Jon-Mirena Landa es catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco (UVP-EHU) y director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos. Especializado en violencia política, forma parte de la comisión para el reconocimiento de víctimas de abusos policiales en Euskadi, una iniciativa que ve exportable para abordar la escucha y reconocimiento de los represaliados del franquismo y la transición.

“No se trata de poner a unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados”, defiende Landa, que fue uno de los ponentes de unas jornadas de la Universitat de Girona sobre formas de reparar a víctimas que han encontrado un muro en los juzgados.

Ha investigado sobre las “víctimas invisibles” de violencia política en España. ¿Quiénes son?

Son las víctimas de violencia política del Estado tanto en la dinámica del contraterrorismo en el País Vasco como los opositores de la dictadura después de 1978. La dictadura se acabó, pero la tortura continuó, y de forma muy exagerada, en los años 80. Estas víctimas, que no son prototípicas, han sido negadas o tratadas de peor condición que las víctimas de ETA. No se trata de hacer una competición, pero en España ha habido unas víctimas de segunda, que no han conocido la justicia penal.

Un primer grupo de estas víctimas son las del contexto de la lucha antiterrorista. ¿Se han contabilizado?

Un primer informe del Gobierno vasco de 2013, tras el fin de la violencia letal de ETA, cifró en al menos 167 víctimas mortales y más de 1.100 heridos, bien por violencia de la Policía, bien por elementos contraterroristas que actuaban en colusión con las fuerzas de seguridad. En la actualidad se ha contabilizado ya a 240 víctimas.

Cuando hablamos de violencia de Estado en la lucha contra ETA la imagen automática son las víctimas del GAL y el caso Segundo Marey. ¿Al resto de víctimas se las ha reparado lo suficiente?

El GAL existió pero no solo es el GAL. En los 70 y los 80, grupos como el Batallón Vasco Español o la Triple A se dan el relevo en las reivindicaciones de violencia política. Y también se han identificado, claramente, elementos parapoliciales, o incontrolados, que cuentan con la aquiescencia del Estado para llevar a cabo su violencia política.

Hubo algunos casos excepcionales de enjuiciamiento, pero la gran bolsa de muertos, heridos y torturados no ha conocido la justicia penal, y no existen a nivel oficial. Lo que sí ha habido es un debate, tanto en el País Vasco como en Navarra, en el que se ha conseguido aprobar dos leyes para crear dos comisiones de valoración, similares a las impulsadas en relación con los abusos de la Iglesia, para generar una investigación y reparar a las víctimas.

En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política

¿Cómo ha sido este proceso?

Las comisiones nacieron tras una batalla por tierra, mar y aire en el plano jurídico contra ellas. Se decía que iban a actuar como jueces, y no es cierto. En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política. Se ha logrado que emerjan más damnificados, a los que se ha reconocido como víctimas. Se ha conseguido darles lo que más piden: algo de verdad. Las víctimas no reivindican tanto una indemnización, que también reciben, sino que quede constancia de que se les lesionó o torturó o a que a su familiar lo mataron.

¿Qué tipo de casos han visto las comisiones?

Pelotazos en manifestaciones, detenciones con gravísimas agresiones en los centros de detención, incluso con agresiones sexuales, controles de carretera con muertos… Todos esos excesos, abusos y violaciones graves de los derechos humanos, en su momento no se enjuiciaron porque la policía no investigó o se investigó lo mínimo, y los jueces y fiscales miraron para otro lado y no hicieron su trabajo, con lo que los procedimientos se dilataron, archivaron o prescribieron. Es un supuesto clásico en casos de excesos de los aparatos del Estado: el propio Estado se autoencubre y los tapa.

¿Su trabajo ayuda a la reconciliación en el País Vasco?

Se está logrando cierta verdad y reparación para estas víctimas. Se está logrando también cierta visibilidad, aunque mediáticamente bastante enclaustrada en el País Vasco y Navarra. Pero es un trabajo muy necesario para la reconciliación del tejido social: aquí no se trata de poner unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados.

A las víctimas de ETA pendientes de reparación, hay que repararlas y trabajar a su favor. Pero estas otras víctimas que estaban totalmente fuera de foco también merecen reparación y una respuesta. Seguramente en el contexto polarizador del terrorismo no se podía hacer, y por eso se hace ahora.

¿La labor de estas comisiones se puede comprender más desde Catalunya y otras periferias del Estado que desde Madrid?

No debería ser así porque no es una cuestión de ‘politiqueo’. No estoy hablando de un discurso o una labor que beneficie a un partido político u otro. Hemos reconocido ya a 240 víctimas, y decenas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con ningún color político. Un día fueron detenidas, les metieron cuatro días en una comisaría y les destrozaron la vida con un derrumbe psiquiátrico irrecuperable. Eso tiene un impacto en la persona y su familia respecto, por ejemplo, la percepción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Si queremos una democracia en la que todos creamos en las instituciones, tendrá que atenderse también esta realidad. No es una realidad de suma cero: atender a estas víctimas no quita legitimidad a las de ETA. Las políticas de acompañamiento a las víctimas de ETA siguen siendo muy necesarias, pero en el pasado a su alrededor se generó un relato inaceptable para condenar al olvido otras violaciones de derechos humanos.

¿Por qué le ha costado tanto al Estado y a sus responsables políticos reconocer esta violencia?

Le sigue costando: la Ley de Memoria Democrática tiene una disposición adicional que por primera vez amplía el espectro del ámbito objetivo de la ley desde 1978 a 1983 para tratar la violencia que se produjo en la transición. Pero el Estado atiende de manera muy tímida a estas víctimas. Parece que va contra la democracia reconocer que a partir de la entrada en la Constitución se produjeron también violaciones graves de derechos humanos. En realidad, la grandeza de un Estado democrático no es el cuerpo formal de su democracia, sino cómo la ejerce. Y se ejerce reconociendo también aquellos derechos humanos que han quedado por el camino.

Aunque ha habido investigaciones, los represaliados del franquismo y la transición siguen encontrando un muro en la Justicia. ¿Un ejemplo a seguir para estas víctimas serían las comisiones que ha impulsado en el País Vasco?

Es un mecanismo previsto por la ley de Memoria, y tiene potencial, pero será real cuando se lo tomen en serio. Si no nos gusta el nombre de comisión de la verdad, le llamamos de otra manera. Pero lo que no puede ser es que estas personas no estén atendidas.

Más allá de la judicatura, donde se ha impuesto una doctrina muy conservadora (que no era la única posible) para no atender los estándares de derechos humanos y a las víctimas, hay un espacio intermedio que son los mecanismos de verdad, que se pueden instrumentar a través de leyes administrativas y expedientes que no tienen que ser fríos. Al contrario, pueden ser mecanismos que se llenen el corazón con lo que es la doctrina del derecho internacional y de los derechos humanos y llamen a las cosas por su nombre.

Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria

¿Por qué tarda tanto en moverse esta maquinaria institucional del Estado en memoria democrática?

Hay varias razones. Medio país no cree en esas leyes: cuando el PP ha llegado al poder en distintas instituciones, le ha quitado el presupuesto. Cancelaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que educaba a los alumnos en derechos humanos y era una sugerencia del Consejo de Europa, y nos debilitó. ¿Cómo se puede quitar la educación para la ciudadanía en un Estado democrático? Ello no quita la capacidad de los actuales responsables del Gobierno para impulsar la ley de Memoria, aunque habría que preguntárselo a ellos.

Por otro lado, históricamente en Europa la víctima de primera es precisamente la de la violencia del Estado a su máximo nivel: la víctima del Holocausto. Por contra, en España la víctima prototípica es la del terrorismo. Todo ello genera una contención por parte de medio país, que no quiere mirar a los ojos a la historia y que sigue, de alguna manera, convalidando una especie de historia de España como si la dictadura no fuera lo que fue. Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria.

Hay muchas víctimas que se quejan de las dificultades que les ponen los archivos para acceder a la documentación de sus detenciones.

Esto muestra donde estamos: hay leyes de víctimas bien articuladas jurídicamente, pero hay muchas instituciones que colaboran y otras muchas instituciones que no colaboran. En nuestra comisión de colaboración, cuando no colaboran lo decimos y se va haciendo presión.

¿Qué instituciones colaboran menos?

Los archivos militares. Muchas veces a la judicatura le cuesta, dice que no tiene medios y echan balones fuera. Pero incluso con la propia administración autonómica a veces no es todo tan claro.

¿Por qué?

Porque todavía se está sujeto a la arbitrariedad. Muchas veces depende de que un archivero te dé o no unos datos cuando hay una ley de víctimas que articula una comisión de valoración que tiene unos poderes investigativos tasados para poder recabar la documentación. Pero cuando emergen las personas reconocidas y se van conociendo sus historias de vida, la verdad empuja la verdad y es más difícil de tapar.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España. Es bueno que todos los abusos se limpien, no con una voluntad de estar constantemente con comisiones de clarificación, que también tienen que tener un tiempo tasado. Si se hace bien el trabajo, aunque no pueda hacerse todo pero quede limpio, la salud democrática mejorará.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España

¿Cómo podría tener éxito una comisión de este tipo a nivel estatal?

Lo primero sería tomársela en serio y que las personas que participaran fueran del máximo prestigio y que no sea para hacer un juego partidario. También tenemos que imbuirnos de la cultura del derecho internacional de los derechos humanos, que ha quedado demasiado fuera del foco (es otro daño colateral de la dictadura).

El derecho internacional de los derechos humanos no es para gente buena que tiene el corazón henchido de buenos deseos. La Constitución dice que hay que interpretar todas las leyes conforme a lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos. No lo han querido hacer los jueces, pues actuemos estratégicamente impulsando las leyes de víctimas y mejorando los mecanismos.

Muchas de las víctimas en el caso de las del tardofranquismo y transición ya están empezando a morirse.

Esto nos pasó en la comisión de valoración del País Vasco y es un drama. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de personas a las que funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos han torturado. Se trata de atender estándares asentados en todo nuestro entorno europeo que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

¿Cuáles son las consecuencias de no mirar con seriedad al pasado?

Comporta un lastre para hoy y para el futuro, por ejemplo en políticas en las que se necesitaría consenso y no lo hay. También en determinados cuerpos funcionariales: a veces, en ciertos sectores de la judicatura y la Fiscalía, hay una mirada de arrastre porque en su momento no se depuraron. ¿Por qué casi siempre hay mayoría conservadora en determinados cuerpos del Estado? ¿Representan a la pluralidad del país? Hay muchos deberes que no se atendieron y lastran el funcionamiento de las instituciones hoy, no solo en la violencia de motivación política, sino también a la hora de controlar los abusos policiales.

¿Estamos pagando las consecuencias del modelo de transición española, caracterizado por el olvido, en vez del argentino, donde se juzgó a los responsables de la dictadura?

Creo que sí. Hay muchas personas que tienen reservas respecto al Estado democrático por la experiencia que tuvieron con la Policía. Las historias negras que no se limpian dejan rastro en muchas personas que no van a confiar en las fuerzas de seguridad, lo que les dificultará convertirse en un cuerpo de proximidad y comunitario. Hay que atender a las víctimas y a sus familiares porque son espinas que están clavadas en las historias de vida de nuestros ciudadanos. Sacando esas espinas, conseguiremos recuperar el tejido social.

La Justicia francesa ha dado luz verde a la entrega a España de José Antonio Urrutikoetxea, más conocido como Josu 'Ternera', uno de los exdirigentes de la banda terrorista ETA. El Tribunal de Apelación de París ha tomado la decisión a raíz de una euroorden de la Audiencia Nacional, que investiga a 'Ternera' por su presunta responsabilidad como jefe que fue de la banda. Antes, sin embargo, deberá resolverse una causa que el exdirigente de ETA tiene pendiente en Francia.

En abril, la fiscal del Tribunal de Apelación de París, Naïma Rudloff, defendió que no hay que ver a Urrutikoetxea como “un negociador de paz”, que es como ha querido presentarse durante este juicio de dos días, sino como alguien que, si bien “participó en negociaciones”, estaba “implicado en una organización con la que estaba en total adhesión con su modo de acción”, es decir, “con los atentados”, según recogió entonces Efe.

Recordó que en su trayectoria ya hubo otra condena en Francia a diez años de cárcel por terrorismo tras su detención en Bayona en enero de 1989 con una pistola y una granada, y que la Justicia española lo reclamaba sobre todo para juzgarlo por su implicación en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza en 1989, en el que fueron asesinadas once personas, incluidos cinco niños.

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, contra Vox por un mensaje en redes sociales, en septiembre de 2024, en el que se le denominaba “alcalde etarra” y se le acusaba de “seguir patrocinando el terrorismo” con motivo de la publicación del cartel de las fiestas de San Fermín Txikito de 2024, según ha informado Vox en un comunicado. El alcalde pedía una indemnización de 30.000 euros por “vulnerar su derecho al honor”.

En el mensaje difundido a través de la cuenta de X de Vox Navarra, la formación de Santiago Abascal llamó “etarra” a Joseba Asiron por subvencionar desde el Ayuntamiento, “con el dinero de todos los pamploneses”, a la comisión de fiestas de San Fermín Txikito, unas fiestas que se celebran en el Casco Viejo de la ciudad a finales del mes de septiembre. En concreto Vox aludía a uno de los carteles de la fiesta en el que aparecían “símbolos nacionalistas e independentistas vascos de un partido independentista vasco como es Sortu (hoy parte de EH Bidu) y anagramas de los presos de ETA”, según recoge la sentencia.

Tanto el juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona como la Audiencia Provincial de Navarra desestimaron la demanda en mayo y noviembre de 2025, respectivamente, al considerar “que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política”. Y, aunque admite que “las afirmaciones” son “ciertamente desafortunadas”, las estima “legítimas” en una “sociedad democrática” e interpreta que “el partido político demandado (Vox Navarra) critica el destino o utilización de fondos públicos”.

“Nos hallamos, por tanto, ante un contexto de naturaleza eminentemente política o de interés o alcance general, vinculado al contenido del cartel anunciador de uno los eventos festivos o de ocio más relevantes y populares entre la población de la ciudad de Pamplona/Iruña (San Fermín Txikito 2024), que goza del patrocinio o subvención del Ayuntamiento de Pamplona/Iruña (gestión de fondos públicos), consistorio en el que el demandante-apelante [Joseba Asirón] ostenta el cargo (manifiesta relevancia pública) de alcalde”, razonaba la sentencia de mayo de 2025, ratificada por la Audiencia Provincial y el Tribunal Supremo.

El alcalde de Pamplona acudió a la cúspide del órgano judicial pero, tal y como señala Vox Navarra, “este ha inadmitido el recurso de casación al no apreciar que el recurrente justificara suficientemente la necesidad de corregir el juicio de ponderación realizado por la Audiencia Provincial”, ya que en dicha sentencia, la argumentación jurídica se apoya en sentencias emitidas por el propio Tribunal Supremo, “en línea con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional”.

“La sentencia es ya firme y el alcalde ha sido condenado al pago de las costas procesales y a la pérdida del depósito constituido”, afirma el partido demandado en un comunicado.

La Audiencia Nacional ha transmitido una comisión rogatoria a Venezuela en busca de información sobre Juan Ignacio de Juana Chaos y otros trece exmiembros de la banda terrorista ETA que se encontrarían en aquel país. En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el juez Francisco de Jorge incide en “el cambio político operado recientemente en Venezuela” para reclamar “colaboración”.

De Jorge interesa que las autoridades venezolanas “faciliten cuanta información posean” sobre De Juana Chaos, Eugenio Barrutiabengoa, José Luis Eciolaza, Ángel María Lizarbe, Luis María Olalde, José Ángel Urruti, Asunción Arana, Juan José Aristizábal, María Artola Echeverría, Manuel Asier Guridi, Jesús María Huerta e Ignacio Echevarría.

También ha librado comisión rogatoria a Estados Unidos para que facilitan toda la información que tengan en un procedimiento judicial seguido contra Hugo Armando “El Pollo” Carvajal sobre los miembros de ETA “huidos de la justicia española” y residentes en Venezuela.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha inadmitido una denuncia interpuesta por el sindicato Manos Limpias contra la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, por la aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a los presos de ETA Soledad Iparragirre, alias 'Anboto', y Garikoiz Aspiazu, 'Txeroki'. Este artículo permite abandonar la prisión de lunes a viernes con la obligación de volver a dormir. El tribunal vasco afirma que no existe ningún “elemento o principio de prueba que avale razonablemente” la denuncia.

En un auto que ya es firme, el TSJPV destaca que la denuncia interpuesta por esta asociación “viene a decir que las resoluciones por las que se ha adoptado el modelo de ejecución previsto en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario”, de flexibilidad en el régimen carcelario, respecto a los dos presos han sido adoptadas “en fraude de ley”, al “no cumplirse los requisitos legales” previstos para ello y, por tanto, se habría cometido un delito de prevaricación, según recoge Europa Press.

El alto tribunal vasco señala que en la denuncia se hace constar que ninguna de las dos resoluciones “ha sido firmada y adoptada por la consejera”. “El título de imputación a nivel de autoría sería, según la denuncia, que la resolución no se concibe sin la anuencia, el beneplácito, incluso el mandato de la consejera”, destaca. Por ello, el TSJPV responde que el título de imputación que hace Manos Limpias en su denuncia es “una mera opinión o suposición del denunciante, sin ningún apoyo o corroboración objetiva de dichas manifestaciones y sin que exista ningún elemento o principio de prueba que avale razonablemente su realidad, por lo que no cabe admitir a trámite la denuncia”, y decreta el archivo de las actuaciones.

El Ministerio Fiscal también informó a favor de inadmitir la denuncia al considerar que no “existen elementos de naturaleza penal que justifiquen” su admisión. Manos Limpias interpuso asimismo denuncia ante el TSJPV, por los mismos hechos, contra el director de Servicios Penitenciarios del Gobierno vasco, Pablo María Martínez Larburu, pero el Superior vasco recuerda no es competente para resolver sobre la inculpación, prisión, procesamiento y juicio de la persona que ejerce ese cargo.

La resistencia de la sociedad civil frente al terrorismo de ETA desempeñó un papel importante en la derrota de la banda, pero la literatura académica internacional no se ha fijado hasta ahora en aquellas movilizaciones que, junto con otros agentes y factores, lograron que se pasase de un asesinato prácticamente cada tres días a una rendición sin paliativos de los terroristas. Los 'papers' han desdeñado ese aguante frente a un grupo militarizado y organizado, de los más temidos de toda Europa, con más de cuatro décadas de extorsiones, secuestros y asesinatos a sus espaldas. Javier Argómaniz sostiene que la sociedad civil vasca fue “crucial” en la derrota de ETA. Esos ciudadanos, según apunta en un libro publicado por Oxford University Press, sembraron la semilla de la deslegitimación de la violencia, llevaron a cabo una labor pedagógica y aparcaron sus diferencias políticas para unirse con el único propósito común de alcanzar la paz.

Argómaniz se encuentra esta semana en Vitoria. La sala 1.8 del Centro de Investigación Micaela Portilla de Vitoria acoge este martes, a las 10:30 horas, un seminario titulado, como el libro que firma, 'Resisting Terror. Civil action and non-violent resistance to terrorism in Basque Country'. El evento puede seguirse a través de una retransmisión en directo, en este enlace.

“La resistencia civil puede afectar a la evolución de la violencia a través de cuatro mecanismos, que ayudan a largo plazo a debilitar indirectamente a la organización terrorista”, explica Argómaniz, tanto de forma general como en la práctica aplicada al caso de ETA y la respuesta de la sociedad vasca. Esos cuatro resortes son, dice, la deslegitimación de la violencia, el fortalecimiento de la cohesión social, socavar el apoyo a ETA dentro del movimiento político que lo rodea y, finalmente, en la fase final de la evolución de la campaña terrorista, sumar a grupos de la sociedad civil que ayudan en el debate que existe dentro de la propia izquierda abertzale en torno a la transición que puede emprender hacia el uso de métodos no violentos. En esa última categoría incluye iniciativas como Foro Social Permanente y Artesanos por la Paz, que considera que ayudan en dicha fase final a que el proceso arribe a buen puerto.

En su análisis, se retrotrae a los movimientos pacifistas, que actuaron como “emprendedores”, pues trabajaron para “normalizar a la sociedad en una cultura para la paz y los valores democráticos”. “Ahora lo vemos con ojos de 2026 y no suena como una contribución tan importante, pero nos tenemos que poner en ese contexto histórico. Había muy poca tradición democrática en España”, reconoce Argómaniz. No fueron los únicos, pues hubo también intelectuales, periodistas y partidos políticos dedicados a esa labor, pero enfatiza el papel del movimiento cívico y constitucionalista en la “deslegitimación de la violencia”, con una pedagogía dirigida a enseñar lo que significa vivir en una democracia y un Estado de derecho. Argómaniz sostiene que, desde el ámbito académico, se ha prestado poca atención a cómo la sociedad civil puede determinar la trayectoria de una campaña terrorista a través de acciones no violentas. “Es importante que haya un conocimiento del caso vasco, porque tiene lecciones que se pueden extrapolar”, defiende.

Las organizaciones civiles, además, se rodearon de un aura de credibilidad nacida del hecho de que no se guiaban por directrices políticas. Algunas llegaron a tener conexiones con partidos políticos, admite Argómaniz, pero gozaban de autonomía y bregaban en una única dirección: la consecución de la paz. Se unían para hacer ver a ETA que enfrente tenía a una mayoría social contraria al uso de la violencia en la esfera pública. El plantarse frente a los terroristas ya servía para minar la imagen glorificada que algunos tenían de ellos, incluso para disuadir a potenciales miembros de la banda de unirse a ella. Habla Argómaniz de un “cortafuegos” frente al reclutamiento de nuevos militantes.

El asesinato del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista, que lo tuvo secuestrado durante tres días, supuso un “parteaguas”. Miles de personas se echaron a las calles a exigir a la banda terrorista su liberación y Argómaniz defiende que sin esas “desbordantes” movilizaciones, no es posible entender la aparición del movimiento cívico. “Esa respuesta social sobrepasa lo que habíamos visto anteriormente. Para intelectuales y activistas, indica que hay un anhelo por una respuesta más vigorosa”, abunda.

La acción cívica contra ETA tampoco estuvo exenta de peligros y amenazas. Quienes se significaban en contra de la banda pasaban a ser objetivos, ya fuera de los terroristas o de las acciones de la 'kale borroka'. Ante esos costes, los “lazos emocionales y afectivos”, como los denomina el autor, fueron de gran relevancia, porque facilitaron la permanencia a través de una sensación de compañerismo y un sentimiento de pertenencia a una causa “más grande que las personas” como era la paz.

Argómaniz, autor del libro que sirve de percha para el simposio de este martes, es profesor titular de la escocesa University of St Andrews y miembro del Handa Centre for the Study of Terrorism and Political Violence (CSTPV). Con una investigación enfocada a las respuestas estatales, no estatales y civiles ante la violencia política, ha publicado artículos en varias revistas académicas y ha codirigido proyectos de ámbito internacional sobre las necesidades de las víctimas del terrorismo y el papel que pueden desempeñar en la prevención de conflictos.

Pasadas las ocho y media de la mañana del 24 de mayo de 2001, Santiago Oleaga se encontraba en la Fundación Matia, ubicado en el barrio El Antiguo de Donostia, para continuar con la rehabilitación de una lesión de hombro causada por su afición a la pala. Mientras, miembros de ETA le esperaban en las inmediaciones del centro médico. Al identificar a Oleaga descendiendo de su coche, los terroristas no dudaron en disparar siete tiros por la espalda que acabaron con la vida de Oleaga. Así fue como hace 25 años el director financiero 'El Diario Vasco' fue asesinado por ETA.

Oleaga, nacido en Durango en 1947, trabajaba como director financiero de El Diario Vasco cuando fue asesinado. Estaba casado con Amaia Guridi y tenían dos hijos. Durante el homenaje celebrado este viernes en la sede de periódico, el presidente del grupo editor, José María Bergareche, le ha definido conmovedoramente como “un hombre íntegro” y “bueno”. A su vez, el director, David Taberna, recordaba que, después de su familia, “su prioridad era el periódico”.

La organización terrorista había puesto fin al alto el fuego en el año 2000. En aquellos meses, los periodistas se convirtieron también en uno de sus objetivos. Apenas diez días antes del asesinato de Oleaga, el periodista Gorka Landaburu había resultado gravemente herido tras abrir un paquete bomba enviado por la organización a su domicilio en Zarautz. Bergareche cataloga a su difunto colega como “la dignidad de quienes decidieron no callar”, aunque la propia víctima, según recoge la ficha Covite, no se consideraba objetivo de ETA. Tras el atentado de Oleaga, Covite relata en su ficha que los asesinos huyeron en un coche cargado de explosivos que abandonaron posteriormente en el barrio de Aiete. El vehículo estalló en una zona residencial y pudo haber causado una matanza mayor.

Con motivo del 25 aniversario del asesinato, 'El Diario Vasco' ha celebrado este viernes la primera edición del Premio Santiago Oleaga, un galardón anual a partir de ahora destinado a reconocer a periodistas comprometidos con la defensa de los derechos humanos y la libertad de información. Este primer premio fue entregado a la periodista colombiana Jineth Bedoya, secuestrada, torturada y violada en el año 2000 mientras realizaba un trabajo periodístico en el contexto del conflicto armado colombiano.

Durante el acto del aniversario del atentado, Taberna ha defendido la necesidad de que el periódico asumiera en esta ocasión el relato del recuerdo. Ha explicado que no querían seguir pidiendo a la familia, especialmente a la viuda, que compartiera su dolor públicamente, y subrayó el papel del periodismo en los años de violencia en Euskadi, cuando “las crónicas y las imágenes” eran la voz de una sociedad sometida al miedo. Los medios son como “voz de la ética y la razón” frente a la violencia, reivindicaba Taberna, y ha alertado de que hoy ese compromiso sigue siendo necesario ante la polarización y la desinformación. Por su parte, el presidente de la cabecera de Vocento, José María Bergareche, ha enmarcado el asesinato de Oleaga en la historia de una Euskadi marcada por décadas de violencia. “Hubo un tiempo en el que discrepar podía costar la vida”, ha apuntado.

La asociación de víctimas del terrorismo Covite ha denunciado este jueves la concesión de dos nuevos terceros grados que ve “fraudulentos” a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. Además, ha pedido “la dimisión” de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José.

Olarra Guridi fue uno de los máximos responsables del aparato militar de ETA y sobre él pesaban condenas que superaban los 1.000 años de prisión por diferentes atentados y delitos relacionados con la actividad terrorista de la banda. Ya tenía concedida una flexibilización del segundo grado mediante el artículo 100.2. En el caso de Zabalo Beitia, se le había concedido el tercer grado en 2025. Sin embargo, la Fiscalía recurrió aquella decisión y el juez terminó revocando la progresión hacia la semilibertad.

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que “el Gobierno vasco vuelve a conceder beneficios penitenciarios a presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación de la izquierda abertzale”. A juicio de Ordóñez, estas dos nuevas concesiones constituyen “un nuevo episodio de la amnistía encubierta que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA”, informa Europa Press.

Ordóñez enmarca estas dos nuevas concesiones en “un contexto de creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco”, que tiene la competencia desde 2021. “Esta política se sostiene sobre el fraude de las cartas privadas de supuesto arrepentimiento”, según la hermana del dirigente del PP asesinado en 1995.

En este contexto, el Parlamento Vasco ha aprobado una resolución con los votos del PNV y el PSE-EE que insta al Gobierno autonómico, compuesto por ellos mismos, a “reforzar” las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación a las víctimas del terrorismo y de otras vulneraciones de derechos humanos, así como a estudiar nuevas medidas educativas, sociales o sancionadoras “con el fin de prevenir la revictimización y consolidar una memoria inclusiva, crítica, ética y democrática”. La proposición no de ley original era del PP e instaba a que en el plazo de seis meses y en cooperación con las asociaciones de victimas del terrorismo, llegue a la Cámara un proyecto de ley de modificación de la norma de reconocimiento y reparación a las víctimas.

Jesús Eguiguren, presidente del PSE-EE entre 2002 y 2014, ha defendido que la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero es “más que 'lawfare'” y que se enmarca dentro de un “golpe de Estado” que se viene ejecutando durante toda la legislatura, para perjudicar a Pedro Sánchez mediante ataques a su entorno. Sostiene que hay “jueces, guardias civiles y aparatos del Estado en contra del Gobierno”, y que ese es el motivo por el que ahora se “persigue” al que fuera presidente del Gobierno de España entre 2004 y 2011.

En una entrevista concedida en euskera a Euskadi Irratia, Eguiguren, que también fue presidente del Parlamento Vasco entre 1987 y 1990 y parlamentario hasta 2012, ha asegurado que ha recibido la noticia de la imputación con un “tremendo disgusto”. Se ha referido a Rodríguez Zapatero como el único “amigo” que tenía tanto en el PSOE como en Madrid. Con él al frente del Ejecutivo, Eguiguren ejerció la interlocución con ETA en unas conversaciones secretas celebradas a partir de 2005 que la banda terrorista dinamitó con el atentado de la T4 del aeropuerto de Barajas. Preguntado por el auto que achaca a Rodríguez Zapatero una presunta participación en una red de tráfico de influencias, Eguiguren no ha entrado a valorar, en cualquier caso, si el expresidente podría haber incurrido en alguna ilegalidad con los negocios que ahora se investigan.

De su lado, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha tenido en el Parlamento Vasco una postura mucho más matizada. Aunque ha confiado en que el expresidente “quede absuelto”, sí ha emplazado a que “dé las explicaciones oportunas”. “No voy a negar que los lazos emocionales son evidentes” con la figura de Rodríguez Zapatero, ha dicho Andueza, refiriéndose al final de ETA.

El Congreso Mundos de Mujeres (MM) es un evento internacional e interdisciplinar que reúne a mujeres y hombres de diferentes ámbitos del mundo académico y del activismo de todo el mundo para realizar una reflexión acerca de los conflictos armados y abordar la paz como meta desde el feminismo. No es casualidad que el primer congreso tuviera lugar en Israel en el año 1981, en la Universidad de Haifa. Tampoco lo es que la última edición del congreso, la XIV, haya sido en 2022 en Mozambique. En ella participaron 2.256 personas de manera presencial y 831 siguieron el evento de manera virtual, procedentes de 32 países de cuatro continentes: África, América, Asia y Europa.

Para la nueva edición, que tiene lugar desde el 20 hasta el 24 de mayo de 2026, los organizadores, a propuesta de las organizaciones Gernika gogoratuz y Gernikatik Mundura han seleccionado a la villa nombrada en 2023 Lugar de Memoria Democrática por el bombardeo del 26 de abril de 1937 como sede para el encuentro que se centrará en las temáticas “Mujeres* y Pazes”, en plural, a modo de reconocimiento de las múltiples formas que las mujeres* aportan a una cultura de paz.

“La particularidad de esta edición es que organizaciones de mujeres*, feministas y pacifistas de Euskal Herria, Colombia y Mozambique venimos construyendo colectivamente este encuentro desde hace dos años, liderado por Gernika Gogoratuz y Gernikatik Mundura. Este congreso es el resultado de un proceso colectivo llamado 'Semillera de mujeres internacionalistas por la paz', donde mujeres, colectivas y organizaciones de base han echado raíces para fortalecer alianzas y sembrar ideas en torno a las pazes –en plural, con insubordinación ortográfica, y desde lo cotidiano-. Cada proceso local ha alimentado un tejido común que hoy da forma a esta nueva juntanza global. 

Durante la jornada de este miércoles, el primer día del congreso, las participantes han visitado la Casa de Juntas de Gernika-Lumo, emblema de las libertades y de la democracia vasca, en la villa declarada Ciudad de la Paz y Lugar de Memoria Democrática. No obstante, la inauguración del Congreso Internacional Mundos de Mujeres 2026 (MM26) será el 21 de mayo en el Bizkaia aretoa de la Euskal Herriko Ubertsitatea (EHU), en Bilbao, donde reflexionarán acerca de la paz y los distintos conflictos armados existentes hasta el 24 de mayo.

El sábado 23 de mayo tendrá una agenda festiva del espacio urbano con actividades abiertas como kalejiras, recorridos por la memoria y la paz, y expresiones culturales en la calle. El cierre será el domingo 24 de mayo, coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. “El XV Congreso Mundos de Mujeres es una invitación a tejer redes y estrategias feministas para emprender cambios, tender puentes e imaginar un futuro diferente. Será un espacio colectivo para pensar un mundo más habitable desde la justicia y la paz. Sin guerras que nos maten, ni paz(es) que nos opriman”, defienden las organizadoras.

De la desmilitarización a los cuidados

El programa, que se puede descargar en la web, está estructurado en ocho ejes temáticos en torno a las pazes y propone diferentes actividades de reflexión, intercambio y movilización. Los ejes temáticos que se abordarán durante el congreso serán la 'Desmilitarización, des-securitización y desarme global', 'Memorias y garantías de no repetición', 'Migraciones, exilios y desplazamientos forzados', Bienes comunes, soberanías y autonomías', 'Cuerpos, territorios y pazes', 'Cuidados y pazes cotidianas', 'Metodologías feministas para la paz' y, por último, 'Re-existencias feministas ante violencias machistas'.

Entre las participantes se incluyen referentes internacionales que compartirán sus experiencias y puntos de vista en torno a la construcción de paz, como Iris Gur y Mai Shannen, de la organización 'Combatants for Peace', quienes presentarán la experiencia de mujeres palestinas e israelíes que imaginan un futuro en común en Cisjordania. La mozambiqueña Nayyara Jonas, del Centro de Estudios de Acción para la PAZ (CEAP), acercará el trabajo por la paz en Cabo Delgado, donde el conflicto bélico se desarrolla desde hace casi una década.

Dentro de cada uno de los ejes el programa incluye conferencias y mesas redondas bajo los títulos de 'Las Pazes como Alternativa. Desmilitarización, des-securitización y desarme global', con la participación de Teresa Cunha, del centro de investigación por la paz Gernika Gogoratuz, Hajar Abu Salih, Kayan (Palestina), Cristina Gallach, Interim Executive Director of GWL Voices, Tica Font i Gregori, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Quitéria Quirengane, Observatório das Mulheres (Mozambique) y Awex Melecia Manuela Mejia Cipriano, representante indígena del Abya Yala o 'Profundizando en una paz feminista situada' con la participación de Mariana Schmidt, Grupo Internodal de Género de Apoyo al Legado de la Comisión de la Verdad de Colombia, Edpicia Dubón, de la Mesa Catalana por los derechos humanos y la paz en América Latina, Orfe Castillo y Rosa Emilia Salamanca, de la RED LAMPS - Red Latinomaricana de mujeres, paz y Seguridad y Maria Eugenia Blandón, Instituto Catalán Internacional por la Paz (ICIP).

Pero también se abordan a través de conferencias temáticas como 'Mujeres con diversidad funcional manifiesta e Imagen pública. Las formas de acabar con la violencia simbólica hacia ellas y generar una sociedad libre, equitativa e igualitaria' impartida por Marcela Lorenzana, de la Asociación Conectivas de Colombia y Nadia Domínguez Pascuales, de Mujeres del Mundo “Babel” - Munduko Emakumeak; o 'Por el derecho al aborto y a las maternidades elegidas' impartida por Morena Herrera de La Movimienta en El Salvador. Por su parte, Maryia Zayeva y Vjosa Musliu de la universidad belga Vrije Universiteit Brussel (VUB) expondrán un análisis de la campaña antibelicista rusa liderada por mujeres 'The Way Home'; mientras que la investigadora colombiana Natalia Olano presentará un estudio sobre las violencias de género y por prejuicio en Colombia centrado en cuerpos feminizados y disidentes.

El congreso también cuenta con participantes de Euskal Herria con la mesa redonda 'Memoria crítica sobre la violencia para repensar la paz' impartida por Maixabel Lasa, víctima del terriorismo de ETA y directora de la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco (2001-2012), Itziar Aspuru, Gesto por la Paz - Euskal Herria, Plataforma Gogoan – por una memoria digna; Annelisse Villa, Grado de Filosofía, Política y Economía de la Universidad de Deusto e Izaskun Sáez de la Fuente, Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto o la conferencia 'Reparar la tortura política desde el feminismo', impartida por Olatz Dañobeitia Ceballos, de la EHU y la Asociación Emagin.

El MM26 está organizado por Gernika Gogoratuz, Centro de investigación por la Paz, y Gernikatik Mundura, ONGD dedicada a la solidaridad internacionalista; y se realiza con el apoyo de eLankidetza-Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad, el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Ayuntamiento de Bilbao y el Ayuntamiento de Gernika-Lumo; y la colaboración de Euskal Herriko Unibertsitatea, el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto y Koloretxe, además de diversas organizaciones y redes feministas, pacifistas universitarias y de la sociedad civil de España, Colombia y Mozambique.

Policías, políticos, magistrados, ... y también periodistas. El terrorismo de ETA también puso en su diana a los medios de comunicación. En mayo de 2001, hace ahora 25 años, fue asesinado Santiago Oleaga, director financiero de 'El Diario Vasco'. Y tal día como este viernes, el 15 de mayo, Gorka Landaburu abrió una carta-bomba que no lo mató por una carambola, aunque perdió gran parte de una mano, visión y oído. “Como dije entonces desde el hospital, me habían podido cortar la mano, dejarme ciego del ojo izquierdo y medio sordo. Pero yo soy periodista. No me cortaron la lengua y, mientras tuviera un ordenador, iba a seguir escribiendo y denunciando a ETA”, cuenta al otro lado del teléfono un reportero ya jubilado administrativamente, aunque no en espíritu.

Landaburu nació un 11 de octubre, en 1951. Pero desde hace un cuarto de siglo considera como su genuino cumpleaños el 15 de mayo. “Sí, este viernes también lo voy a celebrar con mi mujer, mis hijos y mis nietos. Igual cae una botella de champán y todo”, se congratula. “Son ya 25 años que estoy vivo. Lo voy a celebrar. Sigo aquí”.

El atentado de Landaburu, que ya había sido amenazado por ETA pero también por la organización de extrema derecha Triple A, que lo consideraban un “rojo” peligroso, se produjo 48 horas después de las autonómicas de 2001. Fueron unas elecciones trascendentales en Euskadi. El PNV de Juan José Ibarretxe, en coalición con EA, salvó 'in extremis' el Gobierno frente al auge del PP de Jaime Mayor Oreja, que iba a ser apoyado por el PSE-EE de Nicolás Redondo Terreros.

“Estaba cansado de la campaña y esa noche electoral me quedé en Bilbao, con mi hermano Ander. [José María] Calleja, tras el escrutinio, vaticinó que nos iban a matar a todos”, recuerda de ese día. El lunes 14 se desplazó a Donostia, a su redacción. Landaburu ha sido el responsable editorial de la revista 'Cambio 16'. Ya por la noche, en su casa de Zarautz, accedió al portal con su escolta y vieron un sobre el buzón. “Déjalo, Juan, es la revista de Elkargi”, le tranquilizó Landaburu a su sombra.

Sí, Landaburu llevaba guardaespaldas desde un año y medio atrás, cuando se rompió la tregua del pacto de Lizarra. 2000 fue un año de señalados crímenes, como los del exvicelehendakari Fernando Buesa, el exministro Ernest Lluch, el exgobernador civil Juan María Jáuregui, el empresario Joxemari Korta o cargos del PP como José María Martín Carpena. También el del asesinato del columnista de 'El Mundo' José Luis López de Lacalle. Antonio Rivera y Eduardo Mateo acaban de coordinar una obra titulada '2000: La vuelta del terror' (Catarata) sobre aquel año.

“Me llamó una señorita estando en Madrid. 'El ministro quiere hablar contigo'. El ministro era Acebes, Ángel Acebes [del PP]. '¿Dónde estás? ¿Cuándo vuelves a Zarautz? Cuando llegues, te vas a la Ertzaintza. Te vamos a poner un escolta. Estás en listas', me soltó. 'No me jodas, Ángel', le respondí yo”, explica.

Anteriormente, sin escoltas, habían aparecido pintadas en su localidad de residencia, en la costa guipuzcoana. “Landaburu, lumadun txakurra”, rezaba una de ellas. “También hubo corbatas negras en el buzón, dianas, pintura roja y amarilla, un cóctel molotov que no ardió porque empezó a llover o llamadas intempestivas. Yo siempre intentaba disimular. Decía que no pasaba nada. Entraba al garaje solo, dejando a los chavales fuera. Ese tipo de cosas”, relata el periodista. “A ETA -prosigue- nunca le ha gustado la libertad de expresión. Hizo una campaña contra la prensa en general. La presión a los periodistas formaba parte de la socialización del sufrimiento. ¿Por qué a nosotros? Porque escribíamos que un crimen es un crimen, que un asesinato es un asesinato y no una 'ekintza' para salvar a Euskal Herria”.

El 14 no abrió la carta. La dejó en el despacho por cansancio o pereza. “Menos mal. Si lo llego a hacer después de cenar en el sofá con los chavales, mi hija no estaría aquí. Ni yo tampoco”, insiste. Lo hizo al día siguiente. Estaba en la ducha, se había olvidado una toalla y al ir a recogerla vio el paquete. Lo abrió y explotó, pero “con la fortuna de tener la silla delante” de su cuerpo, lo que amortiguó claramente la onda expansiva. “Bajé unas escaleras de caracol con las manos ensangrentadas. Me vi en el espejo. Fui a donde mi vecino [Ángel Illarramendi, músico autor de 'Yoyes', en referencia a la exmiembro de ETA asesinada por la banda en 1986] y le pedí que llamara a la ambulancia”, relata. “En ese momento no tenía dolor. En la ambulancia ya sí. Fue un 'shock' terrible. En el fondo, nunca crees que te van a pillar a ti”, agrega.

Landaburu, que recuerda haber dicho en el hospital la frase de que le habrían mutilado pero no cortado la lengua para seguir denunciando el terrorismo, no siente ser un “héroe” o un “valiente”. “Entré al hospital con un escolta y salí con dos”, ironiza. Eso sí, no permite a ETA y a su entorno que le cuestionen su vasquidad. “Mi padre era vicelehendakari. Teníamos la ikurriña en el biberón”, recalca.

El padre de Gorka era Francisco Javier de Landaburu, histórico presidente del PNV en Álava durante la Guerra Civil, diputado en las Cortes republicanas y que da nombre a la sede del partido en Vitoria, Landaburu Etxea, en plena plaza de la Virgen Blanca. Huyó al exilio tras la sublevación y los niños nacieron ya en París. A la muerte del primer lehendakari, José Antonio de Aguirre, Jesús María de Leizaola recibió ese honor en el exilio y el padre de Landaburu tuvo la simbólica posición de vicelehendakari hasta su muerte, en 1963. “El atentado lo que hizo fue reafirmarme en las convicciones que recibí de mis padres y en el liceo público: defender la democracia, la libertad y el derecho a la vida”, expone.

Tras el intento de asesinato, Landaburu ha seguido muy activo. “En Zarautz, siempre con la pancarta de Gesto por la Paz, con los 'borrokas' enfrente, hasta que se terminó”, cuenta. “Porque en el contexto actual podemos decir claramente y altamente que ETA no existe”, añade también. “Resistimos, combatimos y conseguimos la paz. Eso se acabó. El proceso de paz de [José Luis Rodríguez] Zapatero acabó con éxito. Pero hay gente del PP, cierta gente del PP, y de Vox, que usan a ETA como si existiera todavía. Eso me subleva”, critica.

Preguntado por las controversias por los permisos y excarcelaciones de los condenados por ser miembros de ETA, Landaburu sostiene que “siempre” ha defendido el “acercamiento de los presos” porque “un barrote es un barrote en Sevilla o en Zaballa”, la cárcel de Vitoria. Y si las progresiones de grado que ahora copan tantos titulares están previstas en la ley, “que se aplique”. Pero insiste en que la izquierda abertzale debería hacer más autocrítica.

“Que digan que se equivocaron. Que matar no fue justo. Que fue un error”, demanda. Sus atacantes fueron Ainhoa García, Oskarbi Jauregi y Xabier Makazaga. “Él va a salir pronto. Si quieren venir a Zarautz a estar conmigo, estoy dispuesto”, plantea sobre la necesidad de que asuman su responsabilidad.

Para Landaburu, la “gran asignatura pendiente” es la memoria. “Esto hay que llevarlo a los colegios, a los institutos, a las universidades, a los medios de comunicación. No es venganza ni rencor. Es el relato de la verdad. Y una verdad es una verdad. Es terrible que nuestros jóvenes, con 20 años, no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco, como se ha querido tapar también todo el franquismo. Este país tiene un problema”, argumenta. A él le gusta la metáfora de la carretera. “Para conducir un automóvil necesitas dos manos al volante y mirar de frente, pero sin un buen retrovisor nunca conducirás debidamente”, lanza.

El Landaburu que este viernes celebra su 25 cumpleaños dice ser una persona “con suerte”. “Soy una víctima privilegiada. No estoy en el anonimato como otros muchos. Tengo un micrófono para hablar y un ordenador para escribir, aunque ya esté jubilado”, recalca. Y añade una última reflexión como colofón a la entrevista: “El odio no sirve para nada”.

Natxo López (Pamplona, 1976), a pesar de describir en 'Iruña 1997' los Sanfermines de forma meticulosa, detallada y precisa, niega rotundamente haberse querido aproximar a 'Fiesta', la obra de Ernest Hemingway que este año cumple un siglo y que catapultó las fiestas de Pamplona a la fama mundial. Con la mirada puesta en aquellos novelistas “que aprovechan el relato policiaco para hablar de un lugar, de una época o de lo que sea”, López utiliza la investigación sobre el hallazgo del cadáver de una joven negra para retratar cómo vivió la ciudad el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Es una obra que ha desempolvado los propios recuerdos del autor, testigo de aquellos Sanfermines, y en la que ha querido reflejar parte de su vida a través de pequeños “guiños”. Con 'Iruña 1997', Natxo López pretende mostrar cómo es Pamplona desde dentro, invitar a sus habitantes a la reflexión y, quince años después, “celebrar que ETA terminó”.

El libro comienza con el recuerdo de Julio, uno de los protagonistas, sobre el anuncio del secuestro de Miguel Ángel Blanco. ¿Dónde estaba usted y qué hacía ese día?

Aquellos Sanfermines estaba bastante liado. Tenía 21 años y estaba estudiando en la universidad. Ese verano, al igual que otros como universitario, trabajaba en los cines Golem de acomodador ganándome unas perrillas y pude trabajar de auxiliar de protección civil, de 'naranjito'. Aunque me mandaron a la oficina de objetos perdidos. No recuerdo exactamente cuándo recibí la noticia de su secuestro. Creo que el primer día no fue tan llamativo y no sabíamos que se convertiría en un algo tan importante, porque en la época era otro [secuestro] más. Pero, a lo largo de esos días, fue creciendo la reacción popular y se convirtió en algo más grande. Ahí es donde yo tengo un recuerdo muy vívido, de la madrugada y la mañana del día 13 de julio. Los enfrentamientos que hubo en el casco viejo de Pamplona los recuerdo bastante bien.

Yo creo que en general pensábamos que ETA no iba a matar a Miguel Ángel Blanco. La reacción de la ciudadanía había sido tan brutal que pensábamos que iban a echarse atrás

Natxo López — Guionista y escritor

¿Cuándo surgió la idea de esta novela? ¿Por qué un libro y no una serie?

Llevo muchos años trabajando como guionista, que es un oficio que me encanta. Aunque es cierto que a veces es difícil contar una historia más personal en un guion porque en una película o serie estás condicionado por muchas cosas. No es fácil que te compren una idea tuya. Yo quería, además de contar una historia más personal, contarla como yo quería. La novela me permitía esa libertad.

¿Siente cierta responsabilidad al abordar un tema tan delicado? ¿Cree que puede generar controversia o levantar ampollas?

Sí, es la parte más difícil de esta novela. Ser fidedigno con los hechos reales, la historia y ser respetuoso con lo que pasó, pero a la vez no eludir la necesidad que yo sentía de meterme en el tema. Cuando empecé a escribir pensaba que lo que tenía que ver con el secuestro de Miguel Ángel Blanco y las divisiones que hay dentro de la ciudad eran solo un contexto, pero luego me di cuenta que eso era algo que estaba totalmente imbricado con los personajes y con lo que se está contando. Alguien se va a ofender, por una cosa o por otra, no es una preocupación por la que me haya dejado llevar. Entonces, por un lado, responsabilidad de cortarlo bien y de ser respetuoso, pero también la decisión consciente de que me iba a meter en jardín, sí.

¿Qué sintió la ciudad durante esos días?

Yo creo que en general pensábamos que ETA no iba a matar a Miguel Ángel Blanco. La reacción de la ciudadanía había sido tan brutal que pensábamos que iban a echarse atrás. Incluso, hasta que no he revivido esos días, no recordaba hasta qué punto fueron tan gigantescas esas movilizaciones. También, por ejemplo, en Bilbao.

El pasado es mucho más complejo de lo que creímos entonces. Había una pluralidad de opiniones y reacciones respecto a los conflictos que asolaban la ciudad y el país que a veces tendemos a ver, sobre todo en política, con cierta visión simplista

Natxo López — Guionista y escritor

Julio y Amaia, los protagonistas, mantienen una relación y una convivencia ejemplares a pesar de sus diferencias. ¿Cree que una relación así habría sido posible en el contexto de 1997, o es más bien una crítica a cómo deberían haber sido las cosas y no fueron?

Yo creo que era mucho más difícil entonces. Habría sido algo extraordinario, aunque no imposible. Hay gente que es capaz de entenderse, la ha habido siempre y la seguirá habiendo. Yo la he conocido, en aquella época también. El pasado es mucho más complejo de lo que creímos entonces. Había una pluralidad de opiniones y reacciones respecto a los conflictos que asolaban la ciudad y el país que a veces tendemos a ver, sobre todo en política, con cierta visión simplista. Dos bandos, dos pamplonas. Pero eso no es así, hay muchas pamplonas y cada persona tiene un mundo interesante y apasionante. Que dos personajes que se entendieran de esa manera es algo excepcional. Los narradores jugamos siempre con esa doble herramienta de lo ordinario y lo extraordinario. En este caso la elección de que esos personajes se llevaran bien entre sí es una elección consciente que no era lo normal, pero tampoco imposible. También forma parte del propósito, contar una historia de hace 30 años y que veamos como han cambiado las cosas. Aun estando ETA encima de la mesa había mucha gente dispuesta a entenderse y gracias a ellos fue como se acabó, de alguna manera, con el terrorismo.

Por eso es importante para Pamplona, y en general el resto de España, seguir recordando esos días...

No sé si es importante, pero yo sí que era un ejercicio que a mí me apetecía hacer. Que me apetecía relatar. Porque había muchas cosas que no recordaba o no sabía, y gracias a la investigación que he hecho para la novela lo he descubierto. Por ahora, las críticas que he recibido de gente de Pamplona son buenas, aunque entiendo que también pueda abrir heridas.

¿Escribir esta novela le ha ayudado a reconciliarse con tu propia memoria o a entender mejor ciertos recuerdos?

Sí, he recuperado memorias que tenía por ahí olvidadas en el cajón y he descubierto cosas de Pamplona que no sabía o que no me acordaba. También quería hacer ese guiño. Hay cosas en la novela que me apetecía meter porque yo las he vivido, como lo de la Universidad de Navarra o el coro del que se habla, donde yo también estuve, o la oficina de Objetos Perdidos. Lo que aparece en la novela de que llevan una cabina de teléfonos arrancada también es una vivencia, y cómo venían los guiris. También en la comisaría municipal veías los detenidos que traían. De hecho, yo hablaba inglés y hubo un día que me llamaron para hablar con un detenido porque no había ningún policía que supiera el idioma.

"ETA se terminó". Eso es una realidad y lo que echo de menos es una celebración. Hay que celebrarlo. Para mí es la mejor noticia que ha habido en este país desde el final de la Dictadura

Natxo López — Guionista y escritor

¿Por qué eligió a una chica de raza negra como víctima del 'thriller'?

Es verdad que en aquella época era muy complicado encontrar gente racializada en Pamplona. Yo recuerdo que en mi colegio había un profesor de raza negra y para nosotros era una cosa super exótica. Ahora hay más inmigración y se ve mucho más, pero hay una parte de la historia de la novela que tiene que ver con los prejuicios, de cómo prejuzgamos. Los prejuicios de los personajes, pero también del propio lector hacia ellos.

¿Qué conversaciones le gustaría que generara o abriera este libro?

En general la recepción está siendo buena, porque a la gente sí que le interesa entender cómo fue esa época. Tanto los que no la vivieron, como los que quieren rememorarlo. A mí me gustaría que este libro sirviera para dos cosas. Primero para [los navarros] que se hablara más. Creo que aquí tendemos un poco a enterrar los problemas en vez de hablarlos y se enquistan. Afortunadamente, es un problema que en parte se ha arreglado. Ahora es el momento en el que ya se puede hablar de todos estos temas con más tranquilidad y sosiego y es un ejercicio que hay que hacer. Y, por otra parte, yo siempre he dicho que “ETA se terminó”. Eso es una realidad y lo que echo de menos es una celebración. Hay que celebrarlo. Para mí es la mejor noticia que ha habido en este país desde el final de la dictadura.

A la izquierda abertzale lo que se le decía era que podían defender sus ideas, ese no era el problema. El problema era pegar tiros y matar

Ntaxo López — Guionista y escritor

¿Qué siente que ha cambiado desde el fin de ETA?

En Pamplona, Navarra, País Vasco, Euskal Herria... cada uno que lo sienta como quiere, lo que ha cambiado en estos 15 años es cómo está la gente en la calle. La tranquilidad y la libertad. Con el libro yo creo que te das cuenta hasta qué punto hemos mejorado y ha cambiado la vida de esta ciudad. Eso para mí es muy importante.

¿Cree que la historia de ETA se ha abordado correctamente, tanto a nivel social como cultural?

Es complicado. Hay mucha gente que utiliza a ETA de distinta manera y parte de ello es porque para algunos todavía es una herida abierta. También hay gente interesada en que eso siga vivo. Ahora parece que está en el discurso político más presente que nunca, cuando realmente deberíamos estar celebrando el fin del terrorismo. Es un tema delicado y del que todavía quedan muchas cosas por resolver. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por comprender, no a ETA ni a los etarras, sino de dónde venía el conflicto. Hacer un esfuerzo por intentar limar asperezas con la gente que no piensa igual que tú.

Comprender no es blanquear...

No. ETA fue y lo que fue. Sus asesinatos fueron horribles y el de Miguel Ángel Blanco fue una barbaridad. Una vez que asumes eso, ya puedes sentarte con una persona que no piensa como tú para intentar entender su punto de vista. Ahora no somos conscientes porque nos quedamos con el relato violento, pero la discusión política estaba sobre la mesa. A la izquierda abertzale lo que se le decía era que podían defender sus ideas, ese no era el problema. El problema era pegar tiros y matar. También hay que comprender que el mundo abertzale es muy amplio y hay opiniones muy diversas.

¿'Iruña 1997' es una historia que pretende llevar a la televisión?

Sí, me gustaría y estoy trabajando en ello. Espero que más adelante podamos daros una buena noticia.

El Gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón, el PP y familiares y amigos de Manuel Giménez Abad, presidente del PP Aragón y senador asesinado por la banda terrorista en 2001, hoy hace 25 años, le han rendido un homenaje realizando una ofrenda floral en el lugar donde falleció, junto al número 9 de la calle Cortes de Aragón, en el centro de Zaragoza. “La democracia es frágil y las víctimas nos recuerdan que no la tenemos garantizada”, ha afirmado su hijo mayor, Manuel Giménez Larraz.

En la tarde del 6 de mayo de 2001, Manuel Giménez Abad caminaba por la calle de Cortes de Aragón acompañado de su hijo Borja para asistir en La Romareda al Real Zaragoza-Numancia. El terrorista de ETA Mikel Carrera Sarobe, quien en 2023 fue condenado a 30 años de prisión por estos hechos, le asesinó a tiros.

La viuda de Giménez Abad, Ana Larraz, y sus hijos, Manuel y Borja Giménez Larraz, acompañados de la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, junto con el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, la secretaria general del PP regional, Ana Alós, y otros miembros del PP autonómico, han depositado un centro de flores, junto con dos velas encendidas sobre la placa que recuerda dónde fue asesinado el político aragonés.

Entre otros, han estado presentes la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro; el vicepresidente primero del Parlamento, Fernando Ledesma; el secretario primero, Gerardo Oliván; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la portavoz parlamentaria del PP, Ana Marín, y diputados de este partido, como Elena Allué y José Luis Bancalero Flores, entre otros.

“Nuestros derechos y libertades tiene que ser defendidos a diario”, ha realzado Manuel Giménez Larraz, observando que “la Historia no es un proceso únicamente ascendente en materia de progreso, de tolerancia, de democracia e, incluso, de compasión”.

“Un ejercicio de memoria”

“Hoy hacemos un ejercicio de memoria, 25 años después de que, aquí mismo, unos asesinos acabaran con la vida de mi padre”, ha explicado Manuel Giménez Larraz a los medios de comunicación, para dejar claro que “la memoria de las víctimas del terrorismo sigue siendo más pertinente que nunca, más necesaria que nunca también”.

Ha argumentado que todavía hay 300 crímenes de ETA sin resolver: “300 familias rotas que están esperando que, en algún momento, se les resarza jurídica y penalmente de una pérdida que cambió su vida para siempre”, ha señalado, y ha añadido que “renunciaron a la violencia y el Estado les tiene que resarcir”.

El acto de hoy “es un ejercicio de memoria pública necesaria porque es conveniente recordar que a mi padre no lo asesinaron por ser un tipo estupendo, por ser un padre fantástico”, sino que “lo asesinaron por representarnos a todos los ciudadanos, por representar nuestros derechos y libertades, y eso no se puede olvidar”.

También ha mostrado su confianza en el valor de las víctimas del terrorismo y “del proceso histórico que condujo a acabar con ETA” porque “a veces es bueno recordar que en España eso ha sido una excepción de la que podemos sentirnos orgullosos” ya que “ni Francia, ni Israel, ni el Reino Unido, ni Alemania en su momento mantuvieron ante la amenaza terrorista la misma firmeza de convicciones y el mismo respeto a su Estado de Derecho que nuestra democracia”. “El recuerdo de las víctimas nos recuerda precisamente esto, lo largo que ha sido el camino para sentar la democracia que todos podemos disfrutar”.

“Un hombre bueno”

La secretaria general del PP Aragón, Ana Alós, ha señalado que la banda terrorista ETA “asesinó a un hombre bueno, a un padre de familia, a un político que encarnaba los valores más importantes de nuestra democracia, además de una forma firme y moderada, pero contundente”.

“Fue por ello por lo que lo asesinaron, porque representaba lo mejor de nuestra sociedad, la defensa de la libertad, de la justicia, de la dignidad y de la igualdad”, ha continuado Ana Alós, añadiendo: “Acabaron con su vida, pero no consiguieron acabar con lo que representaba, con la defensa de esos valores que 25 años después venimos hoy también aquí a recordar”. “El Partido Popular de Aragón, cada año, durante estos 25 años, hemos venido aquí a honrar su memoria y a recordar su vida y todo aquello que defendió”, ha enfatizado.

Alós ha proseguido afirmando que “a día de hoy, lamentablemente, es más importante que nunca seguir defendiendo esos valores, en un momento en el que estamos viendo que se está mancillando la memoria de las víctimas, cuando estamos viendo cómo se está excarcelando terroristas asesinos a cambio de votos”.

El último libro de Mikel Urretabizkaia (Ordizia, 1953) 'FRANCO-ETA, la extraña pareja' no es un libro de historia, aunque narra pasajes de la historia pasada y reciente de forma pedagógica para entender, entre otras cuestiones, que ETA nació para combatir al franquismo, aunque según reconoce el autor, el 95% de los asesinatos que cometió la banda terrorista se produjeron en democracia. “ETA nació en 1959, aunque sus orígenes se remontan a 1952 como EKIN, en plena dictadura de Franco, pero cometió su primer asesinato mucho después, el 7 de junio de 1968. Hasta la muerte del dictador en noviembre de 1975, provocó el 5% de todos los asesinatos de su macabro historial. Una vez acabada la dictadura, una vez iniciada la Transición, una vez instalada la democracia, se produjeron el 95% de los 853 asesinatos que se le atribuyen y 3 utilizó el terror contra los ciudadanos contrarios a sus postulados. En su propio informe, tras la disolución en 2018, ETA asumió 2.604 acciones armadas, con 758 víctimas mortales”, narra Urretabizkaia, quien abarca desde la utilización del terror hasta la teoría del embrutecimiento del enemigo para explicar dos fenómenos que no existirían el uno sin el otro.

¿Cómo surgió la idea de escribir sobre la relación entre Franco y ETA?

Mira, te voy a decir la verdad: por casualidades de la vida me ha tocado vivir muchas cosas de la Transición muy de cerca. Estudié en la Complutense en los últimos años de la Transición y allí se vivía todo de forma muy intensa. Mi mujer, Rosa, siempre me decía que por qué no le escribía algo a nuestro hijo, que ya tiene 26 años, porque su generación no tiene ni idea de quién era Franco ni de qué pasó realmente. Empecé a darle vueltas y decidí que esas experiencias no podían quedarse en “agua de borrajas”; había que contarlas para quien quiera enterarse. El libro tiene un aspecto pedagógico, yo no soy historiador y esto no es un libro de historia, lo que trato es de divulgar. Mi intención es puramente divulgativa y pedagógica. He intentado que sea una lectura fácil porque hoy en día, si no calas en la gente con algo que se entienda bien, no sirve de nada.

Escribe para su hijo, pero la dedicatoria es para su aitona, su abuelo, un hombre al que describe como “perdedor de la Guerra, ganador de la paz”. ¿Por qué?

Siempre me llamó la atención que él nunca me contó nada. Murió cuando yo era joven y se llevó su historia al silencio, como hizo toda esa generación por puro terror. Él era administrador de la alhóndiga y cuando llegaron los franquistas los echaron a todos a la calle. Mi madre me contaba que, cuando entraron las tropas, mi abuelo se llevó a sus hijas andando por el monte desde Ordizia hasta Albiztur por miedo a los moros de Franco [La Guardia Mora] porque había oído que estaban violando a las mujeres, aunque no llegaron al norte, pero el terror estaba en las cabezas de todos. Ese miedo les cerró la boca para siempre. Después le quitaron el trabajo y se tuvo que buscar la vida de otra manera. De ese tipo de perdedores ha habido una enormidad.

En el libro cuenta que “el franquismo sirvió de catalizador para que la rebeldía juvenil de aquel pequeño grupo inicial, diera el salto a una violencia que fue in crescendo”. ¿ETA nació como respuesta al franquismo?

Por supuesto, y me indigna que hoy haya incluso trabajos universitarios que intenten negarlo. Yo mismo no entré en ETA por un pelo, porque me fui a estudiar a Madrid a la Complutense. En aquella época la represión era constante, a mí me ha llegado a perseguir un guardia civil subfusil en mano por una manifestación. ETA nace contra Franco, otra cosa es que tenga objetivos de todo tipo como el socialismo revolucionario o la independencia y la deriva de terror ciego que tomaron después, que no tuvo ningún sentido, pero nace contra la represión franquista. Tuvieron que dejarlo en el año 2011 sin cumplir ninguno de sus objetivos.

Hubo dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo

La mayoría de los asesinatos de ETA, usted habla en el libro de un 95%, se produjeron en la Transición, después de la muerte de Franco. ¿Cómo se explica?

Me he hecho esa reflexión mil veces y no tengo explicación. En el libro que escribí sobre un etarra arrepentido, Lo difícil es perdonarse a uno mismo, una biografía de Iñaki Rekarte se lo pregunté directamente y ni ellos mismos tienen una razón clara más allá de que eran jóvenes y estaban un poco locos. Cuando surge las razones son que hay un pueblo que lucha contra una dictadura insoportable, es la lucha contra el tirano, pero a partir del año 77, con la democracia y el Estatuto de Autonomía, ya no había ninguna razón para seguir con la lucha armada. No consiguieron nada.

Narra que en la República existió la “teoría del embrutecimiento” de los republicanos, a los que los franquistas consideraban como seres casi infrahumanos. Es algo que vemos en todas las guerras, como puede ser también en Gaza y cómo la población palestina es considerada por parte de Israel.

Claro, se considera que se tiene derecho a acabar con el enemigo, porque para ellos no son humanos, son animales. Crean la teoría del enemigo único, en el caso de la República para los franquistas el enemigo eran los rojos. Y para ellos los rojos eran anti-España y todos eran iguales, cuando la realidad es que dentro de los rojos estaba el PNV, que era un partido conservador y católico a ultranza. En el libro hablo de un psiquiatra que estaba convencido de que había un “gen rojo” que portaban las presas comunistas y socialistas a las que consideraba que debían regenerar y eliminar de sus adentros ese gen.

¿Esa teoría del embrutecimiento y del enemigo único pudo ocurrir también con ETA en la Transición? ¿Puede justificar eso que siguieran matando después de Franco?

Es algo parecido, en el sentido de que estas cosas se producen normalmente en la juventud, en la intensidad. Cuando inicia ETA es contra la dictadura y cuando llega la Transición pues contra los españoles, pero en su conjunto, el español es el malo. Si te pones a pensar en ETA hasta en el socialismo revolucionario, que era una base de la banda, aceptaron a los españoles. Había incluso dirigentes de ETA que nacieron fuera de Euskadi, pero a su vez el español es el enemigo y se engloba a todos en esa frase.

Tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad

Una frase del libro dice “la serpiente, que se había enroscado subrepticiamente al régimen dictatorial, desaparecía definitivamente tras dejar un rastro trágico que subsistirá en generaciones posteriores”. ¿Ese rastro está desapareciendo con la desmemoria de las nuevas generaciones?

Sí, yo creo que sí. Recientemente, han salido estudios sobre la cantidad de gente joven que dice que Franco hizo cosas buenas y claro que las hizo, pero fueron 40 años de dictadura. Con ETA ocurre lo mismo, lo que pasa es que está más presente porque todavía se celebran juicios contra miembros de ETA. Esto con Franco o los franquistas no pasa porque hubo una Ley de Amnistía y se acabó.

En el libro también toca episodios como el de lo relacionado con la frase “Que te vote Txapote” y escribe sobre la actualidad política. ¿Considera que por parte de partidos como PP o VOX hay una frivolidad o un uso propagandístico de las víctimas de ETA?

Está claro. Eso es Steve Bannon, es Donald Trump. Es marcar claramente el mensaje que tú quieres. No es una broma. En el caso del “Que te vote Txapote” Rubén Múgica, hijo de Fernando Múgica asesinado por Txapote, pide que no se use políticamente la muerte de su padre. Está claro que ahí hay una decisión porque el propio José María Aznar en su momento planteó una negociación con ETA porque decía que era mejor que hicieran una lucha parlamentaria en lugar de que usaran las armas. Dijo que estaban dispuestos a que si dejaban las armas hicieran una lucha parlamentaria. Ahora resulta que lo hacen y se lía. Después Aznar pasó de decir una cosa a decir otra, igual que Isabel Díaz Ayuso, que utiliza esos elementos para hacer el mal, pero no para hacer el mal a EH Bildu o a Sortu, sino para hacer el mal a todo el grupo que puso en el poder a Pedro Sánchez. Todo es ETA, ese es el titular, aunque dentro de EH Bildu haya grupos diferentes y esté por ejemplo Oskar Matute, quien en el Congreso preguntó dónde estaban los del PP cuando mataron a Miguel Ángel Blanco y dijo que él estaba en una vigilia en su apoyo. Se trata de que la verdad no arruine el titular.

En una de sus últimas columnas en este periódico escribía que “hoy resultaría injusto que a un afiliado al PP se le llamara franquista solo por ser del PP. Lo mismo que a un afiliado de Eusko Alkartasuna o de Alternatiba, miembros de EH Bildu, se le llamara etarra”.

Sí, eso también lo digo en el libro. Yo no voy a estar todo el rato diciendo que el Partido Popular es franquista en esencia. ¿De dónde viene? De Alianza Popular, un partido que crearon los siete magníficos que eran franquistas. Pero no solamente eso. Crearon unas asociaciones políticas con base en una legalidad que era franquista, creada en la época de Franco, pero no voy a estar todo el día diciendo que son franquistas. Vamos a construir país, construir futuro y una sociedad progresista y adecuada en la que se pueda vivir. Del mismo modo, ellos deberían aceptar y seguir adelante. Pero tenemos a la presidenta de la Comunidad de Madrid cada cierto rato sacando el comodín de ETA para sus intereses políticos y eso es algo que cala en la sociedad y en los jóvenes. No estoy hablando de no condenar a ETA, porque fue horrible lo que hizo, pero en el caso de ETA tenemos el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, tenemos monumentos, libros, pero en el caso del franquismo eso no se ha hecho.

Una publicación recogerá las biografías de las “setenta personas” que formaron parte del primer Gobierno de Euzkadi, surgido en plena Guerra Civil en octubre de 1936 y con competencias en solamente una parte del territorio vasco por los avances de los sublevados franquistas. Según ha explicado en el Parlamento Vasco el director del Instituto de la Memoria (Gogora), Alberto Alonso (PSE-EE), las galeradas “ya están en imprenta”.

El Ejecutivo autonómico dio hace unos días desde el hotel Carlton de Bilbao, la que fuera la “Lendakaritza” o Presidencia de aquel Gobierno, el pistoletazo de salida a un año de reconocimientos por el nonagésimo aniversario de la constitución de aquel gabinete, una coalición de PNV, PSOE, PCE, ANV, Izquierda Republicana y Acción Republicana. Alonso, en la Cámara, ha asegurado que aquel Gobierno iba “mucho más allá” que la figura del lehendakari, José Antonio de Aguirre, del PNV.

Ha señalado que fue un “sueño” truncado por la dictadura y que implementó políticas de “modernización” del país. El libro recogerá 70 biografías de todos los cargos y detallará avances como el “primer plan de vacunas” de España, puesto en marcha por el consejero fusilado Alfredo Espinosa, republicano, o la primera “ley de protección del consumidor” e incluso “políticas activas de empleo”. Alonso ha indicado que han sido “dos años de investigación” por parte de expertos para poder alumbrar el trabajo.

Alonso ha comparecido en el Parlamento para hacer descargo anual del trabajo de Gogora y presentar los planes para el nuevo ejercicio. Es una obligación legal que su predecesora, Aintzane Ezenarro, nunca atendió en dos legislaturas. El Instituto de la Memoria se encarga del análisis de la Guerra Civil y la dictadura, de los diferentes terrorismos, incluido el de ETA, y de la violencia policial. El propio director de Gogora ha admitido que su exposición relataba planes e iniciativas ya conocidas, como los de acercar el pasado a las nuevas generaciones.

Desde la oposición, Eraitz Sáez de Egilaz de EH Bildu ha constatado que el volumen de iniciativas sobre memoria en el Parlamento Vasco se ha reducido en los últimos años y lo ha considerado algo “positivo” y ejemplo de distensión, aunque sí ha demandado acercar a la juventud figuras históricas como aquel Gobierno de Aguirre. Por parte del PP, Santiago López Céspedes, ha echado en falta más iniciativas de denuncia de ETA. Ha ironizado que en la intervención la única “eta” era la “conjunción copulativa” en la versión en euskera, extremo que ha negado Alonso. Y Amaia Martínez Grisaleña de Vox ha lamentado que no haya políticas de reconocimiento a las víctimas de los republicanos en la Guerra Civil.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha presentado este lunes oficialmente el proyecto Sea Eight (o Aquacría Basordas, el nombre de la filial) para utilizar las antiguas instalaciones de la central nuclear de Lemoiz, nunca puesta en marcha como tal, como criadero de lenguados. Se trata de una inversión “público-privada” de 170 millones de euros en diez años, que va a generar “unos 200 empleos altamente cualificados de forma directa” y que permitirá “disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha explicado desde la zona el propio Pradales, acompañado de la consejera Amaia Barredo y de responsables de Sea Eight, que ya tienen proyectos en otras zonas como Asturias, Galicia o Portugal.

El PNV pactó con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017 la cesión de los terrenos de Lemoiz en Basordas y el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez lo ejecutó en 2019. Son unas 170 hectáreas de hierro (mil toneladas) y cemento (ocho millones de metros cúbicos) que quedaron allí en 1984 cuando se decidió no continuar con la puesta en marcha de la central nuclear, proyectada en 1972, en pleno franquismo. Fue una decisión muy condicionada por la amenaza terrorista de ETA, aunque la infraestructura generó también una importante contestación social. Desde el principio se planteó la posibilidad de aprovechar el lugar como piscifactoría, aunque hasta ahora no se había terminado de definir un proyecto y han sido años de idas y venidas, incluso de disputas con el Ayuntamiento de Lemoiz, en manos de EH Bildu.

Pradales ha iniciado su intervención recordando a cinco trabajadores de la entonces llamada Iberduero asesinados por ETA en su campaña contra las instalaciones nucleares. Son José María Ryan, Ángel Pascual, Andrés Guerra, Alberto Negro y Ángel Baños. Se estiman en más de tres centenares los atentados y sabotajes de la banda terrorista contra el proyecto. Ha citado también a Gladys del Estal, venezolana que recibió un disparo de la Guardia Civil en el curso de protesta antinuclear en Tudela, en Navarra.

Según el lehendakari, “la central de Lemoiz evoca un pasado de dictadura, terrorismo y desarrollismo salvaje”. “Es una herencia incómoda y muy compleja que nos corresponde gestionar”, ha señalado. A su juicio, el plan de la mano de Sea Eight -que toma su nombre del que consideran el octavo mar, la actividad de acuicultura en tierra firme- “aspira a ser referente a nivel internacional”. Esta compañía ya tiene proyectos en marcha en otros puntos de la península, tanto en España como en Portugal. Su sede principal está en Gijón.

Lo que se hará en Basordas será “un proyecto integral” de “desarrollo, genética, cría, engorde, preparación y transformación del lenguado” de unos 46.000 metros cuadrados. “Esto es mucho más que una simple piscifactoría [...]. Su producción nace con vocación de seguridad alimentaria y exportadora, y nos permitirá disponer de los primeros lenguados 'made in Euskadi' para el año 2030”, ha dicho el lehendakari, que ha prometido una inversión global de 170 millones de euros -no ha especificado qué parte será pública- y la creación de 200 puestos de trabajo, así como colaboración con universidades, centros tecnológicos y empresas del sector.

Se estima que el proyecto tenga “una capacidad productiva estimada en torno a 3.000 toneladas anuales” de lenguados. Se estima que el proyecto como tal arranque en 2027, que 2029 en se empiecen a criar los primeros peces y que lleguen al mercado, respetando sus “ciclos biológicos”, hacia 2030. Desde Sea Eight han explicado a este periódico que el período total de cuidado de los lenguados es de “unos veinte meses”. Los primeros los tienen en una “maternidad” o “nursery” y después los alevines pasan a la fase de “engorde” hasta que están listos para su comercialización.

Se da la circunstancia de que el pasado año el presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, presentó para Gijón de la mano de Sea Eight la “mayor piscifactoría de leguados de Europa” aunque sus cifras eran más modestas que la de Lemoiz, ya que eran 55 millones de inversió y un centenar de empleos. En el acto de Basordas han estado Aritza Rodero, del grupo Atitlan, que es el inversor principal detrás de Sea Eight, y Jaime León, CEO de este proyecto.

“Es hora de abrir un nuevo ciclo para este espacio de Lemoiz. De hacer que sea un símbolo de transformación colectiva, y no la cicatriz de tiempos oscuros. De que salga del pasado, o de un presente congelado, para entrar en el futuro de Euskadi, generando riqueza, proyección y nuevas oportunidades. Éste es el primer paso de un camino largo que debemos recorrer juntos”, ha solemnizado Pradales, que ve “compatible” el Sea Eight con “otros usos e iniciativas que puedan llegar, tanto económicas, como ligadas a la memoria, la cultura o el ocio, desde la escucha, la colaboración y el acuerdo”. “Estamos muy contentos de estar aquí”, ha señalado igualmente la consejera Barredo.

En paralelo, han arrancado ya las obras de un nuevo dique para proteger el espacio. Euskadi asumió en 2025 la competencia de gestión del litoral. Según se informó, tendrán un coste de 2,5 millones de euros. “Los trabajos, que ya han comenzado y se prevé duren 10 meses, incluyen el refuerzo del talud exterior mediante la colocación de 415 bloques de hormigón de alta densidad de 45 toneladas cada uno en 200 metros del dique con daños. Los 100 metros restantes conservan su estructura original de bloques de piedra caliza”, informó en marzo el Ejecutivo.

Cosme Delclaux, abogado que fue secuestrado por ETA en 1996 y pasó 232 días en un minúsculo zulo hasta su liberación, ha fallecido este sábado en Bilbao. Apareció maniatado a un árbol el mismo día que la Guardia Civil liberó al funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara de otro secuestro también ejecutado por la banda terrorista.

Años después del secuestro, en una declaración ante la Audiencia Nacional, Delclaux relató, según recogió Europa Press entonces, que un hombre lo abordó con un arma y lo introdujo en un coche con otros desconocidos. Poco después, y tras inyectarle un calmante, lo cambiaron al maletero de otro coche, del que salió para acabar en el zulo en el que estuvo secuestrado durante ocho meses.

Las dimensiones del zulo no superaban los 90 centímetros de ancho por 3 de largo, con una altura de apenas 1,94 metros. “Todos los días eran iguales. Me apagaban la bombilla para dormir, a la mañana me despertaban y me daban una taza de algo y galletas. Luego abrían la puerta e introducían un ventilador y me daban un pitillo. Después me metían una palangana y un poco de jabón y, cuando tocaba, me abrían y fumaba otro pitillo”, rememoraba.

El padre del secuestrado, Álvaro Delclaux, también compareció ante la Audiencia Nacional y confesó que, a través de otro de sus hijos, pagó un rescate, abonando a la banda terrorista un total de mil millones de pesetas. “Pagué. ¿Qué quería que hiciese?”, le preguntó al fiscal, después de aseverar que la banda le había remitido unas cartas en las que amenazaba con ejecutar a su hijo en caso de que no hiciese entrega del dinero requerido.

El de Delclaux fue uno de los secuestros de mayor duración de entre los ejecutados por ETA. Lo superan, sin embargo, otros tres: según datos del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estuvo secuestrado (también en 1996) durante 532 días antes de su liberación; el empresario José María Aldaya (en 1995), 342, y Emiliano Revilla (en 1998), 249. ETA exigía el acercamiento a cárceles vascas de los presos de la banda. En una fotografía remitida durante el secuestro al diario 'Egin', se puede ver a Delclaux sujetando un periódico con un titular que reza “El acercamiento [de presos] fue rechazado por UPN y PSN”.

Declaux fue liberado el 1 de julio de 1997. Apareció maniatado a un árbol, en un paraje del municipio vizcaíno de Elorrio. Ese mismo día, unas pocas horas después, la Guardia Civil liberó a Ortega Lara.

La familia de José Miguel Etxeberria Álvarez, 'Naparra', miembro de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (CAA) desparecido el 11 de junio de 1980, ha exigido al Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo que retire las referencias a él de una exposición temporal en su sede. El Memorial inauguró el pasado martes la exposición 'Ausencias presentes. Desaparecidos por terrorismo en España', que recuerda a las seis víctimas del terrorismo en España cuyos cuerpos nunca fueron hallados, entre ellos el de Etxeberria.

Según se recuerda en la exposición, los Comandos Autónomos sostuvieron que fueron miembros de ETA los que le hicieron desaparecer por una disputa sobre un traficante de armas que ambas organizaciones compartían, pero fue el Batallón Vasco Español (BVE) en varias llamadas a periódicos el que reivindicó el crimen, algo que también se apunta en la muestra del Memorial. En el panel correspondiente se explica que las investigaciones policiales y judiciales llevadas a cabo “no permiten señalar de manera concluyente ninguna de las versiones como probada”, según recoge Efe.

En una comparecencia ante los medios de comunicación este viernes en Vitoria, Eneko Etxebarria, hermano de 'Naparra', ha acusado al Memorial de intentar generar confusión, cuando debería ser garante del “rigor histórico”. Ha recordado que el BVE reivindicó hasta en tres ocasiones el secuestro y asesinato de su hermano y el Memorial apunta como “hipótesis principal” la autoría de ETA, cuando “no hay ningún soporte” para mantenerla. Ha señalado que esto supone una “revictimización” para la familia, con un relato que intenta tapar la “violencia del Estado contra miles de víctimas que nunca van a tener sitio en ese Memorial, y si lo tuvieran estaría manipulado”.

El hermano de 'Naparra' ha asegurado que desde un primer momento pidieron que no se incluyera este caso en la exposición y ha instado la “retirada inmediata” de los contenidos que hacen referencia a su caso y una “rectificación pública”. Se ha preguntado por qué el Estado no ha reconocido a Etxebarria como víctima del terrorismo, algo que su familia solicitó en dos ocasiones, si la autoría de su desaparición hubiera sido de ETA y ha pedido al Ministerio del Interior que desclasifique los documentos que haya sobre el caso.

El Memorial, también según Efe, ha asegurado que la información es “ajustada a lo que se conoce del mismo, sin descartar ninguna de las hipótesis posibles”, por lo que considera que “no procede retirar” el panel. “Al igual que la historia de las otras víctimas recogidas en la muestra, se trata de un caso histórico de interés general y su inclusión en la exposición busca recordar la injusticia cometida con estas personas, con independencia de los grupos terrorista que perpetraran los asesinatos e hicieran desaparecer a sus víctimas”, argumenta.

“Derecho a la memoria”

El hermano de 'Naparra' ha explicado que el comité de la ONU contra las desapariciones forzadas asumió en 2014 la autoría del BVE de la desaparición de 'Naparra' y ha reclamado el “derecho a la memoria” para la víctima y su familia. Eneko Etxebarria ha recordado que la familia está a la espera de que el Gobierno Vasco responda a su petición hecha en 2021 para que se reconozca a su hermano en el marco de la ley de víctimas policiales, y que el Gobierno de Navarra tiene “paralizado” el expediente correspondiente porque la ley de víctimas de violencia política no contempla los casos cuya vía judicial no esté totalmente agotada.

A este respecto, ha considerado que esa vía está cerrada después de que el juez Ismael Moreno archivara el caso en 2004 al considerar que no existían indicios de que se hubiera producido una desaparción forzada, algo que solo se podría revertir si se desclasifican los documentos secretos sobre el caso.

El juez de vigilancia penitenciaria del Tribunal Central de Instancia (antigua Audiencia Nacional), José Luis Castro, que tiene competencias sobre el cumplimiento de los condenados por terrorismo, ha rechazado la flexibilización del segundo grado a la exdirigente de ETA Soledad Iparragirre, más conocida como 'Anboto', y al también exmiembro de la organización armada Juan Ramón Carasatorre. Ello implica su vuelta al régimen cerrado anterior, aunque los reclusos tienen posibilidad de recurso. A la vez, Castro cuestiona la aplicación por parte del Gobierno vasco, que tiene las competencias de Prisiones, del artículo 100.2 del reglamento penitenciario español de 1996 para asimilarlo a la semilibertad.

En sendos autos, el magistrado acuerda que ambos permanezcan en segundo grado de tratamiento penitenciario y propone al legislador modificar el artículo 100.2, que supone la flexibilización del cumplimiento de las penas, ante las salidas continuadas anticipadas sin un pronunciamiento del órgano judicial. Para Castro, se trata de una disfunción que no beneficia a nadie. “A la interna se le crean falsas expectativas y a las víctimas desasosiego innecesario e incluso a la ciudadanía, que ante las noticias en los medios de comunicación le resultará extraño estas decisiones de excarcelación/encarcelación”, argumenta.

En el caso de Iparagirre, el juez recuerda la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada, diez asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena efectiva de treinta años de prisión. Indica que las fechas de cumplimiento de los tres cuartos de la condena están relativamente próximas, en marzo de 2027 pero añade que su licenciamiento definitivo no se cumplirá hasta septiembre de 2034.

El magistrado analiza la naturaleza del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, una medida excepcional que aboca a un régimen parecido a la semilibertad del tercer grado y que exige una justificación individualizada de su pertinencia, como medida de flexibilización del grado. Por ello, su aplicación debe estar suficientemente justificada y debe motivarse su necesidad en el proceso de reinserción.

El auto del juez analiza los informes que obran en el expediente penitenciario de Iparraiuirre que acreditan una positiva evaluación de su actitud. Ha asumido sus delitos, abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles, ha repudiado la violencia y ha pedido perdón a las víctimas, se indica. Sin embargo, advierte de que la interna no ha disfrutado de permiso alguno concedido por el juzgado de vigilancia, lo que impide valorar su evolución, tal y como contempla el sistema penitenciario español, a partir del principio de individualización y de progresividad.

Para el magistrado, aplicar el artículo 100.2 sin tener en cuenta permisos impide valorar la evolución de la penada, tal y como ha manifestado el fiscal en su informe, en lo que “con buen criterio denomina ausencia de motivación reforzada y valoración específica del impacto social y victimológico y la justificación expresa de por qué se prescinde de la progresión ordinaria”. El juez argumenta que la aplicación del principio de flexibilidad “exige una fundamentación reforzada, en tanto que requiere un programa específico de tratamiento que de otra forma no pueda ser ejecutado”.

Para el juez, tampoco se explica el porqué en la decisión administrativa “se ha prescindido de mecanismos jurídicos y tratamentales propios de la progresión ordinaria, al no constatar la trayectoria tratamental a través de mecanismos como la concesión y evaluación de la cadena permisiva, lo que permitiría obtener una conclusión real sobre la evolución penitenciaria de la interna, teniendo en cuenta el tiempo de cumplimiento de la condena y que la carta de arrepentimiento data de 26 de enero de 2026, esto es, inmediatamente anterior a la aplicación administrativa del 100.2”.

En el caso de Carasatorre, que cumple una condena acumulada también de treinta años de prisión por delitos de asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo, el juez recuerda que la resolución del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco no viene acompañada de un plan de ejecución, tal y como exige el artículo 100.2. Esta situación, según el magistrado, puede responder a que la Junta de Tratamiento de la cárcel no acordó, previa propuesta del equipo técnico, la aplicación del 100.2, sino que ha sido una decisión “que se ha adoptado unilateralmente por el centro directivo, sin propuesta o acuerdo previo de la Junta de Tratamiento”.

La Junta de Tratamiento había propuesto por unanimidad aplicar el segundo grado al preso, basándose en que no había disfrutado de permisos y en el escaso tiempo de permanencia en el centro penitenciario. Para justificar la propuesta unánime de segundo grado, la junta se amparó en la gravedad de los hechos delictivos especialmente violentos, la pluralidad de víctimas, los tres o más ingresos en prisión, así como la ausencia de permisos que permitieran valorar su adaptación y ausencia de cualificación laboral. El juez indica que Carasatorre cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024 y que su licenciamiento definitivo será en marzo de 2034. Al mismo tiempo considera que si el centro consideraba ajustada a derecho la aplicación del artículo 100.2 ante la ausencia de acuerdo por la Junta de Tratamiento “debió instar a esta para que elaborase el mismo y sería a partir de ese momento cuando, según legislación vigente, el plan acordado sería ejecutivo”.

El magistrado no alcanza a entender la ejecutividad de la medida del 100.2 -que en Euskadi se aplica a presos de ETA en más proporción que a otros- cuando se necesita la ulterior aprobación del juez de vigilancia. En estos casos las salidas son inmediatas y no se suspende con recurso de la Fiscalía, como sí ocurre con el tercer grado si la pena supera los cinco años, alega. “El sentido común -añade el juez- aconseja esperar, no sólo a la decisión judicial de instancia, sino a la resolución de la apelación. Eso sí, con un procedimiento administrativo y judicial ágil y dando carácter urgente y preferente al recurso de apelación interpuesto”, opina.

El auto indica que desde la perspectiva política se requiere una reflexión serena de la que derive una posible reforma normativa. El 100.2 surge de un decreto firmado por el último consejero de Justicia de Felipe González, Juan Alberto Belloch, en 1996. El magistrado plantea la posibilidad de que el 100.2 fuera una fórmula clasificatoria intermedia (especialmente entre el segundo y tercer grado) que permita consolidad la evolución positiva del penado en un sentido similar a como son los permisos de salida. No requiere una reforma legislativa como tal.

Permiso para 'Txeroki'

Por otro lado, el juez Castro sí ha aprobado un permiso de seis días para el que fuera jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', como propuso el pasado noviembre la junta de tratamiento de la cárcel de Martutene. Cuenta con el visto bueno de la Fiscalía. En su resolución, cita “el estado avanzado de la condena”, que cumplirá definitivamente en octubre de 2027, “la asunción delictiva, la petición de perdón a las víctimas y el repudio a la actividad delictiva y al uso de la violencia provocada, en conformidad con el ministerio fiscal”. Para ese permiso, el juez establece que se le deberá colocar una pulsera de control telemático como medio de constatar la prohibición de acercarse a sus víctimas. 'Txeroki' se encuentra en régimen de aplicación del artículo 100.2, que está pendiente de ser revisado.

En vista de estas resoluciones, fuentes del Gobierno vasco han mostrado su “respeto absoluto a las decisiones judiciales”. “Forma parte de los mecanismos de garantía de los que nos hemos dotado en el Estado de Derecho. Es un sistema plenamente garantista. Insistir en que no hay ninguna ilegalidad, es diferente ponderación entre los fines de la pena, la reinserción y la retribución. Estamos aplicando el marco legal vigente en la actualidad”, abundan desde el equipo de la consejera socialista María Jesús San José.

La Fundación Fernando Buesa Blanco y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo han desarrollado una web (victimaseducadoras.es) sobre víctimas del terrorismo de ETA, del yihadismo, de la extrema derecha, de los GAL y de los GRAPO, un espacio interactivo que recoge las preguntas que habitualmente plantean los jóvenes tras escuchar los testimonios de damnificados por el terrorismo que participan en programas educativos, junto con las respuestas que 23 de estas personas ofrecen a partir de sus propias vivencias.

En España, más de un centenar de víctimas participan en encuentros en institutos y universidades para compartir su experiencia, según han recordado durante su presentación el responsable del área de Educación y Exposiciones del Memorial, Raúl López Romo, el responsable de Proyectos y Comunicación de la Fundación Fernando Buesa, Eduardo Mateo, y Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, quien participa en el proyecto a través de su testimonio.

El proyecto de esta web, que se pondrá a disposición de la comunidad educativa y de toda la ciudadanía, reúne los testimonios de 23 personas afectadas por ETA, el terrorismo yihadista, el de la extrema derecha, los GAL y los GRAPO. Las grabaciones se realizaron durante coloquios con alumnado desde 2023 hasta la actualidad. La web permite buscar las preguntas más habituales que los jóvenes plantean a los afectados por terrorismo, ya sea por víctima o por temática. Se han identificado 29 temas recurrentes y, en total, la plataforma recoge 234 preguntas con sus correspondientes respuestas, según recoge Europa Press.

Las cuestiones más frecuentes abordan aspectos personales —como el impacto de los atentados en la familia y el entorno cercano o los sentimientos de las víctimas—, así como temas más generales, entre ellas, la justicia, el odio o el perdón. Se trata de una muestra amplia y representativa de víctimas con experiencia en el ámbito educativo en España. Cada víctima cuenta su historia, aunque todas coinciden en su “rechazo al odio y a la venganza”.

Han tomado parte en calidad de víctimas educadoras Alberto Muñagorri, Albino Machado, Ana Aizpiri, Ángel Altuna, Antonio Utrera, Asun Olaeta, Aurora Intxausti, Begoña Elorza, Esther Sáez, Iñigo Pascual, José Aguilar, Joseba Abaitua, Josu Elespe, Juan Carlos Cuervo, Koldo San Martín, Lourdes Legasa, Maider García, Manuel López Represa, Marina Irigoyen Caballero, Marta Buesa, Naiara Zamarreño, Sara Buesa y Teo Uriarte.

Según ha explicado Eduardo Mateo, “es un proyecto abierto donde se pueden incorporar más testimonios en el futuro”; mientras que para Sara Buesa, hija de Fernando Buesa, el dirigente socialista vasco asesinado por ETA en 2000, su participación en esta web es para “compartir la historia de mi vida, algo que me remueve y un legado para las nuevas generaciones y que sirve para deslegitimar la violencia y el terrorismo”. A su juicio, “es importante nombrar lo innombrable: el miedo, la pérdida y el vacío”. “Hablar del trauma y el proceso de curación, es un granito de arena, pero muy real”, ha añadido para agradecer “cómo los chavales nos escuchan sin prejuicios y conectan con el dolor”.

La Fundación Fernando Buesa y el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo consideran que impulsar iniciativas como esta web “resulta fundamental para deslegitimar la violencia política, preservar la memoria de nuestro pasado reciente y formar ciudadanos críticos y comprometidos con los valores democráticos”.