Pascual amenaza con cerrar hospitales mientras negocia con el SAS evitar recortes en su concierto
La empresa José Manuel Pascual Pascual Gestión Hospitalaria ha incrementado sus presiones a la Junta de Andalucía para conservar el mayor concierto de la sanidad pública andaluza al deslizar públicamente la amenaza de que cerrará dos de sus seis centros si el acuerdo con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) no prospera. La advertencia de Pascual se ha hecho pública este jueves, el mismo día en el que más de 5.000 personas se han manifestado frente a la sede de la Consejería de Salud en Sevilla en defensa del mantenimiento del empleo y la actividad en estos hospitales.
La Administración autonómica decretó el 31 de enero una prórroga de dos meses en el concierto entre el SAS y Pascual vigente desde 2011 después de que las partes no llegaran a un acuerdo sobre las condiciones económicas del nuevo convenio. La empresa tiene seis hospitales distribuidos en Cádiz, Huelva y Málaga, y ya ha amenazado con el cierre de los situados en Sanlúcar y Villamartín, cuya actividad tiene una alta dependencia de los pacientes derivados por la sanidad pública andaluza. En paralelo a esta advertencia, las negociaciones con el SAS “están abiertas y son constantes”, según ha señalado el delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Fernando López Gil.
La consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha insistido en que los conciertos con Pascual “no peligran”, aunque subraya que la Administración tendrá que ajustar los costes de las plazas y los servicios con esta empresa tal y como ha ocurrido en otros centros concertados y públicos de la región.
Sánchez Rubio ha defendido esta postura este jueves en el Parlamento andaluz en respuesta a una pregunta del diputado del PP Manuel Andrés González, quien ha acusado a la Consejería de “condenar al cierre a seis hospitales concertados de Andalucía”. “No engañen a los trabajadores de esas empresas porque los conciertos no peligran”, ha recalcado la consejera, que insiste en que el objetivo de la Junta es mantener en primer lugar el sistema público sanitario, que supone el 96,4% del total de la asistencia, y también mantener los conciertos, que representan un 3,6%.
Los seis centros de Pascual mantienen más de 2.000 empleos. La mayor parte de ellos, respaldados por familiares y vecinos, se han desplazado este jueves a Sevilla para protestar ante la sede de la Consejería de Salud. La manifestación ha ocupado desde mediodía parte de la Avenida de Hytasa. Según cálculos realizados por este medio, más de 5.000 personas han participado en la protesta (ocupaba 2.500 metros cuadrados frente a la sede de la Administración con una densidad media de dos personas por metro cuadrado). En sus pancartas, los manifestantes acusaban a la Junta de “castigar a estos trabajadores por ser eficaces, tener calidad y costes bajos”, y de tener “22 hospitales parados y seis que pueden cerrar”. “Somos la Europa de las personas y no la de los parados, una Europa con trabajo y sanidad”, señalaba otra pancarta.
Entre los asistentes, Lola, una joven enfermera con cinco años de trayectoria en el centro de Sanlúcar, recordaba que “está en riesgo” el trabajo de 800 compañeros y la atención sanitaria en toda la Costa Noroeste. Insistía en esta amenaza Maika, una trabajadora del SAS cuya hermana también trabaja en Sanlúcar. “Si este hospital cierra, las urgencias tendrán que derivarse a Jerez... Es un paso atrás muy grande para muchos municipios medianos”, argumentaba.
El presidente del comité intercentros de Pascual, José María Manzano, ha acusado a la Junta de ofrecer información falsa sobre la cuantía del recorte que quiere aplicar al concierto de esta empresa. La Administración sostiene que la reducción propuesta es del 2,3%, la misma que ya han asumido el resto de centros concertados de Andalucía, pero Pascual ha ofrecido una información muy distinta a su comité de empresa: les ha trasladado que la Junta quiere aplicar una rebaja del 17% sobre los pagos actuales, lo que se sumaría al 16% aplicado en el último acuerdo de 2012. “La empresa nos ha dicho que con este recorte su actividad no es viable en ninguno de los seis centros”, sostiene Manzano. Ocho de cada diez pacientes atendidos en las clínicas de Pascual son derivados por la sanidad pública andaluza.
