El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias ha suspendido de manera cautelar un concurso de 155 millones de euros para la prestación del servicio de hemodiálisis extrahospitalaria a pacientes del Servicio Canario de Salud (SCS) tras los recursos de dos de las principales empresas del sector, Avericum y Fresenius. 

La propia Consejería de Sanidad se ha mostrado partidaria de la paralización del procedimiento hasta que el tribunal se pronuncie sobre las quejas de las licitadoras, que alegan, entre otras razones, que las tarifas fijadas no se corresponden con los precios de mercado o “incongruencias técnicas” en los pliegos de este concurso para la asistencia de pacientes con enfermedades renales crónicas de cuatro hospitales públicos de las Islas. 

El expediente del contrato, uno de los mayores en importe de la sanidad canaria, se abrió en el verano de 2025. El informe propuesta está firmado el 6 de agosto por Adasat Goya, que entonces apenas llevaba una semana como director del Servicio Canario de Salud. 

El concurso se divide en siete lotes que corresponden a dos unidades externas de diálisis para la derivación de pacientes en el caso de los hospitales Doctor Negrín (norte de Gran Canaria), La Candelaria (sur de Tenerife) y el Hospital Universitario de Canarias (norte de Tenerife), y una para los usuarios del José Molina Orosa (Lanzarote).

La duración prevista del contrato es de cuatro años, con posibilidad de prorrogar otro ejercicio como máximo y de aumentar hasta un 20% el importe de licitación. En total, 155 millones de euros. La Consejería de Sanidad precisa que estos servicios ya estaban externalizados. 

Dos recursos

Dos de las principales empresas del sector, la canaria Avericum y la multinacional Fresenius, impugnaron los pliegos en sendos recursos interpuestos días antes de la fecha fijada para la presentación de las ofertas (el pasado 26 de febrero). 

Avericum ya es adjudicataria de otros contratos de hemodiálisis en las Islas (en los hospitales Doctor Negrín y José Molina Orosa y en una unidad asistencial vinculada a la gerencia del Insular de Gran Canaria) y ha protagonizado episodios controvertidos. 

Su director y administrador único es Francisco Javier Artiles, un abogado que estuvo investigado en el llamado caso Lifeblood, un presunto amaño en la adjudicación de un contrato de hemodiálisis de 124 millones de euros a la empresa del mismo nombre, sin experiencia en el sector. La causa penal acabó archivada (la Fiscalía no encontró pruebas concluyentes), aunque en su auto de sobreseimiento provisional, la jueza instructora, Victoria Rosell, sí apreció indicios de tráfico de influencias, puesto que Artiles era asesor del SCS en esa época y habría actuado de tapado en favor de la adjudicataria.

Con posterioridad, Avericum ha ganado varios contratos en Canarias con importantes rebajas sobre las tarifas del presupuesto de licitación. En 2019, por ejemplo, redujo en un 30% el precio de las sesiones para hacerse con el servicio a los pacientes de la zona sur de la isla de Gran Canaria. También ha resultado adjudicataria de diversos concursos en otras comunidades con quejas de los competidores por esa política de bajos precios.

En relación con este último concurso en Canarias, Avericum acudió al tribunal de contratos el pasado 16 de febrero, diez días antes de que concluyera el plazo para presentar las ofertas. En su recurso advierte de graves deficiencias económicas en los pliegos. Sostiene que la tarifa fijada por el SCS no se corresponde con los precios de mercado. 

En el concurso se ha establecido un precio máximo unitario de licitación de 165.02 euros por sesión de hemodiálisis. En el adjudicado a Avericum hace más de un lustro para la zona sur de Gran Canaria, la tarifa quedó fijada en 102,93 euros sin posibilidad de revisión. 

Por otra parte, en el concurso ahora paralizado el SCS prevé un incremento anual del 2% para los lotes de los hospitales de Tenerife y el de Gran Canaria y del 4% para el de Lanzarote en previsión del aumento del volumen de pacientes y necesidades asistenciales. Según consta en la memoria del concurso, para determinar el importe de licitación y los costes directos e indirectos del servicio, la administración pública realizó una estimación basándose en los costes de los centros sanitarios propios del SCS. 

En su recurso, Avericum denuncia la “indefinición absoluta” de esa memoria económica y que, a la hora de fijar la tarifa, no se ha tenido en cuenta ni el beneficio industrial ni los gastos generales. La licitadora también señala que el reparto de puestos de diálisis entre los lotes es “absolutamente desproporcionado e injustificado”. El concurso requiere 100 puestos para las unidades de diálisis para pacientes del Hospital Doctor Negrín; otros 100 para los de La Candelaria; 120 para los del HUC, y 40 para los del Molina Orosa. 

La segunda recurrente es la multinacional Fresenius Medical Care. Esta empresa, líder en el sector de la diálisis y dueña de Quirón Salud, admitió en 2019 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Comission) que sobornó a médicos de varios países, entre ellos de España, para obtener información confidencial anticipada sobre las especificaciones técnicas de las licitaciones públicas. 

El caso, que investigó las las prácticas irregulares cometidas por la empresa entre 2006 y 2017, se cerró con el pago por parte de la empresa de más de 200 millones de dólares en multas y con el compromiso de contratar a un Monitor de Cumplimiento Independiente durante al menos dos años para revisar, evaluar y obligar a mejorar todas sus políticas contra la corrupción, sus auditorías y sus controles internos a nivel global. 

Fresenius presentó su recurso el 18 de febrero, dos días después que Avericum. La multinacional se queja de la “falta de proporcionalidad y justificación en la previsión de pacientes”, la exigencia de “puestos mínimos” (360 generales de diálisis y 16 específicos para pacientes con hepatitis B) o “la imposición de dos turnos diarios”. 

Esta licitadora advierte, además, de una “incongruencia técnica” en los pliegos, puesto que el contrato está diseñado para la prestación de un servicio de hemodiálisis de naturaleza extrahospitalaria (en centros ubicados a tres kilómetros como máximo), pero sin embargo se imponen requisitos de “alojamiento e integración” en infraestructuras “intrahospitalarias”. 

El recurso de Fresenius incide también en la “ausencia de desglose” del precio unitario, en que los pliegos no establecen un tope máximo en los criterios de adjudicación, en concreto en el que otorga puntos por cada nefrólogo extra ofrecido, “lo que impide valorar la viabilidad real” de las proposiciones, o que se impongan obligaciones “condicionadas a la voluntad del hospital de referencia y de cuantía indeterminada”. 

Suspensión cautelar

En sus recursos ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias, tanto Avericum como Fresenius solicitaron la suspensión cautelar del concurso para evitar perjuicios “de imposible o difícil reparación”. Ambas empresas advertían de que si el proceso avanzaba y se abrían las propuestas (económica y técnica) de las licitadoras se habría público el contenido de las ofertas, lo que perturbaría “la confidencialidad, la competencia y la integridad” de una futura licitación si al final el tribunal anula los pliegos. 

Según las licitadoras, la suspensión no genera ningún perjuicio al interés general ni a la sanidad pública, ya que las necesidades de los pacientes en tratamiento de hemodiálisis están cubiertas mediante los contratos vigentes, “que se siguen prestando sin interrupción”. 

El propio SCS (órgano de contratación) expresó su conformidad de forma expresa con que se adoptara esa medida provisional. En este escenario, el tribunal de contratos asume los argumentos de las empresas recurrentes y sostiene que revelar las ofertas de los competidores causaría “daños irreparables” al alterar la confidencialidad y la libre concurrencia. La paralización sólo se hace efectiva para el momento inmediatamente anterior a la apertura del sobre dos, el que contiene la proposición económica y técnica. 

De esta manera el tribunal salva el trámite del sobre 1, que corresponde a la documentación general de las empresas y no contiene información confidencial. 

Durante las dos últimas décadas, la Región de Murcia ha reforzado —directa o indirectamente— la presencia de la provisión sanitaria privada en la atención de poblaciones ya cubiertas por el Servicio Murciano de Salud (SMS). La fórmula empleada ha sido la de los llamados “conciertos sanitarios”, es decir, el trasvase de dinero público hacia clínicas y hospitales privados mientras la percepción ciudadana sobre la calidad asistencial pública es cada vez más negativa.

De hecho, cada año, el número de murcianos que contrata un seguro de salud privado crece casi un 4%. Algo sorprendente en una comunidad autónoma que tiene una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 32,4%. Para los colectivos en defensa de la sanidad pública, estos conciertos se han desprovisto de su función original, que era la de servir de mero complemento allí donde la pública no era capaz de llegar. Pero, sobre todo, se han convertido en un negocio para las clínicas privadas —con ánimo de lucro— que, de otro modo, no habrían podido crecer de una forma desorbitada.

Mediante los conciertos sanitarios, el SMS contrata con una red de centros privados la prestación de servicios asistenciales, como la realización de determinadas intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas. Los defensores de este modelo lo justifican porque el sistema público no puede absorber la demanda en los plazos deseados. Pero, en la práctica, ha contribuido a reforzar la red privada y a convertirla en un actor sanitario relevante en esta comunidad.

Baste un ejemplo. En 1972, el Centro Médico Virgen del Alcázar, fundado ese año en Lorca por un grupo de inversores, algunos de ellos médicos, era una pequeña clínica privada de apenas 44 camas de hospitalización que, fundamentalmente, prestaba servicios a clientes de aseguradoras privadas.

A través de los primeros conciertos sanitarios empezaron a derivarse a este centro pacientes del SMS que requerían de lo que se denominaba “cuidados medios”, un eufemismo para referirse a enfermos en estado terminal o a personas 'solas' y sin una adecuada red de apoyo familiar ni plaza en un centro residencial. En cualquier caso, usuarios que generaban un 'gasto' exiguo, muy por debajo de la cantidad diaria que el SMS pagaba al centro privado-concertado por su atención. Era la década de los noventa, comenzaban a generarse beneficios y, con ellos, el espectacular crecimiento del negocio.

Hoy, tras sucesivas reformas y ampliaciones, el rebautizado como Hospital Virgen del Alcázar cuenta con 177 camas, cuatro quirófanos, una Unidad de Cuidados Intensivos con capacidad para cinco pacientes, más de veinte consultas externas y urgencias 24 horas. En el mismo recinto comparte espacio con un equipo de resonancia magnética y un escáner para la realización de tomografías computarizadas, del grupo privado Affidea.

Las cosas le iban tan bien a esta sociedad anónima —su capital está dividido en acciones— que, en 2019, abrió un policlínico con 15 consultas en pleno centro de Lorca. En 2022, coincidiendo con su 50 aniversario, inauguró un nuevo centro de consultas y tratamientos médicos en Vera Playa (Almería). Este 2025, ha hecho lo propio en la localidad murciana de Águilas, donde ha proseguido su expansión con un nuevo establecimiento que ofrece urgencias 24 horas de Medicina General y Enfermería, Análisis Clínicos, Radiodiagnóstico y consultas de varios especialistas. Mientras, los aguileños llevan casi una década esperando a que el SMS ponga en marcha en esa localidad el Centro Integral de Alta Resolución, anunciado en 2016, que les evite desplazamientos a Lorca.

Según el consejero de Sanidad de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, el centro se encuentra “en fase de equipamiento” desde este verano. Aunque las obras están finalizadas, sigue sin haber una fecha de apertura concreta.

¿Un retraso fruto de la casualidad? Cuesta creerlo teniendo en cuenta otros antecedentes. En 2020, el SMS desmanteló la Unidad del Dolor del Rafael Méndez de Lorca, el único hospital público en el Área III de Salud, que atiende a una población superior a las 180.000 personas. Pacientes con fibromialgia, artrosis severa y dolor crónico, postquirúrgico u oncológico fueron derivados al Santa Lucía de Cartagena, a más de 85 kilómetros de distancia. Sólo unos meses después, el privado-concertado Virgen del Alcázar anunció la apertura de su nueva Unidad del dolor y medicina Hiperbárica.

¿Cuánto dinero público fluye hacia la privada?

En la Región de Murcia, los 16 hospitales del sector privado-concertado ya no son proveedores ocasionales de servicios sanitarios. Disponen de una parte importante de la capacidad hospitalaria, en torno a un tercio de las camas totales, y también gestionan un volumen importante de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. Ese reparto de capacidad ha convertido a la provisión privada en un actor estructural del sistema sanitario regional y, por tanto, en un receptor estable de fondos públicos.

En términos presupuestarios, la Región de Murcia destina cantidades de dinero público nada desdeñables a conciertos con la sanidad privada. Concretamente, alrededor del 5,5% del presupuesto sanitario regional (unos 174 millones de euros), un porcentaje que ha ido creciendo ejercicio tras ejercicio al mismo ritmo en que los presupuestos para la pública han ido menguando.

La consecuencia directa de esos contratos es que la privada ha convertido a la sanidad pública en una fuente de ingresos estables y crecientes, sin la que difícilmente podría mantenerse. Estos son los números oficiales de 2024, publicados en el Portal de Transparencia de la Región de Murcia: el hospital Ribera, en Molina de Segura, facturó 15,1 millones de euros al SMS; a este le siguen la Clínica Médico-Quirúrgica San José (Alcantarilla) con 9,1 millones de euros; el hospital Mesa del Castillo (Murcia) con 8,8 millones; el mencionado Virgen del Alcázar —en el área de salud con las listas de espera más elevadas de toda la comunidad autónoma— con más de 8,7 millones de euros; o el hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Cartagena), con otros 7,2 millones.

Sin embargo, informes de fiscalización como el realizado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ADSP en esta comunidad autónoma denuncian que, cada año, el gasto ejecutado en conciertos de asistencia sanitaria supera ampliamente las cuantías inicialmente presupuestadas. Unas desviaciones que apuntan tanto a una demanda real no planificada como a prácticas de contratación extraordinarias que aumentan el gasto público sin que eso se corresponda con una ampliación estructural del sistema público.

Mientras tanto, las organizaciones empresariales del sector se felicitan por el crecimiento de su actividad y facturación. La lógica es sencilla: más conciertos igual a más actividad financiada con fondos públicos; igual a mayor facturación para los centros privados. La tendencia ha sido especialmente visible en servicios con alta demanda, como la cirugía programada, las pruebas diagnósticas y las consultas especializadas subcontratadas. Las ampliaciones y reformas de las que presumen estas clínicas demuestran el éxito de la fórmula para sus intereses privados.

¿Quién pierde? Impacto en la sanidad pública y en la calidad asistencial

ADSP Región de Murcia y otras plataformas de pacientes alertan de que los conciertos sanitarios tienen efectos perversos: la externalización de los casos “fáciles” y la concentración en la privada de determinadas intervenciones, deja al sistema público con una casuística más compleja y costosa, mayor presión en urgencias y en atención primaria, así como dificultades para atraer y retener profesionales.

Y es que, la buena salud económica de las clínicas privadas les está permitiendo 'fichar' a especialistas que abandonan el sistema público, en el que se formaron, para dedicarse en exclusiva a la medicina particular. En Lorca, por ejemplo, hace un par de años se produjo una estampida de dermatólogos hacia la privada. Tras varios meses sin médicos que cubrieran esa especialidad —que trata, por ejemplo, los melanomas, un tipo de cáncer de piel— la solución del SMS ha sido incentivar a dos facultativos de otras áreas de salud para que acudan a Lorca un par de veces a la semana. La situación es tan surrealista como que los médicos de familia que observan una lesión de posible gravedad en sus pacientes, les mandan fotografías de manchas o lunares para que las valoren online.

Otra de las consecuencias de este modelo es la precariedad laboral en otras categorías de profesionales sanitarios como enfermeras o Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Para que el negocio de las privadas sea boyante, a menudo se recorta en salarios y contrataciones, lo que da como resultado un personal extenuado, mal pagado, que no cuenta con los recursos necesarios, que a duras penas puede realizar su trabajo con los estándares de calidad exigibles cuando se trata de la atención de personas enfermas y que, en ocasiones, es obligado a incurrir en intrusismo laboral para ahorrar en nóminas. Por ejemplo, mediante la utilización de Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico (ciclo formativo) para realizar ecografías, una técnica reservada a facultativos.

Manuela J, es técnico en cuidados auxiliares de enfermería en un hospital concertado de la región. Cuenta a elDiario.es que los turnos son “insufribles”. “A veces trabajo cuatro noches seguidas y no se nos paga el plus de nocturnidad. Llego a mi casa reventada y sabiendo que los pacientes no tienen el cuidado que merecen, pero es lo que me toca si quiero hacer puntos para poder trabajar en la pública”. Con un salario base que no llega a los 700 euros, asegura, y sin los medios adecuados: “Nos cuentan los guantes que nos dan para asear a los pacientes”.

Luego está la paradoja del empeoramiento de las listas de espera, cuando la filosofía que justifica la externalización en la sanidad es, precisamente, su acortamiento. En la Región de Murcia hay 35.000 pacientes en lista de espera quirúrgica y más de 120.000 aguardando para consultas externas. Los tiempos medios para someterse a una intervención están en 107 días y la demora para ser visto por un especialista superan los tres meses, aunque hay áreas de salud, como en Lorca, donde la espera se cuenta en años.

19 meses, concretamente 575 días, es lo que han llegado a tener que esperar algunas pacientes para poder pisar una consulta de ginecología en este municipio. Y ello, constatando como “preferente” en el informe realizado por su médico de familia.

Aunque la desesperación no solo se queda en los pacientes. Laura R., administrativa en el área de consultas externas, sufre de estrés y ansiedad por las innumerables llamadas que recibe al día de decenas de usuarios quejándose porque no consiguen una cita. “Tratamos de entender la situación, pero nos agreden verbalmente para desahogarse. Los insultos son nuestro pan de cada día”, confiesa.

Consecuencias sociales y políticas de los conciertos sanitarios

El trasvase de fondos públicos a la sanidad privada no es sólo una cuestión técnica. También tiene importantes consecuencias sociales, porque limita la capacidad de la pública para garantizar una atención equitativa en el territorio y erosiona la confianza ciudadana en un sistema que debería ser la columna vertebral de la atención sanitaria.

Es una doble pérdida: por un lado, empresas privadas consolidan ingresos con el dinero de todos; por otro, disminuye la capacidad del sistema público para dar respuesta rápida, integral y equitativa. Por eso, desde ADSP Región de Murcia advierten que, si la sanidad pública es un bien común, su defensa “exige tomar decisiones políticas y administrativas que prioricen la inversión estructural en lo público y restrinjan el recurso de los conciertos a lo estrictamente imprescindible, siempre con transparencia y controles robustos”. Los datos y las experiencias recientes en la Región de Murcia demuestran que seguir por la vía contraria es continuar abonando —con fondos públicos— una sanidad a dos velocidades.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha conseguido el aval definitivo a la adjudicación del acuerdo marco de procedimientos quirúrgicos para volver al concierto público con la sanidad privada, tras cinco años prorrogando contratos a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, casi de forma sistemática.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía (Tarcja) ha resuelto de forma favorable para el Gobierno andaluz los recursos presentados por las empresas participantes en el proceso, lo que permitirá que los primeros contratos puedan formalizarse a partir de mediados de septiembre, según avanzan desde el SAS.

El plan –que cuenta con un presupuesto estimado de 231 millones de euros y una duración inicial de dos años, prorrogables otros dos hasta alcanzar los 533 millones– contempla la derivación de pacientes pendientes de una cirugía o de una prueba diagnóstica a clínicas privadas. En total, han resultado adjudicatarias 38 empresas (71,7% de las presentadas) y 50 centros sanitarios (66,7%), “más que nunca en la historia de la contratación de estos servicios”, según fuentes del SAS.

Este acuerdo marco sustituye al sistema de contratos prorrogados a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, que el Gobierno andaluz venía empleando de forma sistemática durante los últimos cinco años y cuya última adjudicación fue anulada por el propio Tarcja hace unos meses.

Una vez resueltas las impugnaciones, como ha adelantado ABC y lo han confirmado fuentes del SAS a Europa Press, ya se han firmado los documentos de formalización del acuerdo marco con las empresas adjudicatarias. Las mismas fuentes indican que las centrales provinciales de compras están recopilando la información necesaria para planificar los primeros contratos, que arrancarán a partir de mediados de septiembre.

Plan para reducir listas de espera

“El SAS ha trabajado con todo el empeño y el objetivo de acelerar este procedimiento, pero su propia naturaleza y las garantías que conlleva ha hecho que se haya dilatado en el tiempo. No obstante, siguen vigentes hasta el mes próximo los contratos contemplados en el plan de garantía”, ha recordado el SAS.

Según la administración andaluza, esta actuación responde “exclusivamente” a la necesidad de proteger el interés público y la prestación asistencial “sin comprometer ni ampliar los recursos asignados al plan”. La Junta ha recordado que gracias al plan de garantía sanitaria se han reducido en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía (-14,26%) y en 30.074 los pacientes fuera de plazo (-56,73%) respecto a diciembre de 2023.

De acuerdo con los datos del SAS, el porcentaje de pacientes en lista de espera quirúrgica fuera de plazo era del 18,78% en junio de 2025, mientras que, hace menos de un año y medio, este porcentaje era del 37,20%. Asimismo, la demora media actual se sitúa en 108 días frente a los 150 que se registraban en diciembre de 2023, últimos datos anteriores a la implementación del plan de garantía sanitaria.

En Andalucía, de enero a junio, se han realizado más de 223.000 operaciones, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se intervinieron 216.738 personas. El 86% de estas intervenciones se han realizado en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud, mientras que el 14% se han afrontado mediante la fórmula de concierto.

El “peso creciente de la privatización” de la sanidad en Andalucía que este lunes denunciaba un informe basado en datos oficiales presentado por los sindicatos y la Marea Blanca tiene un claro ejemplo en Jaén. Hasta hace muy poco, Jaén era una de las pocas provincias andaluzas sin hospitales privados. Hoy ya hay uno funcionando y otro en obras. Mientras esto sucede, el Hospital Universitario de Jaén acumula esperas de hasta un año para operaciones traumatológicas, falta de personal especialmente en áreas como quirófano y tiene camas cerradas incluso en temporada alta, según denuncian los profesionales. Esta nueva realidad, con los sanitarios de la pública y la ciudadanía en pie de guerra y con la privada abriendo nuevos centros, se dibuja en los 2,3 millones de euros que la Junta de Andalucía ha invertido en apenas un año para derivar a miles de pacientes, según datos oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) a los que ha accedido elDiario.es Andalucía.

La estrategia, según denuncian fuentes sindicales, es clara: “Dejar caer lo público para justificar las derivaciones. Primero recortas, luego saturas y después vendes como solución lo que antes era innecesario”. Las cifras y los movimientos urbanísticos acompañan esa lectura: la Ciudad Sanitaria sigue parada pese a las promesas, sin avances significativos salvo la licitación de la futura lavandería, mientras la sanidad privada consolida su presencia con la construcción de un nuevo hospital privado a las afueras de la capital y la puesta en funcionamiento del Hospital Metropolitano, al que van a parar muchos de los pacientes a los que el Hospital Universitario no puede atender.

Según las cifras del SAS, hasta el pasado 2 de diciembre de 2024 la sanidad pública había derivado a la privada de Jaén a 1.270 pacientes por valor de 2.295.337,79 euros. Teniendo en cuenta que el Hospital Metropolitano abrió sus puertas en 2023, pero no empezó a realizar derivaciones hasta finales de ese mismo año, según fuentes sanitarias, esta cifra se ha producido en apenas doce meses. Algo que para los profesionales y los sindicatos demuestra una acción política destinada a mermar los recursos públicos para que la ciudadanía acabe optando por la privada.

Mientras tanto, el hospital público resiste con dificultades. Desde el propio SAS reconocen que el Hospital Universitario ha tenido que aumentar su “actividad extraordinaria” en un 40% en lo que va de año, y su actividad ordinaria en un 25%. Aun así, la respuesta del Gobierno andaluz insiste en que “no hay saturación” y que hay 235 camas libres. Sin embargo, fuentes internas del centro lo desmienten: “Esa cifra es una trampa. Son camas cerradas por falta de personal. No se pueden usar porque no hay quien atienda a los pacientes”.

Los sindicatos no se creen tampoco al SAS. Son datos “maquillados” que esconden, por ejemplo, que “se están derivando cirugías complejas (como caderas, rodillas y columna) a clínicas privadas como el Hospital Metropolitano, en detrimento de la sanidad pública”. La premisa, según denuncian, es alegar que las listas de esperas están saturadas para justificar que se derive a los pacientes, pero la realidad, aseguran, pasa porque “no se está invirtiendo en la mejora del hospital público ni en la del personal”.

Cansancio entre el personal

Precisamente en traumatología, una de las especialidades más demandadas, las esperas superan los 10 ó 12 meses en muchos casos. “Están derivando operaciones de prótesis de cadera y rodilla a Córdoba o incluso a centros privados. La gente no sabe a qué hospital la van a mandar cuando la llaman”, denuncian desde el centro. Algunas operaciones están yendo al hospital privado Metropolitano, inaugurado recientemente en la capital, con quejas por la atención recibida por parte de los usuarios.

Ana -nombre ficticio por temor a represalias- es una de las trabajadoras que vive en primera mano el “desmantelamiento” del hospital público de Jaén mientras la sanidad privada sigue sumando recursos: “El volumen de trabajo es el doble o el triple que hace 25 años”. Enfermera en Urgencias, padece la falta de médicos especialistas para derivar a los pacientes a los que hacen triaje. “Los especialistas nunca están disponibles de 8 a 3 de la tarde. Llegan a la hora que se les antoje y a las 2 ya han cerrado. El 80% de los especialistas están trabajando en la privada”, asegura.

Este medio ha intentado hablar directamente con médicos del hospital público pero, por temor también a represalias, han declinado participar en este reportaje. Quien sí lo ha hecho es Manuel, otro de los profesionales que lleva casi 20 años en el centro hospitalario y que, por ese motivo, conoce la evolución que ha experimentado la sanidad pública de Jaén. “Cada año va a peor”, lamenta. Él, que trabaja como fisio, denuncia que hay plazas sin cubrir y que están extenuados. “Notamos un abandono poco a poco de lo público”. Un argumento que defienden y respaldan desde los sindicatos.

De hecho, fuentes sindicales alegan que, entre los pacientes, hay preocupación cuando se les deriva a la sanidad privada. “Se hacen intervenciones rápidas que a veces salen mal y cuyo seguimiento y recuperación, sin embargo, debe costearlos la sanidad pública”. Además, “aunque se deriven operaciones a la privada, la atención primaria sigue saturada, porque es la puerta de entrada del sistema”.

Un plan “sin recursos”

La Junta justifica estas derivaciones como parte del Plan de Garantía Sanitaria, que, según sus datos, ha permitido reducir en un 47,59% la lista de espera quirúrgica en procedimientos garantizados fuera de plazo. El plan incluye “seguimiento de quirófanos, continuidades asistenciales y conciertos”. Pero la letra pequeña está en esos conciertos, según denuncian los implicados: la colaboración público-privada se refuerza, mientras los centros públicos afrontan una sobrecarga estructural sin refuerzos suficientes.

Y así, en atención primaria, el panorama tampoco es halagüeño. El SAS ha puesto en marcha planes de mejora de la accesibilidad, como el sistema backoffice o las llamadas consultas de acogida, desarrolladas por Enfermería. Según la Junta, este sistema resuelve el 52% de los casos que acuden sin cita, pero los sindicatos rechazan el triunfalismo: “Lo que falla es que no hay suficientes médicos ni profesionales de enfermería. No hay recursos. Se están sustituyendo servicios estructurales por soluciones-parches. Lo que antes era atención directa ahora es burocracia con apariencia digital”.

Mientras todo esto ocurre, la Ciudad Sanitaria de Jaén, anunciada desde hace años como el proyecto que resolvería los problemas históricos de la provincia en materia sanitaria, sigue atascada. A pesar de que ya existe un solar, las obras no han comenzado, y no hay cronograma claro. Solo se habla de la lavandería, que empieza a resonar casi como una broma de mal gusto entre los profeisonales, que además se quejan de que las actuales instalaciones del hospital público de Jaén se han quedado “obsoletas”.

Un panorama que contrasta con el hecho de que la privada va camino de abrir su segundo cetro hospitalario a menos de diez minutos del viejo hospital, cuyas obras avanzan a mayor ritmo que las de cualquier infraestructura pública sanitaria en la provincia. “Están dejando morir el hospital por inanición”, resumen las voces sindicales consultadas del Hospital Universitario de Jaén. “Cada día que pasa sin reforzar personal ni infraestructura pública, se refuerza el negocio de unos pocos”.

La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha lanzado este viernes a su partido “a la ofensiva y a la acción” para recuperar el Gobierno de la Junta, a un año de las elecciones autonómicas. Ese ha sido el objetivo de reunir a su primer comité director, el máximo órgano de decisión entre congresos, en el que ha aprovechado para lanzar también su primera promesa electoral: “Cuando sea presidenta, vamos a limitar el porcentaje de conciertos con las clínicas privadas en la sanidad pública”.

Con este anuncio, Montero ha querido colocar a la sanidad en el centro de sus prioridades como candidata a la presidencia de la Junta, consciente de que es el talón de Aquiles de la gestión de Juan Manuel Moreno. La falta de personal y recursos, las abultadas listas de espera y la cada vez mayor dependencia de la sanidad privada constituyen el principal foco de contestación social que enfrenta el Gobierno del PP en Andalucía.

Frente a ello, la todavía vicepresidenta del Gobierno ha anunciado que, si llega a ser presidenta, blindará por ley la atención primaria para impedir que se pueda concertar con centros privados. Esta medida alude a una de las órdenes más polémicas que aprobó el Gobierno de Moreno, fijando por primera vez un precio a las consultas con el médico de familia. Una medida que terminó rectificando debido a las fuertes críticas que recibió por parte de la oposición y de colectivos sanitarios.

En “contraposición”, Montero se ha perfilado a sí misma como “la alternativa a las políticas privatizadoras de Moreno”. Y se ha comprometido también a garantizar un reparto “igualitario” de los servicios sanitarios especializados: “La sanidad no puede ser un mapa de desigualdades, sino una república que debe llegar a todas partes, desde las ciudades hasta las comarcas rurales”, ha expresado ante la militancia, cuando ha cumplido ya más de 100 días como líder del socialismo andaluz.

En la hoja de ruta que desgranó durante un discurso de casi una hora, también destacó la necesidad de reforzar las plantillas sanitarias, estabilizar a los profesionales en el territorio, garantizar la atención asistencial y asegurar que ningún centro cierre por motivos de rentabilidad económica. “No es un retoque lo que necesita Andalucía, sino una transformación profunda y democrática de su modelo económico, social, institucional y territorial”, ha defendido, activando el botón electoral.

Un PSOE “preparado” para la batalla electoral

Con la vista puesta en las elecciones previstas para dentro de un año, Montero instó a su partido a “tomar las calles” y conectar con “con las prioridades de cada uno de los sectores y ciudadanos”. “Tenemos tareas urgentes: una sanidad pública que no aguanta más, una educación en desintegración, dejación en vivienda absoluta y una dependencia que nos avergüenza”, declaró, haciendo suyas las principales críticas que recibe el Gobierno andaluz en las calles.

La secretaria general del PSOE-A ha tratado así de marcar distancias con las políticas del actual presidente de la Junta, mostrándose como una alternativa “valiente y audaz” frente a lo que considera “un gobierno resignado que ha renunciado a cuidar lo público”. En definitiva, la ministra de Hacienda se ha presentado como garante de “los servicios públicos, la igualdad de oportunidades y la mayoría social”, frente a la “privatización silenciosa” que le atribuye a Moreno.

“Estamos preparados, que convoquen cuando quieran, nosotros sabemos lo que hay que hacer”, aseveró ante una militancia unida en torno a un objetivo común: “Que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía”.

En ese camino hasta las urnas, la secretaria general del PSOE andaluz avanzó los pasos que va a dar su formación durante los próximos meses. En primer lugar, anunció la convocatoria de una conferencia política —sin fecha concreta aún— que contará con la participación de profesionales de todos los sectores, de asociaciones, entidades empresariales y colectivos afectados.

El andalucismo del siglo XXI

Todo ello con el objetivo de “debatir sobre servicios públicos eficaces, vivienda, empoderamiento de alcaldes y alcaldesas”. Y, en último término, con el afán de recoger ideas que nutran el nuevo programa electoral del PSOE, que aspira a ser “el reflejo vivo del nuevo andalucismo”.

Vestida de rojo sobre un escenario teñido de blanco y verde, Montero lanzó un mensaje cargado de “ambición y ganas”: “Vamos a recuperar la Junta de Andalucía, el autogobierno y la autoestima del pueblo andaluz”. “Como en los 80, volver a soñar en una nueva Andalucía que es posible, volver a ser lo que fuimos”, clamó, parafraseando el himno de Blas Infante.

El objetivo, “construir en ocho años un nuevo sistema andaluz de progreso que dure muchos años más para que en el futuro no haya excusas para ejercer el autogobierno”. Y con una inyección de “alegría, de ilusión y de esperanza”, impulsó a la militancia “a defender el andalucismo del siglo XXI, que es el de nuestras raíces”.

Lo que al comienzo pudo servir para completar el alcance de la atención sanitaria pública a toda la población, se ha convertido, con el tiempo, en una brecha por la que se han ido colando poco a poco servicios, prestaciones y concesiones a la gestión privada de lo público. 

Hablamos con Natalia Chientaroli, subdirectora de elDiario.es a cargo de la información social y con varios sanitarios de diferentes partes de España.

***

Episodio relacionado: La vida sin sanidad pública: así funciona el sistema en EEUU

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al Día”. El número es el 699 518 743.

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Lo puedes escuchar en Podimo, la app de podcast y audiolibros que apoya ‘Un tema Al Día’. Si te abres una cuenta en Podimo desde este enlace, tienes 60 días de acceso gratuito a todo su contenido exclusivo.

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

La Junta de Andalucía calcula un beneficio de 46,28 millones de euros a la empresa Clínicas Pascual (José Manuel Pascual Pascual SA) con el concierto de 771,43 millones por cinco años que aprobó el Consejo de Gobierno en su reunión de 29 de marzo, cifra que corresponde a cuatro centros sanitarios de la provincia de Cádiz y otro de la provincia de Huelva. En la memoria económica del expediente de gasto se incluye entre esos 771,43 millones de los costes del concierto un apartado que denomina beneficio industrial, concepto que representa el 6% del total, esos 46,28 millones, y se suma a los costes directos e indirectos de cada centro sanitario.

En la memoria económica del contrato, a la que ha tenido acceso Europa Press, se desglosa el coste anual por cada centro sanitario concertado. Los 771,43 millones del quinquenio se desglosan en 655,71 millones de costes directos, 69,42 millones restantes de costes indirectos y 46,28 millones de beneficios.

El 29 de marzo el Gobierno andaluz anunció su autorización a un expediente de gasto de 771,43 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para “la prestación sanitaria integral”, ordinaria y urgente, en centros hospitalarios autorizados y homologados en Cádiz capital y en El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, municipios de la provincia gaditana, y en el Distrito Huelva-Costa, en la provincia de Huelva.

“El plazo de ejecución será de cinco años desde su formalización, sin posibilidad de prórroga”, precisaba el Gobierno andaluz en su información sobre el contrato.

Coste por cada hospital

Ordenados de mayor a menor los cinco hospitales concertados según su coste, en función de los cálculos que hace el Gobierno andaluz, es el Hospital Santa María del Puerto que presta servicio a El Puerto de Santa María y Rota, con un coste anual de 42,82 millones y un beneficio de 2,56 millones; el centro Virgen de la Bella en la provincia de Huelva que da servicio a Lepe, Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina y Andévalo Occidental, tiene 40,10 millones de coste y 2,4 millones de beneficio.

El Hospital Virgen del Camino que presta servicio a Sanlúcar de Barrameda y Chipiona con 34,21 millones y un beneficio de 2,05 millones de euros; el Hospital Virgen de las Montañas, que atiende a Villamartín, Ubrique y Arcos de la Frontera con 22,31 millones de coste y un beneficio de 1,33 millones; y el Hospital San Rafael de Cádiz, con un coste de 14,83 millones de euros y un beneficio de 890.000 euros.

Más de 2.500 profesionales

El Gobierno andaluz, que contabiliza 2.585 profesionales entre los cinco centros con un coste de 535,9 millones en el quinquenio, explica que “los costes directos son aquellos que pueden ser asignados de forma inequívoca al objetivo del coste”.

Para explicar seguidamente que entre los costes directos “se incluye el gasto de personal, o por ejemplo, el consumo de antibióticos en un paciente concreto”, mientras que reconoce la dificultad para el cálculo de los costes indirectos por cuanto admite que “precisan de criterios de reparto subjetivos para poder ser asignados, como, por ejemplo, el consumo eléctrico en UCI”.

Concluye que “dado que por definición son difíciles de relacionar con el objeto del coste (el paciente) cualquier método para hacerlo tendrá mayor o menor grado de arbitrariedad”.

Negociado sin publicidad

“Estos cinco hospitales complementarán durante los próximos cinco años la red sanitaria pública de Andalucía, prestándose asistencia sanitaria universal y gratuita a los usuarios”, indicaba el Gobierno andaluz el 29 de marzo, al igual que señalaba sobre la población beneficiada por la asistencia que “aunque no hay adscrita una población de referencia, ha existido una derivación a estos tres centros que corresponde a unos 250.912 usuarios de la sanidad pública”.

“Ahora, con este nuevo contrato, se amplía la cobertura a 400.000 andaluces, con dos hospitales más, uno en Cádiz capital y otro en Lepe (Huelva), mientras se abren nuevos recursos públicos”, proseguía afirmando.

La Junta de Andalucía reconoce en la memoria del contrato que “el procedimiento de adjudicación de este contrato será negociado sin publicidad previa, negociado sin publicidad conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, por razón de exclusividad dado que la asistencia sanitaria integral objeto de esta contratación solo puede encomendarse a un único empresario, José Manuel Pascual Pascual SA, como consecuencia de existir una única empresa propietaria de hospitales de las características requeridas para satisfacer las necesidades del Servicio Andaluz de Salud en las zonas de Cádiz capital y en las localidades de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, y en el Distrito Huelva-Costa”.

Gasto por asistencia en 2021

Al margen, el pasado martes, día 28 de junio, el Consejo de Gobierno autorizó un expediente de gasto de 44,5 millones de euros en los centros de El Puerto de Santa María, Sanlúcar de Barrameda y Villamartín, en Cádiz, pertenecientes a la empresa José Manuel Pascual Pascual SA.

El importe responde a la asistencia realizada entre el 8 de junio de 2021, fecha en la que finalizó el contrato suscrito en 2017, hasta el 31 de octubre de 2021.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Aguirre explicó que al llegar al gobierno de la Junta “nos encontramos que desde el 1 de febrero de 2014 hasta enero de 2017 la Junta no firmó ningún contrato con la empresa Pascual”, por lo que “la entidad empezó a facturar al precio que creía oportuno”.

“En junio de 2017 se consigue firmar con la empresa hasta el 7 de junio de 2021”, detalló, para añadir que “desde entonces hemos firmado un nuevo convenio con fecha de octubre de 2021, y lo que se paga ahora es la diferencia desde junio hasta octubre, que son los 44,5 millones”.

La Junta de Andalucía ha sellado un acuerdo con Clínicas Pascual para que cinco de sus centros presten asistencia sanitaria durante los próximos cinco años, lo que ha generado el malestar del sector. El compromiso, dotado con 771 millones de euros, contempla que la citada entidad ponga en servicio como si fuesen hospitales públicos cuatro de sus centros en Cádiz y otro en Huelva. Según el portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, se trata de un pacto que mejora el concierto que con esta compañía ya había al tener “más hospitales” y durante “más años”. Pero para las mareas blancas, los sindicatos y algunas formaciones políticas, esta actuación vuelve dejar claro “el interés del gobierno regional por privatizar la sanidad pública”.

El concierto que se renueva entre la Junta de Andalucía y las Clínicas Pascual incrementa en dos el número de centros hospitalarios sobre los que ya había un acuerdo en los últimos años. A partir de ahora habrá uno más en Cádiz capital y se estrenará otro en Lepe, en la provincia de Huelva. Dos instalaciones que completarán la cartera que ya ofrece esta entidad privada, pero que contrasta con el hecho de que tanto Cádiz como Huelva tienen sendos hospitales públicos sin abrir.

En el caso gaditano, el actual Gobierno andaluz se comprometió en 2019 a construir un centro hospitalario regional que diese cobertura a la provincia alegando entonces el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla que era un proyecto “necesario para Cádiz, entre otras cosas, por el progresivo envejecimiento de la población”. Sin embargo, tres años después, y después de década y media de compromisos, este proyecto sigue siendo solo una idea, ya que no se ha movido ningún centímetro de tierra, pese a que la Junta anunció en enero su construcción. Por el contrario, el concierto con Clínicas Pascual contempla el uso de cuatro de sus centros para paliar la falta de recursos en la sanidad pública.

Por su parte, la situación de Huelva resulta aún más complicada. Cuenta con tres hospitales de alta resolución (CHARE) sin abrir, aunque todos ellos cuentan con más de dos décadas de desarrollo. En el caso del CHARE de Aracena, su construcción se paralizó hace diez años y no fue hasta 2021 cuando el Ejecutivo regional retomó el proyecto para reconvertirlo en un hospital para el que aún faltan años. Lo mismo ocurre con los otros dos centros que, según la Junta de Andalucía, ya no serán un CHARE, sino hospitales. El problema es que uno no está construido y el otro está acabado, pero carece de accesos que permitan su uso.

El centro hospitalario que no está ni construido es el del Condado, cuyo futuro sigue en el aire. El otro CHARE que cobra especial importancia con este concierto entre la Junta de Andalucía y Clínicas Pascual es el de Lepe. Este hospital, que en el futuro se conocerá como Costa Occidental de Huelva, está construido desde hace tiempo, pero no se ha abierto aún porque carece de accesos por carretera, cuya competencia, asegura la Junta, corresponde al Gobierno central. Sin embargo, para el sector sanitario, el acuerdo entre la Junta y Pascual para incorporar el centro que tienen en Lepe hace dudar de si hay voluntad real de que el hospital público llegue a abrirse algún día.

Batalla judicial

Además, la renovación del concierto vuelve a poner en el foco la relación que tiene el Gobierno andaluz con esta entidad privada. Ya en las etapas socialistas se firmaron acuerdos con estas clínicas para dotar de infraestructuras a aquellos lugares que carecían de hospitales. El problema es que estos pactos siempre han generado polémica porque desde los sindicatos y las mareas blancas se han entendido como una forma de privatizar la sanidad pública. De hecho, según Elías Bendodo, entre 2014 y 2017 se mantuvo el concierto sin que la Junta de Andalucía del PSOE hubiese firmado nada con Pascual, lo que acabó en los tribunales. Según Bendodo, la Junta pagó 407 millones de euros, pero la empresa exigía 256 millones más sobre los que la justicia les estaría dando la razón, sostiene el portavoz del Gobierno andaluz.

Precisamente Bendodo califica aquello como uno de los “grandes agujeros económicos” que heredaron y considera que su actuación está sirviendo para “arreglar marrones de la etapa socialista”. Sin embargo, el Ejecutivo de Susana Díaz alegó en su momento que Pascual estaba atendiendo a pacientes de la sanidad pública en sus clínicas sin tener un concierto. Por ello, el Gobierno andaluz entró en una batalla judicial que ha ido perdiendo. Además, la Junta impuso una sanción de algo más de 5 millones de euros a esta entidad por aplicar precios abusivos que cobró al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por prestar servicios en esos años.

A pesar de ello, y en plena pelea en los tribunales, el Gobierno andaluz renovó los conciertos con Clínicas Pascual en 2017. Acuerdos que ahora expiraban y que ha vuelto a ampliar el actual Ejecutivo regional no sin polémica. Sobre todo porque las mareas blancas y los sindicatos acusan al bipartito de PP y Ciudadanos de seguir privatizando la sanidad pública y al mismo tiempo organizaciones como FACUA o partidos como PSOE o Unidas Podemos piden explicaciones a la Junta de Andalucía por seguir contando con esta entidad pese a los antecedentes que hay. Los socialistas hablan de una voluntad “clara e inequívoca” de seguir con estos conciertos.

No obstante, Pascual y el actual Gobierno andaluz mantienen una buena relación como ya lo demostró el hecho de que el mayor contrato de emergencia de la sanidad andaluza por la pandemia de la Covid-19. Un contrato millonario adjudicado directamente y sin necesidad de expedientes. Entonces, como ahora, el argumento es que era necesario porque Andalucía carece de hospitales públicos de referencia en las zonas en las que las Clínicas Pascual sí tienen presencia.

Malestar sectorial

Así, el malestar en el sector sanitario es mayoritario. “No hay dinero para reponer las plantillas de la atención primaria de toda Andalucía, que supondría un presupuesto de alrededor de 200 millones de euros, no hay dinero para el necesario nuevo Hospital Regional para la provincia de Cádiz, o para un nuevo Materno-Infantil en Huelva, pero sí hay para un nuevo concierto para complacer a la Empresa Pascual y ampliar su poder”, denuncian las mareas blancas sanitarias de Andalucía. “Esta es una empresa condenada por su hostilidad demostrada contra el Sistema Sanitario Público Andaluz y que, sin embargo, sigue subiendo en el ranking de las empresas con mayores ganancias de Andalucía. Es cuestión de prioridades en las decisiones políticas”.

José-Pelayo Galindo, portavoz en CCOO, considera que lo que ofrece Clínicas Pascual es una “asistencia sanitaria de segunda división”. Entiende que el Gobierno andaluz ha tenido “tres años para hacer la inversión necesaria para suprimir los conciertos y no ha hecho nada”. “Es más, ha aumentado en dos los hospitales concertados. Esta acción se encuadra en la voluntad inequívoca de la Junta de Andalucía de privatizar servicios de la sanidad pública”. Por su parte, Antonio Macías, sindicalista de UGT, considera que estamos ante el problema “de siempre”. “El SAS tiene que recurrir a las empresas privadas para dar un servicio que debería ser público”.

“La externalización de servicios siempre ha existido y no de ahora. Seguro que la prestación de servicios sanitarios en las referidas poblaciones se puede mejorar con centros públicos, pero los compromisos y los hospitales y centros son los que son”, asume Victorino Girela de CSIF. “Por nuestra parte, seguiremos reivindicando más sanidad pública y menos concertada”. Al mismo tiempo, fuentes del SAS evitan valorar el acuerdo y emplazan a las declaraciones de Elías Bendodo. “Este contrato tiene la novedad de que se pasan de 250.000 a 400.000 andaluces con cobertura con dos hospitales más (no sale ninguno), uno en Cádiz capital y otro en Lepe entretanto se abren nuevos recursos públicos”, matizan. Además, este medio ha intentado contactar con las Clínicas del doctor Pascual sin éxito.

Canarias es la cuarta comunidad autónoma que más dinero destina a financiar conciertos sanitarios con clínicas privadas, a las que derivó en 2017 el 9,3 por ciento de todo su gasto sanitario público, según el informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.

Por encima del esfuerzo que realiza Canarias en pagar conciertos sanitarios solo se encontraban en ese ejercicio Cataluña, que destina a ese concepto el 24,9 % de su presupuesto sanitario; Madrid, que le dedica un 10,7 %; y Baleares, con un 10,4 %.

Este informe revela que entre 2010 y 2016 disminuyó ligeramente el presupuesto que la sanidad pública canaria destina a concertar atención en clínicas privadas, un 3,39 %, para quedarse en 138,41 millones al año al final de ese periodo.

Sin embargo, el estudio contiene datos que indican que en ese periodo la sanidad pública canaria se siguió apoyando en los conciertos con la privada de forma creciente.

Entre 2010 y 2017, las altas hospitalarias en Canarias crecieron un 3,12 %, al pasar de 204.739 a 211.332.

Sin embargo, el comportamiento fue dispar según la titularidad de los centros: mientras las altas de los hospitales públicos bajaron un 4,29 % (de 167.338 pasaron a 160.461), las altas de las clínicas privadas pagadas en casos pagados con presupuesto público se dispararon un 26,48 % (al crecer de 37.401 a 50.871).

La Federación atribuye ese fenómeno (que también crece en el conjunto de España, pero la mitad que en Canarias) a que la privatización de la atención sanitaria sigue avanzando, pero trasvasando los casos de más fácil resolución, mientras que los casos más complejos siguen en la sanidad pública.

La instrucción que firmó a principios de abril el anterior director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, para facilitar un incremento de las derivaciones hacia las clínicas privadas con el que hacer frente al colapso en los hospitales públicos es “nula de pleno derecho”.

Así lo han dictaminado los servicios jurídicos de la Secretaría General Técnica del SCS, que han dado indicaciones a las direcciones de área para impedir que los hospitales concertados puedan ocupar tres camas por habitación y saltarse así la limitación de los dos pacientes por estancia, un requisito que figura en la orden de homologación que regula las condiciones de contratación con la administración pública, rubricada tan solo un año antes de la instrucción, en marzo de 2018, por el entonces consejero José Manuel Baltar, exdirectivo de uno de los principales grupos hospitalarios de titularidad privada de las Islas, Clínicas San Roque. 

La Secretaría General del SCS ha abierto un expediente de nulidad de la instrucción después de que los servicios jurídicos analizaran su contenido y de que los responsables de las áreas de salud de las islas valoraran la situación de los pacientes ingresados en esa tercera cama. Este expediente requiere un trámite de audiencia a los interesados y un informe preceptivo del Consejo Consultivo de Canarias, según informan fuentes de la Consejería de Sanidad. 

La polémica instrucción del anterior director del SCS, presentada como una carta de “medidas urgentes”, fue remitida a los centros directivos el viernes 5 de abril de 2018. Un día después expiraba el plazo de un año que había otorgado Baltar a las clínicas privadas para acreditar el cumplimiento de unos requisitos que ya venían recogidos en la orden de homologación de 2006, condiciones entre las que se encontraba la del máximo de dos pacientes por habitación. Fue la única resolución vinculada a los conciertos sanitarios que firmó como consejero, ya que se abstuvo en todo el procedimiento por sus vínculos recientes con una de las empresas que concurría al concurso de hospitalización de media estancia en el Archipiélago. 

La instrucción de Domínguez dejaba otro año en suspenso la orden de su superior jerárquico, Baltar. Es decir, permitía a los centros concertados incumplir las reglas que la propia Consejería de Sanidad había elaborado e introducir una tercera cama en las habitaciones. Con ello, evitaba que, solo en Gran Canaria, se perdiera la posibilidad de derivar pacientes a 125 de las 606 camas adjudicadas en el contrato y que las concertadas pudieran ingresar alrededor de 4,5 millones. 

El escrito del director del SCS hablaba de una situación de “necesidad asistencial urgente” y se amparaba en una sucesión de informes que se iniciaba dos días antes, el miércoles, con los documentos presentados por los gerentes de los dos hospitales de referencia de la isla de Gran Canaria, Doctor Negrín e Insular Materno Infantil, alertando de la imposibilidad de satisfacer los requerimientos de camas en los centros públicos, y finalizaba con otro en el que la entonces directora del Área de Salud, Esther Monzón, sostenía que era necesario aumentar las derivaciones a las clínicas privadas y disponer de aproximadamente 230 camas por mes. 

La Consejería de Sanidad aseguraba entonces que el bajo índice de rotación de pacientes, derivado de la prevalencia de perfiles con necesidades sociosanitarias, provocaba que el nivel de ocupación media de las camas concertadas fuera “del 100%”, lo que impedía llegar a la cifra demandada por los gerentes de los hospitales públicos para las derivaciones. 

Aunque los informes en los que se basó el director del SCS para emitir esa carta de “medidas urgentes” provenían de la isla de Gran Canaria, la medida “de carácter transitorio” de retrasar la entrada en vigor de la orden de homologación de 2018 se hizo extensible a la de Tenerife, al considerar que los supuestos eran similares, hasta que se adoptaran otras decisiones que permitieran “paliar el problema asistencial” en los centros de titularidad pública.  

La instrucción de Conrado Domínguez ponía en un compromiso a los trabajadores del área de Inspección y Conciertos y a los directores de las áreas de Salud, al atribuirles la responsabilidad de ejecutar una indicación que, a pesar de haber sido dictada por un superior, proponía la suspensión de una orden sin haberla derogado o modificado formalmente. Para ello hubiera sido necesario firmar una norma de igual rango, una potestad que recae única y exclusivamente en el consejero de Sanidad o en otro consejero en el caso de que se abstuviera. 

La carta del director de SCS situaba a los empleados públicos, por tanto, en el aprieto de tener que decidir si desobedecer a un superior jerárquico impidiendo las tres camas por habitación en las clínicas concertadas o permitirlo en contra de lo estipulado en una orden del consejero que no había sido anulada ni suspendida por los cauces legales debidos, como acaban de acreditar los servicios jurídicos de la Secretaría General Técnica del organismo autónomo. 

En abril de 2019, cuando se emite esa instrucción, tan solo habían transcurrido tres meses de la entrada en vigor de los nuevos contratos de hospitalización, los que habían acabado con los conciertos que Canarias arrastraba desde la época preconstitucional al margen de la Ley de Contratos del Sector Público. Las tarifas se incrementaron entonces entre un 60 y un 100%, una modificación que el consejero Baltar justificó por el aumento de los requisitos de calidad asistencial exigidos a las clínicas privadas como consecuencia de la orden de homologación que él mismo había firmado y que el escrito del director del SCS se encargó de retrasar.

El diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias Francisco Déniz ha denunciado este domingo los “desproporcionados” conciertos sanitarios que el Gobierno de Canarias mantiene con instituciones de la Iglesia Católica “en detrimento de la sanidad pública”.

La formación morada explica en un comunicado que, según datos ofrecidos por el propio Ejecutivo regional, existe una desproporción en el presupuesto destinado a estas clínicas. “Llama la atención que a la Clínica San Juan de Dios de Santa Cruz de Tenerife se le hayan dado en los últimos tres años 44 millones, mientras que a los pacientes con cáncer y en situaciones complicadas que derivamos a la clínica de Navarra se le ha dado solo 168.515 euros”, destaca el diputado.

“¿Cómo podemos demostrar que todo este dinero no se destina a la remodelación de sus edificios, que los tienen como una puncha, mientras otras instalaciones sanitarias están francamente mal?”, cuestiona Déniz, que cree que se debe dar una explicación al respecto.

Además, ha criticado que “en la línea del populismo ultraconservador de CC, cuando pasearon a la estatua de la Virgen por todo Tenerife, se invirtió en remodelar los jardines del HUC y a los sanitarios que sacaran a sus pacientes a verla, se les daba un día libre”.

“Una cosa es colaborar con las instituciones religiosas y otra darles la llave de la alcancía”, concluye.

Los últimos datos conocidos sobre las derivaciones del Servicio Canario de Salud (SCS) a las clínicas privadas, facilitados por el Gobierno regional a la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública a través del Portal de Transparencia, vuelven a dejar al consejero José Manuel Baltar en una situación comprometida. Hasta la fecha se sabía que la empresa para la que trabajaba antes de acceder al cargo, Hospitales San Roque, se había llevado un 40% más de intervenciones quirúrgicas desde su llegada, en enero de 2017, pero no el montante económico que esa cifra suponía. Según los datos ofrecidos en la última respuesta del Ejecutivo, que sólo recoge las concertaciones durante los últimos seis meses del año, el grupo hospitalario del que procede Baltar facturó al SCS por este concepto 4,67 millones de euros, más del doble de lo que ganó en el mismo periodo de 2016 (2,17 millones), con el socialista Jesús Morera al frente del departamento sanitario.

En términos porcentuales, el gasto del Servicio Canario de Salud en operaciones derivadas de los dos hospitales públicos de referencia de la isla de Gran Canaria, el Doctor Negrín (zona norte) y el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil (zona sur), hacia los dos centros de San Roque, en la capital y en Maspalomas, se disparó un 115%.

La antigua empresa de Baltar no fue el único grupo hospitalario privado que creció en facturación, ni siquiera el que lo hizo en mayor porcentaje, ya que algunos centros, como La Paloma o la Clínica San José aumentaron sus ingresos por actividad quirúrgica por encima del 300%, ganando cada uno de ellos algo más de medio millón de euros. Sin embargo, por volumen de negocio y repercusión sobre las cifras totales, la antigua empresa de Baltar se lleva la palma. Los 2,5 millones de más que percibió San Roque en el segundo semestre del año pasado influyen de manera muy notable en el dato global del gasto en derivaciones a la privada, que subió cerca de un 30% (de los 6,64 a los 8,38 millones). De hecho, si se excluye al grupo San Roque de este cálculo, el resto de las clínicas perdió, en su conjunto, un 3%, algo más de 178.000 euros.

Los otros grandes hospitales de la isla, el Perpetuo Socorro y Vithas Santa Catalina, también incrementaron sus ingresos por cirugía concertada, aunque en menor proporción. El primero lo hizo un 37% (de 916.000 euros a 1,25 millones) y el segundo, un 56% (de 987.000 a 1,54 millones). En el polo opuesto, Hospiten Rambla Gran Canaria perdió en el periodo analizado un 70% de su facturación, de 1,5 millones a 463.000 euros. Con todo, el peso de San Roque en el área de Salud de Gran Canaria aumenta de forma significativa a través de esta vía de ingresos. En 2016 representaba el 24% del total de clínicas privadas. En 2017, el 40%.

El desglose por centros también arroja resultados positivos para la antigua empresa de Baltar. La clínica de Las Palmas de Gran Canaria, que mantiene en vigor un concierto firmado con el extinto Instituto Nacional de Salud (Insalud) en 1978, facturó durante el periodo analizado 1,21 millones de euros de las concertaciones con el Negrín, casi el triple que en el último semestre de 2016,  y 1,28 del Insular,  un 75% más. El hospital ubicado en Meloneras, que resultó adjudicatario del concurso celebrado en 2010 para la prestación del servicio en las áreas de población de San Bartolomé, Mogán y Vecindario, concentra sus ingresos en las derivaciones de la gerencia del Insular (del Negrín apenas recibió unos 12.000 euros en 2017 y nada en 2016). En los últimos seis meses facturó por esta vía 2,16 millones de euros, más del doble de lo que ganó en el último año de Jesús Morera.

En 2016, un 44% del dinero que recibió San Roque de las derivaciones de los dos hospitales públicos de Gran Canaria provino de las intervenciones quirúrgicas. El resto, de consultas, hospitalizaciones y pruebas diagnósticas. En el mismo periodo de 2017, el segundo semestre, los ingresos por cirugía concertada ya representaban el 64% del total.

Los datos que se han publicado hasta ahora sobre el incremento de concertación de actividad quirúrgica a Clínicas San Roque no han sido cuestionados ni por el consejero de Sanidad ni por el grupo hospitalario. Baltar, que se ha abstenido en siete procedimientos que afectaban a su antigua empresa pero no en la orden que fija los criterios que deben cumplir las clínicas privadas para poder homologarse y concurrir al concurso de hospitalización de media estancia, se ha escudado en los funcionarios del servicio de inspección médica para justificar el aumento de derivaciones hacia San Roque.

“Hay un montón de explicaciones”

La gerencia del hospital privado se manifestó la pasada semana por primera vez desde que estallara la polémica. Sebastián Sansó, director de Desarrollo de Hospitales San Roque, reconoció en una entrevista en la cadena Ser que los datos que se han publicado son reales, aunque precisó que, detrás de esas cifras, “hay un montón de explicaciones”. “Baltar no ha favorecido a San Roque. No vamos a defender la gestión pública de Baltar, eso compete a los ciudadanos. Fue un magnífico gestor en la sanidad privada y una persona honesta y desde luego no ha favorecido a Clínicas San Roque desde su cargo”, dijo. 

Sansó justifica el incremento de las derivaciones a San Roque en el potencial quirúrgico de sus hospitales: “En Gran Canaria, hay 31 quirófanos acreditados en la sanidad privada. De esos, 13, el 42%, pertenecen a San Roque, 8 en Las Palmas de Gran Canaria y 5 en Maspalomas. Tenemos casi la mitad de los quirófanos privados. Si se hace un mayor uso del recurso privado, porque el consejero ha dictaminado que hay que intentar exprimir al 100% todos los recursos disponibles, parece lógico que San Roque sea el mayor receptor”.

El director de Desarrollo del grupo aseguró además que los dos centros están homologados, lo que constituye otra de las ventajas con respecto a sus competidores. Esta afirmación es novedosa, pues desvela que la clínica de San Roque en Las Palmas de Gran Canaria consiguió esta homologación, una condición indispensable desde el año 2006 para poder recibir pacientes del Servicio Canario de Salud, con Baltar como consejero de Sanidad, puesto que en enero de 2017, fecha de salida del PSOE del Gobierno regional, no la tenía. La clínica de Maspalomas sí disponía de ella desde 2010, cuando concurrió al concurso del sur.

Sansó sumó a estos dos factores un tercero: “Somos el único hospital que cuenta con una unidad de cirugía mayor ambulatoria. Una unidad que pretende que el paciente ingrese y sea dado de alta el mismo día con total seguridad. Se evita el ingreso hospitalario e incrementa la capacidad productiva de los quirófanos”.

El directivo de San Roque admitió que, desde la llegada de Baltar, la Consejería de Sanidad está haciendo “un mayor uso del recurso privado” y, más en concreto, de la fórmula del cupo, por la que se alquilan quirófanos de clínicas privadas para que médicos del Servicio Canario de Salud operen en ellos. Según Sansó, estas decisiones dependen directamente de los doctores y no hay ninguna directriz política. “¿Por qué eligen San Roque? Porque otros operadores han dicho que no, porque tienen menor capacidad quirúrgica y la tienen colmatada. En San Roque, al tener casi la mitad de los quirófanos, damos acogida a todos esos profesionales”, aseveró Sansó, que añadió que su grupo tiene, incluso, “recursos ociosos” que pone “a disposición de la sanidad pública”.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Canarias es la comunidad autónoma en la que los pacientes esperan más tiempo para ser intervenidos quirúrgicamente, con una media de 177 días, muy lejos de los 50 y 51 días, respectivamente, del País Vasco y Madrid. A pesar de que las Islas continúan a la cola, el Gobierno regional defiende que la lista de espera estructural en catorce especialidades quirúrgicas se ha reducido en un año de los 34.327 a los 28.678 pacientes y que el tiempo de demora ha bajado en cinco días durante el mismo periodo, de 182 a 177. 

El secretario general del PSOE en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha exigido este miércoles la comparecencia urgente del consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, a quien su partido acusa de potenciar la política de conciertos sanitarios a favor de la sanidad privada.

“La Consejería de Sanidad tiene la urgente necesidad de comparecer y aclarar todos los supuestos que hemos puesto sobre la mesa”, ha manifestado Torres al ser preguntado por los medios de comunicación.

Torres ha hecho estas declaraciones después de que la diputada regional del grupo parlamentario Socialista Patricia Hernández se refiriera a datos como que hasta el 31 de diciembre de 2017 la derivación de la salud pública a la privada ha aumentado en un 17 por ciento y ha costado 8,3 millones de euros más, y se han incrementado en un 51 los desvíos para operaciones quirúrgicas en los Hospitales San Roque, donde anteriormente trabajó Baltar.

El secretario general del PSOE ha lamentado que ante los datos que su partido pone sobre la mesa se responda con ataques y ha pedido que “a datos que se nos responda con datos y a evidencias con evidencias”.

Por ello, espera que Baltar comparezca una vez llegue a Canarias y, en vez de atacar, aclare la situación. 

La diputada regional del grupo parlamentario Socialista Patricia Hernández ha advertido este lunes al Gobierno de que “donde quiera y cuando quiera” puede demostrar con documentos oficiales que el consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha beneficiado a Hospitales San Roque, la empresa en la que trabajó, pues los datos “son del Servicio Canario de Salud (SCS)”.

Patricia Hernández ha realizado estas consideraciones tras conocer que la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, ha calificado de “infames” las acusaciones que sobre este asunto realizó la parlamentaria socialista en el último pleno del Parlamento de Canarias.

Hernández aseveró que “infame” no es que se cuente esta situación “sino que se haga”, que se ponga a las instituciones “al servicio de particulares”.

Indicó que su fuente son los datos del Servicio Canario de la Salud (SCS) y por lo tanto todo está ratificado en documentos oficiales firmados por el director del citado organismo, Conrado Domínguez, en respuesta a varias preguntas por escrito que sobre asuntos sanitarios habían formulado ella y el diputado de su grupo Iñaki Lavandera.

Se refirió a datos como que hasta el 31 de diciembre de 2017 la derivación de la salud pública a la privada ha aumentado en un 17% y ha costado 8,3 millones de euros más, y se han incrementado en un 51% los desvíos para operaciones quirúrgicas en los Hospitales San Roque, donde anteriormente trabajó Baltar.

“Es la verdad que ellos cuentan”, insistió Patricia Hernández, quien consideró que la consejera Rosa Dávila intenta utilizar “una palabra gruesa” al no poder decir que “es mentira” esta acusación.

Hernández añadió que su grupo tiene previsto solicitar más preguntas y petición de comparecencias ante la Cámara regional en relación a este asunto.

Las clínicas privadas que aspiren a recibir pacientes derivados de la sanidad pública canaria a través de los conciertos tienen un año a partir de este viernes para acreditar que cumplen los requisitos para su homologación en el grupo de hospitalización de media estancia. La Consejería de Sanidad ha ampliado el plazo concedido a los centros privados para adaptar sus instalaciones y servicios a la norma, a pesar de que la orden en vigor, aprobada el 28 de noviembre de 2006, ya obligaba a los hospitales a ajustarse a esas condiciones para poder suscribir contratos con el Servicio Canario de Salud (SCS).

La nueva orden, fechada el 27 marzo, ha sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) este jueves, prácticamente un mes después de que Sanidad convocara el primer concurso destinado a acabar con los conciertos que Canarias arrastra desde la época franquista al margen de la ley. Se trata de vasos comunicantes, puesto que las empresas que deseen concurrir a este procedimiento abierto deberán estar homologadas, un requisito que es obligatorio desde 2006 pero que, hasta el año pasado, solo cumplían tres centros en Canarias: uno en Tenerife (Hospital Parque) y dos en Gran Canaria (Hospiten Clínica Roca San Agustín y Hospital San Roque Maspalomas).

Se da la circunstancia de que esta orden de homologación sí está firmada por el consejero del ramo, José Manuel Baltar, quien, sin embargo, se ha abstenido de participar en el concurso para la prestación de los servicios de hospitalización de media estancia por sus vínculos con la sanidad privada, ya que antes de acceder al cargo ocupaba la dirección de Operaciones de Hospitales San Roque y era vicepresidente de la Alianza de la Sanidad Privada de España, además de secretario de la Asociación de Clínicas Privadas de Las Palmas. Tanto la apertura del expediente como la convocatoria del procedimiento están rubricadas por el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, Narvay Quintero.

La orden del 27 de marzo de 2018 se presenta como una modificación de la orden del 28 de noviembre de 2006 para dotar a los servicios “de un mayor nivel de calidad asistencial”. Sin embargo, solo incluye una disposición transitoria que se concreta en una ampliación de plazos “prudencial” para permitir que las clínicas privadas puedan acreditar dos de los requisitos exigidos en la norma de 2006: que el centro dispone de aire acondicionado y cada habitación, de un número máximo de dos camas.

La Consejería de Sanidad justifica que la necesidad de introducir esta modificación fue constatada tanto “de oficio”, derivada “de la experiencia en la gestión del servicio”, como a partir de “las alegaciones planteadas en el procedimiento realizado a los efectos de valorar los requisitos exigidos para la contratación” de este servicio de hospitalización de media estancia. Una afirmación que corrobora que el Gobierno de Canarias ha mantenido en vigor durante la última década contratos con clínicas privadas que no cumplían con las condiciones técnicas exigidas por la propia Consejería de Sanidad.

El documento publicado este jueves en el BOC estipula que a los centros que no acrediten los mencionados requisitos en el plazo de un año se les podrá rescindir el contrato por incumplimiento.

La orden incluye además un anexo que modifica la redacción de algunos apartados de la original, sin alterar de forma sustancial su contenido, y suprime el artículo que obliga a los hospitales privados que aspiren a homologarse a disponer de la licencia municipal de apertura de los centros.

ICOT Ciudad de Telde, un caso paradigmático

El Hospital ICOT Ciudad de Telde constituye un caso paradigmático. Promocionado como “la mayor clínica privada de Canarias”, con 241 camas, la antigua Residencia Médica Asistida Nuestra Señora del Mar de La Garita recibe cada año más de cinco millones de euros al año del SCS sin estar homologada gracias a un concierto firmado en 1983 con el extinto Instituto Nacional de Salud (Insalud).

El edificio se sitúa fuera de ordenación con respecto al planeamiento vigente y su actual propietario, el Grupo ICOT, ha acometido desde 2015 una serie de reformas estructurales en el centro, además de solicitar permisos para la construcción de módulos provisionales de apoyo para un total de 44 plazas, una petición que desestimó el Ayuntamiento de Telde después de emitir informes jurídicos y técnicos desfavorables.

En declaraciones realizadas a Canarias Ahora el año pasado, el gerente de este hospital, José María Cabrera, justificaba que su centro no se había homologado aún porque la sanidad canaria se encontraba en un periodo “de transición”, a la espera de la convocatoria de los nuevos concursos. “No se cambia de un día para otro, llevamos dos años y dentro de poco ya veremos el final, estamos pendientes de acabar cuatro cosillas para estar homologados”, declaraba un año antes de que la Consejería de Sanidad les diese otros doce meses de plazo para poder acreditarse como hospital de media estancia y concurrir al concurso.

El presidente del Cabildo de La Gomera y líder de ASG, Casimiro Curbelo, ha señalado este jueves que el camino para un posible reencuentro con sus antiguos compañeros del PSOE “no está truncado”.

Curbelo, en declaraciones a los periodistas, afirmó que, sin embargo, primero “tiene que transcurrir el tiempo” ya que ASG es un partido con arraigo e identidad propia y con potencialidad desde el punto de vista de la militancia.

“El tiempo dirá pero me encuentro con fuerzas y con la militancia suficiente para que tengamos autonomía propia independientemente de que podamos cooperar con unos y con otros”, ha manifestado.

El también diputado regional ha advertido de que “la política es cambiante y en los últimos tiempos de una forma acelerada” y ha añadido que ahora está centrado “en la construcción de un proyecto para Canarias y pensando en la comunidad autónoma como un todo”.

En referencia a la proposición no de ley rechazada este miércoles por ASG en el Parlamento de Canarias para encargar una auditoría a la gestión de las prestaciones concertadas por el Servicio Canario de Salud, Curbelo ha explicado que decidió retirar su apoyo a las enmiendas de PSOE, Nueva Canarias y Podemos al percatarse de que “determinados grupos tenían interés no en buscar la reflexión sino en crear ruido”.

“Yo no me presto a ese juego”, ha indicado el presidente insular, “porque para mí lo importante es el interés de los ciudadanos y no el ruido que se pueda crear para desgastar al gobierno”.

Ha insistido que aunque no descarta un reencuentro con los socialistas, afirma que “el futuro no está escrito”.

“El proyecto de la construcción de Canarias forma parte del debate diario en el Parlamento y por tanto en ese camino estamos siendo nosotros una parte sustancial para orientarlo en un sentido o en otro y siempre haciéndolo de una forma coherente”, ha declarado.

El consejero de Sanidad, el socialista Jesús Morera, ha anunciado en el Parlamento de Canarias que “ya está avanzado” el estudio para “revertir el próximo año al Servicio Canario de Salud, la prestación de medicina nuclear del Hospital Doctor Negrín” de Las Palmas de Gran Canaria, y que su empeño para esta legislatura es hacer lo propio con el máximo de los servicios de hospitalización o la resonancia magnética que hoy están siendo prestados por la sanidad privada concertada.

Morera, que ha recordado que algunos conciertos entre clínicas privadas y el SCS tienen 35 años de vigencia, ha insistido en que su empeño es revisar el máximo de los servicios posibles, con el fin de lograr “mejores precios y servicios”.

Asimismo, ha recordado que “desde el principio colgamos todos los conciertos en la págia web” para que los mismos fuesen públicos y conocidos por la ciudadanía, en línea con su actuación de “adecuar el marco contractual para prestar los servicios sanitarios a los principios de transparencia, concurrencia y publicidad”.

Morera explicó que entre estos figuran los servicios de hospitalización, que implican un importante volumen económico y trascendencia social, y recordó que hay conciertos firmados entre clínicas privadas y el Insalud con más de 35 años de vigencia.

Así respondió el consejero a la presidenta del grupo parlamentario Socialista, Dolores Corujo, quien alabó que uno de los principios rectores de la Consejería de Sanidad (recuperada por el PSOE después de dos décadas) sea “racionalizar los conciertos para garantizar que no se destine ni un euro mas de lo estrictamente necesario y que las necesidades las marque el Gobierno y no el sector privado”.

“El uso de los conciertos debe está justificado”, insistió Corujo, que también incidió en que la política llevada a cabo por Morera respecto a los conciertos sanitarios “ya le han granjeado críticas de las empresas privadas”.

“No es casualidad la cantidad de recetas mágicas que han salido estos días para acabar con las listas de espera cuando lo que buscan es es minar la credibilidad de la tarea que está desarrollando al revisar cada concierto suscrito”, concluyó.