Hoy comienza el juicio de la operación Kitchen. Llevamos años hablando de ella pero lo primero que hay que entender es exactamente qué juzga el caso Kitchen. Esta es una pata de tres, de los tres operativos del Gobierno de Rajoy con fondos reservados para actuar contra sus enemigos políticos primero en Catalunya, desprestigiando con informes falsos publicados por la prensa a los líderes del proceso soberanista. Luego, repitiendo ese modus operandi contra Podemos y sus responsables. Y en tercer lugar, la tercera pata de esa brigada política es la Operación Kitchen, la operación para sabotear el mayor caso de corrupción del Partido Popular. 

El periodista de elDiario.es Pedro Águeda nos va a acompañar en la narración de este capítulo, que hacemos porque seguimos teniendo la sensación de que no acaba de calar la importancia y la gravedad de un caso que no es solo corrupción. Es un caso para tapar la corrupción. En este capítulo escucharás audios que proceden de grabaciones judiciales o del propio comisario Villarejo. 

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'Juicio final a la guerra sucia del PP': un documental de elDiario.es sobre la Operación Kitchen

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Manuel Morocho, inspector de policía encargado de investigar el caso Gürtel –la trama de corrupción que colonizó numerosas administraciones gobernadas por el PP– y el caso Bárcenas –la caja B con la que se financió la formación conservadora durante dos décadas– confesó al juez cómo le “conminaron” sus mandos a borrar de los informes el nombre del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. “No querían que apareciera en el cuerpo del informe su mención”, declaró.

El documental especial elaborado por elDiario.es para radiografiar este caso recoge las imágenes del interrogatorio a Morocho y de su testimonio ante el juez instructor del caso, Manuel García Castellón. Un testimonio clave para entender uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática.

Es sólo una de las pruebas que el juzgado de la Audiencia Nacional tendrá que valorar en el juicio de la Operación Kitchen, donde se juzgará al ex ministro del Interior, Jorge Fernández; a su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y a media docena de comisarios que perpetraron el espionaje a la familia del extesorero del PP, Luis Bárcenas, para robarles pruebas de la implicación de la formación conservadora en un caso de financiación ilegal.

elDiario.es radiografía uno de los mayores escándalos políticos de la reciente etapa democrática en España: el conocido como 'Caso Kitchen', que será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del próximo lunes 6 de abril. Un grupo de comisarios empoderados a las órdenes del Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy organizó y ejecutó entre 2013 y 2015 una operación pagada con fondos públicos reservados para destruir pruebas de la caja b del PP que investigaba el juez Pablo Ruz.

Ocho años después de que la Audiencia Nacional comenzara a estudiar las andanzas de la denominada policía patriótica, media docena de comisarios —entre ellos José Manuel Villarejo, origen y final de muchas de las operaciones policiales ilegales— se sentará en el banquillo junto al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su número dos, Francisco Martínez. La Fiscalía pide 15 años de cárcel para los dos exdirigentes políticos del PP, acusados de malversación de caudales públicos, delitos contra la intimidad (descubrimiento y revelación de secretos) y encubrimiento.

elDiario.es ofrece imágenes inéditas de los protagonistas de la Operación Kitchen durante su declaración ante jueces instructores y fiscales anticorrupción de la Audiencia Nacional; así como documentos y audios que acreditan muchos de los hechos por los que la cúpula política y policial del Ministerio del Interior puede terminar en la cárcel.

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Juicio final de la operación Kitchen es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll, con la asistencia de Adrián Torrano. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

Una grabación de audio de más de una hora de duración contiene el primer indicio de la participación del último presidente del Gobierno del Partido Popular en las maniobras parapoliciales contra Podemos. En el audio, según se publicó en 2019, un mando de la brigada política le dice a un exministro de Hugo Chávez que su oferta para que colabore tiene el aval del jefe del Ejecutivo entonces, Mariano Rajoy. Otro de los comisarios que estaban presentes en esa reunión, José Manuel García Catalán, declaró en diciembre de 2024 como testigo en la Audiencia Nacional y aseguró, según el vídeo de la declaración que hoy reproduce elDiario.es, que él no oyó esa relevante afirmación de su compañero porque había ido “al servicio” en ese momento.

El viaje de los tres mandos a Nueva York es objeto de la investigación que se sigue en el Juzgado de Santiago Pedraz contra el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios mandos integrantes de la brigada política del PP. Uno de los participantes en la reunión, José Ángel Fuentes Gago, ya está imputado en la causa. De los otros dos, el entonces jefe de la UDEF, José Manuel García Catalán, y una subinspectora que les acompaña, Podemos acaba de solicitar su imputación, antes de que prescriban los presuntos delitos que cometieron. 

El juzgado de Pedraz trata de esclarecer las maniobras policiales contra Podemos, principalmente en el primer semestre de 2016, cuando el partido tenía posibilidades de llegar al Gobierno y las investigaciones prospectivas y presuntamente ilegales contra la formación política se dispararon desde el Ministerio del Interior. La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

Aquella reunión dejó una pista de relevancia que provocaron los propios policías al grabar subrepticiamente el encuentro. En 2019, moncloa.com reprodujo un extracto en el que Fuentes Gago trata de convencer a Isea de que haga una declaración formal, a la que en principio se había opuesto, y para ello asegura que él acude a la reunión con “un mandato” de Rajoy para que Podemos no llegue al Gobierno. Sus palabras están reflejadas en el audio completo que se ha incorporado a la causa de la guerra sucia contra el partido, pero aun así, el entonces jefe interino de la UDEF, García Catalán, declaró ante el juez que él no había oído eso y que la tercera de la Policía en la reunión, una agente a sus órdenes, le explicó después que esa afirmación se había hecho cuando él estaba en el baño.

García Catalán se enfrenta ahora a la posibilidad de cambiar su condición de testigo a investigado. En su declaración de testigo, con obligación de decir verdad, el ex jefe de la UDEF pronunció más de veinte veces la expresión “no lo recuerdo”. Alegaba que han pasado diez años de la reunión, pero al tiempo afirmó que podía recordar “con precisión” que el exministro Isea confirmó que la firma que aparecía en “una fotocopia” que le mostraron de una supuesta orden de pago de Hugo Chávez a una fundación de politólogos que años después fundarían Podemos era la suya.

En ese momento, el abogado de Podemos empieza a preguntarle por matices que cambian mucho esa afirmación de Isea. El exministro venezolano, según recoge la grabación, advierte que él no pudo estamparla porque no estaba físicamente en Caracas en ese momento, que sería un sello. También dijo que le extrañaba mucho que apareciera el segundo apellido de Hugo Chávez Frías cuando nunca se recogía en los “puntos de cuenta” ni en ningún otro documento oficial.

Isea expresó sus dudas de que se autorizara un pago en 2008 para años siguientes, práctica que no solía producirse y, finalmente, dejó claro a los policías que no tenía ningún conocimiento de que esos pagos hubieran llegado a realizarse. A todas estas afirmaciones de Isea, por las que pregunta durante su declaración el abogado de Podemos, el ex jefe de la UDEF contesta de la misma manera: “No lo recuerdo”.

García Catalán reconoció durante su declaración como testigo que hubo dos reuniones con Isea en días consecutivos y que finalmente, el exministro venezolano se avino a prestar declaración, siempre con la promesa de que las autoridades españolas le conferirían la condición de testigo protegido y que acogerían a su familia en España, principal preocupación de Isea.

La reunión de los policías españoles con Isea tuvo lugar en el Consulado español el 12 de abril de 2016. El encuentro en el Consulado se produjo después de que el diario Abc publicara el presunto “punto de cuenta” (orden de pago) del Gobierno de Caracas a CEPS. El informe que elabora García Catalán y su subordinada, a partir de la entrevista con Isea, es reproducido por ABC en portada el 13 de mayo siguiente, un mes después. Isea, que aspiraba a vivir con su familia en España, se consideró traicionado. No volvió a saber nada de los policías que le visitaron. Solo un cargo del Ministerio del Interior se puso en contacto posteriormente con él, pero no cumplió sus promesas para con él y su familia.

Durante el encuentro, Isea y su abogado están preocupados por las consecuencias de su colaboración con la Policía española. Isea explica que su madre y otros familiares siguen viviendo en Venezuela y que el régimen les acosa. Los policías españoles se afanan en convencer a Isea de que no tiene de qué preocuparse y de que la filtración del documento sobre los pagos a CEPS no ha procedido del Ministerio del Interior español. Los hechos les desmentirán poco después. 

Los policías españoles han fijado un supuesto delito fiscal cometido al menos ocho años antes porque sus posibles autores son una amenaza para el Partido Popular. Pero durante la conversación con Isea intentan hacer creer que están conjurados contra la corrupción y que investigan a todos los partidos por igual. El informe PISA se había encallado en los tribunales cuando se produce la reunión y alguna otra operación secreta, como el montaje de la cocaína a Miguel Urbán, no termina de dar resultados. Así que la opción es atribuir delitos fiscales a los líderes de Podemos. 

“A nosotros todo eso nos da igual: si el documento es bueno, si es malo, si es que la gente, mis compañeros que están aquí, ellos trabajan sobre otras realidades (…) Si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado y han cometido unos delitos es lo único que nos vale a nosotros… Si el documento es bueno o malo… ¡Si es que ellos no lo han negado!”, afirma Fuentes Gago. 

El comisario José Manuel Villarejo, con decenas de procesos judiciales abiertos y tres condenas de cárcel, guardó en cientos de archivos con grabaciones y documentos sobre sus andanzas delictivas durante más de 20 años. Sus actividades fuera de la ley fueron amparadas y, en ocasiones, alentadas por los políticos que mandaban en el PP y en el Ministerio del Interior durante los gobiernos de Mariano Rajoy (2011-2018), según las investigaciones judiciales.

La detención de Villarejo en noviembre de 2017 dio paso a la apertura de hasta 30 causas judiciales en la Audiencia Nacional dentro del caso tándem con decenas de personas imputadas, entre ellas directivos de bancos, empresarios, policías y cargos políticos.

Cinco años después de iniciada esa investigación, en la primavera de 2022, algunas víctimas de Villarejo entregaron a la Audiencia Nacional nuevas grabaciones y documentos que guardaba el comisario donde se acreditaban las maniobras ilegales desde el Ministerio del Interior contra independentistas catalanes, dirigentes de Podemos, o contra el hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esas grabaciones también destapaban otras operaciones destinadas a proteger el patrimonio oculto del rey emérito en el extranjero o a la financiación ilegal del PP a través de una caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas.

Manuel García Castellón, titular del juzgado de la Audiencia Nacional encargado de investigar el caso tándem, abrió a regañadientes una nueva pieza separada con esos audios de las cloacas a las órdenes del PP, la pieza número 34. Pero el juez la dejó morir entre el silencio y el olvido, según revela hoy elDiario.es, sin ordenar ni una sola diligencia para investigar todos indicios de los delitos que hoy siguen impunes.

La fabricación de pruebas falsas desde el ministerio del Interior contra los adversarios políticos del Gobierno tuvo como principal buzón de destino a determinados medios de comunicación que, sin contraste alguno, difundían los supuestos escándalos contra los adversarios políticos del PP. Esas pruebas falsas formaban parte de expedientes confidenciales del ministerio del Interior que deberían haber permanecido bajo secreto, pero que eran publicados en medios afines al PP mucho antes de que fueran archivados por falta de pruebas en los tribunales o en la propia dirección de la policía. Se trataba, entre otros, de múltiples delitos de revelación de secretos, esta vez sí, que el juez García Castellón no investigó y que, aún hoy, con un nuevo instructor en la Audiencia Nacional, siguen sin castigo.

Las víctimas de aquel juego sucio con dinero público desde los aparatos del estado son numerosas. Muchas de ellas están hoy fuera de la política con una sombra de sospecha casi imborrable: el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías; el expresidente catalán, Artur Mas; el exlíder de Podemos, Pablo Iglesias…

Los jueces que han tenido en sus manos todas las pruebas de esos delitos han decidido archivarlas –distintos juzgados desestimaron las querellas de Xavier Trías, de Pablo Iglesias, o de Artur Mas– sin pensar que, al menos, existía una revelación de secretos (falsos) muy evidente y muy fácil de acreditar.

El juzgado de la Audiencia Nacional que dirige Santiago Pedraz ha conseguido en los últimos meses recabar pruebas suficientes de que en el ministerio del Interior se abrieron investigaciones confidenciales sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos o sobre la existencia de una cuenta a nombre de Pablo Iglesias en las Islas Granadinas alimentada por el régimen venezolano. Los primeros resultados de esas investigaciones confidenciales, antes de que la propia policía las archivara por falsas o por falta de pruebas, fueron publicados en determinados medios de comunicación para acusar de corrupción a los adversarios políticos del PP. El juez Pedraz ya conoce que hubo una revelación de secretos (falsos) aunque de momento no está investigando a fondo ese delito.

Pedraz heredó esa causa de García Castellón, que nunca quiso abrir una pieza con la denuncia de Podemos. García Castellón es el mismo juez que intentó imputar por corrupción a Pablo Iglesias –el Supremo lo desestimó–, pero nunca encausó a los policías o políticos que ordenaron el espionaje ilegal y la fabricación de noticias falsas contra Podemos, pese a contar en su juzgado con todas las pruebas.

El juez García Castellón también quiso encausar por terrorismo al expresidente Carles Puigdemont cuando se empezaba a tramitar la ley de amnistía –esa era una vía para que nunca se pudiera beneficiar de la futura norma– y el Supremo, que aceptó ese envite sin un solo indicio, tuvo que archivar el caso por la instrucción chapucera del magistrado, ya jubilado.

García Castellón anda estos días promocionando su libro de memorias y denunciando las prácticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Escuchar sus opiniones en las múltiples entrevistas que ha dado en medios afines al PP y a la ultraderecha acreditan que se trata de un juez jubilado e imparcial. Asegura García Castellón que el lawfare “es una forma de amedrentar a los jueces” y que ahora lo único que interesa “es extender la sospecha sobre el Poder Judicial”.  

El magistrado denuncia que algunos medios de comunicación están comprados por el Gobierno a través de la publicidad institucional aunque no se atreve a decir, de momento, cuáles son esos medios pero concluye: “Se utilizan para amplificar la descalificación de un juez (…) Hay ciertos medios de comunicación, que a mí me da vergüenza, hincados ante el poder político”. Palabra de Manuel García Castellón, el juez que durante su última actividad en la Audiencia Nacional evitó investigar o archivó algunas de las corruptelas más evidentes ocurridas durante los seis años de Gobierno de Mariano Rajoy.

Mariano Rajoy ha presumido en sus últimas comparecencias públicas de haber actuado “contra la corrupción” durante su etapa al frente del PP (2004 - 2018) y del Gobierno (2011 - 2018). Lo dijo en el XXI Congreso Nacional de su partido, a principios de julio, entre aspavientos, mientras aseguraba que las investigaciones a la militante socialista Leire Díez o a Santos Cerdán son algo “increíble”, “alucinante” y hasta “asombroso”. “No se conocen precedentes de algo así ni parecido”, sostuvo.

Solo dos semanas después de que Rajoy pronunciara esas palabras en el congreso donde Feijóo lo puso de ejemplo, el que fue su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y todo el equipo de este durante su etapa en el Gobierno fueron imputados por un juez de Tarragona que le acusa de beneficiar presuntamente a empresas gasísticas desde el Ejecutivo. En el centro de la trama está Equipo Económico, el despacho de abogados que creó el propio Montoro, quien también fue ministro de Aznar, y al que luego habría beneficiado de forma ilegal durante su etapa al frente de Hacienda. Tal y como desveló este mismo sábado elDiario.es, organismos y empresas en manos de gobiernos del PP pagaron al menos 5,2 millones de euros entre 2008 y 2019 a Equipo Económico.

El caso, que acumula siete años de investigación, ahonda en el legado de corrupción que dejó el Gobierno de Rajoy, expulsado del poder por la moción de censura que presentó contra él el ahora presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en 2018, después de que una de las sentencias del caso Gürtel condenara al PP a título lucrativo por beneficiarse de esa trama corrupta.

Ese mismo Rajoy que hoy dice “alucinar” con las investigaciones de casos que afectan al PSOE fue el presidente de un Gobierno en el que, según los casos abiertos en los tribunales, espiaba presuntamente a rivales políticos a través de la llamada 'policía política' creada desde su Ministerio del Interior –con Jorge Fernández Díaz al frente–, mientras el departamento de Hacienda de Montoro también presuntamente adaptaba o aprobaba leyes para beneficiar a unas determinadas empresas a cambio de contrapartidas económicas. Y a todas esas prácticas se suman casos como Gürtel o Púnica que han implicado directamente a cargos del PP de la etapa presidida por Rajoy.

De la “policía patriótica” a Kitchen o Lezo

Según investiga la Audiencia Nacional, su gobierno organizó un grupo parapolicial a las órdenes de Fernández Díaz, que fabricó pruebas falsas contra adversarios internos y externos como dirigentes de Podemos o del independentismo catalán. Además, según la instrucción judicial, el mismo grupo parapolicial intentó destruir las pruebas del caso Gürtel que guardaba el que fuera tesorero de la formación, Luis Bárcenas. Estas operaciones ya han sido juzgadas por el Tribunal Supremo.

Además, Francisco Martínez, el 'número dos' de Interior con Rajoy, espera juicio por espiar a Bárcenas y ha vuelto a ser detenido en el marco de las investigaciones contra el pirata informático Alcasec. Y el propio exministro Jorge Fernández se enfrenta a una pena de hasta 15 años de cárcel.

Respecto a Gürtel, la Audiencia Nacional condenó al PP por beneficiarse de la trama bautizada así en honor al apellido del cabecilla de los empresarios, Francisco Correa. Con Rajoy al frente, el partido fue el primero señalado culpable por financiación ilegal en España. Después, el Tribunal Supremo certificó la hasta ahora única sentencia contra una formación política. Y luego llegaron otras dos. Hoy, hasta tres resoluciones judiciales condenan al PP como organización por corrupción.

La trama derivó en un puñado de piezas separadas y juicios de mayor o menor entidad, todos vinculados a la etapa de Rajoy al frente del PP. El último, hasta ahora, supuso el pasado mes de mayo condenas de hasta ocho años de cárcel. La sentencia de la Audiencia Nacional dice expresamente: “Desde al menos el año 1998 hasta 2009, Francisco Correa creó y dirigió una estructura jerárquica organizada en torno a él, conocida como 'grupo Correa', con la finalidad de enriquecerse ilícitamente de forma sistemática con cargo a fondos públicos mediante la obtención de contratos públicos tanto a través de sus empresas como de empresas de terceros previo pago, en este último caso, de la correspondiente comisión”.

Gürtel es el contenedor que aglutina a multitud de investigaciones y juicios que salpican al PP de Rajoy. Algunos fueron zanjados con absoluciones, como el de Francisco Camps, pero la mayoría han terminado en condenas. Además, han confirmado la existencia de una contabilidad paralela que gestionaba las comisiones que entregaban empresas a cambio de contratos públicos mientras el partido lo presidía Rajoy.

La trama fue el germen de otra causa que todavía se instruye en la Audiencia Nacional: la Kitchen. Lo que se investiga es el uso del andamiaje parapolicial en el que se incrustaba el también imputado José Manuel Villarejo para intentar destruir las pruebas que guardaba como autoprotección el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Se le llamó ‘kitchen’, “cocina” en inglés, porque la orden era entrar hasta el fondo. Se llegó incluso a recurrir a un falso cura que, según la Fiscalía, podría haber sido miembro o colaborador del CNI. Enrique Olivares García murió en 2022 sin que se hubiera desvelado la verdad.

Otros dirigentes coetáneos como Zaplana o Rato

La gran trama de corrupción juzgada en democracia todavía tiene pendiente de resolver algunos juicios en los próximos meses y la causa sobre el uso del Estado contra otros políticos no ha finalizado aún la instrucción. Además, se espera que a la vuelta del verano el PP enfrente en los tribunales los juicios de otros casos vinculados a la etapa de Rajoy.

El caso Lezo señala al PP de Madrid y a la corrupción generalizada en el Gobierno autonómico. El expresidente Ignacio González, heredero de Esperanza Aguirre, espera sentencia. Y uno de sus más duros rivales internos, el exvicepresidente Alfredo de Prada, ha sido condenado a siete años de cárcel por el fiasco de la Ciudad de la Justicia que dilapidó decenas de millones de euros. También está pendiente de resolverse el llamado ‘caso Erial’, que en octubre supuso una condena de 10 años de cárcel para el que fue presidente valenciano y exministro Eduardo Zaplana, quien dijo que recurriría la sentencia.

En diciembre se conoció la condena para el que fue uno de los más estrechos colaboradores de Rajoy cuando era vicepresidente del Gobierno de José María Aznar. Se trata de Rodrigo Rato, otro de los vicepresidentes de Aznar y al que el propio Rajoy considera como autor de un “milagro económico” cuando estaba al frente del Ministerio de Economía.

La Audiencia Provincial de Madrid condenó a Rato a cuatro años, nueve meses y un día de cárcel en la causa por el origen de su fortuna, la última que tenía pendiente. Los magistrados de la Sección Séptima consideraron al que también fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares. Fue su segunda condena tras la que recibió por el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid.

El militante de Anticapitalistas y fundador de Podemos, Miguel Urbán, ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra dos altos mandos policiales del último Gobierno del Partido Popular por el montaje que le intentó vincular con la venta de 40 kilos de cocaína para financiar al partido político que hoy dirige Ione Belarra. Urbán adopta esta iniciativa después de que el juez que investiga las maniobras policiales contra Podemos, Santiago Pedraz, se negara a que el denunciante formara parte de la acusación del caso.

En el texto de la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, señala al hoy comisario jubilado José Luis Olivera, en su momento director del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, y al que fuera jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, José Manuel García Catalán, así como los funcionarios de esos organismos que “resulten acreditados después de la información pertinente”.

Urbán también apunta a aquellos miembros de la Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (Udyco) y de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), esta última perteneciente a Hacienda que hubieran podido participar igualmente en el montaje. A todos ellos les atribuye de forma indiciaria los delitos de calumnias, intromisión en la intimidad, falsedad documental, malversación y prevaricación.

En la querella se reproduce la información de este diario según la cual el comisario Olivera trasladó el disparatado testimonio de un confidente que, de forma anónima, describía como Urbán, siendo eurodiputado, consumó la venta de 40 kilos de cocaína en un piso ubicado sobre el pub Nueva Visión, en el madrileño barrio de Malasaña. Urbán, según el relato que sirvió para abrir unas diligencias de investigación de la Fiscalía Antidroga, habría confesado allí mismo que se trataba de cocaína de Venezuela para financiar a Podemos.

“Los policías –recoge la querella– sin ninguna autorización judicial, actuando de forma ilegal y vulnerando los derechos del señor Urbán rebuscan en la vida económica del militante de Anticapitalistas”. Advierte, asimismo, en el hecho de que Urbán era eurodiputado en el momento del montaje y advierte de que los miembros del Parlamento Europeo “disfrutan de un régimen de inmunidad parlamentaria que les otorga ciertas protecciones legales para garantizar el ejercicio libre e independiente de su mandato.

La representación legal advierte de que el montaje contra su representado tenía “el fin espurio de perjudicar al partido político Podemos y a Anticapitalistas y, obviamente, al señor Urbán en su condición de miembro de los partidos referidos, teniendo en cuenta que era parlamentario europeo aforado y habiendo sido elegido en elecciones por el pueblo”.

En cuanto al presunto delito de intromisión en su intimidad, la querella destaca que se “rebuscó en su vida económica”, en alusión a la investigación de sus cuentas bancarias y productos financieros, “con la excusa de investigar una imputación a todas luces falsa”. Urbán considera también que los funcionarios señalados cometieron un delito de malversación al arrancar una investigación con “fondos públicos” a partir de “una supuesta declaración absolutamente inverosímil de un supuesto confidente”.

La representación de Urbán ha presentado la querella en el tribunal especializado para que la derive al juzgado que corresponda pero en la solicitud de diligencias de investigación que incluye aparece que se oficie al juzgado de Pedraz para que remita la documentación relativa a su caso. Cabe recordar que el magistrado tomó declaración como investigado a un policía que consultó las bases de datos para buscar información de Pablo Iglesias justificándolo en que el entonces líder de Podemos pertenecía al entorno de Urbán, investigado por narcotráfico. Tras la declaración, Pedraz archivó la causa contra el policía.

“Ayer quedamos todos retratados”. Así se refirió este jueves la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, al pleno extraordinario y monográfico sobre corrupción que se celebró el miércoles en el Congreso. Un debate durante el que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, recurrió a los ataques personales contra Pedro Sánchez en su segunda réplica al presidente del Gobierno. El jefe de la derecha corroboró su soledad parlamentaria, rechazado por los socios del Ejecutivo y despreciado por Vox. Y recurrió al material producido por la policía política del Gobierno de Mariano Rajoy que juzga la Audiencia Nacional.

Feijóo subió a la tribuna del Congreso para su segunda y última intervención del día. Para entonces ya estaba claro que los partidos de la investidura apoyaban la continuidad del Gobierno. “Tiene el cuajo de compararse conmigo”, le espetó al presidente del Gobierno. “¿Pero con quién está viviendo usted?”, le dijo. “¿Pero de qué prostíbulos ha vivido usted?”, le acusó. El líder del PP tenía la respuesta: “Partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución. Y ahora quiere ilegalizar su biografía. Allá usted. Allá usted”. Feijóo concluyó: “No se compare conmigo. He sido honesto con usted, no se lo acepto”.

Feijóo se autocalificó como “honesto”. Este jueves, su portavoz parlamentaria reiteró que su jefe “dijo la verdad”, que “a veces es dura”. Las justificaciones al ataque personal que dan en el PP son cambiantes. Más bien complementarias. Hay quien sostiene que fue “en defensa propia” después de que Sánchez señalara desde la tribuna del Congreso la larga relación personal de Feijóo con el narcotraficante condenado Marcial Dorado.

“El único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es usted”, le espetó el presidente del Gobierno a Feijóo. Ese “delincuente condenado” es Marcial Dorado. Preguntado al respecto en 2023, Feijóo dijo que no tenía ni idea de a qué se dedicaba Dorado porque no existía Google.

Una declaración muy arriesgada, puesto que el nombre del contrabandista que terminó condenado por narcotráfico en el marco de la Operación Nécora había protagonizado varias portadas de periódicos cuando Feijóo era ya alto cargo de la Sanidad gallega. Incluso su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, reconoció en público días después que él conocía “las mismas noticias que todo el mundo”.

Otros citan las referencias de Sánchez a los múltiples casos de corrupción que afectaron a los Gobiernos (y al PP) de José María Aznar y Mariano Rajoy. El primero vio cómo algunos de sus ministros y dirigentes del partido terminaban en los tribunales y, a veces, en la cárcel. Desde Rodrigo Rato a Jaume Matas, pasando por Eduardo Zaplana, Francisco Álvarez Cascos o sus amigos Juan Villalonga y Miguel Blesa, entre muchos otros.

El segundo tuvo que testificar ante la Audiencia Nacional por la financiación ilegal del PP que se produjo con él al frente del partido. Ya como presidente del Gobierno se condenó por primera vez a un partido en España por lucrarse con la corrupción. La sentencia, que motivó la moción de censura de 2018, fue ratificada por el Tribunal Supremo y por otras dos posteriores en otras de las decenas de piezas judiciales en que se desmembró el ‘caso Gürtel’.

Un lastre para Feijóo que, sin embargo, no puede o no quiere desembarazarse de ellos. Uno y otro han sido los invitados estrella del recientemente celebrado XXI Congreso Nacional del PP, que ha reelegido a Feijóo con el 99,24% de los votos. Los dos subieron al escenario a criticar la “corrupción” de Pedro Sánchez.

Este jueves, el secretario general del PP, Miguel Tellado, reprochó a Sánchez haber recurrido a “casos de corrupción”, reales y juzgados, “de hace una, dos o tres décadas”. El PP dejó el gobierno hace ya siete años.

Y defendió los ataques de su jefe. “Sánchez se dedicó a atacar a todo el mundo, incluso a Felipe González”, lamentó en una entrevista en La Sexta, para “emponzoñar la imagen de los demás y tapar las miserias que le rodean”. “Ha atacado a presidentes autonómicos honrados y honestos sin causas, como Mañueco, Moreno o Ayuso, y a Feijóo con fotos de 1995”, en referencia a su relación con Dorado.

El secretario general justificó así que Feijóo arrojara los “prostíbulos” de los que, dijo el líder del PP, “se ha lucrado” el presidente del Gobierno.“Feijóo le recordó los negocios de su familia política”, dijo, sin que nadie le preguntara por el origen de esa afirmación, por las pruebas.

Un trabajo de la cloaca de Villarejo

Muñoz encontró otra justificación para el exabrupto de su jefe. En Antena 3 dijo que “hay cuestiones que no son personales” si se refieren a Sánchez porque tiene interés público. Pero sí es personal, añadió, “cuando Pedro Sánchez, desde la tribuna, utiliza noticias que han sido fabricadas y que son bulos para atacar a la pareja del presidente Feijóo”.

Sin decirlo, Muñoz se refiere a una información errónea que publicó InfoLibre. El medio reconoció el fallo y corrigió la noticia, que fue utilizada políticamente por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, no por Sánchez.

Pero la portavoz parlamentaria añadió otro asunto: las acusaciones a la Xunta de Galicia por contratar con Eulen, empresa de la que es directiva Micaela Núñez Feijóo, la hermana del líder del PP. Según datos oficiales, Eulen consiguió desde 2018 1.579 contratos menores sin necesidad de tener que competir con otras empresas y por un montante de más de siete millones de euros. En 15 años, las adjudicaciones a Eulen alcanzaron un valor de 54 millones de euros, 37 durante el mandato del actual líder del PP. Durante buena parte de ese tiempo, Feijóo era el presidente de la Xunta de Galicia.

Esa “verdad” del Feijóo “honesto” a la que aludió Muñoz en su entrevista, o la “información pública y conocida por todo el mundo” en boca de Tellado, no es más que el reciclaje de material viejo producido por la policía política que, según la Audiencia Nacional, puso en marcha el Gobierno de Rajoy para inventar pruebas falsas contra sus rivales (desde Podemos al independentismo, pasando por Sánchez), publicarlas en sus medios afines y usarla como material para fabricar procesos judiciales que han sido archivados, uno detrás de otro, por inconsistencia.

Las primeras referencias sobre las “saunas gays” en las que, supuestamente, el padre de Begoña Gómez escondía un suculento negocio de prostitución fueron publicadas el 10 de julio de 2023 en Ok Diario. Faltaban 13 días para las elecciones generales que certificaron el primer gran fracaso de Feijóo.

Pero la supuesta información no era nueva. Tampoco está sustentada en ningún procedimiento judicial o investigación policial. No hay documentación oficial que acredite que esas “saunas” fueran un “prostíbulo”. Nada, al menos de momento.

Entonces, ¿cuál es el origen de estas informaciones?

El origen es la cloaca policial puesta en marcha por el Gobierno de Rajoy. En 2014, el hoy poliimputado José Manuel Villarejo se reunió con el secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez. El excomisario facilitó los datos de los supuestos negocios del suegro de Sánchez. Interior planeó poner a policías a investigarlo para hacer llegar la información a Rajoy y usarla “cuando haga falta”.

Todo quedó registrado en una grabación que forma parte de uno de los múltiples sumarios de la corrupción económica y política del PP de Rajoy que esperan su resolución en la Audiencia Nacional. La idea expresada por Martínez era “matar políticamente” a Sánchez.

El Gobierno de Rajoy encargó en 2014 a Villarejo espiar al padre de Begoña Gómez para “matar políticamente a Sánchez”. Al frente de Interior estaba Jorge Fernández Díaz, que se enfrenta a una petición de cárcel de 15 años por la guerra sucia contra rivales políticos y por intentar eliminar las pruebas de la corrupción que le costó el puesto a Rajoy.

La estrategia de 2023 no era nueva. Ya en 2016 la cloaca policial filtró el Informe PISA (Pablo Iglesias, SA) en plenas negociaciones para formar gobierno. Un compendio de medias verdades y falsedades que pretendía demostrar la financiación ilegal de Podemos desde Venezuela e Irán. También Ok Diario publicó el bulo de la cuenta de Iglesias en Granadinas. Francisco Martínez reconoció que sabían que era “mentira”.

Con el material de Villarejo como origen, el PP ha registrado este jueves una batería de preguntas parlamentarias que intenta relacionar el supuesto arrendamiento de un edificio propiedad de Muface por parte de la empresa de los hermanos del suegro de Sánchez con el ejercicio de la prostitución. El objetivo es claro: acusar de corrupción al presidente.

Tellado acusó este jueves a Sánchez de “emponzoñar la imagen de los demás para tapar las miserias que le rodean”. Pero durante el pleno del miércoles esta acusación se la llevó Feijóo de parte del PNV, el partido por cuyos apoyos suspira el gallego, aunque luego los llama “subvencionados” y “subyugados” del “sanchismo”.

“Ustedes no están para dar lecciones ni consejos y menos para hablar de principios”, arrancó la portavoz, Maribel Vaquero. “Ha demostrado una educación política impropia de una persona que aspira a ser presidente del Gobierno haciendo referencia a familiares. Esa es una línea roja que no se puede traspasar”.

Cuatro días después del XXI Congreso Nacional del PP, ya nadie habla del éxito con el que se desarrolló el cónclave, según el partido. Pero tampoco de los problemas de Feijóo y sus portavoces para comprometerse a no hacer un Gobierno de coalición con Vox. Este jueves, Tellado dijo en La Sexta que “no es bueno para España un nuevo Gobierno de coalición” con los de Santiago Abascal, quien el miércoles dedicó casi el mismo tiempo a atacar a Sánchez que a Feijóo. Otro frente abierto para el líder del PP.

Empecemos por los hechos. Leire Díez es una militante del PSOE, que ha sido teniente de alcalde en un pequeño municipio cántabro y ha tenido puestos en empresas públicas de la mano de los socialistas. Díez se reunió con dos empresarios, Javier Pérez Dolset y Alejandro Hamlyn. Ambos están encausados en distintos procesos judiciales y sostienen que tras esas investigaciones hay guardias civiles y fiscales que les han perseguido con prácticas corruptas.

Uno de esos encuentros quedó registrado en una grabación de 53 minutos. En ella, los empresarios ofrecen información sobre prácticas corruptas de algunos altos cargos de la Guardia Civil, Díez se interesa por ella y pide que se las envíen. A cambio, Hamlyn quiere que se le garantice un pacto con la Fiscalía y Díez le promete que le puede sentar con fiscales.

¿Qué no sabemos? No sabemos en nombre de quién actúa Díez, si fue enviada por el PSOE y, si es así, quién del PSOE le hizo ese encargo. Si el PSOE está detrás, no sabemos qué buscaban los socialistas con estos encuentros y si estaban dispuestos a hacer de nexo con la Fiscalía. No sabemos si hay más gente del partido implicada.

El PSOE niega que enviara a Díez a esa cita y le ha abierto un expediente. Por su parte, Díez ha dicho que no tiene “vinculación con Ferraz” y Pérez Dolset, que ambos investigan “las cloacas del Estado” desde 2019.

¿Qué sabemos seguro? Que no ha habido pactos de ningún tipo con la Fiscalía. Las acusaciones contra Dolset y Hamlyn se mantienen. En el juicio contra este último, al que no se ha presentado alegando que no puede salir de Dubai, la Fiscalía solicita para él una condena de más de 50 años.

Con esos hechos y esas preguntas sobre la mesa hay quien ha corrido a llamar a esto las cloacas del PSOE. Es una licencia periodística, como muchas otras, para añadirle algo de gancho a las noticias, pero, sobre todo, un intento de fijar el marco: esto es igual de grave (o más) que las cloacas policiales del PP.

Porque sí, ahora se leen teorías sobre las reuniones de Díez y la implicación del PSOE, o sobre lo que se quería o no conseguir. Pero lo cierto es que en nuestro país tenemos ejemplos prácticos de lo que hacen las cloacas. Conviene recordar algunos capítulos, solo algunos, porque la historia completa da para un libro de los largos, o una serie con su ministro, su secretario de Estado y su grupo de policías corruptos.

40 kilos de cocaína y una cuenta falsa en Suiza

El resumen general es que en España, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, se montó una red de policías al servicio del PP que se dedicaron a fabricar pruebas contra adversarios políticos y a destruir las que les implicaban en casos de corrupción.

No hace falta rebuscar mucho en la hemeroteca. elDiario.es lleva años contando este escándalo y la última entrega publicada el pasado 16 de mayo es una pormenorizada historia sobre cómo la cúpula de la seguridad del Estado durante el Gobierno del PP urdió un montaje para convertir a Miguel Urbán, uno de los fundadores de Podemos, en un vendedor de 40 kilos de una cocaína procedente de Venezuela para financiar al partido.

Un comisario de la Policía Nacional, José Luis Olivera, firmó un informe elaborado por el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) en el que se decía que Urbán, cuando ya era eurodiputado, le entregó “40 kilos de cocaína pura a cambio de una enorme cantidad de dinero” a un hombre.

Es uno de los diversos episodios de la guerra sucia policial contra Podemos, que tuvo como máxima expresión el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), en el que se lanzaban acusaciones falsas sobre la financiación del partido. La Audiencia Nacional mantiene una investigación abierta en la que acaba de citar a otro comisario, Marcelino Martín-Blas, que admitió que había conocido maniobras policiales contra Podemos.

Ese grupo de policías corruptos, que actuaban a las órdenes del Ministerio del Interior, también trataron de hacer daño al independentismo. Una muestra: el exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, se levantó un día con una publicación en prensa que aseguraba que tenía una cuenta en Suiza con varios millones de euros. Era mentira, un montaje policial basado en datos falsos aportados por un empresario al que, según figura en la agenda de José Manuel Villarejo (el puntal de aquel grupo de policías), lo acabó pagando el Partido Popular a través de su 'número dos', María Dolores de Cospedal.

Un policía condenado y un ministro al que le piden 15 años de cárcel

Es Villarejo quien comandó otro de los principales encargos de la conocida como Policía Política: la infiltración en el círculo de confianza de Luis Bárcenas, extesorero del PP, para buscar y destruir pruebas de la corrupción del PP. Todo financiado con fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro del Interior con el PP, Jorge Fernández Díaz, para su ‘número dos’ en el Ministerio, Francisco Martínez –ahora detenido por colaborar con un hacker–, y para el director adjunto operativo en aquella época, el comisario Eugenio Pino.

Este último, Pino, es el único de todos los implicados en aquellos montajes que ha sido condenado. El Supremo le confirmó un año de cárcel por sus maniobras para intentar que se condenara a la familia Pujol.

Esas son las cloacas. Altos mandos de la Policía y del Ministerio del Interior fabricando pruebas, intentando alterar investigaciones judiciales, tratando de destruir documentos y, sobre todo, filtrando información falsa que acababa publicada sin la mínima comprobación en importantes medios de comunicación del país.

Conviene recordar algunos de estos pasajes de nuestra reciente historia política para tener el contexto suficiente y acercarnos a los hechos que ahora hemos conocido –y que obligan al PSOE a dar muchas explicaciones– con el recuerdo de lo que es realmente una cloaca.

“Mafia o democracia” será el lema de la manifestación contra el Gobierno que ha convocado para la semana que viene Alberto Núñez Feijóo. José María Aznar ya ha confirmado su asistencia. Sí, el mismo Aznar que tuvo entre sus ministros a Rodrigo Rato, a Eduardo Zaplana, a Jaume Matas… Estará en primera fila, a tope contra la corrupción. 

También asistirá M. Rajoy. Sí, el mismo expresidente del Gobierno cuyo ministro del Interior se sentará en el banquillo, acusado de usar a la policía para tapar la corrupción de su partido. El molt honorable Carlos Mazón también ha confirmado su asistencia –si aguanta otra semana, no descartes que pronto fuercen su dimisión–. Aún no se sabe si Isabel Díaz Ayuso acudirá sola o irá acompañada por el defraudador confeso, Alberto González Amador. 

Son los milagros del anómalo debate público español. 

En la misma semana en la que la pareja de Ayuso queda a un paso del banquillo, en los mismos días en los que mandan a prisión al exsecretario de Estado de Interior de Rajoy, todas las teles, todas las tertulias, han quedado monopolizadas por la rocambolesca historia de Leire Díez. La “fontanera”. La “cloaca del PSOE”, la llaman también. Esa militante socialista grabada mientras ofrecía tratos de favor en la Fiscalía a distintos imputados por corrupción. A cambio, Leire Díez pedía que le pasaran información contra mandos de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, donde se investigan muchas de las principales causas contra la corrupción.

Algunos datos importantes, antes de seguir con la narración. 

En España existió una trama organizada en los cuerpos de seguridad del Estado. Algo sistémico. Una red corrupta y eficaz. Algo inaceptable en una democracia normal. 

El comisario Villarejo es su protagonista principal, pero no actuaba solo. Tenía jefes. Subordinados. Socios. Aliados. Esa policía patriótica, que floreció bajo el Gobierno de Rajoy, fabricó acusaciones falsas contra todos los enemigos políticos del PP: de la izquierda a los independentistas, pasando por la propia derecha. Es la misma cloaca policial que empleó los fondos reservados para espiar al tesorero Luis Bárcenas y robarle las pruebas que tenía contra el PP.

Buena parte de estos abusos policiales están ya en los tribunales. Algunos a la espera de juicio. Otros ya con condena. Hay denuncias que duermen el sueño de los justos en la Audiencia Nacional, otras están en investigación. Sigue siendo inquietante que el Centro Criptológico Nacional, del CNI, aún no haya logrado descifrar la mitad de los audios que el comisario Villarejo grabó –qué raro, esto también dependía del juez Manuel García Castellón–. Y eso que Villarejo decía que era la misma clave y la misma criptografía que el bloque de audios que sí llegó al juzgado. 

Aún no conocemos toda la historia. Pero lo que ya sabemos es aterrador y las pruebas son contundentes. El Gobierno de M. Rajoy usó el enorme poder del Estado para perseguir a inocentes, fabricar informes falsos, espiar a ciudadanos sin control judicial y destruir el patrimonio y la reputación de muchas personas.

¿Mafia o democracia?, que diría Alberto Núñez Feijóo.

¿Cómo de democrático es que la Policía se invente que un eurodiputado de Podemos, Miguel Urbán, ha traficado con 40 kilos de cocaína para así poder investigarle? 

¿Y cómo definir lo que le pasó al expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell, que siendo inocente se pasó 643 días en prisión? ¿Es mafia? ¿Es democracia? ¿Son simplemente cosas que te podían pasar en aquella España si eras catalán?

Y la operación Cataluña, ¿cómo de democrática es? ¿Qué hacía el departamento de Asuntos Internos de la Policía espiando a los independentistas sin orden judicial? 

La primera noticia de aquella brigada secreta la publicamos en exclusiva en elDiario.es hace ya más de una década, en 2014. Leerla hoy pone los pelos de punta. Y nada pasó. 

Buena parte de los usos y costumbres de esa cloaca policial arrancan muchas décadas atrás. Varios de sus protagonistas echaron los dientes con la Brigada Político-Social de Billy el Niño, en ese centro de tortura de la dictadura que estaba en la Puerta del Sol. Algunas de las técnicas vienen de los años de la lucha contra ETA; donde casi todo valió. La excusa para que el fin justificara los medios fue el terrorismo, pero contra el independentismo pacífico catalán, o contra la izquierda, se aplicó buena parte del mismo manual. 

¿Estos policías actuaban solos? Pues claro que no. La red se extendía a la política, a los juzgados, a los medios de comunicación. 

Algunos de quienes se consideran afectados por esta cloaca y su enorme red de influencia llevan años intentando esclarecer lo ocurrido. Es una red informal que no surgió antes de ayer y que se ha acercado a más partidos, no solo al PSOE. Quieren saber qué pasó y también destapar a quienes colaboraron con esa organización. Les mueve un impulso que es fácil de describir: la venganza.

El líder entre ellos es un empresario tecnológico que perdió buena parte de su fortuna millonaria, Javier Pérez Dolset. A finales del siglo pasado, se hizo rico con la serie de videojuegos de más éxito de la historia del software español: Commandos. 

En 2017, Pérez Dolset fue detenido y encarcelado en prisión preventiva por orden de la Audiencia Nacional. Entre otros asuntos, fue acusado de desviar dinero a unas cuentas en Panamá que –asegura– nunca existieron. Según denuncia, en entrevistas que ha dado a distintos medios, fue todo “una invención de la cloaca” para destruirlo. Los procesos judiciales que se iniciaron entonces –aún sigue imputado– acabaron con cientos de millones de su patrimonio, afirma también.

Pérez Dolset culpa al grupo Planeta y a uno de sus principales directivos, Mauricio Casals, de su caída a los infiernos. Hace dos años presentó una querella contra el presidente de Planeta y también presidente de Atresmedia, José Crehueras. Hace varios meses, en octubre de 2024, esa querella se archivó por falta de evidencias. 

“Leire Díez lleva investigando conmigo desde hace seis años las cloacas del Estado”, asegura también Dolset.

Y algunas cosas casan mal con esa explicación. Porque una cosa es investigar y otra proponer acuerdos con la Fiscalía a empresarios corruptos por su delación contra altos mandos de la Guardia Civil. ¿En calidad de qué?

“La basura no se combate con basura”, escribió en elDiario.es Esther Palomera, con toda la razón. Tampoco se entiende que el PSOE haya tardado tanto en responder ante esta irregular actuación de una militante que debería haber sido expulsada del partido: por el daño que está haciendo a su organización.

Si Leire Díez actuaba sola, es una irresponsable por ofrecer componendas así. Y si realmente es una enviada de Ferraz, es aún peor.

Por ahora, por mucho que se retuerzan algunos audios, no hay prueba sólida de que Leire Díez actuara a las órdenes de Ferraz. Tampoco es descartable que sea así. 

Cabe preguntarse también quién espió a Leire Díez. Es bastante evidente que alguien lo hizo. 

Pero lo que sin duda está por demostrar es que algunas de las ofertas inmorales que trasladaba Leire Díez en su “investigación” tuvieran efecto alguno. No se conoce ningún caso donde la Fiscalía haya actuado a favor de algunos de estos imputados por corrupción. Ni uno solo. 

El único acusado de corrupción que ha sido puesto en libertad de forma bastante anómala, a cambio de una supuesta colaboración con la Justicia que nunca llegó, es Víctor de Aldama. ¿Para hacerle un favor al PSOE o al Gobierno? No precisamente. Fue una decisión que impulsó un fiscal de Anticorrupción que ha trabajado para gobiernos del PP y que se tomó a espaldas del fiscal general del Estado, como ya te conté. 

El abogado de Víctor de Aldama, José Antonio Choclán, es también abogado de Alejandro Hamlyn. Este empresario está imputado en la trama de los hidrocarburos, al igual que Aldama. Sobre él recaen las sospechas de haber grabado la famosa videoconferencia donde Leire Díez le ofrece la ayuda de la Fiscalía a cambio de pruebas contra la UCO. Es la voz que se escucha con más claridad –que en estos casos suele ser la pista más obvia de quién grabó–. 

Hamlyn está acusado de un presunto fraude de 154 millones de euros. Ahora vive en Dubai. Argumenta que no puede salir de ese país por una deuda de 5.000 euros. Es difícil de creer que alguien capaz de pagar a un abogado tan caro como Choclán no pueda afrontar una deuda así. 

El propio Víctor de Aldama se ha jactado públicamente de haber “tendido una trampa” al PSOE, con la filtración de esta grabación. No hay aún noticias de que su “colaboración” con la Justicia haya ofrecido algún dato de interés, pero sí de su gira mediática, de sus bulos, amenazas e insultos contra el Gobierno o de sus vacaciones en Ibiza a todo tren. 

Todos los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez –del PSOE al PNV, pasando por Podemos o Junts– creen que una parte de los aparatos del Estado trabaja para tumbar al Gobierno de coalición. Es algo que está a la vista de cualquiera con un mínimo de información: algo que Aznar invocó con “el que pueda hacer que haga”. Ocurre en varios juzgados, pero no solo allí. Se ha acelerado desde la ley de amnistía y el fracaso electoral de la derecha en 2023.

Es obvio que es un movimiento organizado. No son hechos espontáneos. Pero eso es otra historia que, más adelante, contaré.

Es llamativo que, en esta ocasión, las supuestas cloacas no tengan despacho en el Ministerio del Interior. Ni pistola. Ni placa. Ni autoridad formal. 

Las sospechas también señalan a la UCO. Ahí están las filtraciones sobre informes que después nunca aparecen. O los recientes errores de bulto –siempre en la misma dirección–. O las conexiones de algunos mandos con la enorme trama corrupta de los hidrocarburos. O los exabruptos de un excapitán de la UCO que ahora trabaja para Isabel Díaz Ayuso.

En el PSOE ya se preparan para expulsar del todo a Leire Díez. Y hacen bien: lo que hizo es inaceptable. Pero comparar este episodio con “la cloaca” de Rajoy es algo difícil de tragar.

Quien decía aquello de “la fiscalía te lo afina” no era un militante de tercera regional: era el ministro del Interior de Rajoy. No ocurría en la oficina de un abogado: pasaba en su despacho oficial. Y era el propio Jorge Fernández Díaz quien grababa la conversación.

Quien pedía a “Luis, sé fuerte”, no era un empresario ajeno a la organización. El que prometía a Bárcenas que “hacemos lo que podemos” no era tampoco un espontáneo que pasara por allí. Era el mismísimo M. Rajoy. 

Y tanto que hicieron lo que pudieron. Encargaron a Villarejo que parara “la libretita” de Bárcenas. Sobornaron a su chófer para que le espiara. Robaron sus grabaciones. Y apartaron a varios jueces del caso Gürtel: Garzón, Pedreira, Ruz… Cuando al PP le va mal un juicio no cambia de abogado, cambia de juez. 

El votante progresista no tolera cierto hedor. Y hace bien en exigir un comportamiento ejemplar, una ética más exigente. Faltan explicaciones más claras por parte del PSOE sobre las maniobras de Leire Díez: con quién se comunicaba en el partido y qué trasladaba sobre estas reuniones en las que participaba. 

Pero si este gobierno es “la mafia”, ¿cómo llamamos al anterior?

La tarde del 25 de julio de 2014, muchos españoles leyeron una noticia que les dejó en shock. Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya y fundador de Convergència i Unió (CiU), hegemónico en el Govern durante 23 años, emitió un comunicado con una confesión inaudita: el reconocimiento de que durante décadas su familia había ocultado dinero en el extranjero.

La confesión de Pujol llegó después de que, durante días, informaciones publicadas por El Mundo apuntaran a un cuantioso patrimonio de la familia en paraísos fiscales. La versión de Pujol es que el dinero oculto procedía de una herencia del abuelo Florenci, en ningún caso de la corrupción política.

Nadie creyó su comunicado –especialmente la idea de que el grueso del capital evadido lo constituyera una deixa del abuelo–, y su reputación se desmoronó. Caía así un padre de la patria: la catalana, pero también la española, pues el partido de Pujol había sido decisivo para estabilizar la democracia en los primeros 80 y, además, había puesto con sus votos tanto a Felipe González (1993) como a José María Aznar (1996). Así lo narra también la cinta Parenostre, con guion del productor televisivo Toni Soler –que ya había guionizado hace más de una década la revuelta de 1934 en Barcelona– y bajo la dirección de Manuel Huerga, que se estrena en cines este lunes 14 de abril.

La película aborda los hechos de la tarde previa, el 24 de julio, en la que los Pujol, reunidos en casa del patriarca, reciben por parte de los periodistas de El Mundo la noticia de que al día siguiente se publicará un reportaje sobre su patrimonio oculto. Es a partir de este punto que Parenostre desarrolla su trama, con Josep Maria Pou en el papel de Jordi Pujol y Carme Sansa en el de Marta Ferrusola.

El filme se centra en la reacción de los integrantes de la familia ante el anuncio, que cae como una bomba: en menos de 24 horas toda España sabrá quién era en realidad el líder catalán y un velo caerá de los ojos de todos aquellos catalanes –muchos– que hasta entonces habían visto en Pujol una figura paternalista y protectora, totalmente confiable.

Algunos flashbacks nos retrotraen al pasado de Pujol padre, militante antifranquista, pero también creador de la Banca Catalana, un proyecto de oscura trayectoria que terminó en quiebra y con grandes cantidades de dinero en paradero desconocido. ¿Acaso en Andorra?

Esa sospecha sobrevuela Parenostre, como tantas otras que señalan a los hijos y sus negocios, las comisiones que cobraban de los empresarios, supuestamente en nombre del expresident, o la madre, Marta Ferrusola, que según documentos del sumario del caso era conocida en los medios financieros andorranos como “la madre superiora”.

No obstante, la cinta de Huerga y Soler no concreta hechos, sino más bien pretende crear un fresco de aquella tarde, tensa y dramática, fabulando con las personalidades de Pujol, Ferrusola y sus tres hijos Oleguer, Oriol y Jordi, que se culpan entre sí de los errores y excesos cometidos en lo que un día Pasqual Maragall definiera respecto a sus actividades como “un lucro incesante”.

La caída de un mito

En esta tormenta emocional en la que se mezclan el miedo, la culpa y la sensación de haberse pasado de la raya, es el expresident quien pone el seny y asume que no podrá negar la información del mundo, al menos en su totalidad. Es por ello que Pujol, no sin antes hablar con el rey emérito Juan Carlos I para amenazarle con revelar trapos sucios que le atañen, y viendo que el exmonarca no responde a las presiones, decide escribir su comunicado.

A partir de la publicación del mismo, Parenostre, nos muestra la reacción en cadena que se produjo en los medios tanto catalanes como españoles ante la confesión: no hay piedad para Jordi Pujol y los suyos. Los mitos como él caen desde todo lo alto y el ruido que se produce cuando impactan con el suelo se oye en todos los confines.

Un momento destacado de la cinta, que explica el juicio mediático, reproduce a un Pujol reflexionando con qué calle de Barcelona le hubieran otorgado a su muerte de no haber acontecido lo que se conoció popularmente como el “caso Pujol”. Comenta el expresident que Tarradellas tiene una avenida –y ahora un aeropuerto–; Francesc Macià una plaza y Companys un paseo. Por contra, se lamenta, el Ayuntamiento de Premià de Dalt, su población de veraneo, quiere retirar a estatua que le dedicó en el pasado. “Como si fuera Sadam Husein”, suelta con amargura el Pujol que interpreta Josep Maria Pou.

Los autores de Parenostre apuntan a lo largo de todo su metraje que detrás de la causa mediática y judicial contra la familia Pujol no hay una mano inocente, sino una guerra sucia del Estado, que se revuelve ante el avance del Procés que culminaría en 2017 con el referéndum del primero de octubre. Aparece, así, en una escena el inefable comisario Villarejo, que mantiene una tensa conversación con Oriol Pujol en la que le deja claro que esta vez van a por ellos en serio y no van a poder evitar la caída. Como finalmente ocurrió.

La investigación judicial de las maniobras policiales contra Podemos durante el último Gobierno del PP avanza con dificultades. La Policía Nacional se resiste a entregar los informes alojados en sus bases de datos sobre las indagaciones que sufrieron los políticos de la formación incluso cuando eran diputados. La última respuesta de la Policía ha sido alegar que dos de las operaciones que el propio cuerpo reconoció a la Audiencia Nacional, bautizadas como Venus y Bolívar, tienen la calificación de “pasivas secretas”, esto es, que su contenido es confidencial pese a que están cerradas de forma provisional desde hace ocho años. 

Una inspectora jefe de la UDEF reconoció ante el juez en un informe del pasado noviembre los trabajos policiales sobre Podemos en dos frentes durante 2016, cuando la formación tenía posibilidades de integrar un Gobierno de coalición con el PSOE. Explicaba que recibieron el encargo de desarrollar el contenido del denominado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), un dosier sin firma ni sello que los tribunales rechazaron de plano, y pusieron en marcha la operación Venus. Y un segundo encargo para profundizar en la línea abierta por la brigada política en su viaje a Nueva York, con el que intentaron obtener información contra el partido de un exministro de Hugo Chávez, la operación Bolívar. 

Tras ese informe de la inspectora de la UDEF, Podemos, que ejerce la acusación particular en la Audiencia Nacional, solicitó el contenido completo de esas investigaciones policiales de 2016. El juez acordó la medida, pero la Policía ha respondido que es documentación clasificada “secreta”.

Para que un documento adquiera esa categoría debe haber un acuerdo previo del Consejo de Ministros. Este es el motivo que ha alegado la representación legal del partido y que ha asumido el juez Pedraz, que en una providencia del pasado 13 de marzo requiere a la UDEF de la Policía para que remita “la resolución que declara materia clasificada la documentación que se le requiere”. Está por ver qué obstáculo presenta ahora la UDEF con el beneplácito de la actual dirección de la Policía. 

La causa que se sigue en la Audiencia Nacional es el único instrumento que ofrece alguna posibilidad de aclarar el frente de la guerra sucia contra Podemos en el Ministerio del Interior del PP. Así lo evidencian las últimas comparecencias en el Congreso de los responsables políticos de la época, como el expresidente Mariano Rajoy, quien fuera su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, o la secretaria general del PP de entonces, María Dolores de Cospedal. Todos niegan conocer actuación irregular alguna de la Policía contra la oposición y en el caso de Fernández Díaz y Cospedal ambos rechazan incluso la evidencia de sus afirmaciones en los audios publicados. Fernández Díaz llegó a atribuirlo a la “inteligencia artificial” y Cospedal dijo que estaban “editados”.

La causa en la Audiencia Nacional abre unas puertas que, en ocasiones, vuelven a cerrarse. Ocurrió recientemente con la providencia del juez Pedraz solicitando a la Policía, a petición de Podemos y con el acuerdo de la Fiscalía, para que le enviara “cuantas notas, actas, diligencias, oficios, comparecencias, atestados o informes que se hayan elaborado” sobre diputados y exdiputados de Podemos. 

La orden del juez establecía la salvaguarda de que aquellos informes clasificados secretos no se adjuntaran a la respuesta. Y a ello se han sumado nuevas trabas que llegan de los imputados en la causa, como es el caso del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, quien recurrió para que la información sobre la Fundación CEPS quedara fuera, como estableció el auto de admisión a trámite de la querella. El juez aceptó y ahora Podemos pretende que Pedraz rectifique alegando que esa línea de investigación afecta a los entonces diputados Pablo Iglesias, Alberto Montero e Íñigo Errejón, entre otros, y que las investigaciones contra ellos sí son objeto del procedimiento. 

Por ahora, la Policía ha enviado al juzgado centenares de folios donde prevalecen indagaciones sobre el partido y sus miembros referentes a asuntos de seguridad, tales como informes de riesgo sobre tipos de amenazas terroristas u otras que pudieran sufrir la formación política. También gestiones sobre riesgos que detectaba el jefe de seguridad del partido y que ponía en conocimiento del Ministerio del Interior. 

Órdenes a la UDEF

La operación Venus que reclama Podemos parte del viaje a Estados Unidos de varios mandos policiales en abril de 2016. La inspectora jefe informó al juez que a su regreso consultó bases de datos reservadas para descubrir posibles viajes de Pablo Iglesias a Venezuela y que la Fiscalía rechazó después abrir una investigación con unos indicios tan endebles. Aquella operación fue bautizada por la UDEF como Bolívar y decayó a los tres meses. Para entonces, el diario ABC había publicado las acusaciones contra Podemos, a tan solo seis semanas de las elecciones generales. 

La inspectora jefe también desveló que uno de sus subordinados y ella misma también hicieron otras consultas sobre Pablo Iglesias a partir de otra investigación, la que intentó blanquear el informe PISA, sobre la supuesta financiación de Podemos procedente de Irán y Venezuela. Aquel dosier, cuya autoría nadie reconoce, fue entregado por la propia Policía a la UDEF para que arrancara una investigación que también fracasó. Diez meses estuvieron investigando los agentes de la unidad especializada, entre febrero y diciembre de 2016.

La dinámica se repite. El Confidencial y Okdiario publicaron el contenido del dosier en enero de 2016, coincidiendo con el inicio de las negociaciones entre PSOE y Podemos para formar un Gobierno de izquierdas. La investigación de la UDEF fue bautizada en este caso como Operación Venus. 

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año de cárcel impuesta a Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional durante varios gobiernos del Partido Popular, por adulterar el caso que investigaba a la familia Pujol. Los jueces declaran probado que incurrió en un delito de revelación de secretos al facilitar al CNI, la UDEF y a un juzgado de la Audiencia Nacional un pendrive con información de Jordi Pujol Ferrusola sin advertir que el origen de esta prueba era “ilícito”. La primera sentencia firme condenatoria sobre las irregularidades de la cúpula policial bajo gobierno del PP.

El Supremo es claro a la hora de sancionar la estrategia criminal de Pino, máximo responsable de la Policía Nacional con el PP en el Gobierno, Mariano Rajoy en la Moncloa y Jorge Fernández Díaz al frente de Interior. Sabía que esa información sobre los Pujol había sido obtenida de manera ilegal y, sin embargo, intentó aportarlo a la Audiencia Nacional “blanqueando la ilicitud de su origen”.

Los datos que Pino aportó a la Audiencia Nacional sobre la familia Pujol, reconoce el Supremo en firme, “fueron sustraídos de forma ilícita de un dispositivo o sistema de almacenamiento informático por autores desconocidos, en una intervención que no contó con autorización judicial” y que Pino aportó al juzgado sin advertir esa circunstancia. La memoria externa que hizo llegar al juzgado contenía “939 archivos distribuidos en 32 carpetas, conteniendo información confidencial sobre la familia Pujol, así como de instituciones y miembros de la Generalitat de Cataluña”.

La condena de Pino, hoy jubilado, incluye una multa de 7.200 euros y una indemnización de 2.000 euros para Jordi Pujol Ferrusola, hijo mayor del expresident Jordi Pujol. En un primer momento la Audiencia Provincial de Madrid optó por absolver al ex DAO de la Policía Nacional pero el Tribunal Superior de Madrid, en la sentencia que confirma el Supremo, entendió que había incurrido en un delito de revelación de secretos.

El Supremo explica que las actuaciones de Pino no pueden calificarse como “meras irregularidades procedimentales o formales”. No hay pruebas de que participara en el robo de esa información sobre el patrimonio de la familia Pujol, pero sí de que en marzo de 2015 decidió usarla “a sabiendas de que no procedía de una intervención con previa autorización judicial”. Esa información, añaden los jueces, había llegado de manos “del comisario jefe de la unidad de asuntos internos”.

El objetivo de Pino, destaca la Sala de lo Penal, era que esos datos obtenidos ilegalmente sobre las finanzas de la familia Pujol “surtieran efecto en la investigación” pese a ser “una información obtenida de manera no ajustada al ordenamiento, con incumplimiento grave de los principios rectores de actuación policial que resultan de la Constitución y del ordenamiento jurídico”.

Esa información que el entonces máximo responsable de la Policía Nacional –durante el ejecutivo del PP y Mariano Rajoy y mientras Jorge Fernández Díaz era ministro del Interior– intentó colocar en la Audiencia Nacional “afecta a la intimidad de una persona, que no ha sido obtenida legalmente, y por ello no debió cederla a terceros, sin depurar la conducta que resultaba de la información recibida”.

Las maniobras de un grupo de mandos policiales contra Podemos durante el último Gobierno del PP superan el contenido de la causa que se sigue en la Audiencia Nacional y las revelaciones periodísticas realizadas hasta ahora. elDiario.es ha accedido a siete informes inéditos de la brigada política que muestran cómo el Ministerio del Interior implicó en las maniobras contra el partido a un colaborador policial en asuntos de narcotráfico. Se trata del abogado José Aliste, condenado en los noventa por estafa y que en la actualidad está imputado en varias causas judiciales.

Aliste redactó en 2016 siete informes en los que traslada lo que le dice quien entonces era su cliente, el ex viceministro de Energía Eléctrica venezolano José Alvarado Ochoa, y también las averiguaciones que asegura haber hecho él mismo tanto en España como en sus desplazamientos a Miami. La tesis principal de esas notas es un supuesto dinero que Hugo Chávez ordenó entregar a Podemos y que “se cuantificaría en alrededor de más/menos 30 millones de dólares USA”. 

Ni esta acusación de financiación millonaria del partido que lideraba Pablo Iglesias ni el resto de las cantidades recogidas en las notas han sido probadas en una década de investigaciones policiales y judiciales a Podemos. Los siete informes redactados por José Aliste para la brigada política siguen a día de hoy alojados en las bases de datos de “inteligencia” del Cuerpo Nacional de Policía, según ha podido constatar elDiario.es. 

Bajo el encabezamiento de “Podemos”, Aliste redacta los tres primeros informes a partir de lo que le cuenta Alvarado Ochoa, al que en adelante se referirá con el nombre en clave de ‘Cicerón’. En los otros cuatro restantes cambia el encabezamiento de los informes, en lugar de Podemos los titula “We can”, y la fuente pasa a ser alguien a quien se identifica por “Last Means” (“Últimos Medios”, en inglés). En realidad, se trata del propio José Aliste, quien tiene a su nombre una sociedad llamada igual sobre la que ha puesto la lupa un juzgado de Madrid. 

En los informes aparecen acusaciones ya conocidas, como el ingreso de 7,1 millones de euros por la Fundación Ceps –por la que pasaron los fundadores de Podemos como politólogos– seis años antes de que existiera la formación. Esta supuesta prueba de la financiación de Venezuela fue utilizada por la brigada política que operó bajo el Gobierno de Mariano Rajoy a través de la filtración a medios de comunicación afines. Otras maniobras, como se verá más adelante, son nuevas y no habían trascendido hasta ahora. 

En otro de los informes de Aliste, confeccionado a partir de la supuesta información que le da Alvarado Ochoa, se incluye una particular revisión de la historia reciente de España. “De ese apoyo y financiación [venezolana] eclosionaron movimientos sociales populistas (15M, indignados, barrio de Gamonal de Burgos, etc.) y se concretó, según un proyecto medido y calculado, en el partido político que hoy se denomina Podemos”, escribió el colaborador policial. 

El caso Caranjuez se sigue Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid e investiga a una presunta organización criminal que cobró “millones de euros” de antiguos jerarcas venezolanos asentados en España, entre ellos Alvarado Ochoa, a cambio de una supuesta protección y evitar sus extradiciones. En el caso Caranjuez, los venezolanos denuncian porque aseguran que fueron extorsionados. Entre los investigados hay un antiguo espía de Israel, policías españoles y también está José Aliste. El abogado Aliste defendió en su declaración que se limitó a cobrar por los servicios legales que prestó a sus defendidos, entre ellos Alvarado. La Policía cifra los ingresos de Aliste procedentes de los venezolanos en 1,1 millones de euros. 

Entre eso que Aliste identifica como “labores de defensa” están la elaboración de “siete informes”, según explicó él mismo ante la jueza del caso. Un informe, este sí de la Policía, aportado al caso Caranjuez explica que Aliste consiguió que su cliente se entrevistara con Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía con el PP y artífice de la brigada política. En dos reuniones, Pino estuvo acompañado de otros policías imputados en la Audiencia Nacional por la guerra sucia a Podemos, como el inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano. 

A los policías españoles les interesó poco la información que Alvarado tenía de Venezuela e insistían en qué podía conseguir de Podemos, tal y como relató Alvarado Ochoa en el marco del caso Caranjuez. Según el relato de los investigadores [ver vídeo], Alvarado Ochoa quedó en preguntar y volvió con “puntos de cuenta” (órdenes de pago) a Podemos, entre ellos los 7 millones a CEPS que nunca han podido demostrarse como financiación del partido. 

Aliste dijo en el juzgado que su cliente no quería nada a cambio, pero lo que sucedió en fechas posteriores no pasó desapercibido a quienes ahora investigan aquellos hechos. En 2015, el Ministerio del Interior había inadmitido la extensión de la residencia a Alvarado Ochoa, pero en 2016, coincidiendo con la contratación de Aliste y su colaboración con la Policía en contra de Podemos, la autorización fue renovada. 

Fue el inicio de una regularización que acabó con la concesión de la nacionalidad española en 2019, justo a tiempo para que la Audiencia Nacional rechazara la solicitud de extradición por Estados Unidos con el argumento de que Alvarado ya estaba siendo investigado en ese tribunal y gozaba de la nacionalidad española. Al conseguir su DNI, Javier Alvarado Ochoa cambió el orden de sus apellidos, un trámite administrativo que también había realizado Aliste en 2014. En sus DNI son Javier Ochoa Alvarado y José Martín Aliste. 

Residencias y nacionalidades como pago

La guerra sucia a Podemos se investiga por otra vía, la causa abierta en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a partir de una querella del partido. En ella está imputado el número dos de Interior en la época, Francisco Martínez, el comisario Pino y otros mandos policiales de la denominada brigada política. Una de las líneas de investigación de esta causa es la concesión de un permiso de residencia a un ciudadano venezolano a cambio del bulo que aseguraba que Pablo Iglesias había cobrado 272.000 euros del régimen de Chávez en una cuenta del paraíso fiscal de Granadinas. Los funcionarios de la UDEF que investigan el caso Caranjuez creen que el caso de Alvarado Ochoa es similar. 

La colaboración de Aliste con la brigada política que actuó en el Ministerio del Interior, al menos entre 2012 y 2016, no se limitó a escuchar y plasmar lo que habría dicho su cliente, Alvarado Ochoa, alias Cicerón. En los informes aparece el viaje que Aliste realizó a Miami para entrevistarse con dos cargos del chavismo que tendrían información perjudicial para Podemos y que la entregarían “a cambio de nada”.

En la documentación en poder de elDiario.es consta incluso un presupuesto para fletar un avión privado y que estos dos individuos, de los que se adjunta una fotocopia de su pasaporte, se desplacen a República Dominicana a mantener un encuentro, no se sabe si solo con Aliste o también con alguno de los mandos policiales que integraron la brigada política de Interior. 

El encuentro tuvo lugar finalmente en Miami. “En la semana pasada nos desplazamos para tener entrevistas con ambos [elDiario.es omite el nombre por si pudiera provocarles problemas de seguridad] llevándose a cabo las mismas en el Hotel Trump sito en 18101 de Collins Ave. Nos reunimos con ellos los días 3, miércoles, 4 jueves; y 5 viernes. En total un espacio de unas 16 horas”. 

Todo parece indicar que está refiriéndose a tres días de mayo de 2016 y que el informe está redactado en fechas próximas y posteriores. Habría un error en la secuencia de identificación de días de la semana porque el día 3 de mayo fue martes y no miércoles. A partir de ahí, este informe, el número 7, coincide con los anteriores en que presenta un amplio número de nombres de ciudadanos venezolanos y la promesa de aportación de documentación por parte de ellos que nunca llegó a producirse.

La primavera de 2016 resultó frenética para la brigada política a las órdenes del ministro Fernández Díaz. Fue el momento de acelerar en la aplicación a Podemos de la estrategia que había inaugurado en 2012 contra el independentismo catalán, consistente en fabricar pseudoinformes policiales para que fueran publicados y debilitar a los oponentes del Gobierno del PP. Quedaba mes y medio para las elecciones generales de junio y de las urnas podía salir un gobierno de coalición del PSOE y Podemos. 

La fiabilidad de los dos cargos venezolanos con los que se reunió Aliste se ejemplifica en un dato. Escribe el abogado: “Manifiestan que conocen perfectamente la factura de 272.325 euros que le fue abonada por el Ministerio de Finanzas (ministro Rodolfo Clemente Marco Torres) en el año 2014 a una cuenta en un paraíso fiscal del Caribe”. El documento sobre el supuesto pago, que fue exhibido en varios medios de comunicación, era un burdo montaje, como demostró ya entonces elDiario.es. 

La conexión de Aliste con la Policía

El abogado José Aliste Martín tiene 72 años en la actualidad. En 1988 fue detenido cuando compatibilizaba su cargo de concejal de Alianza Popular en la localidad zamorana de Viñas de Aliste con el puesto de responsable de Divisas Extranjeras en la sucursal del Banco Exterior en la capital de la provincia. Fue condenado a ocho años de cárcel por llevarse 600 millones de pesetas del banco, según consta en el sumario del caso Villarejo. 

Identificado como un histórico colaborador de la Policía, algo que él reconoce en su declaración judicial, Aliste cambió el orden de sus apellidos en la Subdirección General de Logística del Cuerpo, “dependencia de acceso restringido por no prestar servicio al público y que no suele realizar expediciones de DNI de forma ordinaria a personal no policial”, destacan los agentes que investigan el caso Caranjuez. 

Aliste suma a su imputación por organización criminal y estafa del caso Caranjuez otros problemas con la justicia. Según el informe policial le consta una detención por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en 2015 acusado de blanqueo de capitales. En la fecha del informe, 2021, estaba imputado en el Juzgado de Instrucción número 5 en una causa por narcotráfico y blanqueo y le constaba otra acusación en un juzgado de Vilanova i La Geltrú. Además, figura entre los imputados en la operación Marioneta contra una red de estafadores, en la que también está investigado el ventrílocuo José Luis Moreno. 

José Aliste estuvo igualmente investigado en la pieza número 36 del caso Villarejo, posteriormente archivada. Se trataba de una operación para extorsionar al abogado Javier Gómez de Liaño, cuando representaba a Luis Bárcenas, y conseguir que los medios no publicaran información comprometedora del PP. En esa pieza llegó a declarar como testigo María Dolores de Cospedal, pero el juez Manuel García Castellón terminó archivándola por falta de indicios. Como publicó El Periódico de España, Aliste y Villarejo se conocen desde hace décadas y el abogado aparece en las agendas del comisario.

Alvarado Ochoa, investigado por la Audiencia Nacional

Por su parte, Javier Alvarado Ochoa fue nombrado viceministro de Energía Eléctrica de Venezuela en 2010 y al año siguiente pasó a estar al frente de Bariven, una de las filiales de PDVSA (Petróleos de Venezuela). Está procesado en el Juzgado Central de Instrucción número 2 por un presunto soborno de la empresa asturiana Duro Felguera para construir una central termoeléctrica en Venezuela. Otro juzgado de la Audiencia Nacional, el número 3, lo investiga por el desfalco de la propia PDVSA y el blanqueo de capitales procedente del desfalco de la petrolera estatal venezolana. 

“Desde su privilegiado puesto fue testigo directo de cómo el comandante presidente Chávez impartió instrucciones para apoyar financiariamente a ‘Fuerzas políticas emergentes en España’, hoy denominadas Podemos, a través de empresas aliadas”, escribe Aliste de él en el informe que sirve de presentación. 

Según el informe número 4 redactado por Aliste, el abogado también estuvo implicado en el viaje de uno de los mandos de la brigada política a Nueva York para recabar un testimonio contra Podemos de Rafael Isea, exministro de Finanzas venezolano. El 12 de abril, el inspector jefe de la policía española José Ángel Fuentes Gago dijo a Isea en el Consulado español que viajaba con “un mandato de Rajoy”. “Si conseguimos que no lleguen al Gobierno [Podemos], mejor para todos”, se le oye afirmar en una grabación publicada años después. 

Los policías prometieron una vida en España a la familia de Isea, lograron su firma sobre la veracidad de una fotocopia del pago a la Fundación Ceps en 2008 y al poco todo apareció publicado en el diario ABC, lo que abortó la colaboración de Isea, que tiempo más tarde ha puesto en entredicho la información que tenía la policía española sobre Podemos. 

Aliste conocía bien ese viaje: “Quedamos en llevar a cabo lo mismo el día 12 de abril en el Consultado de España en Nueva York, a cuyo fin se iba a desplazar allí este informante y tres personas más. Funcionarios del Ministerio del Interior que, por conocidas, no se hace preciso citar. Desgraciadamente, este plan se frustró al filtrarse a la Presa (sic) (Diario ABC) la nota de cuenta ya conocida y que supuso que él [Isea] y su familia quedasen en situación de riesgo”.

Estas investigaciones secretas de la brigada política bajo el Gobierno de Rajoy se compatibilizaron con otras judicializadas que han mantenido a Podemos bajo la lupa de algunos tribunales y, en consecuencia, en las portadas de los medios durante prácticamente toda su historia. La denuncia de un antiguo empleado de la formación que había sido despedido, coincidente casi en el tiempo con el acuerdo de Gobierno PSOE-Podemos de diciembre de 2019, se transformó en un juzgado de Madrid en el caso Neurona, una macrocausa que mantuvo imputados durante tres años a varios de sus dirigentes y en la que se llegó a investigar una hipotética caja B del partido que resultó inexistente.

Paralelamente, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón rescató en 2021 una de las principales maniobras de la brigada política, el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima), para sumarle en 2021 unas acusaciones sin pruebas –algunas coincidentes con las de Alvarado Ochoa– de otro venezolano que quería evitar la extradición a Estados Unidos, el ex general Hugo ‘El Pollo’ Carvajal. La Sala de lo Penal terminó por archivar el procedimiento, entre duros reproches al magistrado que lo había intentado mantener vivo a toda costa durante año y medio. Carvajal, fuente de todas aquellas informaciones, se encuentra en la actualidad en una cárcel estadounidense. 

José Aliste y Javier Alvarado han declinado dar su versión de los hechos para este reportaje. El abogado lo ha hecho personalmente y Alvarado a través de su actual letrado, quien ha alegado que su cliente está citado para declarar el próximo 28 de febrero en la causa por la guerra sucia a Podemos que se sigue en la Audiencia Nacional.

El que fuera secretario de Estado de Seguridad con el PP Francisco Martínez ha negado este lunes en la Audiencia Nacional haber dado instrucciones para que se espiara a dirigentes de Podemos con el objetivo de hallar información negativa que pudiera perjudicarles políticamente. Así lo confirman fuentes conocedoras de la declaración como imputado de Martínez ante el juez Santiago Pedraz, que investiga desde el pasado febrero las maniobras policiales contra la formación que ahora dirige Ione Belarra. 

La búsqueda de antecedentes de los diputados de Podemos es uno de los episodios en los que ha puesto el foco el juez a partir de los mensajes que se le incautaron a Martinez en el caso Kitchen, grabaciones y documentos apócrifos publicados en medios de comunicación y testimonios incorporados a otras causas judiciales. 

En este intercambio de WhatsApp, que tuvo lugar en enero de 2016, cuando las conversaciones entre PSOE y Podemos para la formación de gobierno están en una fase incipiente, consta cómo Martínez escribió a un destacado miembro de la Policía: “Aquellos de Podemos que tenían antecedentes, ¿pudiste confirmar algo? El comisario Enrique García Castaño le contestó que ”nada“. ”¡Cagüenlaputa!“, exclamó Martínez. 

Sin embargo, ante el juez, Martínez ha negado que él pidiera buscar información sobre dirigentes de la formación y también ha asegurado que nadie le dio cuenta de esas búsquedas. La pasada primavera, el que fuera ‘número dos’ de Interior pidió que la causa se archivara al considerar un delito la utilización de sus mensajes, obtenidos en el marco del caso Kitchen, en la investigación de Pedraz, después de que el juez Manuel García Castellón suspendiese su acceso a los mismos. 

En paralelo, el juez Pedraz ha recibido un paquete de informes y oficios de las diferentes unidades policiales en las que se produjeron consultas a bases de datos restringidas por parte de sus agentes sobre miembros de Podemos. Según cálculos de los abogados de la formación, el 10% de las unidades han justificado esas búsquedas, que han enmarcado en tareas de “contravigilancia” o por mandato judicial, otro 10% son lo que se califica como “entradas automáticas” y en un 80% no las han justificado. En consecuencia, la acusación de Podemos ha solicitado al magistrado que solicite a Asuntos Internos que analice si se realizaron esas búsquedas y que detalle, en caso afirmativo, por qué razón se hicieron.

Entre esos informes consta en el de Brigada Provincial de Información de Madrid, que justifica que las búsquedas se produjeron después de que los propios dirigentes de Podemos, a raíz de la precampaña de las europeas de 2014, pidieran colaboración policial después de que los que fueran algunos de sus máximos dirigentes del momento —Pablo Iglesias e Iñigo Errejón, entre otros— hubieran recibido amenazas por parte de colectivos de extrema derecha. “Tanto para la investigación de hechos delictivos, como para la planificación de servicios de seguridad, la consulta de aplicaciones informáticas de la Dirección General de la Policía es necesaria”, recoge ese informe.

En el interrogatorio de este lunes, Martinez también se ha desvinculado de otro de los episodios que investiga Pedraz: la publicación —en esas mismas fechas— del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima). Se trata de un dossier, sin sello ni firma policial, en el que se lanzaban acusaciones sin concretar sobre la financiación de Podemos.

Según delatan las conversaciones de Martínez, ese documento fue obra de la brigada política, pues algunos de sus integrantes aparecen hablando con él sobre la obtención de datos y su posterior filtración a los medios. Ante el juez, Martínez ha asegurado que lo conoció por la prensa. El informe PISA fue descartado como indicio de ninguna ilegalidad por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por basarse, entre otros motivos, en recortes de prensa.

Ocho meses de investigación

El pasado febrero, Pedraz se convirtió en el primer magistrado en aceptar analizar por la vía penal si la cúpula policial de los gobiernos del PP con Mariano Rajoy maniobró de forma ilegal para perjudicar a Podemos y sus líderes en pleno ascenso del partido. Ya en su auto de admisión a trámite, el juez explicaba que por el momento no investigaría al entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, ni tampoco al director de la Policía, Ignacio Cosidó, pero sí a varios de sus subordinados y altos mandos policiales.

La querella del partido de Ione Belarra apuntaba a que los investigados, siguiendo órdenes de Martínez y en última instancia de Fernández Díaz, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política Podemos”.

El objetivo principal, según esa querella, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” y finalmente desprestigiar ante la opinión pública al partido que entonces dirigía Pablo Iglesias, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Las consecuencias de esta actividad policial ilegal contra el partido, explicaba la querella, puede encontrarse en las portadas en ocho actuaciones diferentes: desde la investigación a Iglesias en el informe PISA (sobre la falsa financiación irregular de Podemos) hasta la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

Desde su irrupción en la política española en las elecciones europeas de 2014, ni Podemos ni ninguno de sus líderes han sido condenados por financiar de forma irregular el partido. Un juzgado de Madrid mantuvo abiertas durante tres años unas diligencias en el conocido como 'caso Neurona' que, finalmente, fue archivado por falta de pruebas.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha puesto en marcha la investigación sobre la guerra sucia que la Policía Nacional desató, supuestamente, contra Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. Por el momento el magistrado ha llamado a declarar en octubre y noviembre como imputados a Francisco Martínez, entonces secretario de Estado de Interior, y a varios altos mandos policiales de la época: el Director Adjunto Operativo Eugenio Pino, Enrique García Castaño y José Ángel Fuentes Gago además de Andrés Gómez Gordo y Germán Rodríguez Castiñeira.

El magistrado también acepta llamar a declarar a varios testigos propuestos por Podemos después de que la primera batería de testificales contenida en la querella fuera rechazada. Ignacio Cosidó no será imputado pero sí ha sido llamado a declarar como testigo junto con varios excomisarios supuestamente involucrados, un ciudadano venezolano y la que fue contable de Pablo Iglesias.

Fue el pasado mes de febrero cuando el juez Pedraz se convirtió en el primer magistrado en aceptar analizar por la vía penal si la cúpula policial de los gobiernos del PP con Mariano Rajoy maniobraron de forma ilegal para perjudicar a Podemos y sus líderes en pleno ascenso del partido. Ya en su auto de admisión a trámite, el juez explicaba que por el momento no investigaría al entonces ministro, Jorge Fernández Díaz, ni tampoco al director de la Policía, Ignacio Cosidó, pero sí a varios de sus subordinados y altos mandos policiales.

Las citaciones están programadas para finales de octubre. El día 29 comparecerán Francisco Martínez, procesado en el caso Kitchen, y al comisario Enrique García Castaño. Un día después lo hará Eugenio Pino, Director Adjunto Operativo del cuerpo, y José Ángel Fuentes Gago, otro comisario. Ya el día seis de noviembre comparecerán Andrés Gómez Gordo, policía recientemente condenado por la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid, y Germán Rodríguez Castiñeira.

La querella del partido de Ione Belarra apuntaba a que los investigados, siguiendo órdenes de Francisco Martínez y en última instancia de Jorge Fernández Díaz, “se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política Podemos”.

De la Policía a las portadas

El objetivo principal, según la querella que instruye Pedraz, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las “fuentes policiales” y finalmente desprestigiar ante la opinión pública al partido que entonces dirigía Pablo Iglesias, así como atentar de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.

Las consecuencias de esta actividad policial ilegal contra el partido, explicaba la querella, puede encontrarse en las portadas en ocho actuaciones diferentes: desde la investigación al líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA (sobre la falsa financiación irregular de Podemos) hasta la filtración de un documento “falsario” de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.

Desde su irrupción en la política española en las elecciones europeas de 2014, ni Podemos ni ninguno de sus líderes han sido condenados por financiar de forma irregular el partido. Un juzgado de Madrid mantuvo abiertas durante tres años unas diligencias en el conocido como 'caso Neurona' que, finalmente, fue archivado por falta de pruebas.

El portavoz de Compromís en las Corts Valencianes, Joan Baldoví, se ha personado ante la Audiencia Nacional como “afectado por el espionaje instigado hace unos años por el Gobierno estatal del PP a políticos de la oposición”. El dirigente de Compromís fue objeto de seguimiento por parte de diversos agentes de la Policía Nacional, como otros diputados de Podemos y las formaciones aliadas, según la documentación que remitió el cuerpo policial al tribunal.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional informó al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que examina si se realizaron investigaciones extrajudiciales a políticos de izquierdas por orden de la cúpula del Ministerio del Interior. Según esta documentación, durante los años 2015 y 2016 se realizaron consultas en bases policiales sobre 55 diputados que formaron parte de sus candidaturas a las elecciones generales. En esa etapa, Podemos y Compromís concurrieron juntos y Baldoví formó parte de la lista por la Comunitat Valenciana, siendo diputado en el Congreso.

“Hace unas semanas conocí que había sido espiado por el gobierno del Partido Popular y me he personado. Lo hago para que todo el peso de la ley recaiga sobre aquellos que hicieron un uso partidista, indigno y antidemocrático de las instituciones y de la policía”, explica el parlamentario valenciano en un comunicado.

Y recalca: “Sigo esperando que el Partido Popular pida disculpas a la ciudadanía y asuma su responsabilidad por uno de los casos de corrupción más graves que pueden pasar en democracia: el espionaje a representantes del pueblo por el simple hecho de no apoyar en el gobierno”, ha añadido el portavoz. “El espionaje policial se produjo en 2016 por parte de la dirección de la Policía Nacional y del Ministerio del Interior durante el gobierno del Partido Popular”, apuntan,

En este contexto, desde Compromís se considera que “el espionaje a representantes elegidos democráticamente por el simple hecho de no formar parte de la mayoría del gobierno de aquel momento se encuadra en el ánimo evidente de usar el poder del Estado para subvertir la voluntad popular mediante campañas de difamación”.

En 2014, al poco de la fundación de Podemos como partido político heredero del movimiento ciudadano 15M, el Movimiento de los Indignados, una fuente de total credibilidad (por la veracidad de informaciones proporcionadas con anterioridad) me contó off the record que el CNI, Centro Nacional de Inteligencia, entonces dirigido por el general Félix Sanz Roldán, no era ajeno a la constitución de ese partido a la izquierda del PSOE. Tenía sentido: a la mesa de la derecha del PP se habían sentado dos nuevos comensales, Ciudadanos (40 diputados en 2015) y Vox (fundado en 2013), cuando la Unión, Progreso y Democracia de Rosa Díez ya estaba en los postres, a punto de levantarse. Mientras, en la mesa de la izquierda, el PSOE se atiborraba a sus anchas (Izquierda Unida, como antes el PCE, comía en la mesita de los niños).

No pude confirmar la confidencia con una fuente on the record ni obtener prueba alguna de su veracidad, de manera que la archivé. Porque, además, si tenía ese sentido del que he hablado, no tenía sentido que, a los cinco meses de su fundación, cuando Podemos obtuvo el inesperado éxito de cinco escaños en su primera liza electoral, en las elecciones al Europarlamento de mayo de 2014, comenzara una persecución sistemática del corrupto Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy dirigido por Fernández Díaz, judicializada por determinados jueces y publicitada por soi-disants periodistas y medios de comunicación especialistas en fake news, las mentiras de toda la vida disfrazadas de posverdades.

La autodenominada de manera altisonante y con visos de dignidad Brigada Patriótica, entre ellos, y Policía Política o las cloacas de Interior para el común, utilizó fondos públicos para una dilatada guerra sucia extrajudicial contra los enemigos del Partido Popular: contra el clan Pujol, el independentismo catalán, el robo y destrucción de las pruebas incriminatorias en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas y, que sepamos a día de hoy –no hay que perder la esperanza de que perpetraran otras trapacerías–, la incansable fabricación de pruebas falsas contra Podemos que sirvieran a cuadrillas o sujetos instrumentales para la presentación de denuncias en juzgados que las recibían como adendas reveladas de las Tablas de la Ley en el Monte Sinaí, y a colegas (suyos) situados en los medios, que no es que no las confirmaran –abecé, que no ABC, del periodismo– sino que las publicaban a sabiendas de que eran falsedades, con desprecio profesional y a sus lectores.

Si ese mejunje de tejemanejes no tenía más recorrido judicial que la infame pena de paseíllo y banquillo –sistemáticamente desestimados por los tribunales encargados de juzgar y sentenciar–, se aseguraba la destrucción reputacional que se perseguía.

PISA, CEPS, Granadinas y otras patrañas

El modus operandi seguía un mismo esquema: fabricación de documentos falsos, publicación en medios afines a la trama y denuncia en los tribunales en base a lo publicado. A fecha de 24 de febrero de 2023, más de una veintena de querellas o denuncias contra Podemos habían sido desestimadas, archivadas o sentenciadas a favor y otras siguen dando tumbos en los juzgados a la espera de similar suerte.

Así se hizo, entre otros, en el llamado caso Granadinas, objeto de dos querellas en mayo de 2016, una de Vox ante el juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid y otra de “un particular” ante el Tribunal Supremo (TS). El alto tribunal la despachó rápida y eficientemente en sentencia del 8 de julio de 2016, en la que el ponente, magistrado José Ramón Soriano Soriano, del tribunal de la Sala Segunda de lo Penal del TS no admite a trámite la denuncia y decreta su archivo. Y nos da una pista acerca del porqué del modus operandi, al citar como antecedente la “decisión también adoptada en el auto de 31 de mayo de 2011 (Causa Especial núm. 20080/2011, presentada contra un expresidente del Congreso). Ello porque la mera remisión al contenido de las informaciones supone que quien interpone la denuncia no asume como propia la imputación de tales hechos ni, por ello, las responsabilidades que podrían derivarse de una eventual falsedad”.

Por entonces estaba alejado de los medios, dedicado a terminar para dar a la imprenta algunos de mis libros, pero siempre conectado, como es natural, me parece, a la información de actualidad, informando y comentando en mis redes sociales. Me llamó la atención un titular de El Español: “Malestar entre los comisarios implicados por la filtración de documentos procedentes de una investigación en curso” (5 de abril de 2016). Ya conocíamos el informe PISA, acrónimo de Pablo Iglesias Sociedad Anónima, fabricado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con destino, supuestamente, al Tribunal de Cuentas y, sin duda, a publicarlo en medios de comunicación para dar lugar a denuncias –de hecho, se presentaron dos en la Audiencia Nacional y una tercera en el TS– de financiación ilegal de Podemos por Rusia –siempre, el añorado “oro de Moscú”–, Irán y Venezuela. Un Partido Socialista de la Justicia, del multicondenado abogado Emilio Rodríguez Menéndez, lo denunció al TS, que, en enero de 2015, desestimó la querella porque “no hay ni un solo indicio de los hechos denunciados”.

Aún sabíamos poco de las cloacas policiales de Interior –de éstas; de otras pasadas, ya las conocíamos–, pero algún medio ya había descubierto su existencia y su actuación desde 2009 con la Operación Cataluña contra el gobierno de la Generalitat y los líderes independentistas. De modo que parecía raro, raro, que los cargos de Interior autores de los informes falsos y las actividades extrajudiciales se sintieran molestos por las filtraciones que eran, precisamente, el objetivo de sus maquinaciones.

Sin otras armas que mi sillón, mi mesa y mi ordenador –y, modestamente mi experiencia periodística– indagué sobre el infundio pergeñado en los turbios y oscuros del Ministerio del Interior de M. Rajoy y publicado por el periódico digital Okdiario, de Eduardo Inda (“Chávez firmó la concesión de 6.700.000 dólares a Iglesias, Monedero y Verstrynge”, Alberto D. Prieto, 5 de abril de 2016); ya digo, como si fuera una adenda a la palabra de Dios en el Sinaí.

Según los tramadores, los papeles remitidos a la Policía española por “la administración de Washington” revelaban “la concesión de 6,7 millones de dólares a Juan Carlos Monedero, Jorge Verstrynge y Pablo Iglesias para 'llevar la Revolución a España y luchar contra el capitalismo', a través de su Fundación CEPS [Centro de Estudios Políticos y Sociales]”. España y el capitalismo global podían dormir tranquilos con tan escasos fondos y una fundación minúscula para revolucionarlos.

Los papeles procedían del “funcionario tramitador (...) Rafael Isea, quien [sic] era un militar chavista, ministro de Finanzas y Planificación, y que es hoy un ‘arrepentido’ que vive protegido por las autoridades federales de Estados Unidos, donde está refugiado” y “Hugo Chávez personalmente firmó la concesión”. Okdiario subrayaba que “peritos calígrafos han autentificado la firma de Chávez ‘más allá de toda duda razonable’, según indican las fuentes” [¿La Cibeles, las del Nilo?]. Tanto el mensaje como el mensajero olían a prueba prefabricada. ¿Esos peritos habían podido comparar las firmas originales, la dubitable y la indubitada, como exige la ley? Yo lo dudaba, sin ser perito más que en lógica y sentido común, acaso en lunas...

Prueba que, en todo caso, no probaba nada. Pues si esos documentos fueran verdaderos, según el Ministerio del Interior por boca digital de Inda, los pagos que hizo el gobierno venezolano, “los documentos que obran en poder de la Policía española explican que los pagos aquí firmados se realizaron en los años 2008 (1,9 millones de dólares), 2009, 2010 y 2011 (3,1 millones de dólares) y 2012, 2013, 2014 y 2015 (1,7 millones de dólares), por el propio Isea antes de escapar en 2013 a Estados Unidos [acusado de corrupción en Venezuela] como testigo protegido de la DEA, la Agencia de EEUU contra las drogas”, no sólo no fueron hechos a Podemos sino a la Fundación CEPS, a la que se califica acertadamente de ‘germen de Podemos’ (sus dirigentes, Iglesias, Errejón, Alegre... lo serían del partido) pero no es Podemos, pues éste no fue fundado hasta el 17 de enero de 2014.

Hay más. Uno se queda estupefacto, a pesar de estar acostumbrado a que algún periodismo actual sea de calidad muy inferior a los Diálogos para besugos que escribía el gran Armando Matías Guiu en el DDT de los primeros 60 del siglo pasado. No debería asombrarme pero me asombraba que Okdiario sostuviera que Chávez, que murió el 5 de marzo de 2013 y había delegado las tareas burocráticas desde el comienzo de su enfermedad, dos años antes, siguiera firmando en “2013, 2014 y 2015”. Claro, que no debería extrañarme, pues el propio Isea, “el funcionario tramitador”, ¿no se “escapó en 2013 a Estados Unidos”? Pues, por lo visto, siguió “tramitando” los dos años siguientes. El que no crea en los milagros es un descreído, diabólico chavista.

Pero había algo más que no podían cambiar los maquinadores, los firmantes, las fuentes, los escapados, los recipiendarios y el sursuncorda: la realidad. Y la realidad es que hasta que se promulgó la Ley Orgánica de Control de la Actividad Económico-Financiera de los Partidos Políticos, de 30 de marzo de 2015, era legal lo que desde entonces prohibió el artículo 7.2: “Los partidos no podrán aceptar ninguna forma de financiación por parte de gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”.

Y, en fin, cuando comenzaron las acusaciones contra Podemos de estar financiado por el chavismo, ya sabíamos que los demonios bolivarianos no eran sus únicos clientes: “La fundación relacionada con Podemos cobró 3,7 millones de Chávez en 10 años. El Gobierno español y la Generalitat valenciana son también clientes de esta fundación”, titulaba El País en junio de 2014. En 2007, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores financió el programa de CEPS de formación en el ámbito jurídico público en Cuba. Y en el curso 2008-2009, la Generalitat Valenciana, sede de la Fundación CEPS, un proyecto para la Consolidación del Instituto de Formación y Estudios Políticos para el Desarrollo Local en Ecuador.

O sea, no es que hicieran trabajo sucio sino que, además, lo hacían rematadamente mal. El mío lo publiqué el 6 de abril de 2016. El 7 de mayo de 2016, el banco donde Iglesias supuestamente había cobrado de Venezuela, el Euro Pacific Bank, desmentía el embuste.

Ni la rápida respuesta del TS del 8 de julio de 2016 ni la reposada del juzgado de Instrucción nº 21 de Madrid –que en auto del 7 de febrero de 2017, desestimó inhibirse en favor del Supremo por el aforamiento de Iglesias y también archivó la denuncia– entraban a analizar la veracidad de la denuncia; la desestimaban sin más, porque el TS recordaba que “la doctrina de la Sala es que para admitir una querella no basta la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más constatación o acreditación”.

Jueces por oposición

El juez Juan José Escalonilla, titular del juzgado de Instrucción nº 42 de Madrid, mantuvo abierta una macrocausa contra Podemos, en nueve piezas separadas, desde 2020 a 2023, por financiación irregular, blanqueo, malversación, falsedad documental, administración desleal, delito electoral y apropiación indebida –incluso la caricaturesca pieza de las supuestas niñeras de los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias–, a raíz de la denuncia del abogado José Manuel Calvente, despedido de Podemos, a pesar de que éste le reconoció al juez que los hechos que denunciaba los conocía por “rumores a nivel de militancia”.

No importa, todo valía para la causa. Olvidado y cubierto de polvo, como el arpa de Bécquer, desestimado, archivado, ridiculizado, el Informe PISA yacía en un cajón del juzgado de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional. El titular de la plaza, Manuel García Castellón, regresó inopinadamente a su juzgado desde su destino dorado en Roma como juez de enlace, en plena eclosión judicial del Caso Gürtel, Púnica, Kitchen, Lezo... La interminable lista de casos de corrupción que caracterizó a los gobiernos de M. Rajoy. El director de elDiario.es, Ignacio Escolar titulaba en su blog: “El extraño caso del juez que quería cobrar menos y trabajar más” (1 de junio de 2017).

Pues, en efecto, tras 17 años de dolce far niente, primero en París y luego en Italia como juez de enlace, su actividad ha sido incesante. De ella se han beneficiado los tres expresidentes del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, exonerados de la financiación ilegal del partido; las decenas de cargos populares implicados en la contratación masiva de operaciones de abrillantamiento reputacional; la negativa a considerar al PP partícipe a título lucrativo en el caso Kitchen, del robo de documentación comprometedora al exgerente del PP, Luis SéFuerte Bárcenas; la negativa a imputar a la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el mismo caso...

Por el contrario, fue némesis para los dirigentes independentistas catalanes y Pablo Manuel Iglesias y Podemos. Reactivó el Informe PISA gracias a la 'milagrosa' intervención de un exjefe de la Inteligencia venezolana, el general Hugo Carvajal, residente en España y que trataba de paralizar la extradición a los Estados Unidos –acusado por narcoterrorismo: tráfico de 5,6 toneladas de cocaína y de armas–. Carvajal y otros dos sicarios, testigos protegidos, aportaron testimonios sin pruebas sobre la financiación de Podemos por el régimen chavista. Esa maniobra, con todos los visos de haber sido tramada por la Brigada Patriótica, permitió a García Castellón reactivar el Informe PISA y proceder a investigaciones secretas “claramente prospectivas”, según las calificó la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ordenó al juez abandonarlas y volver a archivar la causa. En todo caso, le indicaba el tribunal, si tenía indicios de delitos económicos o falsedades debía deducir testimonio y abrir otra causa; Castellón no procedió contra Carvajal ni sus testigos protegidos.

Una explicación psicológica

El 30 de noviembre de 2014, elDiario.es desveló la existencia de un grupo secreto en la Policía destinado “casi en exclusiva, a rastrear información de políticos catalanes sospechosos de estar vinculados a la corrupción”. Si leen el enlace anterior, descubrirán que la brigada patriótica, policía política o cloacas de Interior, además de un remedo de la Brigada Político-Social de la dictadura franquista, nació de una concepción corrupta de la política, de la responsabilidad funcionarial y de la administración de los fondos públicos, con el objetivo de perseguir a los independentistas catalanes, fabricando dosieres, “análisis de situación” los llamaban con objeto de excitar el interés judicial y en todo caso, intoxicar la opinión pública a través de los medios de comunicación que controlaban. Sus objetivos se ampliaron conforme aparecían “enemigos” del gobierno de M. Rajoy, como se ha contado y personajes y organizaciones de la trama aparecen actualmente en las denuncias contra Begoña Gómez y David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En psicología de andar por casa, la que está “al alcance de todos los españoles”, como el No-Do, el noticiario documental de los años de la brasa, los casos relatados pertenecen a la conducta consciente de los individuos que los realizan. El consciente reflexiona, razona, analiza y sintetiza elige actitudes y actos, compara, supone y toma decisiones. Rige la capacidad moral que diferencia entre lo bueno y lo malo, pero el individuo actúa según sus intereses.

Al consciente se le opone el inconsciente, donde residen sentimientos, vivencias y deseos que suponen conflicto para el sujeto, por lo que los reprime, pero no puede evitar que afloren como síntomas físicos, en sueños o en forma de actos fallidos. Sigmund Freud llamó fehlleistung al acto fallido y lo definió científicamente (Psicopatología de la vida cotidiana, 1901) como el resultado chocante de la intención consciente del sujeto y la represión que la mantiene en el inconsciente.

Así hay que interpretar el sonoro patinazo del juez García Castellón en el caso Tsunami Democràtic, que mimaba desde hacía tres años y que consideraba munición de alto calibre contra la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya. La Sala de lo Penal del tribunal especial de la Audiencia Nacional anuló por ilegal una prórroga de la instrucción del caso en julio de 2021 y, por tanto, decaía todo lo instruido a partir de esa fecha, incluida la imputación por terrorismo del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y otras diez personas.

Castellón decretó la prórroga un día más tarde del plazo legal. Cometió un error, para entendernos, pero que el psicoanálisis lo entiende como la expresión de un deseo que no se había hecho consciente. No un olvido sino un acto fallido: como la mayoría de ciudadanos con la cabeza no sólo apta para calar birrete, Castellón no creía, en el fondo, en el inconsciente, que los imputados en vano fueran terroristas. A pesar de que de la entretenida pelea en entre el ello, el yo y el superyó freudianos saliera vencedor éste, beneficiados los independentistas y el juez compuesto y sin causa se emperrara en mantener que las diligencias practicadas “apuntaban de manera inequívoca a la comisión de hechos susceptibles de ser calificados como un delito de terrorismo”.

Lo mismo le ocurrió al otro, al juez Juan Carlos Peinado, que se le “olvidó” comunicar a Begoña Gómez que en la causa secreta que sigue contra ella había admitido en la ensalada de acusaciones populares de ultraderecha a la llamada HazteOir, la de los autobuses panfletarios, y su correspondiente querella. El superyó es la instancia psíquica que vela por el cumplimiento de las reglas morales y, en ocasiones, en ésta, se impone al ello, la estructura primitiva de la psique que se mueve por el placer inmediato: tuvo que retrasarlo hasta el pasado día 18...

Como le dijo Rafael Mayoral, diputado portavoz de Podemos, al inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, uno de los brigadistas patriotistas implicado en el montaje de las Granadinas, en la comisión de investigación del espionaje a Luis Bárcenas del Congreso: “Fracasó Conesa, fracasó Billy el Niño y ustedes volvieron a fracasar. No se va a subvertir la democracia. Queremos reconocer el esfuerzo de todos estos elementos para intentarlo. Ustedes intentaron que no llegáramos al Gobierno y llegamos al Gobierno. Más tarde o más temprano habrá una policía democrática”.

Ya va siendo hora: va a hacer medio siglo que dobló su gran timonel.