Empiezan a gotear los detalles de la investigación policial que mantiene en vilo a la izquierda, al Gobierno, a los medios. Del sumario que nos debe aclarar si las sospechas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la UDEF, sobre Zapatero están bien fundamentadas. Hasta ahora hemos leído frases demoledoras, como que Zapatero era el “vértice” de una organización criminal para el tráfico de influencias. Que se escondía detrás de un empresario amigo, Julio Martínez, para hacer negocios entre Venezuela y España. Que pudo liderar una red de empresas en el extranjero para canalizar el dinero.

Pero para llegar a esas conclusiones, en el material que conocemos hasta ahora no solo hay indicios sino conjeturas, no solo hay unión de línea de puntos sino saltos en el vacío. Repasamos todos esos elementos con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar.    

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Fue la palabra de moda en Internet durante unas semanas, quizá un mes, y luego la New York Magazine le dedicó su portada: «tiene los ojos de su madre… ¡y su agente!». Como explicaba el reportaje, durante unas semanas, parecía que todo el mundo era el hijo de alguien: artistas indies de Brooklyn cuyos padres tienen un artículo dedicado a ellos en Wikipedia, cantantes que son hijos de directores de cine, artistas que son hijos de cantantes, cantantes que son hijos de cantantes. «Un bebé es un montón de alegría; un nepobaby es la prueba física de que la meritocracia es mentira». Todo el mundo es hijo de alguien, pero no de alguien; ser hijo de famoso ayuda mucho, desde luego, a la hora de convertirse en famoso, tener acceso a contactos, una agenda, capacidad de influencia. Donde más se ha visto es en el mundo de las artes, el entretenimiento, el espectáculo. Pero no solo.

Los hijos de Aznar y Ana Botella no serán exactamente nepobebés, ¿pero quién va a negar que les habría sido mucho más difícil montar sus negocios, sus empresas de restauración, navegar entre la jet set madrileña, poder acceder a la gente adecuada, si no fueran precisamente los hijos de sus padres? Hunter Biden, hijo de Joe Biden, llegó a los 25 años a un alto puesto ejecutivo en un banco de Delaware… que financiaba parte de las campañas electorales de su padre. El yerno de Trump, Jared Kushner, aparte de ser hijo de un multimillonario, es directamente “enviado especial para la paz” en el Gobierno de su suegro. Como ha contado este mismo periódico, Felipe González fue socio de Oyauri Investment con su propio hijo, empresa posteriormente adquirida por Indra cuando Indra era presidida por un hombre… nombrado por el propio Gobierno de Felipe González en 1993.

Imagino que, para unos padres, desear el mejor futuro posible para sus hijos es un sentimiento casi universal. Ante la adversidad se está, pues, dispuesto a ayudar, disponer, allanar el camino, recoger y apoyar cuando los niños tropiezan y se caen. Sería difícil obviar que la cultura española, empresarial y, básicamente, la cultura en general, se rige por contactos: quién conoce a quién, y de qué, y a qué colegios iba, y dónde estudió y qué amigos hizo. Nadie se habría escandalizado si la ayuda de Zapatero a sus hijas hubiese consistido simplemente en hacer algunas llamadas y tirar de un par de contactos para asegurarles las mejores prácticas o un pequeño puesto trampolín desde el que comenzar sus carreras. Hay ciertas dosis de nepotismo que no escandalizan, aunque sean igual de sintomáticas de la desigualdad que todas las demás. Hay nepotismos que toleramos, porque culturalmente nos parecen nuestros, casi sanos, no tachables; hay otros, claro, que no.

Será la justicia la que aclare la realidad de la imputación de Zapatero y todo aquello de lo que se le acusa. Entiendo perfectamente el ánimo de consternación e incredulidad que ha reinado esta pasada semana. De lo más extraño me han parecido, de todas las informaciones, las que trataban específicamente la facturación de Whathefav, acusada de ser canalizadora financiera, de mover más de un millón de euros recibidos de empresas como Análisis Relevante o Inteligencia Prospectiva sin que ese millón hallara justificación laboral alguna más allá de “la maquetación de un informe”. Por bien que se maquete, me cuesta creer que alguien pague 40.000 euros al año por abrir el InDesign o, en el peor de los casos, el Canva; me cuesta menos creer que alguien pague 40.000 euros al año a la empresa de las hijas del expresidente por ser ellas las hijas del expresidente, pero me perturban las conclusiones a las que eso lleva, los deslices éticos, la torpeza que trasluce.

No deja de tener su parte injusta el foco sobre él de estos días y la permisividad con los otros. Hasta que se demuestre lo contrario, no creo necesariamente que Zapatero haya hecho cosas peores que otros expresidentes; el problema está en que no creo que las acciones de los demás estén tampoco justificadas, ni que podamos zanjar este tema con un “¡es lo que los expresidentes hacen!”. Resulta enormemente incómodo para cualquier persona de izquierdas tener una sombra de duda sobre la presencia de nepobebés en La Moncloa. Resulta un agravio inmenso a cualquier aspiración de justicia social que, mientras la juventud vive sin perspectivas de futuro, sin trabajo decente y sin casa, las hijas de Zapatero, que ya contaban con un negocio aparentemente viable antes de facturar a las empresas relacionadas con su padre, “embolsen” gracias a su padre ese millón adicional. Y, sobre todo, abre la pregunta, la que más desánimo y consternación generará, si lo que escuchamos —y a lo que ya dan credibilidad medios de todo signo, no sólo “la derecha”— acaba revelándose como cierto, en mayor o menor porcentaje: ¿qué necesidad había de todo esto?

Si hace solo una semana te hubieran preguntado si ponías la mano en el fuego por Zapatero, habrías ofrecido las dos manos, brazos incluidos. Aunque ya había información circulando (que negábamos por proceder siempre de medios y partidos de derecha), y algunas sombras en sus entrevistas y comparecencias, hace una semana la mayoría de votantes progresistas, no solo del PSOE, habríamos dicho que sí, que por supuesto, las dos manos por Zapatero. Ahora te miras la enésima quemadura en la confianza, y te repites que no, que no vuelves a poner la mano en el fuego por nadie.

Cada vez que nos decepciona alguien en quien confiábamos tanto, recalculamos nuestro crédito hacia los demás. Tras caer Zapatero, nos parece que cualquiera puede ser el siguiente, incluso los más insospechados. Incluso hacemos porras sobre quién será el próximo imputado inesperado.

Para fijar el nuevo listón, podemos recalcular por arriba o por abajo. Por arriba: empezando por el rey, vamos descendiendo en la pirámide. ¿Pondrías la mano en el fuego por el actual rey, tras lo sucedido con el anterior rey? ¿Por Pedro Sánchez? ¿Por todos sus ministros? Y podemos seguir descendiendo, que cada cual deje el listón donde quiera. También cabe ir al revés, desde abajo, desde tus más cercanos y confiables. ¿Pondrías la mano en el fuego por tu pareja, por tus padres, tus hermanos? ¿Por tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus conocidos? Y sigues: tu jefe, tus deportistas y artistas admirados, tu alcalde, tu presidente autonómico… En algún momento habrás dicho “stop”, a partir de ahí ya no me fío de nadie.

La grieta en la confianza es uno de los mayores destrozos que deja cada personaje público que nos decepciona como estos días nos está decepcionando Zapatero, a medida que sabemos más de su comportamiento. De pronto no podemos fiarnos de nadie, cualquiera puede ser un corrupto, una máscara ejemplar que oculta una sonrisa podrida. Todos son iguales, el poder corrompe sin excepción, está en la naturaleza humana, y con mensajes así se extienden por igual la misantropía y la antipolítica, donde hacen caja la ultraderecha que se dice antisistema.

Precisamente en momentos así hay que recordar que no, que no todos son iguales, ni el poder corrompe a todos, ni va en la naturaleza humana trincar. Hay que restituir la inocencia perdida, y recordar que la mayoría, la inmensa mayoría de políticos, cargos públicos, funcionarios y ciudadanos en general no nos corrompemos, no nos aprovechamos de las oportunidades en beneficio propio, somos honrados. En momentos así es cuando más hay que poner la mano en el fuego, a riesgo de volver a quemártela. Yo la seguiré poniendo, también por ti.

En esas se encuentra media España hoy. Aguardando por la versión, los papeles y las razones del presidente Zapatero. La otra media ni las espera, ni le importan, porque ya tiene lo que quería, llevaba tiempo buscando y casi había desesperado en encontrar. Había tantas ganas de entrullar a Zapatero que con cuarto y mitad del auto de imputación del juez José Luis Calama habría bastado para condenarlo de por vida.

Lo peor del auto no es la validez de los indicios, donde siempre son terceros quienes hablan o dejan de hablar de lo que Zapatero hace o deja de hacer. Tampoco el retorcido sumatorio de cifras, mediante un despliegue gráfico de diagramas de flujo que parece maquetado por Whathefav, que estira la sombra de la sospecha sobre la comisión de medio millón de euros por el rescate de Plus Ultra hasta abarcar dos millones de euros, sin que se aporten más indicios que los que afectan a la famosa comisión y dejando en el aire la incertidumbre respecto a qué se investiga exactamente o qué cantidades están bajo sospecha y cuáles no o por qué. 

Tampoco parece lo más dañino la evidencia de que, en el auto, los únicos funcionarios públicos que aparecen como posibles sujetos de la influencia figuren para confirmar que no se consiguió el efecto deseado; como en el caso del secretario de Transportes, Pedro Saura, 

Tampoco va a matarle el evidente sesgo de confirmación que atraviesa todo el informe de la UDEF, que les lleva a destacar todo lo que sostiene la acusación y degradar o incluso excluir aquello que cuestiona la tesis de la banda criminal liderada por un cerebro delincuente, capaz de generar una trama en cuatro niveles para cobrar una comisión en el extranjero e ingresarla luego multiplicada por cuatro como autónomo o a través de la empresa de sus hijas. De toda la vida se hacen sociedades offshore para tener el dinero fuera del radar, no para declararlo en una casilla del IRPF.

Lo peor del auto y del sumario es la apariencia. Lo peor reside en que Zapatero nos había asegurado que él no hacía esas cosas y media España le creyó y la otra media se había conformado con sospechas. Es esa confianza tocada, pero aún viva y a la espera de esas explicaciones, la que aún mantiene vivos al gobierno y a la legislatura; aunque en La Moncloa no parecen haberse percatado aún. 

El silencio del imputado Zapatero tiene toda la lógica jurídico penal del mundo, pero políticamente está siendo una carnicería. Haber hablado sin conocer el sumario habría sido imprudente. Pero callar hasta la comparecencia del día 2 de junio deja todo el espacio político y mediático a la acusación. Si los medios sólo tienen el sumario es lo que van a publicar despiezándolo hasta el detalle. 

Así se convierte en dato de relevancia penal que la secretaria de Zapatero, Gertudis Alcázar, hiciera su trabajo, es decir, llevase la agenda, transmitiese mensajes y cerrase citas; que un esposo y padre figure como autorizado en la cuenta de su mujer o de sus hijas; o que se cancele una hipoteca después de haber vendido otra propiedad previamente, como ha hecho también media España toda la vida.

La izquierda no espera un milagro. Pero sí confía en no haberse equivocado tanto con ZP. Que en esas explicaciones pendientes haya la suficiente verdad para poder seguir defendiendo su inocencia en lo verdaderamente sustancial: que no es el líder invisible de una banda criminal, que no estamos antes esa mastermind del delito que describe la UDEF. Ante tantas ganas de matar a Bambi la izquierda a la cual prometió una noche que no le fallaría espera que resurja aquel Bambi de acero que superó dos veces los once millones de votos para ganar las elecciones. 

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado. A partir de ahí, aunque ha encontrado algunos comentarios de apoyo, casi todas las reflexiones han sido prudentes, matizadas, y no incondicionales respaldándole. Siempre se habla de la crisis de credibilidad de la justicia, pero hay que aceptar que todavía conserva un no desdeñable prestigio en la sociedad porque, de lo contrario, cuando alguien es investigado por los tribunales, surgirían más voces recelando de sus actuaciones. Sin embargo, no es así, ni siquiera en casos en que desde el principio es evidente que no hay absolutamente nada contra esa persona, como, por cierto, les ha pasado a algunos humoristas, sin ir más lejos. O hasta a dos titiriteros, que acabaron en prisión provisional por representar un guiñol en el que una de las marionetas, con intención incuestionablemente satírica, exhibía el cartel “Gora Alka-ETA”. O a la pobre Dolores Vázquez, cuando lo único que objetivamente la involucraba con los hechos era un tremendo prejuicio ciudadano contra la homosexualidad, completado con amarillismo periodístico y una mala praxis policial.

Pero es indiferente. La memoria de los errores colectivos es muy corta. La realidad es que nadie cree a un reo. Este es un drama que ha sufrido cualquiera que ha estado involucrado en un proceso penal. Por mucho que tus amigos o tu propia familia te conozcan muy bien y sepan que serías incapaz de hacer según qué, cuando se produce una imputación, por disparatada que sea, se activa en la cabeza de cualquier persona el siguiente pensamiento: ¿Será verdad?

Científicamente no se ha estudiado mucho esa reacción instintiva, aunque existen claras razones psicológicas y sociológicas que la explican. En primer lugar, todo ser vivo tiene instinto de supervivencia, lo que biológicamente le lleva a alejarse inmediatamente de los peligros. Obviamente, el autor de un delito puede serlo, pero para identificarlo como peligro, antes hay que creer la imputación que existe sobre él. Y en eso cae todo el mundo. Además, existe una tendencia en el ser humano a interesarse mucho en informaciones desconocidas y alarmantes. Esa tendencia se explica también por ese instinto de supervivencia, aunque también por algo que ha hecho crecer muchísimo a nuestra especie: el hecho de poder compartir información a través del lenguaje. Por ello el periodismo se especializa especialmente en ese tipo de datos, porque son los que tienen más éxito de audiencia. Y es justamente esto, la difusión en la sociedad, lo único que necesita un rumor para consolidarse como información falsariamente verdadera en la sociedad. Lo tiene muy bien estudiado la Psicología social en interesantes análisis muy reveladores.

Todo ello genera lo que llamo desde hace años “prejuicio social de culpabilidad”. Es sistemático en cualquier cultura del mundo, y precisamente para combatirlo y dejarle al reo alguna oportunidad de defensa, existe desde hace casi 3.800 años la presunción de inocencia, a la que ya se refería indirectamente el Código de Hammurabi nada menos que en su Ley 1. Tan importante era ya entonces el problema que incluso podemos encontrar, siglos después, una referencia ya directa a la presunción de inocencia en el Shujing chino, que data nada menos del siglo IV a.C. Pero la afirmación que ha influido a nuestra cultura la debemos al Derecho romano, concretamente a Ulpiano (siglos II-III d.C.), de donde surge la muy difundida frase de que es mejor absolver a un culpable que condenar a un inocente.

No sólo existe la presunción de inocencia para permitir la defensa de un reo, sino que su cometido principal es garantizar la imparcialidad judicial. Al fin y al cabo, un juez es también un ser humano que pertenece a la sociedad y, por supuesto, también puede ser víctima del prejuicio social de culpabilidad. Aunque conoce, sin duda, lo que es la presunción de inocencia, y eso es una ventaja, el inconveniente es que un juez no recibe ninguna formación específica —particularmente psicológica— para conseguir esa neutralidad, por lo que sólo queda confiar en su presencia de ánimo, siempre variable de sujeto a sujeto, como no puede ser de otro modo. Así se introduce un factor de inseguridad jurídica que a duras penas combate la presunción de inocencia, aunque sea nada menos que un derecho fundamental en España. Consulten el art. 24.2 de la Constitución y lo encontrarán.

Con toda esa batería de protección jurídica, y en plena consciencia del problema gigantesco que supone el prejuicio social de culpabilidad, siempre que aparece una persona como imputada, está absolutamente injustificado levantar las campanas al vuelo y señalarlo entre siniestras carcajadas enojadas como culpable. Igual que es absurdo caer en la desesperanza ingenua de los que confiaban ciegamente en el reo y, de repente, sin habérsele condenado, le dan la espalda por atribuírsele indiciariamente hechos delictivos. Esa atribución es sólo una simple hipótesis que debe comprobarse antes de atribuirle una mínima credibilidad.

En el caso del expresidente estamos en un momento muy incipiente del proceso. Además, ni siquiera se ofrecen datos concretos de su participación en un supuesto delito de tráfico de influencias, ni tampoco en el de blanqueo de capitales. Hasta el momento, las cantidades que se están investigando habían sido cobradas sin ocultación alguna por servicios que efectivamente parecen haberse prestado. Otra cosa, naturalmente, es la cuantía de lo cobrado, los destinatarios del cobro, si existen más cantidades aparte de esas y si hay otros datos que permitan percibir con verosimilitud la responsabilidad del expresidente.

Pero incluso si aparecieran esos datos, el proceso no se celebra en vano. No podemos pronunciar una condena cuando el caso acaba de empezar. Ahora mismo solamente se están recogiendo vestigios y ni siquiera está el asunto en presencia del juez que debería juzgarlo en su día, lo que, por cierto, todavía no sabemos ni tan solo si va a suceder, puesto que, de no aparecer otros datos incriminatorios, habría que pronunciar un sobreseimiento, que hasta puede llegar a equivaler a una sentencia absolutoria anticipada, aunque ello no suela suceder con la frecuencia que, por cierto, debiera. Es una señal de que los jueces, por desgracia, no siempre están todo lo cerca que debieran de la presunción de inocencia.

Por tanto, es normal que los políticos hagan las declaraciones que más crean que les benefician en términos demoscópicos o electoralistas para manipular la opinión pública a su conveniencia. Pero el ciudadano corriente debería estar al margen de esas soflamas y hallarse más familiarizado con la presunción de inocencia. Cuando hay una acusación, casi todos se apuntan al carro de los crédulos y gritan culpable. La experiencia de milenios, que ya ha sido descrita en este artículo, enseña que acostumbran a acertar los escépticos. Intenten no olvidarlo en ningún caso, incluso cuando odien, por la razón que sea, al imputado. Esto vale para todos, con independencia del color político.

“El lacayo”. “El contacto”. “El banco del jefe”. Son los apelativos con los que se refieren a él algunos de los investigados en el caso de corrupción vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero. Detrás de estos sobrenombres está Julio Martínez Martínez, el empresario alicantino al que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama atribuye el rol de “lugarteniente principal y figura visible” de la “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno.

El nombre de Martínez trascendió al ámbito público el pasado diciembre, cuando fue detenido en el marco de una investigación iniciada para analizar si el rescate de la aerolínea Plus Ultra sirvió para lavar dinero de Venezuela y que ha acabado con la imputación de Zapatero. En el epicentro de esa presunta red está su empresa Análisis Relevante, que cobró más de 300.000 euros de Plus Ultra, compañía rescatada en la pandemia, y a su vez pagó 490.780 euros a Zapatero y 239.755 a la empresa de sus hijas entre 2020 y 2024. 

Constituida en febrero de 2020, Análisis Relevante es de las pocas sociedades vinculadas a Martínez que están domiciliadas en Madrid. En 2023 (último ejercicio del que presentó cuentas) no tenía empleados, facturó 125.875 euros y declaró unos 40.000 euros de pérdidas. La tesis del magistrado es que sus pagos a la familia Zapatero eran facturas simuladas para canalizar los fondos que cobraba la trama a compañías con intereses en obtener ayudas públicas o favores, como Plus Ultra. El entorno de Zapatero defiende que hay un trabajo real detrás; tanto suyo como de sus hijas, que se encargaban de maquetar sus supuestos informes de asesoría. 

El expresidente y el empresario compartían un grupo de WhatsApp llamado “AR” [acrónimo de Análisis Relevante] junto a Javier de Paz, actual presidente de Movistar Plus y director adjunto a la presidencia de Telefónica, la hija de este y Sergio Sánchez, un antiguo cargo del CNI y de Indra que ahora trabaja también en Movistar Plus y que tenía un 25% de la compañía.

La relación entre Martínez y Zapatero se remonta al menos a 2011, cuando este último salió de la presidencia del Gobierno tras siete años en la Moncloa. Los presentó el exministro del PP Eduardo Zaplana, quien tiene una amistad estrecha con Javier de Paz forjada en Telefónica, la empresa a la que el expresidente valenciano se marchó a trabajar cuando Zapatero ganó sus segundas elecciones en 2008. 

Al ladrillo alicantino están vinculadas la mayoría de empresas relacionadas con Julio Martínez, la mayoría sin apenas facturación. La resolución del juez Calama le señala como responsable de un complejo entramado societario. Según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), entre 2020 y 2024 ejerció el control de 39 sociedades, muchas inactivas o sin empleados, utilizadas como sociedades pantalla. 

Una de sus compañías es Voli Analítica SL. Originalmente, era una inmobiliaria que el 17 de marzo de 2021 —una semana después de rescate de Plus Ultra— Martínez reorientó al transporte aéreo de viajeros. El auto del juez Calama le atribuye “un papel relevante tanto en la canalización directa de fondos procedentes de Plus Ultra como en su circulación indirecta a través de sociedades interpuestas”. En 2022 declaró poco más de 27.000 euros de facturación. 

También es ajena al ladrillo (en teoría se dedica a programación informática) IOT Domotic Europe SL. Con Martínez como administrador único, según el juez “desempeña un papel esencial dentro del circuito de circulación de fondos investigado”. En 2022 (últimas cuentas presentadas) no facturó ni 28.000 euros.

Cuando fue detenido, los agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) encontraron en el domicilio del empresario 300.000 euros en billetes que atribuyó a la venta de una vivienda no declarada a Hacienda. La Policía halló también un contrato por el que cobraría de Plus Ultra una comisión del 1% (530.000 euros) en caso de que se lograra el rescate. El juez sospecha que el empresario acabó cobrando ese dinero a través de una offshore en Dubái cuya creación atribuye a Zapatero a partir de unos indicios que, por el momento, están por atar. Hacienda ha confirmado que no hay constancia de ese pago en España. 

El auto atribuye la creación de esa sociedad opaca a la consultora Idella Consulenza Strategica SL, administrada por Martínez, cuyas únicas cuentas presentadas son de 2018, poco después de crearse. No facturó ni un euro. El magistrado también menciona entre los pagadores de la sociedad de las hijas de Zapatero (Whathefav) a Agropecuaria Lucena (cultivo de oleaginosas), de la que Martínez es administrador único desde abril de 2021 (en 2022 facturó unos 81.000 euros), y Pickashop.

Esta última es la empresa de Martínez que más empleados dice tener, cinco. Dedicada al desarrollo web, hasta 2022 estaba domiciliada en un chalé en Vera (Almería) que fue propiedad de Zapatero. Ese año —cuando presentó sus últimas cuentas— facturó poco más de 23.000 euros, con un patrimonio neto negativo de cerca de 197.000.

Créditos “fallidos”

De las inmobiliarias vinculadas a Martínez, la que más activos declara, cerca de cuatro millones, es Compañía Arrendadora de Superficies SL. Aparentemente inactiva —sus últimas cuentas son de 2019— y domiciliada en Elda, localidad natal del empresario (su administrador único desde 2003), el 4 de marzo de 2020 se publicaba en el boletín del Registro Mercantil la “declaración de fallido” de esta empresa. Su baja provisional la dictó en agosto de 2017 la Agencia Tributaria porque sus pasivos tributarios con el Fisco “han sido declarados fallidos o no haber presentado la declaración del impuesto de sociedades correspondiente a tres períodos impositivos consecutivos”. 

También en 2017 se publicó la declaración de fallido de Cas Capital SL, que Martínez administra desde 2002. En 2019 (cuando presentó sus últimas cuentas) tenía un empleado y activos de 3,7 millones. En octubre de 2023 se le volvió a dar de alta. 

Entre las inmobiliarias ya extintas en la Comunitat Valenciana que ha administrado Martínez en las últimas décadas figura Arrendamientos Carabassi SL, que en 2019 llevó al Tribunal Supremo un litigio con Banco Sabadell por un préstamo hipotecario concedido en 2009, tras estallar la burbuja del ladrillo. 

En 2021 la Sala de lo Civil del Alto Tribunal rechazó el recurso de la inmobiliaria de Martínez porque la financiación que había pedido era para pymes y autónomos “solventes y viables” en dificultades, pero “en realidad el préstamo se concertó con la idea de amortizar las deudas contraídas por una empresa distinta a la prestataria, Rentalia 2002 S.L., con los mismos administradores mancomunados que la entidad prestataria, lo que evidencia el carácter fraudulento, inmoral e ilícito de la finalidad de dichos préstamos hipotecarios que determina la nulidad de pleno derecho de los mismos”.

Otro ejemplo es Immosonne Networks, de la que hace más de 20 años Martínez fue vicepresidente junto a, entre otros, Pedro Monjardín, perteneciente a una familia de grandes terratenientes, diseñador, fotógrafo, coleccionista y definido por Telva como “el hombre más refinado de España”;  

Una persona del círculo de Zapatero define a Martínez como alguien especialmente servicial con el expresidente. Atribuye a esta característica del empresario el hecho de que haya fraguado la relación personal con el expresidente. A esto y a que comparten la afición por correr. Hasta el pasado diciembre, cuando el primero fue detenido, salían a correr juntos por el monte de El Pardo, en el norte de Madrid. En su comparecencia en el Senado del pasado marzo, el expresidente admitió que Martínez Martínez era su “amigo”, pero que había dejado de hablar con él tras su detención “por prudencia”. “Nunca me pidió nada extraño”, dijo también al ser preguntado por los trabajos bajo sospecha. 

Por lo demás, esta misma fuente del entorno del presidente sostiene que “Julito”, como le llaman en el círculo de Zapatero, no le caracteriza ser un gran conversador pero sí ser alguien a quien se le pueden gastar bromas sin que se enfade, añade. El empresario alicantino denotaba, según esta visión parcial, un anhelo por alcanzar círculos de poder y relevancia social que nunca antes había tenido y que le proporcionaba su amistad con el que fuera jefe del Ejecutivo.

El auto del juez Calama también atribuye a Martínez el rol de intermediario en distintos asuntos en Venezuela, donde Zapatero ha ejercido de actor reconocido del Gobierno español para mediar en la situación política y conseguir la liberación de presos políticos. El juez apunta que consiguió permisos excepcionales de vuelo para que Plus Ultra operara en Venezuela durante la pandemia gracias a la mediación de Zapatero. También intercambiaba “cartas de intención” sobre negocios millonarios de petróleo, buques, compraventa de oro y divisas que hacía llegar a la oficina del “Presidente Zapatero”.

Los informes policiales que han motivado la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero recogen el convencimiento de los dueños y directivos de Plus Ultra de que el expresidente podía interceder en el rescate de la compañía aérea. De otro lado, los dos atestados utilizados por el magistrado José Luis Calama para dictar su auto de imputación no ofrecen indicios sólidos de qué pudo hacer Zapatero para que la ayuda de 53 millones de euros fuera concedida. Los policías y el juez presentan por ahora la conclusión de que el expresidente era el líder de una red de tráfico de influencias e incluyen en su razonamiento suposiciones tales como que ideó un plan para trasvasar fondos a Dubái o que dirigía la actividad de la consultora Análisis Relevante. 

Plus Ultra contrató al empresario alicantino Julio Martínez Martínez, dueño de Análisis Relevante, para que hiciera gestiones y la compañía aérea fuera rescatada con las ayudas de la SEPI, puestas en marcha por el Estado para paliar los efectos de la covid-19. Martínez, a su vez, pagaba a su amigo Zapatero por supuestos trabajos de consultoría que el expresidente defiende que en algunos casos hizo de forma verbal. Los investigadores consideran esos trabajos de Zapatero una actividad ficticia que encubre el pago por ejercer el tráfico de influencias. 

El dinero por ese tráfico de influencias habría salido, principalmente, de la aerolínea rescatada Plus Ultra. Los mensajes telefónicos incautados apuntan a que los dueños de la compañía pensaban que habían contratado a Julio Martínez Martínez y que su valor residía en que participaba de un equipo dirigido por Zapatero. ¿Era así realmente o simplemente alguien les convenció de ello? 

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, llegó hasta Julio Martínez Martínez a través de otro amigo de Zapatero, el empresario canario Manuel Aarón Fajardo, bien conectado en Venezuela. El 16 de mayo de 2020, Fajardo le dijo a Martínez Sola que se pusiera en contacto con el otro Julio, con Martínez Martínez. “Habla con él. En el equipo del amigo estamos él y yo”. Ese “amigo” que dirigiría el equipo es, según la Policía y el juez, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Minutos antes de ese comentario hay otro que denotaría que tanto Fajardo como el “amigo” ya se preocupaban por la situación de Plus Ultra antes incluso de que la compañía contratara a Julio Martínez Martínez. “¿Cómo estás? Me pregunta el amigo que cómo van los avales”, escribe Fajardo al presidente de Plus Ultra cuando todavía no le ha indicado que se ponga en contacto con el dueño de Análisis Relevante.

La Policía deja de distinguir entre Manuel Fajardo, Julio Martínez y Zapatero para asumir en sus informes la denominación de “Grupo Zapatero” que utilizan los responsables de Plus Ultra y lo que ello conlleva: que el expresidente dirige al resto en una trama de corrupción. Los policías llegan a atribuir la participación del expresidente del Gobierno en una reunión con ciudadanos chinos y el presidente de Plus Ultra porque Martínez Sola escribe: “Estoy con los Zapatero y los chinos”. Con “los Zapatero” y no “con Zapatero”.

Días después de ese mensaje, la SEPI remitió a Plus Ultra un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial de ayuda ante la situación creada en la pandemia. En ese momento, la aerolínea también estaba teniendo dificultades para conseguir permisos de vuelo de la autoridad de aviación civil de China. De la obtención de esas autorizaciones dependía que un cliente asiático, que estaba “muy nervioso”, liberara un pago urgente de 660.000 dólares a favor de Plus Ultra.

“Estuvo con ZP y le dijo que todo va viento en popa”

La agencia del Gobierno estadounidense Homeland Security Investigation (HSI) se incautó en 2021 del teléfono de Rodolfo Reyes, un venezolano que entonces tenía el 40% de las acciones de Plus Ultra y que hace solo unos meses se desprendió de sus participaciones en la aerolínea. El 6 de febrero de ese año, Reyes había escrito a Martínez Sola: “Camilo [Ibrahim Issa, otro venezolano dueño de la compañía] estuvo hoy con ZP. Le dijo que todo va viento en popa”.

El venezolano Rodolfo Reyes había dejado constancia de que él estaba seguro de que Zapatero estaba ayudando a Plus Ultra el 22 de julio de 2020. Ese día Reyes se escribió con un abogado que se acababa de reunir con el entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para plantear la situación de la compañía. El abogado le dijo: “Se notaba que nos han recibido por altas recomendaciones”. Y Reyes contestó: “Sí, bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. 

Otro indicio de la supuesta participación del expresidente es cuando el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, bromeó con que debía cambiar su foto de perfil en WhatsApp porque llevaba unos tirantes con la bandera de España y le iba a llamar Zapatero. La Policía no ha encontrado rastro de esa llamada o de mensajes de WhatsApp entre el expresidente del Gobierno y Julio Martínez Sola. 

Estos indicios se unen a otros que presenta la Policía como el de la reunión entre Zapatero y el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá, de quien podría depender el aplazamiento de una deuda de Plus Ultra. Escrivá ha dicho que esa reunión con el expresidente la solicitó él y que en ella no se abordó en ningún momento el asunto de la compañía. El certificado que Plus Ultra obtuvo de la Seguridad Social en el que se dice que está al corriente de sus obligaciones se emite el 20 de agosto de 2020, 18 días antes del encuentro.

Una vez ha trascendido el contenido de los informes policiales —a la espera del resultado de los registros y de conocer otra documentación del caso—, la mayor sospecha se centra en los pagos de Análisis Relevante a la empresa de las hijas de Zapatero y los que realizó a la misma sociedad Inteligencia Prospectiva, una sociedad “carente de actividad real” que ingresó a Whathefav más de medio millón de euros en cuatro años.

Una comida a la que no está claro quién asistió

Otros indicios, sin embargo, se han revelado más débiles de acuerdo con lo recogido en los informes de la UDEF. El juez Calama acusa en su auto a Zapatero de haber dado “instrucciones” para crear una sociedad en Dubái con la que cobrar fuera de España la comisión del 1% por el rescate de Plus Ultra pactada entre su amigo Julio Martínez Martínez y la aerolínea. El juez asume las conclusiones de la Policía y determina que el expresidente dio “instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva”. Sin embargo, esta conclusión parte de premisas confusas.

El único hecho en el que sustenta la acusación contra Zapatero es un correo en el que Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente, informa al asistente de Julio Martínez Martínez de una reserva a las 14.30 horas del 26 de enero de 2021 para dos personas a nombre de “Julio” en el citado restaurante. Apunta, además, que un escolta del expresidente ha acudido a formalizar la reserva porque el local tenía problemas con sus líneas telefónicas. 

La Policía construye la secuencia probatoria apoyándose en otro correo incautado, fechado un día después de esa comida, pero del que no hay ninguna prueba con la documentación conocida hasta ahora de que tenga relación con el expresidente. Se trata de un email que Julio Martínez Martínez recibió el 27 de enero de 2021 y en el que un empresario español residente en Dubái, Tomás Guerrero, hacía referencia a una conversación mantenida “ayer” y le trasladaba la documentación necesaria para constituir una sociedad en Dubái. Días después, le enviaba más papeles. 

Para la Policía, lo que comentaron Guerrero y Martínez el día anterior tuvo que producirse necesariamente en esa comida, no en una charla telefónica, en intercambio de mensajes, en un desayuno o una cena. Además, la reserva era para dos personas, lo que descartaría que Guerrero participara en el encuentro. A no ser que la Policía plantee que la secretaria de Zapatero reservó para que comieran otras dos personas distintas del expresidente.  

“Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones [para la creación de la empresa en Dubái] tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero, que concierta una reunión a la que tiene que acudir Julio Martínez Martínez”, puede leerse en uno de los atestados de la UDEF. 

El juez culmina la ceremonia de la confusión cuando en su auto expone expresamente que Zapatero y Julio Martínez Martínez “mantuvieron un encuentro en el restaurante Portonovo”, si bien en otro momento también dice que a esa reunión “organizada” por el expresidente “acudieron Julio Martínez Martínez y Tomás Guerrero Blanco”.

En todo caso, para apuntar a la implicación de Zapatero en la creación de esa sociedad offshore el juez se basa únicamente en la secuencia temporal de hechos y en la supuesta iniciativa del presidente de convocar una comida. La supuesta creación de esta sociedad en la zona franca de Dubái para desviar y ocultar fondos es lo que sostiene la acusación por el delito de blanqueo de capitales.

Elaborar una lista de destinatarios, indicio de liderar una trama

Otra de las acusaciones de la Policía, y que asume el juez, es la que atribuye a Zapatero una “posición preeminente” en la presunta trama basándose, principalmente, en varios archivos de Excel intervenidos durante la investigación. Se trata de listados con supuestos clientes que el expresidente envió a Julio Martínez Martínez. La Policía afirma que no se trata de “un simple listado”, sino que esos documentos reflejan una “planificación previa y sirven como herramienta logística”. Y que eso evidencia que era Zapatero quien establecía los “criterios de actuación”. 

Esos listados que facilita Zapatero incluyen relevantes empresarios del país y las direcciones donde se les puede contactar. Entre ellos hay clientes que tenían suscritos contratos mensuales de asesoramiento con Análisis Relevante y otros que no, a los que el expresidente habría informado a la consultoría a favor de enviarles unos informes que había confeccionado Sergio Sánchez, uno de los fundadores.  

Entre los supuestos clientes que sí habían suscrito esos contratos la UDEF cita la empresa Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón que habría supuesto unos ingresos a la familia de Zapatero de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”. También aparecen mencionadas las sociedades Softgestor y Grupo Aldesa, que abonaron 145.200 y 127.050 euros, respectivamente, a la consultora del amigo del expresidente. 

En el listado figuran otros nombres vinculados a la aerolínea Plus Ultra, como el entonces vicepresidente Julio Martínez Sola o el accionista Camilo Ibrahim Issa. Así como relevantes empresarios como Florentino Pérez (ACS), Fernando Abril-Martorell (Indra), Beatriz Corredor (REE), Josu Jon Imaz (Repsol), Javier Hidalgo (Globalia), Antonio Catalán (AC-Hoteles), Víctor Madera (Quirón Salud) o directivos de la tecnológica Huawei.

La conclusión de la UDEF es que esos los informes mensuales elaborados por Análisis Relevante y distribuidos por Whathefav, la empresa de las hijas de Zapatero, “se estarían remitiendo tanto a clientes que abonan notables cifras por ellos”, como a otros destinatarios de los que “se desconoce el motivo por el que reciben la información y en qué medida se realiza el pago”. Lo que evidencian los listados, en todo caso, es que Zapatero puso su agenda de contactos a disposición del empresario.

El párrafo definitivo del juez Calama

En la página 57 del auto hay un párrafo con el que el juez atribuye indiciariamente al expresidente del Gobierno el liderazgo de una red criminal de tráfico de influencias que condensa y asume las dos principales construcciones de la Policía en base a inferencias y datos sin apoyo fáctico. Por su interés se reproduce a continuación en su textualidad: 

“Su posición preeminente [de Zapatero] queda igualmente reflejada en la planificación de la actividad de la red, como cuando es él quien remite a Julio Martínez Martínez los archivos Excel con los clientes de Análisis Relevante, que no constituyen simples listados, sino herramientas de planificación logística; o cuando imparte instrucciones para la constitución de una sociedad en el extranjero, en una reunión celebrada en el restaurante Portonovo, a la que convoca a Julio Martínez Martínez enviando incluso a un escolta a realizar la reserva. En dicha reunión se plantea la posibilidad de que determinados pagos no se realicen en España, sino en cuentas radicadas en el extranjero, concretamente a nombre de Landside”.

Pongamos que como dicen los más fervientes defensores del sistema, al final, Rodríguez Zapatero demuestra que no tiene nada que ver con la aborrascada descripción del auto que lo imputa y que no es la cúspide mandarina de toda la trama como afirma el juez. ¿Podría ocurrir? Sí. ¿Alguien lo cree? Lo dudo.

El ecosistema, sobre todo mediático, quedaría ciertamente en entredicho. Pero parece una lucha antisistema, la presunción de inocencia queda notablemente dañada con machacona insistencia en los tribunales de papel y los estrados tertulianos a diario. La reputación del expresidente ya está irremediablemente dañada, para siempre.

Y, mientras, la agitación callejera, cobarde y torpemente apoyada por el PP, se reafirma en señalar la responsabilidad del investigado y su metástasis gubernamental, apuntando como única solución la terminación de la legislatura por cualquiera de los medios, descartando, sin embargo, en ausencia de poder parlamentario, representativo de la voluntad popular y democrática, la vía constitucional de la moción de censura. La descomposición moral de la oposición, en urgencias, es tal que no reparan en erigir como iconos de la lucha contra la corrupción a Esperanza Aguirre y Víctor Aldama .

Llama la atención la extraña unanimidad sobre la excelencia del auto que investiga a Rodríguez Zapatero, unanimidad que cohonesta mal con opiniones de prestigiosos juristas que advierten de mala praxis instructora. Un corta pega policial se ha llegado a afirmar y, ciertamente, entre los brochazos gordos de cola no se vislumbra el fino pincel procesal que vincule al investigado con toda la indecorosa trama que se advierte.

La manera de instruir causas penales en España adolece de un deterioro muy preocupante. Incluso, notables juristas disculpan las malas instrucciones por déficits de medios o de formación y preparación de sus señorías

A la confusión, se suma la aparición inicial del estadounidense Home Security Department (Make America Safe Again, su lema, da pavor), en el procedimiento, lo cual añade perfiles inquietantes. Los informes de la policía judicial, sin embargo, conocidos este fin de semana no añaden nada nuevo pero sí alimento muy nutritivo para una prensa más empeñada en llegar antes al podio del periodismo de impacto que a otra cosa.

Y nos queda la palabra del investigado, envuelto ya en el sudario de su muerte civil y actor forzoso de un pronto patíbulo gráfico, que diga lo que diga, ya no tendrá reparación total. La manera de instruir causas penales en España adolece de un deterioro muy preocupante. Incluso, notables juristas disculpan las malas instrucciones por déficits de medios o de formación y preparación de sus señorías, lo cual ha entregado el proceso penal a deficientes instrucciones policiales. En muchos casos, las instrucciones sobrevuelan el artículo 297 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y se acurrucan en una jurisprudencia sobre el papel de las policías judiciales ciertamente benévola por no decir resignada, fatalista, y entregada a la pereza procesal. Un claro deterioro de nuestro sistema penal.

Cuando todo se sepa, cosa muy deseable, habrá que extraer consecuencias urgentes, ya es sintomático que los antes presidentes José María Aznar y Felipe González, siempre facundos y dicharacheros, estén tan de perfil. Espero que Rodríguez Zapatero nos saque de esta pesadilla, espero que los defensores de la presunción de culpabilidad queden al descubierto, espero que no se trate otra vez de una práctica encaminada a la simple destrucción del adversario político. Si fuera lo último, no bastará con decir que se hizo justicia, habrá que considerar muy seriamente cómo el lawfare triunfa de nuevo. Siempre la exhibición y el paseíto, ajenos a la justicia democrática, en los expositores de la vergüenza. Esa vergüenza pública, el sudario de los investigados, es su gran objetivo.

El Gobierno respeta pero no comparte la opinión del presidente del PNV, Aitor Esteban, de que sería “irresponsable” que el Ejecutivo de Pedro Sánchez “siga más allá de 2026, sin rumbo, sin una mayoría estable” y con “una agenda descontrolada y judicializada”.

“Tranquilidad”, han señalado a EFE fuentes de Moncloa al ser preguntadas por las palabras de Esteban este domingo en su intervención en el acto que el PNV ha celebrado en Durango (Bizkaia) cuando queda un año para las elecciones municipales de 2027.

Las mismas fuentes han insistido en trasladar la idea de Sánchez de agotar la legislatura hasta el verano de 2027. “Respetamos su opinión, pero no la compartimos”, han señalado respecto a Esteban.

Sobre los informes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional aportados al juzgado que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que se han conocido en las últimas horas, las fuentes han mantenido su apoyo de esta semana de esta semana al exlíder socialista.

Y lo hacen al considerar que esos informes constatan el hecho de que no existe ninguna prueba o indicio de delito cometido por el Zapatero.

Después de que este miércoles se conociera el auto del juez José Luis Calama que cita a declarar a Zapatero el 2 de junio, se está a la espera de conocer en las próximas horas el sumario, y, ante ello, fuentes del Gobierno han reiterado que no hay pruebas documentales de los delitos de los que se acusa al expresidente.

Uno de esos informes policiales mantiene que Zapatero y sus hijas son los principales beneficiarios finales de los fondos obtenidos por la red de Plus Ultra con el rescate del Gobierno durante la pandemia de coronavirus, cuando la aerolínea recibió 53 millones del Gobierno.

Además, la Policía pone de relieve varios archivos de Excel que Zapatero envió a su amigo Julio Martínez con un listado de destinatarios de informes de asesoría de la empresa, clave de la causa, lo que evidenciaría su “posición directiva”.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha afirmado este domingo que todo el Gobierno está “bajo sospecha” por el caso Plus Ultra: “José Luís Rodríguez Zapatero no habría podido delinquir sin las decisiones que se adoptaban en el Consejo de Ministros”. Según la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, el expresidente del Gobierno era la “reina madre de todas las corrupciones del Gobierno”.

En una intervención en la clausura de la Junta Directiva Autonómica del PP de Catalunya, Tellado ha enfatizado que este caso, en el que está investigado Zapatero, es “el mayor escándalo que ha vivido nunca la política” en España. “Nunca estuvo en el lado correcto de la historia, sino en el rentable para él y la presunta organización criminal que operaba desde un piso franco del PSOE”, ha asegurado el también diputado que también ha apuntado que, con el expresidente, “ha caído ya todo el entorno de confianza de Sánchez”.

Según el dirigente popular “falta una parte de la película por conocer”, relativa a la influencia que tenía Zapatero en el Consejo de Ministros: “¿En qué miembro del Gobierno se apoyó para que el Consejo de Ministros tomase decisiones y que esas decisiones le reportasen esas comisiones ilegales?”.

“¿A quién llamaba, a quién veía, a quién presionaba, quién dio la orden de rescatar Plus Ultra después de que Zapatero intermediara para que así sucediese?”, ha subrayado Tellado, que ha sostenido que “todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha”.

Junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, Tellado también ha dicho que el congreso del PP de Catalunya convocado para el 27 de junio será primordial para “seguir creciendo”, y ha animado a Fernández a presentarse a la reelección para liderar un equipo que, dice, debe ser más joven, cohesionado, abierto y trabajador.

El PNV eleva el tono con Pedro Sánchez. El presidente del EBB, Aitor Esteban, ha considerado este domingo que sería “irresponsable” que el presidente del Gobierno se mantuviera en el cargo “más allá de 2026” tras el estallido del caso que afecta al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y le ha advertido de que “son necesarias muchas explicaciones”.

“Es ciertamente muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada”, ha señalado Esteban en un acto político celebrado en Durango en el que el PNV ha lanzado la carrera electoral de las elecciones forales y municipales del 2027.

El presidente del PNV ha aludido a “todos los escándalos judiciales que están rodeando al Gobierno español” y que son “absolutamente perjudiciales para la imagen de la política y para la estabilidad gubernamental”.

“Aquí no vale todo”, ha advertido Aitor Esteban, que ha recordado que “ya van nueve casos abiertos, ahora Zapatero”, al que el presidente, Pedro Sánchez, ha mostrado apoyo “absoluto”. Aunque se está “en una fase indiciaria de la instrucción” del caso, Esteban ha alertado de que el contenido del auto de imputación al expresidente del Gobierno “es muy grave y muy preocupante”.

Por ello, cree que el Ejecutivo de Sánchez “no puede pretender ventilar el asunto apelando al 'lawfare' y listo” porque “esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones”. Según ha indicado, el Partido Nacionalista Vasco va a “seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales”.

Esteban también ha criticado durante su intervención al otro socio del Gobierno de coalición. Así, le ha reprochado a la ministra de Sanidad, Mónica García, que haya puesto “patas arriba” Osakidetza por la huelga de médicos. “Mucho hablar de la sanidad pública, pero a la hora de la verdad pura palabrería. Les da igual que la huelga esté afectando a aquellas comunidades cuya sanidad es rotundamente pública, como Euskadi” y le ha reclamado “que se siente a negociar con los médicos”. “Y qué si no lo haga Sánchez porque él es tan responsable como la ministra”, ha apostillado.

Pero las advertencias al Gobierno de Sánchez no han ido acompañadas de guiños al PP, un partido que ha considerado que sigue “fuera de lugar”. “PP, el partido perdido. No entienden el país, quieren traer aquí modelos de confrontación y bronca, pero eso no encaja con nuestro modelo de ser y de hacer”, ha asegurado Aitor Esteban.

Ahora que se habla tanto de los lobbies y del delito de tráfico de influencias convendría echar un vistazo al cementerio del Congreso de los Diputados. No es exactamente un lugar lleno de tumbas y cruces emplazado en el sótano del edificio. Es una forma de referirse a todos los proyectos de ley que permanecen encerrados en un limbo político sin poder avanzar en su tramitación parlamentaria. Básicamente, por falta de acuerdo. Por ejemplo, es lo que ha pasado en varias legislaturas con la reforma de la ley de secretos oficiales. Cuando acaba la legislatura y se convocan elecciones, a todos esos proyectos se les extiende un certificado de fallecimiento. Se dice en esos casos que el proyecto o proposición de ley ha decaído. No ha vivido lo suficiente como para ser aprobado o lo han dejado morir. 

El Gobierno presentó en enero de 2025 el proyecto de ley de “transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés”, lo que vienen a ser los lobbies. En marzo se produjo el debate de las enmiendas a la totalidad. Sólo hubo una de Vox que fue rechazada por 32 votos a favor, 177 en contra y 136 abstenciones (estas últimas del Partido Popular). Ya se había iniciado antes el periodo de presentación de enmiendas al proyecto. Luego se renovó. Una vez. Dos veces. Tres. Así hasta veinte en septiembre de 2025. A partir de esa fecha, en la Comisión de Hacienda se comenzó a discutir el articulado para elaborar la ponencia, que es el resultado de todo ese trabajo legislativo. 

Cabe la posibilidad de que en las próximas semanas ese proyecto de ley reanude su camino. Es lógico que los grupos promotores de un proyecto esperen a tener amarrados los apoyos para no jugárselo todo al final en la votación. Como ha ocurrido con otros temas, y a expensas de lo que haga el PP, todo depende de que Junts esté dispuesta a votar a favor a cambio de la aprobación de algunas enmiendas. El grupo catalán ya ha dicho en público que no están por la labor de aprobar ningún proyecto de ley del Gobierno. Quizá hagan una excepción con este después de que se haya desencadenado el caso Zapatero.

Una ley que ponga límites al trabajo de los lobbies no garantizará por sí sola que no se produzcan delitos como el de tráfico de influencias o cualquier otro, pero ayudará a establecer unas reglas del juego que obligarán a todos. Sacará a la luz algo como es la relación entre empresas y funcionarios o altos cargos que sabemos que existe y que no se puede negar que continuará existiendo. No aprobar esa ley es el equivalente a mirar a otro lado y fingir que todo está bien a menos que alguien viole un artículo del Código Penal. 

El Gobierno y los partidos políticos tienen ahora otras prioridades y la mayoría tienen que ver con la imputación de Zapatero. La noticia ha provocado un impacto brutal en la política, aunque la instrucción del caso en la Audiencia Nacional no ha hecho más que empezar. El sumario ha estado declarado secreto durante unos dos años, pero es ahora cuando arranca de verdad al hacerse público que el expresidente tendrá que declarar como imputado el 2 de junio. “Hoy me decían en el PSOE que no es lo mismo que un novio te engañe a que te engañe el amor de tu vida”, dijo hace unos días Esther Palomera en Hora 25. En esas están ahora los socialistas. “El Zapatero que conocemos es incompatible con las acusaciones que aparecen en ese auto”, dijo Patxi López el viernes. Lo conocían como líder del PSOE y presidente del Gobierno, además de todo el apoyo que dio a las campañas de su partido como expresidente. Lo que no podían conocer eran sus actividades económicas privadas. 

Zapatero representaba a la parte del viejo PSOE que no había abandonado a Sánchez. No sólo eso. Se convirtió en su principal apoyo interno, el hombre al que siempre se podía recurrir en las campañas electorales difíciles. Tuvo un papel básico en la campaña de 2023 con la misión de movilizar a los votantes socialistas que podían tener dudas sobre el futuro. Todo eso suponía obviar el fin dramático de su Gobierno, hundido por la crisis económica. Era mucho mejor recordar las leyes sobre avances sociales que Sánchez había querido continuar. 

Todos se preguntan el alcance de las acusaciones contra Zapatero. Bueno, no todos. El PP, El Mundo y ABC ya lo han declarado culpable. El auto del juez cuenta con 85 páginas, una extensión que no es necesaria para justificar que se llame a alguien a declarar como imputado. El juez José Luis Calama es consciente de las consecuencias políticas de convocar a un expresidente del Gobierno. Por eso, se ha extendido en el auto incluyendo lo que se supone que es todo lo que tiene contra Zapatero en la parte de la investigación ya realizada. 

No se puede negar la evidencia. La decisión de llamarle a declarar está justificada por los indicios acumulados. Incluyen mensajes de personas que daban por hecho que Zapatero les iba a ayudar a conseguir el rescate de Plus Ultra. En el reparto de la trama, figura con un papel protagonista Julio Martínez, amigo personal suyo y quien le contrató. No aparece ningún mensaje del expresidente. Otros indicios son los pagos recibidos por Zapatero y sus hijas. Los segundos son especialmente difíciles de justificar. Pero no es posible detectar ninguna gestión concreta del político leonés hecha ante la Administración que hiciera posible el rescate.

El juez sugiere que esas ayudas públicas no estaban justificadas por las pequeñas dimensiones de la compañía aérea (sólo tenía cuatro aviones). Pero esas ayudas estaban previstas para todo el sector aéreo durante la pandemia y Plus Ultra tenía derecho a solicitarlas. La derecha lleva años insinuando que el rescate de Air Europa también se llevó a cabo de forma ilegal. No han demostrado nada. La compañía ha devuelto esos créditos y hoy es la tercera línea aérea española con un nivel de beneficios casi idéntico al de la segunda (Vueling). No es el caso de Plus Ultra, que sólo ha devuelto hasta ahora los intereses de un préstamo de 53 millones. 

Es cierto que hay agujeros en el auto de Calama. Algunos indicios no son muy sólidos, como una reunión de Zapatero en 2020 con José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social, hoy gobernador del Banco de España. Fuentes cercanas a Escrivá han dicho que no se habló del rescate de Plus Ultra en ese encuentro que por lo demás no fue solicitado por el expresidente. La sospecha, es decir, la razón por la que el juez lo menciona en el auto, es que la empresa arrastraba una deuda de casi medio millón con la Seguridad Social. Ahí hay que precisar que sí estaba al corriente de pago, aunque eso incluyera un aplazamiento de los pagos por la deuda, como es habitual en el caso de las empresas en crisis (y Plus Ultra lo estaba antes de la pandemia). 

Lo mismo se podría decir de la supuesta creación de una empresa en Dubái para canalizar los pagos de las comisiones por el rescate. Es algo citado por el juez, pero no incluye en el auto ningún indicio claro de que Zapatero ordenara poner en marcha esa empresa, más allá de una referencia a una comida de él con Julio Martínez. 

Estas y otras cuestiones no se pueden obviar al analizar el auto. Tanto las que podrían incriminar a Zapatero, como las que ponen en cuestión elementos esenciales del documento. Por encima de todas ellas está la presunción de inocencia, esencial en el sistema judicial. Al menos, es lo que decía un tal Feijóo en Galicia en 2012 y también en 2013. Sostenía que era “perfectamente compatible” con la acción judicial. 

La agonía de Zapatero –no hay otra palabra para describir su situación– será larga. La instrucción puede prolongarse durante años, aún más si todo culmina en un juicio. ¿Para cuándo? El abogado José María de Pablo ha puesto algunos ejemplos. El juicio de la pieza 2 del caso Lezo comenzará en octubre. La investigación se inició en 2016 sobre hechos ocurridos entre 2003 y 2008. El juicio del caso Gowex será en diciembre y los hechos juzgados se produjeron hasta 2013.

En el plano político, la presunción de inocencia no funciona de la misma manera. No hay forma de que el Gobierno dé la vuelta a la sensación de que está sitiado y paralizado por los acontecimientos. En privado, los socialistas no esconden que se encuentran en el peor momento posible, uno del que no saben cómo salir. Al igual que hace un año, el objetivo parece ser llegar cojeando al verano a la espera de que amaine la tormenta. Junio no les va a dar tregua. Se espera para entonces la sentencia de Ábalos y Koldo, el inicio del juicio del hermano de Pedro Sánchez y nuevas revelaciones sobre Zapatero. Hace una semana, su prioridad era encajar el golpe de las elecciones andaluzas. Han pasado siete días y parece que han sido siete meses.

Pegarse con los hechos es una mala idea, reconocer los hechos no significa ignorar el contexto donde se producen. El equilibro entre reconocer esos hechos ponderando el contexto donde se ocasionan genera análisis que son más valiosos para el presente y el futuro y evitar así caer en una conspiranoia inmovilizante que convierte a la izquierda en carne de frenopático y cuneta. Se está enfocando mal el caso Zapatero. El rey Juan Carlos hizo lo que siempre hacía cuando de repente se convirtió en escándalo. No cambió su manera de actuar, cambió la percepción externa sobre lo que hacía. Hay que pensar que el expresidente es muy posible que no haya hecho nada que no se hiciera de manera habitual en su papel después de dejar el cargo: lucrarse de manera poco recomendable. Eso no es lo que ha cambiado, sino el hecho de que lo hiciera en lugares y espacios incómodos para poderes superiores y uniéndose a enemigos de los que mandan en el mundo con crueldad desvergonzada.  

Las negociaciones con Venezuela en República Dominicana en 2017 y 2018 en las que José Luis Rodríguez Zapatero trabajó como intermediario contaron con la oposición frontal de una parte del antichavismo liderado por María Corina Machado y el congresista americano Marco Rubio que ahora tiene un papel tan relevante en la administración Trump. No se lo van a perdonar jamás y se lo van a hacer pagar. Por eso la premio Nobel evitó reunirse con el presidente del gobierno y nadie del gobierno en su gira por España. Sabía lo que venía porque es una de las que se la tiene jurado al expresidente y cualquiera que tenga relación con Zapatero. A nadie debe escapársele el papel de EEUU a la hora de investigar la corrupción, en ocasiones con estrategias extrajudiciales, en Venezuela y cómo eso lo está usando en su política internacional. A nadie se le tiene que escapar que fue EEUU quien incautó el móvil de Rodolfo Reyes Rojas, ex accionista de Plus Ultra, fue incautado por la administración de Joe Biden y el papel troncal en la investigación por blanqueo que ha tenido esa acción también contra el expresidente Zapatero. A nadie se nos escapa que Pedro Sánchez se ha convertido en enemigo de la administración Trump y por lo tanto todos aquellos que están a su lado. 

Todo eso es el contexto. Es lo que ha provocado que los hechos relatados por el juez José Luis Calama, que en otras circunstancias jamás habrían sido investigados en un auto, aparezcan, eso no hace que los hechos sean menos graves, ni hace que los que hayan cometido Felipe González y José María Aznar sean diferentes. Lo que ha sucedido es que el poder con mayúscula, que en otras ocasiones mira para otro lado y protege a los suyos cuando se suceden los hechos corruptos, ahora nos los enseñe al común de los mortales en un auto de la Audiencia Nacional para echar a los pies de los caballos a quien se salió del redil. Pero que hayan dejado caer a uno de los privilegiados que hace negocios ilegales, o de ética cuestionable hasta que haya sentencia judicial, no implica que esos hechos no sean sancionables, inaceptables e intolerables desde el punto de vista de una ética progresista. Porque lo son. 

A José Luis Rodríguez Zapatero le estaban esperando y se la tenían guardada, pero eso no quiere decir que no hiciera actividades completamente inaceptables para la izquierda. El expresidente creyó que podría mantener una independencia de acción política total de esos poderes establecidos a nivel supranacional y que se seguiría manteniendo esa bula que mira hacia otro lado con las actuaciones empresariales y de negocio de los expresidentes. Es obvio que se equivocó. El juego ha cambiado, ya no es el que era, el poder ya no protege a todos los que protegía y el expresidente se ha convertido en caza mayor contra un ejecutivo que se ha ganado enemigos muy poderosos y no solo en España. Pero la inocencia de Zapatero no implica que tengamos que defenderle de sus actuaciones como lobista de ética censurable. 

El pensamiento crítico es un dominio constante de las emociones para poder analizar con perspectiva la actualidad política y así establecer un mapa que tenga los valores progresistas en el centro para no dejarse llevar por el cinismo del momento. La valentía de Pedro Sánchez a nivel internacional no sale gratis, y le va a costar mucho salir indemne de haberse erigido en enemigo público de quienes están acostumbrados a ganar siempre. Pero todo esto es compatible con que la izquierda sea capaz de establecer una posición política propia y con unos valores firmes que sepa mirar con distancia cuando los hechos sean los que se nos han presentado en el auto de José Luis Calama. Ese no es nuestro sitio. Nunca el de defender las actividades que ahí se relatan. Hay una guerra de poder ahí fuera con unas formas encarnizadas que nunca antes estaban a la vista de forma tan evidente, no dejemos que arrastren a la izquierda a un relativismo moral impúdico que nunca nos ha sido propicio. 

Si no hubiéramos sabido esta semana que el juez Calama investiga a Zapatero por presunta corrupción, el ruido social habría dirigido nuestra atención a otra noticia escalofriante. Jonathan Andic, hijo del empresario dueño de Mango, ha sido detenido por la muerte de su padre. Quiso que pareciera un accidente: se fue con él a hacer una ruta sencilla por Montserrat. El padre cayó por un precipicio y la jueza, tras una minuciosa investigación, sospecha que el hijo lo mató. Asegura que “estaba obsesionado con el dinero”.

La obsesión por el dinero es una patología de nuestro tiempo. Nos han convencido de que quienes tienen dinero poseen inteligencia, éxito y felicidad, lo cual, por supuesto, es una estupidez. Ganar dinero es legítimo, y la pregunta no es cuánto, sino cómo. A Jonathan Andic le contrarió el deseo de su padre de destinar una parte de su fortuna a crear una fundación. Lo quería todo para él.

Para los hombres, el dinero también es poder. Cuando ya no ocupan un cargo relevante, el dinero es una suerte de metadona que les ayuda a seguir viviendo, a sabiendas de que lo más importante de sus vidas ya lo hicieron y tienen 30 años por delante jugando al pádel.

La cuestión es qué hace un expresidente con su capital político. Si se dedica a enriquecerse, lo ideal sería que no se metiera en los asuntos públicos (los públicos de verdad, porque ahora llaman así a los intereses privados). González y Aznar nos irritan porque hacen sus negocios y siguen sermoneando a todos. O una cosa o la otra.

Creímos que Zapatero había elegido dedicarse a la política, o sea, a la vida en común, al proyecto socialista, a defender el progreso de España a través de su partido. La admiración de la gente común es algo muy valioso, pero imposible de comprar. Él la tenía.

González y Aznar exhiben severidad y amargura porque no cuentan con la admiración de la gente común. Ostentaron un cargo de enorme responsabilidad y luego se dedicaron a ganar dinero. No digo que no tengan derecho. No digo que no puedan vivir bien, incluso muy bien. Pero viajar en aviones privados, compartir vacaciones con los ricos en yates fastuosos, no genera admiración: son tiempos de divorcio absoluto entre las gentes comunes y las élites.

En una época en la que resulta difícil encontrar referentes, Zapatero se había convertido en uno para mucha gente, desde el centro izquierda hasta la izquierda. Cuanto más leo sobre el caso Plus Ultra más retumba en mi cabeza la pregunta: por qué.

Para una sociedad, es complicado vivir sin referentes, para un partido más aún. Por eso veo a mucha gente dispuesta a atrincherarse. Se muestran convencidos de que se trata de una operación para “matar políticamente” a Zapatero. Que parece un accidente, pero no lo es, dicen.

Creo que se están confundiendo los planos. ¿Que a ZP muchos en la derecha le tienen ganas? Sin duda. ¿Que tiene derecho a ganar dinero? Por supuesto. ¿Que su etapa en el Gobierno sigue siendo un referente en la consecución de libertades públicas y ampliación de derechos? Claro. ¿Que hay un doble rasero en la justicia? Obvio, los ejemplos abundan. ¿Que nos sacó de una guerra ilegal? Así es. Pero resultaría infantil pensar que las dudas que suscita el auto se pueden enjugar invocando sus éxitos políticos pasados. No se puede hacer política inocentemente.

El caso Plus Ultra no sólo daña, tal vez de forma irreversible, al Gobierno, al presidente y al PSOE; además tritura la última esperanza de que el sistema de partidos se pueda regenerar por sí mismo. El contrato de Pedro Sánchez con la ciudadanía para la regeneración democrática era el marco de su legitimación: recogía el grito del 15M y el hartazgo con la corrupción de la era Rajoy. Cristalizó en la moción de censura, se exhibió en las elevadas exigencias éticas de su primer mandato. El vacío en política no dura mucho. Pensar quién lo podría ocupar me ha quitado el sueño esta semana.

En su libro La balada de Al Capone: Mafia y capitalismo, Hans Magnus Enzensberger escribe que “toda empresa capitalista, llevada a sus últimas consecuencias, se convierte en una organización criminal”. La semana ha estado marcada por dos noticias en cuyo corazón se encuentra el dinero convertido en pasión desbordada, en el interés material no como instrumento sino como fin en sí mismo, que no responde a la lógica de llegar a fin de mes, pagar las facturas y tener lo necesario para una vida digna, sino al deseo de tener más, mucho más, muchísimo más. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero y la detención de Jonathan Andic se produjeron casi al mismo tiempo. El segundo está acusado de matar a su padre llevado por “su obsesión por el dinero”; el primero de montar una trama criminal por el mismo motivo. Quizá en el caso de Zapatero hubiera sido necesario, por higiene y supervivencia, matar simbólicamente al padre del actual socialismo español antes de este le diera la estocada final. Pero quién se iba a imaginar que, por el maldito parné, uno era capaz de arrojar a su padre por un barranco y el otro de hacer lo mismo con el Gobierno de Sánchez. 

Debo reconocer que me esperaba más este desmedido amor a lo material por parte de un heredero consentido desde que nació, que de un presidente de izquierda que pudo cometer errores de gobierno, pero no parecía tan apegado a llenar su bolsillo (y el de sus hijas) con comisiones millonarias en lo que parece una trama casi paralela a la que dibuja el caso Ábalos. Pero, ¿por qué no iba a querer enriquecerse Zapatero como lo han hecho Felipe González o José María Aznar? La obsesión de los que ya tienen todo por el dinero les lleva a arriesgar toda su fortuna por un poco más. Poseen ya propiedades y fortuna que la mayoría de los humanos no vamos ni a soñar con tener jamás y de repente existe la posibilidad de tener más, y arriesgan lo propio y lo ajeno, aunque para ello haya que liquidar al progenitor o hundir un gobierno. Nunca se dice suficiente que los ricos quieren la posesión del dinero y no solo su disfrute, y por eso lloran amargamente cuando tienen que pagar impuestos, aunque lo que paguen no afecte en lo más mínimo a su vida. Quizá porque la derecha los conoce mejor, está dispuesta a mimar a los ricos, quitarles el impuesto del Patrimonio, pagarles a alguien que les limpie la casa y sufragar el colegio privado de los niños, porque sabe que si tienen ese soltar un solo euro para que otros vivan mejor se vuelven locos y te montan una trama criminal. 

Después de digerir el golpe de que a Zapatero le gusta el dinero tanto como a Jonathan Andic y de que, como consecuencia, nos esperan largos años de gobiernos de derecha y ultraderecha, hay que asumir que hay que vigilar como halcones a cualquiera en posición de enriquecerse, por su posición o contactos, a un nivel superior al del común de los mortales. En cuanto al Gobierno de Sánchez, ya herido de muerte pero aún no enterrado, debería, paradójicamente, centrar lo que queda de su maltrecho mandato en intentar que los ciudadanos de a pie, los normales, tengamos más dinero, más trabajo, más viviendas, mejores servicios públicos. Por el triunfo de la derecha y el bienestar de los ricos ya ha hecho bastante. 

La cuestión no es tanto si la imputación del expresidente Rodríguez Zapatero está o no justificada, que ya lo decidirán los tribunales. La pregunta que nos hacemos desde mucho antes del escándalo es cómo es posible que los expresidentes, que teniendo asignada una retribución del Estado nada despreciable y una estructura de apoyo sostenida con fondos públicos, se consagren a actividades privadas, de escasa o nula vinculación con el interés general, que les reportan sustanciosas ganancias adicionales.

Tampoco se trata de cuestionar que una empresa en situación económica crítica por causas objetivas como fue la pandemia del covid-19 reciba ayudas del Estado. En realidad, lo que necesita una respuesta urgente es cómo es posible que estas ayudas no vengan seguidas de una monitorización de las empresas beneficiarias para asegurar que los recursos públicos recibidos se aplican a los fines para lo que se concedieron y que no se desvía ni un euro.

El funcionamiento de las oficinas de los expresidentes del Gobierno en España, a las que habría que añadir las de los expresidentes autonómicos (ahí tienen a un personaje tenebroso como Mazón disfrutando de estos privilegios), constituye uno de esos mecanismos institucionales que revelan con meridiana claridad la cultura política del país. No se trata únicamente de una cuestión presupuestaria ni de discutir si un expresidente debe disponer de escolta, despacho o personal de apoyo. El problema de fondo es qué idea del poder subyace en estas prerrogativas, cómo se relacionan las oficinas con la sociedad y cuál el marco de integridad que debe regir el uso de recursos y privilegios pagados con fondos públicos.

En España, la regulación de estas oficinas procede esencialmente de un real decreto aprobado durante el gobierno de Felipe González. La norma es sorprendentemente escueta y ambigua. Cada expresidente dispone de personal eventual designado libremente, un puesto de nivel 30, el máximo que existe en la administración, y otro puesto de nivel 18, más los gastos de funcionamiento de la oficina, vehículo oficial, escoltas y otros medios sufragados por el Estado.

Todo ello se justifica formalmente en la necesidad de preservar la dignidad del expresidente, facilitar actividades institucionales, representación del Estado o atención a compromisos derivados de la antigua responsabilidad ejercida. Sin embargo, la norma nunca precisó qué debe entenderse exactamente por “actividad institucional”, ni estableció criterios verificables para distinguir entre interés público y actividad privada. Tampoco estableció una fiscalización detallada del gasto y mucho menos una obligación de rendir cuentas mediante memorias anuales que deberían presentarse ante el Parlamento que es quien aprueba la dotación económica que las sustenta a través de los presupuestos generales del Estado.

La gravedad aumenta cuando esa opacidad coincide además con actividades privadas de enorme influencia política o económica. Un expresidente no es un ciudadano cualquiera. Conserva relaciones diplomáticas, acceso privilegiado a líderes internacionales, información sensible acumulada durante años y una capacidad de influencia derivada directamente del cargo previamente ejercido. Precisamente por ello, la fijación de las incompatibilidades y la exigencia de transparencia para las actividades de los expresidentes y sus oficinas debería ser extraordinariamente rigurosa.

Ahí comienza el verdadero problema. Porque una democracia que pretenda alcanzar estándares de buen gobierno no puede sostener zonas opacas de gasto público y menos en órganos desde los que se puede ejercer influencias muy poderosas. La exigencia debería ir en sentido contrario porque la integridad pública se construye desde arriba y cuanto mayor ha sido la responsabilidad ejercida y mayor el poder de influencia latente, mayor debería ser la obligación de transparencia, ejemplaridad, rendición de cuentas y alineamiento con el interés general.

Pero esto desgraciadamente no forma parte de la tradición política que España ha arrastrado durante los cuarenta años de alternancia política del PSOE y el PP. El fenómeno, por lo tanto, no afecta solo a un partido, sino que ha estado normalizado de forma transversal compartiendo una misma visión. Por eso venimos oyendo con insistencia: por qué a Rodríguez Zapatero, si los demás expresidentes también reciben emolumentos de empresas privadas por regla general vinculadas a los oligopolios que sus respectivos gobiernos ayudaron a consolidar. Y precisamente ahí reside uno de los aspectos más preocupantes de lo que está ocurriendo: hemos asumido como algo normal esas puertas giratorias que sitúan a expresidentes, y también muchos exministros, en consejos de administración, asesorando o intermediando en negocios que nada tienen que ver con el interés público.

Cuando se intenta minimizar los hechos imputados a Rodríguez Zapatero alegando que otros expresidentes hacen cosas semejantes –o incluso peores, recordando las conductas atribuidas al propio rey emérito–, no se está defendiendo realmente la necesidad de que quienes disfrutan de privilegios públicos se comporten respetando los principios de buen gobierno e integridad. Cuando la conducta impropia deja de analizarse conforme a principios y valores y pasa a justificarse mediante comparaciones, la noción de buen gobierno desaparece para ser sustituida por una contabilidad del “y tú más”. Una mala praxis no se legitima por su repetición; al revés, se convierte en un sistema donde desaparece la frontera entre lo correcto y lo inadmisible. Todo queda reducido a una competición tribal donde cada bando político administra indulgencia para los propios y severidad para los adversarios.

Así, las oficinas de los expresidentes dejan de percibirse como un instrumento institucional y pasan a integrarse en un ecosistema de privilegios acumulativos: consejos de administración, conferencias millonarias, fundaciones opacas, redes de influencia internacional y utilización del prestigio institucional adquirido en el ejercicio del cargo para fines privados con apariencia de interés público.

Mientras cualquier funcionario o cargo público debe justificar minuciosamente dietas, desplazamientos o gastos relacionados con su actividad y observar un régimen de incompatibilidades que le limita o impide una actividad profesional privada, y mientras el perceptor de una ayuda pública debe aportar justificantes de hasta el último céntimo, las oficinas de los ex presidenciales disfrutan de asignaciones que nadie fiscaliza mientras confunden lo institucional con el negocio privado, la conclusión inevitable es que el sistema no funciona bien.

La propia OCDE ha remarcado recientemente que España es uno de los pocos países desarrollados que nunca ha tenido una estrategia integral y permanente de prevención y lucha contra la corrupción que abarque de forma coordinada el conjunto de las administraciones, los órganos constitucionales, las empresas públicas y los sistemas de contratación y gestión de fondos públicos. Esa carencia resulta especialmente grave porque España sí dispone, en muchos ámbitos, de normas formalmente avanzadas. El problema no reside tanto en la inexistencia de legislación, sino en la enorme distancia entre norma y práctica debido a la ausencia de órganos especializados en la prevención y detección temprana de conductas contrarias a la integridad pública.

Los informes recientes de la OCDE muestran precisamente esa contradicción: España obtiene puntuaciones relativamente altas en regulación formal de integridad, conflictos de intereses o transparencia, pero suspende en la aplicación efectiva y en la práctica institucional. El caso paradigmático es el de los lobbies: España carece todavía de un verdadero sistema de control y registro de grupos de interés, obteniendo un 0% en aplicación práctica según los indicadores de integridad pública de la OCDE. Y todas estas carencias solo se pueden atribuir a una clara voluntad política persistente, de unos y otros, para seguir como estamos.

No se trata únicamente de posibles conductas delictivas porque fiar la lucha contra la corrupción exclusivamente al código penal, como ahora ocurre, ya implica un fracaso en la prevención en un contexto de normalización de prácticas donde hay conflictos de interés; acceso privilegiado a información; opacidad y ausencia de controles eficaces. Todos los casos reflejan un patrón conocido: debilitamiento de los controles internos, insuficiente independencia de los órganos fiscalizadores, politización de las instituciones supervisoras y una alarmante tolerancia social hacia determinadas formas de corrupción “menor”.

El fenómeno adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando alcanza a figuras que habían construido una imagen pública asociada al reformismo o al progresismo ético. No me consta que durante el mandato de Rodríguez Zapatero se produjera un solo caso de corrupción en el seno de su gobierno, por lo que las informaciones contenidas en el Auto de imputación añaden un componente de decepción y erosión moral de un referente político.

En este contexto, las advertencias del Greco, el organismo anticorrupción del Consejo de Europa, adquieren especial relevancia. Su informe más reciente subraya la falta de medidas decididas y resultados tangibles respecto a la integridad de altos cargos del Gobierno central. El Greco insiste desde hace años en cuestiones esenciales que España continúa sin resolver plenamente: regulación de asesores, agendas públicas, conflictos de intereses, puertas giratorias, transparencia de lobbies y fortalecimiento de órganos independientes de supervisión.

La consecuencia de todo ello no es solo jurídica o política, es profundamente democrática. La corrupción sostenida destruye la confianza social, degrada la legitimidad de las instituciones y alimenta el cinismo ciudadano. Cuando la percepción pública es que los mecanismos de control dependen de los propios partidos involucrados en malas praxis, el sistema político pierde credibilidad en favor de opciones totalitarias. No es casual que Transparencia Internacional haya vuelto a rebajar la posición de España en el Índice de Percepción de la Corrupción.

El verdadero problema español no es únicamente la existencia de corrupción, sino la negativa histórica para construir un verdadero sistema estatal de integridad pública independiente de los partidos. Mientras otros países europeos han desarrollado agencias estatales de integridad fuertes e independientes, sistemas de prevención, protección efectiva de denunciantes y controles internos y externos robustos, España continúa fragmentando competencias, debilitando o suprimiendo organismos incómodos.

La lucha contra la corrupción exige mucho más que reformas penales o declaraciones políticas solemnes que luego quedan en nada. Requiere una transformación social e institucional basada en pilares como independencia real de los órganos de control; profesionalización y despolitización de la administración; regulación estricta de grupos de interés (lobbies) y supresión de puertas giratorias; protección efectiva del denunciante de corrupción; transparencia radical en contratación pública y gestión de fondos; sistemas preventivos de integridad; y una ética pública incompatible con la colonización partidista del Estado y sus instituciones.

Esto solo será posible cuando los partidos políticos decidan, tras la correspondiente catarsis, un pacto estatal contra la corrupción extendido también a cada comunidad autónoma. En el caso concreto del funcionamiento de las oficinas de los expresidentes deberían incluir al menos cinco principios básicos: transparencia absoluta de las agendas, transparencia en los fondos públicos que manejan, limitación temporal de privilegios, incompatibilidades estrictas y rendición pública periódica de actividades realizadas.

Sin esa transformación, España seguirá atrapada en un ciclo repetitivo de escándalo, indignación, comisión parlamentaria, desgaste mediático, desconfianza ciudadana y normalización del deterioro institucional. Y en ese ecosistema degradado es donde avanzan imparables los enemigos de la democracia.

La última frase del discurso con el que José Luis Rodríguez Zapatero ganó, contra todo pronóstico, el XXXIV Congreso Federal del PSOE fue “no os fallaré”. El sintagma se convirtió en un lema personal que repetiría años después, la noche de su victoria en las elecciones generales de 2004, para extender el compromiso a toda la ciudadanía. Hoy, aquellas palabras son para una inmensa mayoría de socialistas un quebranto inesperado y doloroso de quien ha sido el faro moral del partido durante lustros.  

Entre los que andan como Santo Tomás, incrédulos, pero a punto de meter el dedo en la llaga, y los que prefieren creer que están ante una “superproducción de realidad aumentada” hay un sentimiento de desolación que recorre esta semana todas las federaciones del PSOE. Diga lo que diga el sumario de la causa que investiga el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, José Luis Rodríguez Zapatero ha roto el corazón del partido. Y quién sabe si algo más. 

El alcance de lo leído en el auto de su imputación por tráfico de influencias tiene una significación tan notable porque el expresidente era, en palabras de un veterano dirigente, “el santón laico de la organización” y “un modelo ético” al que Pedro Sánchez ha sacado en procesión cuando ha necesitado para recordar todo lo bueno que hizo durante sus gobiernos, que no fue poco.  

Como el de La incredulidad de Santo Tomás que pintó Caravaggio, hay un marcado contraste entre las luces y las sombras que, unido a la crudeza con que ese auto describe redes societarias, comisiones, empresas pantalla y transferencias de cientos de miles de euros, llena la escena de un tenebrismo incompatible con la vida y la personalidad hasta ahora conocidas de Zapatero.

“No hay explicación para que hiciera presuntamente de forma opaca e ilícita lo que Felipe González o José María Aznar han hecho, mediante el lobbismo, desde que dejaron la presidencia del Gobierno. Si por alguna razón personal decidió dedicar su vida a ganar dinero de esa forma, lo que debió hacer es dejar de predicar desde los púlpitos del socialismo y desaparecer de la esfera pública”. Quien así habla es un socialista que, el martes por la mañana, era escéptico con todo lo que leía, pero el viernes admitía ya que “no vamos a tener más remedio que creer”.  

¿Fin de ciclo?

La resolución del juez Calama ha extendido una sombra de sospecha sobre el presidente y su entorno más cercano, además de señalar a sus hijas por el cobro de un millón de euros de la trama que se investiga a través de la empresa Whathefav de la que son administradoras y socias. Algo que, para la inmensa mayoría de los socialistas, resulta más incomprensible aún: “Si la motivación inicial era solucionarles la vida a las chicas, lo que ha hecho es complicar su existencia hasta el resto de sus días”. El dolor es más intenso entre los correligionarios de Zapatero cuando se proyecta el efecto que todo esto ha podido provocar en la esposa del expresidente, Sonsoles Espinosa, una mujer prudente y discreta, que siempre huyó de todo foco. 

Hoy ya nadie en el PSOE habla de la baraka o la buena estrella que durante años se dijo que velaba por un Zapatero que se definía a sí mismo como un optimista antropológico, sino de lo que todo este asunto puede suponer para Pedro Sánchez: si la legislatura ha entrado definitivamente en barrena; si el presidente podrá aguantar el calvario judicial que el PSOE y su propia familia tienen por delante; si los socios aguantarán la presión de la derecha; si se anticiparán las elecciones o si el fin de este ciclo político será más estruendoso aún de lo ya previsto. 

Al latido de decepción que palpita en toda la organización se une además un sentimiento de fin de ciclo que muy pocos disimulan, pero con el que el presidente del Gobierno ha decidido marcar distancias. 

La respuesta de la oficialidad es un no rotundo a posibles consecuencias políticas tras lo que destape la investigación sobre Zapatero: “Nada de lo que llena las portadas de los diarios estos días precipitará unas elecciones; el presidente está mucho más tranquilo que cuando se conocieron los casos Ábalos o Cerdán y no vamos a aceptar un relato fraccionado por la derecha de que la continuidad del presidente Sánchez es insostenible”.

“Ni esto es Latinoamérica, ni un Estado criminal corrupto, ni Sánchez y su gobierno están aquí para robar a los españoles, que es una narrativa construida por Feijóo y por Ayuso de escaso recorrido. Nos enfrentamos a la superproducción de una realidad aumentada por la caverna”, aseguran fuentes de La Moncloa. 

¿Cómo afecta entonces al Gobierno esta bomba de neutrones? “No hay que avanzar pantallas, sino esperar al sumario y hasta el momento no hay prueba incriminatoria contra Zapatero. Si todo lo que se destapa es que el expresidente o Javier de Paz usaban sus contactos para hacer llamadas e interesarse por expedientes, el PP debería ser consciente de que se ha abierto un melón muy peligroso que se le puede volver en contra”, advierten desde el equipo del presidente.

Un ministro del PSOE llama la atención sobre “la delgada línea que separa el lobbismo del tráfico de influencias, que es el elefante en la habitación de este caso y del que el PP no saldrá tampoco indemne, aunque cuente en ocasiones con la connivencia de algunos jueces”. En la sede de algunos ministerios de hecho se han empezado a rastrear llamadas y visitas de exministros de Rajoy, más recientes que remotas, a funcionarios y altos cargos para interesarse por algunos proyectos y expedientes, según confirman fuentes gubernamentales.

En la misma dirección del relato sobre un caso poco estético, pero no ilegal, transita otra voz del Ejecutivo que duda además del “origen de una investigación casi parapolicial”. Palabras mayores que transmiten que en el ámbito socialista permanece el convencimiento de que todo lo que rodea a Sánchez es resultado de una ofensiva coral de la derecha política, policial, judicial y mediática. “Motivo más que justificado —añade el mismo interlocutor— para mantener el apoyo a Zapatero y, en ningún caso, convocar elecciones”. Y por el que Sánchez ha decidido defender hasta las últimas consecuencias la inocencia de Zapatero, aunque en La Moncloa no puedan negar que hayan pasado del shock de las primeras horas a la ansiedad por conocer el alcance de la investigación cuando se haga público el sumario, que todo indica que será mañana lunes.

La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero encuentra sus indicios más contundentes en los ingresos que dos sociedades con escasa o nula actividad realizan al expresidente y a la sociedad de sus hijas. En el epicentro de la trama está Análisis Relevante, una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

En su auto, el magistrado considera que esos flujos monetarios responden indiciariamente al pago por una actividad de tráfico de influencias del expresidente Zapatero. El juez no concreta qué hizo Zapatero para que la compañía aérea Plus Ultra se beneficiara de un rescate de 53 millones de euros. Lo que hace el magistrado es unir la contratación de Julio Martínez Martínez por parte de Plus Ultra con el hecho de que el amigo del expresidente le pagara por unos dudosos trabajos de consultoría.

Por contra, los ingresos bajo sospecha de Rodríguez Zapatero y su familia no requieren de inferencias. Son 490.780 euros al expresidente por informes “orales” y 239.755 a Whathefav, la empresa de marketing de las dos hijas de Zapatero, que tiene a Análisis Relevante como uno de sus principales clientes desde que la consultora se fundara en febrero de 2020. 

Unos meses antes, en septiembre de 2019, se había constituido Whathefav, pero los inicios de la pequeña empresa no eran nada halagüeños. Las hermanas cerraron el primer ejercicio fiscal con pérdidas de poco más de 3.000 euros. Una fuente conocedora del germen de Análisis Relevante asegura a elDiario.es que la idea de “ayudar a las hijas” de Zapatero estuvo presente desde el principio. 

Por una parte, los fundadores pretendían crear una ‘start up’ que les proporcionara ingresos extra, pero sobre todo, un proyecto a futuro. Por otra, estaba decidido que se contrataría a Whathefav, que reunía los requisitos para contribuir a una sociedad dedicada la consultoría y al mundo de la comunicación. 

En el plan para crear Análisis Relevante estaban los directivos de Telefónica Javier de Paz y Sergio Sánchez –amigos ambos de Zapatero–, la hija del primero, de profesión abogada, y el empresario alicantino Julio Martínez, también amigo del expresidente. Finalmente, Javier de Paz y su hija decidieron no participar en el proyecto. Martínez sería el administrador único y compartía el 75% de la empresa con sus hermanos Manuel y Rafael. El otro 25% correspondía a Sergio Sánchez, antiguo director de Comunicación del Ministerio de Defensa y del CNI en el Gobierno de Zapatero. 

Otra fuente implicada en el origen del proyecto aumenta la influencia de Zapatero en la creación de Análisis Relevante y asegura que con ella, el expresidente quiso emular a Pepe Blanco, su antiguo secretario de Organización en el PSOE que triunfa en el ámbito empresarial desde hace años con su consultora Acento. 

Lo cierto es que la creación de Análisis Relevante tuvo un efecto directo en la economía de Laura y Alba Rodríguez. En 2020, Whathefav ya facturaba 155.791,66 euros. La cuenta de resultados dio positivo: 31.948,23 euros. Además de tener a Análisis Relevante como principal proveedor, los medios de comunicación añadían un extra a la facturación de la empresa de las hijas del expresidente. La Razón fue el primero, pero luego se sumarían El Español, El Plural, Público o Neox. 

Análisis Relevante había trazado un camino a seguir en sus trabajos de consultoría y comunicación. Tenía un logo, un libro de estilo para sus informes y requería de las hijas de Zapatero para los diseños y maquetaciones. El propio auto de imputación del expresidente recoge cómo uno de los fundadores de Análisis Relevante, Sergio Sánchez, elaboró informes de consultoría bajo el nombre de la firma.

Pero con el tiempo, el proyecto se fue diluyendo. Sus socios aparcaron la iniciativa. O más bien, la mayoría abandonaron sus esperanzas en Análisis Relevante. No así su administrador, Julio Martínez, quien siguió contratando al expresidente y a la empresa de sus hijas desde la consultora. 

El juez Calama considera que Julio Martínez convirtió Análisis Relevante en una “pieza instrumental” para mover dinero desde empresas como Plus Ultra hacia los destinatarios finales de las supuestas mordidas, que eran Rodríguez Zapatero y la empresa de sus hijas, Whathefav. 

Para Calama, la actividad de Análisis Relevante, participada y administrada por el amigo del expresidente, Julio Martínez Martínez, “no responde a una lógica empresarial autónoma”. La consultora, dice, sigue un “patrón” consistente en la “recepción y redistribución de recursos”. El magistrado alega que los pagos a Zapatero y su entorno “coinciden temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas”, en referencia al rescate de Plus Ultra, aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.

El juez apunta que Zapatero, pese a no figurar en la estructura de la empresa, tenía una “participación activa y directa en los canales de organización y comunicación interna”. El magistrado obtiene esa conclusión de la existencia de un chat de WhatsApp denominado ‘AR’, las siglas de la consultora, y de la participación del expresidente en ese canal de comunicación. Zapatero, añade el juez, también habría dado “el visto bueno a un listado de receptores de los informes de asesoría emitidos por Análisis Relevante”. 

La investigación deberá aclarar, por otro lado, qué trabajos hacían las hermanas Rodríguez y su empresa Whathefav para una sociedad llamada Inteligencia Prospectiva que, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), “carece de actividad real”. Así lo comprobaron los agentes de la UDEF que registraron el pasado martes su sede, un piso en Madrid. No tenía empleados. 

Entre 2020 y 2025, la empresa de las hijas de Zapatero ingresó 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, la sociedad de los hermanos venezolanos Amaro Chacón. En ese periodo, la sociedad mueve más de 2,6 millones de euros en sus cuentas. Por tanto, más del 21% de esos flujos de dinero fueron a parar a la empresa de las hijas del expresidente.

Otra empresa vinculada a Zapatero, Gate Center, de la que es presidente de su consejo asesor, recibió de los hermanos venezolanos 226.200 euros. Por su parte, Julio Martínez Martínez y Análisis Relevante ingresaron 368.258,72 euros de Inteligencia Prospectiva. El 44,4% de todo el dinero que movió la sociedad de los hermanos venezolanos fue a parar a Zapatero y su entorno. 

Los mensajes borrados con Zapatero

La Policía detuvo a Julio Martínez el pasado noviembre, en una primera fase de la operación, cuando el caso todavía era instruido en un juzgado de Madrid. Los agentes se incautaron del teléfono del empresario. Al analizarlo han concluido que Martínez se cuidaba de eliminar “de manera sistemática” los mensajes que enviaba a Zapatero. 

Sin embargo, el reenvío de mensajes deja algunos rastros de la participación del expresidente en el intercambio. Una conversación entre uno de los hermanos dueños de Inteligencia Prospectiva, Domingo Amaro Chacón, y Martínez incluye expresiones como “presidente, le reporto novedades” o “presidente, nos mantenemos atentos a sus indicaciones sobre este asunto”.

Los investigadores encontraron tres contratos entre Julio Martínez e Inteligencia Prospectiva entre mayo de 2020 y junio de 2022 para la “elaboración de informes mensuales y la prestación de asesoramiento continuado sobre tendencias económicas y políticas, así como del impacto del Covid-19”, dice el auto del juez Calama. 

El magistrado hace en su auto una composición de Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón. Dice de ellos que ambos “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propia de un empresario común”, especialmente en todo lo relacionado con Venezuela.

En un intercambio de mensajes, Domingo Arnaldo traslada a Julio Martínez que el presidente de la sociedad Swissoil Trading SA “y los chinos” están “listos para comprar barcos [de petróleo]”. La implicación de Zapatero en esta transacción se centra en que China International Cultural Technology Resources Group envió “una carta de intenciones (un documento comercial que se utiliza en estos casos)” a la oficina de Zapatero sobre la compra que los chinos quieren realizar. En el auto no se hace ninguna mención más a la transacción. Ni si se realizó la compra, ni si Zapatero medió de algún modo. 

Uno de los dos informes de la UDEF incorporados a la causa que investiga por tráfico de influencias al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero apunta a su posible papel en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. El atestado detalla una conversación mantenida en octubre de 2020 entre el actual presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y el socio accionista venezolano Rodolfo Reyes en la que el primero detalla por WhatsApp un supuesto encuentro con el que fuera jefe del Ejecutivo: “Estoy con los Zapatero y los chinos. veremos (sic)”. Este mensaje, sobre el que ponen el foco los investigadores obtiene rápida respuesta de Reyes con un simple “suerte”.

El atestado indica que el directivo de la aerolínea sostiene que “se encuentra en ese momento con José Luis Rodríguez Zapatero y unos ciudadanos de nacionalidad china”. No obstante, la expresión abre la puerta a que pudiera referirse a personas cercanas a la figura del expresidente dado que los directivos de la aerolínea hablaban en ocasiones del “Grupo Zapatero” para referirse a personas vinculadas al expresidente. Esencialmente, Julio Martínez Martínez, quien durante cinco años pagó a Zapatero por informes geoestratégicos a través de su empresa, Análisis Relevante, con la que facturaba a Plus Ultra por sus servicios de asesoría.

Días después de ese mensaje, indica la UDEF en su informe, el 19 de octubre de 2020, la SEPI remitió a Plus Ultra un requerimiento de subsanación adicional y aclaraciones con la intención de mejorar la solicitud inicial de ayuda ante la situación creada en la pandemia. En ese momento, la aerolínea también estaba teniendo dificultades para conseguir permisos de vuelo de la autoridad de aviación civil de China. De la obtención de esas autorizaciones dependía que un cliente asiático, que estaba “muy nervioso”, liberara un pago urgente de 660.000 dólares a favor de Plus Ultra.

El informe también recoge otra conversación de directivos de la aerolínea en la que hacen referencia a otra supuesta reunión del expresidente en relación con el rescate. En este caso, ese encuentro se habría producido meses después, en febrero de 2021, un mes antes de que el Consejo de Ministros aprobara el préstamo público. En esa reunión, Zapatero habría comunicado a uno de los principales accionistas de la aerolínea, Camilo Ibrahim Issa, que la tramitación del rescate iba “viento en popa”.

“Puedes organizar una comida con el tocayo, tu y Camilo. Camilo estuvo hoy con Zp. Le dijo que todo va viento en popa”, asegura el venezolano Rodolfo Reyes, que ese momento tenía el 40% de las acciones de Plus Ultra. “Lo sabía. De hecho, me pregunto el tocayo (estaba con ZP) cuanto tenía Camilio en Plus (sic)”, responde el entonces vicepresidente de la compañía, Julio Martínez Sola. El “tocayo” al que se refieren es el citado Julio Martínez Martínez.

La investigación de la Audiencia Nacional sitúa el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en la pandemia como el episodio central de la trama. La resolución detalla que ante la imposibilidad de la aerolínea para conseguir créditos bancarios, sus directivos recurrieron en paralelo a José Luis Ábalos y a Zapatero, si bien fue la vía del expresidente “la que adquirió un papel predominante y permitió a Plus Ultra alcanzar los objetivos perseguidos”.  

Los informes recogen una conversación de las primeras semanas de la pandemia en la que Rodolfo Reyes y Julio Martínez Sola debaten qué contactos políticos utilizar para acceder a la financiación y en la que surge el nombre del expresidente del Gobierno. “Tienes idea como llegamos a los hilos políticos, tema ayudas, financiamiento etc etc etc (sic)”, escribe el venezolano Rodolfo Reyes a Martínez Sola el 30 de marzo de 2020. Este último responde que ya había puesto en marcha el asunto “por dos vías”: “Delcy que llame a Ábalos. O alguien con Zapatero”. 

En la misma conversación, el empresario venezolano llega a preguntar al entonces presidente de la aerolínea si “sirve pa algo ese ”señor“, en alusión a Zapatero. A lo que su interlocutor le contesta que ”es pro Sanchez“, ”y pro Maduro“. ”El fin justifica los medios“, añade.

En su comparecencia en el Senado el pasado marzo, Zapatero admitió que sabía que su amigo Julio Martínez Martínez tenía “alguna relación” con Plus Ultra, aunque negó en numerosas ocasiones que él tuviera vinculación alguna con la aerolínea. “Es una especulación, una conjetura, una hipótesis”, afirmó el expresidente, que reiteró que sus trabajos de consultoría nada tenían que ver con Plus Ultra.

No obstante, los agentes han localizado dos archivos de Excel —“LISTA AR OK.xlsx” y “DIRECCIONES EMAIL JM xlsx”— enviados por Zapatero a Julio Martínez Martínez el 6 de julio de 2021 con supuestos clientes de su empresa Análisis Relevante. Entre esos clientes figuran los citados Julio Martínez Sola y Camilo Ibrahim Issa, vinculados a la aerolínea. También aparecen otros nombres como el presidente del Real Madrid y del grupo ACS, Florentino Pérez, el expresidente de Indra Fernando Abril-Martorell, la presidenta de Red Eléctrica Beatriz Corredor o directivos de la tecnológica Huawei.

Según la Policía, el envío personal de estos listados muestra una dinámica según la cual Zapatero “daría el visto bueno a un listado de receptores de los informes de asesoría emitidos por Análisis Relevante”. Los informes de la UDEF no contienen, sin embargo, más pruebas que las que el juez José Luis Calama presentó en el auto de 88 páginas conocido el pasado martes y de las que se sirvió para sostener la imputación a Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad. 

La hipoteca y la off-shore en Islas Vírgenes

Uno de los dos atestados recoge varios correos electrónicos relacionados con la supuesta creación de una sociedad off-shore que, según los investigadores, habría ordenado crear Rodríguez Zapatero para cobrar una comisión del 1% por el rescate público de Plus Ultra.

Si bien en ninguno de los documentos incluidos se arroja luz sobre esa supuesta orden del expresidente, sí que se dice que Zapatero habría sido quien mandó a su secretaria (Gertrudis) organizar una comida en el restaurante Portonovo con Julio Martínez Martínez. “Tanto del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta se deriva que necesariamente las instrucciones tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero”, explican los agentes de la UDEF.

Como un día después empieza el cruce de correos entre Julio Martínez y la persona que se iba a encargar de crear una off-shore en Dubái (Tomás Guerrero), la UDEF infiere que el germen de esa creación de la sociedad es la comida del Portonovo. Y eso a pesar de que en realidad, y a juzgar por lo que refleja el atestado (“mesa para dos”) Guerrero no estuvo en la comida de Zapatero y Martínez.

Dando por hecho la constitución de esa sociedad en Dubái, la UDEF incluye que que “la red de influencia dispondría de, al menos, otra sociedad radicada en territorios off-shore, como así se desprende del análisis de los correos electrónicos hallados” en el portátil de Julio Martínez. Explica que han localizado un documento que revela que ese empresario contaba también con una mercantil en las Islas Vírgenes Británicas, Landside Holding LTD.

A este hallazgo, la UDEF suma otro, y es que “según inteligencia financiera, José Luis Rodriguez Zapatero y su esposa adquirieron un inmueble (...) el 26 de febrero de 2024 por un precio de compraventa de 580.000 euros”. Relatan que el Santander les concedió un préstamo hipotecario para esta operación por importe de 500.000 euros, y que el mismo fue cancelado anticipadamente el 16 de enero de 2025 mediante una transferencia de 498.000 euros.