El juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha rechazado el recurso que presentó la defensa después de que se solicitara una segunda pericial para tasar las joyas halladas en una caja fuerte del despacho profesional del exdirigente socialista. Con el informe preliminar de la Joyería Ansorena sobre la mesa, el juez José Luis Calama consideró necesario encargar un nuevo análisis y designó a la Joyería Yanes.

En el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, Calama indica que no puede compartir la tesis de la defensa de que ese nuevo análisis carezca de justificación porque el hecho de que existan dictámenes previos no es óbice para recabar “nuevas valoraciones técnicas cuando considere que ello puede contribuir a un mejor esclarecimiento de los hechos investigados”. De hecho, añade, esa nueva pericia no se limita a reiterar una valoración económica global de las piezas, sino que pretende obtener “una descripción individualizada y exhaustiva de cada una de ellas, la identificación y caracterización de metales y gemas, la localización de marcas o contrastes, la estimación de antigüedad, la determinación de elementos relativos a procedencia o fabricación y una valoración singularizada de reposición respecto de cada objeto”.

El juez advierte que la investigación penal no se rige por el principio de unicidad pericial y por tanto pueden coexistir varios informes referidos a un mismo objeto material. Es más, añade, el hecho de poder contrastar apreciaciones técnicas de especialistas puede resultar útil “en materias donde concurren elementos valorativos o apreciativos no siempre susceptibles de una respuesta unívoca”.

 Descarta, además, que la Joyería Yanes pueda adolecer de falta de imparcialidad por haber realizado declaraciones su director declaraciones en medios de comunicación sobre las piezas concretas. Explica que “la elección del profesional o entidad encargados de su realización se integra en el ámbito de discrecionalidad técnica y procesal que corresponde al órgano judicial, siempre que no concurran circunstancias objetivas que permitan poner en duda su capacidad profesional o imparcialidad”.

 En este sentido, asevera que la elección “no se sustenta sobre una designación arbitraria ni generadora de indefensión” y añade que la petición de la defensa de designar ellos un perito para que el dictamen sea conjunto con el de Yanes, el juez explica que no es necesaria la presencia simultánea. Afirma que la actuación conjunta de peritos tiene cabida cuando se trata de fuentes de prueba perecederas o susceptibles de alteración irreversible como consecuencia de la pericia, circunstancia que no concurre en este caso.

 Eso sí, resalta que Zapatero siempre puede solicitar una nueva pericia, una ampliación, una contrapericia o un informe alternativo al que se elabore por orden del juzgado. Explica que los resultados de dichas actuaciones podrán incorporarse a las actuaciones y ser objeto de la oportuna valoración contradictoria junto con el resto del material pericial obrante en la causa.

 “En definitiva, la inexistencia de riesgo de pérdida o alteración de la fuente de prueba excluye la necesidad de un reconocimiento conjunto como garantía indispensable del derecho de defensa, sin perjuicio de que la parte conserve plenamente las facultades procesales que la ley le reconoce para promover y aportar las pericias que estime convenientes para la adecuada defensa de sus intereses”, concluye el auto.

El pasado 23 de septiembre, el expresidente del Gobierno trasladó en un escrito a la Audiencia Nacional que la parte principal de la “colección” de joyas incautada en su despacho era un “obsequio de carácter personal” que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí le entregó cuando era jefe del Ejecutivo. Según el escrito, la entrega se produjo en el Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007.

La fiscal anticorrupción del caso Zapatero se ha opuesto al recurso presentado por la defensa del expresidente del Gobierno en el que pedía que se anulara la parte de la causa en la que se investiga el cobro de 200.000 euros de la empresa Focus Social Research a cambio de su influencia en el gobierno boliviano. En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal Elena Lorente no se queda en argumentar una simple oposición al recurso del abogado Víctor Moreno Catena, sino que sale a defender la instrucción del magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama después de que el letrado le afeara estar llevando a cabo una investigación “prospectiva” y le advirtiera que no disfrutaba de “patente de corso”.

“La referencia corsaria no sólo es que choque con la forma en que se está llevando la instrucción, con autos razonados milimétricamente, sino que implica una concepción contraria a derecho de lo que es una instrucción judicial”, resalta la fiscal en su informe. Y recuerda, por otro lado, que antes de que se presentara el informe concreto sobre esa empresa ya existía en el procedimiento rastro de las transferencias que llegaban a cuentas del expresidente desde la sociedad Focus Social Research “por lo que los hallazgos documentales encontrados en las posteriores entradas y registros -las agendas del expresidente- completan un dato ya conocido”.

Al hilo, echa en cara a la defensa que confunda la idea de la investigación prospectiva “con el deseo de que las pesquisas queden circunscritas a lo que la defensa considera más conveniente, haciendo una peculiar interpretación de lo que es objeto del procedimiento”. Y subraya que a su juicio “el objeto del procedimiento no se circunscribe al relato de hechos de un auto que sostiene una medida de investigación, como es la de entrada y registro”. Así, incide en que la visión de la defensa “es una sesgada y limitativa interpretación de lo que es objeto de esta investigación penal con el objetivo de encorsetarla”.

Es más, indica que esos pagos de la sociedad Focus “ponen en evidencia otro hecho relativo al delito de tráfico de influencias, que venía ya siendo objeto de esta instrucción”. Para la fiscal existe una incuestionable conexidad entre los diferentes hechos investigados: a la presunta influencia del investigado para lograr el rescate público recibido por Plus Ultra “resulta que se suma la presunta influencia del mismo para lograr una oportuna resolución de las autoridades de Bolivia”. “En ambos casos, el investigado sale económicamente beneficiado. En el caso de Plus Ultra con la interposición de la pantalla Análisis Relevante SL y en el segundo con un pago directo en las cuentas bancarias del propio investigado”, añade.

En el recurso de Rodríguez Zapatero, al que también tuvo acceso elDiario.es, el letrado explicaba que, si bien el objeto de la investigación es de “cristalización progresiva” y que el imputado no tiene un blindaje ante nuevos hechos, el magistrado no podía pretender dirigir la investigación hacia “cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”. Añadía que, en el caso de su cliente, lo hallado es fruto de “una entrada y registro en la que se incautó información masiva” que permitía trazar “con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”.

En este sentido, aclaraba que el hecho de que esa información masiva esté en la causa “no significa que pueda examinarse en su integridad en búsqueda del descubrimiento de cualquier hecho de apariencia delictiva” porque, en todo caso, el tratamiento y análisis de esa información “debe ir orientada exclusivamente a esclarecer los hechos sobre los que ya existen indicios”.

Así, resaltaba que con la decisión de investigar los pagos de Focus Social Research se extendían las pesquisas “más allá de los hechos sobre los que se consignan indicios de un delito de tráfico de influencias, que se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra”. A su juicio, primero se afirmaba que hay “una red con fines delictivos” y luego se emprendía la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red, algo que tilda de “razonamiento falaz”.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha inadmitido la recusación planteada por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero sobre la designación de la Joyería Yanes como perito para elaborar un informe en relación con las piezas incautadas en la oficina del expresidente del Gobierno durante el registro practicado en su oficina el pasado 19 de mayo.

La defensa de Zapatero alegaba falta de imparcialidad e interés directo o indirecto de la entidad judicialmente designada para elaborar la pericial dado que el director general y uno de los titulares de la firma, Juan Yanes López, había realizado manifestaciones públicas a los medios de comunicación anticipando juicios sobre la autenticidad y el valor global de las piezas. Además, señalaba que había ofrecido aproximaciones cuantitativas que, según la defensa del expresidente, influyen en cuestiones subjetivas como el valor de reposición y la estimación conjunta del lote.

Frente a estos argumentos, el juez explica en un auto que la recusación constituye “un mecanismo de configuración legal estricta que no admite interpretaciones extensivas ni analogías fundadas en meras sospechas de predisposición o apariencia de parcialidad”.

En este sentido, afirma que la defensa de Zapatero no identifica ni acredita la concurrencia de ninguna de las causas legalmente previstas, limitándose a invocar una supuesta falta de imparcialidad derivada de determinadas declaraciones efectuadas ante medios de comunicación por quien ostentaba la dirección general de la entidad a la que pertenece el perito a designar.

“Tal alegación no permite apreciar, ni siquiera indiciariamente, la existencia de parentesco, amistad, enemistad o interés personal del perito recusado en el resultado del procedimiento”, tal y como requiere el artículo el artículo 468 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo relevante, explica Calama, no es la existencia de una opinión previa sobre el objeto en litigio, sino la concurrencia de un interés personal, directo o indirecto, en el resultado del proceso, circunstancia que ni se alega con precisión ni aparece “mínimamente acreditada”.

El magistrado explica también que la ley excluye la posibilidad de la recusación cuando el examen técnico inicial que se practique puede realizarse nuevamente en la hipotética fase de juicio oral bajo los principios de inmediación, oralidad y contradicción. Y en este caso, apunta, los efectos estarán a disposición del tribunal que, en su caso, enjuicie los hechos y de las partes para que el perito proceda nuevamente a su observación, edición, clasificación y valoración. Una prueba que, añade el juez, podrá ser sometida a interrogatorio y contradicción por todas las partes personadas. 

 La resolución señala, además, que la recusación es prematura porque todavía no están identificados los profesionales concretos que realizarán la pericia y solo se ha designado a la entidad Yanes.

 “En definitiva, las manifestaciones públicas realizadas por quien ejerce funciones directivas dentro de la entidad de pertenencia del perito a designar no constituyen una causa legal de recusación, no permiten inferir por sí mismas un interés personal del experto en el resultado de la causa y, en todo caso, quedan neutralizadas por las garantías de contradicción, inmediación y libre valoración que presidirán la práctica de la prueba pericial en el juicio oral”, concluye. 

La documentación entregada por los antiguos responsables de Plus Ultra a la Audiencia Nacional incluye el intercambio de correos electrónicos entre la compañía y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que debía autorizar el rescate de la aerolínea en plena pandemia. Esos mensajes describen un intercambio fluido e intenso en el que la Sociedad Estatal requiere documentación, aclaraciones y precisiones y la compañía responde. El rescate terminó produciéndose y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está imputado por haber mediado para que se produjera en una vía que, de existir, habría resultado ajena al procedimiento que documentan los correos electrónicos.

En los más de 600 folios de documentación entregados por el exCEO de la aerolínea Roberto Roselli al instructor José Luis Calama se incluyen una veintena de actas elaboradas por la compañía para la SEPI y que tenían por objetivo dar cuenta del día a día de Plus Ultra después de haber recibido el rescate público de 53 millones en marzo de 2021. Pero también se pueden leer más de cien correos electrónicos cruzados entre la SEPI y la compañía que son previos al rescate aprobado por el Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021.

Gran parte de esos correos tienen como protagonista a José Ángel Partearroyo, quien por entonces era director de Participadas de la SEPI y que fue quien llevó la voz cantante de la sociedad estatal para la preparación de la documentación que la aerolínea debía recabar y presentar para su posterior análisis en el órgano decisor del rescate público. Partearroyo ha sido citado por el juez el próximo 19 de noviembre.

Si el contacto telefónico que mantuvo Zapatero con el entonces presidente de Plus Ultra Julio Martínez Sola data de 30 abril de 2020 –según explicó el propio exdirectivo–, los correos que incluye Roselli en su documentación tienen como inicio noviembre de 2020. En ellos se puede seguir el día a día del proceso de preparación del rescate y cómo, por ejemplo, desde la SEPI se reclama detalles como “la lista de acreedores con los que Plus Ultra tiene deuda relevante que puedan beneficiarse indirectamente de la potencial concesión de apoyo público temporal”.

La relevancia para la causa radica en que se investiga una trama que pudo utilizar el dinero del rescate público para el blanqueo de capitales de una presunta organización criminal. El vehículo para ese blanqueo habrían sido, supuestamente, esos créditos puente que la aerolínea tenía que devolver. De hecho, entre la documentación, Roselli incluye una lista de acreedores en las que aparecen las sociedades del prestamista neerlandés Simon Verhoeven.

Los correos incluidos abarcan un espacio temporal de meses y se extienden incluso a fechas posteriores al rescate, cuando la SEPI y Plus Ultra siguen conversando por mail sobre aclaraciones en la entrega de determinada documentación, o incluso sobre la necesidad de que la sociedad estatal nombre a un observador que asista a las reuniones de la compañía.

El papel de Zapatero

Los grandes interrogantes por despejar es qué participación concreta pudo tener Zapatero en el rescate –qué gestiones hizo y con quién– y cuánto cobró presuntamente por ello, si es que lo hizo. Pero también existe la hipótesis de que el expresidente no hiciera más gestión que ofrecerse a ayudar en una llamada con el entonces presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, y después cobrara a través de Julio Martínez sin llegar a hacerla y por la utilización que de su nombre hubiera hecho su socio.

El Gobierno ha defendido insistentemente las garantías del rescate a Plus Ultra. Cuando estalló el caso Zapatero, el Ejecutivo defendió que Plus Ultra era, como compañía aérea, “parte de un sector estratégico” y que “cumplía con los requisitos en una empresa de este sector”. “Las compañías aéreas que lo necesitaron por el impacto COVID y cumplían los requisitos, recibieron los préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. Un total de 890 millones de euros para Air Europa, Volotea, Air Nostrum, Plus Ultra, Wamos Air y Evelop Airlines. La adjudicación de los préstamos se basa en un marco reglado, donde no cabe la discrecionalidad, ni la arbitrariedad, ni la discriminación. La normativa exige el estricto cumplimiento de los requisitos establecidos”, sostiene el Gobierno.

La defensa letrada del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha enviado un nuevo escrito al juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional en el que le informa de que se debe recusar -apartar- al perito designado para realizar una nueva pericial sobre las joyas que fueron halladas en su despacho. Sostiene que Juan Yanes López, de Joyerías Yanes, ha realizado manifestaciones públicas en diversos medios de comunicación “anticipando el resultado de algunas cuestiones que han sido objeto de la pericial encomendada” y, por tanto, “evidencia un posicionamiento indebido de la firma de joyería en el resultado de la pericia”.

El escrito recoge que en mayo de 2026, Juan Yanes participó en el programa Más Vale Tarde de La Sexta, y en su intervención indicó que las joyas de Rodríguez Zapatero eran “auténticas” y que podrían valorarse en “un par de millones de euros”. “Evidentemente, de las manifestaciones que en su día efectuó el director general y propietario de Joyería Yanes ya se han hecho eco diferentes medios de comunicación que, congruentemente con lo manifestado por Juan Yanes, adelantan que la nueva pericial judicial alzará el valor de las joyas hasta dos millones de euros”, recalca.

Para la dirección letrada de la defensa de Zapatero, en el caso de esta familia joyera, se da una ausencia de apariencia de objetividad y concurre un interés directo o indirecto en la causa porque su director y propietario manifestó públicamente que las joyas tienen un “valor incalculable”.

A su juicio, que se haya pronunciado sobre el valor “es sumamente relevante” porque la pericial encargada debe pronunciarse no solo sobre cuestiones puramente técnicas, como por ejemplo la identificación de metales preciosos empleados en su elaboración, sino también sobre el valor de reposición o el valor conjunto del lote intervenido “en los que influye de manera clara el conocimiento y la apreciación personal del perito designado”. “Es decir, cuestiones donde confluyen elementos mucho más subjetivos, como la experiencia y el conocimiento del mercado”, añade.

En este sentido, explica que se está ante bienes “singulares” que no tienen un valor de mercado prefijado por organismos específicos “ni por la habitualidad de su comercio” como puede ser un móvil o un vehículo. E incide que el hecho de que Yanes haya valorado en televisión las joyas evidencia “de forma clara” que los peritos que finalmente intervengan en la pericial -en nombre de la firma de Joyas- “difícilmente podrán desvincularse de la valoración que ha efectuado el propietario de la marca, dado el daño reputacional que esto generaría a la empresa”.

Este escrito llega después de que Calama solicitara en un auto un nuevo informe pericial gemológico y joyero a la Joyería Yanes –distinta de la que emitió el primer informe, Ansorena– de las piezas incautadas el 19 de mayo. Ansorena, de hecho, valoró las piezas en 1,3 millones de euros.

Este mismo miércoles, Zapatero explicó al juez en otro escrito que la parte principal de la “colección” de joyas incautada en su despacho fue un “obsequio de carácter personal” que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí le entregó cuando era jefe del Ejecutivo. Según el escrito, la entrega se produjo en el Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007.

El caso contra José Luis Rodríguez Zapatero se mueve entre la parálisis y el desánimo, si se atiende a los intereses del expresidente del Gobierno. El último episodio es la revelación por parte de su defensa de que las joyas más valiosas de su ajuar proceden de un regalo del anterior rey de Arabia Saudí, que, por otra parte, es imposible acreditar desde hace tres meses. La ausencia de una respuesta de la monarquía saudí a la petición de Zapatero para que confirme que se produjo la dádiva fía el futuro de la pieza separada a que el juez acceda a enviar una comisión rogatoria al país y que este se decida a contestar, lo que no siempre ocurre. 

El escrito de Zapatero llega en el plazo de tres días que el juez José Luis Calama había concedido al expresidente para aportar la información que no ofreció en su declaración como investigado de junio y que tampoco había facilitado cuando fue entrevistado en TVE en julio. Por lo visto, Zapatero optó por dejar que el escándalo siguiera su curso de especulaciones y confiar en acallarlo con un documento que Riad no ha enviado. 

Ante el fracaso de sus gestiones con Arabia Saudí, la defensa del expresidente ha optado por solicitar al juez José Luis Calama que libre una comisión rogatoria internacional que recabe la confirmación del origen de las joyas.

El régimen saudí acumuló en el pasado un historial de prácticamente muy escasa colaboración con la justicia de países occidentales, entre ellos España, si bien fuentes de la Audiencia Nacional aseguran que esa dinámica ha cambiado en los últimos tiempos y que se está produciendo “reciprocidad” a raíz de demandas de información de Riad que han sido satisfechas desde Madrid.

El expresidente del Gobierno permanece investigado en una pieza separada a raíz del hallazgo de alhajas y bisutería en una caja fuerte de su despacho que han sido valoradas en 1,3 millones de euros por una prestigiosa joyería madrileña. Los delitos que se le imputan en relación con las valiosas piedras son contrabando y delito fiscal. 

Una respuesta afirmativa de la monarquía saudí habría contribuido ya de forma decisiva a que se disolviera esa acusación. Zapatero afirma en el escrito presentado en la Audiencia Nacional que el rey de ese país le entregó en su “vivienda familiar” el regalo durante la visita oficial a España los días 18 y 19 de junio de 2007. El hecho de que se tratara de un regalo recibido en el Palacio de la Moncloa descartaría el contrabando porque Zapatero no habría introducido nada en España sin declarar. Las obligaciones fiscales, que Zapatero no atendió en su momento al no tributar por una donación tan valiosa, no serían delito atendiendo a la prescripción. 

La imputación del expresidente del Gobierno por tráfico de influencias en relación con el rescate de Plus Ultra implicó un terremoto político que alcanza a cuestiones propias de identidad para la izquierda en España, por tratarse Zapatero de un referente de sus políticas. Pero también una crisis tangible para el actual presidente Pedro Sánchez, que no solo reivindica el legado de Zapatero, sino que ha implicado al anterior presidente socialista en asuntos tan relevantes como la negociación política en Catalunya y la defensa pública de su gestión al frente del actual Ejecutivo. Todavía hoy Pedro Sánchez asegura contar con Zapatero para la próxima campaña electoral. 

El descubrimiento de las joyas no debería constituir el principal problema judicial de Zapatero, según el análisis de algunos juristas. El expresidente puede asegurar que las joyas son suyas, que fueron un regalo, y que sea la Audiencia Nacional quien deba demostrar, en su caso, que no es así y que suponen el pago por actuaciones propias del tráfico de influencias que se le imputa. De no alcanzarse esas conclusiones, las joyas quedarían en el futuro como un indicio de un enriquecimiento ilícito que no prosperó hasta convertirse en prueba. 

Pero el expresidente, consciente de la trascendencia pública que adquirió de inmediato el hallazgo, se comprometió a dar explicaciones en diez días. De ello han pasado casi tres meses. En el plano político, el escrito de Zapatero no contribuye al final de la crisis. Su Gobierno aprobó en 2005 el Código del Buen Gobierno, por el que los cargos públicos no debían aceptar los regalos cuyo valor superase los usos sociales y de cortesía. Los presentes deberían ser entregados a Patrimonio Nacional.

El expresidente reconoce en su escrito que recibió las joyas en 2007, dos años después de la aprobación de la norma, y el hallazgo el pasado mayo confirma que se las quedó. Reitera lo que ya dijo en TVE que las joyas no han tenido “uso ni destino alguno”, que tampoco tiene “conciencia de su valor material”, aunque en cualquier caso discrepa abiertamente del valor de 1,3 millones que estableció la joyería Ansorena. 

Zapatero coincide en que los tres juegos de collar, pulsera, sortija y pendientes que le habría regalado el rey Abdullah suponen más del 93% del valor de todo lo requisado por la Policía, que también se incautó de otras piezas de joyería y bisutería que el expresidente atribuye a la herencia familiar tanto suya como de su mujer, Sonsoles Espinosa. 

Sobre el origen de las alhajas puede arrojar luz el informe pericial que el juez ha encargado a los gemólogos y tasadores de la joyería Yanes, distinta de la que hizo la primera tasación. Estos expertos deberán pronunciarse sobre distintos extremos de las piezas, como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Y con esos datos confrontar con las afirmaciones de Zapatero. 

En la pieza principal, la que atribuye tráfico de influencias a Zapatero, también oscila entre el estancamiento y las malas noticias para el expresidente. Su antiguo socio Julio Martínez le atribuyó en julio estar al frente de todas las mediaciones que él realizaba, sin concretar si eran delito o una labor de lobby. Los ex responsables de Plus Ultra dijeron al juez que ellos estaban convencidos de que Zapatero cobró por mediar en el rescate de la compañía, pero que no tienen pruebas de ello y que tampoco sabían cuánto.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha trasladado un escrito a la Audiencia Nacional en el que atribuye la parte principal de la “colección” de joyas incautada en su despacho a un “obsequio de carácter personal” que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí le entregó cuando era jefe del Ejecutivo. Según el escrito, la entrega se produjo en el Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007.

El escrito revela que Zapatero remitió cartas el 16 de junio y el 12 de agosto de 2026 a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real de Arabia Saudí para solicitar que confirmara la veracidad de la entrega de dicho regalo, si bien no ha obtenido respuesta. En consecuencia, reclama al juez que solicite una comisión rogatoria a Arabia Saudí para que su Corte Real certifique oficialmente que el obsequio fue entregado en la Moncloa en junio de 2007.

El escrito se refiere a tres juegos compuestos por collar, pulsera, sortija y pendientes en oro blanco, diamantes, rubíes, esmeraldas y zafiros que constituyen la parte más valiosa de las piezas intervenidas al superar el 90% del valor total. La defensa del expresidente señala que esos juegos se guardaron desde 2007 “junto a las de origen familiar y otros regalos de amigos, sin uso ni destino alguno, y sin conciencia de su valor material”. 

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la investigación abierta contra Zapatero, concedió el pasado lunes tres días a su representación legal para que aportara la documentación de las joyas que se hallaron en el registro de su despacho. Calama también reclamó un nuevo informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes –distinta de la que emitió el primer informe, Ansorena– de las piezas incautadas el 19 de mayo.

Ese primer informe tasó de forma preliminar el valor de las joyas en 1,3 millones de euros. La pieza más preciada, valorada en 278.000 euros, era un collar en oro blanco de 18 kilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. La defensa del expresidente rechaza esa valoración. Argumenta que la joyería hizo una estimación a “valor de reposición” a precios de mercado de junio de 2026 que está orientada a pólizas de seguro y que no refleja el valor real que tenían las piezas cuando fueron entregadas hace casi dos décadas, en 2007.

José Luis Calama, el juez que instruye el caso en el que se investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por un delito de tráfico de influencias, tendrá a su disposición este viernes a otro de los investigados en la causa y que hasta hace poco estaba en paradero desconocido: el financiero de Países Bajos Simon Verhoeven. Según el sumario, este prestamista habría logrado créditos para la aerolínea Plus Ultra, créditos que posteriormente fueron devueltos con dinero del rescate público.

Este investigado fue detenido a finales de agosto en Alemania gracias a una orden europea de detención y entrega (OEDE) emitida desde el Juzgado Central de Instrucción número 4. Según adelantaba El Mundo y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, después de que el detenido haya consentido ser entregado a la Policía, Verhoeven llegará a España el jueves y un día más tarde estará a disposición del juez. Este, previo informe de la Fiscalía Anticorrupción, podrá decretar las medidas cautelares que considere oportunas y que pueden ir desde la prisión incondicional hasta otras menos lesivas como la retirada del pasaporte, o la prohibición de salir de territorio nacional.

A Verhoeven se le ubica en la génesis de la investigación, cuando Anticorrupción, tras las alertas previas de las autoridades de Suiza y Francia, presentó en octubre de 2024 una querella contra siete personas por integrar una trama de posible blanqueo de capitales procedentes de Venezuela. En ella se mencionaba al que fue accionista mayoritario de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, como beneficiario de “una solicitud de transferencia de varias toneladas de oro” a través de Dubái, y la existencia de tres préstamos a la aerolínea concedidos por un integrante de la red, el financiero holandés Simon Verhoeven, de cuya vinculación con el conocido como ‘caso Lezo’ advirtió ya en 2021 la policía suiza, tras detectar las primeras alarmas.

El asunto recayó en el Juzgado Central de Instrucción número 2 que la inadmitió al considerar que los hechos eran constitutivos de un delito de blanqueo no cometido íntegramente en el extranjero, por lo que no era competente el tribunal especial.  La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirmó esta decisión en diciembre de 2024 y trasladó a la Fiscalía que presentara su querella ante el Juzgado de Instrucción 15 de Madrid. Ese mismo juzgado había investigado el rescate de Plus Ultra tras una denuncia que el pseudosindicato ultra Manos Limpias presentó en 2021. Pero acabó archivando la causa en enero de 2023 al considerar que no aparecía “debidamente justificada la comisión de un delito”, ya que se aplicó correctamente el real decreto de medidas urgentes de la pandemia.

A instancias de la Fiscalía, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid acordó investigar en secreto el posible blanqueo con los fondos del rescate como parte de una pieza separada dentro de las diligencias que había abierto en 2021 tras la querella de Manos Limpias. 

Según se recoge en el sumario del caso la organización originariamente investigada utilizó “estructuras societarias internacionales y generación de facturas falsas para ejecutar las actividades de blanqueo”. Los investigadores franceses y suizos identificaron a Simon Leendert Verhoeven como “la principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas, utilizando varias sociedades”.

“Igualmente se conoce de la existencia de una serie de contratos de préstamo suscritos por Verhoeven con la sociedad Plus Ultra utilizando como acreedores a sus sociedades Allpa Wira trading UK, Wailea Investment y Velerian Corporation”, añadía la orden de detención emitida por el juez, para luego destacar que esas inversiones estaban “amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo”. Entre los delitos que se le imputan a Verhoeven está el de apropiación indebida, tráfico de influencias, de pertenencia aorganización criminal y blanqueo de capitales.

José Luis Ábalos, el exministro de Transporte y ex secretario de Organización del PSOE, condenado a 24 años de prisión. David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Ambas sentencias contaron con un mismo abogado liderando a las acusaciones populares, el director de la asesoría jurídica del PP, Alberto Durán.

A pesar de estas dos muescas en su revólver y de ser el abogado que ostenta la personación de los de Alberto Núñez Feijóo en las grandes causas que se investigan en la Audiencia Nacional -caso Zapatero, caso Leire Díez, caso Mascarillas y el caso en el que se investigan comisiones en obra pública-, el PP ha decidido relegarle y apartarle de esas causas mediáticas que conocía y que, de hecho, lideraba sobre otras acusaciones populares habituales y 'pujantes' como HazteOir, Vox, Iustitia Europa o Liberum, entre otras.

“Todos los días discuten y planean pensando solo en mi daño; buscan un sitio para espiarme, acechan mis pasos y atentan contra mi vida”: Durán escribía en su perfil de X este salmo de la Liturgia de las Horas el pasado 3 de septiembre. Entonces ya, según pudo conocer elDiario.es por fuentes de las acusaciones populares, se cernía sobre el abogado gaditano una suerte de 'fuego amigo' dentro de su partido. El tema acabó como suelen acabar estas cosas en los tribunales: con un nuevo abogado, el penalista Henry Feltenstein, pidiéndole la venia para representar a partir de ahora al partido.

Si bien este cambio se viene cociendo a fuego lento desde el mes de julio, cuando hubo un aluvión de declaraciones relevantes en la Audiencia Nacional, no ha sido hasta este fin de semana que el PP ha comunicado al resto de las asociaciones y partidos que ejercen la acusación popular que sustituye en los pleitos a su jefe de la asesoría jurídica. Y las acusaciones, según ha podido conocer este medio, no han recibido la noticia de forma amigable: sacar a Durán para colocar a un nuevo 'jugador' que llega de nuevas puede no ser la mejor decisión cuando estás a mitad de partido, señalan.

Así, podrían darse movimientos en breve en los que se solicite a los distintos jueces de la Audiencia Nacional que instruyen las causas más mediáticas -Santiago Pedraz, José Luis Calama e Ismael Moreno- un cambio en la dirección unificada de esas acusaciones populares en favor de letrados que hayan conocido de las mismas desde un inicio. Incluso se baraja la opción de pedir que los magistrados dejen sin efecto la unificación de las acusaciones.

En cuanto al motivo de fondo que ha provocado que el PP opte por apartar de esas grandes causas a Durán, fuentes conocedoras explican a elDiario.es que podría encontrarse en diferencias insalvables entre el letrado y Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional -y responsable por tanto del área de Justicia, Defensa e Interior-, con quien habría tenido desencuentros por sostener líneas de acción jurídica más duras que las mantenidas por ella. Desde la dirección del partido aseguran, no obstante, que Durán seguirá trabajando para la formación y que en cada procedimiento concreto irán decidiendo qué es lo mejor.

Es más, abundan en que no se trata de un reemplazo sino de reforzar el área jurídica del partido con apoyos externos ante la gran cantidad de casos de corrupción que se investigan y que están relacionados con el PSOE. Inciden en que dado que algunos de esos casos tiene un componente económico relevante se ha optado por incorporar a letrados especializados en ese tipo de delito. Y añaden que la de Feltenstein no es la única incorporación.

Este extremo coincide en parte lo que sostienen otras fuentes consultadas, que apuntan a que los 'populares' se habrían decantado por fiar sus futuros pasos judiciales al despacho internacional estadounidense Baker & McKenzie y en especial a la figura de una de las abogadas de la firma: María Massó. Ya en julio, trascendió que ese despacho asistió al partido en unas declaraciones del caso Leire Díez. Pero la firma de prestigio puede tener problemas de conflicto de intereses en al menos uno de los grandes asuntos, el caso Koldo: uno de los letrados estrella de ese despacho, el exfiscal Jesús Santos, lleva la defensa del antiguo jefe de personal de Adif Michaux Miranda, lo que dificultaría que llevaran la acusación popular en ese caso.

Cabe recordar que en 2019 Durán tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados, al igual que el PP, en el caso en el que se juzgó a la formación política por la destrucción de los ordenadores del extesorero del partido Luis Bárcenas. El abogado fue absuelto pero tuvo que pasar por ese trance al ser el responsable de los servicios jurídicos. En ese juicio, quien se sentó a su lado en representación de la persona jurídica PP fue María Massó.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye la investigación abierta contra José Luis Rodríguez Zapatero, ha acordado citar como investigadas para el 30 de noviembre a las hijas del expresidente del Gobierno. Asimismo, el magistrado concede tres días a la representación legal de Zapatero para que aporte, si lo desea, la documentación de las joyas que se hallaron en el registro de su despacho.

Calama ha solicitado en un auto un nuevo informe pericial gemológico y joyero a la joyería Yanes –distinta de la que emitió el primer informe, Ansorena– de las piezas incautadas el 19 de mayo, al tiempo que cita como testigos el 19 de noviembre tanto al exdirectode participadas de la SEPI José Ángel Partearroyo, como a Félix Martín, exdirector financiero de Plus Ultra.

El nuevo informe de las joyas deberá responder a ocho extremos que plantea el juez, desde algunos técnicos al “valor de reposición actual de cada joya de forma individualizada” y el “valor conjunto del lote intervenido”.

La citación de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, se produce a partir de un informe de la UDEF en el que los agentes acusan a ambas de dar cobertura formal a los pagos por el supuesto tráfico de influencias ejercido por su padre. En el atestado policial que solicitaba los registros del pasado mayo, los investigadores policiales consideraban que el nivel de facturación de Whathefav, la empresa de marketing de las hermanas, era utilizada para “generar facturación ad hoc destinada a dotar de cobertura formal determinados movimientos financieros o mercantiles”.

Los policías hacían un recorrido por la elaboración de los informes de asesoría de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez, y concluían que Whathefav no aporta “un valor técnico especial”. En este sentido, los policías explicaban que “los contactos” a los que enviar los informes los elabora Zapatero, los textos son escritos por uno de los socios de la consultora, Sergio Sánchez, y Whathefav se dedica a maquetarlos y enviarlos a los clientes. 

Análisis Relevante es una consultora que el juez José Luis Calama considera “pieza instrumental” carente de toda “lógica empresarial” y de la que Zapatero y sus hijas habrían obtenido 730.535 euros. De otro lado, Inteligencia Prospectiva, de dos hermanos venezolanos, habría supuesto unos ingresos a la familia de 801.195 euros, pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

La segunda atribución que hacen los agentes a la empresa de las hijas de Zapatero es la “canalización de fondos de los clientes y de la propia red organizada”. En el mismo sentido, la Policía destaca que las hijas del expresidente son “receptoras de importantes cantidades transferidas” desde su empresa, Whathefav, y que lo hacen en cuentas donde consta como autorizado el propio Zapatero.

Los agentes añaden que la empresa “se perfila [como] un elemento finalista del entramado investigado, ya que percibiría fondos directamente de los clientes de la red organizada y fondos de la propia red”. “Se erigiría como un centro de distribución de flujos económicos”, escriben los policías. 

Ante las sospechas que crea en los policías la actividad de Whathefav, los agentes propusieron al juez el registro para establecer “la trazabilidad y el modo o realidad de las comunicaciones remitidas mediante las cuentas de correo” corporativo de la empresa, “respecto de los informes de asesoría o consultoría remitidos. Los policías se encuentran en proceso de cotejar la ”actividad declarada y la actividad real de la sociedad“. Esto permitirá, adelantaba el atestado, ”determinar el grado de participación“ de las hijas de Zapatero y su ”integración en la red organizada“.

En una entrevista el pasado julio en TVE, Zapatero defendió que sus hijas “han hecho su trabajo” y que “en absoluto” ha utilizado la sociedad Análisis Relevante para desviarles dinero. “Mis hijas han hecho su trabajo. Todo eso va a quedar acreditado, sustanciado, y hombre, deberíamos de tener prudencia en general, ¿no?”, ha apostillado. “Lo que faltaba es que yo hubiera intentado que fueran testaferros. Hombre, por favor”, expresó Zapatero.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de investigar también el cobro de 200.000 euros por parte del expresidente del Gobierno de la empresa Focus Social Research a cambio de su influencia en el gobierno boliviano. Entiende que el hallazgo de ese pago es fruto de una investigación “prospectiva” de todo el material incautado y advierte de que el juez no disfruta de “patente de corso”.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Víctor Moreno Catena explica que, si bien el objeto de la investigación es de “cristalización progresiva” y que el imputado no tiene un blindaje ante nuevos hechos, el magistrado no puede pretender dirigir la investigación hacia “cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”. Añade que, en el caso de su cliente, lo hallado es fruto de “una entrada y registro en la que se incautó información masiva” que permite trazar “con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”.

En este sentido, aclara que el hecho de que esa información masiva esté en la causa “no significa que pueda examinarse en su integridad en búsqueda del descubrimiento de cualquier hecho de apariencia delictiva” porque, en todo caso, el tratamiento y análisis de esa información “debe ir orientada exclusivamente a esclarecer los hechos sobre los que ya existen indicios”.

Así, resalta que con la decisión de investigar los pagos de Focus Social Research se extienden las pesquisas “más allá de los hechos sobre los que se consignan indicios de un delito de tráfico de influencias, que se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra”. A su juicio, primero se afirma que hay “una red con fines delictivos” y luego se emprende la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red, algo que tilda de “razonamiento falaz”.

Añade, por otro lado, que ese ingreso percibido por Zapatero “es ajeno a la organización que la Udef atribuye al expresidente con Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante y otras mercantiles del empresario”, y por eso “queda fuera del perímetro de la supuesta red de tráfico de influencias”.

A esto, suma que tampoco es justificable que esta ampliación de la investigación se hiciera “de espaldas al investigado”, algo que quedó patente cuando el juez Calama preguntó a Zapatero en su declaración judicial el 17 de junio de 2026 “inopinada y sorpresivamente por su intervención profesional y los ingresos recibidos” de esa mercantil.

Moreno Catena denuncia, además, que la Udef sin autorización judicial ha hecho uso de información obtenida de inteligencia financiera de la actividad personal y profesional de Rodríguez Zapatero. Indica que se ha analizado de manera completa sus movimientos en la cuenta del Banco Santander detallando 174 transferencias de once pagadores. Advierte de que la gran mayoría de esos movimientos no tiene que ver con Análisis Relevante o Julio Martínez, sino que son ingresos por otras actividades respecto de la que no se reflejan indicios delictivos: “la inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas”.

Por ello, y ante “una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado”, el letrado solicita que se anule el auto del juez Calama por el que acordaba indagar también en esa nueva vía ajena al rescate de Plus Ultra. La defensa ha presentado este recurso de apelación después de que Calama acordara rechazar un recurso previo presentado ante el juez en el mismo sentido.

El 19 de mayo, la trepidante actualidad de los tribunales tenía reservado un nuevo e inesperado giro. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero era la primera de un expresidente del Gobierno en democracia e implicaba una apresurada revisión de la figura que lideró el país durante ocho años de la historia reciente de España. Los datos que comenzaban a trascender colocaban a Zapatero como líder de una trama dedicada al cobro de comisiones a cambio de ejercer su influencia. La vía era Análisis Relevante, una consultora propiedad de su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez.

Ahora, cuando se cumplen cuatro meses desde que estallara el caso, y tras las declaraciones de tres investigados que en julio señalaron por escrito a Zapatero como líder de la trama, la acusación por tráfico de influencias contra él queda estancada a la espera del resultado que arrojen las decenas y decenas de diligencias pendientes. Cuatro meses después, el indicio más sólido contra el expresidente sigue siendo el sospechoso origen de las abultadas cantidades que recibió él y su entorno.

Ninguno de los tres aspirantes a colaborar con la justicia ha podido aclarar qué gestión concreta pudo realizar el expresidente Zapatero para que la compañía aérea Plus Ultra lograra el rescate público de 53 millones de euros. Ninguno de los tres ha facilitado, tampoco, nombre de funcionario público alguno sobre el que Zapatero pudiera haber ejercido presión o cuánto dinero cobró por ello el expresidente.

El tráfico de influencias es el delito principal que se investiga en esta causa más allá del blanqueo de capitales o del delito contra la Hacienda Pública por el hallazgo casual de unas joyas en la caja fuerte del expresidente. Está recogido en el Código Penal, en sus artículos 428 a 431, y castiga a quien influye en una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su posición o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero.

Ni el empresario y comisionista Julio Martínez Martínez, ni los exdirectivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han podido aclarar al juez sobre quién pudo ejercer influencia Zapatero, ni siquiera qué gestiones pudo realizar para lograr ese rescate. No obstante, sí que señalaron al expresidente como la persona que debía lograrlo. Más allá de lo que dijeron en sus escritos de 20 de julio, cuando el suelo se movió bajo los pies de Zapatero, ninguno los tres imputados han aportado una sola novedad relevante a sus ofertas de colaboración, coinciden distintas fuentes presentes en las declaraciones.

Las acusaciones confían en que su testimonio sea solo un punto de arranque y que en el futuro puedan aportar indicios más sólidos a la tesis contra el expresidente del Gobierno. La figura de Víctor de Aldama, el empresario y comisionista del caso Koldo, es el referente de colaboración que impulsó la Fiscalía Anticorrupción, pero las aportaciones de los imputados junto a Zapatero no han alcanzado las que hizo contra el exministro Ábalos y Koldo García el acusado junto a estos. En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que él se autoinculpó en delitos graves mientras que ellos no han sido lo suficientemente claros para fijar su propia responsabilidad en los hechos.

La pregunta es si, con lo que se conoce hasta ahora, es posible procesar a Zapatero por tráfico de influencias. Y la respuesta genérica es que sí. Algunas fuentes entienden que tanto el juez como Anticorrupción consideran que ya le tienen ubicado como la persona que está en el inicio del asunto, la llamada del expresidente con un directivo de la aerolínea y que, de hecho, hubo un resultado, el rescate público, y un beneficio a cambio de la mediación, el 1% de la ayuda recibida, 530.000 euros.

En un estadio muy temprano del procedimiento, las fuentes del caso creen que solo la “probabilidad” de que Zapatero haya cometido tráfico de influencias le puede llevar al banquillo, pero que en un eventual juicio los indicios se deberían transformar en pruebas. En cualquier caso, añaden, hay multitud de diligencias por practicar (análisis de cuentas bancarias, de teléfonos y ordenadores intervenidos...) y eso puede contribuir a la acusación de tráfico de influencias o, al contrario, desvirtuarla.

De un lado existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avalaría una eventual condena a Rodríguez Zapatero por el delito de tráfico de influencias en el sentido de una posible condena sin necesidad de que quedara claro que ejerciera presión sobre un funcionario concreto. Es la sentencia del 'Caso Palau', un asunto en el que se juzgó a los máximos responsables del Palau de la Música de Barcelona por desviar 23 millones de euros de la institución.

La resolución, ponencia del magistrado Andrés Palomo y fechada en 2019, explicaba que existía “prueba suficiente para tener acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias” y eso a pesar de que no se concretó sobre qué funcionario se ejerció presión. “Las comisiones a cambio de obra pública adjudicada se pactaban con el tesorero de CDC, partido entonces hegemónico en la Comunidad Autónoma (Cataluña), quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba”, explicaba.

Palomo ponía el foco en que “en entornos y territorios con un partido hegemónico en un periodo prolongado” se produce la denominada “colonización de la Administración y politización de su funcionamiento”, algo que a su juicio favorecía el tráfico de influencias. Así, explicaba que en ese tipo de situaciones “se relativiza la concreción del funcionario efectivamente influenciado dado el prevalimiento consustancial a cualquier indicación de un dirigente e incluso la fungibilidad -capacidad de depurar al díscolo- de los funcionarios susceptibles de influenciar” habida cuenta que podrían ocupar sus puestos de forma discrecional.

Las declaraciones

En cualquier caso, aterrizando en las declaraciones del caso Zapatero, el primero en declarar fue Julio Martínez Martínez. Durante más de tres horas de declaración, no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate, tampoco cuánto habría cobrado por ello, según explicaron fuentes presentes en la comparecencia, de la que hasta la fecha no ha habido ni siquiera transcripción.

En la previa a esa declaración, la defensa de 'Julito' –como le conocía coloquialmente el expresidente– envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de cuánto cobró el 'Grupo Zapatero' por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del expresidente y del ex director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr la ayuda pública, y atribuía al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añadiendo que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Pero él se ponía de lado, reiteró en sede judicial que él no tenía ni tiene contactos para haber logrado el rescate.

Además, ante el juez explicó que él era una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le llegó a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario confirmó que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor.

'Julito' confirmó además que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primero a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021.

Las declaraciones de los exdirectivos de Plus Ultra, que se han producido a principios de este mes de septiembre, volvían sobre el mismo eje. Martínez Sola indicó ante Calama que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir.

El expresidente de la compañía, según las fuentes presentes en el interrogatorio, habría reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público.

Martínez Sola explicaba en el escrito remitido al juez José Luis Calama que si bien en un inicio se abonó la comisión a través de un pago con la sociedad Idella Consulenza, finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato, pero “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explicaba.

Ante el juez, Martínez Sola confirmó además cómo se iniciaron los contactos con Zapatero: recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, le explicó que necesitaban financiación y quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, y explicó que con Zapatero no se habló de cantidades, pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero.

En el caso Zapatero hay un encargo (la obtención de un rescate público para Plus Ultra), hay un resultado (la compañía aérea obtiene 53 millones de dinero público) y hay un beneficio (una comisión de 530.000 euros). Pero en el aire sigue la incógnita de si el expresidente presionó a un funcionario en ese proceso prevaliéndose de su ascendencia. Una ascendencia que, fuentes jurídicas, le colocaba en el máximo nivel de influencia.

Roberto Roselli, quien fuera consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra, ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y el guión de las aproximadamente tres horas de comparecencia ha seguido por el cauce que delimitó ayer lunes el expresidente de la compañía Julio Martínez Sola: se realizaron pagos al “Grupo Zapatero” pero desconoce qué gestión pudo hacer el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que la aerolínea obtuviera en 2021 el rescate público de 53 millones de euros. De hecho, ha indicado que sí recibieron informes pero que eran irrelevantes y que nadie los miraba.

Según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es el exdirectivo ha explicado al juez que en realidad era indiferente qué dijera el equipo del expresidente en los informes porque ellos pagaban -el 1% del rescate-por el resultado, y ha comentado que este fue satisfactorio porque, de hecho, llegaron a conocer, días antes de que se hiciera público, que el informe de la SEPI iba a ser favorable a la concesión de ese rescate o préstamo público. Y en cuanto a si él conocía que el destinatario final de los pagos era el expresidente, Roselli ha explicado que él entendía que sí porque el primer contacto telefónico fue del propio Zapatero, al que se llegó por medio de Manuel Fajardo, hombre de la confianza del exlíder socialista.

En el caso de Roselli, que tuvo un peso relevante en el devenir financiero de Plus Ultra -fue director financiero unos años-, muchas preguntas de la Fiscalía han ido encaminadas a esclarecer si desde la SEPI se conocía que los préstamos puente que acumulaba la aerolínea y que se iban a devolver con el rescate público tenían un origen poco claro. Roselli ha explicado que todo estaba recogido en la documentación que Plus Ultra envió al ente público.

En este punto ha descargado la responsabilidad sobre esos préstamos que se investigan como posible canal de blanqueo de capitales en el exdirectivo de la compañía Rodolfo Reyes -figura sobre la que Calama se ha interesado- porque ha indicado que las sociedades que otorgaron a la compañía esos créditos estaban vinculadas a él o directamente eran suyas o de su entorno.

En el día de hoy también se ha puesto el foco en el seguimiento que desde la SEPI se hizo tras la concesión del rescate, y Roselli ha comentado que sí hubo reuniones posteriores en las que se hablaba del balance de la compañía y de cómo iba el día a día del negocio. La fiscal el caso ha preguntado si informaron a ese ente público que esos créditos iban a ser devueltos en paraísos fiscales, y el exdirectivo ha reconocido que no, y que quizá debieron sí debieron hacerlo. El juez ha solicitado entonces que le remita esas actas que se levantaron del seguimiento de la SEPI.

El pasado 20 de julio tanto Roselli como Martínez Sola -ambos imputados en esta causa- enviaron escritos al juez en el que se prestaban a colaborar con la justicia, como ya hiciera días antes el empresario y presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Si 'Julito' atribuía a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021, los exdirectivos de la compañía reconocerion que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”. Los pagos se hicieron a través de Análisis Relevante, Voli Analítica SL y Lot Domotic Europe, todas vinculadas al comisionista.

Por su parte, Zapatero sostuvo ante el juez el pasado 16 de junio a preguntas del magistrado que no había ejercido ninguna influencia para favorecer que la aerolínea Plus Ultra lograra el rescate público en plena pandemia. Añadió que no contactó con funcionario alguno o autoridades por el rescate de Plus Ultra, aunque sí reconoció que en 2024 conoció a quien era por entonces vicepresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, ha desestimado el recurso que interpuso el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero contra la autorización que dio a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para investigar cuentas bancarias tanto de él como de sus hijas, Alba y Laura, y de su secretaria Gertrudis Alcázar, todos ellos imputados en la causa.

Así lo ha decidido Calama en un auto este lunes, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que desestima la petición de Zapatero de paralizar la investigación de las cuentas bancarias de su entorno en la causa sobre las presuntas irregularidades con el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra en pandemia, en la que el juez sitúa al exdirigente como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias.

Zapatero impugnó la decisión del juez mediante la cual autorizaba a la UDEF a ampliar la información que se considere pertinente, porque entendía que vulneraría su derecho a la intimidad y a la tutela tutela judicial efectiva. Asimismo, pidió que se acotase el tiempo de la investigación y que se suprimiera la referencia a las comunicaciones internas de la entidad y con el cliente, al considerar que “no son datos bancarios estrictos y afectan al secreto de las comunicaciones”, recuerda el auto.

Por otro lado, el expresidente remarcó “el riesgo real de difusión de datos íntimos y la posibilidad de que la unidad policial, como autora de la hipótesis investigadora, decida unilateralmente qué información es relevante, con afectación al derecho de defensa”, por lo que reclamó que la pieza fuera de carácter reservado.

Sin embargo, Calama desestima estas peticiones al determinar que la expresión de 'ampliar la información que se considere pertinente' se refiere a “la obtención de datos complementarios o aclaratorios sobre los mismos productos bancarios ya autorizados, no a la apertura de nuevas líneas de investigación ni a la solicitud de información ajena al objeto del proceso”. “La actuación policial queda, por tanto, delimitada por el perímetro fijado en la autorización judicial, que excluye cualquier indagación prospectiva o desvinculada de los hechos investigados”, explica el juez instructor.

Calama también considera que la extensión temporal “no constituye un exceso ni vulnera el principio de proporcionalidad”, y sobre las comunicaciones internas con las entidades bancarias señala que son “elementos accesorios y necesarios para comprender la operativa financiera”.

Asimismo, el magistrado asevera que “el riesgo de difusión indebida no es un criterio jurídico para limitar la investigación”, y pretender lo contrario “supondría condicionar la eficacia de la instrucción a la conducta hipotética de terceros ajenos al procedimiento”.

El magistrado enfatiza que “la pieza reservada acordada responde precisamente a la necesidad de evitar que datos sensibles o irrelevantes se incorporen al procedimiento principal”. “La finalidad es doble: proteger la intimidad de las personas afectadas y garantizar que solo se traslade a las partes aquello que sea estrictamente pertinente para la investigación”, determina Calama.

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo que ya adelantó en su escrito presentado en julio, que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es han señalado al término de la declaración que Martínez Sola ha reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público.

El pasado julio, cuando todavía era presidente de la compañía, Martínez Sola remitió un escrito al juez Calama en el que apunta que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito se decía que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros (530.000 euros más IVA).

Martínez Sola explicaba al juez José Luis Calama que finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato de la sociedad Idella, si bien Plus Ultra “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explica.

Martínez Sola reconocía que ni él ni el entonces director financiero Roberto Roselli llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añadía.

Relataba en su escrito que adoptaron esa decisión de la vía de de Zapatero a pesar del convencimiento que tenían de que presentaron “un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”.

Este lunes ha vuelto sobre la misma idea en un interrogatorio que por parte del juez no ha sido extenso y para el que la fiscal ha empleado una hora aproximadamente, según las fuentes. La pregunta que rondaba la sala era qué hizo Zapatero para ganarse ese 1%, pero ha quedado sin respuesta, no importaba la gestión concreta, importaba el éxito. La intervención del abogado de Martínez Sola ha dejado claro que su cliente acudía a la Audiencia Nacional exclusivamente a ratificar su escrito, extremo este que ha centrado su primera pregunta.

Sobre cómo se iniciaron los contactos con él, ha explicado que recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, Martínez Sola le explicó que necesitaban financiación y que quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, ha explicado que con Zapatero no se habló de cantidades pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero.

Sobre el canal para abonar esa presunta 'mordida' ha explicado que finalmente se hizo a través de Análisis Relevante y no por medio de Ideia Consulenza, y ha recalcado que no se ejecutó a través de Dubai.

Al margen de esa presunta influencia para el rescate, Martínez Sola ha reconocido que Julio Martínez Martínez también realizó diversas gestiones para la compañía para solucionar diversos problemas con Venezuela dado que tenía buena relación con el Ejecutivo de ese país. De hecho ha explicado que por medio de 'Julito' llegó a conocer a la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

El Ministerio Público, sin embargo, le ha dedicado poco tiempo al rescate y se ha focalizado en asuntos como ciertas discrepancias en los créditos puente que se investigan y por determinados vuelos de la compañía a China para transportar mascarillas. El expresidente ha dejado para Roselli los pormenores sobre las cuentas.

La Tesorería General ha remitido al juez Calama los tres certificados que obran en su poder que acreditaban que Plus Ultra estaba al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social en un informe en el que también explica que son documentos que se expiden de forma automática. Los documentos remitidos por la Tesorería se han incorporado a la causa y Calama ha dado traslado a la UDEF para que emita un informe.

Una de las obligaciones que se impuso por parte del Estado a las empresas que pretendían acceder a un rescate público era precisamente estar al corriente con la Seguridad Social. Plus Ultra presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020, 11 días después de la fecha del certificado. En la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se investiga si el expresidente del Gobierno pudo mediar de manera ilícita en ese rescate, lo que podría haber pasado por gestiones ante la Seguridad Social. Se recoge como indicio una reunión que mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Ambos han reconocido que ese encuentro se produjo pero han asegurado que no se habló del rescate.

Este organismo responde a la solicitud que hizo el magistrado para que aportase todos los certificados expedidos a Plus Ultra —tanto negativos como positivos— de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de Seguridad Social entre enero de 2019 y diciembre de 2021. La Tesorería explica que no tiene todos porque en aquel momento no se conservaban registros para todas las peticiones. Y remite los que sí le constan, que son dos certificados de los que dispone la subdirección general —uno de fecha 25 de marzo de 2021 y otro de fecha 27 de septiembre de 2021— y otro de fecha 20 de agosto de 2020 localizado en los archivos de la Dirección Provincial de Madrid.

Además, añade algunas “precisiones” que ve “convenientes” explicar al juzgado sobre el procedimiento para la expedición de este tipo de certificados. Los certificados de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social se emiten de “forma automatizada” a partir de la información existente en las bases de datos en cada momento, salvo que se refieran a una fecha anterior a la de la solicitud, en cuyo caso podría incorporarse de forma manual.

“Por ello, su contenido refleja la situación administrativa en el instante de expedición, sin que medie intervención discrecional ni valoración adicional por parte de órganos gestores”, dice la Tesorería General de la Seguridad Social. Por lo tanto, el certificado de fecha 20 de agosto de 2020 firmado por el Subdirector General Adjunto, se emitió —como ocurre con todos los expedidos a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social— de forma automática en función de la información existente, en el momento de la solicitud, en la base de datos y ficheros informáticos de esta Tesorería General, sin intervención de ningún funcionario. Su nombre y firma en el certificado es automático.

Y, además, la TGSS aclara en su informe que, a fecha de 20 de agosto de 2020, la aerolínea “no tenía pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social”. En esa fecha, las deudas que mantenía la compañía no eran exigibles por encontrarse bajo un aplazamiento concedido y vigente, lo que legalmente equivalía a estar “al corriente” de pago de sus obligaciones con el organismo.

El juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado el incidente de nulidad planteado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero al entender que no fueron vulnerados sus derechos.

El juez, en un auto que no admite recurso, zanja de este modo la pretensión del expresidente del Ejecutivo de anular la investigación que sigue contra él por liderar presuntamente una red de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra.

Calama, que en principio había inadmitido el escrito por haber sido presentado fuera de plazo, rectificó posteriormente y aceptó estudiar algunas de las alegaciones, pero, de acuerdo con el criterio del fiscal, ha decidido rechazarlas.

José Luis Rodríguez Zapatero afronta el regreso de la actividad en los tribunales con varios hitos pendientes. Por un lado, las declaraciones de los dimitidos presidente y CEO de Plus Ultra, que lo implicaron en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate, previstas para los días 7 y 8 de septiembre. Por otro, está pendiente de fecha la citación a sus hijas, también investigadas por su empresa, Whathefav, a la que el juez sitúa como receptora de fondos del entramado de Julio Martínez. Y, además, tiene pendiente desde hace casi tres meses responder por el origen de las joyas que se localizaron en una caja fuerte en su despacho.

Zapatero es el primer presidente del Gobierno en comparecer como imputado ante un juez, aunque no es el primer líder del ejecutivo central que pasa por los juzgados. Su comparecencia implica que todos los presidentes de la democracia española, desde Adolfo Suárez hasta Pedro Sánchez, han comparecido por orden de los juzgados, aunque hasta ahora todos lo habían hecho como testigos y Zapatero es el primero acusado de un ramillete de delitos relacionados con su actividad profesional posterior a su vida en el Palacio de La Moncloa.

Zapatero, el rescate de Plus Ultra y las joyas

José Luis Rodríguez Zapatero, presidente durante dos legislaturas entre su victoria de 2004 y las elecciones anticipadas que perdió en 2011, está siendo investigado por dos motivos distintos: su relación con el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra y también por las joyas, valoradas en más de un millón de euros, que los agentes de la UDEF encontraron en su despacho de la calle Ferraz. En la causa se investigan hasta siete delitos de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental, blanqueo de capitales, contrabando y delitos fiscales.

El expresidente del Gobierno quedó en libertad sin cautelares tras declarar durante dos horas ante Calama para negar todas las acusaciones, unas explicaciones que no terminaron de convencer ni al juez ni a Anticorrupción. Rechazó haber usado su influencia como antiguo líder del Ejecutivo para favorecer el rescate millonario de la aerolínea y negó también, por tanto, haber cobrado una comisión por ello. Ni a través de pagos de empresas ni a través de la agencia de sus hijas ni tampoco a través de una hipotética sociedad en Dubái.

La defensa del expresidente está pendiente de la respuesta que pueda dar el juez instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, Calama rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

Por otro lado, Zapatero pidió más tiempo para recopilar información sobre la segunda de las acusaciones que pesan sobre él: las joyas que los agentes encontraron en una caja fuerte de un despacho anexo al suyo. Joyas que, según una tasación encargada por el juzgado, tienen un valor aproximado de 1,3 millones de euros. Ahora el juez quiere saber cuándo las obtuvo Zapatero, si las declaró correctamente o si incurrió en delitos fiscales y de contrabando.

Han pasado ya casi tres meses desde que el expresidente del Gobierno pidió más tiempo para recopilar documentación y justificar la presencia de estos objetos, algunos individualmente tasados en más de 200.000 euros. En la entrevista que concedió en julio a TVE, evitó responder sobre su procedencia e insistió en que prefería reservar esa información para entregársela al juez. Las calificó de “regalo de cortesía, personal, de hace muchos años”. Ante la insistencia del presentador, Javier Ruiz, ni siquiera precisó de qué país procedía el regalo.

Adolfo Suárez y el caso Banesto

Adolfo Suárez González fue el primer presidente de la democracia española, entre 1976 y 1981, pero su declaración como testigo en un juzgado no llegó hasta más de una década después. Fue en octubre de 1998 cuando compareció en la Audiencia Nacional en el marco del caso Banesto para responder sobre las palabras del banquero Mario Conde, quien afirmaba haber entregado 300 millones de pesetas al Centro Democrático y Social (CDS) de Suárez a cambio de hacer gestiones ante el Banco de España a favor de la entidad. Unos años antes también había comparecido de forma voluntaria en fase de instrucción. “No recibí en absoluto ni yo, ni el CDS, dinero de Banesto, ni de ningún trabajador de la entidad”, dijo Suárez ante los jueces de la Audiencia Nacional.

El caso Banesto terminó con en 2002 con el Tribunal Supremo elevando la condena de Mario Conde hasta los 20 años de cárcel. La Fiscalía, casi una década antes, se había querellado contra Conde y los exdirectivos del banco como responsables del agujero de más de 500 millones de pesetas que llevó a la intervención del Banco de España. Los tribunales concluyeron que Conde se quedó con 300 millones del banco y que justificó verbalmente su salida para hacer “un pago” a Adolfo Suárez “por un servicio que había prestado ante el Banco de España”. El dinero salió en bolsas de deporte y su destino final nunca fue conocido, por lo que la afirmación de Conde se quedó en un argumento de defensa sin pruebas.

Felipe González y el terrorismo de Estado

El socialista Felipe González tomó el relevo de Adolfo Suárez en 1982 hasta que perdió ante José María Aznar en 1996. Para entonces su Gobierno y el PSOE se habían enfrentado a diversos escándalos, pero pocos al nivel del terrorismo de Estado de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) destapados por El Mundo en 1994. La guerra sucia contra ETA que fue juzgada en el Tribunal Supremo dos años después de la salida de González de La Moncloa y el expresidente tuvo que testificar señalado como la “X” del caso y con parte de su cúpula de Interior en el banquillo. El alto tribunal, que declaró probado el secuestro de Segundo Marey, siempre rechazó responsabilizar penalmente a Felipe González.

La Sala de lo Penal del Supremo dictó sentencia ese mismo año con condenas para los 12 encausados y el voto en contra de cuatro integrantes del tribunal. Los hechos probados relataban cómo los mandos de Interior autorizaron el secuestro ilegal de un dirigente etarra, primero con efectivos policiales y después con “mercenarios franceses”. En su lugar los mercenarios entregaron a los policías involucrados al ciudadano francés Segundo Marey, a quien habían confundido con el etarra.

Esa no fue la última testifical de Felipe González por ilegalidades cometidas durante su mandato. Tres años más tarde compareció ante la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio contra el exministro José Barrionuevo, Rafael Vera y media docena de altos cargos policiales y de Interior. En esta investigación, que terminó con condenas de cárcel por malversación por el desvío de fondos reservados para pagar el “enriquecimiento personal”, González testificó para negar estas irregularidades y afirmar que sus antiguos colaboradores eran víctimas de una “cacería” contra él.

Mariano Rajoy, la Gürtel y la Kitchen

Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno del PP desde la derrota del PSOE en 2011 hasta la moción de censura de 2018, ostenta el récord de veces que un presidente del Gobierno ha testificado por hechos ocurridos durante su mandato. También es el único en haber comparecido ante un tribunal mientras todavía vivía en el Palacio de La Moncloa. Lo hizo dos veces en dos juicios diferentes de la trama corrupta Gürtel que anidó en las administraciones públicas gobernadas por su partido, y una última vez hace pocas semanas en el caso Kitchen de corrupción policial que también, esta todavía supuestamente, se desarrolló bajo su mandato.

Su primera testifical fue en el juicio de la trama principal del caso Gürtel en 2017. El entonces todavía presidente del Gobierno compareció ante la Audiencia Nacional con un fuerte dispositivo de seguridad y negó, en una declaración atropellada y con cortes del juez Ángel Hurtado, haber tenido constancia de la existencia de la trama Gürtel que durante años dominó la contratación pública allí donde gobernaba el PP. El partido fue condenado como responsable a título lucrativo por beneficiarse del entramado.

Su segunda testifical en el caso, esta vez en el juicio de 2021 por la caja B del PP, fue telemática y se saldó con más negaciones de Rajoy sobre la existencia de la contabilidad paralela y con una nueva condena para el PP, esta vez como responsable civil subsidiario del fraude fiscal derivado de la reforma de su sede con dinero negro.

“Yo me llamo Mariano Rajoy y luego cada uno me llama como quiere”. El expresidente del Gobierno volvió a vestirse de testigo el pasado mes de abril y remató así su declaración en el juicio de la operación Kitchen, el operativo policial ilegal supuestamente puesto en marcha bajo su mandato por el Ministerio del Interior para espiar a Luis Bárcenas y robar pruebas comprometedoras para el PP y el propio Rajoy. El caso, que todavía está siendo juzgado en la Audiencia Nacional, tiene en el banquillo a su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, así como diversos mandos policiales y al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Y Rajoy negó que Bárcenas le pudiera haber grabado destruyendo documentación sobre una caja B del PP que, en paralelo, los tribunales han declarado probada en firme.

José María Aznar y el caso Gürtel

José María Aznar estuvo al frente de los gobiernos del PP desde su victoria ante Felipe González en 1996 hasta su derrota ante Zapatero en 2004. Y testificó junto con Mariano Rajoy en el juicio de la caja B del Partido Popular en 2021, también de forma telemática y en su caso con mascarilla. “No he recibido ningún sobresueldo. Lo que hicieran mis sucesores ni me interesa”, dijo el expresidente del Gobierno.

Pedro Sánchez y la visita del juez Peinado

El 31 de julio de 2024 el juez Juan Carlos Peinado llegó en coche al Palacio de la Moncloa y pasó menos de dos minutos ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El magistrado decidió llamar a declarar a Sánchez en la causa en la que investiga a su esposa, Begoña Gómez, y el presidente del Gobierno, que intentó sin éxito declarar por escrito como facilita la ley, optó por acogerse a su derecho a no declarar en una causa penal abierta a un familiar directo.

El magistrado justificó su decisión de tomar declaración a Sánchez en una línea: “Se considera conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada”. Esa no fue la última visita de Peinado a Moncloa. Ya en abril de 2025 tomó declaración a Félix Bolaños después de que el juez solicitara una tarima para que su mesa fuera la más alta de la estancia.

La recuperación de la actividad judicial tras el parón estival devolverá de nuevo a la actualidad la investigación abierta a José Luis Rodríguez Zapatero. El juez José Luis Calama cerró el curso judicial autorizando a la Policía a acceder a más sesenta cuentas del expresidente del Gobierno, su entorno y varias sociedades por las que habrían pasado los fondos bajo sospecha y pidiendo un informe sobre la influencia venezolana en Plus Ultra, la aerolínea cuyo rescate está en el epicentro del caso. Y lo retomará tomando declaración a los dimitidos presidente y CEO de esa compañía. Ambos directivos implicaron a Zapatero en el cobro de una comisión de 530.000 euros por ese rescate.

Sus declaraciones, previstas para los días 7 y 8 de septiembre, pueden complicar todavía más el horizonte judicial del expresidente tras la confesión de su antiguo amigo y colaborador Julio Martínez Martínez, administrador de la consultora que le pagó durante cinco años por supuestas labores “de asesoría” y que, a su vez, cobró elevadas cantidades de la aerolínea. El pasado julio este último anunció que colaboraría con la Justicia y atribuyó a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra la citada ayuda, si bien en su declaración ante el juez no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero ni cuánto habría cobrado por ello.

No obstante, el juez dejó por escrito en uno de sus últimos autos antes de que se iniciara agosto, mes inhábil en los juzgados, que sigue situando a Zapatero en el centro de una trama “organizada y estable” orientada al “ejercicio de influencias ilícitas” a favor de diferentes empresarios. El magistrado dirige una investigación que ha ido ampliándose tras arrancar en el rescate de Plus Ultra y que ahora abarca las asesorías de Zapatero para Análisis Relevante, la consultora de su amigo, para empresas latinoamericanas e, incluso, las joyas que encontró la UDEF en una caja fuerte de su despacho en Ferraz.

El asunto de las joyas, uno de los episodios que más ha erosionado a Zapatero por su impacto mediático, tendrá previsiblemente un papel central en la evolución de la causa judicial. Casi tres meses después de que trascendiera su hallazgo, el expresidente sigue sin explicar el origen de los objetos intervenidos. Aunque su entorno las valoró en un primer momento entre 30.000 y 50.000 euros, una prestigiosa joyería encargada de la tasación judicial ha estimado su valor real en 1,3 millones de euros.

En una entrevista en TVE el pasado julio, Zapatero dijo que eran regalos “sin uso ni destino”, apiladas junto a otras joyas de la familia y que, por supuesto, un peritaje de parte sometería “a contradicción” el valor que se les ha otorgado. En esa entrevista argumentó que debe respetar el procedimiento y hablar primero ante el juez, pero lo cierto es que se comprometió a hacerlo diez días después de declarar en la Audiencia Nacional y desde entonces han pasado más de dos meses.

Por el momento, lo único que consta en el juzgado es una petición de la Fiscalía de que se realice un análisis más exhaustivo de las joyas para conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas. Entre ellas, un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales originarias de Zambia.

Declaración de sus hijas

Además de pronunciarse sobre esta petición, entro los asuntos pendientes para el juez también está fijar la fecha de la declaración de las hijas del expresidente después de que el pasado junio acordara dirigir la investigación también contra ellas. En uno de sus últimos autos, Calama situó a Whathefav, la pequeña empresa de marketing de las hijas del expresidente, como la principal receptora de fondos del entramado de Julio Martínez, solo por detrás del propio Zapatero.

Hasta el momento, las pesquisas de la Policía han desvelado que la agencia de las hermanas Rodríguez Espinosa cobró 800.000 euros de sociedades vinculadas a los negocios de su padre. Análisis Relevante les pagó 239.755 euros. E Inteligencia Prospectiva, propiedad de dos hermanos venezolanos, más de medio millón. Ambas son dos sociedades fallidas, según la Oficina Antifraude. Nada hacían y nada, por tanto, tenían que subcontratar, sospechan el juez y Anticorrupción.

En la resolución en la que confirmó su imputación, Calama afirmó que existen “indicios racionales” de que Whathefav era una sociedad instrumental que era utilizada para “la canalización, ocultación o facilitación” de operaciones relevantes para los hechos que se investigan. Los investigadores de la UDEF consideran que la compañía emitía facturas con el concepto “servicios agencia” sin detallar cuál era su prestación real, lo que les lleva a pensar que no había una correspondencia entre “la actividad declarada y la real”. El juez ya ordenó a la Policía el registro de sus oficinas el pasado mayo.

Peticiones de nulidad

Además, la defensa del expresidente estará muy pendiente de la respuesta que pueda dar el instructor a sus peticiones de anular la causa. Tras rechazar de plano los recursos inicialmente, el juez rectificó y accedió a revisar ocho resoluciones, la mayoría dictadas por el juzgado de Madrid que investigó el rescate de Plus Ultra antes de que la Audiencia Nacional asumiera el caso.

De esta revisión han quedado excluidas medidas como el registro de las oficinas del expresidente y de varias empresas, así como la apertura de la pieza separada sobre las joyas. No obstante, estas decisiones podrían verse afectadas si se decidiera una eventual nulidad de las otras resoluciones que se van a estudiar.

Más allá del juzgado, durante el próximo otoño la Agencia Tributaria seguirá adelante con las actuaciones de comprobación e investigación con relación al expresidente, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. El juez rechazó paralizar esa investigación fiscal centrada en los impuestos de Sociedades, IVA, IRPF, Patrimonio y grandes fortunas de los ejercicios de 2021 a 2025 tal y como había reclamado la defensa del expresidente. En su resolución, Calama argumentó que no siempre que se abre una causa penal ha de suspenderse la inspección fiscal.