La recuperación de la actividad judicial tras el parón estival devolverá de nuevo a la actualidad la investigación abierta a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama cerró el curso judicial autorizando a la Policía a acceder a más sesenta cuentas del expresidente del Gobierno, su entorno y varias sociedades por las que habrían pasado los fondos bajo sospecha y pidiendo un informe sobre la influencia venezolana en Plus Ultra, la aerolínea cuyo rescate está en el epicentro del caso. Y lo retomará tomando declaración a los dimitidos presidente y CEO de esa compañía. Ambos directivos implicaron a Zapatero en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate.

Sus declaraciones, previstas para los días 7 y 8 de septiembre, pueden complicar todavía más el horizonte judicial del expresidente tras la confesión de su antiguo amigo y colaborador Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora que le pagó durante cinco años por supuestas labores “de asesoría” y que, a su vez, cobró elevadas cantidades de la aerolínea. El pasado julio este último anunció que colaboraría con la Justicia y atribuyó a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra la citada ayuda, si bien en su declaración ante el juez no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero ni cuánto habría cobrado por ello.

No obstante, el juez dejó por escrito en uno de sus últimos autos antes de que se iniciara agosto, mes inhábil en los juzgados, que sigue situando a Zapatero en el centro de una trama “organizada y estable” orientada al “ejercicio de influencias ilícitas” a favor de diferentes empresarios. El magistrado dirige una investigación que ha ido ampliándose tras arrancar en el rescate de Plus Ultra y que ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, la consultora de su amigo, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz.

El asunto de las joyas, uno de los episodios que más ha erosionado a Zapatero por su impacto mediático, tendrá previsiblemente un papel central en la evolución de la causa judicial. Casi tres meses después de que trascendiera su hallazgo, el expresidente sigue sin explicar el origen de los objetos intervenidos. Aunque su entorno las valoró en un primer momento entre 30.000 y 50.000 euros, una prestigiosa joyería encargada de la tasación judicial ha estimado su valor real en 1,3 millones de euros.

En una entrevista en TVE el pasado julio, Zapatero dijo que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte sometería “a contradicción” el valor que se les ha otorgado. En esa entrevista argumentó que debe respetar el procedimiento y hablar primero ante el juez, pero lo cierto es que se comprometió a hacerlo diez días después de declarar en la Audiencia Nacional y desde entonces han pasado más de dos meses.

Por el momento, lo único que consta en el juzgado es una petición de la Fiscalía de que se realice un análisis más exhaustivo de las joyas para conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas. Entre ellas, un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales originarias de Zambia.

Declaración de sus hijas

Además de pronunciarse sobre esta petición, entro los asuntos pendientes para el juez también está fijar la fecha de la declaración de las hijas del expresidente después de que el pasado junio acordara dirigir la investigación también contra ellas. En uno de sus últimos autos, Calama situó a Whathefav, la pequeña empresa de marketing de las hijas del expresidente, como la principal receptora de fondos del entramado de Julio Martínez, solo por detrás del propio Zapatero.

Hasta el momento, las pesquisas de la Policía han desvelado que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de sociedades vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción.

En la resolución en la que confirmó su imputación, Calama afirmó que existen “indicios racionales” de que Whathefav era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. Los investigadores de la UDEF consideran que la compañía emitía facturas con el concepto “servicios agencia” sin detallar cuál era su prestación real, lo que les lleva a pensar que no había una correspondencia entre “la actividad declarada y la real”. El juez ya ordenó a la Policía el registro de sus oficinas el pasado mayo.

Peticiones de nulidad

Además, la defensa del expresidente estará muy pendiente de la respuesta que pueda dar el instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, el juez rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

De esta revisión han quedado excluidas medidas como el registro de las oficinas del expresidente y de varias empresas, así como la apertura de la pieza separada sobre las joyas. No obstante, estas decisiones podrían verse afectadas si se decidiera una eventual nulidad de las otras resoluciones que se van a estudiar.

Más allá del juzgado, durante el próximo otoño la Agencia Tributaria seguirá adelante con las actuaciones de comprobación e investigación con relación al expresidente, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. El juez rechazó paralizar esa investigación fiscal centrada en los impuestos de Sociedades, IVA, IRPF, Patrimonio y grandes fortunas de los ejercicios de 2021 a 2025 tal y como había reclamado la defensa del expresidente. En su resolución, Calama argumentó que no siempre que se abre una causa penal ha de suspenderse la inspección fiscal.

El juez José Luis Calama, instructor de la causa abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero, ha ordenado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que realice un “estudio exhaustivo” sobre la evolución accionarial de la aerolínea Plus Ultra, cuyo rescate con 53 millones de euros en la pandemia está en el origen de las pesquisas.

En una providencia fechada este martes 4 de agosto, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción. La fiscal del caso, Elena Lorente, pidió esclarecer el “impacto” que la entrada de inversores de origen venezolano en el accionariado y órganos de gestión de la compañía —iniciado a partir de 2017— pudo tener en la concesión del rescate que la aerolínea solicitó durante la pandemia del coronavirus y que el Gobierno le concedió en 2021.

La fiscal define como “particularmente significativos” los cambios accionariales que supusieron la entrada en el capital social y en los órganos de gestión de “personas de origen venezolano”. Entre ellas, Rodolfo Reyes, quien era accionista mayoritario de la compañía durante la tramitación del rescate y cuyos mensajes constituyen relevantes indicios contra Zapatero.

La Fiscalía considera de “gran trascendencia” para la causa desgranar la historia registral de la sociedad desde su constitución en agosto de 2011 por los dos socios fundadores españoles, Fernando González Enfedaque y Julio Martínez Sola. Este último, invstigado en el caso, presentó su dimisión el pasado julio.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido la autorización del juez instructor del 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, para que la Policía Nacional pueda investigar cuentas bancarias del exlíder socialista, sus hijas, Alba y Laura, y su secretaria Gertrudis Alcázar, entre otros, informa Europa Press.

En un escrito remitido al juez, el abogado del expresidente, Víctor Moreno, pide dejar sin efecto el permiso del magistrado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para “ampliar la información que se considere pertinente” sobre los referidos productos bancarios por investigar.

Calama autorizó la semana pasada a la UDEF a investigar las cuentas bancarias de Zapatero y su entorno. En concreto, el instructor emplazó a los agentes a “ampliar la información que se considere pertinente” sobre varias cuentas bancarias, entre ellas algunas también de Julio Martínez, socio de Zapatero también imputado y dueño de Análisis Relevante, una de las sociedades bajo sospecha.

El juez ordenó, además, la apertura de una pieza separada en la que incorporará íntegramente la información bancaria que sea remitida, “quedando dicha documentación depositada en ese ámbito restringido a fin de proceder, en ese mismo marco, a la depuración y eliminación de los datos irrelevantes para la causa o susceptibles de afectar a la intimidad de las personas implicadas”.

Suspensión cautelar hasta que se resuelva el recurso

Ahora, el letrado reclama suspender cautelarmente la autorización concedida a la unidad policial para ampliar información y la expedición de los requerimientos a las entidades bancarias, al menos hasta que el magistrado resuelva el presente recurso.

Además, solicita “dejar sin efecto la extensión del requerimiento a las comunicaciones internas de la entidad y con el cliente” y que se fije un término final expreso “al período objeto de requerimiento, acotando su marco temporal hasta como máximo diciembre de 2025”.

En lo referente a la apertura de una pieza reservada en la que se enmarcan estas diligencias, el abogado reclama que sea el letrado de la administración de justicia, “bajo la supervisión del instructor”, quien se encargue de la “depuración del contenido” de la información bancaria.

El letrado de Zapatero aboga por que “se establezcan con claridad los criterios para el expurgo” integrado en la pieza de información reservada, “ordenando a la unidad policial encargada del análisis que haga constar en sus informes no solo los datos que eventualmente detecte favorables a la tesis policial, sino que también consignen y aprecien todas las circunstancias y datos que resulten favorables para los investigados”.

La defensa de Zapatero argumenta que la información bancaria a la que Calama dio acceso “es muy extensa y se pide al máximo nivel de detalle”. “Esa habilitación adicional a la UDEF difumina el ámbito del objetivo que la propia resolución establece en el marco de una medida restrictiva de derechos fundamentales”, aduce.

Una autorización “genérica”

“Desde otro plano, además, esta autorización genérica a la UDEF impide el control de esas peticiones, tanto por la autoridad judicial como por las partes”, arguye. Advierte, además, que “una habilitación genérica podría avalar una investigación prospectiva”.

El abogado añade que si se analizan datos sin autorización judicial y para fines diferentes a los del objeto de la investigación “se puede, indebidamente, socavar el derecho fundamental a la intimidad y los datos personales” de Zapatero.

“En definitiva, no se puede permitir, por la vía de esta amplia habilitación, que se analice una información potencialmente íntima sin autorización judicial ni la indagación prospectiva en cuestiones ajenas al proceso”, agrega.

Respecto a la apertura de la pieza separada, Moreno afirma que le parece “sustancialmente correcto”, puesto que “las cuentas bancarias son reflejo de la vida íntima de una persona y existe en este proceso un riesgo consustancial muy elevado de filtración de la información obtenida”.

Todo ello se enmarca en el 'caso Plus Ultra', en el que el instructor investiga presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros otorgado por el Gobierno a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa Zapatero como líder de una supuesta red de tráfico de influencias que habría obtenido beneficios económicos a cambio de influir supuestamente en dicha concesión, hechos por los que acordó su imputación.

Diez semanas después de que trascendiera la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero, la afirmación sigue pesando sobre los más 11 millones de españoles que depositaron hace dos décadas su confianza en el político socialista para dirigir el país: “líder” de una trama de tráfico de influencias. El último auto del juez José Luis Calama, dictado el pasado jueves, no mueve un ápice la acusación: “La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”.

Esta última resolución judicial, dictada al límite de que arranque el mes inhábil en los juzgados, dista de ser una buena noticia para Zapatero. El juez accede a la petición de la UDEF de la Policía para acceder a más de sesenta cuentas bancarias de Zapatero, su familia, su secretaria, Julio Martínez –socio y colaborador– y de un buen número de sociedades por las que habría pasado el flujo de fondos de origen ilícito con el fin de hacer perder su auténtico rastro.

La consecuencia primera es que la práctica de la diligencia se alargará durante meses en un caso que ya prometía prolongarse años desde que arrancó. Pero además, el escrito judicial va perfilando las acusaciones y señalando a los protagonistas de la presunta trama corrupta. De la panoplia de indicios que describían los primeros informes de la UDEF sobresalían por sospechosos aquellos relacionados con los ingresos de las sociedades de Zapatero y, sobre todo, de sus hijas. Ahora, esos indicios se van concretando.

De Whathefav, la pequeña empresa de marketing de sus hijas, el juez señala ahora que “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez”, justo por detrás del propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

En realidad el magistrado sigue dando por acreditado, de forma indiciaria, lo que atribuye la UDEF a las hijas del expresidente. En un informe de mayo, la Policía describía a Whathefav como un instrumento para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”. Se trataría, añaden los policías, de una empresa pantalla cuyo verdadero fin sería recibir los fondos “directamente de los clientes de la red organizada”, así como de los generados por la propia red“. ”Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos“, escriben los policías.

La otra sombra de sospecha reside en esos clientes que menciona la Policía, empresarios de los que se desconoce la actividad que les relacionaba con la empresa de las hijas y del expresidente y que, sin embargo, aportan abundantes fondos a sus cuentas bancarias. Al frente de todos ellos, tres empresas: Plus Ultra, Análisis Inteligente y Softgestor.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra [a través de Análisis Relevante], Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio.

El contacto con Plus Ultra, Julio Martínez, dio un giro al caso el pasado 20 de julio al anunciar que colaboraría con la justicia en su declaración del día siguiente. En un escrito no exento de confusión atribuía a Zapatero toda la responsabilidad de la trama, pero al tiempo se refería a trabajos de “asesoría” y no mencionaba el tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea y otras mediaciones. Tampoco aclaraba si Zapatero se llevó el 50% del 1 que él pactó con Plus Ultra por el rescate de la aerolínea.

A las pocas horas, los ya dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra hacían lo propio con otro escrito en el que ya recogían una mención expresa a que pagaron con el convencimiento de que Zapatero intercedería por el rescate y que, incluso, este les trasladó personalmente que haría gestiones, sin llegar nunca a saber si lo hizo realmente. Tanto Julio Martínez Sola como Roberto Roselli declararán el próximo mes de septiembre.

El último auto del juez destaca por situar en el lugar que antes se intuía a Inteligencia Prospectiva, una sociedad que según la ONIF no tenía actividad y que, sin embargo, era el principal pagador de las hijas de Zapatero, junto a Análisis Relevante, por trabajos desconocidos. Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas de Zapatero ingresó 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. En ese periodo, la sociedad mueve más de 2,6 millones de euros en sus cuentas pese a la ausencia de negocio. Por tanto, más del 21% de esos flujos de dinero fueron a parar a la empresa de las hijas del expresidente.

En la declaración ante el juez, Zapatero dijo que Alba y Laura Rodríguez podrán dar explicaciones de sus trabajos y sobre la realidad de estos, si es que fuera así, en unas declaraciones que se esperan para septiembre. En una reciente entrevista en TVE, el expresidente añadió: “Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?”.

El peso de las joyas

Y mientras se acerca el decisivo mes de septiembre para la causa judicial cada día desgasta más a Zapatero el asunto de las joyas encontradas en una caja fuerte durante el registro de su oficina. A la valoración inicial de entre 30 y 50.000 euros que hizo su entorno se superpuso el peritaje de una prestigiosa joyería, a la que el juzgado encargó la tasación: 1,3 millones de euros.

Zapatero pidió tiempo para recuperar la memoria de esas joyas, hablando con colaboradores y haciendo averiguaciones sobre su propio pasado, pero diez semanas después siguen sin conocerse ni su origen ni el valor que les concede el expresidente. Consciente de la polémica alrededor de las joyas, Zapatero dijo la semana pasada en Televisión Española que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte someterá “a contradicción” el valor que se les ha otorgado.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido un nuevo auto en la causa que instruye contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la que rechaza la pretensión de paralizar la investigación fiscal impulsada por la Agencia Tributaria contra la familia Zapatero. Entiende que esa inspección administrativa, que se abrió después de que se conociera la imputación del expresidente, puede discurrir en paralelo a la causa penal.

Fue el pasado 3 de julio cuando la Agencia Tributaria comunicó al juez que había abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunicaba que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destacaba que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En la resolución, el juez señala que, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, debe oponerse a esas solicitudes de suspensión de las actuaciones presentadas por las delegaciones de Hacienda en Madrid y Valencia. Anticorrupción entiende que se da una “ausencia absoluta de correspondencia” entre ambas investigaciones, y que tampoco concurre identidad de sujetos ni hecho imponible entre la investigación penal circunscrita al hallazgo de joyas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero y a la determinación de su origen, y las múltiples actuaciones administrativas abiertas por la Agencia Tributaria. Y recuerda que la suspensión de actuaciones administrativas constituye “una medida excepcional, de aplicación restrictiva”.

Frente a esto, las defensas tanto de el expresidente como de sus hijas y de la empresa Whathefav consideraban que sí se debía suspender la inspección de Hacienda al entender que la investigación penal “tiene por objeto unos hechos al menos parcialmente coincidentes, con los que sirven de fundamento a las actuaciones”. Consideran que la continuación de la tramitación administrativa “haría decaer sus derechos fundamentales, vulnerando la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la prevalencia de la jurisdicción penal y el respeto al principio non bis in idem” -no ser investigado dos veces por los mismo hechos-.

Ahora, Calama recuerda que no siempre que se abre una causa penal ha de suspenderse la inspección fiscal, y explica que en la etapa 1977-1986 el ordenamiento español configuró una preferencia administrativa plena, en la que la jurisdicción penal quedaba condicionada a la previa firmeza de la liquidación tributaria. “A partir de 1986, cuando se abandona la prejudicialidad administrativa necesaria y se instaura una preferencia penal relativa, en la que la mera presentación de la denuncia suspende el procedimiento inspector y el sancionador”, añade.

Tras esto, aclara que las reformas de 2010, 2012 y 2015 introducen un modelo de concurrencia, “que pretende corregir los excesos de los modelos anteriores y permitir una coexistencia ordenada entre la actuación administrativa y la investigación penal”. De esta manera, indica que la Administración recupera protagonismo y puede continuar determinadas actuaciones, aunque sujetas a límites derivados de la necesidad de evitar interferencias con el proceso penal.

Así, recalca que el sistema actual prioriza la continuidad de la actuación administrativa, reserva la paralización para supuestos excepcionales y articula mecanismos para evitar duplicidades sancionadoras, permitiendo que la determinación penal de la cuota ajuste finalmente la liquidación provisional practicada por la Administración.

Calama explica que en este momento el caso Zapatero no tiene por objeto “la investigación de hechos susceptibles de constituir delitos contra la Hacienda Pública”. Esto con la salvedad de la pieza separada abierta por el hallazgo de las joyas, en la que se examinan hechos que sí podrían tener relevancia fiscal. “Ahora bien, dicha relevancia se limita exclusivamente a la determinación del valor de las piezas de joyería intervenidas en su oficina, cuyo alcance fiscal y penal está aún pendiente de concreción y abre un abanico de posibilidades que impide, por sí solo, justificar la suspensión de las actuaciones inspectoras referidas a los ejercicios 2022 a 2024”.

Por último, añade que la aportación por los investigados a la Agencia Tributaria de documentación preexistente no implica autoincriminación alguna, al no suponer la generación de información nueva ni la realización de actos de colaboración activa con la investigación penal.

El juez José Luis Calama ya sitúa a los hermanos Amaro Chacón entre los grandes pagadores a José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno a cambio de las “influencias ilícitas” que habría ejercido el ex presidente. Calama equipara Inteligencia Prospectiva, la sociedad instrumental de los Amaro Chacón, al nivel de Plus Ultra y Softgestor en el nivel de encargos e ingresos para Zapatero, en un auto en el que actualiza el estado de las pesquisas y autoriza a la UDEF a acceder a más de sesenta cuentas bancarias del antiguo mandatario, su familia, entorno y sociedades vinculadas al caso de la aerolínea española y su rescate.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio. En otro punto del auto, el juez llama a las tres sociedades mencionadas “fuentes de financiación encubierta”.

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”. Esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”, advertía ya en mayo el juez Calama.

Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.

Los hermanos Amaro, recogía el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.

El auto de este miércoles de Calama recoge otra novedad. Son los pagos que recibió Zapatero de numerosas empresas por “supuestos servicios profesionales, como conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolitico...”. Zapatero nunca ha negado esos trabajos de consultoría y asegura que están declarados a Hacienda. Pero el juez incluye en su auto a cada una de las empresas y cuánto ganó el expresidente con ellas.

Así, en el auto del juez aparece Kreab Iberia (851.180 euros), Thinking Heads Group (649.552), Gate Center (352.980), Mimo Advisor (104.410), Focus Social Resarch (200.000), Chinalink (159.034), Talking Heads America (31.766), Kreab Worldwide (105.000), Bright Digital Solutions (53.000). Yuewee International Trade (49.758) y Zayed Award (47.210). A todas ellas hay que sumar los 490.780 euros recibidos de la sociedad Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, entre 2020 y 2025.

De estos pagos, el juez se detiene esta vez en el de Focus Social Research, de 200.000 euros), “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”. El magistrado, sin entrar a valorar, añade que una cuenta del Banco Santander “funcionaba como receptora de fondos, redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”. Zapatero atribuye ese rápido movimiento a la venta de una vivienda con la que pudo cancelar la hipoteca de la otra.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que acceda a más de sesenta cuentas bancarias de diferentes entidades y a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y sociedades que son investigadas en el marco del caso Plus Ultra, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Calama responde así a la petición realizada por la UDEF en un informe del pasado junio en el que se hace referencia a “flujos de fondos de interés” para la investigación y que implicarían “a los principales beneficiarios de la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez” a los que identifica “José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav [la sociedad de sus hijas]”.

El informe policial introduce novedades respecto a los atestados anteriores. Aparecen en el nuevo oficio nombres de otras sociedades que habrían servido también para canalizar pagos a Zapatero y que hasta ahora eran desconocidas. Recoge el auto del juez: “El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica”.

Y continúa: “Los clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor−, actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez”.

El juez recuerda que la investigación sitúa a Zapatero en el “núcleo” de la trama “orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”, y que sus servicios se retribuían mediante contratos de asesoría simulados que se canalizaban a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, el empresario también investigado, que actuaba “como persona de confianza” del expresidente y era “interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red”.

Con base en lo que recoge la UDEF en su atestado, el juez detalla las cantidades recibidas por Zapatero que son objeto de investigación. Además de los 490.780 euros que le llegaron desde Análisis Relevante -empresa de Julio Martínez- entre 2020 y 2025, se ha encontrado “un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades”.

Así, detalla pagos de algunas empresas que ya se incluyeron en el primer auto del juez: 851.180 euros llegaron de la consultora Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 105.000 euros de Kreab Worldwide. Añade recientes, como los 200.000 euros de Focus Social Research. Y suma nuevos pagos de empresas como los 159.034 euros de Chinalink; los 104.410 euros de Mimo Advisors; los 53.000 euros de Bright Digital Solutions; los 49.758 euros de Yuewee International Trade; y los 47.120 euros del Zayed Award. El juez y la UDEF destacan los pagos destaca el de Focus Social Research, “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”.

Por otro lado, recuerda que una cuenta del Banco Santander del expresidente “funcionaba como receptora de fondos”, y que estos eran “redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero”: “desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”.

Las cantidades de Whathefav

El auto indica por otro lado, para apuntalar que es necesario acceder a determinadas cuentas bancarias, que Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez” tras el propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

A esos ingresos en la empresa de las hijas, suma 171.727 euros que percibe de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads. Y da un dato más, desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas.

Sobre Gertrudis Alcazar, la UDEF y el juez consideran necesario acceder a sus cuentas bancarias porque “aunque no se han detectado ingresos desde el entramado” hacia ella, su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial. Recuerda el juez que la secretaria adquirió una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, “mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica”.

'Julito' y su entramado societario

Sobre el entramado societario de 'Julito' Martínez, los investigadores recuerdan que está integrado por al menos 27 sociedades, si bien todas presentan “indicios de control unitario: domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas”. Y a pesar de esto, recuerda, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades.

A partir de 2022 sí figura Martínez como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, con entradas de fondos cuyo origen no han podido determinar, si bien el análisis de movimientos bancarios “revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad”.

Entre las sociedades del entramado, destacan ASP Rentas SL porque registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, frente a ingresos declarados de 89.540 euros. Esa sociedad es identificada como “vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian”.

Por otro lado, de otras de las sociedades, Zenitram Partners, indican que presenta movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que “era una factura falsa”. De otra, Zenzap, comentan que no tiene actividad mercantil, ni trabajadores ni depósito de cuentas desde 2019, y a pesar de ello registra movimientos superiores a 3,8 millones y actúa como sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado (447.000 euros), recibiendo a su vez importes menores.

Mérida Capital, por su parte, presenta movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a actividad declarada de 114.731 euros. Y ordena pagos a Análisis Relevante por 45.000 euros, además de mantener contratos de opción de compra no ejecutados.

Nez Asesores registra más de 1,3 millones en movimientos, concede un préstamo de 200.000 euros y recibe fondos desde Análisis Relevante y Voli Analítica, con una operación de cobro de divisas transfronteriza de 181.037 euros que podría vincularse al préstamo. Pickashop recibe 143.896 euros desde Idella, Análisis Relevante, Voli y Agropecuaria Lucena, pese a que su objeto social es informático y ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web, mientras que los flujos inversos son mínimos.

En cuanto a Affita y Affita Capital, el juez destaca que reciben fondos indirectos de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Summer Wind, sociedad interpuesta, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella, en una dinámica incompatible con su objeto social de alquiler de inmuebles. Iot Domotic Europe percibe 60.500 euros desde Caleton Consultores, fondos que tendrían origen en Plus Ultra, y se localizaron justificantes de transferencias en el móvil intervenido a Julio Martínez Sola.

Volvemos a escuchar un episodio al hilo de la imputación de Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, que le investiga por un delito de tráfico de influencias. Nos preguntamos por qué el ex presidente socialista, tras dejar el Gobierno, no hizo lo mismo que otros antiguos cargos públicos: fichar por empresas dedicadas a influir en decisiones políticas, si quería dedicarse a lo mismo que ellos. ¿Por qué iba a esconderse detrás de empresas instrumentales de un amigo, cobrando una comisión encubierta con facturas falsas?

Con Alfonso López, fundador y presidente de la consultora de relaciones institucionales, o lobby, Rud Pedersen en España, y con Javier Lillo, periodista de Tribunales de elDiario.es, nos centramos en una clave de toda esta historia: ¿Cuál es la diferencia entre el lobby que hacen otros y el delito de tráfico de influencias por el que un juez de la Audiencia Nacional investiga a Zapatero?

*** Este episodio se emitió por primera vez el 21 de mayo de 2026***

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

Un tema Al día es el podcast diario de actualidad de elDiario.es que, en episodios de unos 15 minutos, explica cada día un asunto de actualidad. Está presentado y dirigido por Juanlu Sánchez, subdirector de elDiario.es. 

Premio Ondas al podcast Revelación, Un tema Al día es el daily líder en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Amazon Music o Podimo, según los datos públicos de las plataformas, donde acumula más de 190.000 suscriptores. Ha sido reconocido como “podcast revelación” por Amazon y recomendado como “imprescindible” por Apple.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

En su reciente entrevista en televisión española, José Luis Rodríguez Zapatero evocó a Jorge Luis Borges para mostrar su resiliencia frente al proceso judicial que afronta. “Todo lo que nos ocurre”, dijo, parafraseando al escritor argentino, “hasta las humillaciones, desdichas, contratiempos, son materia prima que sirve para dar forma a nuestra tarea.

La cita me sorprendió y me devolvió a un artículo que escribí hace casi cinco años a propósito de un pequeño libro que el dirigente leonés dedicó al autor de El Aleph. Aquel artículo dejaba entrever una abierta simpatía por el Zapatero expresidente. Por el que apoyó a los gobiernos de coalición del PSOE con Unidas Podemos, primero, y con Sumar, luego. Por el que defendió a gobiernos progresistas de América Latina, desafiantes con los Estados Unidos, Y por supuesto, al lector apasionado de Borges, un autor al que también admiro desde muy joven.

Que mi simpatía se ciña sobre todo al Zapatero expresidente no es algo gratuito. Para muchos de mi generación el Zapatero presidente tuvo más claroscuros. Los de un líder progresista que abrió debates democratizadores cruciales, sobre todo cuando necesitaba a Izquierda Unida y a la Esquerra Republicana de Joan Tardà. Pero también los de un dirigente que no terminó de ir a fondo con muchos de ellos. El que introdujo el debate sobre el republicanismo filosófico, pero sin atreverse a cuestionar la monarquía. El que se mostró abierto a un cierto federalismo plurinacional, pero acabó reculando y dejando solo a Pasqual Maragall cuando se debatió el Estatut de Catalunya. El que propició conquistas importantes en materia de derechos, pero tras el crack financiero de 2008, consintió recortes y se avino a reformar la Constitución para priorizar el pago de la deuda a los grandes acreedores`por encima de otros derechos ciudadanos.

Lo cierto es que ese Zapatero moderadamente progresista, pero “de régimen” al fin y al cabo, transmutó en algo distinto cuando Pedro Sánchez aceptó gobernar con el apoyo de fuerzas de izquierdas republicanas, independentistas, y también con el PNV y Junts. En ese contexto, dio apoyo a políticas progresistas en general. Se plantó ante la extrema derecha en América Latina, alentó una mayor apertura a China y fue un interlocutor destacado entre quienes defendemos una reforma plurinacional del Estado.

En estas actuaciones, el expresidente dio muestras inequívocas de coraje, una virtud que según el propio Borges define a un ser humano y justifica su vida.

Desde esta perspectiva, no cabe duda de que el proceso judicial en su contra, pleno de irregularidades e incluso de injerencias de los Estados Unidos de Trump, tiene mucho de castigo por su actividad política reciente. El problema es que también se nutre de impulsos que el Zapatero hombre de régimen no quiso o no consiguió refrenar.

Solo desde ahí puede entenderse que considerara “un regalo de cortesía” unas joyas que, según su portavoz autorizado, provendrían del mismo rey saudí que “regaló” 100 millones de dólares a Juan Carlos I tras la adjudicación del contrato del AVE Medina-La Meca. Y solo así, también, se explica que desempeñara ciertas actuaciones como lobbista que, aunque no fueran ilegales, no se esperan de un referente de la izquierda.

Esto no quiere decir que solo los Pepe Mujica estén autorizados a intervenir en política de gran escala con fines progresistas. Sin embargo, hay un punto en el que los malos entornos y una falta de autocontención en relación con los negocios acaban siendo incompatibles con una mínima austeridad republicana.

En mi artículo de hace unos años, establecía un cierto paralelismo entre Zapatero y Borges, por un lado, y Felipe González y Vargas Llosa, por otro. Mi punto era que González y Vargas Llosa eran dos personajes inteligentes que acabaron deslumbrados por el dinero, los consejos de administración de grandes empresas y los títulos de marqués. Zapatero y Borges, en cambio, compartían una sobriedad que, en el caso del leonés, estaba emparentada con el hecho de ser el nieto de un republicano fusilado.

Produce rabia escuchar críticas a Zapatero de boca de quienes defienden a los tantas veces indecentes y sin embargo impunes González, Aznar o Rajoy. Sin embargo, no está claro que el hombre de régimen que naturalizó ciertos comportamientos y relaciones haya estado a la altura de su referente literario. Pues si contra algo advirtió Borges, fue contra las trampas vulgares de la vanidad y la ostentación, sobre todo cuando el dinero se cruza de por medio.

El delito por el que el juez José Luis Calama imputó al expresidente Zapatero fue básicamente el delito de tráfico de influencias en el marco de la operación de rescate en forma de concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra.

Con base en dicha imputación dictó una orden de registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que la policía judicial no encontró indicio o prueba alguna del delito de tráfico de influencias, pero sí unas joyas en una caja fuerte.

Tener joyas en una caja fuerte no es delito. Si lo fuera, las cajas fuertes no se venderían porque nadie las compraría. El hallazgo de las joyas debería o no haber sido puesta en conocimiento del juez instructor o haber sido puesta en su conocimiento, a fin de que este decidiera si ponía en marcha una investigación con la finalidad de averiguar si había alguna relación entre las joyas y el recate de la aerolínea Plus Ultra. Y por supuesto, sin hacer público el hallazgo de dichas joyas. Únicamente si, como resultado de la investigación se llegara a la conclusión de que hay una relación entre las joyas y el rescate de la aerolínea, se podría dictar un nuevo auto de imputación al expresidente y poner en conocimiento de la opinión pública la existencia de las joyas encontradas en la caja fuerte.

Estoy dando por supuesto que el auto de imputación por tráfico de influencias fue dictado constitucionalmente, sin vulneración de derechos fundamentales y de las garantías constitucionales que presiden el proceso penal, algo que, como el lector sabe, no ha sido así, en mi opinión. Pero vamos a dar por supuesto que así ha sido.

Cuando un juez dicta un auto de imputación, él mismo delimita en el auto la naturaleza de la investigación susceptible de ser puesta en marcha. No puede extenderse la investigación a todo lo que el investigado haya hecho desde su mayoría de edad o a su conducta desde que llegó a ser secretario general del PSOE o presidente del Gobierno, o de su ejercicio profesional tras dejar la presidente. Con el auto de imputación el juez instructor se autolimita.

Claro que en la investigación se pueden encontrar indicios o pruebas de nuevos delitos, pero siempre que tengan relación con el delito con base en el cual se ha dictado el auto de imputación. Imputar los delitos de contrabando y delito fiscal del mero hallazgo de las joyas, sin investigación alguna sobre la relación con la operación Plus Ultra y sin preguntar siquiera al expresidente sobre las mismas, supone una extralimitación del propio juez sobre los términos en los cuales él ha establecido la naturaleza y contenido de la investigación.

Mientras el juez instructor no de explicación alguna de por qué las joyas encontradas en el registro del despacho profesional de José Luis Rodríguez Zapatero son relevantes para la investigación del tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, no hay base alguna para exigir una explicación al expresidente. Nadie tendría por qué saber nada de la existencia de las joyas y, por lo tanto, ninguna explicación se podría exigir sobre las mismas.

Es el juez José Luis Calama el que tendría que dar explicaciones de por qué ha considerado presuntamente delictiva la tenencia de las joyas en una caja fuerte por parte del expresidente. La mera posesión de joyas en una caja fuerte no es que no sea delito, es que no es indicio de que lo sea. La posesión se presume de buena fe. También a la posesión de joyas se extiende la presunción de inocencia.

¿Cómo ha llegado el juez instructor a la conclusión de que la tenencia de joyas en una caja fuerte era indicio de dos delitos? ¿Por qué ha permitido, sin analizar la posible conexión de las joyas con el tráfico de influencias en la operación Plus Ultra, que se haya hecho pública la tenencia de las mismas por José Luis Rodríguez Zapatero?

El orden de los factores en el mundo del derecho altera el producto. En una investigación penal es el juez instructor el que tiene que explicarle a la persona que imputa, por qué le exige que de explicaciones de la conducta por la que se le imputa. Da los indicios de que dispongo deduzco que usted puede haber cometido presuntamente tal delito. Explíqueme cuál ha sido su participación en los hechos presuntamente constitutivos de delito.

El juez instructor lo ha explicado malamente respecto del delito de tráfico de influencias, pero es que no lo ha explicado en absoluto respecto de las joyas. No se le puede exigir a nadie que dé explicaciones sobre una imputación sobre la cual el juez no explica con qué base decide la imputación. Una imputación delictiva no se puede basar en el mero hallazgo de joyas en una caja fuerte. El hallazgo puede ser el punto de partida de una investigación, pero no el punto de llegada para una imputación y para la exigencia de explicaciones públicas al imputado.

El juez José Luis Calama ha citado para lo días 7 y 8 de septiembre, a las 9 de la mañana, al presidente de Plus Ultra y al CEO de la compañía, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, para que declaren después de haber entregado al magistrado un escrito de oferta de colaboración en el que señalaban a José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de la trama para el rescate de la aerolínea. Por otra parte, el juez Calama ha rechazado la nulidad de las actuaciones que solicitaba la defensa del ex presidente del Gobierno.

El actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitió la semana pasada un escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno en el que reconoce que ni él ni el entonces director financiero, Roberto Roselli, llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero –añade– lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

En el mismo sentido, el escrito de Martínez Sola recogía que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros.

Según el relato de Martínez Sola, él mantuvo una llamada en 2020 con Zapatero “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.

Martínez Martínez también presentó su propio escrito, el mismo día que Martínez Sola y Roselli, y en él también implica a Zapatero en todo el proceso de rescate de Plus Ultra. Julio Martínez fue citado para el pasado miércoles y durante su declaración no ofreció más detalles acerca de las gestiones que habría realizado Zapatero ni acerca de cuánto habriá cobrado por el rescate.

Rechazo al incidente de nulidad

En cuanto al incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, el magistrado Calama explica que las resoluciones que impugna el abogado fueron notificadas “formalmente”, por lo que no cabe incidente de nulidad. Esta vía “no puede convertirse en un mecanismo alternativo para revisar decisiones instructoras notificadas y recurribles”, ha afirmado. Un ejemplo, añade, es la entrada y registro en la oficina del expresidente, “a quien le fue notificado personalmente con carácter previo a su ejecución”.

Otras de las actuaciones no pudieron anunciarse con antelación pero la ley establece, recoge Calama, un plazo de 20 días para tener “acceso real y suficiente al contenido de la actuación”. “La consecuencia de formular el incidente fuera de ese plazo es su inadmisión”, añade.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace escasos días al juez que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un análisis más exhaustivo de las joyas que fueron halladas el pasado 19 de mayo en la caja fuerte de su oficina. Considera que la primera tasación de Ansorena, que valoró el conjunto de lo encontrado en 1,3 millones de euros, puede no ser ajustada y quiere conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas.

Según adelanta El Mundo, y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, esta petición fue realizada por al magistrado José Luis Calama días antes de que se produjera la entrevista en TVE del expresidente de este pasado jueves. Entonces, sostuvo sin entrar en lo mollar, que es conocer el origen de las mismas, que fueron “un regalo de cortesía personal de hace muchos años” y que “ni tenían uso ni destino” ni “afán patrimonial”. “Estaban con las joyas de nuestras familias”, añadió.

Calama acordó ampliar las pesquisas abiertas contra el expresidente, investigado por presuntamente liderar una trama dedicada al tráfico de influencias, para imputarle los delitos de contrabando y contra Hacienda Pública, tras el hallazgo de esas joyas.

La fiscal Elena Lorente quiere conocer ahora el valor actual de mercado de las joyas al entender que la primera valoración de la casa de subastas Ansorena era preliminar. También quiere conocer cuándo se engarzaron.

El peritaje de las joyas incautadas en la oficina al expresidente del Gobierno señalaba que había un grupo de las mismas que tenían gran valor –la más cotizada es un collar de 278.000 euros– y otras a las que los expertos de Ansorena no ponen precio por tratarse de “bisutería”. La pieza más preciada es un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia.

En el segundo puesto se sitúa otro collar, también de oro blanco de 18 quilates y que en este caso va decorado con diamantes de origen tailandés. El precio establecido por los tasadores es de 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes es tasado en 155.000 euros.

Una tercera pieza supera los 100.000 euros. Es un collar, también de oro blanco de 18 quilates, que lleva brillantes y que está tasado en 155.000 euros. A partir de ahí hay varias piezas por debajo de los 100.000 euros. Son pulseras de oro blanco. Una de ellas con rubíes (72.000), otra pulsera con esmeraldas (95.000) y una tercera con zafiros tailandeses (80.000 euros). También hay sortijas y pendientes que rondan ese valor, hasta descender a los 12.000 euros.

1977, Frost contra Nixon, tras su dimisión por el Watergate. 1995, Iñaki Gabilondo frente a Felipe González, en pleno escándalo de los GAL. 2026, Javier Ruiz ante Zapatero en Mañaneros tras su imputación por el caso Plus Ultra. Perdón por la broma, pero no, la entrevista al expresidente no pasará a la historia del periodismo político. Mañana ni nos acordaremos, o solo nos acordaremos porque nuevas revelaciones policiales, judiciales o periodísticas vengan a desmentir sus palabras todavía calientes. Como dice el meme: en su cabeza era espectacular. En la suya, o en la de quien le haya aconsejado dar una entrevista en televisión creyendo que le ayudaría.

Nos sentamos ante el televisor con mucha expectación, cómo no. Tras dos meses esperando sus anunciadas explicaciones, Zapatero concedía una entrevista. ¿Qué dirá, qué dirá…? El entrevistador estuvo a la altura, buenas preguntas y repreguntas, desmintiendo a quienes pronosticaban que, siendo la tele pública, sería un masaje. Y a Zapatero hay que reconocerle la valentía de no esconderse y dar la cara con la que le está cayendo. Pero el expresidente solo ofreció su palabra, y lo hacía tras dos meses de indicios cada vez más contundentes, y solo dos días después de que su amigo y socio, y sus presuntos pagadores, lo dejasen con el culo al aire. Lo dicho: en su cabeza era espectacular.

Así que, a falta de explicaciones, Zapatero nos pidió un acto de fe, pese a asegurar varias veces que no nos está pidiendo un acto de fe. No aclaró nada porque ya lo aclarará ante el juez, negó todo con una “convicción absoluta”, pidió respeto a la presunción de inocencia, se quejó con razón de algunos excesos en la investigación, y ya. “Puedo explicarlo todo”, dijo al arrancar, pero no nos explicó nada, así que solo nos queda la fe. Y el cariño, que tampoco nos lo pide, que es una forma elegante de pedírnoslo: “que no me crean por fe ni por cariño, sino por los hechos”, repitió, pero los hechos conocidos no le acompañan.

Zapatero lleva dos meses pidiendo fe y cariño. Lo hizo en el mensaje en vídeo el día que se supo su imputación, lo reiteró en el comunicado que publicó tras declarar ante el juez, y lo ha vuelto a suplicar en televisión: fe y cariño. Y es cierto que hay votantes, militantes y dirigentes de su partido, que le siguen teniendo fe y cariño, y mantienen la confianza pese a las sucesivas revelaciones. A ellos los habrá convencido, o al menos no los decepcionó. Pero más allá de los Zetapelievers de hierro, nadie se quedó contento con la entrevista, ni los socios y apoyos parlamentarios del gobierno, ni por supuesto la oposición, ni la totalidad de medios y comentaristas. Un éxito.

Yo no le tengo fe ni mucho cariño, pero sí algo de simpatía. Así que, por su bien, le deseo que tenga mejor abogado que asesor de comunicación.

Ni se corrompió, ni influyó en el rescate de Plus Ultra, ni creó una sociedad offshore, ni utilizó a sus hijas como testaferros. Zapatero defiende su inocencia. Otra vez. Esta, ante las cámaras de TVE, después de 65 días de silencio desde que declaró como imputado ante la Audiencia Nacional por siete delitos, entre ellos el de tráfico de influencias. Pero, la pregunta sobre de dónde salieron las joyas que le fueron incautadas por la UDEF y clavadas en el corazón de la izquierda sigue sin respuesta, si bien de sus palabras se deduce que le fueron entregadas durante su etapa como presidente del Gobierno. De lo contrario no hubiera aceptado como discutible el incumplimiento del Código del buen Gobierno aprobado durante su mandato. ¿Devolverlas? Ya están en manos de la policía judicial y al expresidente le producen una “alergia profunda”.

Hay algo muy extraño en ver a un expresidente con una dilatada y reconocida carrera política sentado en un plató para hablar sin decir nada de joyas, de derechos fundamentales, de confianza en la justicia, de relaciones personales, del derecho de defensa de los imputados en un proceso penal… Había ante las cámaras un hombre visiblemente desgastado y en ocasiones enfurecido por algunos titulares publicados, incluidos los que dan por bueno que la entrevista que concedió a Mañaneros 360 fue por recomendación del Gobierno. Nada hubo de eso.

La decisión tuvo que ver con el impacto que su imputación ha tenido en el conjunto de la izquierda, más allá de los límites del PSOE, y con la decepción profunda que Zapatero sabe que sienten quienes hasta ahora le reivindicaban como faro moral y ejemplo a seguir entre los ex que orbitan en la política. A todos ellos les pidió que confíen en él, no por fe ni por cariño, sino por los hechos. El problema es que los hechos conocidos hasta ahora, y no aclarados por el expresidente, siguen siendo inciertos, lo que añade más dudas a la incertidumbre ya suscitada. Hay quien en el PSOE cree incluso que Zapatero concedió la entrevista “para que le quieran y no para que le crean”.

Aunque el desgaste del expresidente merece leerse con algo de humanidad, la empatía por el sufrimiento acumulado, los derechos vulnerados o el daño familiar no pueden sustituir el escrutinio sobre lo que dijo, sobre todo lo que no dijo. Porque más allá de la solemnidad con la que afirmó no haberse nunca corrompido y distinguir entre la relación personal y la estrategia de defensa del que parece sigue siendo su amigo Julio Martínez, pese a haberle traicionado con un escrito ante la Fiscalía en el que le acusa de cobrar una comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra, poco aportó.

Sigue incomprensiblemente sin desvelar la procedencia de las joyas y el valor otorgado en el peritaje que encargó después de que el juzgado las valorara en 1,3 millones de euros. Su argumento es que debe respetar el procedimiento y hablar primero ante el juez, pero lo cierto es que se comprometió a hacerlo diez días después de declarar en la Audiencia y ha pasado ya mes y medio. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, fue un regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad”, fue todo lo que declaró al respecto.

Por lo demás, insistió en que no intervino, ni habló con la SEPI o el Gobierno para mediar en el rescate de Plus Ultra, pese a la contradicción con el testimonio reciente de Julio Martínez. Luego, subrayó lo evidente, esto es que corresponde a la acusación demostrar los hechos que se le imputan y no al investigado demostrar su inocencia, sin embargo, cuando existe un testimonio directo en su contra el silencio no suele ser un buen aliado.

La facturación de la empresa de sus hijas, uno de los asuntos que más ha alimentado a la prensa carnívora en los últimos tiempos, apenas le mereció una negación genérica y el anuncio de que ellas mismas se encargarán de demostrar su inocencia. Una protección familiar, legítima en lo humano, que no resuelve tampoco la pregunta sobre el origen del dinero cobrado, cuyas cantidades por cierto puso en cuestión el expresidente.

La entrevista, en resumen, no zanja nada, solo desplaza el problema porque Zapatero puede repetir cuantas veces quiera que es inocente y que nunca se corrompió -y tiene todo el derecho a decirlo mientras no se demuestre lo contrario—, pero una negación reiterada en un plató no es una prueba como, por cierto, tampoco lo es el testimonio de un empresario hasta que se contraste documentalmente. Las dudas persisten.

Los socialistas necesitaban desesperadamente que José Luis Rodríguez Zapatero respondiera en público a las graves acusaciones por las que se le investiga en la Audiencia Nacional. Su abogado prefería que se mantuviera callado y reservara sus explicaciones para el juez José Luis Calama. Los penalistas se ponen nerviosos si su cliente empieza a hacer declaraciones sobre asuntos de los que no ha aportado información concreta al juzgado. Son prioridades diferentes que no es fácil conciliar en el caso de los políticos. Porque siempre se espera que una entrevista provoque titulares que aporten novedades sobre un caso de estas características.

No fue eso lo que ocurrió en la entrevista que Zapatero concedió al programa 'Mañaneros 360' de TVE. El expresidente repitió durante 40 minutos todo lo que había dicho en su declaración ante el juez y en su comparecencia anterior en el Senado. Lo hizo con energía y a veces algo enfadado, pero no cerró ninguna de las puertas abiertas por la investigación, incluida la última declaración de su socio y amigo Julio Martínez, que no le dejó en muy buen lugar. Si su reputación ha quedado malparada incluso entre sus antiguos votantes, la situación continúa siendo exactamente igual. Seguro que su abogado pensará que se la podía haber ahorrado.

Eso fue aún más flagrante con el asunto de las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho y valoradas en más de un millón de euros. Zapatero no concretó casi nada, porque dijo que prefería reservar esa información para entregársela al juez, que todavía la está esperando desde hace más de un mes. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

La explicación comenzó a desmoronarse cuando comentó que no tenían “uso ni destino”. Será que quería decir que esas joyas no se las puso nunca nadie. Tampoco tenían “afán patrimonial”, una expresión que carece de sentido en este contexto. Si eso es así, ¿por qué no las entregó a Patrimonio del Estado si las recibió cuando era presidente?

Ruiz le recordó el código ético aprobado por su Gobierno para los regalos institucionales. “Eso será interpretable como todo”, dijo en lo que no es la mejor respuesta de su carrera política. Luego pasó a dar una explicación confusa de la que hay que deducir que aceptaba que quizá no había cumplido ese código.

Sobre el rescate de Plus Ultra, volvió a negar haber intervenido en favor de su concesión o como intermediario entre la empresa y el Gobierno. “No es que no influyera, es que no hablé con nadie”. Ni con la SEPI ni con nadie del Gobierno. Eso es lo único que implica potencialmente al Gabinete de Pedro Sánchez. Afirmó que no tuvo información privilegiada de la concesión del crédito ni avisó a Martínez de la noticia.

Eso se contradice con el testimonio del socio, que comunicó al juez que fue Zapatero quien le dio la noticia varios días antes de que se hiciera pública. Todavía más con el del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, que dijo que el expresidente les reclamó una comisión de 530.000 euros por sus gestiones.

Debió de ser un shock para Zapatero saber que había aparecido un Aldama en su caso y que encima era su amigo, pero hizo todo lo posible para no darle importancia, lo que no quiere decir que resultara creíble. Posiblemente, su abogado le había aconsejado que no entrara en televisión en una guerra con su socio. No le convenía nada. “No entro en otras estrategias de defensa”, dijo. “No entra en mi código de conducta renegar de las amistades”. Sonó entrañable, pero la declaración de Martínez le coloca a los pies de los caballos judiciales.

Zapatero no tiene que demostrar que es inocente, aunque sí debería aportar documentación que respalde su versión de los hechos. Si recibió mucho dinero de los directivos de Plus Ultra, le interesa estar en condiciones de responder a cambio de qué. No se paga medio millón de euros a cambio de informes verbales “maquetados” por sus hijas.

Se indignó cuando le preguntaron si sus hijas hicieron el papel de “testaferros”: “Me parece una pregunta increíble”. A ellas también les corresponde explicar por qué recibieron centenares de miles de euros por un trabajo que no parece tener un valor tan extraordinario.

“Quien insinúa, tiene que probarlo”, dijo. Su problema es que no se enfrenta a insinuaciones, sino a acusaciones directas hechas por aquellos que le pagaban.

“Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social”. Así arranca este documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, que fue expedido el 20 de agosto de 2020 para la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA y que lleva la firma de Belén Fluiters, la jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el mismo se detalla que la compañía “no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social” y subraya que “se hace constar que a fecha 31 de diciembre de 2019 la empresa se encontraba al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”. Esto es relevante porque una de las obligaciones que se impuso por parte del Estado a las empresas que pretendían acceder a un rescate público era precisamente estar al corriente con la Seguridad Social. Plus Ultra presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020, 11 días después de la fecha del certificado.

En la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se investiga si el expresidente del Gobierno pudo mediar de manera ilícita en ese rescate, lo que podría haber pasado por gestiones ante la Seguridad Social. Se recoge como indicio una reunión que mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Esa reunión, que sí tuvo lugar según han reconocido ambos, se produce 18 días después de que la aerolínea obtuviera el certificado de la Seguridad Social.

La línea temporal queda clara: el 20 de agosto se expide este certificado de estar al día con la Seguridad Social; el 1 de septiembre -11 días después- la aerolínea presenta la documentación necesaria de manera oficial para optar a esa financiación pública que ascendió a 53 millones de euros; el 7 de septiembre se produce esa reunión entre Zapatero y Escrivá; el 10 de septiembre la SEPI pide a Plus Ultra algunas aclaraciones y subsanaciones sobre la documentación presentada.

Sobre ese encuentro, Escrivá, ahora gobernador de Banco de España, explicó el pasado mes de junio que esa reunión fue en realidad un desayuno sin vinculación con el rescate de la aerolínea. “El 7 de septiembre de 2020 me reuní con Zapatero. Me he reunido con los presidentes del Gobierno. Queríamos aprobar con el máximo consenso el acuerdo de pensiones del Pacto de Toledo”, respondió a preguntas de la diputada del PP María Pilar Alía en una comparecencia en el Congreso. “Quería acceder, a través de Zapatero, a toda una parte de la izquierda parlamentaria. Nos entregamos el móvil y el WhatsApp, esa fue la única razón. Usted establece una conexión con algo que es falso”, recalcó.

En esa comparecencia, Escrivá dio otra de las claves sobre ese certificado emitido por la Seguridad Social: “Se exigía a las empresas que acudieron al fondo (para el rescate) estar al día con la Seguridad Social, que es compatible con tener deudas aplazadas con la Seguridad Social”. “Plus Ultra pidió aplazamientos, se resolvieron en tres meses, está en los periodos medios”, añadió.

En la entrevista que concedió a RTVE el expresidente, volvió a salir ese encuentro, y Zapatero fue tajante al indicar que no se reunió ese 7 de septiembre con Escrivá para atar el rescate: “Esa es otra de las locuras que han circulado por ahí, y quien lo insinúa lo tiene que probar (...) porque llega un momento en el que estamos ante la prueba diabólica”.

La visión de Calama

La UDEF, así lo recoge el juez Calama, sostiene que la aerolínea en realidad no aportó uno sino dos certificados ese 20 de agosto, y añade que la Tesorería General a requerimiento judicial informó de que existía “deuda vigente”. Algo que, como señaló Escrivá, no era impedimento para obtener el certificado. Pero la Policía subraya que ha detectado “indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda”.

Destaca además que ese 1 de septiembre, a la par que se entregaba a la SEPI la documentación, Julio Martínez Martínez -amigo de Zapatero y asesor a sueldo de Plus Ultra- remitió a Roberto Roselli -director financiero de la aerolínea- el contacto de Cristóbal Cano. Roselli, según recoge el atestado policial “confundió” a Cano con un funcionario de la SEPI, pero 'Julito' le aclaró que era su responsable de facturación.

El propio juez, en su auto, habla de que a pesar de ese certificado, “la información obtenida a tenor de un requerimiento judicial dirigido a la Seguridad Social existía una deuda”. Detallaba que Deloitte en el informe técnico elaborado por el asesor externo contratado por la SEPI para la concesión de la ayuda pública indicaba que la aerolínea tenía una deuda que ascendía a 451.954 euros y comprendía un periodo desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020.

Esa deuda, indicaba la consultora, fue objeto de varios aplazamientos. El primero se solicitó con fecha de 30 de agosto de 2017 y ascendía a un total de 136.505,94 euros. Posteriormente, se solicitó reconsiderar el aplazamiento para incluir la deuda generada en el periodo de febrero de 2020 y que ascendía a un importe de 237.084 euros. Ese nuevo aplazamiento fue otorgado en abril de 2020 y la deuda total aplazada ascendió a 308.475 euros. Por último, según Deloitte, el 29 de junio de 2020 se solicitó una segunda reconsideración del aplazamiento para incluir la deuda de mayo de 2020, que ascendía a 200.878 euros. En este caso, la Seguridad Social concedió con fecha de 5 de octubre de 2020 ese nuevo aplazamiento que englobaba ya la deuda contraída por la compañía durante el periodo comprendido entre el mes de julio de 2017 y mayo de 2020: el importe ascendía a 451.954 euros.

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es ya señalaron en mayo de este año en realidad la compañía sí se hallaba al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. Y que el concepto de “estar al corriente de las obligaciones” se produce tanto en el supuesto de que estén las deudas pagadas como en el supuesto de que hayan sido aplazadas, fraccionadas o suspendidas. Resaltaban así que no es incompatible estar al corriente de las obligaciones con el hecho de que exista una deuda aplazada, que es lo que certificó la administración. Asimismo, aclaraban que aplazar una deuda con la Seguridad Social es algo habitual y prácticamente un automatismo.

Por otro lado, el juez, basándose en el informe pericial de Deloitte, sostiene que la compañía Plus Ultra no cumplía con otra condición establecida para ser rescatada, referida a si la sociedad se encontraba o no en “situación de crisis” a fecha de 31 de diciembre de 2019. El informe señalaba que, a pesar de que la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar.

En este sentido, considera el juez que los informes presentados por los asesores externos contratados por la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, a pesar de que una auditoría señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertía de problemas graves de caja. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables, como un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo esto permitía “maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo”.

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero gobernó España entre 2004 y 2011. Dejó un país con más derechos sociales y una penosa situación económica con el paro desbocado. La corrupción no fue un problema de su Ejecutivo sino del partido que opositaba a sucederle. En esa etapa, el PP se financió ilegalmente a través de una caja B y algunas de las instituciones donde gobernaba estaban colonizadas por la trama Gürtel.

Zapatero abandonó el Gobierno y el liderazgo del partido para refugiarse durante los tres años siguientes en el Consejo de Estado, en un puesto reservado a quienes han sido presidentes del Gobierno y que además pueden desempeñar, si quieren, para toda la vida. Cuando renunció a ese empleo público, indefinido y muy bien remunerado, inició una nueva etapa donde mezcló su actividad privada –conferencias, asesorías– con su trabajo público como interlocutor del Gobierno venezolano para la liberación de decenas de presos y como referente ético del PSOE en mítines de las últimas campañas electorales.

Ahora le persigue un juez instructor de la Audiencia Nacional por siete delitos y por ser, supuestamente, el jefe de una trama de tráfico de influencias. Zapatero, al que muchos consideraron salvador en las últimas elecciones generales de 2023 y autor junto a otros de la exitosa investidura de Sánchez, se ha convertido como imputado en un grave problema para el PSOE.

Todos esperaban las palabras del investigado. Tres días después de que el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, y el empresario Julio Martínez Martínez, enviaran sendos escritos al juez acusando al expresidente socialista de ser el ideólogo y principal beneficiario de esa trama de tráfico de influencias, Zapatero ha dado explicaciones en TVE. Con esta iniciativa, intenta combatir la decepción sobre su persona que empieza a instalarse en el PSOE.

El expresidente no quiso responder sobre las sospechas más inquietantes respecto a sus actividades privadas como consultor, su relación con Plus Ultra y la participación de sus dos hijas en la trama. Zapatero comenzó agradeciendo el apoyo recibido estos días por parte de sus compañeros en el PSOE, y del propio presidente Pedro Sánchez, pero les rogó que no le respalden “por fe o por cariño sino por los hechos”. Y fue precisamente en el relato de los hechos donde el expresidente del Gobierno estuvo más esquivo, sin dar explicaciones escudándose en que el proceso judicial sigue abierto y es allí donde hará las aclaraciones pertinentes.

Zapatero asegura que “jamás” hizo “ni una sola influencia”, que nunca habló “con nadie de la SEPI ni del Gobierno” para el rescate de Plus Ultra. “Eso es así y va a ser así. Tengo convicción absoluta de mi inocencia”, remarcó. Las pruebas que se acumulan en el sumario apenas sirven para demostrar que Zapatero ejerciera presión sobre alguien para lograr el rescate de la aerolínea. “No van a aparecer conversaciones mías con dirigentes de Plus Ultra sobre el rescate”, recalcó.

Lo que dicen los empresarios

Pero el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, asegura que en enero de 2021, Zapatero les reclamó a través de su amigo Julio Martínez Martínez una comisión de 530.000 euros a cambio de ayudar para que el consejo de ministros aprobase el préstamo de 53 millones, cosa que ocurrió el 9 de marzo de 2021. Y que esa comisión se pagó por Plus Ultra a tres empresas propiedad de Julio Martínez Martínez, quien también dirigió un escrito al juzgado ratificando esta versión de los hechos. No es necesario que Zapatero influyera o presionara a alguien. El Código Penal (artículo 430) considera delito “el ofrecimiento de corrupción o tráfico de influencias” y castiga “a quienes solicitan dádivas o aceptan promesas para realizar conductas corruptas”.

Cuando Javier Ruiz preguntó por el escrito de su amigo Julio Martínez Martínez donde aseguraba que era “Zapatero quien marcaba los pasos a seguir” en relación con Plus Ultra, el expresidente del Gobierno se remitió a cuestiones del procedimiento para no contestar: “No voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo pongo los hechos encima de la mesa y reitero mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra (...)”. También rechazó Zapatero que informara sobre la aprobación del rescate días antes de la decisión: “Niego totalmente, yo no sabía lo que iba a hacer el Consejo de la Sepi, no conozco a nadie de aquel consejo. No lo supe si se iba a rescatar o no se iba a rescatar”.

Cuando le recordaron que su amigo Julio Martínez Martínez llegó a decir que había pagado durante años a las hijas de Zapatero por no hacer nada, dando a entender que eran testaferros del padre, el expresidente volvió a refugiarse en el procedimiento: “No son mis testaferros. Mis hijas van a presentar todos sus trabajos y tareas, y todos sus contratos, en el procedimiento judicial. Vamos a ver”.

Zapatero también habló, sin dar demasiados detalles, pero con aparente convicción, sobre las joyas que encontraron en su caja fuerte y por las que se le imputa un delito fiscal y otro de contrabando. “Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años. Tengo que ser muy prudente. Lo especificaré ante la Justicia. Ni tenían uso, no habíamos pensado en ellas, su valor será sometido a contradicción, no había afán patrimonial. No podíamos imaginar su valor. No voy a decir el país de origen. No hay intención de defraudar, regalo de cortesía personal, sin uso. Esa es la verdad. No he entrado nunca en una joyería”. Y descartó con contundencia que hubiera tramado, como sugirió la UDEF en su primer informa, la creación de una sociedad 'offshore' en Dubai donde ingresar los beneficios de las supuestas mordidas. “Es una invención absoluta, un error, no me corresponde. No he hablado de una sociedad 'offshore' en mi vida, ni con Julio Martínez ni con nadie. Lo otro me parece una inferencia insólita”.

El impacto sobre su intimidad

Zapatero siente que el procedimiento judicial contra él está lleno de irregularidades y es una víctima de la vulneración de derechos fundamentales que se está ejerciendo contra él. Remarcó la anomalía que supone hacer públicas sus agendas personales de dos años así como las comunicaciones por mensajería con su secretaria particular. “Creo que esto no ha pasado nunca”, se lamentó. “Se ha vulnerado mi derecho a la intimidad, se ha producido un impacto sobre terceros, defiendo mi derecho a que el secreto bancario se mantenga, el impacto es extraordinario. Toda mi vida de dos años está para siempre ahí y para que se hagan valoraciones, relaciones. Esto ha permitido un juicio paralelo, ha afectado incluso al secreto profesional de los periodistas, no juzgo intenciones, pero esto estructuralmente es un problema muy serio. No juzgo intenciones, me remito a las reglas, a los procedimientos, a los derechos, a lo que es un proceso penal. No recuerdo que a ningún investigado se le haya puesto la agenda entera de dos años, sin tener nada que ver la inmensa mayoría por lo que se está investigando”.

Miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE habían pedido estos días a Zapatero explicaciones ante todo lo que se sabía de la causa penal. El expresidente atendió la petición con un relato agujereado y un ruego a los preocupados difícil de cumplir: “Que no confíen en mí, ni por fe ni por cariño, que lo hagan por los hechos. Mi deber es explicar los hechos, defender mi inocencia, con las reglas del derecho”.

Ni el PSOE ni el Gobierno han movido un ápice su posición inicial respecto al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero: defienden su presunción de inocencia y mantienen su “apoyo” al expresidente. Así se han pronunciado tras la primera aparición de Zapatero en los medios de comunicación después del su imputación en el caso 'Plus Ultra', en una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de TVE. Por su parte, el PP ha salido rápidamente a pronunciarse y según ha sostenido su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, consideran que sus explicaciones han consistido en “una tomadura de pelo”.

Según fuentes de Ferraz, Zapatero “ha querido dirigirse a la ciudadanía para ofrecer explicaciones públicas y reafirmar su inocencia”. “En su derecho de defensa y por respeto al procedimiento, completará su explicación detallada ante el juez instructor”, ha añadido, antes de considerar “preocupante la filtración de varios años completos de agendas personales, con información que incluye datos privados y ajenos al objeto de la investigación”. Mientras, el Gobierno hacía una valoración similar en la que también recalcaban “su derecho a defenderse en el procedimiento abierto”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el expresidente·no ha contestado a nada“ y ”ni siquiera ha defendido a sus hijas“. A su entender, se demuestra que sigue las ”instrucciones“ de Pedro Sánchez, que ”lo ha utilizado para distraer“ a la opinión pública porque necesita ”más tiempo“. ”Me parece que el señor Zapatero hoy tiene más problemas que ayer, porque después de lo que ha dicho, los ciudadanos le creen ya mucho menos de lo que le creían y ya era poco“, ha declarado Feijóo en los pasillos del Congreso.

En las filas populares sostienen “el señor Zapatero no solo ha ido a TVE a defenderse, sino también a defender a Pedro Sánchez”, según ha defendido Muñoz, que ha señalado que, de demostrarse, la presunta influencia que habría ejercido Zapatero para conseguir el rescate del Gobierno a la aerolínea Plus Ultra, implicaría la complicidad del Ejecutivo. La portavoz también ha mostrado su decepción porque, a su juicio, el expresidente “no ha contestado ninguna duda”. Ha comparado esta aparición en la cadena pública con “los episodios del señor Ábalos pasaba por todos los platós de televisión diciendo que todo era mentira”, recalcando que, como imputado, el expresidente tiene “derecho a mentir”.

Ayuso: “Hace creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado a la entrevista pocos minutos después de terminar: Sostiene que el expresidente “utiliza los medios de comunicación, la mesa de Consejo de Ministros y todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar, a un socialista no se le puede acusar y que el que consiga hacerlo va a tener problemas”. “A ver si es verdad que la inocencia y la acusación de inocencia es para todos”, ha añadido.

“Lo que queda acreditado es que se han hecho negocios en diferentes países en nombre de España, especialmente en Venezuela”, ha afirmado Ayuso. “En nombre de los españoles y de los intereses de nuestro país, ha estado haciendo negocios, ha estado haciendo relaciones, ha blanqueado la dictadura”, ha concluido.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, además de señalar que Zapatero “sigue su huida hacia adelante”, ha aprovechado la ocasión para señalar a la cadena de televisión pública: “Si el objetivo del Gobierno era salvar la cara con esta pseudo entrevista en Telepedro, están apañados”, ha espetado. Asimismo, ha ironizado sobre las explicaciones del expresidente acerca de las joyas halladas en su despacho: “Explica el alijo de joyas como un regalo de cortesía, como si fueran unos turrones. Alucinante”.

El portavoz adjunto de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha asegurado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no convence a la hora de explicar su comportamiento tras ser imputado y que sigue habiendo “muchas incógnitas” respecto a su comportamiento. “Creo que hay muchas incógnitas que todavía no sabemos. Yo creo que las joyas tienen uso y destino y tendrá que aclarar cuáles son”, ha lanzado Ibáñez para admitir que tampoco le han convencido sus declaraciones de este jueves. No obstante, ha especificado que tampoco ninguna acusación ha podido apuntar qué “persona fue la que recibió la influencia y por tanto todavía hay muchas cosas por poder saber”.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado este jueves que “nadie va a poder decir” que ejerció “influencia” en el rescate de Plus Ultra y ha sentenciado: “Tengo la convicción absoluta en mi inocencia”. Esas han sido sus primeras palabras en una entrevista en Mañaneros 360, de TVE, y más de un mes después de haber comparecido en la Audiencia Nacional como imputado ante el juez José Luis Calama.

A lo largo de la entrevista ha recalcado en numerosas ocasiones que “jamás” ejerció influencia ni habló con funcionarios de “la SEPI, con cargo público o con miembros del Gobierno” para ese rescate público de 53 millones y ha enfatizado que no es solo que no influyera sino que “no habló con nadie” por lo que el conjunto de las acusaciones “queda muy en entredicho”. Además, ha negado que desviara fondos que podría haber percibido por esa influencia a través de la empresa de sus hijas.

Al hilo, como ya hiciera frente al juez Calama ha negado que diera directrices para crear una sociedad offshore en Dubái para cobrar la supuesta comisión ilegal que habría recibido por el rescate de la aerolínea y ha indicado que sostener eso es como decir que dio instrucciones “para ir a la luna”. “Es una invención absoluta. Un error. No voy a juzgar el trabajo de la policía y del juez, pero los hechos son los que son y quien acusa debe probar”, ha añadido.

Sobre su relación con la consultora Análisis Relevante, Zapatero ha dicho que se constituyó antes de la pandemia por Julio Martínez y otros socios y que él aceptó “ser consultor”. “Me parece totalmente normal percibir mis retribuciones como consultor, como he tenido relaciones con alguna empresa en tarea de consultor”. Así, ha negado ser quien marcara las decisiones en la misma y ha enfatizado, como ya hiciera ante el juez, que él realizaba trabajos de asesoría para esa empresa de su amigo Julio Martínez Martínez. No obstante, ha concedido que “es evidente que los clientes sabían que el consultor” era él. “Pero todo mi trabajo fue de asesoría y consultoría. Y ni tuve intención ni participé en la sociedad ni firmé contrato con clientes”, ha añadido.

Consultado por el estado de su relación con Julio Martínez, quien le ha señalado en la Audiencia Nacional, Zapatero ha dicho que se trata de “una amistad de hace años” y que enmarca ese movimiento de colaboración con la justicia del empresario en “una estrategia de defensa” por lo que, ha incidido, no se siente traicionado. “No va conmigo ni con mi código de conducta renegar de la amistad dilatada con él”, ha añadido para sumar que “él es un investigado y cada uno tiene su estrategia de defensa”.

Respecto a que la empresa de sus hijas sea un vehículo para canalizar fondos de origen ilícito, Zapatero ha dicho que, para empezar, se deben “revisar” las cifras de ganancias que se atribuye a Whathefav. “Mis hijas y Whathefav van a presentar todos sus trabajos y todas sus tareas”, ha dicho. El presentador le ha requerido por si ha utilizado a sus hijas como “testaferro”. “Es una pregunta increíble. Lo que faltaba es que yo hubiera implicado a mis hijas...”, ha añadido.

Joyas “sin uso ni destino”

En el registro de la oficina del expresidente se hallaron además, en una caja fuerte, una serie de joyas sobre las que Zapatero hasta la fecha no había dado explicaciones. Un peritaje preliminar realizado para el juzgado por la joyería Ansorena tasó las piezas en 1,3 millones y el magistrado acordó imputar al expresidente los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública.

Respecto a ese hallazgo, Zapatero ha dicho: “Esta es una historia sin intención, sin afán patrimonial. Es un regalo de cortesía, de hace muchos años, tengo que ser muy prudente. Ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas, ni en el valor que se les ha atribuido, que será sometido a contradicción”. “No he entrado en una joyería en mi vida”, ha llegado a decir el expresidente.

A la pregunta del entrevistador, Javier Ruiz, sobre el incumplimiento del Código de Buen Conducta que su propio Gobierno aprobó en 2005, Zapatero ha dicho que eso “será interpretable, como todo”. En cualquier caso, Zapatero ha reconocido que no las hubiera aceptado después de lo que ha ocurrido. “Como tantas cosas en la vida, cuando la historia sucede, y repasas, seguramente hubiera tomado otra decisión”, ha añadido.

También ha sido requerido por una carta que enviaron los dueños de Plus Ultra a un directivo del Banco de Santander con el objetivo de lograr un crédito puente previo a aspirar al rescate público. Zapatero lo ha enmarcado en la normalidad de favores que le han pedido después de ser presidente y que siguen haciéndole –“ahora, todavía me llegan, en esta situación”–. “Yo llamé a ese directivo del Banco de Santander para ver si podía recibir a unas personas y atenderlas”, ha añadido. La vía de financiación del banco, según la instrucción, no salió adelante.

Sobre la entrevista con José Luis Escrivá en un momento en el que se valoraba el rescate por parte de la autoridad competente y la inferencia de los investigadores de que pudo encuadrarse en esos trabajos del expresidente en favor de la aerolínea, Zapatero ha dicho que esa “es otra de las locuras que han funcionado por ahí”. “Lo ha aclarado el señor Escrivá. Me llama para conocerme. No he hablado de Plus Ultra con nadie durante el proceso de rescate”, ha asegurado el expresidente.

El auto del juez

Zapatero consta como investigado en la Audiencia Nacional dado que el juez considera que lideraba y “dirigía una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras, así como a la obtención de resoluciones administrativas y ventajas económicas en favor de terceros”. El magistrado José Luis Calama sospecha que esa red articuló “un entramado societario complejo, nutrido de sociedades instrumentales carentes de actividad real”, para canalizar los beneficios obtenidos con ese tráfico de influencias.

Si bien los investigadores sitúan al expresidente en el vértice de la organización, en el auto por el que se informó a Zapatero de su imputación se indicaba que se ayudó de “personas de confianza” como su amigo Julio Martínez Martínez, un empresario y comisionista que poseía una red de empresas, entre ellas Análisis Relevante, a través de la que se realizaban pagos tanto al exjefe del Ejecutivo socialista por supuestos trabajos de consultoría como a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav.

Uno de los asuntos concretos en los que el juez considera que el expresidente pudo haber ejercido algún tipo de influencia de manera irregular ese el rescate público por valor de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra. En su declaración ante el juez del pasado 17 de junio, Rodríguez Zapatero negó la mayor: “No tuve ninguna intervención. No hablé con nadie, absolutamente con nadie, del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable”. Además, defendió sus trabajos como consultor internacional y dio carta de validez a los informes que elaboraba para la sociedad de su amigo.

Un mes después, en una estrategia de defensa muy medida, Julio Martínez Martínez y los directivos de Plus Ultra investigados Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, enviaron al juez sendos escritos en los que mostraban su disposición a colaborar con la justicia y afirmaban que Zapatero sí tuvo un papel protagónico en ese rescate público de la aerolínea. De hecho, el amigo de Zapatero indicaba que el expresidente era “quien marcaba los pasos a seguir” para la obtención del rescate y que él por sí mismo “no tenía posibilidad alguna de obtener nada (...) mucho menos financiación pública o privada” y, por tanto, “su misión consistía en mediar entre cliente y consultor -Zapatero-”.

Recordaba, además, que con independencia de que los contratos de consultoría fueran entre su empresa Análisis Relevante SL y Plus Ultra, la realidad era que “los honorarios a cobrar eran en concepto del asesoramiento que desde mayo (de 2020) venía dando el señor Rodríguez Zapatero”. Y añadía que a ese pago recurrente se sumó un contrato firmado entre la aerolínea y una de sus mercantiles -Idella Consulenza- el 19 de enero de 2021 por el que la aerolínea se comprometía a abonar el 1% de la financiación obtenida en el rescate a esa sociedad en caso de que saliera adelante. Algo que, sostiene, ocurrió pero con abonos prorrateados a través de varias de sus empresas.

Los escritos de los directivos de Plus Ultra no hicieron más que echar más leña al fuego. Detallaron que ese contrato del 1% para cobrar la por esa influencia finalmente se canalizó a través de tres sociedades de Julio Martínez Martínez: “249.000 euros a Análisis Relevante, 98.617,53 euros a Voli Analítica, y 110.799,47 a Iot Domotic Europe SL”. El resto, hasta completar la comisión del 1% (530.000 euros) se completó, indicaron, con vuelos en clase business, hasta un total de 46.

En la declaración ante el juez de este pasado martes, Julio Martínez ratificó su escrito, se reconoció en al figura de un “correveidile” del expresidente pero no aportó datos clave, como qué influencia pudo ejercer Zapatero sobre qué personas concretas para lograr ese rescate o cómo fue el reparto real y exacto de las comisiones ilegales. Fuentes de la investigación, no obstante, calificaron el resultado de satisfactorio porque puede ser el inicio de una colaboración con la investigación más amplia.