La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado a la Agencia Tributaria que suspenda la inspección que le ha abierto a él, a su esposa y a sus hijas para investigar, entre otras cosas, su renta de 2021 a 2024. Alega que existe ya una investigación penal en la Audiencia Nacional que tiene por objeto unos hechos al menos parcialmente coincidentes. Para su defensa, la continuación de la tramitación por la vía administrativa “haría decaer los derechos fundamentales” que le amparan y vulneraría la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la prevalencia de la jurisdicción penal.

El escrito de la defensa de Zapatero, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido remitido a la Unidad de Inspección de la Dependencia Regional de Inspección de la Delegación Especial de Madrid. Fue presentado este lunes con copia al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, quien acordó la semana pasada remitir la comunicación de la inspección de la Agencia Tributaria a la Fiscalía para que se pronunciara.

Zapatero alega en su escrito remitido a Hacienda que las dos comunicaciones recibidas por la Agencia Tributaria en relación con el hallazgo de las joyas, correspondientes a los impuestos del IVA y el IRPF, son posteriores a su imputación y que en sus anexos pide acceder a las cuentas bancarias y sus movimientos entre 2021 y 2024.

“No se trata de un procedimiento aislado. La información solicitada coincide temporal y materialmente con la investigación penal ya abierta: origen, trazabilidad, adquisición, eventual importación, tenencia y capacidad económica relacionada con las piezas intervenidas [joyas]. Además, el auto del juez de instrucción identifica expresamente IRPF, IVA y otras figuras tributarias como posibles ámbitos de relevancia de los hechos investigados”, indica.

El letrado del expresidente denuncia que la simultaneidad entre una investigación penal y la tributaria “no es accidental”. Asegura que las pesquisas de la Agencia Tributaria pueden servir “para construir o reforzar una imputación penal”. Acusa a la Agencia Tributaria de abrirle un procedimiento “unilateral y caprichosamente”, denuncia que la Constitución lo veda y recuerda que la vía penal se impone a cualquier otra.

En ese sentido considera que la Agencia Tributaria coloca a Zapatero “en una alternativa constitucionalmente diabólica, pues colaborar con la Agencia Tributaria puede ser utilizado en su contra en el proceso penal”. Añade que si no lo hace puede exponerse a “reproches administrativos por resistencia, obstrucción, excusa o negativa”.

En consecuencia, la defensa de Zapatero solicita que las dos comunicaciones sean declaradas nulas y que se deje sin efecto el requerimiento de documentación y consentimiento bancario “mientras no se resuelva la prejudicialidad penal y el alcance de los derechos fundamentales afectados”.

El escrito conisdera “paradójico” que la Agencia Tributaria sostenta en la Audiencia Nacional que procede suspender las actuaciones inspectoras y al mismo tiempo mantenga su tramitación en vía administrativa.

La comunicación de Hacienda

Fue el viernes pasado cuando trascendió que la Agencia Tributaria comunicó al juez Calama que había abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le indicaba que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destacaba que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En las dos comunicaciones de la Agencia Tributaria a las que tuvo acceso elDiario.es, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, se explica que el fisco ha tenido conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios” mencionados. Se detalla que esas inspecciones han sido abiertas en junio de 2026. Esto es, después de que se abriera el procedimiento penal y una vez saltó a la esfera pública.

La Agencia Tributaria explicaba a Calama que dado que las personas físicas y las entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”, la determinación o imputación de las obligaciones tributarlas de estos contribuyentes “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por el juez.

Como es habitual, Hacienda consideraba que es conveniente suspender los procedimientos inspectores abiertos para que no se solapen ambas investigaciones, pero recordaba que esto es potestad del magistrado. Calama envía sendas comunicaciones a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir qué hacer. En caso de que el juez suspenda la inspección del fisco, Hacienda ya se habrá asegurado de que los plazos de prescripción se interrumpen gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.

En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informaba de que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, a Julio Martínez, la Agencia Tributaria le ha abierto inspección por el IRPF que va de 2021 a 2024 e indaga en el IVA y el Impuesto de Sociedades de hasta once de sus empresas, entre las que no está Análisis Relevante, la consultora que abonó 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 al expresidente Rodríguez Zapatero. Sí consta, en cambio, Idella Consulenza, el instrumento que según la investigación pudo usar la trama dedicada al tráfico de influencias para cobrar una presunta comisión irregular de Plus Ultra tras lograr el rescate público en 2021.

José Luis Calama, el juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero dentro del caso Plus Ultra, ha pedido este viernes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que no incluya en sus informes sobre el exmandatario datos o información que no tenga que ver estrictamente con la causa.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, exige en concreto a los policías “que los anexos que se incorporen a sus informes se limiten estrictamente a los hechos a los que estos hagan referencia, evitando la inclusión de información innecesaria o irrelevante para el objeto del procedimiento, así como de datos personales ajenos a los hechos investigados”.

Calama atiende así una petición expresa de la defensa de Zapatero que tras la publicación de los últimos informes en los que se incluían mensajes personales del expresidente consideró que se podía estar vulnerando su derecho a la privacidad.

En concreto, el procurador del exdirigente socialista solicitó el pasado 25 de junio que el juez adoptara las medidas necesarias “para evitar la difusión indiscriminada de datos personales” de su representado “y de otros investigados que se describen en la alegación primera, enviando al efecto los mandamientos y oficios necesarios”. Se refería, por ejemplo, a los mensajes entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, incorporados a un informe policial y filtrados a todas las partes en las que hablaban de asuntos personales.

Desde la defensa de Zapatero exigieron así una resolución “mandatando a la policía judicial que limite su investigación exclusivamente a los hechos concretos que fueron delimitados en el Auto de 18 de mayo de 2026, con prohibición expresa de servirse de la información masivamente obtenida” del expresidente o de terceros “para investigar cualquier actividad personal o profesional” de Zapatero “más allá de las allí determinadas”.

Calama acepta esas peticiones, explica, “sin perjuicio de la remisión íntegra del volcado de los dispositivos” que contengan la información ajena a la causa, con el objetivo de que sea el propio juez “quien proceda a su tratamiento, con intervención del titular de los dispositivos, conforme a las garantías propias del acceso a soportes digitales intervenidos”.

Inspección de la Agencia Tributaria

Este mismo viernes, la Agencia Tributaria comunicaba al juez de la Audiencia Nacional que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación a Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez.

Asimismo, Hacienda le ha comunicado al magistrado que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

La Agencia Tributaria ha comunicado al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que ha abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunica que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destaca que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En las dos comunicaciones de la Agencia Tributaria a las que ha tenido acceso elDiario.es, una de la Delegación de la Comunidad Valenciana y otra de la Comunidad de Madrid, se explica que el fisco ha tenido conocimiento de que existe una causa abierta tanto contra Julio Martínez como contra Zapatero e informa a su vez al magistrado de que “se siguen actuaciones de comprobación e investigación inspectora, todas con alcance general, en relación a los obligados tributarios” mencionados. Se detalla que esas inspecciones han sido abiertas junio de 2026. Esto es, después de que se abriera el procedimiento penal y una vez saltó a la esfera pública.

La Agencia Tributaria explica a Calama que dado que las personas físicas y las entidades objeto de la instrucción penal, así como las conductas investigadas en dicha sede, “pudieran ser las mismas que las que están siendo comprobadas en vía administrativa”, la determinación o imputación de las obligaciones tributarlas de estos contribuyentes “podría depender directamente de los hechos y conductas que están siendo investigados” por el juez.

Como es habitual, Hacienda considera que es conveniente suspender los procedimientos inspectores abiertos para que no se solapen ambas investigaciones, pero recuerda que esto es potestad del magistrado. Calama envía sendas comunicaciones a la Fiscalía para que se pronuncie antes de decidir qué hacer. En caso de que el juez suspenda la inspección del fisco, Hacienda ya se habrá asegurado de que los plazos de prescripción se interrumpen gracias a la decisión de la Audiencia Nacional.

En el caso concreto de Zapatero, la Agencia Tributaria informa que está inspeccionando su IRPF de 2021 a 2024, el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuatro trimestre de 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. A su esposa, Sonsoles Espinosa el IRPF de 2021 a 2024, el impuesto de Patrimonio de 2021 a 2024, y el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas de 2002 a 2024. Mientras, a las hijas les investiga el IRPF de 2021 a 2024, y a su empresa, Whathefav el impuesto de Sociedades de 2021 a 2024 y el IVA que va del segundo trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, a Julio Martínez, la Agencia Tributaria le ha abierto inspección por el IRPF que va de 2021 a 2024 e indaga en el IVA y el Impuesto de Sociedades de hasta once de sus empresas, entre las que no está Análisis Relevante, la consultora que abonó 490.780 euros entre los años 2020 y 2025 al expresidente Rodríguez Zapatero. Sí consta, en cambio, Idella Consulenza, el instrumento que según la investigación pudo usar la trama dedicada al tráfico de influencias para cobrar una presunta comisión irregular de Plus Ultra tras lograr el rescate público en 2021.

A pesar de que el magistrado en la providencia por la que da traslado de las comunicaciones a Fiscalía habla de los ejercicios 2021 a 2025, en realidad las comunicaciones de Hacienda se refieren a un periodo mayor en el caso del impuesto de las grandes fortunas (2002-2024).

La Abogacía del Estado se ha personado como acusación particular en la pieza separada que el juez de la Audiencia Nacional abrió a raíz del hallazgo de las joyas que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero guarda en una caja fuerte en su despacho. El juez se había dirigido a los servicios jurídicos del Estado para ofrecerles la personación porque se investiga un delito contra la Hacienda Pública -además de un delito de contrabando- y, ahora, ha trascendido que sí se personarán siguiendo el criterio habitual de la Agencia Tributaria en este tipo de asuntos.

Según adelanta El País y ha podido confirmar en fuentes jurídicas elDiario.es, la Agencia Tributaria (AEAT) ha trasladado a la Abogacía del Estado su criterio favorable a la personación y, ésta, ha enviado un escrito a la Audiencia Nacional aceptando la propuesta de Calama.

Fue el pasado 26 de junio cuando se conoció el ofrecido a la Agencia Tributaria para personarse en la pieza separada por las joyas incautadas a José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrado señalaba que Hacienda es una “potencial perjudicada” y por tanto debía tener la oportunidad de intervenir en el proceso para defender sus intereses.

“La naturaleza de los hechos investigados revela un perjuicio patrimonial directamente conectado con ingresos de titularidad estatal”, profundizaba Calama en un auto. Se trata de una causa separada de la principal —en la que se investiga si Zapatero influyó en el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra— dado que el objeto de las pesquisas no tienen ninguna conexión a priori con el resto de investigados.

El exdirigente socialista, en su declaración ante el juez, solicitó más tiempo para explicar la procedencia de las joyas y localizar la documentación que pueda acreditarlo. En el interrogatorio señaló, a preguntas del juez, que en el plazo de unos diez días podría comparecer para hablar sobre estos objetos encontrados en la caja fuerte que procede de su vivienda pero que se encontraba en su oficina en el momento del registro.

El instructor del caso cree las joyas pudieron ser introducidas en España sin declarar y que tampoco se tributó por ellas. La secretaria del expresidente, Gertrudis Alcálzar, dijo a los agentes de la UDEF que el contenido de la caja fuerte era parte de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y parte de “regalos de viajes”. En este sentido, será clave si estos objetos proceden de su etapa como presidente, entre 2004 y 2011, lo que haría que los delitos hubieran prescrito. La tasación las ha valorado en más de un millón de euros.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha adelantado este martes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero volverá a comparecer en la comisión de investigación sobre la SEPI, aunque todavía sin fecha. Por su parte, la vicepresidenta Sara Aagesen será interrogada en este foro el próximo lunes 6 de julio, mientras que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, acudirá el martes 14 de julio a la 'comisión Koldo', informa Europa Press.

Así lo ha anunciado la portavoz 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado, donde también ha explicado que el martes 7 de julio está citado el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Y la directora de la Agencia Tributaria, Soledad Fernández Doctor, comparecerá el lunes 13 de julio en la comisión de investigación sobre la SEPI. El PP ya ha avanzado que le preguntará por las joyas de Zapatero, entre otras cosas.

Alicia García ha recordado que Zapatero ya compareció en la 'comisión Koldo' del Senado y ahora tendrá que acudir a la comisión que indaga en la gestión de la SEPI, aunque los 'populares' todavía no han puesto la fecha a este interrogatorio. “Quien faltó a la verdad en sede parlamentaria y ahora tiene que dar explicaciones ante un juez está obligado a dárselas también a los españoles. Aquí no vamos a pasar ni una”, ha proclamado Alicia García.

Además de Zapatero, la portavoz del PP ha garantizado que el mes de julio estará copado por varias comparecencias en las diferentes comisiones de investigación abiertas en el Senado. La primera en hacerlo será Sara Aagesen, ya que el PP pone el foco en el rescate a la empresa Tubos Reunidos. “Mientras millones de autónomos no llegan a fin de mes y pagan impuestos, el Gobierno inyectó millones de euros a empresas por el interés personal de Sánchez. Unos rescates plagados de irregularidades, sospechas y opacidad”, ha denunciado Alicia García.

Según la portavoz del PP, Tubos Reunidos “no podía ser rescatada por motivos ecológicos”, como defendió Aagesen, que por aquel entonces era secretaria de Estado de Energía, aunque luego finalmente fue rescatada. “¿Qué pasó en esas tres semanas?, ¿por qué la vicepresidenta cambió de opinión?, ¿quién la presionó?, ¿cómo la convencieron?”, preguntará el PP a Aagesen.

Asimismo, Alicia García ha garantizado que la 'comisión Koldo' del Senado seguirá investigando lo que ella denomina el “comando cloacas”, por lo que citarán al DAO de la Guardia Civil y a la presidenta del PSOE. “Ambos tendrán que dar la cara sobre su relación con el comando cloacas. Porque mientras Sánchez escribía con una mano su carta de enamorado, con la otra lanzaba a Leire Díez a una operación contra quienes querían destapar su corrupción”, ha apostillado Alicia García.

La causa abierta en la Audiencia Nacional en la que permanece imputado José Luis Rodríguez Zapatero sigue ampliando el foco mientras el expresidente del Gobierno denuncia a golpe de escrito que está siendo objeto de una “causa general” en la que, además, se filtra su información privada. El juez José Luis Calama ha ampliado una investigación que arrancó en el rescate de Plus Ultra y ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz. 

La Audiencia Nacional asumió en marzo las diligencias para analizar la ayuda pública de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra para combatir los devastadores efectos económicos de la pandemia. El origen del caso data de 2024, cuando la Fiscalía fue alertada por las autoridades de Francia y Suiza sobre la posibilidad de que el rescate hubiera sido utilizado para alimentar una trama de lavado de dinero de Venezuela. Y en marzo de este año se encontró con un nuevo impulso: los mensajes intervenidos en Estados Unidos al venezolano Rodolfo Reyes. 

Estas conversaciones fueron incautadas por las autoridades estadounidenses en 2021, cuando Reyes fue detenido momentáneamente en Miami, investigado por blanqueo en ese país. Pero no fueron aportados a la Audiencia Nacional española hasta este año 2026. Entre páginas y páginas de mensajes, algunos que aluden al “pana” Zapatero y que, según el juez Calama, permiten pensar que el expresidente del Gobierno usó su influencia en Moncloa para que la aerolínea fuera rescatada. 

El magistrado no ocultó sus sospechas durante el interrogatorio. Llegó a preguntar a Zapatero si en 2020 comió con Pedro Sánchez. Y el expresidente negó con vehemencia que hiciera alguna gestión relacionada con esos millones: “No intervine en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable”. Los empresarios ligados a la aerolínea, por su parte, están acusados de usar el dinero del rescate para blanquear.

Del rescate a las asesorías. Tanto el juez Calama como especialmente la UDEF consideran que los trabajos de Zapatero para la empresa Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, no eran ninguna asesoría real, sino una forma de pagarle por ejercer su influencia política a su favor. Lo mismo sospecha con respecto a la empresa de las hijas del expresidente, Whathefav, razón por la que ha imputado a ambas, aunque por ahora no ha llamado a declarar a ninguna. 

En los últimos días la causa ha dado un nuevo salto. Un informe de la UDEF acusa a Zapatero de cobrar 200.000 euros de un conglomerado empresarial peruano a través de una empresa pantalla pero no por asesorías, como dice el contrato, sino por interceder ante el entonces presidente de Bolivia, Luis Arce, y otras autoridades para solucionar un pleito millonario que tenía la compañía en ese país. Las fuentes de esta acusación son los mensajes que su secretaria, Gertrudis Alcázar, cruzó con sus interlocutores. La defensa de Zapatero ha replicado que es un trabajo de consultoría “legal por completo” y se ha quejado de una investigación “prospectiva” contra toda su actividad profesional. Arce ha negado que el exdirigente le pidiera mediar y en la actualidad ese litigio todavía no se ha resuelto.

Todas estas ramificaciones del caso se unen a otro frente abierto contra Zapatero durante los registros de su despacho en la calle Ferraz: las joyas, valoradas en 1,3 millones de euros, encontradas en una caja fuerte. Cuatro pesquisas en una sola causa que ya han llevado a la defensa del expresidente socialista a pedir la nulidad de las actuaciones y denunciar una “causa general” contra él basada, además, en pruebas obtenidas de forma ilegal, según su abogado. 

Las quejas se empiezan a amontonar encima de la mesa del juez Calama y la principal tiene que ver con las más de mil páginas de conversaciones telefónicas intervenidas a Rodolfo Reyes en 2021 y que ahora, cinco años después, son clave para la imputación. Mensajes aportados por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI) y que el expresidente quiere impugnar. La Audiencia Nacional, como es habitual cuando se produce una colaboración internacional, tendrá que pedir a Estados Unidos la certificación de que la cadena de custodia se ha cumplido y de que los mensajes se han obtenido, guardado y aportado de forma legal. 

El último escrito de la defensa del expresidente del Gobierno apunta en esa dirección. Lo que abrió y expande cada semana el juez Calama, afirma su defensa, es una “causa general” contra él y reclama que se limite a investigar su relación con el rescate de Plus Ultra y sus trabajos con Análisis Relevante. Requisar y usar de forma indiscriminada la información que la UDEF sacó de sus agendas, añade, va mucho más allá del objeto de la causa y vulnera sus derechos fundamentales. 

Un “atropello” a la intimidad de Zapatero

La Policía incautó en el registro del despacho de Zapatero una enorme cantidad de información procedente de agendas en papel, carpetas, pendrives y discos duros, a la que se sumó el clonado del móvil de su secretaria desde hace más de dos décadas, Gertrudis Alcázar. Esa información nutrió los documentos policiales, pero además se incorporó en su totalidad al anexo al informe de la UDEF y acabó en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento. 

El expresidente y Alcázar vieron cómo en la sobremesa del miércoles sus chats privados acababan convertidos en titulares en los medios pese a que no estaban vinculados con la investigación judicial. La defensa de Zapatero lo ha calificado de “atropello” a su intimidad y presentó un escrito ante Calama en el que afirmaba que “no se trata de datos irrelevantes, o minucias y curiosidades sin mayor importancia”: “Se trata obviamente de datos que dibujan un retrato de las ocupaciones y de las actividades de una persona que no ha perdido ni un ápice de sus derechos”, argumentó su abogado en el documento fechado este jueves. 

El juez Calama —que fue quien puso la documentación a disposición de las partes— reaccionó al revuelo con el anuncio del pasado jueves de que deduciría testimonio para que un juzgado de Madrid “investigue las filtraciones e identifique a sus responsables”. La ley prevé un trámite de “expurgo” —es decir, separar qué es relevante para una investigación de lo que son cuestiones privadas o no relevantes— en el caso de las escuchas telefónicas, pero hay un vacío legal con respecto al clonado de dispositivos como móviles. De esta forma, la responsabilidad de llevar a cabo ese cribado entre el material incautado acaba recayendo sobre el juzgado, según explican juristas a elDiario.es, y depende de la decisión que tome cada magistrado.

Cuenta atrás para responder sobre las joyas

Desde que el pasado 19 de mayo los agentes de la UDEF recorrieran los diferentes despachos de la oficina del expresidente socialista en la calle Ferraz han pasado más de cinco semanas. En este tiempo, Zapatero no ha dado una explicación oficial para una de las incautaciones que se hizo ese día: las joyas valoradas en más de un millón de euros que estaban en una caja fuerte que procedía, en realidad, de la vivienda del matrimonio. Ese hallazgo dio pie a la primera de las ramificaciones de este caso: una pieza separada por delitos contra la Hacienda Pública y contrabando.

Zapatero entra a partir de este lunes en una cuenta atrás que él mismo se autoimpuso en su declaración como investigado ante el juez. Ese día aventuró que en “una semana o diez días” podría responder sobre el origen de las joyas después de buscar la documentación que permitiera acreditar la procedencia y la fecha en la que las obtuvo. La única pista oficial sobre el origen de las joyas la dio la asistente de Zapatero, Gertrudis Alcázar, el mismo día del registro, cuando contó a los agentes de la UDEF que eran de una herencia familiar de Sonsoles Espinosa y “regalos de viajes”.

La secretaria de Zapatero está imputada desde hace una semana por los indicios que el juez cree que hay de su “participación directa en los hechos”. Su nombre aparece trufado en los informes policiales que sustentan la investigación porque se encargaba de las citas del expresidente y gestionaba la cuenta de correo identificada como “el principal canal de comunicación interna de la red”.

La ofensiva que ejecuta el PP a través de las comisiones de investigación, aupado por la mayoría que tiene en el Senado, llevará a Alcázar a tener que acudir este lunes a la Cámara Alta. Es probable que no responda a ninguna de las preguntas de los partidos, como ya ha ocurrido con otros imputados que han pasado por el brete de declarar antes en el Senado que en sede judicial. El PP todavía se reserva más nombres en el calendario: por esa comisión también desfilarán el exministro José Luis Escrivá, por una reunión con Zapatero en septiembre de 2020 que ambos desvinculan del rescate de Plus Ultra, y Cristóbal Cano, el gestor de Julio Martínez Martínez.

Los silencios forman parte de la partitura, dicen los músicos; hay silencios temidos, eso oí un día decir a un torero de los silencios de la Maestranza; otros invitan a la duda e inquietan, los interminables de Jesús Quintero; otros no se explican: los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En las últimas controversias judiciales, procesales, casos Begoña Gómez o José Luis Rodríguez Zapatero, no extraña el silencio concejil por ser el modo. En realidad, dicen los que saben, el CGPJ no tiene nada que decir y menos que hacer, así es la rosa. Y ello porque no se ha perturbado o inquietado a ningún juez en su independencia, será por eso que sus competencias no lo exigen. En realidad, sin embargo, no solo pueden ser perturbados los jueces, y es normal que en esos casos se actúe, es que los jueces pueden también perturbar e incluso estar perturbados, y no parece normal que en esos otros casos no se actúe.

Igual entre Manuel Marchena, magistrado dolido por las críticas, e Isabel Perelló, pueden echar una manita, que dicen las encuestas que la mayoría de los españoles creen que hay lawfare en España y que la justicia está por los suelos en aprecio popular. Popular de gente, populus, que no de Partido Popular.

De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales

Hay una amplia y difundida opinión sobre que ciertos jueces van a escape. Los que nos exigen, con razón, cumplir la ley parecen no encontrar ley que cumplir que les afecte, un deterioro de la función jurisdiccional que no parece conmover ni activar al máximo órgano de gobierno de los jueces. De las cuestiones disciplinarías mejor no hablar, incluso se han esgrimido vacíos legales para no exigir a los jueces que, al menos, garanticen a los justiciables el respeto de sus derechos constitucionales.

En la separación de poderes no hay amparo similar a la bizarra protección frente a perturbaciones que ejerce el CGPJ, con su mero silencio, al que deberían tener los miembros del poder ejecutivo, del que dicen querer protegerse, ni del poder legislativo. Podríamos recordar a Montesquieu, quien advertía en su obra cumbre, El espíritu de las leyes, precisamente, que había que protegerse de los jueces si queríamos, como queremos, un equilibrio entre los tres poderes.

Por recordar, también, aquella algazara callejera de jueces con sus vestimentas ceremoniales contra el poder legislativo y el ejecutivo, que había ejercido la iniciática legislativa, contra la ley de la amnistía, que el CGPJ ignoró.

Y eso que fue un ejerció llamativo y florido de poder, huelga cobardemente encubierta, y manifestación con sus ropones, togas pullas, quizá en señal de luto por la división de poderes, para que, al menos, simbólicamente quedara noticia de su reto y poder. Una prenda con la que no se puede correr por ajustada. En otros tiempos íbamos a nuestras cosas con botines y sin tacones porque siempre había que correr. En esta civilizada manifestación a toga suelta se sabía que no se correría, que no habría exceso policial, ni empellones proporcionados ni acaso un manguerazo. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático

Pobres legisladores, cómo fueron zarandeados a las puertas de la soberanía nacional, pobres ministros y presidente, cómo son insultados por ciertos jueces. Ni la ineficaz presidencia del Congreso ni el ministro de Justicia empatan con el CGPJ a la hora de contener a los perturbadores.

Lo que resalto es la distancia cada día mayor de la justicia y el pueblo, del que trae fundamento y legalidad, no por inspiración etérea sino a través de la voluntad popular expresada en leyes emanadas del Parlamento, el poder legislativo.

Ahora que, hasta el PP, o al menos su presidente Núñez Feijóo, dice que lo de Catalunya, su procés y su amnistía, son pelillos a la mar, qué van a decir los jueces que con tanto brío se apuntaron a lo que fuera menester. 

La foto de la insumisión de los jueces contra la ley de amnistía no es una foto cualquiera, es la prueba gráfica de una manera soberbia y arrogante de creerse el centro del sistema democrático. Aquellas expresiones, aquellas sentencias, aquellas bravatas a las claras o de jueces embozados en el anonimato son para la historia. Silencio que ahora atruena entre lamentos corporativos sin que haya un lugar para cobijarse de la tormenta.

Los debates sobre periodismo son una de las cosas que más me aburre de la profesión, pero mucho más cuando esos mensajes se trasladan a la opinión pública y se convierten en debate nacional porque tenemos que asistir a espectáculos bochornosos de hipocresía en la profesión y también en los lectores y los consumidores de información. A nadie le importa el hecho de acceder a información reservada en fase de instrucción cuando es lo suficientemente jugosa para sus intereses, le importa cuando afecta a alguien que le cae bien o defiende sus mismas ideas. La filtración de la agenda y las conversaciones de José Luis Rodríguez Zapatero han vuelto a poner en el debate público el caso de las filtraciones. Lo ha hecho porque es un personaje que tiene muchos defensores. Porque la vergüenza de esa filtración, que lo es, se ha dado miles de veces en democracia sin que movamos una sola ceja. Si el hecho nos escandaliza nos tiene que escandalizar cuando afecta a Bárcenas si somos de izquierdas, y cuando afecta a Zapatero si somos de derechas. Pero eso da igual. Somos unos hipócritas y unos cínicos. 

Filtraciones de información reservada fueron los mensajes de la reina Letizia a Javier López Madrid cuando le mandó apoyo tras su implicación en el caso de las tarjetas black. El mensaje era este: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”. ¿Está justificado conocer un mensaje privado de la reina Letizia a un amigo suyo por mucho que nos parezca censurable apoyar a un implicado en un caso de corrupción? Pues diría que no. Que no es suficientemente relevante como para vulnerar el secreto de las comunicaciones por mucho que esté en un sumario al que no hemos tenido acceso y pueda tener cierto valor informativo. ¿Vale menos la intimidad de la reina Letizia que la de José Luis Rodríguez Zapatero? Pues si somos republicanos, de verdad, en un sentido cívico mucho más amplio que el de denostar a la monarquía tendríamos que defender que el secreto de las comunicaciones y el valor de la intimidad son derechos fundamentales que no pueden ser vulnerados a la ligera. Si analizan cada filtración poniéndose ante un espejo puede que no les salga un retrato bonito. 

Este diario donde escribo publicó, e hizo muy bien, unos audios enmarcados en el caso Lezo entre Ignacio González y Eduardo Zaplana en el que hablaban de cómo colocar a jueces y fiscales en plazas convenientes para sus intereses. Esa información estaba bajo secreto de sumario. No se podía tener acceso a ella, pero la tuvieron y la publicaron. A nadie nos importó. Hicimos bien. En el caso de la investigación a Jorge Fernández Díaz por la Kitchen, que años después está en fase de juicio oral, se conocieron audios en fase de instrucción que corrieron por todas las redacciones. Se publicaron porque tenían valor informativo. Por cierto, en ese sumario también hay mensajes vergonzantes para periodistas que van de dignos que se cruzaron con el secretario de Estado de Interior. Porque ese es otro debate, la responsabilidad de los medios a la hora de publicar esos mensajes que no tienen valor informativo, yo creo que de manera general la prensa progresista tiene más clase a la hora de filtrar que hay cosas que sabemos que no tienen más que interés de descrédito, chisme o humillante y no informativo. Porque uno de los problemas principales es que tenemos una prensa que muchas veces da vergüenza y publica mensajes inmersos en las causas que solo tienen valor para humillar a alguien que les cae mal. Porque no, no tiene ninguna importancia, ni tiene valor informativo, saber con qué periodista cenó José Luis Rodríguez Zapatero. Porque como se abra ese melón habrá muchos que estén rezando para que jamás se conozcan los mensajes que se cruzan con el jefe de gabinete de Ayuso o en qué áticos cenan y con quién. Que todos sabemos cosas. 

Las filtraciones se han convertido en debate, ciertamente, por la vergüenza de condena al Fiscal General del Estado como método disciplinante por perseguir las corruptelas del novio de Isabel Díaz Ayuso. Ese caso es una de las vergüenzas más oscuras de nuestra justicia. Pero no se puede obviar que se produjo porque las filtraciones, cuando parten de un funcionario público son un delito, el problema no es que se investigara esa filtración, el problema es la desproporción con la que se actuó y que solo se actúa, no ya con desproporción, sino de ninguna manera, en otros casos donde se producen filtraciones tan delictivas como esas. Al Fiscal General, además, se le condenó sin pruebas y reconociendo que no sabían si lo había filtrado él u otra persona. Pero en este artículo hablamos de otras cosa; de la base moral que hay tras la afectación que fingimos al tener acceso a información a la que no tenemos derecho acceder al estar en fase de instrucción. 

A nadie le molestan las filtraciones en genérico, solo molestan las filtraciones que perjudican al espectro ideológico que cada uno defienda porque se usarán esas filtraciones sin rubor cuando nos cae mal el encausado. Eso también sirve para el que replica esas informaciones desde sus perfiles en redes sociales como lector y ciudadano crítico, porque si está mal, está mal también moralmente difundirlo y ampliar su alcance. Desde la izquierda todos hemos defendido con vehemencia la necesidad de conocer el correo electrónico del abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso a pesar de que no teníamos por qué conocerlo. Yo creo que tiene valor informativo y puedo defenderlo, pero estoy seguro de que habrá muchos que defiendan lo mismo en casos en los que yo no creo que lo tiene. En todos los casos acceder a esas filtraciones es irregular porque la ley no lo permite. 

La ley de enjuiciamiento criminal dice en su artículo 301 que todas las diligencias en fase de instrucción, lo que llamamos sumario, son de carácter reservado hasta la apertura del juicio oral. Solo entonces se convierten en públicas. Es decir, toda la información que conocemos en la actualidad sobre cualquier proceso sobre el que no se ha abierto juicio oral tiene carácter reservado y solo puede ser consultada por las partes. Sirva como ejemplo que el juicio de las mascarillas que ha terminado con la condena de José Luis Ábalos a 24 años de cárcel comenzó en abril de 2026. Pues llevamos hablando sobre noticias que emanan de la instrucción del caso desde septiembre de 2023. Casi tres años publicando informaciones y comentando noticias a las que por ley no teníamos que tener acceso. Ni que decir tiene que muchas de esas noticias tenían que ver sobre la vida privada de José Luis Ábalos y que no tenían nada que ver con el caso. A nadie nos molestó, a nadie le indignó, a pesar de que el exministro se ha quejado amargamente, y con razón, de esa indefensión. ¿Tenían valor informativo? Algunas sí, otras no, no importó. Nunca se investigó. 

Quienes filtran, son, en una inmensa mayoría, abogados y procuradores de las acusaciones particulares que están en procedimientos mediáticos precisamente para eso, para generar daño a partir del acceso privilegiado a una causa y con eso regar de noticias a medios de comunicación de su cuerda sin esperar a la resolución del caso. Para ellos filtrarlo no es delito, solo sanción administrativa. Es importante constatar que el daño se genera independientemente de la ideología del encausado y de que nos caiga peor o mejor. Porque desde la izquierda nunca nos hemos quejado de que en el caso Kitchen o Gürtel, o el de las tarjetas black, se afectara a la reputación de los encausados cuando antes de que hubiera una resolución condenatoria difundiéramos toda la información del sumario. Hace muy poco asistí extasiado al hecho de que el PP tuviera información que está en los sumarios cuando ellos son acusación popular en todos y cada uno de los procesos judiciales de ámbito político que estamos teniendo. ¿Pero para qué creen que se personan en esas causas? ¿Por responsabilidad cívica? ¿O por tener información privilegiada que filtrar? Nos hacemos los tontos de maneras insospechadas. 

Hay casos conocidos de insignes jueces y fiscales que filtraron información reservada sin que hubiera ningún tipo de consecuencia. Porque todos intuimos hasta saber con poco margen de duda quién filtró la causa del procés antes de que se publicara y da lecciones de integridad desde el Tribunal Supremo. Porque el fallo del procés se filtró, de manera reconocida y sin esconderse y nunca jamás se inició ninguna investigación. ¿Importó que se filtrara? ¿Alguien se escandalizó? Pues tampoco. Hay dos maneras de afrontar este debate, desde la hipocresía y el cinismo o entendiendo lo que supone la vulneración de derechos fundamentales también de aquellos que nos caen mal, pero comprendiendo a su vez que legislar en serio sobre las filtraciones implica cambiar la ley para condenar a los periodistas y los medios que publican esa información reservada que en muchos casos tiene un indudable valor informativo y hace que los ciudadanos pueden tener acceso a información vital para el ejercicio libre de su acción política. Eso se hace en muchos países. ¿Quieren eso? ¿De verdad lo quieren? Puede que sí, si es así yo creo que no saben lo que dicen.

Este artículo no va de Zapatero. De si es inocente o culpable. De si está justificada la investigación contra él ni de las dudas éticas sobre su trabajo como lobista o el origen de esas carísimas joyas.

Tampoco va exactamente de las filtraciones. Todas las semanas en elDiario.es –igual que en todos los periódicos españoles–, publicamos información cuyo origen es un sumario judicial. Eso no significa que difundamos cada dato que llega a nuestras manos. Hay un filtro: solo publicamos aquello que tiene interés informativo, es veraz y aporta al debate público algo más que morbo. Es un criterio que no todos los medios aplican, pero aun así me parece enormemente cínico criticar las filtraciones en función de quién sea el afectado. No es esa la cuestión. 

Esta vez le ha tocado a Zapatero: sus rutinas de peluquería, sus citas médicas, las personas con las que cena o qué regalos le hace a su mujer. Miles de detalles tan privados como irrelevantes para lo que está investigando la Audiencia Nacional.

Pero Zapatero no es el primero. Tampoco será el último. En España, de forma cotidiana, las personas bajo la lupa judicial ven pisoteados sus derechos: al secreto de las comunicaciones o a la privacidad. 

Es algo que no ocurre en otros países de Europa. Al menos no con esta cotidianidad. La justicia en España es una máquina de triturar estos derechos fundamentales de sus investigados. No sucede por casualidad ni es culpa concreta de los jueces, los abogados, los periodistas, los fiscales o los funcionarios que están en los juzgados: no depende de la maldad o la bondad de las personas. Se explica por la arquitectura institucional.

La Justicia española es anómala. Distinta a la europea por muchos motivos que llevaría mucho tiempo enumerar. Pero en este asunto concreto de las filtraciones, dos detalles explican por qué en España esto pasa de forma tan habitual.

La acusación popular

La primera anomalía tiene que ver con quién puede acusar. En casi todo el mundo democrático, la acusación penal es un monopolio del Estado: es la Fiscalía quien pide condenas ante los tribunales. En España no. Aquí tenemos tres acusaciones posibles: la Fiscalía, la acusación particular –es decir, la víctima– y también la acusación popular. Literalmente, cualquiera que se quiera apuntar. 

Solo hay dos países en toda Europa, España y Andorra (que nos copió la mala idea), donde cualquier persona u organización sin ninguna relación con el delito puede personarse en un juicio, solicitar pruebas, interrogar a los acusados, pedir condenas de cárcel o recurrir una sentencia.

En el caso concreto de Zapatero, hay ocho acusaciones populares. Entre otras, PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y hasta lo que queda de Ciudadanos, que emplea los pocos fondos que aún mantiene en estas cosas.

¿Y cuál es la gracia de ser acusación popular? Hay tres grandes ventajas. Puedes perseguir a tus rivales políticos, con razón o sin ella. Puedes abrir causas penales que no tendrían recorrido de otra forma porque la Fiscalía no ve delito, como ha ocurrido con la mujer o el hermano del presidente del Gobierno, pero también como pasó con la imputación de la infanta Cristina. Y por último: puedes acceder a toda la información, a todo el sumario.

Es algo relevante en este asunto de las filtraciones. Porque casi todo sale de allí, del sumario: los mensajes telefónicos, los audios intervenidos, los informes policiales, los registros, las agendas… Todas las pruebas y también los documentos en bruto, salvo que el juez diga lo contrario.

No revelo ningún secreto: es obvio que buena parte de las filtraciones de los sumarios provienen de acusaciones populares. Estos partidos políticos y organizaciones ultras son quienes más interés tienen en que se produzca un juicio paralelo en los medios de comunicación. 

Esto ni siquiera es novedad: la acusación popular en España nació exactamente para eso, para filtrar información. Aunque el origen constitucional de la acusación popular aparece en abstracto en la Pepa (la Constitución de 1812), la primera vez que realmente se usó fue en 1888, para que la prensa de Madrid tuviera acceso al sumario de un suceso, el crimen de la calle Fuencarral. Entre los principales periódicos, pagaron a un abogado para que se personara como acusación popular. ¿El objetivo? El mismo de ahora: vender periódicos. Es una historia interesantísima que ya te conté en esta carta anterior.

La anomalía de la acusación popular tiene poco arreglo. Esa mala idea del siglo XIX está blindada en la actual Constitución. Sí se podrían limitar un poco sus atribuciones, para evitar los abusos actuales. Es una propuesta que hasta hace no tanto compartía también la derecha y los propios jueces. Ahora ya no: contra el malvado Sánchez, todo cambió.

La segunda anomalía española no responde a ningún mandato constitucional. Tampoco parece que se vaya a arreglar

El juez instructor

La filtración completa de las agendas de Zapatero, o de todos los mensajes de su secretaria, no era inevitable. El juez Calama lo podría haber impedido. Tiene la capacidad de expurgar aquellos datos privados, que no aportan nada a la investigación. Puede sacar esa información irrelevante del sumario. 

Eso es algo que se ha hecho en anteriores ocasiones. Incluso cuando no había razones de protección de la intimidad. Por ejemplo, nunca escuchamos los audios de esas grabaciones de la Guardia Civil a Ignacio González y Eduardo Zaplana, donde explicaban que había que mandar a un juez de la Audiencia Nacional “a tomar por culo a Onteniente” y traer de vuelta a García Castellón, o quién sería el próximo fiscal Anticorrupción. Fueron unos deseos que además se cumplieron, pero en aquella ocasión nadie abrió una investigación judicial como la de Leire Díez. Y no solo eso: los audios fueron expurgados del sumario, donde solo apareció la transcripción.

El juez Calama podía haber evitado el filtrado de estos datos. Bastaba con que hubiera ordenado a la policía que los eliminara de su informe, en vez de incorporar todo al sumario. 

Pero el problema de fondo es otro: es el doble papel del juez instructor español.

En el resto de Europa, quien investiga los delitos es la Fiscalía, no el juez. Son los fiscales quienes buscan las pruebas, trabajan con la policía y elaboran la acusación, mientras que el juez se ocupa de otra cosa: de garantizar que en todo este proceso penal se respeten los derechos. Al final de la instrucción, sobre el trabajo de la fiscalía, el juez decide si finalmente se va a un juicio.

Son dos papeles que están separados, y es lógico que sea así. Uno empuja para que se investigue el crimen. El otro frena para que se respeten las garantías legales. 

En España los jueces de instrucción hacen ambas cosas: empujan y frenan al mismo tiempo. Dirigen la investigación, al tiempo que deben proteger las garantías legales. Es un modelo anómalo y obsoleto: viene de una ley de 1882. Es también una falta enorme de garantías para los investigados. Si tu obsesión es conseguir las pruebas del delito, es probable que no mires tanto por los derechos de los acusados.

Y si te toca un instructor como el juez Peinado, apaga y vámonos. Lo malo de una deficiente arquitectura institucional es justo eso: que dependes de las personas.

Hay una propuesta de reforma para cambiar este modelo y que sea la Fiscalía quien se ocupe de la instrucción mientras el juez vele por las garantías. Es algo que pide Europa. Como pronto, llegará dentro de una década.

Hay otras anomalías respecto a Europa. El exceso de aforamientos. O la propia existencia de la Audiencia Nacional: un tribunal que no tiene equivalente en ningún otro país europeo. O cómo se deciden los nombramientos en los puestos clave. 

Y por último, está la anomalía más clara. El doble rasero que tanto se ve estos meses. 

El juez Calama ha abierto una investigación por las filtraciones sobre Zapatero. Es un tema que no lleva la Audiencia Nacional, por lo que irá a otro juzgado. Sea quien sea el juez al que le toque el caso, dudo muchísimo que ordene la barbaridad de un registro del despacho y los teléfonos móviles de los sospechosos, como hizo el Supremo con el fiscal general.

Si algo se está viendo de manera clara en las últimas semanas es la confluencia de la agenda parlamentaria de la derecha española, PP y Vox, y ahora también la catalana de Junts con la judicial. Se trata de acabar con el Gobierno de coalición, atacando por tierra, mar y aire.  

Llevamos viéndolo durante semanas con intentos de escenificar una derrota parlamentaria del presidente, sin usar los mecanismos que se tienen para ello. Feijóo se niega a presentar una moción de censura en el Congreso pero trata de colar iniciativas que supuestamente obligarían a Pedro Sánchez a plantear una cuestión de confianza, en un intento por confundir aún más a una opinión pública ya de por sí saturada. El que pueda hacer, que haga. 

Y mientras tanto, el juez Calama prosigue su investigación a Rodríguez Zapatero sin demostrar si las informaciones facilitadas por Estados Unidos han cumplido las mínimas garantías exigibles en un Estado de Derecho, esto es, la intervención judicial. Y vemos cómo la posesión de unas joyas se convierte en sí mismo en algo sospechoso, olvidando que en nuestro sistema siempre se presume la posesión de buena fe y que, le pese a quien le pese, tener joyas no es un delito en sí mismo. 

Clonar un teléfono móvil, una tablet o un ordenador no equivale a abrir un cajón con papeles. Estos dispositivos concentran una ingente cantidad de información personal cuya difusión indiscriminada puede suponer un “atropello” a la intimidad. Es lo que ha denunciado esta semana el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero tras la filtración de miles de mensajes privados que intercambió durante los últimos tres años con su secretaria y de sus agendas personales de los años 2024 y 2025.

En el registro realizado el pasado mayo en su despacho, la Policía se incautó de casi medio centenar de elementos entre agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros… Los agentes también clonaron el teléfono de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas. Ahí estaban alojadas las conversaciones que los investigadores cruzaron con el contenido de las agendas y otra documentación y que sustentan el último informe del caso. Esa ingente cantidad de información —incorporada como anexo al citado informe— acabó después, en bruto, en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento y terminó llegando a los medios. 

Su difusión generalizada abre de nuevo el debate sobre las filtraciones de sumarios judiciales y, más concretamente, de información contenida en ellos sin relevancia para la investigación. La ley prevé un trámite específico de “expurgo” en el caso de las escuchas telefónicas, pero no para el clonado de móviles u ordenadores. No obstante, juristas consultados por elDiario.es apuntan que es “responsabilidad directa” del juzgado separar qué es relevante para la investigación para impedir que información sobre temas familiares, sanitarios o inocuos que es ajena al procedimiento acabe llegando al público. 

Así, defienden que el instructor del caso, José Luis Calama, debería haber ordenado una criba de toda esa información antes de volcarla a la plataforma que utiliza la Audiencia Nacional para compartir documentación con las partes. “Es responsabilidad del juzgado impedir que esto suceda, aunque las partes personadas también tienen que tomarse en serio la reserva de las investigaciones”, sostiene el catedrático de Derecho Penal Manuel Cancio. “El magistrado o el letrado de la Administración de Justicia deberían haber estado más atentos para evitar que todo el volcado del teléfono se pusiera a disposición a las partes”, añade Juan Luis Gómez Colomer, catedrático de Derecho Procesal. 

La Ley de Enjuiciamiento Criminal prevé como principio general que solo consten en el sumario las diligencias “cuyo resultado fuere conducente al objeto del mismo”. Sin embargo, los expertos remiten a la reforma realizada en 2015, que previó el trámite de expurgo para la interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas. Sin embargo, el legislador no contempló un procedimiento equivalente para otras medidas también muy intrusivas como el registro de teléfonos móviles, discos duros u ordenadores.

Esa reforma introdujo la obligación de pedir autorización judicial para volcar estos dispositivos, pero no dice nada sobre cómo se debe cribar y destruir la información irrelevante extraída de ellos, según explica la profesora de Derecho Procesal Paloma Arrabal, quien ha realizado varios trabajos sobre la incorporación a causas judiciales del contenido de este tipo de elementos en los que se almacena información de forma masiva. “Esa previsión existe para la interceptación de comunicaciones, pero sería deseable que se hiciese para todas las diligencias de investigación”, añade esta experta. 

Ante la ausencia de un marco legal específico, las fuentes consultadas afirman que el procedimiento habitual consiste en poner el contenido del volcado a disposición de la defensa del investigado y de la Fiscalía para que se pronuncien sobre qué información debe conservarse e incorporarse a las actuaciones y cuál debe ser eliminada. Tras ello, corresponde al juez adoptar la decisión definitiva. Sostienen que ese paso habría evitado la difusión generalizada de información sobre Zapatero sin relación con la investigación. 

Para ello, algunos magistrados optan por abrir, dentro del procedimiento, lo que se conoce como “pieza separada de expurgo”, un compartimento estanco en el que se analiza la documentación incautada y se delimita qué es útil para la causa y qué debe excluirse. Esa pieza se mantiene en secreto mientras se realiza la criba. Así ha operado recientemente el juez Santiago Pedraz en la causa contra la exmilitante socialista Leire Díez a petición de la defensa de esta última. 

Este viernes, el abogado de Zapatero pidió precisamente al juez Calama la apertura de un cauce similar al que únicamente pueda acceder la Fiscalía y la parte afectada para “que se pueda eliminar todo aquello que tenga carácter personal y sea ajeno al objeto de la causa”. Su abogado denunció que en los anexos filtrados figuraba hasta la contraseña de la cuenta de correo de Zapatero y otros datos relevantes y privados como sus números de teléfono o de cuentas bancarias. 

Ante la ausencia de una regulación específica, el Tribunal Supremo ha ido delimitando en algunas de sus resoluciones el alcance de este tipo de diligencias que afectan al derecho al entorno digital. Por ejemplo, ante el intento de la defensa de Álvaro García Ortiz de anular el registro de su despacho, los jueces de la Sala de lo Penal afirmaron que en los registros de teléfonos u ordenadores hay que tomar “cautelas” a posteriori para “evitar excesos” y que se debe “limitar el examen a los contenidos de interés y blindar todo lo restante”. En esta ocasión únicamente fueron aportados a la causa los mensajes de la fiscal jefa provincial de Madrid que tenían vinculación con el procedimiento. 

No ha ocurrido así en otros casos, donde datos de índole privada han llegado al público después de no ser cribados en los juzgados. Le ocurrió recientemente al exministro José Luis Ábalos, del que se difundieron sus audios con el que fuera su asesor eligiendo mujeres. A Iñaki Urdangarin, entonces duque de Palma, del que trascendió que estampaba el autógrafo “em...Palma...do” en sus mensajes de negocios. O al diputado de ERC Lluís Salvadó al que llegaron a intentar expedientar en el Parlament después de que se incorporara a la causa sobre el referéndum una conversación de tono machista y racista. También el ex ‘número dos’ de Interior con el PP Francisco Martínez denunció el volcado íntegro en el caso Kitchen de sus conversaciones de WhatsApp. 

Investigaciones sobre filtraciones

A la espera de ver qué responde al último escrito de la defensa de Zapatero, el juez Calama anunció el jueves que tomará medidas tras lo ocurrido. Acordó pedir a los juzgados de Madrid que abran una causa para investigar las filtraciones e identificar a sus responsables dada “la gravedad de los hechos”, si bien se trata de investigaciones con un recorrido muy limitado. 

El Tribunal Constitucional tiene en el cajón un caso relacionado con este tipo de filtraciones en sumarios que se encuentran secretos con informes de unidades policiales conocidos antes por el gran público que por los investigados. Los magistrados tienen pendiente de admitir o inadmitir a trámite la queja de los acusados del caso de los ‘Comités de Defensa de la República’ (CDR) del procés contra la negativa de los tribunales madrileños a investigar dónde estuvo el coladero de información de la Audiencia Nacional por el que se filtró la información de su caso. Esta deliberación sobre la admisión a trámite de los recursos todavía está pendiente tras más de un año de tramitación. 

El catedrático Manuel Cancio considera un “escándalo permanente” y una “anomalía” el hecho de que en España los sumarios se filtren íntegramente a los medios de comunicación de forma continua. Sostiene que esta situación contrasta con la de países como Alemania, donde la fase de investigación preliminar recae en la Fiscalía y es completamente reservada. 

En España, por el contrario, la existencia de múltiples partes personadas provoca que la información se filtre casi en tiempo real con las consecuencias que ello acarrea por la creación de juicios paralelos y mediáticos, dice este experto. “Eso perturba muchísimo el desarrollo del proceso”, añade Cancio, quien sostiene que las filtraciones se manejan “mediática y políticamente”. Colomer, por su parte, afirma que detrás de estas filtraciones suele haber “razones puramente económicas, para sacar dinero; o políticas, dado que se busca hacer daño”. 

Como propuesta para impedir estas filtraciones y facilitar su persecución, los expertos proponen una medida ya muy habitual en los juzgados: incluir “marcas de agua” de los documentos que dejen rastro sobre quién está moviendo la documentación. “Es una forma interesante de rastrear de dónde sale la información”, dice Arrabal. Esta fue precisamente una de las medidas reclamadas esta semana al juez por la defensa de Zapatero.

La cuestión de las filtraciones tiene implicaciones también en materia de libertad de prensa, dado que publicar documentos filtrados de interés público supone un ejercicio legítimo del derecho a la información. La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que “las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio oral”, si bien el Tribunal Constitucional ha reiterado que eso no significa que no se pueda informar cuando se trata de asuntos de relevancia. 

A este respecto, Cancio se opone a cualquier intento de prohibir o criminalizar a la prensa, dado que esto chocaría frontalmente con la libertad de expresión. A su juicio, el foco debe ponerse en la ética del periodista —que no debería publicar datos íntimos sin relevancia penal— y en los juzgados y partes personadas en el proceso, que tienen que “tomarse en serio” el “deber de reserva” sobre los procedimientos. 

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un nuevo escrito en el juzgado en el que reclama al juez José Luis Calama que saque de la causa el último informe policial aportado al caso, centrado en sus negocios en Bolivia.

Su abogado, Víctor Moreno Catena, argumenta que ese atestado contiene “hechos ajenos a los investigados” y que han sido “analizados como resultado de una investigación prospectiva y no autorizada”. El documento pone la lupa sobre los negocios del expresidente del Gobierno en Latinoamérica y le acusa de cobrar 200.000 euros a cambio de usar su influencia en favor de una empresa en Bolivia. 

En el registro realizado el pasado mayo en su despacho, la Policía se incautó de casi medio centenar de elementos entre agendas en papel, carpetas, pendrives, discos duros… Los agentes también clonaron el teléfono de Gertrudis Alcázar, asistente de Zapatero desde hace más de dos décadas. Ahí estaban alojadas las conversaciones que los investigadores cruzaron con el contenido de las agendas y otra documentación y que sustentan ese informe. 

Esa ingente cantidad de información —incorporada como anexo al citado informe— acabó después, en bruto, en manos de las 15 defensas y las 10 acusaciones populares que están personadas en el procedimiento y terminó llegando a los medios, algo que la defensa del expresidente considera un “atropello” a su intimidad. En consecuencia, reclama al magistrado que adopte medidas para evitar la “difusión indiscriminada” de datos personales del expresidente y de otros investigados. 

En concreto, solicita que se abra una “pieza separada de expurgo” para que la Fiscalía y la defensa revisen el material incautado en los registros policiales y eliminen cualquier dato de carácter estrictamente personal antes de que las demás partes tengan acceso a él, así como que se incorporen marcas de agua a los informes y los anexos documentales que se suben a la plataforma informática para evitar y disuadir las filtraciones. 

Además, la defensa del exdirigente socialista sostiene que no se puede abrir una “causa general” contra él y reclama que la investigación se limite a los hechos acotados en su auto de imputación. Así, reclama al juez que ordene a la Policía que limite su investigación exclusivamente a los hechos que fueron delimitados en el auto de 18 de mayo de 2026 que supuso la imputación de Zapatero, centrado en su supuesta relación con el rescate de la aerolínea Plus Ultra y sus supuestos trabajos de consultoría para Análisis Relevante, la sociedad del empresario que pagó cientos de miles de euros tanto a él como a sus hijas. 

La defensa del expresidente también solicita al juez que prohíba de forma “expresa” a los agentes de la UDEF la utilización de información masivamente obtenida de Zapatero o de terceros para investigar cualquier actividad personal o profesional realizada por él más allá de la delimitada en el citado auto. 

En un segundo escrito, el abogado del exdirigente socialista recurre la decisión del juez de permitir que las acusaciones populares personadas en el procedimiento principal se incorporen a la causa por las joyas incautadas en el despacho. “Respetuosamente entendemos que no se ha ponderado adecuadamente – o no se explicita— la legitimación que puedan tener tales acusaciones populares (asociaciones, partidos políticos y particulares) en la presente pieza, pues los hechos y delitos investigados tienen una naturaleza y alcance radicalmente distinto a los de la pieza principal”, señala.

El expresidente de Bolivia Luis Arce —actualmente en prisión preventiva— ha señalado que no trató con José Luis Rodríguez Zapatero “ningún litigio judicial” de la empresa Grupo Gloria tras el informe de la Policía española que apunta que el exlíder socialista recibió 200.000 euros como “contraprestación económica” del conglomerado para mediar con la administración boliviana por causas judiciales que tenía abiertas en este país.

En un comunicado, Arce, en prisión preventiva desde diciembre por desvío de fondos durante su etapa como ministro de Economía, ha negado además estar involucrado en “ningún tráfico de influencias que haya favorecido” a Sociedad Boliviana de Cementos (SOBOCE), la compañía del Grupo Gloria con sede en Bolivia, ni ninguna “otra empresa privada”.

Asimismo, ha afirmado que su relación con el expresidente español se circunscribe al ámbito institucional y político. Según ha explicado, “las últimas conversaciones” que mantuvo con Zapatero fueron en el marco “de los esfuerzos realizados por miembros del Grupo de Puebla para mediar en la crisis interna” por la que atravesaba el Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025.

Arce ha detallado que en esa reunión con Zapatero en La Paz, en el año 2024, “abordó la coyuntura política boliviana, las posiciones intransigentes” del expresidente Evo Morales, y “el planteamiento de unidad del movimiento popular” que habían propuesto junto a organizaciones sociales y sindicales, “anteponiendo los intereses del pueblo a cualquier interés político personal”. “No se trató ningún litigio judicial de SOBOCE”, ha zanjado Arce, que también ha indicado después que desconoce la agenda que mantuvo Zapatero en Sucre, la capital de Bolivia.

El exmandatario latinoamericano ha respondido de esta manera al informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que se intervinieron decenas de conversaciones entre Zapatero y su secretaria, Gertrudis Alcázar, donde el exdirigente socialista le indicó cuestiones como que “hay que hablar con el presidente de Bolivia”, en ese momento Luis Arce.

En concreto, esa alusión consta en una conversación incorporada en un informe que la UDEF ha remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, y que los investigadores vinculan con un pago de 200.000 euros que el expresidente habría recibido como “contraprestación económica” por intermediar con el Ejecutivo de Bolivia para “beneficiar los intereses” de la empresa peruana Grupo Gloria, que mantenía litigios económicos con el Gobierno boliviano.

El informe precisa que el pago se justificó con “un contrato simulado con una sociedad interpuesta”, llamada Focus Social Research, por la “prestación de servicios de asesoría” e indican que el exlíder socialista realizó gestiones para conseguir una reunión a directivos del Grupo Gloria con autoridades bolivianas.

En febrero de 2025, unos meses después de la visita de Zapatero, el Tribunal Supremo de Bolivia condenó a la cementera a pagar 107 millones de dólares a la empresa rival. Pero tres meses después, otro tribunal dejó sin efecto la orden de pago. En la actualidad, el Tribunal Constitucional está pendiente de confirmar o revocar ese amparo.

La Policía no acusa directamente a Zapatero de haber conseguido que los tribunales de Bolivia dieran la razón a esta empresa de la que cobraba, pero sí superponen ambos hechos de forma cronológica. 

Recuerda que ese conflicto no está zanjado

En este contexto, Arce ha asegurado que el conflicto de la administración boliviana con Grupo Gloria no se generó durante su gobierno, añadiendo que en noviembre de 2023, “Bolivia obtuvo un laudo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) que se declaró sin jurisdicción para conocer la reclamación de USD 269,4 millones, al concluir que SOBOCE era una empresa local boliviana y no un inversionista extranjero a efectos del tratado bilaterial Perú-Bolivia”.

“Este resultado cerró esa vía específica, pero no extinguió la controversia relacionada a la compensación al Grupo Gloria por la expropiación de las acciones de FANCESA”, ha apuntado Arce, que señala que el conflicto subsiste “y debe canalizarse por las vías que en derecho correspondan”.

Asimismo, ha recordado que el ex procurador general del Estado, Ricardo Condori Tola, durante su gobierno “impugnó públicamente” la resolución del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz (TDJ) que concedió la tutela en una acción de amparo constitucional planteada por SOBOCE en 2025.

“Si mi gobierno hubiese tenido algo que ver con esa resolución judicial, como falsamente se está pretendiendo señalar, la Procuraduría que representa los intereses del Estado no habría rechazado ni combatido ese mismo fallo con una posición absolutamente clara”, ha justificado, para después indicar que el caso está actualmente en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) desde julio de 2025, “y aún continúa sin sentencia”. Dicho esto, ha aclarado que “no se ha realizado ningún tipo de liberación de pago a SOBOCE en relación a este caso con FANCESA”.

Los investigadores señalan que Ana María Ospina, directiva del Grupo Gloria, tuvo una participación activa en la suscripción del contrato entre Zapatero y la sociedad supuestamente instrumental. Asimismo, sitúan como intermediaria en el proceso a Carmen Almendras, que fue embajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015. Sobre Almendras, Arce ha aclarado que “fue embajadora durante los gobiernos de Evo Morales”, pero no integró ningún cargo en su etapa al frente de la Presidencia de Bolivia. Según ha relatado, ocupó funciones en la gobernación de Chuquisaca.

“Toda denuncia debe ser investigada bajo estrictos parámetros del derecho internacional y en el marco de lo estipulado por nuestra Constitución política del Estado para evitar arbitrariedades y condenas anticipadas”, ha denunciado Arce, que ha reclamado además “la obligación legal de realizar una investigación imparcial, objetiva y que respete la presunción de inocencia”. “Por lo tanto, exijo que la investigación se lleve adelante bajo estos principios sin sacar conclusiones que más parecen condenas anticipadas con fines políticos”, ha añadido.

Venga, enséñame tus whatsapps. Abre el móvil, ahora, sin aviso previo, y déjame leer tus conversaciones, todas, íntegras, literales, sin aclaraciones ni contexto. Déjame leer lo que hablas con tu pareja, con quien no es tu pareja, con tu hermana hablando de tu pareja, con tu madre hablando de tu hermana, con amigos, con amigos hablando sobre otros amigos, con los compañeros de trabajo hablando de la empresa, las bromas que ríes en el grupo de antiguos colegas del instituto, los chistes incorrectos, el humor negrísimo, los cotilleos y maldades, las pequeñas mentiras sin importancia y las grandes, las confesiones propias y ajenas, y el grupo que tienes contigo mismo y que usas para anotar tus cositas.

¿Hasta dónde me dejarías leer? ¿Qué mensajes querrías dejar fuera, cuáles borrarías ahora mismo si temieses su lectura? ¿Hasta dónde soportarías que los leyera yo, otras personas, los aludidos, cualquiera, todo el mundo, que se publicasen en prensa y reprodujesen en pantallazos en la tele? La respuesta es obvia: ningún mensaje. Cero. No hace falta ser un delincuente, ni un adúltero, ni un mal amigo ni un imbécil chistoso, para encontrar terrorífico que tus WhatsApp puedan ser leídos sin tu consentimiento. El WhatsApp es intimidad absoluta, intimidad profunda. Más íntimo incluso que tus búsquedas en Google o tus preguntas a ChatGPT, que tampoco querrías enseñar.

Si eres un personaje público, la violación de tus conversaciones privadas tiene un plus de exposición mediática y escarnio. Si además estás siendo investigado, su difusión equivale a una confesión de culpabilidad. Y si encima eres el pimpampum elegido por la derecha política, mediática y judicial para hacer daño al gobierno, entonces ya hablamos de linchamiento.

Ya no nos acordamos, pero hace unos meses condenaron al Fiscal General del Estado, y uno de los indicios admitidos en su contra era el borrado de su móvil. Algo debía de esconder, razonaron los inquisidores. Lo que García Ortíz temía, con conocimiento de causa, era que sus conversaciones, todas, terminasen en manos de las acusaciones populares, y de ahí a las portadas de los medios. Tanto si contenían secretos de Estado como si se referían a su vida más privada.

El último violado en su intimidad es el ex presidente Zapatero. Si hubiese borrado sus conversaciones al saberse investigado, hoy lo acusarían de destruir pruebas. Como no lo hizo, los mensajes con su secretaria, todos, también los ajenos a la causa, han acabado en manos del PP, Vox, Hazte Oír, Manos Limpias y así hasta ocho acusaciones “populares”. Ahora ya sabemos para qué se personan algunos como acusación en todas las causas: disfrutan acceso prémium a las actuaciones. Para impedir más filtraciones, el juez ha decidido que en adelante solo tenga acceso una de ellas, la que coordina a todas: el PP. Muy tranquilizador.

Y todavía puede dar gracias Zapatero de que la UDEF no se llevó también su teléfono personal, que si no, hoy estaríamos leyendo su chat con los amigotes del instituto. Me parece terrorífico que normalicemos que las conversaciones privadas de alguien puedan acabar en las portadas. Lo mismo si solo dan juego como cotilleo, que si son utilizadas como pruebas de nuevos delitos distintos a los que motivaron su intervención. Qué miedo y qué vergüenza y qué asco.

El 15 de junio, en 'El caso Plus Ultra y Rodríguez Zapatero: las cosas en su sitio', expliqué detenidamente cómo acabó siendo imputado por el delito de tráfico de influencias en la operación de concesión de un préstamo de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El expresidente no había aparecido en ningún momento en la tramitación del expediente de concesión del préstamo. Tampoco en la investigación del Juzgado número 15 de Madrid al que correspondió la tramitación de la querella de Manos Limpias contra los propietarios de Plus Ultra y varios miembros del Gobierno, que archivó la causa al no encontrar indicio alguno de delito. Tampoco en la advertencia de la justicia francesa y suiza a la justicia española de que, no en la operación de concesión del préstamo, sino en el uso por los propietarios de Plus Ultra del importe de dicho préstamo, se podían haber cometido varios delitos: organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.

Ante la advertencia de las justicias francesa y suiza, el Juzgado 15 se inhibe y envía la causa a la Audiencia Nacional, que acaba siendo atribuida al Juzgado Central de Instrucción número 4, del que es titular el juez José Luis Calama.

Sin una sola mención al expresidente en todo lo investigado hasta el momento, el juez Calama decide, en un auto de 18 de mayo de 2026, imputarlo por el delito de tráfico de influencias, fundamentalmente por su participación en la operación Plus Ultra; es decir, en la concesión del préstamo a la aerolínea con dicho nombre.

José Luis Rodríguez Zapatero no aparece en la documentación de la que hace uso el juez Calama para imputarlo. Aparecen personas que hablan de él, pero no hay ni en video, audio o papel, ninguna presencia directa del expresidente.

A pesar de ello, y a pesar de que toda la información de la que dispone el juez Calama sobre el presidente procede de la extracción telefónica del dispositivo móvil perteneciente a Rodolfo Reyes Rojas, obtenido en 2021 por la Agencia de Estados Unidos Homeland Security Investigations (HMI) y puesto a disposición en 2025 de la Brigada Central de Investigación, de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional, sin intervención judicial en ninguno de los pasos dados en este proceso de “cooperación policial”, el juez Calama considera que dispone de información suficiente para imputar a José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias en la operación de concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra.

José Luís Rodríguez Zapatero no solamente no aparece personalmente en ningún tipo de soporte, sino que, además, lo que se dice de él se obtiene no mediante cooperación judicial, sino mediante cooperación policial sin control judicial de ningún tipo.

La Constitución española no permite de ninguna manera que se pueda proceder a dictar un auto de imputación en estas circunstancias. El auto de 18 de mayo de 2026 es un auto nulo de pleno derecho.

Consciente de que es así, el juez Calama, mediante auto de 17 de junio, intenta blanquear el auto de 18 de mayo, e intenta convertir la cooperación policial del 18 de mayo en “cooperación judicial”: “el dispositivo móvil ha sido puesto a disposición de la jurisdicción española por las autoridades judiciales de los Estados Unidos”, dice en el nuevo auto. Pero no proporciona prueba alguna de que así ha sido. Da la impresión de que el juez Calama ha cometido un error al incluir esta frase en el auto, ya que la alternativa sería que el juez hubiera mentido deliberadamente al incluirla en el mismo.

En todo caso, hasta el momento José Luis Rodríguez Zapatero no ha aparecido directamente en ningún momento de toda la operación Plus Ultra. E indirectamente, sólo en conversaciones de terceros aportadas a la investigación sin control judicial, es decir, con vulneración flagrante de la Constitución.

A pesar de todo ello, el juez Calama ordenó el registro del despacho profesional del expresidente. Se supone que, si la imputación era por tráfico de influencias en la operación de concesión del préstamo a la aerolínea Plus Ultra, la policía judicial estaba habilitada para buscar indicios o pruebas respecto de esa conducta delictiva. No de cualquier conducta potencialmente delictiva del expresidente, sino de la conducta que el juez consideraba delictiva en el auto de imputación, aunque no dispusiera de ningún indicio obtenido sin vulneración de derechos fundamentales que le permitiera fundamentarlo.

Pues bien, los miembros de la policía judicial no encuentran en el registro ningún indicio o prueba del delito de tráfico de influencias. Ni de ningún otro delito. Encuentran unas joyas en una caja fuerte. ¿Qué tienen que ver las joyas en la caja fuerte con el préstamo a la aerolínea Plus Ultra? ¿Desde cuándo es delito tener unas joyas en una caja fuerte?

Es evidente que las joyas no tienen nada que ver con el préstamo y es, también, evidente que tener joyas en una caja fuerte no es en sí un delito. Las cajas fuertes se fabrican y venden para que los compradores de las mismas puedan guardar de manera segura objetos de valor, entre los que las joyas ocupan un lugar destacado.

Del hallazgo de unas joyas en una caja fuerte no se puede deducir que el propietario, incluso el mero poseedor, de las mismas ha cometido un delito. En el Código Civil español y en el de todos los países de nuestra cultura jurídica la posesión se presume de buena fe. De lo contrario, la convivencia sería imposible.

Las joyas en la caja fuerte no son indicio de nada, excepto de que las joyas y la caja fuerte están en una oficina en la que desempeña su actividad profesional José Luis Rodríguez Zapatero. No cabe siquiera sospecha alguna, a menos que se dieran otras circunstancias que pudieran proyectar dicha sospecha: una denuncia de robo de joyas en el entorno en que se ha movido el expresidente o la desaparición de joyas en lugar frecuentado por él o por sus familiares. Porque, insisto, tener joyas sin más en una caja fuerte no permite levantar sospecha de ningún tipo.

Pero, aún dando por supuesto puede generarse algún tipo de sospecha sobre el potencial carácter delictivo en la forma de adquisición de las mismas, la policía judicial podrá solicitar del juez la autorización para adoptar la medida que se considere pertinente para asegurar que las joyas no van a desparecer y nada más. A continuación, el juez podrá decidir si es pertinente o no iniciar una investigación y, si considera que debe iniciarla, tendrá que motivar por qué es así y qué potenciales delitos se pueden haber cometido en su adquisición.

Pero lo que no puede hacer la policía judicial es mezclar churras con merinas e incluir en el atestado de un registro por tráfico de influencias las joyas encontradas en la caja fuerte. Y lo que tampoco puede hacer el juez es dictar, con base en el mero hallazgo de joyas en la caja fuerte, un auto de imputación por contrabando y por delito fiscal.

La orden de registro del despacho profesional del expresidente, si no estuviera viciada porque la información se ha obtenido sin control judicial, no supondría una vulneración del derecho a la intimidad personal y profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, pero la inclusión de las joyas en el atestado policial y los autos de imputación dictados por el juez Calama con base en dicho atestado sí suponen una vulneración de dicho derecho.

El agravante de haberlo dado a conocer urbi et orbi y el de iniciar el interrogatorio a José Luís Rodríguez Zapatero por el delito de tráfico de influencias que figuraba en al auto de imputación del 18 de mayo con una pregunta sobre “las dichosas joyas”, es una prueba inequívoca del desconocimiento de la presunción de inocencia del expresidente, dentro de la cual se incluye la posesión de buena fe reconocida en el Código Civil.

Nadie debía tener conocimiento en este momento de las joyas que estaban en la caja fuerte en la oficina del expresidente. Si la policía judicial y si el juez instructor hubieran cumplido con su obligación y hubieran comprobado si las joyas tenían algo que ver con el delito de tráfico de influencias de la operación Plus Ultra, nadie habría tenido conocimiento de las mismas.

Únicamente el ejercicio desviado de sus competencias por los miembros de la policía judicial y del juez instructor han posibilitado la continuación de la cacería del expresidente del Gobierno. Con proyección incluso en el Pleno del Congreso de los Diputados y la publicación escalonada de la agenda del expresidente.

La defensa de José Luís Rodríguez Zapatero podría plantearse si, además de recurrir los autos del juez, puede adoptar alguna decisión más.

Las últimas revelaciones sobre el caso Zapatero han dado lugar a titulares escandalosos. Resulta que el expresidente se reunía con frecuencia con el actual presidente. No se ha visto nunca nada parecido. Con la cocina adecuada, la máquina de titulares puede ofrecer platos de lo más variados y en general de aspecto sospechoso. Todos apestan a delito. No importa que no tengan una relación directa con los presuntos delitos que se investigan. Forman parte de la guarnición mediática que acompaña a estos casos. El acusado aparece como un personaje siniestro o estúpido. El corolario apropiado, mientras la instrucción sigue su curso, es el de siempre: algo habrá hecho.

El contenido de la agenda personal de José Luis Rodríguez Zapatero fue publicado en la mañana del jueves por múltiples medios gracias a que había aparecido en un informe de la UDEF, incluyendo elementos personales que poco o nada tienen que ver con el proceso judicial. De ahí al sumario y del despacho del juez a las partes personadas, en especial las acusaciones populares. Dirigidas por el Partido Popular, forman parte de ellas Vox y las organizaciones que están siempre en las investigaciones judiciales que afectan al Gobierno. A saber, Manos Limpias, Hazte Oír, Iustitia Europa y Liberum. Son los que quieren meter en prisión a Begoña Gómez y David Sánchez.

Como el juez José Luis Calama no nació ayer ni es la primera vez que ocurren estas cosas en la Audiencia Nacional, debía de saber que algo así podía ocurrir. Su reacción fue similar a la del comisario Renault en la película Casablanca. Acabo de descubrir que se ha filtrado información del caso. No doy crédito. Intolerable y posiblemente ilegal.

Por ello, pidió que un juzgado de Madrid investigara la filtración para identificar “a sus responsables ante su eventual carácter delictivo”. Cree que se han podido producir varios delitos, en especial la “revelación de actuaciones procesales secretas o de informaciones reservadas”.

Hay que preguntarse por qué el magistrado no tomó la medida que habría impedido este tráfico de datos personales y cuestiones de vida privada. Podría haber ordenado a la policía que revisara antes todo ese material para borrar aquellos asuntos sin relación con los delitos investigados. Quizá se trate de una persona de gran bondad natural que no se imagina que grupos ultraderechistas como Manos Limpias y Hazte Oír intenten aprovechar su acceso al sumario para favorecer sus conocidos intereses políticos.

En lo sucesivo y por decisión del juez, el acceso al archivo virtual quedará limitado al Partido Popular, elegido por Calama para dirigir las acusaciones populares, y ya sabemos que el PP no tiene un interés político en este caso. Está ahí por puro sacrificio personal y para echar una mano a la Fiscalía.

Los agentes se hicieron con las agendas de los años 2024 y 2025 en el registro de la oficina de Zapatero el 19 de mayo. Los titulares exprimieron a fondo el contenido. Todo lo que conectara al expresidente con Pedro Sánchez tenía preferencia, como si hubiera alguna duda sobre su relación. “Zapatero se reunió al menos diez veces con Sánchez en 2024 y 2025 para despachar sobre Puigdemont y política exterior”, escribió El Español. En alguna ocasión, quedaban para tomar “un café” en Moncloa. Un hecho de gran impacto noticioso.

En El Confidencial emplearon la típica confusión entre correlación y causalidad: “La UDEF certifica que Zapatero se reunía con Sánchez y sus ministros mientras facturaba millones por su influencia”. Es una forma de colocar en la misma frase a Sánchez y al dinero conseguido por Zapatero de forma supuestamente ilegal. El artículo sugiere –sin más pruebas que la celebración de esos contactos frecuentes– que utilizaba esa influencia para favorecer a sus negocios. La elección del lenguaje es poco inocente. Habla de “los tentáculos del dirigente socialista”. Un pulpo del tráfico de influencias, se podría decir.

El Mundo las llama “las agendas hiperactivas” de Zapatero. El valor de contar con expresidentes y ex primeros ministros puede estar exagerado, pero son muy requeridos por políticos y empresas, no necesariamente para cometer delitos.

Zapatero ha sido el consejero más directo de Sánchez fuera del Gobierno desde antes de las elecciones de 2023. Tuvo un papel protagonista en la campaña electoral que el presidente valoró mucho. A diferencia de la vieja guardia socialista y a pesar de haber apoyado a Susana Díaz en las primarias, Zapatero mostró después su apoyo público a Sánchez. Para los votantes, era una forma de conectar al actual PSOE con sus años en el Gobierno y sus medidas más populares. Para el expresidente, una forma de hacerse perdonar el fracaso final de su segundo mandato por la crisis económica.

Entre el material filtrado, hay varios ejemplos de cuestiones de vida privada de utilidad inexistente para la investigación, pero suficiente para un titular de OK Diario (el baremo no es muy alto en este caso). Por ejemplo, que iba a la peluquería cada cuatro semanas, entre otras cosas para perfilar las cejas, que cenó un día con el presentador televisivo Javier Ruiz y su pareja Sarah Santaolalla o mensajes sobre la gestión de una entrevista con el medio prosocialista El Plural. Es posible que hasta el PP piense que ninguna de esas tres cosas es delito.

Esta filtración continúa la tendencia habitual en muchas instrucciones. Ser imputado en una causa de gran interés periodístico suspende el derecho a la intimidad y libre imagen de los acusados. La policía se hará con el contenido de su teléfono móvil y luego parte de esa información acabará publicada en los medios por muy irrelevante que sea. Algunos jueces no se inmutarán. Otros, como ahora Calama, pedirán que se investigue sabiendo que nadie reconocerá la autoría ni habrá pruebas para acusar a nadie.

Cada vez está más claro que borrar de forma periódica el contenido del móvil es la opción más recomendable en las profesiones del ámbito de la política. La alternativa es fiarse de un juez y acabar con tus cuestiones personales aireadas en todos los titulares y ofrecidas de forma que parezcas sospechoso.

Los mensajes del teléfono móvil de Rodolfo Reyes, accionista mayoritario de Plus Ultra, durante la tramitación a finales de 2020 del rescate de la compañía por el Gobierno de Pedro Sánchez muestran cómo los directivos de la firma hablaron de buscar apoyos políticos de todo signo, también del PP, para conseguir el préstamo de 53 millones de euros aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama investiga si lo lograron con Zapatero.

Esos mensajes fueron incautados por la Policía de Estados Unidos muchos años antes. Reyes intentó entrar en ese país por el aeropuerto de Miami el 9 de mayo de 2021. Pero los agentes de aduanas le bloquearon el paso, le retuvieron el móvil para copiar todo el contenido que almacenaba, y le deportaron en un vuelo a Panamá. EEUU envió los datos del teléfono de Reyes a la policía española (UDEF) el 18 de marzo de 2026, con casi cinco años de retraso. Esa información está en el origen de la causa penal abierta en la Audiencia Nacional contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por un supuesto tráfico de influencias para el rescate de Plus Ultra.

Junto a uno de los mensajes de Reyes, donde le contaba a un socio de Plus Ultra que “el pana Zapatero” estaba “detrás” de una reunión que los directivos de la compañía mantuvieron con dirigentes del Ministerio de Transportes el 20 de julio de 2020, hay otros mensajes del mes de octubre de ese año, en plena tramitación de la ayuda, en la que el presidente de la compañía y el accionista mayoritario elucubran sobre la posibilidad de hablar con el exdirigente del PP Jaime García Legaz —quien fuera secretario de Estado Comercio con el Gobierno de Rajoy— porque supuestamente conoce a personal de la SEPI y puede ayudar en la consecución del préstamo.

Fuentes del entorno de García Legaz niegan que el exdirigente 'popular' conociera a las personas que hablan en ese chat sobre él. Y dicen más, “jamás” habló con Rodolfo Reyes o con Julio Martínez Sola, y jamás nadie le contactó para ese tipo de asunto. Explican que, seguramente, la posibilidad de hablar con él sería descartada después de que alguien les explicara que no conocía a nadie de la SEPI desde 2018.

En los más de 2.000 mensajes que la policía ha examinado no hay una prueba concluyente de que Zapatero mediara para conseguir el rescate de Plus Ultra o que consiguiera avances durante la tramitación de la solicitud. Los mensajes y el expediente Plus Ultra que se tramitó en la SEPI dan cuenta de las peticiones de aclaración a los directivos de esta empresa antes de aprobar la ayuda, o de los comentarios de Reyes sobre dirigentes del PP que podrían colaborar para conseguir el préstamo cuando estaban en plena negociación con la SEPI.

La historia del rescate de Plus Ultra a través de los mensajes que se intercambiaron durante aquellos meses Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, y Rodolfo Reyes, accionista mayoritario, tiene los siguientes hitos:

Pandemia. Las dificultades de una compañía pequeña

Cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decidió poner al país en pausa y confinó a los ciudadanos en sus casas (decreto del estado de alarma del 14 de marzo de 2020), la compañía Plus Ultra sufrió las consecuencias de una inactividad obligada. El accionista mayoritario, Rodolfo Reyes, escribió en abril de 2020 al presidente de Plus Ultra con un pronóstico esperanzador: “Zapatero, el coletas, Sánchez, Ábalos, nuevos amiguetes”.

La compañía buscaba en aquellas fechas una liquidez que nadie les ofrecía e intentaba llegar a los directivos del Banco Santander a través del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que intermedió para que recibieran a los directivos de Plus Ultra. El 26 de mayo de 2020, Plus Ultra parece descartar cualquier posibilidad de encontrar la liquidez que necesitan a través del Banco Santander.

En su declaración ante el juez, el expresidente aseguró que simplemente fue una gestión para que les “atendieran” y que lo hacía con otras empresas con problemas.

Ayudas europeas para España: “A ver si Sánchez es también héroe para nosotros”

El accionista mayoritario de Plus Ultra celebraba el 21 de julio de 2020 que el presidente Pedro Sánchez hubiera conseguido fondos europeos multimillonarios para combatir la crisis creada por el coronavirus.

Esa misma tarde, Martínez Sola recibe una llamada del Ministerio de Transportes citándoles a una reunión “en el hotel NH Madrid Suecia junto al Congreso”. El secretario de Estado, Pedro Saura, y su jefe de gabinete, les informan sobre la línea de ayudas para empresas estratégicas afectadas por la emergencia sanitaria.

“Somos un ejemplo de libro para la ayuda (...) El pana Zapatero detrás”

Otro accionista de Plus Ultra, Raif el Arigie, le cuenta un día después a Rodolfo Reyes el resultado de la cita con altos cargos del Ministerio de Transportes: “Acabamos de terminar la reunión con Pedro Saura y su jefe de gabinete. Reunión agradable, distendida. Lógicamente se notaba que nos han recibido por 'altas recomendaciones'. Para ir al grano y no extendernos, somos un ejemplo de libro (palabras textuales) para las ayudas de los 10.000 millones de la SEPI, ya que eramos solventes en 2019. Antes del próximo martes saldrá publicado en el BOE las condiciones para solicitar las ayudas. De momento solo ha salido una parte (prensa de ayer y hoy). Transportes no decide las ayudas que se pueden acoger a las ayuda, la SEPI creará un consejo económico para valorar y decidir las solicitudes. El papel del ministerio será, únicamente, 'hablar' bien de la compañía, que en este caso lo tenemos asegurado”.

En ese mensaje ya hay una explicación de los directivos de Plus Ultra de como será el mecanismo de las ayudas. El Ministerio de Transportes no decide, ni siquiera propone. Es la SEPI, a través de un consejo de nueva creación, quién decidirá si aprueban los préstamos.

Plus Ultra presenta su solicitud el 2 de septiembre de 2020. Sus directivos comentan semanas después que “se está presionando lo máximo posible” y se preguntan si sería aconsejable que alguien llamara a Zapatero. El 22 de septiembre, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, le cuenta a Reyes que se va a reunir con su “tocayo”, Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero. “Le estoy haciendo el tercer grado. Lo que quiero es que hable con la SEPI, él o Zapatero y que saquen aunque sea de palabra que nos conceden la ayuda con un 100% de seguridad. Con esa respuesta, que busquen un banco para el crédito puente”. Y Reyes contesta: “Necesitamos ese empujón”.

La SEPI, según los mensajes, no se comprometió de palabra ni por escrito a conceder la ayuda con el 100% de seguridad.

De hecho, entre el 19 de octubre y el 9 de diciembre, la SEPI reclama a Plus Ultra numerosa información, documentación y explicación sobre ciertas cuestiones. El presidente de Plus Ultra así se lo cuenta a Reyes: “Ahora a las 12.30 tenemos reunión con SEPI. Acabamos de recibir ahora el primer mail de SEPI con aclaraciones”.

“Me dicen que García Legaz tiene control de mucha gente en la SEPI. Es PP”

Rodolfo Reyes pregunta el 30 de octubre de 2020 a Julio Martínez Sola, por un dirigente del PP que les puede ayudar.

El intercambio de mensajes no acredita que se hicieran gestiones con el dirigente del PP.

“Tema SEPI. Febrero si todo va bien”

Los directivos de Plus Ultra siguen negociando con la SEPI el préstamo a finales de noviembre, aunque ya vaticinan, según el intercambio de mensajes, que “si todo va bien”, la ayuda se aprobará en febrero. El Consejo de Ministros la aprueba finalmente el 9 de marzo de 2021.

Las gestiones del amigo de Zapatero para permisos de vuelo... en Venezuela

Mientras tanto, las comunicaciones entre Reyes y Martínez Sola siguen siendo intensas durante estos meses, pero mayoritariamente versan sobre permisos de vuelo entre Caracas y Madrid, para lo que en muchos casos hablan del “tocayo”, Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero, al que tienen contratado a razón de 5.000 euros al mes para que les intente resolver problemas en Venezuela.

“Zapatero aquí manda”, dicen los directivos de Plus Ultra en uno de sus mensajes sobre Venezuela. “La mano del tocayo parece larga”, llega a escribir Martínez Sola en relación con un permiso de vuelo que negaban las autoridades venezolanas y que parece resuelto. Reyes le contesta: “Power”.

En otro momento, 23 de enero de 2021, Julio Martínez informa a Reyes: “El tocayo come con Delcy a las 12.00. Que esté atento al móvil por si le llaman…”. “Me acaba de llamar el tocayo. Las seis rotaciones aprobadas…”.

Y el 29 de enero presumen de las ayudas del expresidente. “Mañana Zapatero interviene directamente. Va a intentar que nos den los permisos sin que intervenga la embajada de España”. Rodolfo Reyes: “Excelente”.

Aunque por los mensajes posteriores, parece que Zapatero no ha conseguido los permisos.

Febrero de 2021. “Camilo estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”

El 6 de febrero de 2021, Rodolfo Reyes informa al presidente de Plus Ultra de que “Camilo estuvo hoy con ZP”: “Le dijo que todo va viento en popa”. Camilo Ibrahim Missa fue el primer accionista mayoritario de Plus Ultra. Todavía faltaban dos semanas para que llegaran los informes de asesores externos y de departamentos ministeriales en los que se basó la decisión de la SEPI para proponer el rescate.

“González Pons nos pide disculpas y retira los tuits [contra el rescate]”

El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó la ayuda a favor de Plus Ultra. El supuesto origen venezolano de la compañía desencadenó múltiples informaciones denunciando este rescate supuestamente ilegal. El PP anunció iniciativas en el parlamento europeo y en el Congreso para denunciar la supuesta ilegalidad de este rescate. Los directivos de Plus Ultra, según los mensajes localizados en el móvil de Reyes, se movilizaron para neutralizar las críticas del PP.

El 11 de marzo, Julio Martínez Sola informa a Reyes: “Muy buenas noticias. Esteban González Pons. Me/nos pide disculpas. Le han engañado. Retira los tuits y retira la pregunta a la eurocámara”.

Pero en las semanas siguientes, el PP no cejó en su empeño de denunciar la ilegalidad del rescate y de hacer preguntas sobre el mismo en el Congreso de los Diputados.

La defensa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado ante la Audiencia Nacional un incidente de nulidad al entender que se ha vulnerado su derecho al juez predeterminado por la ley y a la defensa. Añade que se ha incorporado al procedimiento prueba ilícitamente analizada -por los 'wasaps' de un abogado investigado, y por tanto se ha vulnerado el derecho a la intimidad, a la protección de datos y al secreto de las comunicaciones.

“Se solicita la declaración de nulidad general de las actuaciones”, indica el letrado Víctor Moreno Catena, que marca como nulas específicamente una veintena de resoluciones entre las que está la que permitía las entradas y registros de diciembre de 2025, el auto de inhibición del Juzgado de Instrucción de Madrid número 15 en favor de la Audiencia Nacional, la resolución que acordaba el registro de su oficina de la calle Ferraz o el auto que daba pie a la creación de una pieza separada para investigar al expresidente por los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública por el hallazgo de joyas valoradas preliminalmente en 1,3 millones de euros.

Para sostener la nulidad, la defensa recuerda que “la gestación” de las diligencias que dieron pie a esta causa “ha sido enormemente compleja, con la apertura, el cierre y reapertura de actuaciones judiciales”. Se remonta a 2021, cuando se abre una causa para investigar el rescate público de Plus Ultra, y recuerda que esa vía acabó en sobreseimiento en enero de 2023. Tras esto, salta a la auxilio judicial solicitado por Suiza y Francia a la Audiencia Nacional de 2024 que culminó con registros el 24 de octubre de ese año.

En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia el 21 de octubre de 2024 que fue inadmitida. Esto, recuerda, provocó que el fiscal jefe de Anticorrupción acordara abrir diligencias de investigación con la finalidad de examinar el material intervenido (entre ellos, conversaciones de WhatsApp) en los registros ordenados por las autoridades competentes de Francia. Y previamente a esa decisión, la fiscal del caso interesó copia del volcado de ese material incautado, algo que la Audiencia Nacional acordó. Para la defensa, “la Fiscalía asumió competencias de investigación que estaban ya reservadas al juez instructor, que es también juez de garantías”.

“No son admisibles las investigaciones paralelas, ni el solapamiento de quienes intervienen en la persecución penal, ni las actuaciones que vayan en contra de asumir sin reservas el papel y la autoridad del juez de instrucción como director único de la investigación penal”, añade.

Con todo, el trabajo realizado por la Fiscalía se presentó una nueva denuncia, esta vez ante el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo que había archivado la causa del rescate de Plus Ultra, al entender que se trataba de hechos “presuntamente conexos”. Y el juzgado decidió abrir una pieza separada secreta a pesar, dice la defensa, de que “los hechos denunciados eran enteramente ajenos y distintos a lo que se venía investigando desde 2021”. “Tampoco, a pesar de abrir una pieza separada de la principal, se produce la reapertura del procedimiento archivado, lo que da idea de que se ha presentado una conexidad en realidad inexistente”. El asunto derivó en las entradas y registros de diciembre de 2025. Julio Martínez Martínez -amigo de Zapataro- y dos altos directivos de Plus Ultra fueron detenidos.

El letrado explica que, a la vez que el juzgado abría esa pieza separada, la Fiscalía proseguía con una investigación independiente y paralela sobre los mismo hechos, y analizaba el material incautado gracias al auxilio a Francia y Suiza. El 23 de febrero de 2026 el juzgado madrileño se inhibía y el 3 de marzo la Audiencia Nacional decía que aceptaba quedarse con la causa. El juez José Luis Calama entraba en juego.

Tras este repaso al histórico de las investigaciones, el letrado argumenta las nulidad solicitada. Y primero se fija en la vulneración del de derecho de Zapatero al juez predeterminado por la ley. Entiende que no solo la Audiencia Nacional no es competente sino que tampoco el juzgado de Madrid lo era, y pone el foco en que se abrió una pieza separada sin reabrir la causa principal -el rescate de Plus Ultra-.

“No se trata, en definitiva, de que se desgaje una parte de la instrucción que está llevando el Juzgado de Instrucción nº 15 para investigar nuevos hechos conexos que se hayan descubierto: lo que ha asumido el Juzgado de Instrucción nº 15 es, simplemente, la competencia para conocer de una denuncia nueva por hechos distintos a los ya instruidos”, lamenta. Para la defensa, la denuncia de Fiscalía debió llevarse a reparto “y no teledirigirse” al juzgado de Plus Ultra. Tampoco comprende “el viaje” posterior del procedimiento hasta acabar en manos de Calama. Y tacha el auto de inhibición de “parco” y carente de motivación.

Además, la defensa explica que el análisis de las conversaciones obtenidas del 'wasap' del abogado Miguel Palomero se realizaron sin autorización judicial, y que fueron incorporadas a informes policiales. “Nos encontramos con una injerencia no autorizada, cuanto menos, en el derecho al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de los datos personales de Palomero, que derivaría del manejo por la policía y el fiscal, desde la misma génesis del proceso, de una prueba ilícita, que debe ser excluida”, añade.

El juez José Luis Calama, que investiga el caso Plus Ultra y a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, ha anunciado que tomará medidas tras las filtraciones de las agendas y conversaciones privadas del expresidente del Gobierno, aportadas a la causa por la UDEF en su último informe. El magistrado ha deducido testimonio para que un juzgado de Madrid “investigue las filtraciones e identifique a sus responsables” al destacar “la gravedad de los hechos”. Otra medida es formar una pieza de “información sensible” para aportar las grabaciones de los interrogatorios, de manera que solo la Fiscalía y el juez tengan acceso a ellas.

Las agendas de Zapatero relativas a 2024 y 2025, así como los mensajes que intercambió con su secretaria Gertrudis Alcázar, fueron incautadas por esta unidad policial durante los registros en la sede central del PSOE de la calle Ferraz hace unas semanas y aportadas al procedimiento en los últimos días. Un informe de la UDEF que acusa al expresidente de cobrar 200.000 euros a cambio de ejercer su influencia política en Bolivia a favor de una empresa peruana y que bebía de varias fuentes: las agendas y los mensajes. Unas agendas y unos mensajes que fueron aportados íntegramente al procedimiento en forma de anexos, sin retirar aquellas cosas no relacionadas con la investigación, y puestos así a disposición de las partes desde el juzgado de Calama.

El entorno de Zapatero ya denunció ayer la filtración de estas agendas y estos mensajes que van mucho más allá de la investigación y reflejan, por ejemplo, sus citas con políticos y empresarios del más alto nivel, así como conversaciones con su secretaria sobre asuntos personales y profesionales. Desde el terreno de la política, el Gobierno y varios de sus socios han calificado de “gravísimo y escandaloso” que estas agendas y chats privados hayan llegado a los medios de comunicación sin que el juez o la UDEF hayan realizado un expurgo previo del material no relacionado con el caso.

El juez Calama, que puso esta documentación a disposición de las partes, ha anunciado este jueves que solicitará a los juzgados de Madrid que investiguen estas filtraciones e identifiquen a los responsables “dada la gravedad de los hechos”. A nivel interno, también abrirá una pieza separada de “información sensible” para almacenar las grabaciones de las declaraciones de testigos y acusados, a las que solo podrá acceder él mismo y la Fiscalía.

Las partes, que tienen derecho a consultar el contenido de estas declaraciones, tendrán la transcripción de su contenido y podrán ir presencialmente a consultar fragmentos si lo necesitan. Y la media docena de acusaciones populares personadas en el caso ya no podrán acceder a la plataforma digital donde se almacena esta información. Solo podrá hacerlo el PP, que ostenta la dirección de todas esta acusaciones. “Se han producido filtraciones constantes e inmediatas a medios de comunicación, alcanzando su máxima expresión en el día de ayer”, lamenta el juez.