio más atenuado de una condena. Se han dictado 2.002 resoluciones de progresión desde 2021 y 119, el 5,94%, han afectado a presos de ETA, por debajo de su peso general en la población reclusa. Esas 119 corresponden, además, a 97 personas diferentes, dado que alguno de ellos ha podido recibir varias después de que se rechazaran inicialmente por recursos.

¿Qué es el artículo 100.2?

El 100.2, el artículo del que se han beneficiado 'Anboto' o 'Txeroki' en las últimas fechas pero antes también condenados por corrupción como el dirigente del PNV alavés Alfredo de Miguel, no es una progresión de grado ni, técnicamente, un estatus de semilibertad. Es un segundo grado flexible, con salidas regulares autorizadas entre semana para actividades laborales o de otro tipo, como el voluntariado. La pernocta es entre rejas. La propuesta parte de los funcionarios, de la conocida como Junta de Tratamiento, y es automática su aplicación, aunque puede ser revocable 'a posteriori' por una resolución judicial si hay recursos. Las Prisiones vascas han concedido 142 mejoras del 100.2 en casi cinco años, y el 33,8% han recaído en reclusos de ETA, 48. Fuentes penitenciarias conceden que “se podía usar mucho más porque es una opción muy positiva para la reinserción” y que la población reclusa por terrorismo está sobrerrepresentada. El 100.2 es un artículo del reglamento penitenciario español de 1996.

¿Y el tercer grado y la libertad condicional?

El tercer grado es la semilibertad propiamente dicha. De nuevo, la plantea la Junta de Tratamiento. Y, de nuevo, es revocable por los juzgados de vigilancia penitenciaria si hay recurso. El matiz es que el recurso de la Fiscalía es suspensivo hasta que se resuelva el fondo del asunto. En el caso de los presos de ETA, al ser delitos de terrorismo, la competencia de vigilancia penitenciaria es de la Audiencia Nacional. Recientemente, en febrero, la Fiscalía paró una progresión de Asier Arzalluz y planteó que lo oportuno para él sería empezar con un 100.2, como otros excompañeros suyos en la organización armada. El estadio más avanzado de la condena es la libertad condicional. 301 presos vascos lo han logrado desde 2021, 39 de ellos de ETA. Representan el 12,95%, aunque con el matiz de que el régimen es muy diferente para hechos posteriores a 2015 y, por lo tanto, las fuentes consultadas indican que podría sobrerrepresentar estadísticamente a criminales de épocas anteriores, como sería el caso de ETA.

¿Los presos de ETA tienen un tratamiento diferenciado?

Sí. Los condenados por terrorismo tienen un régimen agravado que impone más exigencias a la hora de acceder a progresiones, flexibilizaciones o beneficios. Mucho de lo que tienen que hacer guarda relación con el 'arrepentimiento', es decir, con mostrar alejamiento con los hechos que los llevaron a la cárcel. Normalmente, se hacen con cartas. Las asociaciones de víctimas han criticado que esas redacciones son estandarizadas y no personalizadas. El Gobierno vasco tiene activada ahora mismo la denominada 'vía Nanclares II' que propicia encuentros restaurativos entre víctimas y victimarios. La información oficial es muy escasa aunque periódicos como 'El Mundo' y 'El Diario Vasco' han referido en fechas recientes reuniones en un 'baserri'. Las fuentes consultadas exponen que en estos procesos “ha habido unas conversiones muy importantes” de algunas exterroristas, cuyos nombres no se facilitan, y que “es un proyecto sincero y honesto y, a la vez, muy sanador para las víctimas”.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguire, 'Anboto', ha salido este martes pasadas las 10:00 horas de la cárcel de Martutene de Donostia en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario que le permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. Iparraguirre ha salido al exterior de la cárcel donostiarra, donde le aguardaba una decena de personas que se han puesto delante de ella para tratar de evitar que su imagen fuera captada por los medios de comunicación.

Ataviada con unas gafas de sol oscuras, una cazadora verde y unos vaqueros, la exdirigente de ETA se ha abrazado con algunas de las personas que se encontraban en el exterior tras lo cual se ha subido a un coche y ha abandonado el lugar. El Gobierno vasco ha concedido a la exdirigente de ETA una flexibilización del segundo grado que permite a los internos salir de prisión de lunes a viernes y volver a la cárcel solo para dormir durante estos días, según recoge Efe.

Para su concesión el recluso debe entregar un “plan de ejecución”, en el que se acredite que va a trabajar o a llevar a cabo labores de voluntariado, con sus horarios correspondientes. El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) ha considerado “escandaloso e injustificable” la concesión de este régimen de semilibertad a una exjefa de ETA que, según denuncia, cuenta con un “historial criminal de extrema gravedad ya que fue condenada a 793 años y 8 meses de prisión y está vinculada a 14 asesinatos”. El mismo régimen de semilibertad en aplicación de dicho artículo fue concedido recientemente, en febrero, al exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', lo que también provocó las críticas de varias asociaciones de víctimas del terrorismo.

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha subrayado este martes que la salida de 'Anboto' de prisión entre semana “no supone ni tercer grado ni cumplimiento definitivo de la condena”. “Entendemos que cause dolor, por supuesto”, ha concedido, pero ha insistido en que el Gobierno vasco “no ha adoptado una medida discrecional”, sino que es la aplicación del 100.2.

María Soledad Iparraguirre nació en Eskoriatza (Gipuzkoa) en 1961. En octubre de 2004 fue detenida en Francia junto al jefe del aparato político de ETA, Mikel Albisu, 'Antza', en una casa de Salies-de-Béarn en la que ambos vivían desde hacía años junto a su hijo. En el momento de su detención Iparraguirre era supuestamente la encargada de dirigir el aparato de extorsión de la banda terrorista. En 2018 fue la encargada, junto a Josu Urrutikoetxea, alias 'Ternera', de poner voz al anuncio de la disolución de la banda terrorista.

La asociación de víctimas Covite ha censurado la concesión del régimen de semilibertad previsto en el artículo 100.2 del reglamento penitenciario a la exdirigente de ETA María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'. Considera que es una decisión “especialmente grave” tanto por la “trayectoria criminal” de la penada como por el “escaso tiempo” que lleva cumpliendo condena en España.

“Estamos hablando de una de las dirigentes históricas de ETA, condenada a 793 años y 8 meses de prisión, vinculada a 14 asesinatos y con responsabilidades de primer nivel dentro de la organización terrorista. Resulta escandaloso que se le conceda ya un régimen de semilibertad cuando ha cumplido muy poco tiempo de prisión en España”, ha denunciado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, informa Europa Press.

A juicio del colectivo, “este caso ilustra con especial claridad cómo el artículo 100.2, que fue ideado como una fórmula extraordinaria de flexibilización del cumplimiento de la pena, con los presos de ETA está siendo utilizado de forma generalizada y desvirtuando por completo su finalidad y significado”. En este sentido, Covite ha considerado que “no es casual” que esta medida se haya aplicado a Iparraguirre porque 'Anboto' “no fue una etarra de base ni una presa irrelevante dentro del entramado de ETA, sino una figura central de la organización y una persona estrechamente identificada con su dirección política”.

“Está claro que estamos ante una etarra VIP para la izquierda abertzale, y precisamente por eso se está forzando una vía excepcional para facilitar su salida de prisión antes de que haya cumplido las partes de su condena, requisito ineludible para acceder al tercer grado”, ha subrayado. Ordóñez ha advertido de que “esta es precisamente la trampa del 100.2: utilizar una vía extraordinaria como atajo para conceder un régimen de semilibertad a quienes no pueden acceder todavía al tercer grado”. “Se cumple la ley en apariencia, pero se desnaturaliza por completo su finalidad”, ha añadido.

En este sentido, Covite ha remarcado que la concesión del artículo 100.2 a 'Anboto' “todavía más inaceptable” porque “no consta ninguna ruptura pública, visible e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo y legitimó el terrorismo de ETA durante décadas” y, al contrario, “su trayectoria y su significado dentro de ese mundo hacen aún más exigible esa desvinculación, y sin embargo no existe ninguna evidencia objetiva de que se haya producido”. “No se nos puede pedir a las víctimas que hagamos un acto de fe en un supuesto arrepentimiento que no se acredita con hechos. En delitos de terrorismo, la reinserción no puede medirse con los mismos parámetros que en la delincuencia común. Aquí hablamos de crímenes cometidos para imponer un proyecto político mediante la violencia. Por eso la reinserción exige algo más que trámites burocráticos: exige una ruptura real con quienes justificaron y todavía hoy justifican el terrorismo”, ha recalcado Ordóñez.

Para el colectivo, la reiteración de decisiones de este tipo “confirma que el Gobierno vasco está consolidando una política penitenciaria orientada a acelerar la salida de prisión de los presos de ETA sin exigirles una verdadera asunción del daño causado ni una auténtica desvinculación de la izquierda abertzale”. La gestión de Prisiones es una competencia vasca desde 2021. Actualmente, las dirige la consejera socialista María Jesús San José.

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha rechazado la exhibición de carteles e imágenes de apoyo a presos de ETA durante la celebración de la Korrika, que este domingo ha recorrido la comunidad foral. Según ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite),  a su paso por el barrio pamplonés de la Txantrea, el testigo de la Korrika lo ha recogido “un niño con una camiseta con la foto del asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz”.

A través de su perfil en la red social X, Chivite ha destacado que el Gobierno de Navarra “siempre ha considerado la Korrika como iniciativa cultural y social en favor del euskera, lengua propia y patrimonio cultural de nuestra tierra, que debe ser promovida desde el respeto y al margen de cualquier instrumentalización política”.

En este sentido, ha remarcado que el Ejecutivo foral rechaza “cualquier exhibición, durante el desarrollo de la Korrika, de imágenes, fotografías o símbolos vinculados a personas condenadas por delitos de terrorismo, como las que desgraciadamente se han producido de nuevo en esta edición”.

“Este hecho supone un homenaje público hacia personas que han causado mucho dolor en nuestra tierra y revictimizan de nuevo a las víctimas del terrorismo y sus familiares”, ha censurado.

Por todo ello, ha instado a las entidades organizadoras de la Korrika a que “adopten las medidas necesarias para desterrar la presencia de imágenes y fotografías de terroristas”.

Miles de personas se han sumado a la 24.ª edición de la Korrika, la carrera en favor del euskera, que este domingo ha recorrido diferentes localidades de la Comarca de Pamplona. A su llegada a la capital navarra, en la plaza Consistorial, cientos de personas se congregaban a la espera del paso de la carrera, que coincidía con el kilómetro adquirido por el Consistorio. Se han podido ver varias ikurriñas, banderas de Navarra y Palestina, y se ha coreado durante estos momentos de espera 'Hemen gaude euskararen alde' (Estamos aquí por el euskera).

Allí esperaba también el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, acompañado de varios concejales de EH Bildu así como el edil de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón. Sobre las 15 horas han llegado a la plaza, desde la calle San Saturnino, las furgonetas que abrían la marcha. Le seguían cientos de personas, precedidas por la pancarta de la Korrika, entre los aplausos de los asistentes. En ese momento, Asiron ha cogido el testigo y ha continuado con la carrera, a la que se ha sumado miles de personas, todas ellas coreando 'Tipi-tapa, korrika', según recoge Europa Press.

La carrera ha pasado este domingo por diferentes localidades de la Comarca de Pamplona como Noáin, Barañáin, Berriozar, Villava, Ansoáin, Burlada, Huarte, Sarriguren o Mutilva. A lo largo del día ha entrado y salido de Pamplona, recorriendo sus barrios. Así, sobre las 5 de la madrugada ha llegado a Etxabakoitz y ha abandonado la ciudad por Landaben, para regresar a media mañana por el barrio de la Txantrea. Sobre las 13 horas ha vuelto a entrar en la capital por Erripagaña y abandona definitivamente Pamplona esta tarde por Landaben para continuar su recorrido por otras localidades navarras.

Covite rechaza los mensajes de apoyo a ETA

Algunas personas han portado también carteles y banderas con mensajes de apoyo a los presos de ETA, igual que está ocurriendo en otros puntos del recorrido por Navarra. Estos mensajes han sido rechazados por por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que ha censurado que se “instrumentalice” la Korrika “para mostrar públicamente su apoyo incondicional a los asesinos de ETA”.

Según ha lamentado en una publicación en la red social X, a su paso por el barrio pamplonés de la Txantrea, el testigo de la Korrika lo ha recogido “un niño con una camiseta con la foto del asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz”, mientras que a su lado otra personas exhibía la imagen de “Alberto Viedma Morillas, asesino de Tomás Caballero y Francisco Casanova”.

Este hecho ha sido criticado, también, por la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien, en esta misma red social, ha lamentado los carteles con imágenes de los asesinos de Tomás Caballero protagonizando “la cabecera de la Korrika”. “Pero Asiron la apoya, participa y dice no se puede responsabilizar de esto a la organización, porque son reivindicaciones particulares, igual que animar a un equipo de fútbol”, ha reprochado.

El 20 de marzo de 2001, hace ahora un cuarto de siglo, la banda terrorista ETA asesinó a Froilán Elespe, concejal del PSE-EE en Lasarte-Oria, donde se desempeñaba como primer teniente de alcalde. Fue el primer concejal socialista que murió a manos de la organización terrorista, aunque antes había habido otros asesinatos, como el del exvicelehendakari Fernando Buesa o el exministro Ernest Lluch, ambos en 2000.

Elespe, que tenía 54 años, militaba tanto en el PSOE como en UGT. Estaba casado y tenía dos hijos. Solía acercarse a un céntrico bar de la localidad. Aquel 20 de marzo de hace 25 años, un terrorista de ETA se le acercó por la espalda a rostro descubierto y le descerrajó dos tiros. Otro terrorista esperaba fuera a su compañero.

Elespe había renunciado a portar escolta. “El día del atentado la Ertzaintza dejó un mensaje en el contestador. Decía que la próxima escolta disponible era para él”, relataba años después Josu Elespe, uno de sus hijos, en una entrevista concedida a 'El Correo'. “Creo que mi aita vivía sin temor, pensaba que ETA no le iba a imponer el miedo. De hecho, el sábado anterior al atentado entramos a un bar a ver un partido de la Real [Sociedad], su gran pasión, y se puso de espaldas a la puerta. No le vi ninguna preocupación”, añadía su hijo.

Apenas un mes antes, el 22 de febrero, ETA había asesinado a José Ángel Santos Laranga y Josu Leonet Azkune, trabajadores de la empresa Elektra. Murieron por el estallido de un coche-bomba cuyo objetivo real era Ignacio Dubreuil, concejal del PSE-EE en Ordizia. Aunque herido grave, Dubreuil sobrevivió. Cuando estaba convaleciente en el hospital, Elespe lo había visitado, tal y como recordaba cinco lustros después en una entrevista con 'El Diario Vasco'. “Había estado viéndome en la habitación del hospital y le dije: 'Ya ves que esto no es broma'. Froilán [Elespe] estaba sin escolta, no le dio tiempo a que se la pusieran”, rememoraba.

ETA había inaugurado unos años atrás la campaña conocida como 'socialización del sufrimiento', que conllevó asesinatos de cargos tanto del PSE-EE como del PP por pensar diferente. Elespe fue la primera víctima mortal de entre los concejales socialistas de esta fase del terrorismo de ETA que se cebó con los vascos no nacionalistas. Como explican Gaizka Fernández Soldevilla y Sara Hidalgo García de Orellán, la campaña de asesinatos que tuvo como primera víctima a Gregorio Ordóñez, del PP, “cercenó el pluralismo y las libertades democráticas”. “ETA y su entorno juvenil se dedicaron a amenazar, hostigar, atemorizar, herir y asesinar a las cabezas visibles de los vascos y navarros no nacionalistas. La banda puso en su punto de mira a las bases y direcciones del PP y otras formaciones conservadoras con implantación regional como UPN y Unidad Alavesa, así como a las del PSOE”, añaden.

Un año y un día después del asesinato de Elespe, ETA asesinó también a Juan Priede, concejal del PSE-EE en Orio. Este mismo sábado, el PSE-EE de Gipuzkoa le ha rendido homenaje. El secretario general de la formación en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha calificado el asesinato de “ruin y cruel” y ha dicho que se produjo porque Priede “defendía la libertad y los derechos humanos”. Ha denunciado, asimismo, que la derecha y la ultraderecha utilizan la memoria de las víctimas como “instrumento” para atacar a quienes “derrotamos democráticamente a ETA”, según recoge Europa Press.

Un tenso pleno

El mismo día del asesinato de Elespe, por la tarde, se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de Lasarte-Oria una sesión extraordinaria cargada de tensión. Según recogía entonces un teletipo de Efe, un nutrido público recibió a los concejales de EH —Euskal Herritarrok, por entonces la marca de la izquierda abertzale— con gritos de “asesinos”, “fascistas” y “nazis fuera”. La alcaldesa, la también socialista Ana Urchueguia, leyó un texto consensuado por su partido, el PP y el grupo de Eusko Alkartasuna y PNV. EH, por su parte, se abstuvo. El escaño vacío del asesinado Elespe, mientras hablaba la alcaldesa, lo cubría un ramo de flores.

El texto destacaba el compromiso de Elespe “con las libertades y la democracia desde tiempos del franquismo” y su trayectoria “en favor de la convivencia, la paz, el progreso y el bienestar de sus convecinos”. Dirigía también unas palabras a sus asesinos, a los que les recalcaba “la inutilidad de este nuevo acto de barbarie”. El portavoz de EH intentó leer su propio comunicado, pero se vio interrumpido por gritos de “asesinos”, “sin pistolas no sois nada” y “sois escoria”.

En una entrevista concedida a elDiario.es/Euskadi en 2015, Josu Elespe, uno de los hijos del edil socialista asesinado por ETA, lamentaba que durante años los políticos de PSE-EE y PP no hubieran podido hacer política “con naturalidad”. “Los culpables tienen nombres y apellidos, son personas individuales que decidieron asesinar o que hicieron un discurso legitimador de esa violencia”, aseveraba. “Para mí es muy importante la memoria y el relato de lo que se cuente a las generaciones futuras. Siempre digo que al final yo moriré con esta carga y nuestra generación está marcada por el terrorismo de ETA y moriremos marcados por esa violencia, pero por lo menos que mis hijos, las nuevas generaciones, no crezcan con esa carga. Y sin rencor ni odio, en una sociedad normalizada y sin prejuicios ni odios”, aseguraba.

El hijo de Elespe llegó a tener dos encuentros, en el marco de la 'vía Nanclares', con presos de ETA arrepentidos. “Escuchar a una persona que ha sido capaz de hacer lo que ha hecho, que ha aseinado a seres humanos inocentes, reconocer con sinceridad que su vida como miliatante de ETA ha sido un fracaso y que siente que está en deuda con las víctimas y con este país, oír a una persona con semejante giro te reconforta muchísimo y te da mucha esperanza en el futuro”, decía al respecto.

Hace unos meses tuve conocimiento de que Iñaki Soto, director del periódico 'Gara', realizó una última entrevista a la dirección de ETA en 2018, poco antes de la disolución de la banda terrorista. Supe también que la entrevista fue publicada en un libro en 2019 por la editorial Txalaparta. Y supe que en ella Soto y los entrevistados se refirieron a Humberto Fouz Escobero, a Fernando Quiroga Veiga y a Jorge García Carneiro, los tres jóvenes coruñeses residentes en Irún que desaparecieron el 24 de marzo de 1973 tras pasar a Francia para ir al cine.

Una casualidad me llevó a esa entrevista. Era junio de 2025 y preparando la presentación en A Coruña de la novela 'Manto de silencio, de Iñaki Martínez, me llamó la atención un titular de prensa de finales de 2021 que decía así: “Durante unas semanas de 2019 creímos haber encontrado los restos de ‘Pertur’.” Eran palabras del historiador Iñaki Egaña en 'Naiz' (la versión digital del periódico 'Gara'). Presentaba su libro 'Objetos perdidos', sobre desaparecidos “en el contexto del conflicto vasco”, según sus propias palabras. Casi al final comenta el caso de “los tres gallegos” y remite a esa entrevista con la última dirección etarra.

Me hice con un ejemplar del libro de Soto y busqué la referencia a Humberto, a Fernando y a Jorge. No encontré más que lo que ya se recogía en 'Naiz'.

Como creo que no es necesario añadir ningún comentario a las respuestas de los dirigentes de la banda terrorista —esas respuestas demuestran por sí solas un nivel de infamia insuperable—, me limitaré a transcribirlas para que los lectores juzguen por sí mismos.

Soto plantea a modo de pregunta: “Dicen que ETA los secuestró y los hizo desaparecer…”. Los miembros de la dirección etarra responden señalando que ETA no lo ha asumido pero que no negarán “completamente que pudo ocurrir aquel hecho oscuro y lamentable”. “Nos parece legítimo que el suceso se aclare. Las familias lo merecen”, añaden. Quiero subrayar que se refieran a esos asesinatos como hecho y como suceso. Sabiendo que la elección de las palabras que se emplean no suele ser inocente, optar por estas dos palabras parece aludir a algo de carácter fortuito, a algo que sucede accidentalmente...

A continuación dicen que “si se hubieran dado las condiciones adecuadas en un proceso de soluciones, también nosotros podríamos esforzarnos más, con dos objetivos: por una parte, aclarar la responsabilidad de la propia ETA y, de confirmarse que tuvo responsabilidad, asumir tal responsabilidad; por otra parte, encontrar los cadáveres.” Acto seguido, con un repugnante cinismo, dicen que “no se ha podido hacer tal cosa” y achacan la responsabilidad, ¡cómo no!, “a un Estado que tiene tanto que ocultar” y para el que, añaden, los desaparecidos no son un tema atractivo. El Gobierno español, dicen, “nunca ha planteado estos temas en las conversaciones” y “nadie se ha acercado a nosotros a tratar de ello seriamente”. Aunque la rotundidad que pretenden trasladar se tambalea inmediatamente, cuando añaden que “si alguna vez ha habido algo así, no nos consta” y, sobre todo, cuando acto seguido concluyen reconociendo que “ha habido interpelaciones públicas, pero con poca seriedad”.

¡Qué desfachatez! ¡Cuánta ruindad! Pregunto públicamente a esos miembros de la última dirección de ETA qué seriedad otorgan a la interpelación realizada el 24 de marzo de 2023, en el marco del homenaje celebrado en el 50.º aniversario de la desaparición de Humberto, Fernando y Jorge, y secundada por los Gobiernos vasco y español, así como por todas las instituciones, colectivos de víctimas y ciudadanos que ese día acompañaron a las familias de los tres jóvenes.

Siguiendo con la entrevista, un poco más adelante responden que querrían “que se aclarara, por duro que sea y aunque ensucie el nombre de ETA. Si buceando en la historia de ETA se pueden hallar aclaraciones, creemos que esa aportación se hará.” ¿A qué están esperando? Han pasado ya casi 8 años. ¿Por qué siguen callando?

Hemos tardado en saber de esta entrevista. Podrían habernos hablado de ella los dirigentes de la izquierda abertzale a los que hemos interpelado en privado y públicamente en más de una ocasión. Pero no lo han hecho. Han preferido guardar silencio. Pese a ello hemos podido leerla. Tarde, y por casualidad, pero hemos podido comprobar cómo los dirigentes de ETA vienen a reconocer, aunque lo hagan por la puerta trasera, la responsabilidad de la banda terrorista en la desaparición de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Como tengo la impresión de que en 2018 y 2019 la conversación de los dirigentes etarras con el periodista de 'Gara' tuvo escasa repercusión fuera de los canales de comunicación abertzales, voy a aprovechar este nuevo aniversario que se acerca —ya van 53—, para tratar de difundir esta pequeña parte de esa entrevista.

Al mismo tiempo que seguimos mimando la memoria de mi tío y de sus dos amigos, vuelvo a interpelar públicamente en nombre de estas tres familias a quienes fueron dirigentes de ETA. CON ABSOLUTA SERIEDAD. Con la seriedad con la que siempre les hemos interpelado. Les decimos alto y claro: déjense de excusas y pónganse, de una vez por todas, a bucear en su historia —estoy segura de que no han de bucear ni muy profundo ni durante demasiado tiempo—, reconozcan la verdad y dígannos dónde están los restos de Humberto, de Fernando y de Jorge.

Y no teman ensuciar el nombre de ETA. Aunque muchos etarras y exetarras, y muchos de quienes les apoyaron y jalearon, aún no hayan tenido la decencia ni el coraje de reconocerlo, el nombre de ETA lleva sucio desde el momento en que decidieron empuñar un arma y asesinar a su primera víctima.

El programa Adi-Adian dio comienzo en 2014. Le precedió el Plan para la Convivencia Democrática y la Deslegitimación del Terrorismo, del Gobierno socialista de Patxi López, en el que se incluía un proyecto de materiales didácticos para deslegitimar el terrorismo y llevará a las aulas testimonios directos de víctimas del terrorismo. Desde entonces este ha venido trabajando en las aulas de los centros escolares de Euskadi con los testimonios de diferentes víctimas del terrorismo. 

El uso de testimonios ayuda a humanizar lo sucedido, permitiendo que nuestros estudiantes conecten emocionalmente con la vivencia de la víctima. A través del relato directo de estas víctimas educadoras, se promueve el desarrollo de la empatía y el análisis crítico sobre las consecuencias del uso de la violencia. Al mismo tiempo, actúa como una herramienta para generar rechazo a la violencia.

Al participar en estas sesiones, tanto el alumnado como el centro educativo se convierten en agentes de memoria. Es decir, asumen la responsabilidad de mantener vivo el recuerdo para evitar el olvido.

A nivel pedagógico permite trabajar conceptos sobre los derechos humanos que, de otro modo, el alumnado suele desconocer debido a su falta de saber respecto al contexto sociopolítico de la época. Se fomenta la involucración del estudiante de manera significativa en su propio aprendizaje ético. Finalmente, ayudan a los jóvenes a comprender realidades que, en ocasiones, han sido silenciadas dentro de sus propias familias. No pocas veces hay alumnos que son conscientes de lo que estaba sucediendo en sus casas tras escuchar el relato de una víctima del terrorismo y la violencia por motivación política.

La importancia del programa es evidente, pero surgen varias preguntas: ¿Por qué tiene tan poco impacto a nivel social? ¿Por qué se llega a tan pocos estudiantes? ¿Qué se podría hacer para que esto dejase de ser así?

El principal hándicap que tiene el programa Adi-Adian es que se trata de un programa voluntario. Es decir, no está dentro del programa lectivo de las etapas de secundaria obligatoria, secundaria o estudios superiores. Por lo tanto, el programa depende exclusivamente de la sensibilidad y el compromiso personal de directores o profesores específicos (normalmente de áreas como Geografía e Historia, Valores Éticos o Filosofía). Este es el principal escollo por el que su alcance no sea mayor o total y, por lo tanto, por lo que se generan los siguientes inconvenientes.

Sin embargo, si ese docente comprometido cambia de centro o se jubila el programa suele desaparecer de ese centro educativo. En la mayor parte de los casos no es un compromiso institucional del centro, sino un esfuerzo individual. También debemos tener en cuenta la sobrecarga de trabajo, los docentes deben buscar el hueco en un currículo muy completo, lo que muchas veces lleva a que se sacrifiquen las sesiones de preparación previa a la visita de la víctima o de reflexión posterior. Es decir, no hay un trabajo previo con el alumnado. Algo absolutamente necesario para preparar a los oyentes para escuchar el testimonio que van a escuchar. En otras ocasiones también suele suceder que no hay trabajo posterior con el alumnado. 

El número de centros escolares que participan en el programa es pequeño. Según los datos del Eustat de 2023/2024, publicado en julio de 2025, la CAV tenía al menos 1.200 centros escolares no universitarios. De estos, alrededor de 333 impartían Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y 210 Bachillerato. De los 333 centros, 132 son públicos y 201 son privados. De estos últimos, 97 son concertados. En 2024, por ejemplo, el programa llegó a 31 centros educativos de secundaria. Es decir, se llegó únicamente al 9,30% de los centros educativos de esas etapas y la mayoría eran centros educativos concertados.

Según los datos del Diagnóstico del sistema educativo vasco de 2025, publicado en febrero de este año, había un total de 123.059 estudiantes de ESO y Bachillerato. En 2024, por ejemplo, el número de alumnos que participaron en Adi-Adian fue de 2630. Es decir, se llegó a un 2,13% del total de los alumnos y las alumnas de la etapa Secundaria.

Ante estos datos, la conclusión es clara: la voluntariedad del programa genera una desigualdad en el acceso a la Memoria. El alumnado que recibe este impacto no lo hace por un derecho educativo garantizado, sino por suerte según el centro donde estudie. Esto impide que la deslegitimación de la violencia sea un estándar de aprendizaje común para toda la juventud vasca, dejando fuera a la mayor parte de los centros que, por falta de tiempo, desconocimiento o reticencia, deciden no solicitarlo. En definitiva, no todos los jóvenes vascos reciben la misma formación en memoria y convivencia, lo que genera una brecha en la base ética común de las nuevas generaciones.

Al no ser parte del programa lectivo, Adi-Adian es percibido a veces como una charla puntual en lugar de un proceso pedagógico serio. A esto debemos añadir que, al no estar integrado en el programa lectivo, los contenidos no suelen ser evaluables, lo que puede relajar la atención de una parte del alumnado que lo percibe como un descanso de las materias importantes. Podríamos decir que existe una desconexión curricular en el que cuesta más conectar el testimonio de la víctima educadora con los temas que el alumno está estudiando en ese momento (Derechos Humanos, Dictadura, Transición, etc.), perdiéndose la oportunidad de que el testimonio sirva como fuente primaria de estudio histórico.

Todo esto provoca inconvenientes como que las entidades que trabajan con este programa no puedan prever cuántos centros lo solicitarán cada año y se generen picos de demanda en fechas señaladas (como el Día de la Memoria), mientras que el resto del año el programa tiene menos actividad, lo que complica la gestión de las agendas de las víctimas.

Vinculado a ello hay otro problema externo: el número de víctimas es reducido. Apenas una veintena de ellas, entre las que se encuentran tanto víctimas de ETA como de grupos terroristas de extrema derecha o de violencia del Estado, participan en el programa. Aquí se observan diferentes factores: el hecho de que haya víctimas que no deseen participar por no encontrarse preparadas para hablar de ello en público; los que al contrario, sin dejar de lado el recuerdo, han decidido seguir con su vida; o los que tras participar en múltiples visitas al aula necesitan un descanso o entienden que ya han cumplido. Todos estos factores son comprensibles, entendibles y absolutamente respetables.  

A esto le sumamos que el número de víctimas de primera fuente de información se va reduciendo por edad. El envejecimiento de estas víctimas, está empezando a crear y creará una limitación de estos testimonios de manera directa en un breve tiempo. Por ese motivo, es fundamental que se abra el espectro añadiendo a víctimas de persecución. Así como a víctimas de segunda generación o material audiovisual de los testimonios de las víctimas de primera fuente.

La integración de Adi-Adian en el programa lectivo por parte del Departamento de Educación es fundamental para garantizar que la formación en memoria y convivencia sea un derecho educativo garantizado y no una cuestión de azar según el centro. Se evitaría que el proyecto desaparezca cuando un docente comprometido se traslada o se jubila, convirtiéndolo en un compromiso institucional. Aseguraría que existan espacios curriculares específicos para el trabajo previo y posterior con el alumnado, fundamentales para la asimilación ética del testimonio. Estabilizaría la gestión de las entidades y las agendas de las víctimas, evitando picos de demanda estacionales y permitiendo una planificación pedagógica seria y evaluable.

En definitiva, transformar Adi-Adian en una pieza troncal del currículo es el paso necesario para que el testimonio de las víctimas deje de ser una charla puntual y se convierta en una herramienta sistemática de deslegitimación de la violencia y de construcción de una base ética sólida para las futuras generaciones.

Sostener que Begoña Gómez es una mujer trans o el “esposo” del presidente del Gobierno y que está vinculada al narcotráfico es “improvisación”. Ni injuria ni calumnia. Es repentizar y es libertad de expresión. 

Sostener que “ETA gobernará el País Vasco y Navarra en un año” es una “verdad incómoda”. Ni pronóstico, ni obsesión, ni lucubración. Es una certeza como que en las próximas elecciones “nos jugamos la Corona y la desagregación de España”.

Sostener en sede parlamentaria que el PSOE de Madrid está “jodío” es institucionalidad. Ni chabacanería ni mala educación. Es altura política y es propio de un liderazgo inigualable. 

Sostener ante un micrófono que uno conoce cuatro cosas del presidente del Gobierno que le obligarán a dimitir sin aportar ni cuáles, ni cuándo, ni qué pruebas hay al respecto es periodismo de calidad aunque de tal afirmación haya pasado más de uno año y no haya rastro ni de bombas de racimo ni de detonaciones informativas.

Un país en el que todo lo anterior se aplaude, se jalea, se premia y, además, se le otorga categoría de veracidad es un país en el que cada día gana espacio la bajeza moral y la vulneración de todos los estándares éticos, políticos y periodísticos sin que haya quien se escandalice por ello.

Son solo unos ejemplos. Pero hay muchos más: las inventadas cuentas en el extranjero de media docena de ministros, las minas de oro de un expresidente de Gobierno de las que no hay rastro, la reunión de Sánchez con Otegi en un caserío que no existió, el itinerante parador en el que en pandemia se pegó la juerga padre Ábalos, el dinero que Bolaños ofreció a Aldama por su silencio… 

Astracanadas que, de no ser acusaciones serias, serían dignas de carcajada y de materia para un buen libreto de Muñoz Seca. Se sostienen, se publican y se difunden por quienes siempre ven la paja en el ojo izquierdo pero nunca la viga en el derecho. Quienes se erigen en salvadores de una patria en la que solo caben ellos. Quienes destilan bilis en cada palabra que pronuncian. Quienes prefieren la gloria al rigor. Quienes quieren ajustar cuentas. Quienes no olvidan agravios. 

En política, en periodismo y en cualquier ámbito profesional se cometen errores a diario, pero una cosa es el yerro involuntario y otra muy distinta la manipulación, la insidia, la inquina o la ausencia de objetividad, que no es lo mismo que neutralidad. Acusar sin pruebas, contar historias a sabiendas de que son inciertas o dar pábulo a lo que se lee en redes sociales, cuenta algún represaliado o declara el primer delincuente confeso sin la más mínima comprobación puede ser el camino para un honor efímero, pero rara vez consolida trayectorias. 

La agitadora y tertuliana Pilar Baselga, que afirmó en un programa de Distrito TV en noviembre de 2022 que Begoña Gómez era una mujer transexual y la involucró en casos de narcotráfico, sabía que sus palabras eran susceptibles de demanda y, sin embargo, en el juicio celebrado contra ella por calumnias e injurias se ha escudado en que se hizo eco de “noticias publicadas” y que, con perspectiva, ahora entiende que lo que dijo fue “inadecuado”.

El exministro Jaime Mayor Oreja sabe que ETA dejó de matar hace 15 años, se desarmó hace 9 y se disolvió oficialmente hace 8. También que Bildu es una coalición de partidos legal, con representación parlamentaria y a la que han votado miles de ciudadanos vascos. Y aun así fantasea con un gobierno de etarras. No es desconocimiento, sino un enésimo y burdo intento de manipulación de los hechos construido desde la mentira a sabiendas de que lo es. 

José María Aznar sabe que si España es hoy una monarquía constitucional es porque, entre su alma republicana y su compromiso con la Constitución, hace ya más de 40 años que el PSOE eligió lo segundo. Si los socialistas un día abjurasen de ese contrato, en el Congreso de los Diputados habría una mayoría republicana. Felipe VI lo sabe, pero el expresidente del Gobierno y todo el PP se empeñan en dibujar a Sánchez como un peligro para la monarquía cuando en realidad la principal amenaza para el jefe del Estado es hoy la ultraderecha de Vox, socio y hermano de los populares.

Isabel Díaz Ayuso es la autora del “Pedro Sánchez, hijo de puta” y del “que te vote, Txapote”, además de la campeona de los eslóganes vacíos y la voz más injuriante de cuantas anidan en la conversación pública. Este jueves ha hecho mofa del HODIO, el instrumento que el Gobierno ha inventado para identificar la huella del odio en las redes sociales, para atacar al PSOE madrileño: “Veo que la herramienta se llama ‘jodío’, que es como lo llevan ustedes”. Y la sincronizada de guardia ha aplaudido la gracia y casi pedido el ingreso como académica de la Lengua por su conocimiento y dominio del castellano. No hay extravagancia, insulto, corruptela o boutade que no tape un buen pellizco en publicidad institucional. 

Pedro Sánchez, pese a una supuesta bomba de racimo que con toda seguridad iba a llevarle a la dimisión hace año y medio, sigue en el Gobierno. De momento, tampoco nadie ha aportado pruebas de algo que le implique en trama alguna de corrupción, pero ahí siguen los autores de tanta falsa exclusiva impartiendo lecciones de ética, de imparcialidad y de periodismo. 

El panorama, sin duda, es desolador porque estamos ante un verdadero derrumbe del debate público. Cuando en la conversación pública y publicada mandan el escándalo diario, la mentira, la confrontación y la ausencia de valores es que el pensamiento, el análisis y el diálogo constructivo se han esfumado definitivamente. Y llegará el día en que nos lamentemos por no haber hecho algo para evitarlo.